¿Anticomunismo?

Hablar de si mismo no tiene mayor interés, pero en debates y posteos hay quien me señala como "cada día más anticomunista, de apoyar a Daniel Jadue a volver al PS y a la socialdemocracia". Lo que hace necesario, por aquello de "quien calla otorga", aclarar un par de cosas.

Comunista no he sido nunca y anticomunista tampoco. En la etapa final de la lucha contra la dictadura y en la transición no había acuerdo posible entre el conjunto de los socialistas y el PC, embarcado en la lucha armada, y en las mismas circunstancias sostendría la misma postura que entonces para recuperar la democracia. En una etapa ya muy diferente, al estancarse prolongadamente la transición, en 2022 apoyé a Daniel Jadue (creo que, dicho sea de de paso, Daniel ha sido víctima de un ensañamiento judicial injusto por el tema de la cuestionada administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares), y lo volvería a hacer si el mismo contexto se repitiera. En ese momento, mi partido, el socialista, al que me vinculé desde 1980 con la Convergencia Socialista, y de cuya dirección fui parte por 20 años desde 1985, estaba en una posición adaptativa e inconducente (se llegó a decir que una asamblea constituyente era "fumar opio"), privilegiando mantener posiciones en el Estado antes que hacer avanzar un proyecto político de cambios, que es su razón de ser. Había que construir una alternativa con el resto de la izquierda que acelerara la tarea inconclusa de salir de la democracia semi-interdicta de la transición y representara abiertamente los intereses de la mayoría social, empezando por persistir en la lucha por reducir sustancialmente las desigualdades y los abusos empresariales y públicos, ampliar la protección social, los derechos laborales y el control nacional sobre los recursos naturales, así como hacer avanzar la agenda feminista y el autogobierno sostenible de los territorios. Para alentar ese diseño en lo que se pudiera, renuncié al PS en 2016, con gran pesar pero considerando que ya no tenía sentido estar en un partido casi sin otro programa que permanecer en el poder.

Después de los quiebres sociales agudos de 2019, se logró una primera alianza de izquierda de cierta significación. El proceso culminó en una primaria presidencial de Chile Digno con el Frente Amplio en 2021, en la que Gabriel Boric resultara vencedor en buena lid, y luego fuera elegido jefe de Estado en la segunda vuelta presidencial. Era lo que había que hacer para evitar que la derecha siguiera en el poder o bien fuera reemplazada por una edición desmejorada de la Concertación, que ya había cumplido su rol histórico en la transición y había terminado tanto en un estancamiento clientelista y pro-empresarial como en un pragmatismo de corto plazo sin horizonte. Que, junto a diversos avances significativos, no se lograra el cambio constitucional requerido, se mantuviera una política económica ultra-restrictiva y se fracasara en diversos temas, es ya harina de otro costal y de otra evaluación.

El programa de Jadue, del que fui parte, fue una propuesta institucional y social transformadora y, a la vez, económicamente consistente. Si se quiere, incluyó rasgos "socialdemócratas" y fue en buena medida integrado en el programa de Boric. La política exterior definida fue de independencia de los bloques internacionales. Participamos en esa construcción quienes no hubiéramos aceptado aventuras económicas o la alineación con la Rusia de Putin o los caudillismos latinoamericanos, lo que, por su obviedad, no se planteó por nadie. Y, por supuesto, tampoco la alineación con los intereses imperiales de Estados Unidos (en mi libro de 2023 sobre los 50 años del golpe volví, dicho sea de paso, a describir detalladamente la repudiable, artera y documentada intervención del gobierno de Nixon-Kissinger en Chile). 

Hoy, la convicción de siempre de tomar partido por los derechos de los pueblos y la no alineación latinoamericana respecto a los bloques que pugnan por la hegemonía mundial, junto a la activa defensa del multilateralismo, de la autodeterminación soberana con respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, hace que no se pueda sino criticar la actitud de adhesión persistente del PC chileno a la Rusia de Putin, del mismo modo como en el pasado el PS de Allende, González y Ampuero se opuso a la ausencia de democracia y a las invasiones de países por la URSS. Esto incluye ahora el rechazo a la invasión a Ucrania y a la defensa de aliados como la dictadura de El Asad en Siria, posición muy distinta a la de la izquierda social-democrática en el mundo y también a la de los PC francés, español o kurdo, sin ir más lejos.

Mi partido había aceptado integrar una coalición de izquierda en 2022, junto a participar en el gobierno de Boric. Por ello me reintegré al PS en el congreso de 2023 para procurar la proyección de largo plazo de la alianza de izquierda lograda, sin descuidar la capacidad de abrirse al centro y a los movimientos sociales, siempre sin subordinación a los poderes fácticos. Era también necesario marcar distancia con un PC que acentuó su alineación internacional y la defensa inexplicable de regímenes autoritarios como los de Ortega y de Maduro. Este último, por lo demás, no solo desconoce elecciones sino que persigue hasta al PC venezolano, sin que el PC chileno diga nada. Hoy no son posibles mayores entendimientos sobre temas internacionales, salvo tal vez en la condena a las masacres de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino, que en nuestro caso incluye también una condena al antisemitismo y a las matanzas indiscriminadas de los fundamentalistas de Hamas. Todo esto no es un detalle, pues marca diferencias sobre el proyecto de sociedad que se aspira a construir.

En los temas nacionales y de coyuntura, en cambio, la concordancia con el PC es bastante amplia y suficiente.

Son las paradojas de la vida política, con las que hay que convivir de la mejor manera posible, aplicando un método en el que no se deje de expresar las posiciones de unos y otros -pues la izquierda en Chile es necesariamente plural- pero sabiendo conducir los debates y manejar las diferencias en el marco de un propósito común. Este existe, lo que no siempre ha sido el caso, pues hay tareas y desafíos que convocan y deben seguir convocando. Se trata nada menos que de hacer avanzar la democracia y crear un nuevo modelo económico-social de prosperidad compartida y sostenible, lo que aún no emerge dada la ausencia de mayorías parlamentarias y de voluntad política suficiente, lo que requiere persistir unitariamente en una defensa sistemática de los intereses de la mayoría social que incluya:

- una reforma política que consolide el principio de mayoría, fortalezca el rol de partidos debidamente institucionalizados, dé espacios a la democracia directa y al autogobierno de los territorios, incluyendo los de los pueblos originarios en el espacio nacional, restrinja los monopolios mediáticos y establezca normas más fuertes para erradicar las discriminaciones y los abusos, vengan de donde vengan y trátese de quién se trate;

- una mayor seguridad ciudadana basada no en la retórica vacía sino en más eficiencia contra el crimen organizado con cuerpos especializados mejor dotados y una policía de proximidad que aumente la seguridad colaborativa en los barrios, sin dejar de actuar contra las causas de la delincuencia;

- una nueva fase de disminución sustancial de las desigualdades y de la pobreza, mediante una ampliación de la negociación colectiva de los trabajadores, programas especiales reforzados para los jóvenes que no estudian ni trabajan y una redistribución que parta por una devolución del IVA a los bienes básicos a las familias más necesitadas y un aumento de los impuestos a las grandes fortunas y a la renta minera;

- un reforzamiento de la seguridad social en pensiones y desempleo, con los proyectos del actual gobierno, y un aumento de la capacidad y productividad de hospitales y servicios de salud primaria financiado con un fondo universal de cotizaciones que deje a las Isapres solo como seguros complementarios;

- un mejoramiento del acceso a la vivienda y al transporte público, junto a mayores equipamientos urbanos sostenibles que aumenten la calidad de vida en los barrios;

- una ampliación de los derechos de las mujeres, en especial en materia de aborto y de derechos reproductivos;

- una política económica orientada a fortalecer la inversión pública sostenible y a crear más empleos formales mejor remunerados mediante la diversificación industrial, la innovación en las cadenas de la transición energética y el fortalecimiento de las empresas mipymes. 

Las dificultades, traspiés y, en ocasiones, conductas erráticas del corto plazo, no deben llevar a la resignación ni a disminuir el esfuerzo por mejorar el presente, entendiendo como deber cívico procurar legar a las nuevas generaciones una sociedad decente, políticamente democrática, culturalmente libertaria, económicamente próspera, socialmente equitativa y ambientalmente resiliente.