¿Vaso medio lleno o medio vacío?

En El Mostrador

En estos días de fin de año se discuten balances en diversos tópicos. Dos de ellos son los tributarios y las pensiones. A la vez, permanece el debate sobre cuán neoliberal y libremercadista sigue siendo Chile desde que los Chicago Boys y el gran empresariado iniciaron una refundación de la economía y la sociedad chilenas en 1974 bajo una dictadura militar, y cuyo redireccionamiento sus representantes resisten tenazmente desde la recuperación de las libertades democráticas. Ese redireccionamiento ha sido excesivo para algunos e insuficiente para otros, entre los que me cuento, pero convengamos en que al menos ha sido parcialmente logrado en varios de sus ejes principales: los impuestos y gastos públicos y las regulaciones han aumentado, mientras el rol de las empresas públicas permanece en las áreas estratégicas, a pesar de los intentos por privatizarlas (lo que lograron con tres sanitarias durante Frei Ruiz-Tagle, pero no mucho más), con una falta de avance socialdemócrata suficiente en materia de negociación colectiva equilibrada de las condiciones de trabajo y de rol de los sindicatos y el diálogo social y de avance ambiental en la preservación suficiente de los ecosistemas.

La falta de envergadura comparativa de la carga tributaria y las desigualdades de su composición persisten en Chile, por lo que se debe seguir bregando en la materia. Pero no se debe olvidar algunos datos que denotan progresos. Según la OCDE, en 1990 los ingresos tributarios del Estado representaban un 16,8% del PIB, mientras en 2022 alcanzaron un 23,8% del PIB, 7 puntos porcentuales más, aunque lejos del 34% de promedio en la OCDE. En 2023 bajaron a un 20,6% del PIB por la caída coyuntural de la tributación al ingreso y la minera, y aumentará en 2024. El incremento ha tenido como contrapartida más gastos en pensiones, salud, educación, vivienda e infraestructura, entre otros temas sociales y productivos que han sido reforzados a lo largo del tiempo fuera de la lógica neoliberal.

Esa carga tributaria mayor se explica en buena medida por aumentos en la suma de los impuestos al ingreso, a las utilidades y a las ganancias de capital de personas y corporaciones. En 1990, este conjunto representaba un 3,9% del PIB, mientras en 2022 alcanzó un 10,4% del PIB, unos 6,5 puntos porcentuales adicionales. En 2023, la cifra bajó a un 7,2% del PIB, por las caídas coyunturales mencionadas. 

Por su parte, los impuestos indirectos a las transacciones (IVA y otros) son pagados en mayor proporción de sus ingresos por los sectores de rentas más bajas, pues no tienen capacidad de ahorro, aunque la tasa que se aplique sea pareja. En 1990, los ingresos del Estado por impuestos a los bienes y servicios representaban un 10,6% del PIB, y en 2023 llegaron a un 11,2%. Es un aumento marginal, a pesar de una tasa de IVA que pasó de 14% a 19%, pero que se acompañó, entre otras cosas, de bajas en los aranceles externos.

En materia de pensiones, cuya reforma se discute en estos días en su fase final, el logro principal es el paso de la cobertura de la pensión garantizada del 60% al 90% del universo de mayores de 65 años logrado en 2022 y ampliado en 2023 al 90% de la población en su conjunto, después de su establecimiento inicial en 40% durante el gobierno de Bachelet I. Esta pensión experimentará un incremento real de cerca de 17% de su valor por beneficiario entre febrero de 2022 y febrero de 2025, cuando subirá a 250 mil pesos. Esto ayudará a sacar de la pobreza a los mayores de 65 años si se considera la línea de pobreza por persona equivalente, concepto siempre discutible pero útil para evaluar algunas situaciones, la que alcanza hoy a 233 mil pesos en la actualidad, a comparar con el valor actual de la PGU de 214 mil pesos. La pensión garantizada debiera acercarse progresivamente al menos al 80% del salario mínimo (500 mil pesos), que es una de las razones por las cuales se requiere de una reforma tributaria progresiva más amplia, aquella que la oposición neoliberal y sus aliados en la Cámara rechazaron en marzo de 2023 votando en contra de la idea de legislar, paralizando al gobierno en la materia. 

El aumento del 6% de la cotización salarial y del tope de cotización para aumentar en el largo plazo las pensiones, que se viene planteando desde el gobierno de Bachelet II, es una respuesta a otro problema: un sistema de capitalización privada -el emblema del neoliberalismo chileno- que otorga muy bajas pensiones autofinanciadas, especialmente a las mujeres, y permite que todos los años los dueños privados de las AFP extraigan rentas improductivas de cientos de millones de dólares de las cotizaciones. Las AFP funcionan con del orden de un 100% de margen entre ingresos por cotizaciones y costos y una rentabilidad sobre activos de 33% anual, una de las actividades más privilegiadas en el país, mientras financian campañas publicitarias millonarias con las comisiones de los cotizantes para intentar quedarse con la mayor ampliación posible de su negocio en el proceso de reforma en curso.

El recaudador único de cotizaciones para ahorrar costos, como ya ocurre en el seguro de desempleo, y dejar en competencia amplia solo la función de inversión de los fondos, es parte de lo más importante en juego. También lo es el uso parcial de la cotización adicional para aumentar las pensiones contributivas actuales, compensar a las mujeres por su mayor esperanza de vida y asegurar un mínimo de pensión contributiva a los participantes del sistema de pensiones. Esto ahora se rechaza, aunque había sido propuesto en una distribución de 3% a cuentas individuales y un 3% a compensaciones por el gobierno de Piñera. Se ha abierto una pequeña puerta con la extravagancia de proponer un préstamo de largo plazo de los actuales cotizantes, planteada por la oposición. Esta se aferra en declarar un "cáncer" el pago de las pensiones actuales por los cotizantes actuales, incluso parcial, lo que no solo existe en sistemas de pensiones como el estadounidense y el de la mayoría de los países europeos, sino que es el mismo mecanismo de pago de impuestos mes a mes para financiar la PGU mes a mes. Dicho sea de paso, la generalización de este mecanismo haría imposibles los retiros desde cuentas individuales como los que conocimos durante la pandemia, pero el dogma es el dogma. 

Todo esto es lo que bloquea la derecha en su larga resistencia en todos los temas para mantener el neoliberalismo privatista, en este caso tanto para defender el interés corporativo de las AFP como por ideologismo puro y simple, acompañado de la voluntad de negarle todo éxito al gobierno, aunque sea a costa de los pensionados actuales y futuros y de las familias que podrían ver aumentados sus ingresos.