Fin de año en medio de un genocidio

El viernes 27 de diciembre, "el ataque al hospital Kamal-Adwan dejó fuera de servicio este último gran centro de salud del norte de Gaza", anunció la Organización Mundial de la Salud: "las primeras informaciones indican que servicios clave fueron incendiados y destruidos durante el ataque. Sesenta miembros del personal sanitario y veinticinco pacientes están en estado crítico". El ejército israelí informó haber llevado a cabo una operación contra combatientes de Hamás cerca de este hospital ubicado en Beit Lahya. Por su parte, el movimiento palestino acusó a los soldados de haber asaltado el hospital. Esta operación ocurrió un día después de que el director del establecimiento anunciara la muerte de cinco miembros del personal en un bombardeo israelí. En su comunicado del viernes, el ejército israelí calificó el hospital como un "bastión de las organizaciones terroristas (...) utilizado como escondite".

El problema es que atacar objetivos civiles y asesinar personal sanitario en nombre de operaciones militares es calificado como crimen de guerra por el derecho internacional, que el ejército de Israel viola sin tapujos. Desde octubre de 2023, han sido asesinados en Gaza 146 médicos y más de 400 miembros del personal sanitario. Además, han sido asesinados 201 periodistas.

La pasividad internacional frente a la masacre en Gaza sostenida por el gobierno de Israel durante ya más de un año, y que suma 45 484 muertes violentas, la mayoría mujeres y niños, es impactante. Tal vez se explica, pero no justifica en absoluto, por el rechazo a las acciones criminales de Hamas contra civiles el 7 de octubre de 2023 y el secuestro de rehenes, así como por la larga lista previa de atentados criminales contra inocentes realizados por fundamentalistas islámicos radicales en Estados Unidos, Europa (y Argentina) en los últimos decenios. Existe, además, el trasfondo del justificado sentimiento de culpa occidental respecto al terrible genocidio de que fue objeto el pueblo judío por los nazis y el antisemitismo histórico, una herida indeleble en la historia moderna, y también está presente un tinte adicional de racismo respecto a los árabes. Cabe reiterar que nada de lo anterior justifica lo que sigue sucediendo día tras día en Gaza: un crimen de guerra es un crimen de guerra y un genocidio es un genocidio.

Reproduzco una entrevista a Béligh Nabli, profesor de derecho público en la Universidad París Este Créteil en el diario en Libération, que constata un consenso entre juristas, historiadores, ONG y agencias de la ONU sobre lo que ocurre en Gaza, lo que contrasta con la «creciente pasividad, casi asumida» de los Estados occidentales frente al crimen más grave definido por el derecho internacional.

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P: Numerosos juristas y ONG acusan a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. ¿Comparte usted esta afirmación?

R: Racionalmente, es una conclusión que se puede extraer, en la medida en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha reconocido un riesgo plausible de genocidio en Gaza, estipulando que eran necesarias medidas cautelares para prevenir este crimen, como el levantamiento del bloqueo, el acceso a la ayuda humanitaria y la garantía de las necesidades esenciales para la supervivencia. Es evidente que estas medidas no han sido respetadas. Por lo tanto, se puede deducir que el genocidio se está llevando a cabo. Además de los juristas, historiadores israelíes especialistas en el Holocausto, como Omer Bartov y Amos Goldberg, también respaldan la idea de que está en curso un genocidio, lo que refuerza la base jurídica e histórica de esta acusación.

P: Sobre todo porque la situación ha empeorado aún más en los últimos meses, particularmente en el norte...

R: Absolutamente. No solo no se han respetado las obligaciones definidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —ya sea por parte de Israel o de sus aliados—, sino que la situación humanitaria se ha deteriorado considerablemente. El patrón destructivo continúa, con bombardeos indiscriminados de edificios civiles y la falta de acceso a recursos vitales para los habitantes de Gaza. El último informe de Human Rights Watch subraya que estas condiciones no solo evidencian un empeoramiento de la situación, sino que también alcanzan un nivel de gravedad que lleva a calificar estos actos como genocidio.

P: ¿Qué elementos o pruebas permiten calificar las acciones de Israel como genocidio en el marco del derecho internacional?

R: En primer lugar, recordemos que existe un debate entre los responsables políticos e intelectuales sobre la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza. Algunos actores ignoran deliberadamente la definición jurídica del genocidio, reduciendo este concepto a una percepción subjetiva o política. Este enfoque, ilustrado por las posturas de ministros franceses de Asuntos Exteriores o figuras como François Ruffin, no corresponde al razonamiento propio de un Estado de derecho democrático. Francia, como signataria de la Convención de 1948 sobre el Genocidio [la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en la ONU] y del Estatuto de Roma de 1998 [de la Corte Penal Internacional], está jurídicamente obligada por estas definiciones. La definición derivada de estos tratados se basa en dos elementos. El primero es material, e incluye actos como asesinatos, bombardeos indiscriminados o la destrucción sistemática de los medios de supervivencia, que se observan actualmente en Gaza. El segundo es intencional y supone la voluntad de destruir a un grupo, total o parcialmente, debido a su identidad étnica, racial o nacional.

P: Israel justifica sus acciones en el derecho a la legítima defensa. ¿Es ilimitado este derecho?

R: En la medida en que Israel fue agredido y parte de su población civil fue víctima de masacres masivas, el Estado hebreo tenía derecho a reaccionar para proteger su territorio y a sus habitantes. Sin embargo, este derecho a la legítima defensa no es absoluto. Está regulado por las normas del derecho internacional, especialmente el principio de proporcionalidad, que exige que la respuesta sea adecuada y medida en relación con la amenaza sufrida. En este contexto, el carácter claramente desproporcionado de las acciones militares israelíes plantea cuestiones fundamentales. Incluso un ejército que actúa en el marco de la legítima defensa no puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales, incluida la prohibición de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

P: ¿Pueden considerarse cómplices de crímenes internacionales los Estados occidentales que continúan su ayuda militar y financiera a Israel?

R: La pregunta es legítima en la medida en que los aliados de Israel tienden a ignorar las obligaciones derivadas de la orden de la CIJ del 26 de enero de 2024, que reconoció el «riesgo plausible de genocidio», así como de las Convenciones de Ginebra de 1949 [que regulan el derecho internacional humanitario]. A riesgo de hacerse cómplices de los crímenes internacionales cometidos por el ejército israelí en Gaza, no solo deben cesar de transferir armas (municiones, piezas de repuesto y licencias), sino que también tienen la obligación de hacer que su aliado israelí respete el derecho internacional, tanto humanitario como penal.

P: Sin embargo, la mayoría de los Estados permanecen pasivos…

R: Una pasividad aún más impactante si se considera que contrasta con el consenso emergente entre numerosos expertos internacionales, incluidos responsables de la ONU y las ONG más importantes, para reconocer la comisión de un genocidio en Gaza por parte del ejército israelí. Se trata de un hecho histórico excepcional y de una calificación jurídica extremadamente grave, acompañado de un silencio diplomático ensordecedor. Además de la cuestión de su posible complicidad en el sentido jurídico, cuya responsabilidad podría plantearse, la responsabilidad política de las potencias occidentales, en particular de Estados Unidos, no se limita a su apoyo incondicional a Israel. Estos Estados están desmantelando y desacreditando la letra y el espíritu del sistema jurídico internacional moderno que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que ellos mismos ayudaron a construir. Ciertamente, la violación manifiesta del derecho internacional por parte de potencias occidentales tiene una serie de precedentes —el más desestabilizador fue la invasión de Irak en 2003—. Pero, en este caso, las potencias occidentales actúan casi en bloque en una postura de desafío al derecho internacional.

P: Francia ha causado estupor al afirmar que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sujetos a una orden de arresto de la CPI, podrían beneficiarse de una inmunidad…

R: Según Francia, las órdenes de arresto emitidas contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant no pueden ejecutarse debido a las inmunidades que les corresponderían como miembros de un gobierno de un Estado que no reconoce a la CPI. Esta posición carece de fundamento jurídico. La jurisprudencia de la CPI es clara al respecto: los Estados parte tienen la obligación de arrestar y entregar a las personas buscadas por la Corte, incluso si tienen el estatus de jefe de Estado o de gobierno de un país no parte de la CPI (como Israel), que no reconoce su competencia. La postura de Francia, por lo tanto, la coloca en contradicción con sus obligaciones internacionales y con una de las razones de ser de la CPI: evitar que las inmunidades de los gobernantes obstaculicen la justicia y el enjuiciamiento de los crímenes más graves.

P: ¿El derecho internacional ya no tiene ningún valor?

R: Se observan dos dinámicas preocupantes. La primera es el debilitamiento de las potencias occidentales, que durante mucho tiempo se han atribuido un magisterio moral basado en sus valores democráticos. Al asumir su pasividad, o incluso su complicidad, frente a la comisión del peor de los crímenes internacionales, el genocidio, bajo el pretexto de un apoyo incondicional a Israel, están socavando su propia credibilidad. Esta pérdida de legitimidad es aún más inquietante porque tiende a fortalecer el discurso de potencias autoritarias como Rusia y China, que denuncian la hipocresía de un Occidente que instrumentaliza el derecho internacional según sus intereses. El segundo punto es aún más alarmante: si el derecho internacional ya no desempeña su función de regulador de las relaciones internacionales, ¿qué queda? La fuerza, la relación de poder y, por ende, la ley del más fuerte. Parece que estamos entrando en una fase de regresión histórica en términos de los principios y valores consagrados por la Carta de la ONU. Esta deriva que cuestiona el Estado de derecho también se observa en el orden político interno de las democracias. El impacto del conflicto israelí-palestino se traduce en medidas liberticidas, como restricciones a la libertad de expresión y manifestación, así como en el aumento del racismo y el antisemitismo, alimentado por mentalidades débiles. Por un lado, la esencialización de los judíos los asimila a Israel; por otro, el silencio y la indiferencia hacia el trágico destino de los palestinos reflejan su deshumanización y una jerarquización implícita de la humanidad.