Opciones de gobierno y transversalidad

En La Mirada Semanal

En la elección del 21 de noviembre la participación alcanzó solo un 47%, reiterando la crisis de credibilidad democrática que vive el país. Y dejó un parlamento en el que los partidos o bloques de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta son minoritarios, junto al dilema de elegir la continuidad radicalizada del actual gobierno o bien una nueva fórmula.

Esta nueva fórmula está encabezada por jóvenes que se proponen realizar cambios en el país, muchos de los cuales fueron ofrecidos por la Concertación y la Nueva Mayoría, pero no fueron realizados por carecer de mayorías parlamentarias o bien de voluntad de llevarlas a cabo, según los casos y las interpretaciones. 

Es un hecho cierto, por su parte, que un gobierno de extrema derecha implicaría aumentar la represión de la protesta social y el autoritarismo político, lo que es explícito en su programa. Y es aún más cierto porque conecta con esa parte del país que percibe una falta de autoridad suficiente frente al narcotráfico, la delincuencia, la mantención del orden público y la inmigración. No se trata de descalificarla, sino de constatar una subjetividad sensible a los discursos del miedo que se inclina hacia la extrema derecha fruto de un aún persistente conservadurismo y a lógicas discriminadoras y menos adaptables a la incertidumbre y al cambio. El reforzamiento de la extrema derecha ocurre en el Chile de hoy por mucho que implique una gran regresión para los derechos de las mujeres y de las diversidades, que los resultados del plebiscito constitucional y la elección de la Convención nos hicieron pensar habían avanzado para quedarse. Y por mucho que refuerce un liberalismo económico explícito consistente en bajar impuestos a los más ricos, debilitar las políticas sociales (incluyendo mantener el sistema de AFP), privatizar las pocas empresas públicas existentes (incluyendo CODELCO), desregular la legislación del trabajo en favor de los empleadores y hacer caso omiso de la lucha contra el cambio climático o la protección del ambiente y los animales. Una parte de la población que vota a favor de la extrema derecha o simpatiza con ella no comparte ese programa, pero se deja convencer por el discurso del orden, ancestralmente inscrito en la cultura jerárquica heredada de la colonia y de la hacienda. 

No por casualidad Kast ganó en el mundo rural y en las ciudades más pequeñas, mientras pierde lejos en las grandes ciudades, incluso más expuestas a la delincuencia y al narcotráfico, pero con mayor capacidad de no dejarse arrastrar por el discurso conservador y de optar por el cambio social. El éxito creciente de la apelación al orden de Kast es una gran paradoja, pues es portador de un proyecto de abierta polarización política, cultural y social (basta con leer su programa y declaraciones previas o enterarse, como está ocurriendo a través de las redes sociales, de lo que opinan los parlamentarios electos de su partido para constatarlo) que, de triunfar, incrementaría el desorden y los conflictos sociales y territoriales de toda índole en el país. 

Esa gran paradoja es la que seguramente subrayarán Gabriel Boric y las fuerzas que lo apoyan. Pondrán por delante su opción por un cambio que construye un nuevo orden mucho más estable porque es más equitativo. La capacidad de articulación, con algunos tropiezos, se está expresando en que está recibiendo el apoyo incondicional de partidos como el socialista, el por la democracia y el radical, y aquel de la candidata y de la dirigencia de la democracia cristiana, aunque no aún en un eventual acuerdo de gobierno. Boric deberá seguir buscando apoyos políticos para su elección en diciembre, pero también para disponer de una mayoría parlamentaria estable. 

Construir una narrativa alrededor de la idea de transversalidad requiere de algunas precisiones. Si se entiende por transversalidad la capacidad de diálogo con el distinto, de acercamiento a las personas de otras condiciones y trayectorias sociales y culturales, de escucha del que piensa diferente, de búsqueda de puntos comunes con interlocutores diversos a partir de las ideas y visiones de cada cual, con el debido respeto por las del otro en tanto sean éticamente aceptables, bienvenida sea. Si se entiende por transversalidad la relativización de esas visiones e ideas (a lo Groucho Marx: tengo unas ideas, pero si no te gustan aquí tengo otras), entonces se contribuye al estado líquido de la opinión y al acortamiento de los horizontes de reflexión y conducta a las emociones del día a día. 

La opinión líquida actual oscila con facilidad entre opciones contradictorias según los vaivenes de los impulsos cotidianos y del ruido mediático. Y lo hará con mayor intensidad si quienes tienen valores y proyectos que identifican una postura ceden al mero afán de seducción. Incluso hay un cierto progresismo al que le gusta coquetear con el conservadurismo para buscar aceptación en el mundo dominante. El problema es que el que relativiza sus propios valores y los aparca para buscar adhesiones o asimilarse al discurso dominante en vez de convencer sobre su sentido, mal va a poder lograr adhesiones adicionales. Al revés, puede validar aquellas posturas que se supone contradice, y terminar por aumentar el apoyo a ellas, mientras los potenciales nuevos adherentes van a preferir al portador original de esos valores. El resultado de ese tipo de transversalidad en la acción política puede terminar siendo perder el apoyo de los propios y no ganar el de mucha gente. 

Hay personas en posturas ambivalentes o dubitativas que tienen en sus percepciones y esquemas de pensamiento elementos que pueden llevar a una adhesión a la opción de cambio y/o a salir de la abstención. Boric tiene todo que ganar y nada que perder al insistir en la necesidad de evitar un nuevo gobierno de derecha porque sería una versión aún más represiva y con aún menor capacidad de gobernar que el de Piñera. Kast se centrará todavía más en la defensa de los intereses oligárquicos y se confrontará con la Convención, buscando su fracaso y promover el rechazo a una nueva Constitución. 

Y Boric ganará en credibilidad al reiterar que la concentración económica, la desigualdad y los privilegios son la causa de la actual inestabilidad. En insistir que las relaciones del trabajo que se traducen en bajos salarios y que no aumentan con la productividad no contribuyen, sino que dañan el crecimiento. En que el acceso a la salud debe estar al alcance de todos con dignidad. En que la educación universal y pública debe ser el gran factor de igualación de oportunidades frente al reino de la discriminación. En que retroceder en los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual es inaceptable. En que la cultura debe ser apoyada en su pluralidad porque nos enriquece a todos. En que la delincuencia y el narcotráfico hay que combatirlos de manera implacable en sus efectos y sus causas, empezando por actuar con los poderes locales para reforzar los espacios comunitarios, cuidando a los jóvenes con más oportunidades creativas de inserción y de desarrollo de proyectos de vida valiosos, junto a reformar drásticamente las policías para hacerlas próximas a las comunidades y aumentar su eficacia contra el delito organizado. En que legalizar el cannabis de manera regulada va a contribuir a sacar de las plazas y esquinas a los traficantes. En que hay que llegar a un arreglo pacífico y dialogado de la histórica reivindicación mapuche. En que la inmigración es un gran aporte si es ordenada y con derechos. Y así sucesivamente en los temas de la construcción progresiva de una sociedad que protege a las personas y a la naturaleza, en la que no todo se deja al mercado y a la competencia, en la que hay espacios sólidos de solidaridad y de provisión de bienes públicos que garantizan derechos y en la que la prosperidad es mayor porque es compartida. Insistir en convencer sobre el carácter positivo de un proyecto de cambio democrático y social como alternativa a la desigualdad y a la regresión autoritaria y conservadora, tiene harto más sentido y efectividad electoral que mostrar poca convicción en las propias ideas. 

El tema no es girar al centro político, sino al centro de las preocupaciones de la mayoría social, con la reiteración de propuestas adecuadas y concretas de mejoramiento de sus condiciones de vida.

Economistas y economistas

En El Mostrador

Suele hablarse de los economistas como si fueran un bloque compacto. Es como decir “los sociólogos dijeron” o “los epidemiólogos dijeron”. Las disciplinas científicas de distinto orden tienen algunas certezas que construyen a lo largo del tiempo y muchas controversias, sin lo cual, por lo demás, no avanzan.

Hoy hay una controversia en todas partes sobre el origen del aumento de la inflación  y sobre qué hacer al respecto. Permítaseme citar a J. Bradford DeLong, ex subsecretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, profesor en la Universidad de California, Berkeley: "Algunos dicen que, más allá de si el mercado laboral es rígido o no, la inflación —ya sea impulsada por el lado de la oferta o por factores del lado de la demanda— es tan alta y destacada que las empresas y los hogares lentamente la incorporarán a sus expectativas. En consecuencia, la serpiente inflacionaria tiene que ser abatida ahora, mientras es pequeña, antes de que crezca y devore todo lo que tenga valor (...) Es sumamente probable que el repunte actual de la inflación de Estados Unidos simplemente sea la huella de un neumático en el camino, resultado de la recuperación pospandemia. No hay ninguna señal de que las expectativas de inflación se hayan desanclado de los objetivos (...) Frente a estos hechos, ¿por qué alguien podría decir que el “pecado original” fue el “Plan de Rescate Estadounidense sobredimensionado” y que ajustar la política monetaria a partir de ahora es la manera apropiada de expiarlo? Yo, personalmente, no entiendo esa lógica".

En materia chilena, la controversia es bastante parecida, pero aquí con una conducta distinta de las autoridades económicas. Parto por citar el más reciente Informe de Estabilidad del Banco Central: "la economía ha logrado recuperarse de la recesión causada por el Covid-19. Las políticas implementadas evitaron la quiebra de empresas y el contagio de la crisis hacia el sector bancario, que se mantiene resiliente. Las medidas de apoyo, junto con permitir que muchas empresas se mantuvieran funcionando, contribuyeron a que la economía se recuperara, sobre la base de un gran dinamismo del consumo privado. Los apoyos fiscales a los hogares aumentaron la liquidez y compensaron caídas de ingresos, contribuyendo a mantener bajo el nivel de impago." 

Esta no parece la descripción de una economía cayéndose a pedazos. Hoy se produce más que antes de la crisis y el sistema financiero y la gran distribución mantienen altas utilidades. El problema es el rezago en el empleo y la persistencia de la precariedad económica de las familias, junto a un aumento de la inflación hasta 6% anual. No obstante, tiene fuertes componentes importados y sigue por debajo de la de Estados Unidos. Pero, contrariamente a ese país, el Banco Central ha acometido un precipitado aumento de tasas de interés, con una inflación sin productos volátiles que no es de 6% anual, sino de 3,9% anual, según sus propios cálculos (se pueden leer en su base de datos). Una hipótesis a considerar es que esta cifra no está desanclada de la meta de 3% en un horizonte de 24 meses, pues los productos volátiles, como el petróleo, los alimentos, los insumos para la construcción y diversos bienes durables, irán encontrando nuevos equilibrios en ese horizonte.

Lo que no se entiende -como le pasa a De Long en el caso de los economistas norteamericanos que discrepan de la política prudente y cauta de la Reserva Federal- es que sea el propio Banco Central el que haya decidido pintar un futuro negro e incierto, a pesar de haber diagnosticado previamente que la economía no se derrumbó con la fuerte activación de la demanda: "el fuerte aumento del consumo privado ha empujado a la economía más allá de su potencial, las cuentas fiscales se han deteriorado y las liquidaciones forzosas de activos de los fondos de pensiones han creado un escenario complejo". Cabe subrayar que el aumento del consumo privado tuvo fuentes que se agotan: los retiros de AFP son por una vez y el gasto público está programado para caer -23% en 2022, en un ajuste brutal e injustificado. De paso, señalemos que las cuentas fiscales deben mejorar con una reforma tributaria, no deprimiendo la economía. Por su parte, la restricción de créditos hipotecarios no es la primera vez que ocurre y quedará atrás una vez que se recupere una mayor normalidad en los mercados de capitales.

El Banco Central actuó con presteza para bajar tasas de interés (no como en 2008) y para lograr un impulso monetario. En cambio, los apoyos gubernamentales fueron tardíos, lo que llevó a una caída del PIB en 2020 de -5,8%. Se terminaron ampliando más por razones electorales que de diseño hacia mediados de este año. Y llevó a que el sistema político diera curso, por presión ciudadana, a tres retiros de fondos desde AFP, los que fueron fundamentales para recuperar la economía. Disminuir el ahorro en una grave recesión no es sino una buena política económica.  Pero al poner en cuestión la viabilidad en el largo plazo del sistema privado de pensiones basado en AFP, impuesto por la dictadura en 1981, sus defensores entraron en pánico. Su mal desempeño ya había ido obligando a un creciente rol público y planteado inevitablemente la discusión sobre el paso a un sistema mixto. 

El hecho es que ese debate es legítimo y que, sin ir más lejos, en Estados Unidos y Reino Unido, los países capitalistas centrales con menos intervención del Estado, la base de los sistemas de pensiones son públicos y de reparto ("pay as you go"). Si, léase bien: públicos y de reparto. Esto en Chile se ha convertido en una mala palabra por los que repiten vacuidades sin pensar y sin conocer las realidades del mundo, pero con una ideología libremercadista de hierro que se toma como única verdad posible. 

Para reestablecer el ahorro de largo plazo, se necesita partir desde otro ángulo: más motores de inversión y crecimiento sustentable en la economía real. Estos obtendrán financiamiento: 

a) desde el sistema bancario y el autofinanciamiento de las empresas que reinvierten utilidades en actividades dinámicas y rentables (que, como las brujas, de haberlas las hay en diversos sectores y las habrá aún más con sucesivas reconversiones productivas empujadas por una política industrial inteligente); 

b) desde la capitalización colectiva propuesta para un nuevo sistema de pensiones (que de aprobarse aumentará la parte de la remuneración del trabajo que irá a ahorro para pensiones del 10% al 18% en vez de disminuirlo, como ha ocurrido bajo este gobierno por su completa incapacidad de ofrecer alternativas) y desde el incentivo del ahorro voluntario de las familias y finalmente 

c) desde los mercados externos de capitales, que siguen proveyendo fondos a costos razonables. El margen de riesgo con que operan los mercados financieros internacionales ("spreads soberanos" informados por el EMBI Global Spread) subió en Chile de 117 puntos base en el primer trimestre de 2018 a 141 en el tercer trimestre de 2021. Pero en Europa subió de 221 a 313 en el mismo período. La inversión extranjera directa ha fluido este año con más intensidad que nunca hacia Chile, lo que muestra que existe una confianza internacional en el futuro de la economía chilena. 

Si en Chile existen dificultades, en el resto del mundo también, por lo que las oportunidades de inversión no se desechan así no más. Los capitalistas nacionales que sacan sus fondos al exterior estarán perdiendo parte de esas oportunidades. Allá ellos.

El problema, entonces, es el predominio en Chile de un pensamiento económico rígido y en muchos sentidos inadecuado que inspira políticas económicas recesivas de la actividad y el empleo y conductas de temor infundado. Sus portadores son los mismos que se quejan de la violencia social -y piden la consabida mano dura- pero que no hacen nada por impedirla desde sus causas: la desigualdad, la inestabilidad generalizada de los que viven de su trabajo y la ausencia prolongada de oportunidades de prosperar para la mayoría. Por eso un cambio de enfoque es indispensable.

Razones para un gobierno y un parlamento de transformación

En La Mirada Semanal

Para salir de la crisis en que la derecha ha dejado sumido al país, se requiere avanzar a más democracia, más libertades y más derechos en el proceso de creación de la nueva Constitución. Gobernar y legislar con el método del diálogo persistente y paciente para acercarse a una igualdad efectiva de oportunidades y un nuevo modelo de bienestar.

Contribuir a reunificar a la izquierda y a las fuerzas de cambio para empujar con más fuerza las transformaciones institucionales y estructurales que quedaron pendientes del ciclo abierto en 1990 (cuya aspiración era, no lo olvidemos, “la plena democracia” y el “crecimiento con equidad“) no es ninguna aventura, sino mantener convicciones y luchar por ellas. Al abrirse inevitablemente un nuevo ciclo bajo el empuje de una nueva generación y de la protesta social, que llegó a ser generalizada en 2019, debía estructurarse una nueva expresión política de las izquierdas, la que ha avanzado bastante y debe terminar de incluir al mundo socialista. La tarea para ellas no es ahora salir de una dictadura y de una institucionalidad tramposa y desarrollar políticas sociales contra la pobreza, sino derechamente salir de un modelo económico que reproduce estructuras estables de desigualdad. Esto merece ser plenamente apoyado, entre otras cosas porque evitará que el país siga por el camino de la confrontación frente a la persistencia de la precariedad de la mayoría (sobre este tema ver https://gonzalomartner.blogspot.com/2019/11/lo-que-entro-en-crisis-una-mirada.html).

Hay quienes piensan que esa tarea de cambiar el modelo económico solo llevará a detener la inversión y el crecimiento y a una situación como de la Venezuela. Despejemos que sobre la Venezuela de Chávez y Maduro solo cabe una completa distancia por sus prácticas reñidas con la democracia y por su prolongación del rentismo petrolero más tradicional, pero además mal administrado (se puede leer al respecto https://gonzalomartner.blogspot.com/2019/03/de-nuevo-sobre-la-izquierda-y-venezuela.html ).

Lo que hay que considerar primordialmente es que para que haya inversión tiene que haber quién compre lo que se produce, lo que el enfoque económico convencional de la economía de la oferta considera se generaría automáticamente. En realidad, tiene que haber quién compre lo que se va a producir adicionalmente en el futuro. En condiciones como las chilenas, más allá de la coyuntura, esto supone crear una senda de aumento de los salarios directos al menos según los incrementos de productividad, junto a la redistribución a las familias de menos ingresos para que haya una demanda suficiente y estable. Tender al pleno empleo y a utilizar todas las capacidades instaladas, con el límite de no provocar excesos de demanda que generen inflación, deberá volver a ser la prioridad de la política macroeconómica (ver https://www.facebook.com/gonzalo.martner/posts/10224173115489988).

Habrá mejores condiciones para crear trabajos decentes con una baja tasa de desempleo que mejore la capacidad negociadora del trabajo frente al capital y con una legislación que permita relaciones laborales pactadas con sindicatos fuertes. Esto será, aunque la ortodoxia postule lo contrario, un estímulo a la inversión, pues aumentará los flujos futuros de ingresos provenientes de un mayor consumo, flujos que son decisivos para gatillar las decisiones de inversión. La mera contención del costo salarial sirve de bastante poco si no hay a quién vender lo que se produce. Y si no se provee suficientes bienes públicos, no habrá estabilidad social alguna, lo que requiere una tributación justa. Esto supone cobrar impuestos significativos sobre los altos ingresos, sobre las ganancias de capital, sobre las transacciones financieras y sobre el patrimonio acumulado de los super ricos, y redistribuirlos y recircularlos desde la clase rentista hacia el resto de la economía, especialmente a través de la inversión pública sustentable y en infraestructuras sociales y de salud (sobre este enfoque postkeynesiano ver http://ilo.org/…/documents/publication/wcms_218886.pdf y https://www.ineteconomics.org/…/WP-152-Storm-Age-of….)

Nuevos motores de crecimiento empujados por una política industrial selectiva (ver https://www.wto.org/…/opinionpiece_by-mariana-mazzucato…) permitirán incrementos de productividad y vender más en el exterior, con una especialización pertinente en las cadenas globales de valor, lo que requiere más educación apropiada, formación continua, incorporación de la mujer y cuidados sanitarios. La competitividad no supone, por otro lado, en absoluto regalar nuestros recursos naturales sino hacer sostenible su uso y cobrar por él, en su caso, para diversificar la economía (ver https://www.ciperchile.cl/…/el-royalty-como-eje-de-una…/).

Este enfoque económico postneoliberal es más consistente -y decente- que solo postular que para que la economía funcione hay que mantener salarios bajos, altas utilidades para la acumulación de unos pocos, impuestos bajos con servicios públicos mínimos y la depredación generalizada del ambiente.

En resumen, necesitamos no volver al pasado ni mantener el presente de autoritarismo, represión, dominio patriarcal y concentración aguda del ingreso y de las decisiones en una minoría oligárquica. Lo que necesitamos es avanzar a más democracia, más libertades, más derechos y más dispersión del poder en una nueva Constitución. Y gobernar y legislar con el método del diálogo persistente y paciente para lograr más igualdad efectiva de oportunidades, más equidad de ingresos y de género, más redistribución social y territorial del poder y la riqueza, más salud y educación públicas. Estos son requisitos para lograr progresivamente un mejoramiento sustancial de la calidad de vida cotidiana en barrios y ciudades verdes y seguras. El desafío es avanzar con confianza a un nuevo orden y una nueva estabilidad equitativa y sostenible en el marco de las naturales incertidumbres que son propias de la democracia y de la vida humana.

La libertad de Kast

En La Mirada Semanal

La idea de libertad como aspiración de no interferencia sobre la vida y las elecciones individuales para lograr prosperar es una mera ilusión frente a la jerarquización de las posiciones sociales en las sociedades de libremercado. No obstante, en situaciones de crisis y confusión es capaz de arrastrar a segmentos sociales significativos y en ciertos casos con altos grados de fanatismo.

La apelación a la libertad en la franja de Kast no es otra cosa que la libertad según el tamaño de la billetera o según la posición en la jerarquía social. Para los desposeídos, se trata de la libertad de “dormir bajo los puentes y de robar pan para poder comer”, como diría Anatole France. La ideología que está detrás es la libremercadista proempresarial sintetizada por Milton Friedman (New York Times, 13-9-1970), según la cual “la responsabilidad social de una empresa es incrementar sus ganancias”. Esta fue introducida en Chile con éxito por los Chicago Boys desde los años 1950 y complementada por el neoliberalismo de Friedrich Von Hayek, que llegó a declarar (El Mercurio, 12-4-1981) en apoyo a Pinochet que “mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un Gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente“.

Kast es un fiel defensor de esta concepción de la libertad escudada en los tanques. La idea de libertad como aspiración de no interferencia sobre la vida y las elecciones individuales para lograr prosperar es una mera ilusión frente a la realidad implacable de la jerarquización de las posiciones sociales y económicas. No obstante, en situaciones de crisis y confusión es capaz de arrastrar a segmentos sociales significativos, en ciertos casos con altos grados de fanatismo. Suele acompañarse, y esto ya es más peligroso para las libertades públicas, de la apelación a un orden autoritario que preserve esa aspiración al individualismo negativo.

Este discurso choca frontalmente, en efecto, con la jerarquización estructural y la inmovilidad de las posiciones sociales que produce la sociedad de mercado y la concentración del capital material e inmaterial dominado por oligarquías. Esta tendencia a la concentración está abundantemente descrita por Thomas Piketty y colaboradores (ver https://wid.world/es) a escala global y es especialmente dura en Chile desde que se revirtieron a partir del golpe de 1973 los avances sociales acumulados desde los años veinte del siglo pasado (“no son 30 pesos, son 50 años”). En la sociedad de mercado, las posiciones asimétricas en la esfera económica, social y cultural determinan poderes y privilegios a los que solo accede una minoría, en nuestro caso prolongando el dominio oligárquico heredado de la colonia. La contra cara son las subordinaciones múltiples de las mayorías que solo poseen su capacidad de trabajar o de procurar obtener redistribuciones públicas para sobrevivir (fuente de los diversos populismos y clientelismos), lo que se prolonga en la estructura patriarcal del funcionamiento social y familiar.

La libertad real, en la tradición intelectual propiamente republicana, es aquella que impide la dominación de unos pocos sobre los demás. El proyecto histórico de lograr un régimen de libertad real es uno que incluye no solo la no-interferencia de los poderes sobre los individuos en sus derechos básicos sino la no-dominación, en la expresión de Philip Pettit. En ese proyecto, los individuos van construyendo en la interacción social condiciones materiales e institucionales suficientes y equitativas para desarrollar sus proyectos de vida y los de su comunidad. Se trata de la idea de la prosperidad compartida en un régimen democrático, en el que cada cual está defendido de los poderes arbitrarios. En esta formulación republicana de la idea de libertad, se expresa, además, la aspiración que nace con la modernidad de reemplazar la jerarquización social alrededor del capital por una asociación en la que el libre desarrollo de cada cual sea la condición del libre desarrollo de todos (y todas, insiste con razón el feminismo contemporáneo), en los límites de la resiliencia de los ecosistemas (insiste también con razón la visión ecológica).

Lograr esa libertad y esa emancipación asociativa, feminista y ecológica tiene sentido como proyecto de cambio social si se traduce en un Estado democrático y social de derecho que asegure una coordinación activa de agentes económicos plurales (públicos, asociativos y privados), asigne recursos para proveer bienes públicos suficientes y gobierne instituciones y mercados no monopólicos para inducir cooperación y dinamismo en la producción en condiciones de equidad social, territorial y de género, así como de sostenibilidad ambiental.

Todo esto contrasta profundamente con la libertad que Kast defiende, y la derecha en su conjunto en realidad, que es la ausencia de restricciones para concentrar el poder económico y político en una minoría oligárquica y patriarcal, depredar los recursos comunes en su beneficio y dominar autoritariamente al resto de la sociedad. Kast y la derecha ya no son un recurso de seguridad, sino una garantía de retroceso conservador en detrimento de la mayoría social y, por tanto, de inestabilidad y polarización prolongada.

Empleo, transferencias de ingresos y campamentos: tres nudos críticos de la salida de crisis

En El Mostrador

Si se compara los datos al tercer trimestre de 2021 publicados por el INE con los de hace dos años (mismo período de 2019, justo antes de la rebelión social de octubre y el inicio de un período de turbulencias sociales, políticas y sanitarias), nos encontramos con que la fuerza de trabajo (la suma de las personas ocupadas y las que buscan empleo) pasó de 9,7 a 9,1 millones de personas. Llegó a bajar a 8,2 millones en plena crisis en el segundo trimestre de 2020. El desempleo y la pandemia han provocado una contracción de la fuerza de trabajo, que hoy mantiene un rezago de 600 mil personas respecto al inicio de la crisis.

La población inactiva, pasó, a su vez, de 5,7 a 6,8 millones de personas en el mismo período de dos años, con una cima de 7,5 millones en plena crisis. Aquí se observa un rezago de 1,1 millón de personas que no han vuelto a la actividad económica por diversas razones. Lo grave es que una parte de esa población inactiva profundizó una situación de exclusión y privación, lo que se mitigó en parte con el IFE universal entre junio y noviembre de 2021. Esto arrojará cifras de baja pobreza monetaria para el promedio del año, según ha adelantado el Banco Mundial, no obstante las cifras de aumento de los campamentos que ha registrado Un Techo para Chile. Estos abarcan ahora 81,6 mil familias, la cifra más alta desde 1996. Abordar el grave aumento de los campamentos y la situación social que está detrás supone un fuerte desafío para el próximo gobierno en materia de transferencias de ingresos a las familias más vulnerables y de políticas específicas de integración en el empleo (especialmente femenino), junto al acceso a la vivienda. Se deberá terminar con la especulación con los suelos urbanos disponibles y realizar nuevos programas de acceso a vivienda social y a arriendos asequibles. Un Techo para Chile plantea con toda razón, además, la meta de "conseguir un déficit habitacional cero en 5 a 6 años" a partir de un faltante de viviendas que se calcula afecta a unas 500 a 600 mil familias.

Las personas ocupadas, en tanto, pasaron de 9,0 millones en el tercer trimestre de 2019 a 8,4 millones en el mismo período de 2020. La cifra trimestral más alta de ocupación hasta ahora registrada fue la del cuarto trimestre de 2019, con 9,1 millones, y la más baja fue la del segundo trimestre de 2020, en plena crisis económica, con solo 7,1 millones de personas. La pérdida de empleos en la crisis respecto al último trimestre de 2019 fue de cerca de 2 millones, de los cuáles no se han recuperado al tercer trimestre de 2021 unos 742 mil.

Esto es preocupante, pues la economía ya produce más que antes de la crisis, pero emplea menos trabajadores, especialmente por cuenta propia e informales. El trabajo dependiente suma hoy más personas que antes de la caída de la economía. Se puede descartar por el momento algún efecto estructural de cambio tecnológico generalizado, el que se producirá en algún grado pero en plazos más amplios. Por ejemplo, en la minería, un sector siempre candidato a la máxima automatización, el empleo pasó de 240 mil personas hace dos años a 220 mil en el tercer trimestre de 2021, sin cambios dramáticos. En la industria, se produjo solo una leve baja de 836 mil a 830 mil empleos en el mismo período. Las principales caídas de empleo se han producido en dos años en la agricultura (-156 mil), el comercio (-117 mil), la enseñanza (-116 mil), los hoteles y servicios de comida (-88 mil) y el transporte (-75 mil).

El desafío para el próximo gobierno será mantener una política macroeconómica no recesiva y que al mismo tiempo aborde una consolidación fiscal con nuevos ingresos de corto y mediano plazo, con una demanda de consumo suficientemente dinámica y una ampliación de la inversión pública y privada en infraestructuras y reconversiones verdes. El rezago en el empleo deberá abordarse mediante programas públicos enfocados en el cuidado de personas y la reparación ambiental -asociados a capacitación- para enfrentar la exclusión de los segmentos en desempleo de larga duración. En este aspecto, avanzar a las 40 horas semanales implicará no solo un mayor bienestar de los trabajadores sino también un mejor reparto de las horas de trabajo disponibles entre quienes necesitan trabajar.

Esto supondrá afinar las visiones entre el nuevo gobierno y el Banco Central para llevar a cabo una política económica coherente, que no se centre solo en bajar aceleradamente la inflación sin más consideraciones. La mayor inflación en 2021 ha sido impactada por el aumento del precio del petróleo y del gas, por rupturas de oferta externos e internos, por el mayor costo de los fletes y por impulsos de demanda (los retiros desde AFP) de carácter no permanente. Y también por una devaluación tendencial del peso respecto al dólar, en parte estimulada por la política de compra de dólares del Banco Central y en parte por la compra de dólares por agentes empresariales que han retirado dividendos de manera inusual desde las sociedades anónimas para invertir en activos externos.

La situación coyuntural es difícil, pero lo que no debe hacerse es provocar una recesión para bajar abruptamente la inflación (lo que ocurriría con nuevas alzas de la tasa de interés y con la caída del gasto público de 23% programada para 2022, lo que es un sin sentido mayúsculo), pues implicaría un sufrimiento social muy superior al efecto de la inflación en los niveles previstos (inferiores a los de 2008, en todo caso). Los más pobres pueden ser objeto de compensaciones mediante transferencias monetarias directas por el aumento de precios básicos que les afectan. Perder uno o varios empleos de sus miembros, en cambio, es la peor situación que puede ocurrir en las familias de menos ingresos -o en cualquier familia- y profundizaría las condiciones de marginalidad y exclusión que se han agravado en el país con la crisis. No se debe olvidar nunca que, con excepción de los niños, de los que estudian y de las personas de más edad, la inserción en el trabajo -incluyendo avanzar a una remuneración con derechos del trabajo doméstico fuera de mercado- es siempre la mejor política social y su pérdida es siempre una tragedia.

¿Inestabilidad y estancamiento?

En La Mirada Semanal

Avanzar por la ruta del cambio necesario o mantener el estancamiento conflictivo actual es una decisión que está en manos de la ciudadanía. El dilema es mantener el (des)orden social y político existente o habilitar las transformaciones que sean una garantía de avance hacia una nueva estabilidad equitativa y sostenible.

El debate público -si se pudiera llamar así a las campañas de descalificación que hoy presiden el paisaje mediático- está girando hacia la idea que la candidatura de izquierda produce inestabilidad y estancamiento. Una gran novedad discursiva, como se sabe.

Vamos por partes. He recibido un cuestionario por correo electrónico de una empresa de encuestas con, entre otras, la siguiente pregunta: “En una escala 0 a 10, donde CERO (0) significa que para Usted es más urgente que ‘Chile realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social’ y DIEZ (10) significa que para Usted es más urgente que ‘Chile recupere su estabilidad social y política para poder vivir tranquilo y con mayor crecimiento económico’, ¿Dónde se ubicaría Usted?”. Contesté 0, pero creo que la pregunta está esencialmente mal formulada. En efecto, este tipo de preguntas es parte del rol de creación y manipulación de opinión, en lugar de medición de la misma, que hoy tiene en Chile la mayoría de las encuestas.

¿No tiene acaso sentido pensar que para que “Chile recupere su estabilidad social y política para poder vivir tranquilo y con mayor crecimiento económico” es necesario que se “realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social”? Es bastante más razonable -si la honestidad intelectual importa un poco todavía en el país- abordar ideas sobre futuros posibles mediante una articulación de relaciones lógicas de causa-efecto antes que falsas antinomias.

El argumento es bastante simple: la mantención del actual orden de cosas en el plano institucional y económico-social es un factor de gran inestabilidad en el corto, mediano y largo plazo. La demostración de esta proposición parte por aludir lo que ha pasado en los dos gobiernos de Piñera: explosiones y estallidos sociales sectoriales y territoriales y una rebelión social generalizada a partir de octubre de 2019. Nada muy distinto a esta dinámica de inestabilidad se podría esperar de un gobierno de Sichel y de Kast, lo que no es un insulto sino una constatación. En efecto, mientras una parte minoritaria de la sociedad viva en la opulencia y se mantengan las carencias de la mayoría social en el acceso a la salud, las pensiones, la educación, el empleo, el transporte, la vivienda, junto a la subordinación estructural del trabajo y la discriminación de la mujer y los pueblos originarios, habrá ciclos sucesivos de inestabilidad garantizada. La fantasía autoritaria de repetir el golpe militar de 1973 para “restablecer el orden” es, en las condiciones de 2021, proponer una nueva masacre cuyo prolegómeno es la militarización de la Araucanía (que llevaría a la postre a sus eventuales autores inevitablemente a la cárcel) acompañada de la profundización de la fractura social y política actual, pero sin posibilidad de resolver problema de fondo alguno en la sociedad chilena.

Cambios que impliquen el fortalecimiento rápido de los servicios públicos básicos y la diversificación y dinamización de la economía, con nuevos sistemas de impuestos-transferencias y de regulación del trabajo, son no solo posibles sino indispensables para avanzar a condiciones más dignas de existencia y a una nueva prosperidad compartida. Es decir, a una nueva estabilidad. Para producir ese nuevo orden democrático deben converger a partir de marzo próximo la acción decidida de un nuevo gobierno y un nuevo parlamento comprometidos con reformas serias, los que a partir de un año deberán, además, traducir con rapidez en leyes las nuevas definiciones constitucionales que se aprobarán en julio-agosto próximo.

Sobre el tema de la “receta para ahuyentar la inversión”, es penoso leer a René Cortázar con el discurso exacto de quienes en 1989 se oponían a Patricio Aylwin y al programa de su coalición. Para Cortázar, todo lo que aumente salarios, impuestos y regulaciones no hace sino encarecer las inversiones y ahuyentarlas y “llevarnos al estancamiento”, como repite desde siempre el discurso UDI y de los Chicago Boys, sin mayor imaginación. En los últimos 12 años, es la derecha la que ha gobernado durante 8 y nos ha llevado, más que a un estancamiento, a un atolladero que, por la fuerza de las cosas, ha puesto en manos de una izquierda recompuesta y de un centro con definiciones progresistas -del que solía formar parte Cortázar- las llaves para salir de la crisis social más amplia que haya conocido nuestra sociedad en décadas.

Cabe subrayar que el discurso liberal ultraconocido no considera que una sociedad no puede sustentarse -sin terminar estallando- en una economía cuya competitividad descanse en la minimización de derechos sociales de los que trabajan y de la población en general. A la inversa, está más que demostrado por una amplia literatura que las sociedades más prósperas y estables lo primero que hacen es garantizar esos derechos, en grados diversos, como en su época defendía CIEPLAN y el propio Cortázar antes de dedicarse a directorios de empresas (y a una fallida candidatura a la Convención), en uno de los cuales fue multado por no actuar para que no ocurrieran repactaciones unilaterales de créditos al consumo lesivas para deudores muy modestos.

Por su parte, la tasa de impuesto a las utilidades no es hoy en Chile de las más altas en la OCDE (la tasa general es aquí de 25%), que es la comparación válida, y NO va a ser incrementada si Boric llega al gobierno. La tasa de impuesto corporativo en Alemania es, por ejemplo, mayor a la chilena, pues al 15% de base se aplica un recargo de solidaridad y un “impuesto de comercio” por un valor total de 30 a 33%, más alto en las zonas más prósperas y menor en las zonas con menos dinamismo económico. ¿No era que la “economía social de mercado” y su lógica del diálogo social eran una referencia para Cortázar, como lo ha sido Angela Merkel para muchos?

Lo que se prevé en el programa de Boric es un impuesto patrimonial que, bien aplicado, no debiera disminuir la inversión, o lo haría en una proporción aceptable,  junto a establecer una regalía que, bien concebida, NO disminuye la inversión, según la propia teoría neoclásica de la renta, la que NO justifica la apropiación indebida de sobreutilidades en la explotación de recursos naturales. Se agrega en el programa de Boric un aumento del impuesto personal al grupo de muy altos ingresos, básicamente por la desintegración del impuesto a las utilidades de las empresas y a la renta de las personas. Pero quedará en un nivel de tasa marginal muy inferior al aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos y Gran Bretaña en su etapa de mayor prosperidad en la posguerra o en diversos países de Europa en la actualidad. Desde luego, existirán amplias exenciones para los dueños de pyme que podrán mantener esa integración. Y claro, Boric introduce el tema de qué tipo de inversión hay que estimular (sostenible o no, por ejemplo) y en beneficio de quién (personas, grupos sociales y territorios), lo que supone una reflexión colectiva y ampliamente dialogada sobre el tipo de modelo de desarrollo que el país debe adoptar en las nuevas circunstancias.

Lo más curioso es que Cortázar insista en que sería nocivo establecer mayores restricciones y encarecimientos de los despidos para morigerar la inestabilidad en el trabajo, incluido en el programa de 1989, que fue precisamente lo que él pactó en 1990 con Sebastián Piñera. Entonces era bueno hacerlo. Ahora no. Lo propio respecto al aumento del salario mínimo, que también tuvo un salto significativo en 1990. Además, se opone a las 40 horas semanales,  lo que estableció Estados Unidos en 1943, en plena guerra (gobernaba un tal Roosevelt, claro), sin que se tenga noticia de que ese país haya quebrado desde entonces. Y se opone a la negociación por rama y a regular la subcontratación, lo que Manuel Bustos promovió siempre. Y así sucesivamente.

En contraste, las declaraciones sobre estas materias del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, son críticas, pero en un tono respetuoso y matizado. Los conversos, es verdad, suelen ser más agresivos. Cerda aseguró que “si vamos a hacer algo como eso, se necesita un análisis bien acabado de cuáles son sus consecuencias porque evidentemente alguna consecuencia tiene que tener, y yo echo de menos que a veces no tenemos esos análisis sobre la mesa“. En efecto, el debate debe continuar, con el máximo de antecedentes sobre la mesa, de manera razonada y civilizada, como va a ocurrir a partir de marzo próximo.

Avanzar por la ruta del cambio necesario o mantener el estancamiento conflictivo actual es una decisión que está en manos de la ciudadanía, en buena hora. El dilema es mantener el (des)orden social y político existente o habilitar las transformaciones que sean una garantía de avance hacia una nueva estabilidad equitativa y sostenible.

Los compromisos climáticos siguen por debajo de los objetivos del Acuerdo de París

En El Mostrador

Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord en 2020. El 25 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que "la abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado, y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del período 2011-2020". De acuerdo con esta agencia de la ONU, la desaceleración económica causada por el COVID-19 "no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones".

La concentración de dióxido de carbono (CO2), el más abundante de los seis gases con efecto invernadero, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales. Como el dióxido de carbono (CO2) es un gas de larga vida, "el nivel de temperatura observado actualmente persistirá durante varias décadas aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero neto". En cuanto al metano (CH4) y al óxido nitroso (N2O), sus concentraciones equivalieron, respectivamente, al 262% y al 123% de los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.

Si se mantiene el actual crecimiento de la concentración de gases con efecto invernadero, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará por lejos el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 o máximo 2 °C por encima de los niveles preindustriales.

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha declarado, el 26 de octubre, que se deja al mundo en camino a un aumento de temperatura global de al menos 2,7 °C para este siglo, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021. El informe señala que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas y demás compromisos voluntarios asumidos para 2030 (las metas obligatorias por grupos de países del protocolo de Kyoto fueron abandonadas en 2015 en el Acuerdo de París), solo evitan un 7,5% adicional de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) pronosticadas para 2030, en comparación con la anterior ronda de compromisos. Para mantenerse en la ruta hacia el objetivo de 2 °C del Acuerdo de París, se necesitan reducciones de emisiones del 30% desde las cerca de 60 GtCO2e actuales. Y del 55% para alcanzar el objetivo de 1,5°C. Según el PNUMA, las promesas de alcanzar la neutralidad de emisiones son todavía imprecisas e inconsistentes con la mayoría de las NDC para 2030.

El gobierno de Piñera expuso también el 26 de octubre sus metas en la materia, las que deberán ser revisadas, evidentemente, en marzo. Al 2025, plantea el retiro del 65% de la generación a carbón de la matriz nacional, sumar entre 10.000 a 15.000 hectáreas de humedales urbanos protegidos, establecer un ecoetiquetado de reciclabilidad obligatorio y que el 100% de las áreas marinas protegidas pre 2020 cuenten con planes de manejo. Al 2030 plantea que un 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables, el aumento en el 50% de la red de estaciones de glaciares, implementar flotas cero emisiones en la gran minería y que el 100% de la población urbana tenga acceso a servicios sanitarios. Al 2040, plantea que se retiren o reconviertan la totalidad de las centrales a carbón, que el hidrógeno verde sea el 20% de la matriz de combustibles del país, que el 100% de los buses, taxis y colectivos sean cero emisión y se reduzca en un 40% el ingreso de residuos en mares y playas. Al 2050 postula que la matriz energética sea en un 100% cero emisiones, se reduzca en 70% las emisiones de la industria y minería y que un 30% a 50% de especies amenazadas cuente con Planes de Recuperación.

Este plan es insuficiente, aunque tiene el mérito de existir. El corazón del tema en Chile es que la mayor parte de la electricidad la siguen generando las centrales a carbón –las que más emiten CO2 a la atmósfera– mientras el transporte y diversas actividades siguen basadas en el uso de hidrocarburos. Las centrales a carbón deben salir del sistema ojalá en 2025 y en todo caso no más allá de 2030, y no hacia 2040 como plantea el gobierno, lo que requerirá fuertes inversiones en los sistemas de transmisión para permitir una mayor incidencia de la energía solar y eólica, e invertir en geotermia para asegurar la estabilidad del sistema.

Debe acelerarse, por otro lado, la generación eléctrica distribuida en los hogares para uso domiciliario, la electrificación del transporte público y privado, así como el uso de baterías basadas en hidrógeno verde en la minería y otras actividades de transporte, junto con aumentar el reciclaje de residuos y la disminución del uso de los bienes con residuos no reciclables, incluyendo evitar el consumo de bienes con obsolescencia programada. Lo que está en juego es transitar a una nueva estrategia de desarrollo que permita un mayor bienestar equitativo y sostenible de las actuales generaciones y la propia supervivencia, en las condiciones actualmente conocidas, de las futuras generaciones.