Otro breve ministro de Hacienda

En La Mirada Semanal

En el gobierno de Bachelet II, la idea de un ministro de Hacienda inamovible, bastante absurda en democracia, se interrumpió por primera vez desde 1990 con la salida de Alberto Arenas y su reemplazo por Rodrigo Valdés. El exceso de ortodoxia proempresarial de este último, incluso en materias ambientales, llevó a que su gestión fuera breve y fuera sustituido. Bachelet II tuvo tres ministros de Hacienda, como será el caso de Piñera II.

Después de un crecimiento lento en el gobierno de Bachelet II (1,8% promedio de expansión del Producto Interior Bruto) y un crecimiento de 3,9% en 2018, la economía chilena ha sufrido dos impactos inéditos en muy poco tiempo: una revuelta social de gran envergadura en 2019 y los efectos de la pandemia de COVID-19 en 2020. En octubre de 2019 se produjo una caída de -5,8% de la actividad económica respecto al mes anterior, seguida de una rápida recuperación en los meses siguientes. El año 2019 cerró con crecimiento de un 1,1%. 

El proceso de rechazo social al modelo económico de Estado mínimo y de desregulación máxima, una vez que se terminara por colmar el vaso en la percepción colectiva de abusos y desigualdades, también implicó la caída del ministro de Hacienda de Piñera I, Felipe Larrain. Éste había repetido en el cargo en Piñera II luego de una gestión que se benefició de la política fiscal activa de finales del gobierno previo y de un muy buen precio del cobre. Pero su desgaste, que no se situó en los resultados sino en el estilo patricio y en frases como la de las flores, que sonaron despectivas frente a la realidad económica cotidiana de la mayoría, lo hizo caer en medio del tráfago de la rebelión social. 

Pasó a ocupar el cargo de ministro de Hacienda Ignacio Briones el 28 de octubre de 2019, que pareció inaugurar un estilo más dialogante, pero poco a poco emergió el peso de la noche y el método de siempre en la derecha: la falta de respeto por todo interlocutor que no sea de su grupo de pertenencia o que defienda  intereses distintos a los oligárquicos. Y no supo actuar frente a la irrupción de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, que provocó una recesión aguda en abril-mayo y una cierta recuperación posterior, con una caída promedio en el año del orden de -6,5%. Ante esta crisis, el propio ministro Briones reconoció que sus medidas habían llegado tarde. Agreguemos que tuvieron un sesgo derechamente proempresarial, con el grueso del gasto fiscal y tributario concentrado en medidas de alivio de las empresas más grandes.

Su gestión consagró, además, una peligrosa pérdida de gobernabilidad en materia económica. En el período de Briones se evitó una depresión de dos dígitos solo por la inyección en el consumo de las familias del orden de un 10% del PIB de ahorros previsionales, en contra de la opinión de un gobierno sobrepasado. Los dos retiros terminaron de destruir el sistema de AFP para los sectores de ingresos bajos y medios, pero constituyeron una inyección para la demanda de consumo de los hogares en el corto plazo que permitieron al gobierno salvar el año, pero que el enfoque ortodoxo de Briones le impidió conducir de mejor forma. Debió haber utilizado a tiempo y más activamente el instrumento fiscal y la política de ingresos antes que permitir el mero desborde del retiro de ahorros previsionales. 

Volver a alcanzar los niveles de actividad de marzo de 2020 tomará, en este contexto, probablemente hasta 2022. La recuperación ha recorrido solo poco más de la mitad del camino y requerirá de nuevos planes de sostenimiento de los ingresos de las familias y de creación de empleos. No olvidemos que la evolución de la epidemia de coronavirus en Chile mantiene una amenaza latente sobre la actividad económica, mientras la recuperación de las actividades de servicios, las más afectadas por la crisis, se mantiene como una incógnita.

Como hemos reiterado en columnas previas, si el gobierno hubiera ampliado el gasto público en un 5% adicional del PIB al iniciarse la crisis del coronavirus en marzo -financiando el mayor déficit con el uso más intenso de las reservas fiscales y de un endeudamiento al que hoy el gobierno puede acceder a bajo costo- la caída de la producción hubiera sido mucho menor que la experimentada en el segundo trimestre. El gobierno no actuó sobre la demanda de consumo de las familias de menos ingresos a través de transferencias más importantes por Ingreso Familiar de Emergencia, Seguro de Cesantía y Pensión Básica Solidaria. Prefirió concentrar los recursos en aliviar la situación tributaria de las empresas, otorgando más plazo para el cumplimiento de las obligaciones y eliminando temporalmente el impuesto al crédito. Sus programas en la materia han tenido un impacto preferente en las de mayor tamaño. 

Entre tanto, el gobierno entregó bonos por una vez y terminó con el Ingreso Familiar de Emergencia establecido entre mayo y octubre, que cubrió unos 8 millones de personas. Aunque este subsidio se situó por debajo de la línea de pobreza, mucho peor es ahora la situación para las personas que buscan trabajo y no lo encuentran (954 mil en septiembre-noviembre) o que desearían trabajar aunque no estén buscando activamente un empleo (1,33 millón), según los datos del INE, y para todos los que están percibiendo escasos ingresos por causa de la crisis. El rebote de la epidemia de COVID-19 tiene que ver con la necesidad para millones de personas de salir a buscar cotidianamente su sustento en actividades informales.

El principal déficit de la política de Ignacio Briones fue hacer que la caída de la actividad económica se haya acentuado con la ausencia de medidas de  suficiente envergadura de sostenimiento de la demanda de consumo de los hogares y de crédito y subsidio rápido a las pequeñas y medianas empresas, dañando la opción de mantener el vínculo laboral de los asalariados hasta un posterior rebote. Quienes realizan una actividad por cuenta propia en el sector formal y en el informal han sufrido con particular intensidad la combinación de las medidas sanitarias de confinamiento y la caída de la demanda, mientras la participación de la mujer en la vida profesional activa está experimentando un retroceso y no se está creando empleo formal.

El futuro inmediato de la crisis está estrechamente vinculado a la magnitud del impacto que tenga el segundo retiro de fondos de pensiones, a la mantención de una política monetaria expansiva y a la eventual persistencia del incremento del precio del cobre y de la recuperación de la demanda por exportaciones chilenas. Es decir poco que tenga relación con la gestión de Ignacio Briones, cuya principal preocupación fue la nada imaginativa idea de limitar el déficit fiscal en medio de una depresión e intentar amarrar un acuerdo de gasto fiscal que incluye el primer año del próximo gobierno, lo que es simplemente inexplicable desde el punto de vista de quien lo planteó y de quienes lo aceptaron, en procesos de acuerdo que ya han perdido todo sentido. 

En este contexto, no es de extrañar que la salida de Ignacio Briones se haya producido por la puerta pequeña, para asumir una candidatura presidencial sin destino, pero que seguramente le alimentará un ego que hoy parece situarse más que nunca por sobre cualquier otra consideración entre los que están a cargo de las tareas públicas.

Contaminación y cambio climático: el desafío mayor

En La Mirada Semanal

La pandemia de COVID-19 ha afectado hasta ahora a más de 95 millones de personas y provocado más de dos millones de muertes. Ha alterado la vida en el planeta y lo seguirá haciendo hasta que las poblaciones lleguen a estar inmunizadas por efecto de vacunaciones masivas y globales.

No obstante, se estima que las muertes prematuras por exposición a la contaminación atmosférica afectan anualmente a unos 9 millones de personas (European Heart Journal, 2019). A las amenazas para la vida humana que provienen de la contaminación del aire, se suman la del agua y los suelos, la radiación ultravioleta y los efectos del cambio climático. En Chile, un 12% de las muertes se explican por ambientes contaminados, según una estimación de la OMS. Así, la pandemia de COVID-19 es solo una parte de los desafíos sanitarios. Su origen está, por lo demás, vinculado a una expansión de la actividad humana que, aunque aún no se conozcan los detalles con precisión, facilitó el salto del virus SARS-CoV-2 desde el mundo animal a los humanos. Un 70% de las enfermedades emergentes y casi todas las pandemias conocidas provienen de zoonosis, infecciones de origen animal. Al intervenirse diversos ecosistemas, se acerca la fauna salvaje al ganado y a los seres humanos. El lPBES -organismo internacional que se ocupa de la biodiversidad- estima en 1,7 millones el número de virus aún no descubiertos en los mamíferos y los pájaros, entre los cuales unos 540 a 850 mil podrían tener la capacidad de infectar a los humanos.

Aunque de efectos a más largo plazo pero más graves por su irreversibilidad, otra amenaza mayor a la condición humana proviene de los desarreglos del clima. El negacionismo climático ya no puede esconder que al iniciarse el siglo XXI emergió un consenso científico sólido sobre el origen humano del cambio climático en curso —en 2020 la temperatura promedio ha alcanzado 1,2°C sobre el nivel de 1850/1900— y sobre los peligros de la mantención del ritmo actual de emisión de  seis gases con efecto invernadero (siendo los principales el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso).  Los años 2016 y 2020 han sido los más cálidos jamás registrados, con efectos en sequías e incendios devastadores. Aunque bajaron temporalmente en 2020 por la recesión económica global, en 2019 - por tercer año consecutivo y después de bajar entre 2014 y 2016- las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero, según Naciones Unidas, volvieron a aumentar y se situaron en un máximo histórico: 59,1  GtCO2e (rango de ±5,9). 

Ahora ya sabemos fehacientemente que la biosfera ha sido alterada por la actividad humana con creciente intensidad desde la revolución industrial, y especialmente en los últimos 50 años. El sustancial aumento de la población y de la producción implicó que la proporción de tierras cultivables creciera de un 2% en el año 1700 (aproximadamente 3 millones de km2 ) al 11% en 2000 (15 millones de km2 ). La proporción de pastizales se incrementó todavía más y pasó del 2% en el año 1700 al 24% en el año 2000 (34 millones de km2 ). El área ocupada por las ciudades ascendió al 0.5% de la superficie terrestre en 2000 (Goldewijk et al., 2011).  A partir de 2007, más de la mitad de los humanos vive en ciudades. Hace 8 mil años, el 50% de la superficie terrestre estaba ocupada por bosques y hoy solo lo está el 30%.

La combinación de conductas y tecnologías humanas es la base del desajuste de los ecosistemas. Otros depredadores eligen como presa los ejemplares más jóvenes y débiles. La consecuencia a corto plazo es que no reducen la tasa reproductiva de los adultos y eliminan posibles focos de infección entre los grupos. A largo plazo, como mecanismo de selección natural, favorecen la mejora genética de sus presas. Los humanos, en cambio, eligen las mejores piezas: adultos en su máximo esplendor ((Darimont et.al., 2015). El carácter superdepredador de los humanos cuando su orden económico-social se organiza para la acumulación ilimitada de capital y bienes de consumo, en el uso tanto de los combustibles fósiles como de la biodiversidad, ha llevado a la situación actual de transgresión de cuatro límites ecológicos planetarios y a la disminución de los servicios de muchos ecosistemas en todas las zonas del mundo.

De acuerdo con los trabajos de Johan Rockström y sus colaboradores (2009), existen nueve procesos biofísicos o sistemas que enfrentan límites planetarios: el cambio climático, la integridad de la biósfera (la tasa de pérdida de biodiversidad terrestre y marina), los flujos químicos del nitrógeno y del fósforo, el agotamiento del ozono estratosférico, la acidificación de los océanos, el consumo de agua dulce en el ciclo hidrológico global, los cambios en los usos del suelo, la carga de aerosoles atmosféricos y la contaminación química con sustancias tóxicas y de síntesis, metales pesados y materiales radioactivos.

El factor de mayor riesgo para la especie humana, por su largo ciclo de vida, es la concentración creciente de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero, que en su mayor parte procede de los combustibles fósiles. Esta concentración pasó de un valor preindustrial de 270-275 partes por millón (ppm) a 410 ppm en 2019. Las estimaciones preliminares para 2020 no indican una disminución. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el efecto del cambio climático será incrementar la desestabilización del clima, con épocas de lluvias y sequías más prolongadas, huracanes más intensos y otros impactos como  la deforestación, la desertificación, y la acidificación de los océanos, con un sustancial incremento en la tasa de extinciones de especies. En paralelo, sigue produciéndose la pérdida acelerada de biodiversidad por otras causas, como la deforestación (entre 2004 y 2017 se ha perdido 43 millones de hectáreas de bosques, según el WWF) y la ampliación del cambio del uso del suelo en beneficio de la agricultura, la ganadería y la minería, junto a la destrucción acelerada de los peces y otras formas de vida en el mar por exceso de pesca crónico y sin control, mientras el plástico invade los océanos.

El Acuerdo de París de 2015 buscó limitar el calentamiento global a menos de 2 °C sobre la etapa preindustrial y se ha planteado el objetivo más ambicioso de limitarlo a 1.5 °C a 2100, todo en base a planes nacionales, contrariamente a las restricciones de emisiones por grupos de países del Protocolo de Kyoto de 1997. El Acuerdo en su estado actual compromete sólo un tercio de lo que se necesita para evitar los peores impactos del cambio climático. Estados Unidos se retiró de él en 2017 (aunque volverá con la llegada de Joe Biden al gobierno). Este país representa el 15% de las emisiones actuales y una proporción mucho mayor de las emisiones acumuladas. Con la plena aplicación de los planes nacionales —condicionales e incondicionales— es muy probable un aumento de la temperatura de al menos 3 °C para el año 2100, lo que significa que los Gobiernos deberán hacer una sustancial revisión de sus compromisos. 

El IPCC sostiene que las emisiones netas (la suma de las emisiones menos la absorbida por sumideros naturales y tecnológicos) de CO2 deben reducirse a cero en 2050 para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados.  Esto supone una disminución para el 2030 del 45% de las emisiones de CO2 respecto al nivel de 2010.  Según ONU Ambiente, debe  dejarse atrás las energías fósiles y mantener en el subsuelo entre el 80% y el 90% de las reservas conocidas de carbón, un tercio de las de petróleo y la mitad de las de gas natural. Éstas son las fuentes de 4/5 de la producción mundial de energía primaria y de 9/10 de las emisiones de dióxido de carbono. Para poder cumplir la meta de 1.5 grados adicionales hacia el 2100, se requiere que en 2050 entre el 70% y el 85% de la electricidad sea de origen renovable y libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Según  ONU Medio Ambiente, para mantener el calentamiento del planeta por debajo de 1,5 °C (con una probabilidad en torno al 66%), las emisiones mundiales de GEI en 2030 no deberían superar las 24 Gt CO2, a comparar con las mencionadas 59 Gt constatadas en 2019. 

Se requiere una rápida transición para salir de la era de la combustión. El gran salto dependerá del cambio en los hábitos de consumo, del uso masivo de energías renovables no convencionales y del desarrollo de baterías que permitan almacenar electricidad cuando no sople el viento o no haya sol o suficiente agua en los embalses. Sin considerar las mejoras tecnológicas, el costo total de descarbonizar la economía global no excedería el 1-2% del PIB mundial. En las licitaciones de energía competitivas, los proveedores de energía solar y eólica ya están suministrando electricidad a precios inferiores al costo de la generación con combustibles fósiles. Los costos bajarían más con compromisos significativos para reducir las emisiones, pues impulsarían el progreso tecnológico y acelerarían los efectos de curva de aprendizaje.  Cero emisiones en 2050 es un objetivo económicamente alcanzable, que dependerá de los compromisos que alcancen los gobiernos y de los esfuerzos que realicen las sociedades, en las que el consumo y emisiones de los grupos de altos ingresos tienen la responsabilidad principal (el 1% más rico emite más del doble que el 50% de menos ingresos, según la ONU), para evitar catástrofes al lado de las cuales los hechos de 2020 serán vistos como pálidos episodios.

Para este desafío, Chile tiene ventajas naturales inmejorables, incluyendo el desierto de Atacama y su mayor radiación solar del mundo. El gobierno se ha sumado poco a poco a la meta de la neutralidad carbono hacia 2050, aunque el lobby empresarial se moviliza contra este objetivo.  Los hechos son los siguientes: la sequía y la falta de políticas más activas de sustitución han llevado a que la matriz eléctrica chilena haya pasado de un 62% de generación renovable en 1997 a solo el 41% en 2020, a pesar del incremento de las fuentes renovables no tradicionales. Mientras el gobierno habla de un gran futuro en la generación de hidrógeno a partir de la energía solar, cuya importancia superaría a la minería -para lo cual no hace gran cosa, como tampoco para la producción de baterías de litio en Chile, luego de la fracasada política del gobierno anterior en la materia-, el carbón, el gas y el petróleo representaron cerca del 60% de la generación de electricidad en 2020, con la consecuencia de poner a Chile como uno de los mayores emisores de CO2 por habitante en América Latina. Otra vez la diferencia entre los dichos y los hechos. 

Actuar a la altura del desafío es sacar el diesel y el carbón de la generación de electricidad el año 2025, como propone la Cámara de Diputados, y adelantar la neutralidad carbono a 2040. Esto no implicaría, más allá de una transición breve, más sino menos costos de generación de electricidad. Junto a favorecer un gran salto en la electro-movilidad, la generación domiciliaria distribuida y el aislamiento térmico de las viviendas, una política activa pondría a Chile en una nueva dinámica de crecimiento y bienestar limpios y crearía más empleos. Pero eso supone herir intereses creados. Es de esperar que el próximo gobierno ya no los represente y tome el desafío en toda su relevancia y urgencia para las actuales y las nuevas generaciones.

Salidas de crisis y opciones de largo plazo

En La Mirada Semanal

El Banco Central y la prensa presentan la variación del IMACEC (Índice de Actividad Económica Mensual) comparando el valor del mes con aquel del año anterior. En noviembre, el último mes disponible, se registró un incremento de 0,3%. Este método de medición no quiere decir mucho, pues el mismo mes del año anterior puede haber tenido una evolución fuera de tendencia, como ocurrió el año pasado en medio de la rebelión social. Tiene más sentido fijarse, en primer lugar, en la variación respecto al mes previo, despejada de efectos estacionales, para evaluar la evolución coyuntural. En segundo lugar, cabe fijarse en la variación acumulada en el año respecto al mismo período del año anterior para visualizar la tendencia anual, lo que no publica el Banco Central en su comunicado mensual y supone realizar un par de cálculos.

La cifra más reciente de variación mensual desestacionalizada, la de noviembre de 2020, registró un aumento de la actividad económica de 1,1% respecto a octubre. Esta es una buena cifra luego del desplome acumulado de marzo-mayo de -16,4%, de los posteriores cuatro meses con una recuperación que sumó 11,4% y de la nueva caída en octubre de -0,5%. El índice promedio de enero-noviembre de 2020 respecto al mismo período del año anterior indica una caída acumulada de -6,5%. El año va a cerrar con un PIB disminuyendo en una cifra cercana a esa, la mayor desde 1982. 

El gran desafío es ahora la velocidad con que se completará una reactivación que lleve los niveles de producción de mercado al mismo nivel de marzo de 2020. Las incertidumbres de la pandemia están ahí para impedir predicciones muy precisas. Desde los últimos días de diciembre de 2020 el promedio diario en siete días de contagios registrados por COVID-19 ha subido inexorablemente. A pesar de un pequeño repunte que luego cedió, este no se había expandido luego de las fiestas de septiembre. En cambio, el fin del Ingreso Familiar de Emergencia para 8 millones de personas en noviembre empujó a más gente a realizar actividades informales para subsistir, mientras las fiestas de fin de año facilitaron el contagio familiar. El resultado ha sido un fuerte repunte de casos nuevos, con su secuela de mayores hospitalizaciones y muertes. Es a lo menos urgente reponer el Ingreso Familiar de Emergencia para que las restricciones de desplazamiento y aglomeración sean más efectivas, antes que el avance de la epidemia obligue a paralizar de nuevo parte importante de la producción. Este es otro momento en el proceso de contagio por COVID-19 desde marzo de 2020 en el que ahorrar dineros del fisco costará, a la postre, mucho más caro y con graves consecuencias humanas de por medio.

De modo que 2021, dadas las insuficientes políticas de gobierno y hasta que no se complete un proceso de vacunación cuya meta es llegar a 15 millones de personas en julio, seguirá siendo un año humana y económicamente difícil, en medio, además, de los intensos procesos electorales. En ese proceso se van a delinear las salidas de crisis que le tocará gestionar al gobierno que se iniciará en marzo de 2022. 

Una continuidad de “negocios como siempre” puede ser el camino que seguirá el país, tal vez retomando en parte la dinámica exportadora empujada por China, pero sin dar mayores respuestas a la crisis social evidenciada en octubre-diciembre 2019. Contrariamente a las décadas pasadas, será un camino de inestabilidad. 

Otro camino será, siempre que las nuevas instituciones lo permitan, el de avanzar hacia un objetivo de mayor bienestar equitativo y sostenible en el país. Esa senda requerirá abordar en serio la superación de la estructura de desigualdad y del funcionamiento económico sistémico social y ecológicamente depredador que la sostiene, combinación que produce un crecimiento cada vez más lento. Avanzar por ese otro camino supondrá definir un nuevo horizonte de metas alrededor de las cuales se movilicen y amplíen los recursos disponibles. El camino de “negocios como siempre” no se plantea demasiadas metas o no se dota de instrumentos para lograrlas. El camino de “bienestar equitativo y sostenible”, en cambio, debe plantearse metas que sonarán extrañas a los oídos ortodoxos, pero que deben constituir un horizonte para que la política económica construya nuevos equilibrios sociales y ambientales. 

La primera meta debe ser avanzar hacia el pleno empleo. Así como el Banco Central tiene una meta de 3% de inflación en un horizonte de 24 meses, la política económica debe complementarla con una meta de menos de 5% de desempleo de la fuerza de trabajo en un horizonte de 36 meses. A la vez, ese empleo debe basarse en el trabajo decente, es decir basado en derechos colectivos defendidos por sindicatos fuertes y remuneraciones con un piso más alto y una mayor correspondencia con el aporte productivo del trabajo. Por ello, se requerirá un aumento significativo del salario mínimo en abril de 2021 y aumentos reales anuales posteriores, junto a producir en 2022 cambios legales que permitan negociaciones colectivas de salarios inter-empresa de modo generalizado.

La segunda meta debe ser lograr el acceso a medios de vida mínimamente dignos mediante un Ingreso Familiar Garantizado que sume desde 2021 tanto un sistema ampliado y simplificado de subsidio familiar -que incluya el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado- como una pensión básica que pase del 60% de menos ingresos a ser universal. Este ingreso debe asegurar que ninguna familia esté por debajo de la línea de pobreza (hoy de $455 mil para una familia de cuatro miembros), complementado por un acceso gratuito a la educación y a la atención de salud y a los medicamentos, junto al acceso subsidiado al transporte.

La tercera meta debe ser la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso mediante una relación empleador/trabajadores más equilibrada e impuestos y transferencias más progresivos, con una relación 10% más rico/40% de menos ingresos que pase hacia 2030 del 2,55 (cifra de 2017) al menos al 1,76 de Estados Unidos hoy (según los datos de la OCDE) y a 1 en plazos más largos.

La cuarta meta debe ser alcanzar la neutralidad carbono (situación en que las emisiones de dióxido de carbono son de un nivel que puede ser absorbido por la capa vegetal) en 2040, lo que requiere adelantar el fin del uso de carbón en la generación eléctrica a 2025 y realizar una acelerada transición energética para la cual el país cuenta con inmejorables condiciones siempre que aumente su gasto en investigación y desarrollo, y reconvertir las zonas de sacrificio humano y ambiental. Para ello, la colectividad debe cobrar las regalías que corresponde a todo acceso a los recursos naturales que pertenecen a todos, en vez de prácticamente regalarlo como en la actualidad.

La quinta meta debe ser desconcentrar los mercados, proteger al consumidor y fortalecer la economía social. Las utilidades sobrenormales en la banca y la actividad financiera y en los servicios básicos regulados deben ser tributadas, mientras la vigilancia sobre las prácticas monopólicas debe hacerse efectiva, junto a promover la actividad y el empleo en la pequeña empresa familiar y en la economía social y cooperativa, privilegiando los circuitos cortos de abastecimiento, la alimentación sana y los productos locales.

En suma, de la voluntad colectiva y de la decisión y competencia de los grupos dirigentes que la ciudadanía elija dependerá salir o no de la más grave crisis en casi cuarenta años con un nuevo modelo de prosperidad compartida y sostenible, o bien con la conocida persistencia de una sociedad de mercado fracturada, depredadora y desigual dominada por las tradicionales oligarquías económicas.

Soñar no cuesta nada

 En La Mirada Semanal

Durante este 2021 Chile va a elegir representantes para elaborar una nueva constitución, para dirigir regiones y comunas, para legislar y para dirigir el gobierno. Pocas veces la ciudadanía ha estado confrontada en la historia del país a una secuencia de decisiones tan densa.

El 25 de octubre se realizó un ejercicio de democracia directa, en el que la voluntad ciudadana decidió sin mediaciones y con una mayoría contundente que quería una nueva constitución. Los problemas empezaron inmediatamente después, con los arduos caminos de la representación. Millones de mayores de 18 años no están en condiciones de redactar en conjunto una constitución, o redactar leyes (a lo más provocar su elaboración mediante el mecanismo de la iniciativa popular de ley o aprobar o rechazar su resultado final mediante referendum) o dirigir cotidianamente los destinos de una comuna, de una región o del país en su conjunto, aunque se multipliquen creativamente los mecanismos de participación. Tampoco el ciudadano de a pie está en condiciones de dedicar el tiempo y la energía que muchas veces la reflexión, deliberación y acción política cotidiana requieren, especialmente mientras muchos y muchas tengan que asegurar sus medios de vida o realizar tareas de cuidado por largas horas cotidianamente, sin la opción de dedicar mayor tiempo a otra cosa.

La representación es, mientras no se invente otro mecanismo, inevitable. El problema es que es básicamente frustrante. Primero, porque el representante de la propia preferencia puede no salir elegido y los que si lo logran pueden ser muy distantes de los valores, ideas e intereses que inspiran esa preferencia. Segundo, porque el representante de la propia preferencia que resultó elegido no siempre va a representar completamente a cada representado, el que hasta se puede arrepentir de su voto en el camino. Tercero, porque el representante puede estar en minoría o sometido a vetos de minorías y el que votó por él se va a molestar con su incapacidad de avanzar a los objetivos que propuso y que el representado apoyó. Y cuarto, porque la escena pública es siempre una de controversias, idealmente poblada por deliberaciones racionales, pero las más de las veces por exabruptos y descalificaciones. La sociedad mediática de hoy es una sociedad del espectáculo. El que no hace gestos estridentes o halaga las pasiones del momento, o incluso el que no insulta en algunas redes sociales, suele no concitar mayor atención ni tener repercusión. El resultado es la distancia sistemática entre representantes y representados. Estos últimos muchas veces no quieren siquiera enterarse de lo que pasa en la esfera pública o en el mejor de los casos la observan con distancia y solo ocasionalmente. La distancia puede, si la esfera pública funciona mal, aumentarse con la renuncia a toda participación, como hemos observado en Chile con los jóvenes desde fines de la década de 1990.

La actividad política tiene, además, un sustrato complejo (aquí utilizamos el concepto de complejidad no como sinónimo de dificultad, como suele hacerse en la actualidad, sino en su sentido original de una situación en que factores múltiples concurren a explicar un fenómeno con variadas interacciones), desde la cultura prevaleciente hasta la evolución de las estructuras económicas y sociales, además de los condicionamientos e influencias internacionales.  Cuando se juntan crisis económicas y sociales (y agreguemos una grave crisis de orden sanitario en la actualidad) y la esfera política ha evolucionado hacia una exacerbación de los individualismos y la fragmentación de los agrupaciones políticas, entonces se multiplica la desconfianza hacia toda representación. 

De lo anterior ha resultado en Chile el paso en pocas semanas desde un entusiasmo colectivo para producir cambios institucionales de fondo luego de un proceso de rebelión social particularmente intenso, a un cuadro de nuevo descrédito de la política. Hay que reconocer que la mayoría de las direcciones políticas no han ayudado mucho, aunque caso aparte es el de la derecha. Ésta, como siempre, termina por agruparse (incluyendo a la extrema derecha de simpatías nazis) alrededor del factor que la define: la defensa de sus intereses de orden económico. Como se sabe, esos intereses son los de una minoría, por lo que la derecha se cuida de no dispersar su representación, lo que en ocasiones incluso le permite ser mayoría. Y, en todo caso, construye y defiende “seguros de vida” en la esfera política a través de mecanismos institucionales de veto minoritario a las preferencias mayoritarias y alentando la falta de participación.

En cambio, la representación del mundo que vive de su trabajo asalariado (por definición subordinado) o por cuenta propia (las más de las veces en condiciones desfavorables), así como del mundo de la cultura y la creación (cuyos intereses no son los del empresariado), es siempre problemática por las razones expuestas, agravada por la realidad de partidos tradicionales con proyectos de cambio que se clientelizaron y burocratizaron. Esto ocurre aunque esos mundos sean ampliamente mayoritarios en la sociedad.

Frente a ese diagnóstico pesimista, queda expresar el optimismo de la voluntad. ¿Será posible que los dos grandes bloques políticos opositores que se han delineado se afiancen y transmitan serenamente el mensaje de que consideran mejor ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de optar entre ellos y así permitir mandatos claros para el futuro? ¿Y que ese enfoque puede ampliar su convocatoria conjunta a más votantes y permitir que su número total de convencionales electos sea mayor, a pesar de que la cifra repartidora podría favorecer en teoría a la lista unificada de la derecha? ¿Y que expliquen sus propuestas constitucionales, las que se verá son en muchos puntos coincidentes, lo que permitirá colaborar en la Convención Constituyente? ¿Y que señalen con respeto pero con firmeza que votar por independientes fuera de lista es muy válido, pero que con los distritos pequeños y el sistema electoral existente va a ser un voto perdido? ¿Y que ser parte de la política organizada es una voluntad de actuar con otros y con persistencia en el tiempo, y que eso es un valor positivo y necesario para una sociedad que quiere progresar? ¿Y que ambos bloques se darán un apoyo mutuo en las eventuales segundas vueltas el 9 de mayo para elegir gobernadores? ¿Y que harán lo propio en la segunda vuelta presidencial, aunque tendrán listas distintas a constituyentes, concejales, parlamentarios y consejeros regionales para que los ciudadanos opten? ¿Y que tienen la voluntad de constituir un gobierno de coalición en marzo de 2022, porque nadie puede gobernar nuestra sociedad fragmentada y polarizada desde trincheras sino que transformando y tendiendo puentes para construir mayorías? Soñar sigue no costando nada.

Elecciones y desempleo

En Voces La Tercera

El año 2021 supondrá una vorágine de elecciones y de definiciones que tendrán amplias consecuencias sobre el destino del país y sobre la orientación de su modelo de desarrollo. A la vez, como un sustrato más o menos visible que condicionará esos procesos, permanecerá un grave problema de desempleo.

De acuerdo a las cifras más recientes del INE, se habían recuperado a noviembre de 2020 unos 844 mil de los 1,9 millón de empleos perdidos entre marzo y julio. La etapa más álgida de la crisis sanitaria fue seguida tanto de la relajación progresiva de las restricciones como de la reactivación de la actividad económica a partir del tercer trimestre del año, fruto de un impulso monetario y fiscal y del retiro de fondos desde las AFP y del uso de los recursos del Seguro de Cesantía para sostener la suspensión de contratos o la pérdida de empleo. El empleo recuperado representa el 45% del empleo perdido. La brecha pendiente de colmatar para volver al nivel de empleo del primer trimestre de 2020 es aún de poco más de un millón de puestos de trabajo.

Las personas desocupadas que buscan empleo sumaron 954 mil, pero existe otro 1,3 millón de personas dispuestas a trabajar, aunque han desistido de buscar un puesto de trabajo. La tasa de desempleo total calculada por el INE con estos dos componentes alcanzó un 22,8%. Los que buscan trabajo sin encontrarlo o bien están disponibles para trabajar suman 2,3 millones de personas. En abril y mayo, los empleos asalariados formales, que realizan más del 70% de la actividad productiva, disminuyeron en 463 mil, de los cuales se han recuperado solo 49 mil (el 10,6%). El empleo informal y por cuenta propia ha sido el más afectado por la crisis, con dos tercios de las pérdidas, y a la vez constituye el grueso de los empleos recuperados. Para volver a alcanzar el nivel de ocupación del primer trimestre de 2020, se requiere crear un millón de empleos adicionales. Si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año del último quinquenio (200 mil empleos en 2017), se necesitaría cinco años a partir de 2021 para recuperar los puestos de trabajo perdidos hasta noviembre de 2020. Si el ritmo fuera el del año menos dinámico (100 mil empleos en 2016), se necesitaría 10 años para recorrer ese camino. La recuperación del empleo dependerá de la magnitud de la reactivación de la demanda interna y externa y de la magnitud de la contribución del subsidio a la creación de nuevos empleos.

A lo anterior hay que agregar todas las incógnitas sobre el control de la pandemia, con la esperanza de que se logre que 15 millones de personas estén vacunadas a junio contra el Covid-19. Pero a nadie escapará que el rebrote principal a esperar es el de la rebelión social, cuya magnitud entre octubre y diciembre de 2019 sería un error subestimar o considerar como un episodio puntual. El desempleo pesará, junto a otros temas sociales como el acceso a la salud y las pensiones, en las decisiones de 2021 y en el clima general del país.

Se ha creado un fondo presupuestario de dos mil millones de dólares para financiar 1,3 millones de subsidios al empleo. La información del Ministerio del Trabajo indica que entre el 29 de septiembre y el 9 de diciembre unas 40 mil empresas postularon a 265 mil trabajadores a este subsidio, un 64% de los cuales se dirige a nuevas contrataciones y un 36% a reactivar los contratos suspendidos, actualmente financiados por las cuentas individuales del seguro de cesantía. El bajo número de interesados no hace sino confirmar que las empresas necesitan una perspectiva relativamente cierta de ventas antes de pensar en emplear a nadie, con o sin subsidio. Lo que pone en el tapete la necesidad de un mayor estímulo fiscal con impacto macroeconómico que permita una recuperación más consistente.

Pero el efecto microeconómico de este subsidio puede ser solo el de disminuir el costo laboral para las empresas por empleos que se reanudarían o crearían independientemente de su aplicación. Si el objetivo gubernamental es acelerar el ritmo de creación de puestos de trabajo y sustituir definitivamente el Ingreso Familiar de Emergencia por la vuelta al empleo (programa que dejó de funcionar en octubre pasado), el mecanismo adecuado parece ser el de ampliar con más contundencia los programas de creación directa de empleo en infraestructura, que ya ha visto aumentar los recursos para vivienda. Pero será también necesario poner en marcha nuevos programas de servicios a las personas y de cuidado al medioambiente, de modo de cubrir necesidades sociales insatisfechas y al mismo tiempo crear puestos de trabajo que permitan mantener en actividad a las personas que no encontrarán un empleo formal -cuyo volumen apenas crece- por un período prolongado o se mantendrán en trabajos precarios e inestables por cuenta propia y con ingresos inferiores a la línea de pobreza.