2021: La importancia del debate sobre el Estado social

En La Mirada Semanal

Cerca de iniciarse el crucial año 2021, en el que Chile renovará autoridades y creará un nuevo marco institucional, surgen muchas interrogantes. Y una en particular: ¿será la nueva constitución más de lo mismo o fundará una nueva República? Esto va a depender de la elección de convencionales el 11 de abril próximo y de lo que permita la regla de 2/3 en la Convención Constitucional, que supone un quórum de aprobación aún más alto que el que permite reformar la actual constitución en diversos temas. Esta fue una concesión a la derecha que ha sido tratada con ligereza y que tendrá fuertes consecuencias. Y a la que incluso algunos le atribuyeron un inexplicable mérito, al sostener que con 1/3 podrían vetar las posiciones de la derecha, en circunstancias que con un más razonable quórum de 4/7 o 3/5 la derecha tampoco hubiera alcanzado una mayoría para aprobar sus posiciones de veto minoritario y de prevalencia de la propiedad privada sobre otros derechos. En realidad, fue una renovada concesión al poder de veto de la oligarquía chilena sobre el sistema político, la misma que retomó el poder en 1973 y desde entonces se niega tenazmente a convivir con las preferencias ciudadanas mayoritarias que la contraríen. El resultado ha sido una democracia deslegitimada e imperfecta que reproduce tensiones sociales y políticas permanentes. 

Las de 2019 se asemejan a las concesiones de 1989, pero en circunstancias del todo diferentes. Las de 1989 se explican en el contexto de una salida pactada a una dictadura sangrienta y prolongada, que debían ser superadas en etapas sucesivas y rápidas, como estaba en parte previsto con el partido RN, que pactó con Patricio Aylwin en 1989 y luego no cumplió. En efecto, las concesiones al poder de veto y el no cumplimiento de acuerdos, junto al acomodo progresivo a no seguir avanzando como se debía a una democratización sustantiva, permitieron sostener prolongadamente un sistema de candado minoritario que limitó la capacidad de la democracia de producir resultados sociales y representar la diversidad de la sociedad y sus opciones mayoritarias. No se insistirá lo suficiente en que fue esta decisión de la derecha y el acomodo del centro político y de parte de la izquierda al dominio oligárquico -y la reproducción de fuertes desigualdades sociales que resultan de ese dominio- los que limitaron las capacidades de acción de quienes nos propusimos en 1989 un cambio estructural hacia un “crecimiento con equidad”. Esta ceguera terminó por estallar en octubre de 2019 en una situación cuasi-insurreccional y de fuerte violencia social. 

A la aceptación el 15 de noviembre de 2019 de una convención que elige a muy pocos representantes por distrito y que aprueba por 2/3 cada norma, se agregó en diciembre de 2020 la aprobación de escaños reservados indígenas que disminuyen la representación proporcional, como nueva e incomprensible concesión a la derecha. Esto aumentará la desigualdad del voto y la falta de proporcionalidad en la asignación de escaños y, por tanto, la representatividad de la Convención. No se entiende que no se haya concebido una Convención Constitucional que duplicase o triplicase el tamaño de los distritos para permitir la más amplia representación de las diversidades en los territorios, en la que la representación indígena hubiera tenido su lugar de manera más armónica. El voto ciudadano en un distrito populoso, que ya vale mucho menos que un voto en una zona despoblada, valdrá mucho menos que un voto indígena. Los indígenas elegirán representantes con un sistema uninominal a la británica y con un padrón propio con base étnica autodeclarada. Así, la derecha sigue preparando con éxito las condiciones para impedir un resultado constitucional mejor que la enmendada constitución de 1980, salvo que no logre el umbral de un tercio de los convencionales el 11 de marzo próximo. Sigue en la batalla por mantener el veto minoritario y defender el Estado subsidiario, es decir aquel que consagra la primacía del derecho de propiedad privada por encima del interés general y limita considerablemente la intervención del Estado en la economía para fines sociales y ambientales, en aras de su fundamentalismo de mercado.

La batalla constitucional central que se avecina será si prevalecerá o no la soberanía popular y, por tanto, el principio de mayoría en la formación de las leyes, pero también si se establecerá o no la noción de Estado democrático y social de derecho para terminar con el predominio del poder económico concentrado en pocas manos. El concepto de Estado democrático y social está basado en la idea según la cual los seres humanos no son individualidades que gozan de una libertad aislada, sino que ésta presupone, como cualquier otro derecho fundamental, la existencia de una comunidad que la garantiza para el libre desarrollo de su personalidad. El Estado social reconoce que el ciudadano/a es miembro de la comunidad y tiene derecho a un lugar digno y económicamente seguro dentro de ella. Como señala Walter Wefers, “esto es lo esencial del principio, cuya perfección depende del progreso practicado por la legislación particular” para que los individuos alcancen su autodeterminación frente a las asimetrías de poder en la sociedad e impidan el dominio tanto de oligarquías como de un género sobre otro. Además, la noción de Estado social es fundamental para establecer el derecho colectivo de las nuevas generaciones a disponer de los aportes de la naturaleza y proteger los ecosistemas.

La noción de Estado democrático y social de derecho proviene de la constitución alemana actual. Una parte de la derecha chilena toma a Alemania como ejemplo de economía capitalista de libre mercado, lo que es totalmente discutible si se considera que allí las relaciones laborales se basan en negociaciones colectivas con entera titularidad sindical por rama o territorio y en la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas de mayor tamaño, entre otras características que los economistas neoliberales chilenos consideran un sacrilegio antimercado. No es casual, en este sentido, que el modelo alemán se denomine “economía social de mercado”. En realidad, Alemania es un buen ejemplo de una economía mixta dinámica que favorece la innovación y no el rentismo basado en la extracción sin límites del excedente producido por el trabajo o por la apropiación privada de los recursos naturales, con un sector privado con grandes empresas pero también una fuerte red de empresas medianas y pequeñas dinámicas que pagan buenos salarios con protección social (como BioNTech, que ha contribuido a crear en tiempo récord una de las nuevas vacunas innovadoras contra el COVID-19), sujetas a amplias regulaciones sociales y ambientales que tienen el efecto de estimular la innovación (como subraya Daren Acemoglu, la maximización de excedentes no puede producirse por la vía de restricciones salariales en la empresa individual sino aumentando la productividad y promoviendo el cambio tecnológico). Por ello, la derecha chilena no toma a Alemania como ejemplo constitucional en el tema crucial de los fundamentos del Estado y de la prevalencia del interés general. 

La mencionada constitución señala que “la República Federal es un Estado federal democrático y social» (arts. 20 y 28), lo que se traduce en que “la propiedad obliga, su uso tiene que servir al mismo tiempo a la comunidad” (art. 14, II). El concepto clave en la materia es que el objeto más valioso (la comunidad) no debe ceder terreno frente al menos valioso (la propiedad). 

La nueva constitución está llamada a establecer el marco en el que la libertad económica y la propiedad privada de los recursos tengan como límite el interés general. Por lo demás, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece no el “derecho de propiedad” sino que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. La diferencia es sustancial, pues, aunque señala que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, la Declaración no se refugia en la defensa irrestricta de la propiedad individual de todo recurso económico tan cara a las derechas en el mundo. El concepto de “derecho a la propiedad” incluye el acceso a formas de democracia económica como la propiedad cooperativa y/o de interés general o la participación de los trabajadores o de fondos públicos (por ejemplo provenientes de una parte de las grandes herencias) en la propiedad de la empresa privada, e incluye la propiedad estatal. En suma, se trata de establecer que la propiedad individual sobre los recursos económicos no puede ser sustancialmente contradictoria con el objetivo indicado por la Declaración Universal, que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 deben ser la base constitucional del Estado social. Este Pacto, que fue suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y promulgado el 28 de abril de 1989, prevalece sobre la legislación interna desde la reforma constitucional plebiscitada el 30 de julio de 1989 (esto fue lo que permitió, en particular, la prevalencia de los tratados sobre derechos humanos por encima de la ley de amnistía de 1978). La prevalencia fue reiterada en la reforma constitucional del 24 de diciembre de 2019, que indica que “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define que la nación debe “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, a la vez que establece el derecho  a “una mejora continua de las condiciones de existencia” y el “derecho a trabajar, que incluye el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” con “una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”. Consagra, además, el  derecho de huelga y el “derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección”, además del derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación y al acceso a la cultura. 

En la dimensión de género, el nuevo Estado social debe garantizar constitucionalmente la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluyendo el igual acceso de mujeres y hombres a las responsabilidades políticas, profesionales y sociales. Debe establecer el principio de la acción positiva para alcanzar la paridad en los cargos de representación popular, en los cuerpos directivos de la administración pública, de las empresas y de las organizaciones no gubernamentales. En la dimensión ambiental, la nueva constitución debe consagrar que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación y a la protección de la naturaleza que provee los aportes eco-sistémicos para la sustentabilidad humana. Y también establecer que toda persona tiene el deber de participar en la protección del medio ambiente y de contribuir a la reparación de los daños causados a los ecosistemas.

La derecha, al aprestarse a negar la pertinencia de la noción de Estado democrático y social de derecho, está negando que Chile sustituya por una democracia en forma la plutocracia -el dominio de los más ricos- hoy vigente por el poder de veto que le otorga a la derecha la constitución de 1980. Es una razón más que suficiente para procurar que esta corriente política y los intereses que representa -hostiles a la soberanía popular, a la igualdad social y de género y al límite ambiental de la actividad económica- no obtenga el tercio de la representación en la elección de abril próximo a una Convención Constitucional. Si así ocurriera, esto le daría una vez más el derecho a vetar el destino de Chile, a pesar de la mayor rebelión social que haya conocido la historia reciente del país. 

Hacia un nuevo régimen político

En La Mirada Semanal

El debate sobre la nueva constitución ha estado marcado por el tema de los derechos y especialmente los nuevos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, dada la amplia voluntad de ruptura con el modelo económico-social actual. Sobra advertir, no obstante, que garantizar estos derechos dependerá solo en parte de su exigibilidad judicial, que eventualmente la nueva constitución establecerá en algunos casos, si es que llega a hacerlo. La regla de 2/3 de aprobación de sus normas prefigura una constitución de mínimos.

Los principales problemas económico-sociales no serán, en cualquier caso, resueltos por la constitución. Lo importante, y ya sería un gran cambio, es que ésta no impida hacerlo a los sucesivos gobiernos democráticos, lo que supone desechar todo veto institucional en la formación de las leyes. Los derechos fundamentales deben ser cautelados no por quórums supramayoritarios sino por una regla de modificación por mayoría simple ratificada por dos legislaturas sucesivas.  Las instituciones no deben nunca más incluir vetos institucionalizados de la minoría como los introducidos en la constitución de 1980 (los que no existían en la constitución de 1925) ni órganos que violenten la soberanía popular.

Pero la nueva constitución debe poner especial acento en establecer instituciones que faciliten la gobernabilidad de la sociedad y de las instituciones. La Convención Constitucional es la ocasión histórica para consagrar la idea del Grupo de los 24 enunciada en 1978 -con un arco de la DC al PC- sobre establecer en Chile un régimen semipresidencial o semiparlamentario.

En este tipo de regímenes políticos, en caso de una crisis social que haga perder legitimidad a las autoridades de gobierno y al parlamento, como la que ha ocurrido desde octubre de 2019 en Chile, el mecanismo de elecciones anticipadas está contemplado en las constituciones respectivas. Es un modo de volver a hacer representativas las instituciones en caso de crisis que ayuda a la estabilidad y continuidad del régimen democrático. En las crisis, es el pueblo el que resuelve. Los regímenes presidenciales a la norteamericana no tienen esa flexibilidad, pues están basados en contrapoderes institucionales ("checks and balances") que se supone limitan el ejercicio gubernamental, lo que es un buen principio para hacer respetar los derechos fundamentales que la sociedad haya concordado. Para ese fin debe funcionar la separación de poderes, especialmente un poder judicial y un parlamento independientes del ejecutivo. Pero ese esquema institucional también puede, en algunas circunstancias, paralizar el ejercicio gubernamental en un choque permanente entre ejecutivo y parlamento, mientras el poder judicial puede contradecir indebidamente la voluntad popular con jueces políticamente parciales. No olvidemos que una confrontación de gobierno y parlamento produjo en 1891 nada menos que una guerra civil en Chile, mientras facilitó de manera sustancial el golpe de Estado de 1973, cuando la Cámara de Diputados hizo un llamado directo a las FF.AA interpretable como una incitación  a derrocar al gobierno, en uno de los errores históricos más notorios de la democracia cristiana aliada a la derecha, lo que la junta militar invocó para justificar su sangriento golpe contra la democracia.

En el Chile pinochetista, la inspiración esencial de la constitución impuesta en 1980 fue la idea retorcida de una "democracia protegida", en la que el pueblo resuelve lo menos posible, es decir a lo más elige unas autoridades que no puedan hacer mucho frente a las oligarquías dominantes, a través de mayorías vetadas por minorías a su servicio en el parlamento (abundantemente financiadas por el poder económico) o por tribunales constitucionales concebidos para actuar contra la legítima voluntad mayoritaria en materia económico-social antes que para proteger los derechos fundamentales. Esto deberá quedar como un mal recuerdo en la historia de las instituciones políticas del país originado en tiempos de oscuridad que se prolongaron indebidamente en el largo proceso de recuperación-recreación democrática.

En un nuevo régimen semi-presidencial, cuyos ejemplos más notorios son Francia y Portugal, el Presidente de la República debe ser el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas. En una nueva distribución de roles, el Presidente debe velar por el normal funcionamiento de los poderes públicos y ejercer la supervigilancia del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Debe ser elegido, como en la actualidad, por sufragio universal para un período de cuatro años con posibilidad de una reelección consecutiva. El Presidente debe tener la potestad de nombrar a un Primer Ministro, el que a propuesta del primero debe nombrar a los demás miembros del gobierno y al personal civil y militar del Estado de confianza de las autoridades electas, reducidos a muy pocos cargos en beneficio de una administración pública profesional. La política gubernamental y la agenda legislativa deben ser de responsabilidad del Primer Ministro, que debe contar con la confianza de la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados. El primer ministro debe ser quien determine y dirija la política de la Nación y la acción del gobierno y ser responsable ante la Cámara, así como ejercer la potestad reglamentaria. El Presidente, a su vez, debe ser quien firma los decretos acordados en el Consejo de Ministros y lo  preside. 

El Presidente, en consulta con el Primer Ministro y el presidente de la Cámara, debiera poder disolverla y convocar a nuevas elecciones por una vez durante su periodo de ejercicio. El Senado debiera ser una cámara territorial cuya capacidad legislativa no prevalezca sobre la de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por tanto ser una entidad revisora de las legislaciones con perspectiva territorial. El Presidente, a propuesta del gobierno o de la Cámara, debiera poder someter a plebiscito cualquier proyecto de ley sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a  la política económica, social y ambiental y a los servicios públicos que concurren a ella, o que proponga la ratificación de un tratado internacional. 

La Cámara de Diputadas y Diputados debe lógicamente seguir siendo elegida por sufragio universal, pero con un sistema proporcional efectivo de asignación de escaños a partir de un umbral de votación para evitar la fragmentación del sistema político (5%) entre listas de partidos e independientes, pero con distritos que no distorsionen la igualdad del voto y que se adapten periódicamente y de manera automática a ese principio.  Debe votar la ley, sin perjuicio de la revisión por el Senado, y controlar  al gobierno y sus políticas. Sus miembros deben ejercer el cargo por un máximo de dos periodos consecutivos. En el proceso de formación de la  ley no debe existir otro quórum distinto al de la mayoría simple de los presentes o de la mayoría de los miembros del parlamento. No deben ser admisibles los proyectos de ley o indicaciones a la ley formuladas por los miembros del parlamento cuya aprobación tenga como consecuencia una modificación de los ingresos públicos o la creación o ampliación de un gasto público o de empleos públicos para otorgar una indispensable coherencia a la política económica y a la gobernabilidad de la economía en base al interés público.

El próximo gobierno, dado el calendario institucional, será elegido con las reglas hoy vigentes, pero deberá realizar la transición a las nuevas reglas que concuerde la Convención Constitucional y apruebe la ciudadanía mediante plebiscito a mediados de 2022. Las condiciones de ejercicio del próximo gobierno serán determinantes para afianzar un nuevo régimen político democrático estable, a la par de realizar transformaciones sustanciales que son urgentes para salir de la crisis política, social y económica estructural en la que el país está envuelto. No será un desafío cualquiera, que requerirá claridad de objetivos y mucha voluntad de llevarlos a la práctica para no volver a decepcionar a la sociedad. Y debe contar con un diseño institucional que mejore sustancialmente el hoy día vigente para hacer efectiva la tarea gubernamental y relegitimar la democracia por un, ojalá, largo período de tiempo.

De nuevo el debate sobre Venezuela

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A los partidarios chilenos de Maduro les parece pésimo que vote menos del 50% de los ciudadanos en Chile. Que en Venezuela vote menos del 30%, no les parece un problema. Gran coherencia. En ambos casos, la democracia está en crisis, aunque por razones diferentes, claro. Y la tarea es fortalecer la democracia, no debilitarla, en las dos situaciones.

Pensar de ese modo supone tener la convicción que una democracia participativa y autónoma de los poderes oligárquicos internos y de la intervención externa es el espacio y límite de la transformación social para superar progresivamente la desigualdad y la falta de libertad real que atenta contra la dignidad humana. Es sostener, a la vez, que la democracia es la principal barrera de contención del intervencionismo norteamericano, en alianza con los progresismos latinoamericanos y de otras partes del mundo, incluyendo los de Estados Unidos. Y que no tiene sentido justificar alianzas con rusos, turcos e iraníes, como hace Maduro, que no se ve qué puedan tener que ver con progresismo alguno. A la vez, el voluminoso endeudamiento con China le permitió a Chávez y luego a Maduro paliar en parte la increíble destrucción de la industria petrolera (la gallina de los huevos de oro) por incapacidad de gestión y por corrupción en los últimos 20 años, no atribuible a nadie más que a su régimen. Pero no se puede saber qué estrategia de desarrollo nacional puede ser esa, mientras en paralelo la producción de alimentos ha sufrido un gran retroceso. Vivir del petróleo, aunque sin siquiera cuidar la solidez de la rama sobre la que se está sentado, y atrincherarse con los militares asociados a la gestión centralizada, inepta y corrupta de la economía (como desgraciadamente cualquier observador más o menos acucioso puede constatar, aunque también sea usado por la propaganda derechista) no es exactamente un proyecto de sociedad progresista, si se permite la ironía.

Y un colofón: la democracia supone aceptar la alternancia en el poder, incluso cuando una mayoría decide seguir una política pro-norteamericana y pro-oligárquica y burguesa. Si así ocurre, es por incapacidad de la izquierda y de los progresistas de representar a la mayoría social, por mucho que la CIA y los oligarcas hagan todo tipo de maniobras, como sabemos que siempre hacen, en defensa de sus intereses. Cuando estos factores de poder interrumpen los procesos democráticos con golpes y violencia dictatorial, la resistencia popular es el único camino. Pero impedir que la voluntad mayoritaria se exprese, aunque en algún momento favorezca intereses minoritarios, no veo qué pueda tener que ver con los valores y el proyecto histórico de la izquierda de mayor libertad a través de mayor igualdad. Al revés, suspender o limitar garantías democráticas favorece a la larga a las oligarquías y al intervencionismo externo al despojar a todo proyecto popular y nacional de su legitimidad fundamental: ser expresión de la mayoría social. Y, como demostró el caso del MAS en Bolivia, cuando una mayoría social es consistente y su conducción política organizada es adecuada, termina por imponerse a las maniobras antidemocráticas.

Pensar que regímenes burocrático-militares como los de Venezuela o Nicaragua, o incluso teocracias islamistas, son defendibles porque se confrontan con Estados Unidos, es simplemente un error binario y simplista en el que las izquierdas no deben caer. La transformación orientada a la emancipación social igualitaria y libertaria o bien es democrática en sus fines y en sus métodos o bien simplemente no es tal.

Los dilemas de la oposición y de la izquierda

En La Mirada Semanal

Para analizar los actuales dilemas de la oposición y de la izquierda, hay que remontarse un poco en la historia reciente. Cabe recordar que terminar con la dictadura implicó juntar a las más amplias fuerzas democráticas, lo que suponía desechar una poco viable opción insurreccional y buscar una movilización masiva de desborde y también un pacto de salida, lo que ocurrió. En paralelo, después de la experiencia de la polarización extrema de 1970-73, una conclusión más o menos generalizada fue que, para que fuera estable, todo proyecto de cambio debía concebirse con gradualidad y con entendimientos con el centro, cuya expresión partidaria, la DC, estuvo disponible para iniciar un camino de gobiernos de coalición con la izquierda socialdemócrata y socialista y los radicales. En cambio, el Partido Comunista experimentó una radicalización que aumentó su realidad de exclusión y que contrastó con su previa historia vinculada tanto a las instituciones como al movimiento social. Se abrió una prolongada grieta en la izquierda que hizo que la transición fuera dominada por el centro político. 

Estos procesos marcaron una evolución política de tres décadas con éxitos (estabilidad democrática, crecimiento económico, aumento del gasto social, lento pero significativo avance en materia de derechos humanos) y fracasos, el principal de los cuales fue la persistencia de la desigualdad y la concentración extrema de la riqueza, provocada por una cierta aceptación resignada de la continuidad del dominio oligárquico sobre las instituciones. Esto desdibujó a la postre tanto al centro como a la izquierda en una nebulosa llamada "centroizquierda", es decir un centro blando, pragmático y burocratizado. Los partidos tradicionales perdieron su conexión con la sociedad y sus aspiraciones y no se hicieron cargo de las frustraciones de las nuevas generaciones, en medio de un fuerte cambio económico, social y cultural. Esto permitió la reconstrucción de la derecha como alternativa, beneficiada por privilegios institucionales indebidos y por la abstención creciente y finalmente masiva del electorado joven y aquel que las izquierdas y el centro dejaron de representar. En efecto, se consagró en los últimos quince años una evolución clientelista -luego de una prolongada exposición al poder gubernamental- de los partidos progresistas tradicionales, que perdieron su empuje transformador en favor de la presencia en el Estado. Estos factores llevaron a dos victorias de la derecha, cuya carencia de todo proyecto integrador provocó la crisis de 2011, que evidenció la ausencia de movilidad social efectiva indispensable para estabilizar el orden económico-social híbrido existente en el país, es decir una mezcla finalmente explosiva de liberalismo económico y social extremo, de presencia estatal en algunos ámbitos y de cierto aumento del gasto social. Y esa carencia de proyecto integrador llevó más tarde a la crisis social y política actual, que terminó cuestionando al conjunto del sistema de representación y rompió finalmente el status quo post transición.

Aquellos a los que la transición siempre nos pareció un momento necesario pero que debía ser breve en la evolución institucional, y ciertamente no constituía un modelo de acción política ni menos de sociedad, acogimos esta ruptura con entusiasmo, pero con la idea de que tenga una traducción política que sea una alternativa a la ingobernabilidad. Desde el ángulo de la izquierda democrática, a cuyas ideas adscribimos (ver https://lamiradasemanal.cl/en-defensa-de-la-izquierda-por-gonzalo-martner/), delinear esa alternativa no tiene nada de imposible. Para establecer una nueva constitución en las condiciones pactadas el 15 de noviembre de 2019, se requiere que un tercio de izquierda con convicciones y fuerza política impida todo intento de dar continuidad al dominio oligárquico. Además, ese tercio sólido debe promover un nuevo orden en lo institucional (con reconocimiento de un estado plurinacional, paritario y descentralizado), en lo político (con normas de aprobación de las leyes que reflejen el principio de mayoría con respeto pero sin veto de la minoría), en lo económico (con normas que habiliten el rol del Estado en la economía), en lo social y cultural (consagrando derechos como los que Chile ya firmó en la materia décadas atrás en tratados internacionales) y en lo ambiental (con derecho a un medio ambiente libre de contaminaciones y el deber de preservar la resiliencia de los ecosistemas). Para eso se necesita una lista a la Convención Constitucional con esos propósitos que obtenga al menos un tercio, la que debe unir al menos al Frente Amplio con el aporte del socialismo y el progresismo de izquierda (y sin los liberales y otros que tienen concepciones económicas de derecha) y del pacto del PC y el regionalismo. Al parecer, ese ha sido el sentido de los reacomodos y crisis de las últimas semanas de y en diversos grupos políticos, con un decantamiento más bien positivo, aunque en medio de bastantes confusiones que no ayudan a recomponer el nexo entre ciudadanía democrática y política, que en primer lugar necesita claridad. Es de esperar que el punto de partida haya sido el plebiscito del 25 de octubre y que este no haya sido una golondrina que no hace verano. La neo-concertación (Unidad Constituyente) ojalá se sume a posiciones de este tipo, pero se debe razonablemente ser escéptico por su carácter líquido, la presencia en su seno de neoliberales convencidos y por la tendencia de los que no lo son a pactar posiciones burocráticas antes que posiciones políticas. A partir de una base primordial sólida de una izquierda recompuesta en la diversidad, que incluya a fuerzas con otras adscripciones como el regionalismo, el feminismo y el ecologismo, se podrá buscar los demás acuerdos para consagrar una nueva constitución despojada de lastres dictatoriales y oligárquicos que permita un reencuentro de toda la sociedad con las reglas democráticas de convivencia.

En un plano más inmediato, para conducir los nuevos gobiernos regionales y los municipios a partir de 2021, es razonable que se busquen acuerdos del conjunto de las fuerzas no derechistas para decantar candidaturas mediante primarias o, en el caso de los gobernadores regionales, acuerdos de segunda vuelta. Estos procesos están más o menos en curso, no sin dificultades, con un sistema de partidos muy fragmentado.

Para un nuevo gobierno, se requiere construir una alternativa a la derecha que no reproduzca la experiencia de la Nueva Mayoría. De paso, resulta risible el anticomunismo del que hacen gala quienes gobernaron cuatro años con el PC entre 2014 y 2018. La lección es que en ese amplio bloque nunca hubo un acuerdo programático ni coherencia gubernamental, en especial en materia laboral, tributaria, educacional y de salud, con un boicot que venía no solo desde la derecha sino también desde los neoliberales dentro del gobierno y sus aliados en el parlamento que supuestamente apoyaban a la presidenta Bachelet. 

Un próximo gobierno debe construirse con un acuerdo de cuatro años sólido y reclamable a todos sus componentes durante todo el período de gobierno, lo que requiere de un liderazgo presidencial basado en convicciones y, vista la experiencia, en la voluntad persistente de hacerlas avanzar. Un cambio hacia un nuevo régimen semipresidencial puede, eventualmente, implicar que ese acuerdo de gobierno se vote en el parlamento por una mayoría que se comprometa sólidamente por cuatro años. Si ese cambio demora o no se produce, de todas maneras el acuerdo de coalición con mayoría en el parlamento debe ser la base de la gestión gubernamental a partir de marzo de 2022, en vez de la incoherencia del gobierno anterior o del caso a caso desastroso del actual gobierno. Parece del todo evidente que la tarea principal del nuevo gobierno va a ser, además de hacer funcionar la nueva constitución, conducir una salida de crisis con una prioridad en la creación de empleos decentes y de nuevos soportes de ingresos para los sectores más frágiles de la sociedad. Esto supondrá una política macroeconómica y tributaria coherente para reestimular el consumo mediante redistribución de los ingresos, ampliar la inversión en infraestructura, bienes públicos, espacios urbanos y recuperación de los ecosistemas, diversificar la economía con énfasis en un nuevo modelo energético y de industrialización pertinente y sostenible de los recursos naturales, junto a establecer mecanismos de seguridad social dignos de ese nombre en pensiones y salud y un impulso a la educación pública, en un todo coherente que conduzca hacia un nuevo modelo de desarrollo y bienestar.

Las AFP, el mercado de capitales y el ahorro

Primera versión en La Mirada Semanal

En estos días ha aparecido con ribetes de escándalo una realidad cotidiana del mercado de capitales: la existencia de conflictos de interés, en un mecanismo en el que los ahorros obligatorios de los trabajadores se invierten, a través de las AFP, en negocios “triangulados” con dueños de AFP, gestores financieros y dueños de patrimonios bursátiles abultados. Entre ellos se cuenta el actual presidente de la República, que tiene una amplia fortuna financiera supuestamente gestionada sin su intervención, lo que es materia de duda razonable. Recordemos que en 2007 pagó una multa por hacer algo que está altamente penalizado en los países con capitalismo regulado (allí le hubiera significado prisión): utilizar información privilegiada como miembro de un directorio para realizar operaciones bursátiles a costa de los demás participantes del mercado de capitales, incluyendo los fondos de pensiones de los trabajadores. Lo propio ocurrió con la maniobra de las "cascadas" de Ponce Lerou, con el mismo resultado. Aunque la Superintendencia de Pensiones, jerárquicamente subordinada al presidente, ha declarado que la operación ahora denunciada de uso de fondos administrados por una AFP para triangularlos y canalizarlos a dueños de esa AFP no excede los límites legales, debe investigarse por el parlamento y clarificar si existe o no en el caso un interés financiero de Piñera y de qué magnitud y, en caso de violación de la ley, remitir las conclusiones a la fiscalía. 

Pero el debate es más amplio. A estas alturas ya no es solo sobre cómo regular mejor el sistema de AFP, sino que también sobre como sacarlo de la previsión social obligatoria. El amplio apoyo que ha tenido el retiro de fondos desde las AFP -que para millones de personas significa quedarse sin pensión autofinanciada- se basa en la percepción de que el objetivo del sistema no es proveer adecuadas jubilaciones (midiendo lo adecuado como la tasa de reemplazo de los salarios de los últimos años en la vida activa por la pensión al momento de jubilarse) sino favorecer intereses empresariales. Esa percepción está lejos de ser equivocada. En efecto, los ahorros de los trabajadores son utilizados para fines de acumulación privada de capital con financiamiento barato y continuo, mientras las utilidades de las administradoras son más que excesivas (lo que ha atraído capitales extranjeros a su propiedad). Esto es consecuencia de que las comisiones de administración se cobran por flujo y no por monto acumulado, lo que no tiene justificación económica, y por falta de competencia. Mientras, a una persona con lagunas previsionales en la mitad de su vida activa (es el caso de la mayoría) las AFP le garantizan una pensión con una tasa de reemplazo de no más de 25%, en un contexto futuro de probable menor rendimiento de largo plazo de las inversiones. Esto se agrava para las mujeres por construcción del propio sistema. Aunque pueden existir jubilaciones anticipadas, la edad de jubilación de las mujeres es a los 60 años (5 menos que los hombres) y tienen una esperanza de vida 4 años superior a la de los hombres. Como se usan tablas de mortalidad para calcular rentas vitalicias diferenciadas por sexo (en Europa cualquier cálculo actuarial que involucre la esperanza de vida debe perentoriamente hacerse sin hacer esa diferenciación), el resultado es que las pensiones de las mujeres son increíblemente bajas en términos de tasa de reemplazo.

¿Por qué esta configuración institucional proclive a la hiperconcentración del capital y a proveer bajas pensiones se ha mantenido por cuarenta años? Ocurre que las AFP nacieron en una dictadura y se han encargado de influir desde la transición en el sistema político para que el oligopolio que constituyen no sea regulado debidamente. Y lo han hecho de manera abierta y desembozada, nombrando a ex ministros y ex parlamentarios de la mayor parte del espectro político en sus directorios, los que no lo han rechazado, como debieran, además de tener el apoyo irrestricto de la derecha en representación directa de los intereses de la oligarquía financiera. Esto ha facilitado impedir, entre otras cosas, cualquier debate sobre la representación de los afiliados en las decisiones, como resulta obvio en todo sistema de previsión social, más allá de un comité consultivo sin importancia. 

Pero ahora se han presentado otros apoyos para tratar de sostener el sistema de AFP.  En la presentación reciente del Informe de Estabilidad Financiera, el presidente del Banco Central ha sostenido que "retirar fondos previsionales significa reducir el ahorro de los trabajadores (...). Una economía para crecer y no depender exclusivamente del financiamiento externo, tiene que tener ahorro doméstico". Para el Banco Central, el que una gran mayoría de personas no tenga ingresos suficientes para enfrentar la crisis del coronavirus -que el gobierno debiera haber provisto a través de un mayor gasto en seguro de desempleo e Ingreso Familiar de Emergencia- no merece mayor mención. Constata que los retiros desde un sistema de cuentas individuales reducen el ahorro, lo que es bastante obvio y, dicho sea de paso, es una excelente noticia macroeconómica en un momento de derrumbe de la demanda interna. Pero no se detiene en dar cuenta que el sistema de AFP se ha justificado con la ideología de la propiedad privada sobre los ahorros, lo que es equívoco porque solo la cotización es individual mientras el conjunto de variables que determinan la rentabilidad del ahorro está socialmente determinado. A ese título, las personas afectadas por la crisis percibieron que estaban en su derecho de presionar para utilizarlas en la emergencia. Y si bien es verdad que los retiros harán en el futuro todavía más bajas las pensiones de las AFP o inexistentes para muchos, se trata de un nuevo argumento para sacarlas del centro del sistema de pensiones, alternativa que el Banco Central no menciona. Seguramente considera que no le corresponde hacerlo, lo que es verdad. Pero en cambio, se dedica a defender el sistema de AFP, lo que tampoco le corresponde hacer.

Es altamente ideológico y parcial que el argumento de la necesidad de sostener un consistente flujo de ahorro doméstico prácticamente se reduzca, en el enfoque del Banco Central, al ahorro forzoso previsional de los asalariados en AFP. Ya en el parlamento el conjunto de la oposición sostiene que las cotizaciones adicionales de 6% del salario que se han pactado deben ir a lo menos en parte a un mecanismo de ahorro colectivo, lo que conceptualmente el Banco Central debiera saludar como un nuevo mecanismo de fortalecimiento del ahorro doméstico. Pero no lo hace, porque está imbuido de una ideología particular: la defensa de la capitalización individual. ¿Por qué el Banco Central no dice nada sobre el riesgo financiero sistémico, salvo algunas palabras de buena crianza en algún informe, que representa la insólita concentración del capital en Chile en pocos conglomerados, que esa capitalización individual dominada por las AFP ha favorecido?

El INE publicó recientemente un informe que revela que la mediana de los ingresos de los ocupados era de 401 mil pesos y el promedio de 621 mil pesos en 2019. La participación del ingreso del trabajo en el ingreso total se puede estimar en una cifra inferior al 40%, muy por debajo de los países más avanzados, cuyas cifras son del orden del 60-70%. ¿Esos son los únicos agentes económicos llamados a ahorrar internamente para que las empresas hiperconcentradas sigan obteniendo financiamiento barato para seguir acumulando capital, enriqueciendo a un puñado de oligarcas y sosteniendo un consumo de hiperlujo? 

Convengamos que el ahorro doméstico también está constituido por el ahorro de los perceptores de ingresos de capital, del estímulo de la reinversión de utilidades y de ese otro ahorro forzoso que constituyen los impuestos. En efecto, un tercer componente del ahorro interno, además del que proviene potencialmente de los ingresos del trabajo y del capital, es el que constituye la diferencia entre los ingresos corrientes (impuestos) y los gastos corrientes del Estado, es decir el ahorro público. No hay ninguna razón para que en el futuro el Estado no incremente el ahorro público mediante una reforma tributaria progresiva centrada en los ingresos del capital y la reducción de gastos superfluos, en vez de seguir manteniendo un modelo económico que funciona en base a bajos salarios y a ahorros forzosos de esos bajos salarios. 

El Banco Central parece no haber caído en la cuenta que el modelo vigente de hiperconcentración del capital financiado por los ahorros de los trabajadores y por todo tipo de exenciones tributarias a los ingresos y ganancias de capital -asociado a lo que llaman crecimiento, sin preguntarse mayormente a quién beneficia ese crecimiento- se agotó socialmente. Pero, además, el suyo es una mal razonamiento en esta coyuntura. El Banco Central no entiende suficientemente que estos son tiempos de sostenimiento de la demanda agregada para evitar un colapso económico y del empleo. Solo una vez pasada la emergencia debe restablecerse una senda de incremento del ahorro, pero ahora al servicio de objetivos distintos de la concentración de capital en pocas manos y en particular a favor de un proceso de inversión que permita ampliar la infraestructura de bienes públicos y una transición rápida hacia  la carbono neutralidad en Chile.