Las casitas del barrio alto: élites y oligarquías

Primera versión en La Mirada Semanal

En estos días se difundió como un gran fenómeno el que tres comunas del barrio alto aparezcan como lo que son desde siempre: las comunas más ricas del país que votan mayoritariamente por la derecha, y que en esta ocasión fueron de las pocas en que ganó el rechazo a una nueva constitución.  

Está bastante estudiado (por historiadoras como Sylvie Laurent, por ejemplo) que en las colonias americanas las minorías que se apropiaron de las tierras y las explotaron con mano de obra esclava o semi-esclava han vivido culturalmente bajo el “fantasma de la desposesión”, es decir el temor a la rebelión y violencia de los afectados. Lo que, a su vez, refuerza la tendencia a la resolución violenta de conflictos por los grupos dominantes. Por ello, las oligarquías económicas tradicionales y las emergentes siempre han constituido Estados gendarme y fuerzas armadas sobre-dimensionadas. Y habitado espacios físicos separados de las clases sociales subordinadas, aunque necesitan diversos servicios provistos por ellas. Esto explica que las ciudades sean socialmente más segregadas en América Latina que en otras partes y que su comportamiento electoral esté geográficamente polarizado. 

No otra cosa es lo que confirmó el resultado electoral del domingo. Pero hay quienes insisten en sostener nuevas versiones de la teoría de la oposición pueblo-élites, en una curiosa interpretación de su dimensión territorial. Daniel Matamala, por ejemplo, sostiene que "mientras muchos en la clase dirigente hablan de un Chile polarizado, enfrentado entre izquierda y derecha, el mapa electoral de ayer demuestra todo lo contrario: el Apruebo ganó en prácticamente todas la comunas ... excepto en ...Colchane (región de Tarapacá), la Antártica y las tres comunas más adineradas del sector oriente de Santiago: Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura". 

¿Todo lo contrario? Lo que quedó establecido el domingo 25 es que existe una derecha que pierde adhesión social y política, como en los años 1960, lo que se expresó en que solo las comunas del barrio alto (y dos pequeñas) rechazaron en tanto tales una nueva constitución. Pero ocurrió lo propio en otros barrios altos en el resto del país. Este fue un clivaje electoral de posición social, además de un clivaje ideológico respecto a la democracia, los que además están fuertemente correlacionados. Matamala insiste en una tesis que llama la atención por lo poco fundada: "¿Cuál es la fractura, entonces? Tal como en la marcha del millón, no es una división entre izquierda y derecha, sino entre ciudadanos y élites. Esas élites que dominan el poder político y económico del país, y que viven mayoritariamente en esas tres comunas más ricas de Chile". Este razonamiento no tiene lógica, en el sentido que la conclusión no deriva de una premisa que la sostenga. El clivaje es entre la mayoría social y el gobierno de derecha y el sistema económico oligárquico que defiende. ¿Por qué esta negativa a constatar que la expresión política de la oligarquía económica -que no quería una nueva constitución, en boca expresa del señor Juan Sutil- es la derecha empresarial y la de los Allamand, JVR y JAK, y que ésta conglomeración de intereses y sus representaciones perdió el domingo? ¿Y que, sin perjuicio del generalizado desprestigio de los partidos, los que marcharon hace un año lo hicieron primordialmente contra un modelo socio-económico y contra el gobierno de la derecha (un pequeño recorrido por esa marcha ilustraba a cualquiera acerca de lo que se opinaba sobre Piñera, lo que la buena educación no permite reproducir)? ¿Era imaginable una marcha así contra el gobierno de Ricardo Lagos o los de Michelle Bachelet?

La división principal en la sociedad chilena tiene como trasfondo, aunque algunos no quieran reconocerlo, un conflicto de interés primordial que se llama concentración económica, alrededor del cual se estructuran posiciones sociales y políticas más o menos estables, las que van teniendo distintos balances de poder en cada etapa histórica. Y convengamos, algo que algunos encuentran indiscreto plantear, que en materia política lo que importa son los balances de poder entre clases y categorías sociales y sus representaciones institucionales y sociales. Los individuos importan, pero siempre tienen grupos de pertenencia, aunque algunos lo nieguen, más allá del estatuto de ciudadanía. Ese balance de poder es lo que define lo que hace o no el Estado, este órgano que gasta un 25% del PIB, mantiene el monopolio del uso legítimo de la coerción (diría Max Weber) y regula múltiples actividades privadas. La idea según la cual existe una élite que reúne a todos los sectores, ideologías y representación de intereses que se pone de acuerdo para beneficiarse de los ciudadanos es simplemente una excusa para esconder lo principal: hay un 1% de la sociedad que concentra el poder económico y que no tiene nada que ver con la élite cultural (la múltiple expresión del mundo del conocimiento y de las artes) y social (la múltiple expresión de las organizaciones sociales y cívicas de toda índole y de sus liderazgos) del país, e incluso con la mayor parte de la élite política. Este poder le otorga una ventaja ilegítima para manipular los medios de comunicación y, cuando éste deja que así ocurra, lo que no siempre es el caso, al propio sistema político. Sabemos que en Chile una parte de los representantes políticos ha recibido por mucho tiempo subsidios electorales ilegales de la gran empresa, además de los legales desde 2003, incluso después que se estableciera el financiamiento público. El poder económico influye en votaciones parlamentarias de leyes tributarias, laborales y sectoriales en su favor, más allá del apoyo esperable por parte de la derecha que la representa directamente. Pero no todo el mundo político le está sometido. El poder económico no lo ejerce una élite indistinta, de la que formarían parte tanto los dueños de este poder como personas influyentes de distinto signo, y también los contrapoderes con valores, ideas e intereses diferentes si no contrapuestos a los del poder económico. Una parte de los que defienden ideas transformadoras y los intereses de la mayoría social, y que por ello no se someten al poder económico, siguen siendo parte del esquema de representación o de otras esferas de influencia calificables como parte de la élite del país. Y el domingo 25 de octubre no perdieron, ganaron, junto a todos los ciudadanos de a pie que quieren dejar atrás una constitución espúria que protege a la oligarquía económica.

En Chile se cultiva hoy un resentimiento contra "la élite", entendida algo así como todos los que ocupan posiciones sociales de relevancia de cualquier tipo o algún cargo de representación o, en el extremo, tienen ingresos superiores a la media. La oligarquía realmente existente y los que no están dispuestos por temor o interés a llamar a la dominación de clase que ésta ejerce -con una mayor o menor resistencia del resto de la sociedad- por su nombre, se parapetan en la idea de que el conflicto social y político se produce entre la "élite" (que encarna todos los males) versus los "ciudadanos" (que encarnan todas las bondades). Se esconde con esta representación de la dinámica social la influencia de la oligarquía propietaria, la que ha estado sobredimensionada en el sistema político. Y también que la ha ido perdiendo, especialmente desde octubre de 2019, gracias a una rebelión de los jóvenes, en primer lugar, pero también de la mayoría de la sociedad y de la mayor parte de sus élites intelectuales, culturales, sociales y hasta deportivas. En cambio, una parte de las élites mediáticas ha estado más bien al debe.

Lo principal, y que no tiene sentido escabullir, es que hay en Chile una estructura social dominada por el grupo oligárquico del 0,1% que posee una parte inusitadamente alta de los ingresos y los patrimonios y que domina las posiciones más relevantes en la economía, las finanzas y la administración. Un análisis para 2019 con indicadores de ingreso, educación y empleo distingue 7 grupos socioeconómicos, con uno que representa al 2% de los hogares y cuenta con un 100% de sus sostenedores que trabajan en cargos directivos en empresas y son profesionales de alto rango, con ingresos familiares promedio de más de 7 millones de pesos al mes y educación superior completa. Además, existen otras 4 categorías que reúnen al 48% de las familias, en que se agrupan aquellas de ingresos y educación medios. Se trata de asalariados y no asalariados con ingresos familiares promedio que van de 1 a 3 millones, lo que incluye a la "clase media tradicional", con mayor educación y mejores posiciones profesionales, y también a una "clase media inestable", que sobrevive con rotación laboral frecuente y con un alto endeudamiento, que ha salido recientemente de la precariedad o está en riesgo de volver a caer en ella.

Al final de la escala de estratificación social se sitúan otros dos grupos, uno que reúne al 36% y otro al 14% de los hogares, los que tienen en promedio menos ingresos (641 y 342 mil pesos respectivamente) y educación media incompleta, que suman nada menos que la mitad del país. Se concentra aquí la mitad de las familias y personas en un mundo que podemos denominar (a instancias de Guy Standing) el "precariado". El grupo que constituye el 36% sobrevive en medio de una fuerte inseguridad económica, en una condición asalariada inestable o de trabajo por cuenta propia en microempresas, y se encuentra con un pie dentro y otro fuera de la "normalidad económica". Por su parte, el grupo que sobrevive en condiciones de marginalidad y muy bajos ingresos representa el 14% de la población. Su condición básica es la de ser una "variable de ajuste" del sistema económico, con una contratación que suele ser intermitente e informal, con menor participación femenina y en medio de la terciarización generalizada de actividades en las empresas de mayor tamaño. Un buen ejemplo del precariado moderno es el personal de los servicios de reparto a domicilio o de transporte del llamado capitalismo de plataformas, con fuerte presencia de migrantes, que viven en la ficción legal del trabajo por cuenta propia cuando ejercen una función asalariada subordinada, lo que la jurisprudencia de los tribunales del trabajo empieza a modificar. El precariado suele ser objeto, según los casos y situaciones históricas, de represión y/o de manipulación clientelística desde el sistema político. 

En esta configuración polarizada y fragmentada de la sociedad, es insuficiente la distinción simplificada entre la burguesía (dueña de los medios de producción) y la clase obrera (dueña de su fuerza de trabajo) para describir la estructura social vigente. En particular, no da cuenta de que la economía informal incluye un estrato de micro y pequeños propietarios (aunque poco capitalizados y precarios) y que la clase obrera minera y manufacturera tradicional es todavía  más minoritaria que antes (nunca fue mayoritaria en el siglo XX, dicho sea de paso).

Los llamados sectores medios (categoría heterogénea que se suele confundir con la condición de asalariado de servicios), tienen en la estructura social chilena la particularidad de que se fortalecen y debilitan en el ciclo económico, aunque se han hecho más numerosos en las últimas tres décadas. Los empleos en servicios sumaron nada menos que el 70,3% del total en 2019, según el INE, mientras los empleos en la producción de bienes (incluyendo la minería, la agricultura, la pesca, la manufactura, la construcción) representó el 29,7% restante. Esta evolución es la que lleva a algunos a sostener que la clase obrera habría desaparecido, y por tanto las bases de existencia de la izquierda, tomando sus deseos por realidades pues esta corriente política siempre ha tenido en Chile una base social policlasista. La chilena es hoy una economía predominantemente de servicios, pero siempre con una fuerte mayoría de asalariados y sin olvidar que las divisas (indispensables para sostener la inversión y el consumo) provienen de la producción de bienes exportables basados en recursos mineros y silvoagropecuarios, y muy poco de los servicios. Una parte de los empleos en servicios atienden a las empresas y suelen ser mejor pagados cuando incorporan conocimiento y tecnología. Otra parte, la mayoritaria, está constituida por empleos de servicios a las personas (educación, salud, trabajo doméstico asalariado), a veces bien pagados y las más de las veces con remuneraciones bajas. A su vez, la concentración económica ha llevado a que cerca del 50% del empleo asalariado sea provisto por la gran empresa en 2019 (que concentra el 87% de las ventas) y no ya por la pequeña y mediana, y que el 70% de las ocupaciones sean formales.

Lo pertinente parece ser, entonces, identificar como protagonista principal del conflicto de interés socio-económico en la sociedad chilena a la oligarquía económica propietaria de los activos económicos más productivos, la que se apropia de una alta proporción del ingreso nacional, y al 2% de familias de mayores ingresos, en contraste con un 48% de ingresos medios y un 50% de familias que sobreviven en condiciones precarias. La concentración económica incluye la apropiación privada del uso de recursos naturales que pertenecen a todo el país y el dominio de grandes conglomerados que operan en los sectores productivos, financieros y de servicios a las personas y las empresas (con SQM, las pesqueras y algunos bancos como emblemas de la intervención en el sistema político a partir del control de recursos colectivos). Al frente se sitúa una mayoría social heterogénea, que provee el trabajo calificado estable o bien el trabajo no calificado precario y/o intermitente que hace posible la continuidad del funcionamiento económico y que recibe bajas remuneraciones, aseguradas por una legislación laboral desfavorable e impuestos y transferencias de poco alcance. 

Según los datos del INE publicados después del plebiscito, la media y la mediana de los ingresos de los ocupados cayó en 2019. La primera alcanzó a 621 mil pesos y la segunda 401 mil pesos: la mitad de los ocupados gana menos de esa cifra. Esto es lo que la oligarquía económica no quiere asumir ni menos contribuir a corregir. Antes bien, se atrincheró este año en la defensa de la actual constitución. Y fue derrotada electoralmente. Ahora debe ser derrotada política e institucionalmente en los eventos que vienen. 

Es a la acción política a la que le cabe encauzar esa tareas, hoy más constituida (salvo la derecha, que ha limitado su fragmentación a cuatro partidos, tres de gobierno y uno de extrema derecha) por coaliciones de organizaciones políticas cada vez más fragmentadas y de movimientos sociales diversos en tamaño e importancia, antes que por los tradicionales grandes partidos de centro e izquierda.  El cambio político e institucional no ocurrirá por generación espontánea ni solo desde el mundo social, aunque su concurso será decisivo. Y deberá superar la descalificación persistente de la "clase política" o de "la élite", pues sin aquella política compleja y diversa que permite realizar políticas transformadoras desde el Estado, la sociedad y la cultura, y sin izquierdas y movimientos sociales que las impulsen con cohesión y consistencia, no habrá subordinación democrática del capital al interés general. Lo que persistirá será una sociedad oligárquica y desigual.

¿Hacia el fin de un modelo a la deriva?

En La Mirada Semanal

El plebiscito del 25 de octubre es un hito que potencialmente puede poner fin a un modelo neoliberal-clientelista de organización de la esfera pública que está hoy en crisis y a la deriva.

En efecto, es una idea neoliberal la de enfrentar una pandemia con “cuarentenas dinámicas”, con la subyacente tesis de la focalización, que impide abordar los desafíos de política pública en relación a los universos a los que debe dirigirse, en este caso los territorios en los que circula el virus por desplazamientos y concentraciones de actividad. Como siempre, la prioridad no fueron las vidas humanas sino mantener la continuidad de la actividad económica privada. Este enfoque de dirigismo proempresarial selectivo, que llevó a que a fines de abril Piñera planteara retomar las clases en las escuelas y realizar, en nombre de una "nueva normalidad", un “retorno seguro” de los asalariados a las empresas, requería dejar fuera a los municipios y a la salud primaria, salvo para distribuir cajas de alimentos en un acto de clientelismo de la peor naturaleza. En todo esto el gobierno tuvo que dar marcha atrás, frente a la evidencia del fracaso de su enfoque. 

El resultado fue que el número total de fallecidos en Chile por COVID-19 llegó al 16 de octubre a 17.956 casos, con 13.588 ratificados con examen PCR y otros 4.725 de muertes sospechosas por COVID-19 como causa principal. No se ha resaltado en el limitado paisaje mediático chileno la magnitud de este desastre. Con los casos ratificados con examen de laboratorio, la tasa de muertes por cada cien mil habitantes, que mide mejor que cualquier otro indicador el efecto de la pandemia en la población, alcanzó a 73 en la mencionada fecha, la quinta más alta en el mundo, según la recopilación de la Universidad John Hopkins (ver https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality). Esta recopilación incluye capacidades diversas de registro de las muertes por COVID-19, las que han ido mejorando y haciéndose más uniformes con el tiempo y, al menos, permiten conocer los órdenes de magnitud del impacto de la pandemia en el mundo.  Ahora bien, si se considera el total de muertes por COVID-19, la tasa por cada cien mil habitantes en Chile pasa de 73 a 98, y este caso se constituye en la segunda más alta del mundo, después de Perú (que alcanza una tasa de 105 muertos por cien mil habitantes). Ambos países superamos a Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, México, Estados Unidos y Reino Unido, que cierran la lista de los diez países con más fallecidos en relación a la población. En contraste, países disímiles pero con estructuras sanitarias sólidas y que tomaron medidas apropiadas, como Uruguay y Cuba, se encuentran entre los con más bajas tasas en el mundo. 

La defensa del actual ministro de Salud de las “cuarentenas dinámicas” de su predecesor es de mal augurio. Es ya claro que cuando la situación de la epidemia se desborda hacia una transmisión comunitaria (es decir, según la OMS, "aquellas zonas donde resulta más difícil realizar pruebas a todos los casos sospechosos y localizar a sus contactos”, con “personas que no saben con certeza cómo ni dónde se infectaron”), se debe proceder a cuarentenas estrictas, para luego desconfinar con precaución y en tanto se haya fortalecido sustancialmente la capacidad de rastreo de los nichos de contagios y el posterior aislamiento efectivo de las personas expuestas al virus. Esto supone un gran aumento de las capacidades de la salud primaria y de la disciplina colectiva, lo que necesita, en un país como Chile, un soporte en la sociedad civil y sus organizaciones.

China, país de origen del virus y que actuó con retraso en enero, luego controló su expansión con los medios de un régimen de partido único y con confinamientos generalizados. Reabrió progresivamente y de manera controlada una economía que en el tercer trimestre se recuperó, lo que le permitirá crecer un 2% en el año. El contraste es fuerte con la caída de -4,3% y de -8,3 prevista para 2020 en Estados Unidos y en la Zona Euro respectivamente, de acuerdo al FMI. Para Chile, este organismo prevé una caída de -6,0%, inferior a la de -7,3% estimada en junio, gracias precisamente al mejor comportamiento del mercado del cobre impulsado por la recuperación china y a la inyección de ingresos con el uso de ahorros previsionales (por iniciativa del parlamento) y los del seguro de cesantía de los trabajadores (por iniciativa del gobierno). 

El gobierno ha brillado por su falta de audacia en el uso de los ahorros fiscales acumulados y de su capacidad de endeudamiento, agravando las secuelas de la pandemia por privilegiar el “riesgo país” para el financiamiento externo barato de la gran empresa. El resultado es que entre enero y agosto el Imacec ha caído en -8,1% respecto al mismo período de 2019 y que en el trimestre terminado en agosto hay 1,74 millones de empleos menos que en el mismo trimestre del año pasado. Recordemos que la economía chilena crea entre 100 mil y 200 mil empleos al año, por lo que la recuperación de los puestos de trabajo será de largo aliento, con todo el sufrimiento que conlleva para millones de familias. Al desastre sanitario se agrega un desastre económico y social de gran envergadura. 

Si el gobierno hubiera ampliado el gasto público en un 5% adicional del PIB, como lo ameritaba la situación, financiando un déficit también adicional perfectamente asumible con el uso de reservas fiscales y endeudamiento, la caída de la producción y el empleo hubieran sido menores. El actual gobierno, preso de su ideología neoliberal,  se niega a actuar sobre la demanda de consumo de las familias a través de transferencias más importantes por Ingreso Familiar de Emergencia, Seguro de Cesantía y Pensión Básica Solidaria. Ha preferido concentrar los recursos en aliviar las obligaciones tributarias de las empresas, lo que favorece especialmente a las más grandes, en ausencia de mecanismos fluidos y amplios de subsidio y acceso al crédito para las pequeñas y medianas.

Si la crisis social que estalló en octubre de 2019 ya mostró que la continuidad del modelo de la constitución de 1980, basado en el veto minoritario a políticas económicas y sociales activas y protectoras, estaba agotada, la catástrofe económica por la epidemia de COVID-19 no hará más que agravarla. 

La respuesta ha sido más y más represión, al punto que se puede hablar de un desorden público institucionalizado. Carabineros no es ya sinónimo de orden público, sino de ataques destemplados a ciudadanos y ciudadanas que expresan su legítima protesta ante la injusticia social, que se procura confundir con los actos de delincuencia. Esto no hace sino agravar el malestar colectivo. Con frecuencia, es sinónimo de crímenes puros y simples, como provocar muertes a decenas de personas, lesiones oculares a centenares y golpizas y gaseos tóxicos a miles. El alto mando y el gobierno han llegado al extremo de normalizar el acto de empujar a un adolescente de 16 años para que caiga al río desde un puente y dejarlo sin asistencia alguna, como si no fuera un cobarde acto criminal. En el caso de la violencia rural en la Araucanía, se han producido miles de agresiones policiales ilegales, con el asesinato de Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018 como uno de los crímenes más notorios, sin resolver nada del conflicto de raigambre histórica en la zona, que solo amainará con el reconocimiento de derechos colectivos del pueblo mapuche. Hoy existen 2.300 querellas contra Carabineros por violencia ilegal y cientos de oficiales y funcionarios tendrán que responder ante la justicia, mientras se repite la flagrante protección a las manifestaciones callejeras de la extrema derecha. Cualquier expresión contra el gobierno, en cambio, es disuelta inmediatamente con violencia. Para no hablar de las ridículas e ilegales interferencias sobre expresiones artísticas en Plaza Italia o de la Dignidad, incluso las apoyadas por órganos culturales del gobierno. 

La crisis institucional de la principal fuerza policial del país tiene, además, como trasfondo reciente la organización del mayor fraude al fisco que se conozca y de una operación de la inteligencia policial cubierta bajo el gobierno anterior por el alto mando destinada expresamente a engañar a la justicia y a acentuar la conflictividad en la Araucanía, conocida como operación Huracán. El completo reemplazo del alto mando bajo el actual gobierno no sirvió para sacar a Carabineros de una lógica de autonomía al margen de las reglas más elementales y de la protección corporativa de sus irregularidades y crímenes. Al revés, el actual gobierno acentuó el mandato represivo a Carabineros y la instrucción de castigar la expresión popular legítima -y no de remitirse a perseguir y aislar a la delincuencia- destinada a acentuar el conflicto social. La idea de contener, desescalar y canalizar los conflictos está completamente fuera de la visión del actual gobierno y de los mandos y oficiales de Carabineros.

La sanción moral desde la sociedad está por supuesto presente, salvo en el segmento autoritario que saluda toda represión violenta y que hace del odio hacia los que quieren una sociedad democrática, libre e igualitaria y hacia las personas con otras opciones que las propias un mecanismo que canaliza sus pulsiones agresivas primitivas. Pero eso no basta. Carabineros debe ser reestructurado con urgencia si se quiere preservar un mínimo de paz social en el país y desde una nueva Constitución debe establecerse la naturaleza perentoriamente protectora de los derechos ciudadanos por parte de las policías.

En suma, el modelo neoliberal de Estado mínimo, focalizado y clientelizado, ha fracasado rotundamente en establecer un mínimo de cohesión social en el país. La paz social está amenazada por el orden neoliberal y por la falta de respuesta suficiente de apoyo a las familias y a los desempleados en la pandemia.

El único resorte al que parece estar en condiciones de acudir la actual institucionalidad es la polarización para intentar ganar legitimidad para la represión, con la sospecha creciente de un uso intencional de la violencia del lumpen. En efecto, ¿quienes son los que ganan con incendios de iglesias y saqueos? ¿El partido del orden o el partido de la transformación? La respuesta es evidente. La idea es hacer de los partidarios de una nueva constitución, de más derechos sociales, de un modelo sustentable de desarrollo, unos meros promotores del vandalismo y la delincuencia. La acción policial parece haber optado por construir provocaciones como la de los infiltrados en Peñalolén que incitaron nada menos que a atacar un recinto policial. La presencia de un miembro de la Armada entre los detenidos por el incendio de una iglesia -con una amplia cobertura mediática de la chocante destrucción de un lugar de culto, lo que la izquierda, e incluso sus sectores más extremos, jamás han promovido ni justificado- permite hacer la misma conjetura, aunque haya sido dado de baja. Por cada chapucería que se descubre, ¿cuántas otras provocaciones policiales no se conocen? A estas alturas, es difícil no darle verosimilitud a la hipótesis según la cual son servicios de inteligencia los que en parte promueven la violencia y la destrucción para buscar un efecto mediático de deslegitimación de la protesta social, empujando y manipulando a grupos de lúmpenes, para luego culpar a los opositores de esos actos y "exigirles" que "condenen la violencia", como si ellos fueran sus causantes o de ellos dependiera la posibilidad de controlarlos y no de quienes gobiernan. 

En definitiva, la gestión de la pandemia, de la crisis económica y del orden público, tienen un hilo conductor: un modelo institucional basado en el veto de una minoría oligárquica que logra impedir políticas sociales efectivas para privilegiar la acumulación concentrada de capital privado, con la consecuencia de una mezcla de anomia social y de rebeliones urbanas y rurales, a la que se responde con una represión destemplada que no produce resultados, sino que alimenta la polarización.

El 25 de octubre puede constituirse en el inicio de una respuesta colectiva a ese fracaso global de un modelo institucional que ha bloqueado el progreso equitativo del país y lo ha envuelto en una situación de gran inestabilidad. El próximo domingo puede ser un gran hito para avanzar a una institucionalidad legítima nacida del pronunciamiento popular, plasmada en una nueva Constitución elaborada por una Convención Constitucional íntegramente electa, y a una cohesión social nacida de la justicia y de la igualdad efectiva de oportunidades que próximos gobiernos construyan con lógica mayoritaria. Chile no merece menos.

El trasfondo de la violencia urbana

En La Mirada Semanal

El 9 de octubre se volvieron a producir, en plena epidemia, en estado de  excepción y a pocos días de un crucial plebiscito constitucional, manifestaciones seguidas de destrucciones urbanas en la rebautizada Plaza de la Dignidad, tradicionalmente conocida como Plaza Italia. Oficialmente se llama, recordemos, Plaza Baquedano. De modo que hay tres nombres para un mismo lugar emblemático de la capital del país, aquel en el que se solía celebrar los triunfos de la selección chilena de fútbol y otros hitos de esa índole y que simboliza también la dualidad social del país (“de la Plaza Italia para arriba, de la Plaza Italia para abajo”). Los tres nombres (el tradicional, el oficial y el socialmente rebautizado) son una metáfora vívida de la fragmentación actual de la sociedad chilena. Esta tendrá en los próximos meses la oportunidad de recomponerse mediante la definición de nuevas bases de funcionamiento con representaciones legitimadas por el voto y en base al principio de prevalencia de las mayorías con respeto de las minorías. O bien de seguir por un camino incierto de confrontaciones múltiples y prolongadas, en donde todo cambie para que todo siga igual. 

Una parte importante de lo que ocurra dependerá del derrotero que tome el bloque de derecha gobernante. Pero no se puede ser optimista al respecto. De muestra un botón, en boca del alcalde de Santiago: "la situación que estamos viendo es revivir la pesadilla de octubre y noviembre del año pasado en que los vecinos vieron como su barrio, su entorno, los pequeños restaurantes, hostales que hay en el sector, veían cómo destruían la ciudad, y eso lo estamos reviviendo lamentablemente cuando tenemos un plebiscito en 15 días más (...) ver esta delincuencia pura y dura, donde vemos verdaderos terroristas de la ciudad rompiendo absolutamente todo". Este enfoque expresa bien la incapacidad de comprensión de lo que pasa en nuestra sociedad por parte de autoridades que se supone deben al menos tratar de entenderla y canalizar sus desafíos. Se remiten a condenar la violencia -cuidándose de no condenar en absoluto la violencia policial y el trasfondo de desigualdad y abuso- sin hacer siquiera un intento de procurar comprender algo de sus causas.

Convengamos, en primer lugar, que las violencias urbanas están presentes desde hace mucho tiempo en nuestro paisaje público. Todos los 11 de septiembre y en el día del joven combatiente desde la década de los noventa se producen hechos violentos, con frecuencia con muertos. Fue quedando claro con el tiempo que esto no tenía que ver solo con pequeños grupos radicalizados con motivación política y organización, sino con una especie de violencia directamente social que mezclaba fechas simbólicas en las que se expresó la violencia del Estado, y por tanto con trasfondo político, pero también una ira y frustración por la persistencia de un entorno en el que contrasta la incitación compulsiva y adictiva a consumir con la imposibilidad de hacerlo por carencia o insuficiencia de ingresos estables.

No olvidemos, en segundo lugar, que los jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan representan un 13% del total de ese tramo de edad (de acuerdo a la encuesta CASEN de 2017). Unos 400 mil jóvenes no terminan la enseñanza media, a pesar de que en principio es obligatoria desde 2015. Antes de la actual crisis del coronavirus, un 30% de las ocupaciones han mantenido persistentemente una condición de informalidad, como parte de una estructura dual del mercado de trabajo. Los jóvenes están sujetos a tasas de desempleo muy superiores al promedio y son más pobres que el resto del país. Muchos de ellos han debido desarrollar un modo de vida basado en la precariedad, en barrios estigmatizados, con familias y entornos disgregados y fragmentados. No son delincuentes, pero muchos conviven con la delincuencia y la sufren, en medio de una expansión del microtráfico de drogas. En Chile, los empleos para las personas no calificadas son endémicamente mal pagados, inestables y sujetos con frecuencia al maltrato del empleador. No son exactamente un ejemplo de mecanismo democrático de integración social y de igualación de oportunidades. 

En tercer lugar, y paradojalmente, tampoco lo fue la gran expansión de la oferta educativa que se ha producido desde el retorno de la democracia, lo que ha sido materia de prioridad presupuestaria mayor o menor de unos y otros gobiernos. Pero esta expansión se acompañó primero de una segregación en la educación escolar con el dramático error de haber aceptado la imposición por la derecha del "financiamiento compartido" en 1993, que algunos que venían del mundo progresista fueron encontrando que era una política justificada al adoptar la lógica neoliberal infinitamente absurda de la "focalización" (a no confundir con priorización), la que todavía persiste a pesar de las reformas recientes. Se abandonó el carácter universal de la gratuidad en la escuela como factor de integración (que puede admitir excepciones justificadas, pero limitadas) y se aceptó una creciente segmentación mercantilizada de la educación, incluyendo el financiamiento público de patrimonio privado en las escuelas particulares, a la que muchos nos opusimos privada y públicamente. Adicionalmente, frente a la lentitud de la expansión de becas para educación superior, se produjo progresivamente un endeudamiento estudiantil frustrante, acompañado de la expansión de la oferta de las universidades de mercado y la restricción de la oferta pública, con la insólita situación de una gratuidad universitaria que beneficia privilegiadamente a las universidades privadas. Este acceso segmentado y endeudado a la educación superior fue percibido como profundamente injusto frente a élites gobernantes que se habían educado gratuitamente en su tiempo en universidades públicas de calidad. La experiencia posterior de la inserción en el "mercado de trabajo", con títulos masivos de poco valor, fue también motivo de frustración para una parte de los jóvenes que recibieron educación superior o técnica como primera generación en sus familias.

En cuarto lugar, agreguemos a este trasfondo estructural de un "mercado de trabajo" dual y de un "mercado educativo" segmentado (no nos olvidemos que el trabajo y la educación son las dos formas de integración cruciales en cualquier sociedad moderna), un fenómeno propiamente político. En efecto, las fuerzas que impulsaron la democratización del país abandonaron progresivamente sus promesas y sus esfuerzos de transformación equitativa de la sociedad. Su discurso y su práctica se fueron haciendo indistinguibles del de la derecha. Tal vez el hito fundante de esa indiferenciación fue el episodio de las manos en alto del "acuerdo para la educación" de todo el espectro parlamentario en noviembre de 2007, que se suponía era la respuesta a dar a la “revolución pingüina” de los estudiantes secundarios. No se alteró en nada la inexorable marcha del sistema escolar hacia una casi completa privatización, pero financiada con recursos públicos crecientes, dejando a la educación municipal en una suerte de abandono programado, hasta la ley que creó en 2017 los servicios locales de educación, hoy detenida por el gobierno de derecha.

Si la salida de la dictadura supuso compromisos difíciles y concesiones en aras del restablecimiento de las libertades y del tránsito progresivo a una democracia plena, es decir un proceso llamado a concluir a la brevedad, lustros después se consolidó el diseño de hacer de la excepción la norma y de necesidad virtud. Esto finalmente se tradujo en que la derecha, en medio de la creciente confusión, logró llegar dos veces al gobierno, aunque fuera una minoría sociológica. Las razones fueron diversas, pero una muy principal: la masiva abstención electoral de los jóvenes, que venía evidenciándose desde 1997 y que algunos minimizaron en clave de “normalidad democrática”. 

Además, a partir de 2015 se intensificó la puesta en evidencia judicial de los aportes ilegales de empresas a campañas electorales. En ese proceso se conoció con detalle que los grupos financieros Penta y BCI eran una suerte de caja pagadora especializada en la UDI, mientras SQM y los otros grupos económicos (la mayoría con actividades sujetas a regulación pública) distribuían dinero siempre con prioridad a la UDI de Novoa y Longueira pero extendiendo el espectro a la DC, el PR-PPD-PS y el PRO. Los acuerdos de 2003 que establecieron el financiamiento público de las campañas a cambio -como exigió la derecha- de autorizar el aporte de las empresas a las mismas, no sirvieron para contener la masiva intervención ilegal de los grandes grupos económicos en las campañas y su aceptación por una parte creciente del espectro político. La legitimidad del sistema político y la promesa democrática según la cual el poder político emerge de la competencia entre proyectos de país sin interferencia del poder del dinero, con un financiamiento público de la política y de las campañas para impedir ese condicionamiento, quedaron, hasta nuevo aviso, severamente dañados.

Como consecuencia de los factores descritos, terminó por multiplicarse la ira como conducta persistente de una franja de jóvenes y de grupos de adultos. Esta ira encuentra en la destrucción de bienes, incluso de uso público y altamente valorados colectivamente, como el Metro, su modo de expresarse. La franja de la ira ya no cree en la palabra. No confía en su uso para articular opciones y compromisos, ni en instituciones ni liderazgos ni procesos de cambio institucional. En ocasiones, en medio de su orfandad, fue ampliando su tolerancia a que sus acciones se mezclen con los robos y saqueos de bandas de delincuentes más o menos organizados, e incluso manipulados. Su aislamiento respecto al resto de la sociedad que empuja por transformaciones democráticas y equitativas ha crecido. 

Estos procesos de violencia urbana no tienen que ver con la protesta social generalizada (no olvidemos el millón y medio de personas en Santiago y en muchas ciudades y pueblos en todo Chile el 25 de octubre de 2019), no se confunden con ella y la dañan. 

La construcción de una alternativa de gobierno a la derecha deberá evitar en su movilización política próxima toda confusión entre protesta social y destrucción de bienes públicos o bien destrucción y saqueo de bienes privados, que ha terminado por fortalecer los argumentos y autojustificación de las conductas violentas del segmento autoritario de la sociedad, empezando por una policía uniformada crecientemente fuera de control. La respuesta de las autoridades de derecha -y otras supuestamente progresistas que en el Congreso le han dado los votos al impresionante arsenal legal represivo que ha promovido el gobierno desde octubre pasado- tiene un solo sello: la promesa de represión y más represión, aumentando la convicción y la audiencia de aquellos a los que se supone quiere someter, en una espiral continua de polarización. 

Contener y aislar las violencias urbanas probablemente no ocurrirá mientras dure este gobierno. Solo será posible hacerlo con una clara propuesta alternativa de salida de crisis en materia de empleo, ingresos básicos, educación, salud, pensiones, calidad de vida y cuidado sanitario en los territorios, lo que requiere una reforma tributaria y laboral de envergadura. Y debe incluir el cambio completo del paradigma de la acción policial. A esto ayudará la secuencia institucional que se iniciará el 25 de octubre. Pero esto tiene un requisito previo, sin el cual el horizonte de la anomia y la violencia se prolongará: construir una alternativa a la derecha. Este desafío no se logrará en estos temas y en ningún otro, y menos demostrar capacidad de gobernar en las nuevas circunstancias, si no se asume la necesidad de renovar la política democrática y sus prácticas. Esa es la condición primordial y urgente para que las nuevas y antiguas fuerzas que pueden ser una alternativa a la derecha ganen, en una necesaria pluralidad articulada de ideas e inspiraciones, una credibilidad suficiente frente a la sociedad que hoy día no tienen. 

En defensa de la izquierda

Primera versión en La Mirada Semanal

El vocero Bellolio ha declarado que el gobierno reconoce que octubre será "difícil" y señalado que la izquierda "estará a prueba" para ver “si justifica o no la violencia”. Curioso, cuando las fuerzas responsablemente constituidas de la izquierda han condenado sistemáticamente cualquier saqueo y destrucción de bienes, pero también criticado la violencia de Carabineros sobre los opositores -que el gobierno de derecha no condena- y la violencia de la exclusión, la discriminación, el desempleo, la imposibilidad de protegerse de la epidemia de Covid-19 porque hay que salir a ganarse el pan día a día. 

Por su parte, el senador Guido Girardi va con lo suyo y ha declarado que “la izquierda está en el pasado, porque no entiende que hoy la disputa ideológica es el control de la tecnología, de los datos y la inteligencia artificial”. Para este senador, el conflicto de interés entre capital y trabajo ya no existe. Si, como se lee: “cada vez que aparece el tema de la discusión previsional yo digo 'muy bien, estoy de acuerdo con que haya que aumentar en seis puntos la cotización a los empleadores, pero eso es siglo XX, en el futuro no va a haber empleadores, porque una parte importante no va a tener trabajo y la otra a lo mejor no va a tener trabajo con sueldo fijo y cotizaciones”. Hay un pequeño error en ese razonamiento, basado en la antigua fantasía tecnológica: buena parte de las tecnologías de la información y el procesamiento de datos utilizando la inteligencia artificial es controlada bajo formas hiperconcentradas por el capitalismo de plataformas, que no es sino una extensión del capitalismo tradicional a nuevas esferas. Se trata de un empleador que subordina férreamente el trabajo calificado y no calificado de millones de personas, sin el cual no podría existir. De modo que empleadores y trabajadores hay en el capitalismo digital de plataformas y en el automatizado con robots e inteligencia artificial y los seguirá habiendo. La producción directa de bienes crea desde hace mucho menos empleos, pero el empleo en servicios a la producción y a las personas los sustituye. En Chile, los servicios ya alcanzan los 2/3 del total de la ocupación y esos empleos (como el reparto a domicilio o el trabajo calificado y no calificado de plataformas) deben ser tan formales como los de cualquier otro asalariado y ser objeto de protección social y de acceso al sistema de pensiones, como los de cualquier otro trabajador, y por lo demás todos los empleos por cuenta propia. La lucha por remuneraciones de base fijas y por mantener y expandir los sistemas de seguridad social estarán vigentes en tanto haya población que trabaja para vivir, acompañados de sistemas de distribución de ingresos no vinculados al trabajo. Salvo que se adopte el punto de vista del capital, que no ha cambiado desde la revolución industrial en el siglo XIX: disponer de plena flexibilidad para el uso mal remunerado de la fuerza de trabajo, porque así lo obliga "la tecnología". 

Pero todas esas son sutilezas molestas para los que creen que situarse “por encima de la izquierda y la derecha” les trae algún rédito. Claro que hasta donde uno se da cuenta, la derecha sigue en lo suyo, a lo mejor con la denominación de “centro-derecha”, que le complace autoasignarse. Pero la izquierda es calificada una y otra vez de “obsoleta”. Uno se pregunta ¿para qué tomarse la molestia, entonces, de ponerse por encima de un artefacto tan deteriorado? Les bastaría con quedarse con la derecha. Pero quedarían al desnudo.

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La izquierda viene de lejos y siempre ha ido más allá de los tiempos cortos de la inmediatez. Y siempre ha estado en lucha contra la irracionalidad y los temores al cambio. Es la corriente de pensamiento que desde el inicio de la época moderna es la suma diversa de las ideas de emancipación, de "la salida del hombre del estado de tutela", según la expresión de Kant en 1784. La izquierda se construyó históricamente, en medio de la emergencia del capitalismo moderno y sus diferenciaciones de clase y posición social, para poner fin a las explotaciones y dominaciones de unos seres humanos sobre otros. Es la expresión política diversa y plural de los heterogéneos sectores sociales que hacen suyo este horizonte de objetivos y luchan por ellos dada su posición en la sociedad. La izquierda nació en origen para poner fin a la ausencia de libertad real para la mayoría que vive de su trabajo, porque no tiene otro medio de subsistencia, y que busca un acceso estable a un trabajo y a un ingreso dignos. Este razonamiento se extendió luego desde la posición de clase al origen étnico, al género y a la preferencia sexual, a partir de la reivindicación de la igualdad fundamental de los derechos de cualquier ser humano frente a toda discriminación arbitraria y todo privilegio injusto.

A este título, la izquierda encarna la modernidad en tanto proyecto que define la identidad no como pertenencia a un grupo étnico o nacional tradicional sino como una ciudadanía política fundada en iguales derechos que garantizan la integridad, la dignidad y la libertad de cada persona y en deberes de cuidado hacia los demás en la vida en común. En origen, su horizonte fue la superación de la división de clases antagónicas en una nueva sociedad suficientemente productiva y organizada a través de la planificación de precios y cantidades como para que, según Karl Marx, se pasara del "reino de la necesidad al reino de la libertad", lo que se intentó mediante una centralización económica que la historia mostró conducía a un régimen burocrático y autoritario. Hoy sigue defendiendo que las interacciones sociales no deben estar basadas solo en la limitación del poder estatal arbitrario que interfiere sobre la libertad de los ciudadanos propio del liberalismo, sino también en la no dominación (Philip Pettit) de unos ciudadanos por otros, lo que debe ser resguardado por reglas republicanas que limiten el poder económico asimétrico. Y defiende la idea de una sociedad post-capitalista basada no en una u otra forma particular de propiedad sino en el principio de reciprocidad comunitaria y de igualdad efectiva de oportunidades, por sobre el predominio de los intercambios de mercado en los que el poder económico estructuralmente diferenciado de los participantes reproduce desigualdades injustas (Gerald Cohen). 

La perspectiva socialista en el siglo XXI se debe entender como avanzar a un régimen socio-económico y político democrático cuya finalidad es el bienestar equitativo y sostenible de la población y en el que prevalece el igual respecto y consideración entre los miembros de la sociedad. Para que esto sea posible, debe funcionar una planificación democrática de las principales orientaciones de la vida económica para maximizar el valor público que haga posible un mayor bienestar equitativo y sostenible. Esto incluye los marcos en que ha de desenvolverse tanto un sector de economía descentralizada con agentes privados regulados como un sector de economía social, junto a un sector de economía estatal en la producción de bienes y servicios que se transan en mercados o son objeto de provisión gratuita pero que están al servicio del interés general, junto a la esfera de la producción y reproducción de bienes públicos y de bienes comunes al margen del mercado. Sin socializar una parte importante de los excedentes privados para financiar y apoyar a los servicios públicos y a la economía social no se puede proteger a las personas de la pobreza, el desempleo y la enfermedad y la falta de integración a través del empleo, sin lo cual no hay la posibilidad de establecer una sociedad mínimamente cohesionada, sino solo un destino de conflictos de interés generalizados y cada vez más violentos.

Una economía mixta con estos tres sectores es la que está probablemente en mejores condiciones de obtener la provisión material suficiente de bienes y servicios y la generación y  uso racional del excedente económico, así como la promoción de incrementos de la productividad en condiciones de sostenibilidad social y ambiental. La repartición del ingreso que resulta de la producción debe realizarse entre: a) remuneraciones directas e indirectas que retribuyan el aporte social del trabajo; b) excedentes púbicos e impuestos sobre utilidades privadas que financien los bienes comunes y los bienes públicos y c) utilidades que remuneren los capitales privados  a tasas suficientes pero que impidan su concentración y con reglas que aseguren su sujeción a normas sociales y ambientales democráticamente determinadas. No hay razones válidas para que una parte sustancial del valor creado en la empresa no sea distribuido a los trabajadores o bien redistribuidos a ellos y al resto de la sociedad mediante sistemas de cobertura de riesgos, de seguridad social y de ingresos básicos universales. 

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Cabe dar cuenta que la respuesta al nudo de la crítica a la sociedad capitalista provocó hace un siglo una escisión profunda en la izquierda, hoy en esencia superada por la historia: si el derecho de propiedad privada más allá de los bienes personales legítimos debe ser restringido para que el interés general prevalezca, el grado y modalidades de esa restricción es materia de opciones muy diferentes, así como la valoración del impacto del productivismo sobre la naturaleza. 

El estalinismo, llamado impropiamente "socialismo real", llevó a Rusia después de la revolución y la guerra civil hacia una completa centralización estatal de la economía y a un implacable dominio autoritario por una burocracia, que terminó en una dictadura criminal más parecida al zarismo que a cualquier socialismo, por mucho que haya contribuido decisivamente a derrotar a su enemigo alemán en la “gran guerra patria”. Fracasó en su promesa de progreso material sostenido, además de provocar graves daños ecológicos (empezando por Chernóbil). Por no ser una respuesta que, respetando las libertades, avanzara de manera satisfactoria en la prosperidad colectiva y en la resiliencia ambiental, este modelo centralizador ha sido desechado por la mayor parte de la izquierda contemporánea. No obstante, subsiste en algunos grupos y en algunos lugares, con la tragicómica monarquía hereditaria comunista de Corea del Norte como caricatura. 

Otra corriente de la izquierda nunca estuvo a favor del modelo estatizador y autoritario, desde Rosa Luxemburgo y los consejistas y Luis Emilio Recabarren en Chile en sus escritos sobre el cooperativismo y desde el socialismo chileno y sus definiciones de los años cuarenta, entre muchas otras expresiones. Esta corriente ha promovido el socialismo como un camino de superación del capitalismo (es decir de la separación del trabajador de los medios y de los frutos de la producción) desde prácticas autónomas de la sociedad civil y desde la economía social y la participación de los trabajadores en las empresas. Tiene en la realidad multiforme de la economía social y solidaria actual un importante soporte, aunque frecuentemente poco visible. 

Por su parte, la corriente de la socialdemocracia alemana, británica y nórdica avanzó históricamente en la idea de socializar partes de la economía y de establecer un Estado de bienestar sin eliminar el mercado y la empresa privada con fines de lucro, regulándolos en función del interés general. Esa socialdemocracia europea logró imprimir resultados sociales y avances democráticos y de género notorios en sus países, aunque una parte terminó acercándose al neoliberalismo puro y simple y finalmente desmontando parte del Estado de bienestar construido en la posguerra y poniéndose al servicio de la gran empresa privada en nombre de la adaptación a la globalización, con Blair a la cabeza. Además, su preocupación por las consecuencias ambientales del crecimiento ha sido más tardía. Esa es la corriente con la que se identifican hoy los social-liberales chilenos y, curiosamente, algunos democratacristianos de derecha, los que harían bien en conocer mejor la economía social de mercado alemana, con sus representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas, sus negociaciones colectivas por rama y territorio, su titularidad sindical exclusiva y su cultura generalizada del pacto social. 

En América Latina, ha persistido la legítima resistencia cubana a la intervención norteamericana, con éxitos en consagrar derechos sociales pero sin los medios y la voluntad de democratizar las instituciones y desburocratizar la economía, con un gran costo para su pueblo. Posteriores experiencias se han reclamado del socialismo en Venezuela y Nicaragua y se han transformado en regímenes de dominio de castas político-militares que se han aferrado al poder y roto con la democracia como forma de gobierno. Los bloqueos externos a que son sometidos son también en estos casos inadmisibles y solo perjudican a la mayoría social. Otras experiencias se han basado en la redistribución desde el Estado de una parte de las rentas de los recursos naturales, lo que dio lugar a diversos modelos económicos mixtos, algunos de ellos con importantes éxitos parciales, pero muchos con rasgos clientelares y sin capacidad de crear un dinamismo económico endógeno suficiente y una expansión de la economía social, en los llamados gobiernos progresistas de inicios del siglo XX.

Desde la caída del muro de Berlín y la declinación de la socialdemocracia tradicional, y especialmente desde la gran recesión de 2009, la izquierda en el mundo está buscando nuevas respuestas para mantener y ampliar la protección social ante la financiarización y globalización de las cadenas de valor del capitalismo actual, con, adicionalmente, una creciente preocupación por la preservación de los ecosistemas y por el cambio climático. Han emergido nuevas propuestas de regulaciones económicas, sociales y ambientales que garanticen derechos universales, en el marco de la defensa de la democracia como el espacio institucional para realizarlas con legitimidad y apoyo de la sociedad, cautelando siempre los derechos civiles y políticos. Parte de ese programa está siendo realizado hoy en países diversos como Nueva Zelandia, Portugal y España, es promovido por partidos que valoran el progreso social y la redistribución del ingreso y la riqueza en distintas partes del mundo, incluso en Estados Unidos con Sanders y Warren entre los demócratas y la idea del Green New Deal de Ocasio-Cortés y en América Latina tuvo una expresión exitosa con el Frente Amplio uruguayo y otras experiencias como la boliviana. Ese debate es también uno que propone hacerse cargo de la crítica a aquella izquierda occidental que centró su plataforma de acción en la defensa de las minorías oprimidas, con bastante éxito en muchos casos, dejando de lado la representación de los intereses del mundo del trabajo, una parte del cual terminó buscando refugio en la extrema derecha xenófoba y nacionalista o en la equívoca oposición entre pueblo y élites, incapaz de caracterizar las contradicciones y conflictos de interés y de clase en la sociedad contemporánea. 

El debate incluye el tratamiento de las obligaciones públicas de la empresa privada con fines de lucro. Esta debe poder ser parte de una actividad económica mixta en tanto cumpla con la función social de producir al mínimo costo dadas las tecnologías disponibles, pero respetando las reglas sociales y ambientales y permitiendo formas de coparticipación de los trabajadores en la gestión y en las utilidades,  junto a la promoción de la economía social y solidaria y de las empresas públicas estratégicas. Esta base productiva mixta es la que debe crear los excedentes que permitan financiar los mencionados bienes comunes naturales y patrimoniales, los bienes públicos y las redistribuciones. Estos no solo deben remitirse a la provisión de orden y seguridad sino también a la preservación y reparación ecosistémica, la creación de infraestructura sostenible y de ordenamiento integrador del territorio, junto a la provisión de educación, salud y movilidad, sin los cuales ninguna producción privada con prosperidad compartida sería posible, junto redistribuciones directas para asegurar ingresos básicos y la compensación monetaria al trabajo doméstico, así como redistribuciones indirectas a través de seguros de desempleo, enfermedad y pensiones. Es indispensable, además, un cambio sustancial del modelo de producción, con una transición energética rápida, y un nuevo modelo de consumo que vaya más allá de las etiquetas negras para los alimentos peligrosos para la salud, con reglas más amplias de salud pública y el rediseño, reparación, reciclaje y reutilización de bienes que termine con la obsolescencia programada de los objetos mercantiles. Deberán emerger, asimismo, nuevas formas de ocupación del espacio y de movilidad para enfrentar los aleas sanitarios y aumentar la calidad de vida sostenible en las ciudades. 

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La crisis del coronavirus ha evidenciado la importancia de la acumulación de valor público en los sistemas sanitarios y en las capacidades de manejo de pandemias, y las consecuencias catastróficas de su ausencia. También ha ampliado la escala de la socialización de ingresos y su distribución en el tiempo a través del gasto público frente a la crisis económica. Los temas de quien crea valor y quien se lo apropia siguen siendo centrales en el mundo de hoy, y hacen más decisiva que nunca la distinción entre izquierda y derecha. La izquierda seguirá existiendo mientras subsistan utilidades privadas en la actividad económica basadas en la sub-remuneración del trabajo asalariado que las hace posibles, y más atrás el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que permite que haya fuerza de trabajo en el mercado. Y mientras subsista la tendencia a informalizar el empleo y mantener altos niveles de desempleo para el uso por el capital de fuerza de trabajo a bajo costo. El trabajo debe tener una remuneración ajustada a su aporte colectivo e individual a la producción, sin perjuicio de límites mínimos legales, mientras se debe remunerar mediante impuestos al Estado el valor público que hace posible que los mercados y las utilidades empresariales existan. Esto justifica la intervención pública de los “mercados de trabajo” -a pesar de las consabidas quejas empresariales en nombre de la competitividad- para ampliar la retribución del trabajo directo y reconocer el valor económico del trabajo doméstico y mejorar sus condiciones de ejercicio. Y el apoyo público con subsidios, créditos y compras a las empresas cooperativas y sociales y solidarias, basadas en los principios de control democrático y participación económica de los miembros, autonomía y vocación de servicio a la comunidad.

En contraste, el enfoque neoliberal propugna la liberalización de los mercados y facilitar la participación en ellos para maximizar el bienestar. Pero su resultado es más que conocido: un alto y creciente grado de concentración del capital en detrimento del trabajo, del resto de la sociedad y de la resiliencia de los ecosistemas. 

Situarse por encima de la izquierda y la derecha y declarar que la izquierda es algo del pasado es escabullir las definiciones centrales alrededor de las cuales funciona o debe funcionar la sociedad ¿Debe permitirse la persistencia de la acumulación ilimitada de capital y del dominio oligárquico sobre la economía, la sociedad y la política y su impacto sobre la desigualdad de ingresos y riqueza, la mercantilización de la cultura y de la ciencia y el deterioro del ambiente? ¿Debe la especie humana renunciar a lograr grados básicos de equidad en las relaciones sociales, desarrollar la ciencia y la cultura y sobrevivir como tal frente a los crecientes límites planetarios de su actividad? Todo esto requiere gobernar los mercados y subordinar el capital al interés general.  

Es más fácil y cómodo hablar de inteligencia artificial o de derechos neuronales desde una especie de lógica de ciencia ficción (grandes temas que requieren una atención seria en su especificidad) antes que confrontar la adicción rentista de la oligarquía dominante en la apropiación del excedente económico o el consumo de masas adictivo y depredador. Y defender el proyecto de transformar la economía y la sociedad y alimentar las luchas democráticas de todos los días, las que, mientras sean necesarias, hacen indispensable que exista la tan vilipendiada e imperfecta izquierda, que tiene el deber de fortalecerse para ampliar la persistente lucha por los derechos de la mayoría social y por la emancipación de toda opresión y discriminación y la preservación de los ecosistemas que cobijan la vida humana. 

¿Un segundo retiro de fondos de AFP?

En La Mirada Semanal

El Banco Central estimó en septiembre que, dados los datos efectivos de actividad en la primera mitad del año “y un repunte acorde con el retiro gradual de las medidas de control sanitario y el apoyo al ingreso de los hogares”, el año 2020 finalizará con una caída del PIB de entre 4,5 y 5,5% antes que una de entre -5,5% y -7,5% que había proyectado en junio. Esto supone una recuperación importante en la segunda mitad del año, provocada en realidad por el retiro de fondos desde las AFP a partir de agosto. 

La caída de la actividad económica fue catastrófica en abril y mayo,  acentuada por la ausencia de medidas de  suficiente envergadura de sostenimiento de la demanda de consumo de los hogares y de crédito y subsidio rápido a las pequeñas y medianas empresas para mantener el vínculo laboral de los asalariados y permitir un posterior rebote rápido. Quienes realizan una actividad por cuenta propia formal o informal han sufrido con particular intensidad la combinación de las medidas sanitarias de confinamiento y la caída de la demanda, mientras la participación de la mujer en la vida profesional activa está experimentando un retroceso.

El retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias -con el monto máximo de retiro equivalente a $4,3 millones y el mínimo de un millón de pesos- implicó que alrededor de 2 millones de cotizantes, los de más bajos ingresos, agotaran los recursos acumulados en sus fondos de pensiones. Este proceso inyectará recursos del orden de 6% del PIB, cifra considerable, de los que cerca de la mitad se destinará a consumo y el resto a saldar deudas o a ahorro con mayor liquidez. Pero su impacto estará limitado por su carácter transitorio y por la importancia de los bienes importados en la composición de la mayor demanda. Las hipótesis de rebote rápido en 2021 no pueden descartarse, pero su probabilidad de ocurrencia es baja si se considera la magnitud del tejido económico que ha desaparecido desde marzo de 2020, especialmente en la actividad de servicios. Mientras no se levanten las restricciones sanitarias d modo amplio y significativo, todas las estimaciones estarán acompañas de un alto nivel de incertidumbre.

Un segundo retiro de fondos desde las AFP parece inevitable frente a la pertinacia del gobierno en no querer asegurar ingresos de un nivel suficiente a los cerca de tres millones de desempleados y sus familias. El gobierno, más allá de los anuncios, presenta una ejecución acumulada en 12 meses móviles del presupuesto del gobierno central a junio con un déficit efectivo de 5,0% del PIB (explicado por una caída de ingresos de -8,9% y un aumento de gastos de 6,1%), muy inferior a la proyección inicial.  El aumento de gasto público está resultando a todas luces insuficiente, lo que provocó que con dos tercios de los votos el parlamento le terminara forzando la mano al gobierno para permitir el retiro  de fondos desde las cuentas de AFP para enfrentar la emergencia. El proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 considera un incremento de 9,5% real del gasto del gobierno, alcanzando un déficit efectivo de 4,3% del PIB. De nuevo, el esfuerzo fiscal, financiable con reservas y endeudamiento a bajo costo, se observa como francamente insuficiente frente a la crisis de desempleo y de caída de los ingresos familiares de los más vulnerables que enfrenta el país. El gobierno piensa en subsidiar el empleo privado, mecanismo que no crea empleos nuevos sino que incrementa principalmente las utilidades de las empresas.

Por eso la presión por nuevos retiros desde las cuentas de AFP parecen inevitables. El problema es que ya dos millones de cotizantes quedaron sin recursos para la pensión autofinanciada y más quedarán en el futuro con nada o muy poco, mientras los actuales pensionados seguirán con jubilaciones extremadamente bajas. Para abordar esa situación, el gobierno ha insinuado la idea de financiar un incremento de la pensión básica con IVA.  Esto tendría sentido si no fuera un impuesto regresivo, pero resulta que el 10% más pobre destina el 19% de sus ingresos a pagar IVA mientras el 10% más rico destina solo el 9%, según estima Michel Jorratt.  Aumentar la pensión básica de manera sustancial será indispensable para que la pobreza no aumente sustancialmente con las secuelas de la crisis del coronavirus. Esta urgencia debiera abordarse con una mezcla de aumento del IVA  a los consumos de lujo, la eliminación de las exenciones del IVA que son regresivas, como la que se aplica a los seguros y a la educación particular pagada, las exenciones de las ganancias de capital y la aplicación de un impuesto al patrimonio neto de los super ricos, además de reforzar la legislación contra la evasión de impuestos y su fiscalización efectiva. Pero ninguna medida de este tipo está en la agenda del actual gobierno, por lo que lo previsible es que se mantenga la precaria situación de los jubilados hoy y una situación todavía más precaria de los jubilados mañana.

¿Subsidios al empleo o a las utilidades?

 En La Tercera Digital

El gobierno anunció el 27 de septiembre subsidios al empleo por 2 mil millones de dólares. En primer lugar, buscará mantener el empleo de los trabajadores con contratos suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo, para lo que dispone un subsidio de $160.000 por hasta 6 meses por cada trabajador que retorne a su puesto de trabajo y cuya remuneración sea hasta tres ingresos mínimos ($961.500). A este subsidio para empleos suspendidos sólo podrán acceder las empresas que hayan sufrido caídas anuales en sus ventas de 20% o más en abril- julio. La figura de la suspensión de contrato mantuvo con un vínculo laboral a 784.165 trabajadores, cuyos casos fueron aceptados por el gobierno, eso sí con ingresos financiados por las cuentas del seguro de cesantía de cada trabajador. Las disminuciones de jornada con este mecanismo han sido escasas. Dado el agotamiento progresivo de las cuentas, al 20 de septiembre se habían reincorporado a sus labores 410.294 trabajadores. El mecanismo parece haber tenido hasta ahora, al menos, efectos positivos en el empleo, dado que solo 15.512 personas acogidas a este esquema han sido en definitiva despedidas, es decir un 2% del total. El subsidio anunciado busca que esa cifra no aumente sustancialmente. 

En segundo lugar, se subsidiará nuevas contrataciones de trabajadores a través de un aporte equivalente al 50% de la remuneración bruta, con un tope de hasta $250.000, respecto de la nomina de trabajadores al 20 de julio de 2020. Las empresas con más de 200 trabajadores deberán mantener al menos el 80% de la nómina de trabajadores que tenían a esa fecha. Para los jóvenes entre 18 y 24 años, las mujeres y las personas con discapacidades, el subsidio será un 60% de la remuneración bruta mensual y tendrá un tope de hasta $270 mil pesos. Las empresas con más de 200 trabajadores a julio, no podrán repartir utilidades -salvo el mínimo legal de 30% en cada ejercicio para las sociedades anónimas, establecido en principio para beneficiar a los accionistas minoritarios, lo que no tiene justificación en esta coyuntura- durante el período que reciban estos beneficios. No se excluye, como en otros países, a las empresas que operan en paraísos fiscales o registran mecanismos de evasión del pago de impuestos, ni se condiciona el subsidio a no realizar prácticas anti-sindicales.

El problema de fondo con estos programas, de alto costo fiscal, es que si las ventas de las empresas no repuntan (recordemos que el consumo de los hogares cayó en 22,4% anual en el segundo trimestre y que el Ingreso Familiar de Emergencia es claramente insuficiente para reactivarlo), y dado que los montos de los subsidios son limitados, está por verse cuántos contratos suspendidos en definitiva se mantendrán y cuántos nuevos empleos se crearán. Aquí operan dos efectos que anulan la voluntad declarada de crear nuevos empleos: el "efecto regalo" a la empresa respecto a empleos que se mantendrían o crearían de todas maneras sin subsidio (no se prevé un mecanismo de devolución posterior a cargo de eventuales utilidades futuras) y el "efecto sustitución" de empleos actualmente informales, los que para utilizar el subsidio pasarían a ser empleos formalizados, lo que es positivo pero no crea nuevas ocupaciones. 

El gobierno equivoca el camino con este programa, salvo en el incentivo al empleo de mujeres, jóvenes y discapacitados. Esta es una adecuada política pública de integración a ser aplicada más allá de las coyunturas, pero que sustituye empleo y no crea empleo. El mecanismo más directo y efectivo para la creación de empleos es ampliar sustancialmente los programas de inversión pública regional y local (lo que se ha anunciado pero como en tantos otros temas no se sabe cuánto se han concretado ni cuando eventualmente lo harán) y nuevos programas de servicios a la comunidad, como los de ayuda a personas de edad o discapacitadas o de ampliación y mantención de espacios públicos, coordinados por los municipios, así como nuevos programas verdes, como la forestación y recuperación de ecosistemas, para lo cual CONAF ya tiene experiencia, o nuevos programas de apoyo a las actividades culturales, para recuperar la actividad en un sector que ha sido fuertemente golpeado por la crisis. 

La crisis del empleo ha pasado a ser el principal desafío de la economía chilena, pues si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año reciente (2017), se necesitaría 9 años para recuperar los dos millones de puestos de trabajo perdidos hasta ahora por la crisis. Si el ritmo fuera el del peor año (2016), se necesitaría 18 años. El mercado no resolverá el problema.