En defensa de la izquierda

Primera versión en La Mirada Semanal

El vocero Bellolio ha declarado que el gobierno reconoce que octubre será "difícil" y señalado que la izquierda "estará a prueba" para ver “si justifica o no la violencia”. Curioso, cuando las fuerzas responsablemente constituidas de la izquierda han condenado sistemáticamente cualquier saqueo y destrucción de bienes, pero también criticado la violencia de Carabineros sobre los opositores -que el gobierno de derecha no condena- y la violencia de la exclusión, la discriminación, el desempleo, la imposibilidad de protegerse de la epidemia de Covid-19 porque hay que salir a ganarse el pan día a día. 

Por su parte, el senador Guido Girardi va con lo suyo y ha declarado que “la izquierda está en el pasado, porque no entiende que hoy la disputa ideológica es el control de la tecnología, de los datos y la inteligencia artificial”. Para este senador, el conflicto de interés entre capital y trabajo ya no existe. Si, como se lee: “cada vez que aparece el tema de la discusión previsional yo digo 'muy bien, estoy de acuerdo con que haya que aumentar en seis puntos la cotización a los empleadores, pero eso es siglo XX, en el futuro no va a haber empleadores, porque una parte importante no va a tener trabajo y la otra a lo mejor no va a tener trabajo con sueldo fijo y cotizaciones”. Hay un pequeño error en ese razonamiento, basado en la antigua fantasía tecnológica: buena parte de las tecnologías de la información y el procesamiento de datos utilizando la inteligencia artificial es controlada bajo formas hiperconcentradas por el capitalismo de plataformas, que no es sino una extensión del capitalismo tradicional a nuevas esferas. Se trata de un empleador que subordina férreamente el trabajo calificado y no calificado de millones de personas, sin el cual no podría existir. De modo que empleadores y trabajadores hay en el capitalismo digital de plataformas y en el automatizado con robots e inteligencia artificial y los seguirá habiendo. La producción directa de bienes crea desde hace mucho menos empleos, pero el empleo en servicios a la producción y a las personas los sustituye. En Chile, los servicios ya alcanzan los 2/3 del total de la ocupación y esos empleos (como el reparto a domicilio o el trabajo calificado y no calificado de plataformas) deben ser tan formales como los de cualquier otro asalariado y ser objeto de protección social y de acceso al sistema de pensiones, como los de cualquier otro trabajador, y por lo demás todos los empleos por cuenta propia. La lucha por remuneraciones de base fijas y por mantener y expandir los sistemas de seguridad social estarán vigentes en tanto haya población que trabaja para vivir, acompañados de sistemas de distribución de ingresos no vinculados al trabajo. Salvo que se adopte el punto de vista del capital, que no ha cambiado desde la revolución industrial en el siglo XIX: disponer de plena flexibilidad para el uso mal remunerado de la fuerza de trabajo, porque así lo obliga "la tecnología". 

Pero todas esas son sutilezas molestas para los que creen que situarse “por encima de la izquierda y la derecha” les trae algún rédito. Claro que hasta donde uno se da cuenta, la derecha sigue en lo suyo, a lo mejor con la denominación de “centro-derecha”, que le complace autoasignarse. Pero la izquierda es calificada una y otra vez de “obsoleta”. Uno se pregunta ¿para qué tomarse la molestia, entonces, de ponerse por encima de un artefacto tan deteriorado? Les bastaría con quedarse con la derecha. Pero quedarían al desnudo.

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La izquierda viene de lejos y siempre ha ido más allá de los tiempos cortos de la inmediatez. Y siempre ha estado en lucha contra la irracionalidad y los temores al cambio. Es la corriente de pensamiento que desde el inicio de la época moderna es la suma diversa de las ideas de emancipación, de "la salida del hombre del estado de tutela", según la expresión de Kant en 1784. La izquierda se construyó históricamente, en medio de la emergencia del capitalismo moderno y sus diferenciaciones de clase y posición social, para poner fin a las explotaciones y dominaciones de unos seres humanos sobre otros. Es la expresión política diversa y plural de los heterogéneos sectores sociales que hacen suyo este horizonte de objetivos y luchan por ellos dada su posición en la sociedad. La izquierda nació en origen para poner fin a la ausencia de libertad real para la mayoría que vive de su trabajo, porque no tiene otro medio de subsistencia, y que busca un acceso estable a un trabajo y a un ingreso dignos. Este razonamiento se extendió luego desde la posición de clase al origen étnico, al género y a la preferencia sexual, a partir de la reivindicación de la igualdad fundamental de los derechos de cualquier ser humano frente a toda discriminación arbitraria y todo privilegio injusto.

A este título, la izquierda encarna la modernidad en tanto proyecto que define la identidad no como pertenencia a un grupo étnico o nacional tradicional sino como una ciudadanía política fundada en iguales derechos que garantizan la integridad, la dignidad y la libertad de cada persona y en deberes de cuidado hacia los demás en la vida en común. En origen, su horizonte fue la superación de la división de clases antagónicas en una nueva sociedad suficientemente productiva y organizada a través de la planificación de precios y cantidades como para que, según Karl Marx, se pasara del "reino de la necesidad al reino de la libertad", lo que se intentó mediante una centralización económica que la historia mostró conducía a un régimen burocrático y autoritario. Hoy sigue defendiendo que las interacciones sociales no deben estar basadas solo en la limitación del poder estatal arbitrario que interfiere sobre la libertad de los ciudadanos propio del liberalismo, sino también en la no dominación (Philip Pettit) de unos ciudadanos por otros, lo que debe ser resguardado por reglas republicanas que limiten el poder económico asimétrico. Y defiende la idea de una sociedad post-capitalista basada no en una u otra forma particular de propiedad sino en el principio de reciprocidad comunitaria y de igualdad efectiva de oportunidades, por sobre el predominio de los intercambios de mercado en los que el poder económico estructuralmente diferenciado de los participantes reproduce desigualdades injustas (Gerald Cohen). 

La perspectiva socialista en el siglo XXI se debe entender como avanzar a un régimen socio-económico y político democrático cuya finalidad es el bienestar equitativo y sostenible de la población y en el que prevalece el igual respecto y consideración entre los miembros de la sociedad. Para que esto sea posible, debe funcionar una planificación democrática de las principales orientaciones de la vida económica para maximizar el valor público que haga posible un mayor bienestar equitativo y sostenible. Esto incluye los marcos en que ha de desenvolverse tanto un sector de economía descentralizada con agentes privados regulados como un sector de economía social, junto a un sector de economía estatal en la producción de bienes y servicios que se transan en mercados o son objeto de provisión gratuita pero que están al servicio del interés general, junto a la esfera de la producción y reproducción de bienes públicos y de bienes comunes al margen del mercado. Sin socializar una parte importante de los excedentes privados para financiar y apoyar a los servicios públicos y a la economía social no se puede proteger a las personas de la pobreza, el desempleo y la enfermedad y la falta de integración a través del empleo, sin lo cual no hay la posibilidad de establecer una sociedad mínimamente cohesionada, sino solo un destino de conflictos de interés generalizados y cada vez más violentos.

Una economía mixta con estos tres sectores es la que está probablemente en mejores condiciones de obtener la provisión material suficiente de bienes y servicios y la generación y  uso racional del excedente económico, así como la promoción de incrementos de la productividad en condiciones de sostenibilidad social y ambiental. La repartición del ingreso que resulta de la producción debe realizarse entre: a) remuneraciones directas e indirectas que retribuyan el aporte social del trabajo; b) excedentes púbicos e impuestos sobre utilidades privadas que financien los bienes comunes y los bienes públicos y c) utilidades que remuneren los capitales privados  a tasas suficientes pero que impidan su concentración y con reglas que aseguren su sujeción a normas sociales y ambientales democráticamente determinadas. No hay razones válidas para que una parte sustancial del valor creado en la empresa no sea distribuido a los trabajadores o bien redistribuidos a ellos y al resto de la sociedad mediante sistemas de cobertura de riesgos, de seguridad social y de ingresos básicos universales. 

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Cabe dar cuenta que la respuesta al nudo de la crítica a la sociedad capitalista provocó hace un siglo una escisión profunda en la izquierda, hoy en esencia superada por la historia: si el derecho de propiedad privada más allá de los bienes personales legítimos debe ser restringido para que el interés general prevalezca, el grado y modalidades de esa restricción es materia de opciones muy diferentes, así como la valoración del impacto del productivismo sobre la naturaleza. 

El estalinismo, llamado impropiamente "socialismo real", llevó a Rusia después de la revolución y la guerra civil hacia una completa centralización estatal de la economía y a un implacable dominio autoritario por una burocracia, que terminó en una dictadura criminal más parecida al zarismo que a cualquier socialismo, por mucho que haya contribuido decisivamente a derrotar a su enemigo alemán en la “gran guerra patria”. Fracasó en su promesa de progreso material sostenido, además de provocar graves daños ecológicos (empezando por Chernóbil). Por no ser una respuesta que, respetando las libertades, avanzara de manera satisfactoria en la prosperidad colectiva y en la resiliencia ambiental, este modelo centralizador ha sido desechado por la mayor parte de la izquierda contemporánea. No obstante, subsiste en algunos grupos y en algunos lugares, con la tragicómica monarquía hereditaria comunista de Corea del Norte como caricatura. 

Otra corriente de la izquierda nunca estuvo a favor del modelo estatizador y autoritario, desde Rosa Luxemburgo y los consejistas y Luis Emilio Recabarren en Chile en sus escritos sobre el cooperativismo y desde el socialismo chileno y sus definiciones de los años cuarenta, entre muchas otras expresiones. Esta corriente ha promovido el socialismo como un camino de superación del capitalismo (es decir de la separación del trabajador de los medios y de los frutos de la producción) desde prácticas autónomas de la sociedad civil y desde la economía social y la participación de los trabajadores en las empresas. Tiene en la realidad multiforme de la economía social y solidaria actual un importante soporte, aunque frecuentemente poco visible. 

Por su parte, la corriente de la socialdemocracia alemana, británica y nórdica avanzó históricamente en la idea de socializar partes de la economía y de establecer un Estado de bienestar sin eliminar el mercado y la empresa privada con fines de lucro, regulándolos en función del interés general. Esa socialdemocracia europea logró imprimir resultados sociales y avances democráticos y de género notorios en sus países, aunque una parte terminó acercándose al neoliberalismo puro y simple y finalmente desmontando parte del Estado de bienestar construido en la posguerra y poniéndose al servicio de la gran empresa privada en nombre de la adaptación a la globalización, con Blair a la cabeza. Además, su preocupación por las consecuencias ambientales del crecimiento ha sido más tardía. Esa es la corriente con la que se identifican hoy los social-liberales chilenos y, curiosamente, algunos democratacristianos de derecha, los que harían bien en conocer mejor la economía social de mercado alemana, con sus representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas, sus negociaciones colectivas por rama y territorio, su titularidad sindical exclusiva y su cultura generalizada del pacto social. 

En América Latina, ha persistido la legítima resistencia cubana a la intervención norteamericana, con éxitos en consagrar derechos sociales pero sin los medios y la voluntad de democratizar las instituciones y desburocratizar la economía, con un gran costo para su pueblo. Posteriores experiencias se han reclamado del socialismo en Venezuela y Nicaragua y se han transformado en regímenes de dominio de castas político-militares que se han aferrado al poder y roto con la democracia como forma de gobierno. Los bloqueos externos a que son sometidos son también en estos casos inadmisibles y solo perjudican a la mayoría social. Otras experiencias se han basado en la redistribución desde el Estado de una parte de las rentas de los recursos naturales, lo que dio lugar a diversos modelos económicos mixtos, algunos de ellos con importantes éxitos parciales, pero muchos con rasgos clientelares y sin capacidad de crear un dinamismo económico endógeno suficiente y una expansión de la economía social, en los llamados gobiernos progresistas de inicios del siglo XX.

Desde la caída del muro de Berlín y la declinación de la socialdemocracia tradicional, y especialmente desde la gran recesión de 2009, la izquierda en el mundo está buscando nuevas respuestas para mantener y ampliar la protección social ante la financiarización y globalización de las cadenas de valor del capitalismo actual, con, adicionalmente, una creciente preocupación por la preservación de los ecosistemas y por el cambio climático. Han emergido nuevas propuestas de regulaciones económicas, sociales y ambientales que garanticen derechos universales, en el marco de la defensa de la democracia como el espacio institucional para realizarlas con legitimidad y apoyo de la sociedad, cautelando siempre los derechos civiles y políticos. Parte de ese programa está siendo realizado hoy en países diversos como Nueva Zelandia, Portugal y España, es promovido por partidos que valoran el progreso social y la redistribución del ingreso y la riqueza en distintas partes del mundo, incluso en Estados Unidos con Sanders y Warren entre los demócratas y la idea del Green New Deal de Ocasio-Cortés y en América Latina tuvo una expresión exitosa con el Frente Amplio uruguayo y otras experiencias como la boliviana. Ese debate es también uno que propone hacerse cargo de la crítica a aquella izquierda occidental que centró su plataforma de acción en la defensa de las minorías oprimidas, con bastante éxito en muchos casos, dejando de lado la representación de los intereses del mundo del trabajo, una parte del cual terminó buscando refugio en la extrema derecha xenófoba y nacionalista o en la equívoca oposición entre pueblo y élites, incapaz de caracterizar las contradicciones y conflictos de interés y de clase en la sociedad contemporánea. 

El debate incluye el tratamiento de las obligaciones públicas de la empresa privada con fines de lucro. Esta debe poder ser parte de una actividad económica mixta en tanto cumpla con la función social de producir al mínimo costo dadas las tecnologías disponibles, pero respetando las reglas sociales y ambientales y permitiendo formas de coparticipación de los trabajadores en la gestión y en las utilidades,  junto a la promoción de la economía social y solidaria y de las empresas públicas estratégicas. Esta base productiva mixta es la que debe crear los excedentes que permitan financiar los mencionados bienes comunes naturales y patrimoniales, los bienes públicos y las redistribuciones. Estos no solo deben remitirse a la provisión de orden y seguridad sino también a la preservación y reparación ecosistémica, la creación de infraestructura sostenible y de ordenamiento integrador del territorio, junto a la provisión de educación, salud y movilidad, sin los cuales ninguna producción privada con prosperidad compartida sería posible, junto redistribuciones directas para asegurar ingresos básicos y la compensación monetaria al trabajo doméstico, así como redistribuciones indirectas a través de seguros de desempleo, enfermedad y pensiones. Es indispensable, además, un cambio sustancial del modelo de producción, con una transición energética rápida, y un nuevo modelo de consumo que vaya más allá de las etiquetas negras para los alimentos peligrosos para la salud, con reglas más amplias de salud pública y el rediseño, reparación, reciclaje y reutilización de bienes que termine con la obsolescencia programada de los objetos mercantiles. Deberán emerger, asimismo, nuevas formas de ocupación del espacio y de movilidad para enfrentar los aleas sanitarios y aumentar la calidad de vida sostenible en las ciudades. 

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La crisis del coronavirus ha evidenciado la importancia de la acumulación de valor público en los sistemas sanitarios y en las capacidades de manejo de pandemias, y las consecuencias catastróficas de su ausencia. También ha ampliado la escala de la socialización de ingresos y su distribución en el tiempo a través del gasto público frente a la crisis económica. Los temas de quien crea valor y quien se lo apropia siguen siendo centrales en el mundo de hoy, y hacen más decisiva que nunca la distinción entre izquierda y derecha. La izquierda seguirá existiendo mientras subsistan utilidades privadas en la actividad económica basadas en la sub-remuneración del trabajo asalariado que las hace posibles, y más atrás el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que permite que haya fuerza de trabajo en el mercado. Y mientras subsista la tendencia a informalizar el empleo y mantener altos niveles de desempleo para el uso por el capital de fuerza de trabajo a bajo costo. El trabajo debe tener una remuneración ajustada a su aporte colectivo e individual a la producción, sin perjuicio de límites mínimos legales, mientras se debe remunerar mediante impuestos al Estado el valor público que hace posible que los mercados y las utilidades empresariales existan. Esto justifica la intervención pública de los “mercados de trabajo” -a pesar de las consabidas quejas empresariales en nombre de la competitividad- para ampliar la retribución del trabajo directo y reconocer el valor económico del trabajo doméstico y mejorar sus condiciones de ejercicio. Y el apoyo público con subsidios, créditos y compras a las empresas cooperativas y sociales y solidarias, basadas en los principios de control democrático y participación económica de los miembros, autonomía y vocación de servicio a la comunidad.

En contraste, el enfoque neoliberal propugna la liberalización de los mercados y facilitar la participación en ellos para maximizar el bienestar. Pero su resultado es más que conocido: un alto y creciente grado de concentración del capital en detrimento del trabajo, del resto de la sociedad y de la resiliencia de los ecosistemas. 

Situarse por encima de la izquierda y la derecha y declarar que la izquierda es algo del pasado es escabullir las definiciones centrales alrededor de las cuales funciona o debe funcionar la sociedad ¿Debe permitirse la persistencia de la acumulación ilimitada de capital y del dominio oligárquico sobre la economía, la sociedad y la política y su impacto sobre la desigualdad de ingresos y riqueza, la mercantilización de la cultura y de la ciencia y el deterioro del ambiente? ¿Debe la especie humana renunciar a lograr grados básicos de equidad en las relaciones sociales, desarrollar la ciencia y la cultura y sobrevivir como tal frente a los crecientes límites planetarios de su actividad? Todo esto requiere gobernar los mercados y subordinar el capital al interés general.  

Es más fácil y cómodo hablar de inteligencia artificial o de derechos neuronales desde una especie de lógica de ciencia ficción (grandes temas que requieren una atención seria en su especificidad) antes que confrontar la adicción rentista de la oligarquía dominante en la apropiación del excedente económico o el consumo de masas adictivo y depredador. Y defender el proyecto de transformar la economía y la sociedad y alimentar las luchas democráticas de todos los días, las que, mientras sean necesarias, hacen indispensable que exista la tan vilipendiada e imperfecta izquierda, que tiene el deber de fortalecerse para ampliar la persistente lucha por los derechos de la mayoría social y por la emancipación de toda opresión y discriminación y la preservación de los ecosistemas que cobijan la vida humana.