La discusión sobre las bases de una nueva república

En La Mirada Semanal

El debate sobre la nueva constitución es en realidad el debate sobre una nueva república, lo que la derecha se resiste a asumir, como ocurre con su nueva pretensión de que la Convención Constitucional apruebe todo al final por dos tercios, aumentando el derecho a veto que ya logró en materia de quórum de aprobación de cada norma de la nueva constitución. Su sector más duro sigue preparando, irresponsablemente, el fracaso de esa convención para mantener la constitución de 1980.

Pero no debe olvidarse que fue la rebelión social de octubre-diciembre de 2019 la que dejó marcada la necesidad de dejar atrás la república transicional y una constitución cuya pretensión original fue la de consagrar la restauración oligárquica ocurrida en Chile después de 1973. Aunque fue reformada en 1989 para dar paso a la transición (su proceso -que, contrariamente a una cierta leyenda, fue totalmente público- está descrito en http://www.memoriachilena.gob.cl/archi.../pdfs/MC0042474.pdf) y luego en democracia múltiples veces, la constitución de 1980 ha mantenido la inaceptable impronta del poder de veto de una minoría que representa los intereses de las oligarquías económicamente dominantes. 

No nos cansaremos de sostener que la actual constitución es en esencia una máquina de impedir que se gobierne de acuerdo a las decisiones de la mayoría. Se trata del insólito concepto de "democracia protegida" enunciado por Jaime Guzmán, es decir protegida de su principio básico, el de que las opciones mayoritarias prevalezcan en la vida social por sobre privilegios de cualquier índole. En una democracia propiamente tal se respeta el derecho de las minorías a expresarse libremente, a gozar de sus derechos fundamentales y a procurar transformarse en mayoría, pero no se les da poder de veto sobre la mayoría. Subyace a la concepción de Guzmán la idea elitista de una jerarquía social natural, de un supuestamente necesario dominio de hecho de unos pocos sobre los muchos, que la propia constitución, y si es necesaria la fuerza, no deben permitir sea cuestionado.

 

El resultado es que ha quedado marcada la idea en la sociedad de que la constitución manda gobernar en función de determinados intereses minoritarios y que ahora debe hacerse en función de otros intereses.

 

Pero ese no es un enfoque adecuado. Una nueva constitución no debe ser un programa para gobernar, es decir para desarrollar políticas desde el Estado. Debe ser el marco para gobernar, ya sea que las políticas sean de uno u otro tipo o bien representen visiones o intereses alternativos. La acción de gobierno es la que se propone satisfacer las necesidades individuales y colectivas de las personas viviendo en sociedad. Variará según las visiones, intereses, objetivos, prioridades y énfasis de los/las que reciban el mandato de gobernar, que la ciudadanía está llamada a validar o reemplazar periódicamente al elegir a los gobernantes y legisladores. Lo propio ocurre con las competencias regionales (ordenamiento territorial, infraestructura regional, fomento productivo, coordinación de los servicios sociales), ahora que elegiremos gobernadores regionales además de consejeros, y las competencias locales (múltiples tareas de servicio directo y cotidiano a la comunidad) a cargo de alcaldes y concejales con toda la diversidad de la sociedad y de sus territorios.

 

¿Cuáles deben ser, entonces, las definiciones básicas a establecer en una nueva constitución, ya que no programas de gobierno?

 

Primero, debe consagrarse con mayor claridad la definición según la cual Chile es una República cuya soberanía reside en el pueblo y solo en el pueblo y que ésta se expresa a través de representantes electos periódicamente por la ciudadanía y de consultas y referendums.

 

Segundo, debe consagrarse la definición de que la chilena es una República que se constituye como un Estado democrático de derecho. El Estado de derecho provee las reglas para la toma de decisiones públicas sujetas al gobierno de las normas y no a la voluntad arbitraria de quienes ejercen el poder político. El Estado de derecho establece la cautela de derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, las que a su vez tienen deberes hacia la sociedad. La nueva constitución debe hacer suya la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”. Esto incluye primordialmente el derecho a la protección contra toda discriminación de la mujer y la protección de la infancia. El nuevo Estado democrático deberá ser paritario y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluyendo el igual acceso de mujeres y hombres a los cargos de elección popular, así como a las responsabilidades profesionales y sociales. Deberá establecer el principio de la acción positiva para alcanzar la paridad en los cargos de representación popular, en los cuerpos directivos de la administración pública, las empresas y las organizaciones no gubernamentales. Así, una República democrática es antinómica a las visiones oligárquicas, autoritarias y patriarcales al establecer la igualdad ante la ley, mecanismos de protección de los derechos de los/as gobernados/as y la elección mediante sufragio universal de los/as gobernantes. Por ello, en la Repúblicas democráticas constituidas como Estados de derecho los gobiernos siempre son de turno (dicho sea de paso, ojalá deje de usarse la expresión "gobierno de turno" de modo despectivo, pues por definición en democracia los gobiernos lo son: si no fuera así estaríamos en presencia de una dictadura). Para consagrar su estabilidad, esta parte de la constitución no debe poder ser modificada por la mayoría (y nunca con quórums que consagren un poder de veto de la minoría, pues se trata de un principio antidemocrático) sin el pronunciamiento en el mismo sentido de dos legislaturas sucesivas.

Tercero, debe consagrarse que la República se constituye como Estado social. El concepto de Estado social reconoce derechos colectivos y el derecho legítimo no solo de los individuos sino también de grupos sociales y sus representaciones (sindicatos, juntas de vecinos y territoriales, colegios profesionales, agrupaciones empresariales o de actividad) de incidir en las decisiones públicas, sin perjuicio de la prevalencia de los órganos de representación de la soberanía popular. El individuo es necesariamente miembro de diversas comunidades a las que deben reconocerse derechos. Estos derechos colectivos son indispensables para que los individuos alcancen su autodeterminación frente a las asimetrías de poder en la sociedad e impidan el dominio de una plutocracia (esa forma de oligarquía en la que una sociedad está gobernada o controlada por la minoría formada por sus miembros más ricos e influyentes que bien conocemos en Chile) o, en otro plano, de un género sobre otro. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Chile en 1972, que prevalece sobre la legislación interna, debe ser la base constitucional de ese Estado social, especialmente en la definición de “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, del “derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” con “una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”,  junto al  derecho de huelga y el “derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección”. Esto supone que el derecho de propiedad tenga como límite el interés general.

 

Cuarto, el Estado democrático y social de derecho chileno debe ser uno que reconozca, fruto de la historia, su carácter plurinacional. Los primeros pueblos deben tener derechos colectivos. No olvidemos lo escrito solemnemente por Bernardo O'higgins el 12 de marzo de 1819: "Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un Presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne, firmando al mismo tiempo la gran Carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros Estados". Los primeros pueblos deben disponer de autonomía para ejercer sus derechos colectivos en el marco del Estado de derecho paritario, democrático y social.

 

Quinto, debe reafirmarse la definición de que el Estado sea unitario (en el sentido que las leyes y sus regulaciones rigen para todo el territorio), pero al mismo tiempo sea desconcentrado para ejercer determinadas funciones (la aplicación de la ley y de las políticas gubernamentales se puede transferir a órganos con grados de autonomía en el territorio, aunque sujetos a instrucciones jerárquicas) y sea descentralizado para ejercer determinadas competencias (las regiones y comunas pueden establecer normas propias para sus funciones y atribuciones exclusivas, y sus autoridades elegidas están sujetas a la ley pero no a instrucciones jerárquicas y a ese título son autónomas).

 

Las políticas públicas y la ley democráticamente establecidas, y modificadas, en su caso, de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos expresadas por sus representantes en deliberaciones periódicas o directamente mediante referendum o iniciativa popular de ley, son las llamadas a concretar en la vida cotidiana estos principios básicos de una nueva República. Corresponde en primerísimo lugar a la constitución enunciarlos formalmente, junto a los derechos fundamentales, incluyendo los económicos, sociales, culturales y ambientales, y a la organización de los poderes del Estado, su separación y mecanismos de control mutuo y los procedimientos de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, cuyo enunciado escapa a estas líneas. Pero no le corresponde determinar modelos específicos de políticas públicas ni los contenidos de la ley que deben ser propias del pronunciamiento democrático y periódico del pueblo que elige a sus autoridades cada cuatro años.

La carrera de obstáculos hacia una nueva constitución

En La Mirada Semanal

Pablo Longueira decidió volver al ruedo político con tres afirmaciones (en su exposición al Consejo Ampliado de la UDI): si no hay condiciones el 25 de octubre “no se hace el plebiscito no más”; si se hace, “vamos a disputar artículo por artículo la constitución de Jaime a los bolivarianos”; y, finalmente, en el caso en que se elija la Convención Constituyente, “si no se acepta que en el reglamento inicial haya una votación de conjunto al final, entonces no hay reglamento y no hay propuesta” a los chilenos. Nos quedamos con la constitución de 1980.

Este tipo de conducta de la derecha chilena es la que ha socavado las bases de la convivencia social en Chile. Luego de una confrontación política y social muy dura entre 1983 y 1989 (que muchos olvidan), la transición a la democracia - lenta, engorrosa, equívoca e incompleta- estabilizó la vida política y social sobre la base de un clima de libertades y de avances sociales y económicos. Pero la persistencia del veto oligárquico y excluyente en las instituciones y de las desigualdades de ingresos y de oportunidades en una sociedad en la que el mercado y el individualismo se hicieron estructurales, incubaron una rebelión social de envergadura. Esta se condimentó con una caída a la mitad del crecimiento económico. Algunos fuimos señalando a lo largo del tiempo, incluyendo advertencias a los representantes de la derecha, que esto representaba una bomba de tiempo. No quisieron entenderlo entre 1990 y 2005, y tampoco después.

Se han sentido con el poder suficiente que emanó del golpe de 1973, que fue en esencia el proyecto de restauración del dominio oligárquico en Chile, resquebrajado desde 1920 y cuestionado en su médula entre 1964 y 1973 con el inicio del fin del latifundio tradicional. Pinochet intentó prolongar su poder personal y el de su casta militar hasta donde pudo (bastantes años, claro) y Guzmán establecer una constitución en la que no importara quien gobernara en tanto se mantuviera el orden oligárquico en base a un poder de veto institucional (lo que ha durado mucho más tiempo). Hasta que la cuerda, desgastada poco a poco, terminó por romperse.

Entre medio, se destruyó gravemente la confianza en las instituciones políticas y económicas, especialmente por la lógica de maltrato al ciudadano común y el desparpajo en la exhibición de privilegios, mientras el centro se debilitó por falta de proyecto y la izquierda socialista y democrática se extravió en el camino y dejó de representar al mundo popular. Aceptó una cercanía impropia con el gran empresariado, y algunos aceptaron sus subsidios. Se interesó obsesivamente por los cargos burocráticos y se acomodó, en algunos casos hasta la caricatura, a las facilidades del caudillismo y el clientelismo más clásico. Se privilegió lo inmediato y los intereses particulares. Sus principales líderes prefirieron cultivar su poder personal circunstancial y se desinteresaron por la construcción partidaria y la elaboración programática capaz de unificar a una gran corriente por el cambio social en una sociedad en proceso de cambio vertiginoso. Además, descuidaron a sus nuevas generaciones, las que decidieron iniciar un camino propio, mientras las de recambio se burocratizaron. 

¿Resultado? Una anomia -la ausencia de sujeción a reglas y a imaginarios colectivos constituidos- que ha ampliado la desconfianza, la carencia de sentidos colectivos y de alguna idea más o menos estructurada de sociedad basada en la justicia y en la representación del mundo del trabajo y de la cultura. La abstención electoral pasó del 20% al 50%, consagrando el desenganche de los más jóvenes y del mundo popular con la esfera pública, cansados de que se señalizara para un lado y se girara hacia el contrario y se mantuviera la sociedad del privilegio y del abuso.

Con el tiempo, la abstención generalizada permitió a la derecha ganar dos elecciones presidenciales, proceso en el que se coló con sentido de la oportunidad un Piñera capaz de romper las líneas divisorias de 1988, facilitado por la conversión de una parte de la DC y de la izquierda hacia la mantención e incluso promoción del orden neoliberal. Un empresario exitoso y sin mucha autocontención podía ser mejor que la decadencia de fuerzas tradicionales sin capacidad de producir cambios continuos y tangibles hacia una mayor justicia social, igualdad efectiva de oportunidades y protección de la calidad de vida de la mayoría, conceptos que se volvieron palabras vacías. Pero la derecha no fue capaz de construir una legitimidad estable para gobernar y se vio confrontada a la rebelión estudiantil de clases medias en 2011, a la rebelión social generalizada en 2019 y finalmente a la descomposición del Estado administrativo profesional, incapaz de enfrentar con sentido común una pandemia que se tornó desastrosa, acompañada de una fuerte recesión económica y de una crisis del empleo pocas veces vista. 

Los liderazgos son ahora estrellas fugaces que aparecen tan rápido como desaparecen, con excepción del inefable alcalde Lavín que goza de cadena nacional televisiva permanente. Y la situación actual es la de una polarización híbrida entre un siempre bastante cohesionado partido del orden y el resto de la sociedad, que está, sin embargo, profundamente fragmentada.

En este cuadro bastante desolador, la rebelión social dio algo de oxígeno a la política como construcción de alternativas capaces de producir tanto cambio social y cultural como orden democrático. El veto que la derecha exigió mantener una vez más en noviembre pasado, esta vez con los dos tercios para aprobar cualquier cosa en la constitución nueva -lo que no existe siquiera en la actual- es un error de los que lo impusieron y de los que lo aceptaron. Por eso no es posible tener demasiadas expectativas de lo que saldrá de ese proceso. Pero el pesimismo del análisis no debe impedir el optimismo de la voluntad para instar a que se pongan todas las energías democráticas al servicio de que una nueva constitución exista y deje de ser el espacio del veto minoritario sobre las opciones mayoritarias de la sociedad. Si Longueira, Allamand y los suyos no lo entienden así y bloquean una nueva constitución democrática con vigencia del principio de mayoría y de derechos sociales elementales, no deberán después quejarse de un abandono anárquico todavía mayor de las vías institucionales para la expresión de las aspiraciones mayoritarias de la sociedad. Pero tal vez esa perspectiva no los inquieta demasiado, pues frente las radicalizaciones variadas que están a la vista saben a qué recurrir, es decir a su tema preferido, la mantención represiva del orden. Solo que sería profundamente miope desde cualquier perspectiva de preservación del interés general y de la convivencia básica en la sociedad.

Las fuerzas democráticas, después del plebiscito del 25 de octubre, deben defender la idea que las opciones de política pública y las normas legales las deben decidir los ciudadanos en elecciones periódicas de representantes o por vía de consulta o referéndum. Y que la constitución no debe consagrar ningún modelo económico ni políticas públicas particulares, pues eso corresponde a la tarea de gobiernos elegidos periódicamente, y menos mantener el poder de veto ilegítimo de la minoría oligárquica. La constitución es un marco institucional sobre la relación entre gobernantes y gobernados que define el tipo de Estado, el que habrá de ser en el futuro un Estado de derecho democrático, republicano y social que protege y promueve derechos de los ciudadanos y que establece la organización de los órganos públicos para habilitar y canalizar la expresión democrática, no para sustituirla o impedirla. 

El Banco Central y la Constitución

En La Tercera

 

Es muy posible que a partir de abril próximo una convención elegida redacte una nueva Constitución. Esta incluirá definiciones de orden económico, las que debieran ser relativamente pocas. Corresponde a los órganos de gobierno democráticamente constituidos conducir la política económica y dar cuenta de ella ante el parlamento, la opinión pública y los actores sociales. Ninguna corriente política debiera pretender imponer en la Constitución algún modelo de política económica particular, pues eso le corresponde determinarlo periódicamente a los ciudadanos.

 

La Constitución debe limitarse a establecer la organización de los poderes públicos y enunciar los deberes y derechos fundamentales de las personas, derechos cuya estabilidad debiera garantizarse no mediante quórum supramayoritarios sino mediante la obligación de que dos legislaturas sucesivas aprueben futuras modificaciones. Los quórum supramayoritarios simplemente no son democráticos, porque otorgan un poder de veto a las minorías.

 

Una discusión en la materia será el tema de los derechos sociales, aunque pocos toman nota que con la modificación de 1989, que incluyó la prevalencia sobre la ley interna de los tratados internacionales firmados por Chile, ya rige en la actualidad el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, firmado por Chile en 1969, ratificado por el Congreso en 1972 y vigente desde 1976. Una lectura atenta de ese tratado indica que no pareciera necesario abundar mucho más en una nueva Constitución chilena en la materia, especialmente si se agrega los temas ambientales y de derechos de la mujer establecidos posteriormente en otros tratados internacionales suscritos por Chile.

 

Siguiendo este razonamiento, la nueva Constitución no debiera mencionar el estatuto del Banco Central. Éste debiera mantenerse en el marco de la ley. La preocupación de los economistas neoliberales, cuya fe en la democracia es un tanto limitada, es dejar en piedra, ojalá con un quórum de 150%, que el Banco Central es autónomo del poder ejecutivo elegido por el pueblo. Probablemente habrá quieres querrán agregar que también lo sea la autoridad fiscal y tributaria. La idea es que “los políticos son irresponsables y la Constitución debiera impedirles serlo”. Subyace en este campo la idea de Jaime Guzmán: cualquiera sea el que gobierne, los cerrojos constitucionales debieran imposibilitarles llevar a cabo las políticas en función de las cuales fueron elegidos. El tema es que precisamente para salir de esa lógica del veto en nombre de principios impuestos por una minoría con poder es que se someterá a decisión de los chilenos el 25 de octubre próximo tener o no una Constitución que encauce la participación democrática, en vez de impedirla.

 

Por lo demás, el récord del Banco Central deja mucho que desear, dado un sesgo con frecuencia deflacionista de su política monetaria y un manejo del tipo de cambio que no protege de las fluctuaciones. El dogma de que el Banco Central no debe financiar al gobierno acaba de caer con la aprobación de una reforma que autoriza la compra de bonos gubernamentales en mercados secundarios, lo que debiera extenderse en el futuro a la compra directa para enfrentar situaciones como la actual. Una futura reforma a la ley debiera, para evitar el sesgo deflacionista, extender el mandato no solo al control de la inflación sino también a la estabilidad financiera y al pleno empleo (como en Estados Unidos). Se aseguraría así una mayor complementariedad de las instituciones, pues la economía es una sola. La política económica requiere de coordinación institucional y de interlocución con los actores de la economía. Esa es la visión moderna y no la de aferrarse a dogmas que no se atienen a los hechos.

La economía y la transformación social: lecciones del pasado

En La mirada Semanal

Este septiembre se conmemoraron los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Impresiona que el tema siga teniendo una presencia destacada en el imaginario colectivo. Como dijo en estos días Manuel Antonio Garretón, es como si en 1970 se hubiera resaltado la victoria de Arturo Alessandri en 1920, lo que no ocurrió en absoluto, aunque se tratara del principio del quiebre parcial del dominio oligárquico en Chile.

 

El hecho es que vuelve de modo recurrente el debate sobre la viabilidad del proyecto transformador de Salvador Allende, que abordó en simultáneo un gran cantidad de reformas estructurales. En breve tiempo, Allende acometió nada menos que la nacionalización de la minería (mediante reforma constitucional), de la banca (a través de la compra de acciones), de los grandes grupos industriales (usando decretos de intervención para continuidad de abastecimientos) y, finalmente, la aceleración del fin de los latifundios utilizando la reforma constitucional y la ley de 1967 para transformarlos en propiedad agrícola cooperativa y/o campesina de pequeña escala. Además, el gobierno de Allende puso en práctica diversas medidas sociales e incrementos salariales para reanimar la demanda interna frente a capacidades instaladas no utilizadas, con un buen resultado inicial.

 

A la luz del resultado final, una manera de abordar este debate es sostener que una progresividad mayor de la transformación económica y social debió ser la opción a tomar. Pero también el examen de la evidencia indica que la gradualidad que no consolida un nuevo funcionamiento sistémico tiene problemas, lo que teorizaron Maurice Dobb y Michal Kalecki: el anuncio de cambios graduales puede provocar la retracción de las inversiones privadas con efectos a lo largo del tiempo sobre la producción y el empleo. Kalecki subrayaba que ese efecto podía producirse incluso ante inversiones públicas que aseguren el pleno empleo, lo que el empresariado tiende a no desear porque aumenta el poder de los asalariados aunque vaya en contra de su propio interés. Como se observa, en economía las cuestiones de poder (empezando por las que determinan la distribución primaria del ingreso en la empresa) presiden la evolución en el corto y largo plazo.

 

La estrategia de Allende incluyó la idea de una acción rápida de socialización y al cabo del tiempo la búsqueda de estabilización. En efecto, su programa requería, luego de la acelerada puesta en práctica inicial, de una consolidación política y económica frente al ascenso de la inflación por un exceso de demanda (el desempleo llegó a sus niveles más bajos conocidos y los aumentos salariales permitieron a los pobres consumir más bienes básicos), lo que no encontró acuerdo inicial entre los equipos y los partidos de la coalición de gobierno. La demanda excedió una oferta que reaccionó bien inicialmente, pero que empezó a sufrir deterioros productivos por el cambio de propiedad de una parte significativa de la producción de alimentos y bienes industriales y por la progresiva carencia de divisas. La restricción externa se agravó con la reacción norteamericana frente a la expropiación sin indemnización de las compañías mineras de esa nacionalidad (en nombre de pasadas utilidades excesivas, un especie de royalty retrospectivo). Una economía que se encaminaba desde 1972 a una pérdida de poder adquisitivo de los salarios y con una progresiva escasez de bienes básicos, era un caldo de cultivo para fenómenos como la especulación y el mercado negro y para un boicot económico organizado con la intención de erosionar el apoyo popular al gobierno. El objetivo era derrocarlo, lo que el gobierno norteamericano, la derecha y una parte de la DC intentaron una segunda vez (la primera fue el oscuro episodio del asesinato del general Schneider antes de que Allende asumiera en 1970, aunque hubo conspiraciones militares entre medio) con el paro de los camioneros de octubre de 1972, lo que finalmente lograron en septiembre de 1973. No obstante, la coalición de Allende sacó más votos en marzo de ese año en la elección parlamentaria (44%) que al momento de la elección presidencial (36%). La destitución legal, que requería dos tercios del parlamento, no prosperó y se dio curso definitivo al golpe militar.

 

Allende y parte de sus equipos eran partidarios tempranamente de realizar un plebiscito para estabilizar el proceso democrático, que necesitaba un amplia adhesión frente a la radicalidad de sus enemigos declarados, ya que no adversarios. La Unidad Popular no estuvo de acuerdo de hacerlo en el momento de la nacionalización del cobre en 1971 (lo que podría haberse realizado con el veto presidencial de aspectos secundarios de la reforma, como lo propuso Allende). En 1972, los economistas del gobierno procuraron limitar el déficit presupuestario (el Congreso votaba los gastos pero no los ingresos para financiarlos), contener la inflación y sostener la actividad productiva, para lo que Allende y sus ministros buscaron un acuerdo con la DC como el que había permitido en 1970 la proclamación de Allende en el Congreso Pleno. Pero no lo lograron.

 

En efecto, el gobierno de la UP negoció en el parlamento consolidar el área de propiedad social y concordó que 91 empresas permanecieran bajo tutela estatal, restituyendo el resto a sus propietarios. Por el PDC el interlocutor fue Eduardo Cerda, quien se empeñó en lograr ese acuerdo. Pero Frei Montalva y su grupo se opusieron con éxito y lo echaron abajo. Luego la DC juntó a sus dos alas y planteó la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba, que el parlamento terminó aprobando con apoyo de la derecha. Allende se negó a promulgarla. Al final, estuvo dispuesto a hacerlo, con la idea de vetarla y resolver la contienda mediante un plebiscito, como establecía la Constitución de 1925, lo que iba a anunciar el 11 de septiembre de 1973.

 

Este tema estuvo en el corazón del conflicto económico, junto a la reforma agraria y la nacionalización del cobre, aunque el nudo principal era político y emanaba del contexto global de guerra fría. Estados Unidos veía en el proyecto de Allende y en un gobierno democrático pero que incluía ministros comunistas un peligro por sus eventuales efectos en el resto de América Latina (dominado por dictaduras) y en Europa Occidental. Esto era bastante delirante, dada la lejanía de Chile de todo centro de poder mundial y, además, sin que hubiera un apoyo económico soviético, lo que constató Allende en su visita a la URSS en 1972. A esto se unió la voluntad férrea de la oligarquía tradicional de producir la interrupción del proceso de transformaciones que terminaba de desplazarla de su poder económico tradicional, desde el que influía en el sistema político. Logró con habilidad -y financiamiento norteamericano directo- aliados en los sectores medios conservadores y en su representación gremial y política (la película “La Espiral” de Armand Mattelard muestra bien la organización de la insurrección civil contra el gobierno de Allende).

 

Pero también la ausencia de acuerdo entre los partidos de izquierda sobre  los límites de lo que estaba previsto expropiar generó una percepción de amenaza generalizada sobre la propiedad y la empresa, incluso las pequeñas. El ala radical de la coalición de gobierno empujaba el desborde y el gobierno se demoró en fijar el límite a las expropiaciones (un determinado valor del activo que dejaba fuera a las empresas medianas y pequeñas), lo que hizo en 1972 y no logró hacer respetar. La estrategia de una parte de la coalición era que todo avance que socializara medios de producción era positivo y acumulaba adhesiones populares, por lo que alentaba la intervención de empresas, mientras consideraba que todo aumento salarial era legítimo. Esa no era la visión de los responsables económicos de la UP. Se produjo una huelga empresarial que se transformó rápidamente en una insurrección política, como la que organizó la Sofofa con apoyo norteamericano (leer a Orlando Saenz en la materia es muy instructivo), y que como reacción llevó a que más y más empresas fueran intervenidas, las que llegaron a unas 500, de distintos tamaños y sectores.

 

Así, el tema de la gradualidad no es tan simple: toda socialización económica, cualquiera sea su alcance, debe realizarse con rapidez para evitar la parálisis económica. Esa era la visión de Jacques Chonchol sobre la reforma agraria desde los años 1960: terminar con el latifundio en un rápido proceso para establecer cooperativas campesinas, pero también protegiendo la pequeña propiedad, de modo de poner a producir la tierra y asegurar el abastecimiento de alimentos a la brevedad. Es un argumento que tiene sentido. Pero la socialización sin límites claros, si además se nacionaliza activos extranjeros y esto provoca cortes de suministros desde el exterior, tiene el riesgo de aumentar dramáticamente la desorganización económica en el corto plazo. Una vida cotidiana inundada por colas y desabastecimiento lleva a una rápida pérdida de apoyo popular. Las bajas al menos  iniciales de producción, que si no se limitan crean inevitables desajustes de oferta y demanda, producen inflación y una espiral precios-salarios que la alimenta y sostiene. La consecuencia es que los gobiernos caen (Chile) o se transforman en regímenes autoritarios (Cuba y Venezuela) para sobrevivir.

 

Una democracia social y económica es otra cosa. Aunque ese era el proyecto de Allende y sus equipos, no era el de sus fuerzas políticas de apoyo. El PS tenía por entonces a Cuba en mente, aunque el programa de 1947 de Eugenio González era contrario a la estatización de la economía y el PC era prudente y gradualista, pero tenía a la URSS como modelo. De ahí que al cabo de tres años se crearan, más allá del éxito inicial, las condiciones de la derrota del proyecto del presidente Allende.

 

¿Qué hacer entonces para realizar transformaciones sustanciales de una estructura económica concentrada y desigual? Partamos por el principio. Los partidarios de la centralización estatal de la economía como proyecto de largo plazo se van a encontrar con los problemas de corto plazo reseñados y en régimen con problemas de imposibilidad de planificación de la oferta en detalle por insuficiencia de información y de capacidad de coordinación intertemporal de la oferta (aunque esto ha funcionado bien en las economías de guerra por períodos cortos, pero con consenso de los agentes económicos). Esto es aún más cierto con cadenas de valor globalizadas, como en la actualidad.

 

Pero si no se es partidario de la centralización estatal de la economía -como es mi caso, por razones de eficiencia y de base material de la democracia (como escribió Trotsky antes de ser asesinado, si el Estado es el único empleador entonces el dominio de una burocracia que lo controle todo hará imposible cualquier libertad de opinión)- sino de una economía mixta que incluya un sector de empresas con fines de lucro, entonces más vale dejar establecido con contundencia y credibilidad que este sector va a mantener condiciones de viabilidad sistémica permanente. Sin perjuicio de establecer de antemano que las empresas con fines de lucro deberán respetar normas de desconcentración, laborales, tributarias, ambientales y territoriales y articularse con empresas estatales y de economía social y solidaria. Si esa credibilidad no existe, entonces habrá huelga empresarial de inversiones y, eventualmente, conflicto civil.

 

Eso es lo que los economistas de la UP no lograron resolver: sostener, y convencer a las fuerzas políticas y sociales de las que formaban parte, que su programa debía realizar las transformaciones largamente esperadas pero también estabilizar desde el principio las reglas de propiedad una vez que se nacionalizara la minería, la banca y los grandes grupos industriales y se terminara con los latifundios para proveer un soporte a la estabilidad democrática amenazada, y buscar algún tipo de arreglo internacional que no asfixiara la economía. De hecho Allende abrió sin éxito, al final de su gobierno, negociaciones sobre el tema de la indemnización por la nacionalización del cobre.

 

La violenta restauración capitalista a partir de 1973, sin embargo, no cerró la discusión sobre cómo superar la dominación oligárquica sobre la economía y la sociedad en Chile. Después de la revolución neoliberal y la mantención de muchos de sus rasgos -aunque otros sufrieron cambios con sucesivas reformas desde 1990 que permitieron avances sociales importantes- garantizados por un sistema político que mantuvo el veto de la minoría que ha defendido contra viento y marea la restauración oligárquica, su insuficiencia se ha hecho evidente. Recientemente la movilización social ha aumentado el espacio para construir una alternativa de economía mixta, con mercados pero con provisión estatal amplia de bienes públicos y con regulaciones consistentes para asegurar equidad y sostenibilidad en la producción descentralizada de bienes.

 

En el mediano plazo, una nueva macroeconomía del desarrollo permitirá eventualmente una transformación sistémicamente post-capitalista, en tanto la asignación de recursos ya no esté presidida por mercados desregulados y concentrados que controlan el poder político y por la acumulación ilimitada y depredadora de capital. No obstante, es condición necesaria que su eventual puesta en práctica sea organizada con consistencia -y no en función de impulsos radicales de fuerzas políticas que tienen la improvisación como estrategia principal, como ocurre con alguna neoizquierda- y con  los soportes políticos y una mayoría social suficientes para asegurar su continuidad democrática.

 

El salario mínimo y la recesión

En La Mirada Semanal

La intervención del Estado en las relaciones laborales es indispensable en economías descentralizadas, dado el carácter asimétrico de la relación entre empleadores y asalariados. Una vía de reducir esa asimetría es establecer la obligación de negociar colectivamente por los asalariados con sus empleadores la mayor parte de las condiciones de trabajo, incluyendo los salarios mínimos, a través de sindicatos representativos. Complementariamente, corresponde al Estado establecer por ley al menos salarios mínimos, negociaciones de reajustabilidad periódica, horarios de trabajo, vacaciones, permisos de maternidad y permisos por enfermedad, condiciones de higiene y seguridad y condiciones del despido, salvo que la negociación colectiva por sectores o territorios sea muy amplia y equilibrada.

En materia de salario mínimo, este debe permitir sobrevivir a trabajadoras y trabajadores sin calificación en condiciones dignas. Desde el punto de vista de la racionalidad económica, debe ser del orden del 50% del promedio de los salarios (o de dos tercios del salario mediano, como ha propuesto recientemente un informe de una comisión independiente convocada por el gobierno en el Reino Unido). De acuerdo a la información reportada por las AFP, el ingreso imponible en 2019 en Chile fue de 834 mil pesos. Según el mencionado criterio, el salario mínimo debiera ser del orden de 417 mil pesos, muy superior a los 320.500 pesos brutos vigentes (llamado Ingreso Mínimo Mensual, cuyo monto para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años es de 239.085 pesos).

Desde mayo de este año hay que agregar el Ingreso Mínimo Garantizado que suplementa con subsidios públicos el salario de los que reciben menos de 380 mil pesos brutos, con el objetivo de que no ganen menos de 300 mil pesos líquidos los trabajadores/as con contrato y jornada de más de 30 horas semanales. Este alivio al costo salarial de las empresas -financiado con el presupuesto público- mejora la situación de unos 700 mil asalariados/as. El problema es que desvincula a las empresas de su rol de asegurar un mínimo decente de remuneración a quienes trabajan para ellas -para no hablar de una remuneración que implique compartir las utilidades de la empresa más allá de las magras gratificaciones- y hará recaer ese costo sobre la colectividad. El segundo problema es que esto se paga a través de impuestos compuestos mayoritariamente por el IVA, que es regresivo. En efecto, el gobierno se niega a aumentar el aporte tributario de los sectores de más altos ingresos de la sociedad. También lo hacen ex autoridades como Rodrigo Valdés, que prefiere descalificar de mala manera a quienes lo proponen antes que buscar un mayor equilibrio tributario y de ingresos en Chile.

Esa desvinculación de la responsabilidad de la empresa con remuneraciones básicas se acaba de confirmar con el envío por el gobierno al Congreso de un proyecto de ley que no reajusta el salario mínimo legal entre septiembre de 2020 e igual mes de 2021, manteniéndolo en 320.500 pesos. Su argumento es que la inflación acumulada desde marzo a la fecha es nula y que existe un retroceso de la actividad económica.

Se trata de una nueva muestra de la reiterada ceguera de las autoridades sobre como enfrentar la recesión económica en curso. Esta ceguera se origina en una visión clásicamente ortodoxa de la economía según la cual "somos todos más pobres y por tanto todos debemos ajustarnos". Pero no por eso es menos equivocada. Un incremento real de esta variable de al menos 10% hubiera contribuido a inyectar algo más de demanda efectiva en la economía. Pero el gobierno prefiere mantener bajos los costos salariales de las empresas, pues considera que eso es lo "sano". El problema es que muchas de ellas tienen, en condiciones de recesión, cada vez menos personas que les compren lo que producen, como advirtió que ocurre en circunstancias de este tipo hace 90 años un tal señor llamado John Maynard Keynes. Y que advierten hoy las corrientes económicas que interpretan el buen funcionamiento de la economía en el corto plazo como uno que mantiene un nivel suficiente de la demanda de consumo y un horizonte temporal expansivo para la inversión. Como ambas cosas no son estimuladas por el gobierno en magnitud suficiente, en las condiciones de recesión actuales una parte de ellas seguirá despidiendo trabajadores, lo que al gobierno parece no importarle demasiado. Pero alimentará una espiral recesiva, lo que sí debiera importarle porque fragiliza la situación de las propias empresas que dice querer defender con su enfoque exclusivamente centrado en las condiciones de la oferta.

La comparación de la actividad económica en los primeros 7 meses (enero-julio) de 2020 respecto al mismo período de 2019 registra una caída anual de -7,6%. Esto permite prefigurar una caída anual muy superior a la de las dos más recientes recesiones, la de -0,4% en 1999 y la de -1,6% en 2009, pero inferior a la de -11,0% y - 5,0% registrada en 1982 y 1983. En esta evolución menos catastrófica que lo inicialmente previsto han incidido positivamente tanto la inyección de recursos por el retiro de ahorros desde las AFP como el retiro de recursos acumulados desde las cuentas del seguro de cesantía por los que han perdido su empleo o han visto suspendido su contrato o disminuida su jornada de trabajo. Recordemos que se han perdido cerca de dos millones de empleos y suspendido más de 700 mil.

Existe efectivamente, en las condiciones actuales, una reactividad de la economía ante inyecciones de demanda de consumo sin producir inflación. Si el gobierno hubiera ampliado el gasto público en un 5% adicional del PIB, como lo ameritaba la situación, financiando un déficit también adicional perfectamente asumible con el uso de reservas fiscales y endeudamiento, la caída de la producción y el empleo hubieran sido menores. Pero el actual gobierno se niega a actuar sobre la demanda de consumo de las familias de menos ingresos, como podría haberlo hecho incrementando el salario mínimo, o bien a través de transferencias más importantes por Ingreso Familiar de Emergencia, Seguro de Cesantía y Pensión Básica Solidaria. Ha preferido concentrar los recursos en aliviar la situación tributaria de las empresas de mayor tamaño y dejar a la deriva a la mayoría social..