El salario mínimo y la recesión
La intervención del Estado en las relaciones laborales es indispensable en economías descentralizadas, dado el carácter asimétrico de la relación entre empleadores y asalariados. Una vía de reducir esa asimetría es establecer la obligación de negociar colectivamente por los asalariados con sus empleadores la mayor parte de las condiciones de trabajo, incluyendo los salarios mínimos, a través de sindicatos representativos. Complementariamente, corresponde al Estado establecer por ley al menos salarios mínimos, negociaciones de reajustabilidad periódica, horarios de trabajo, vacaciones, permisos de maternidad y permisos por enfermedad, condiciones de higiene y seguridad y condiciones del despido, salvo que la negociación colectiva por sectores o territorios sea muy amplia y equilibrada.
En materia de salario mínimo, este debe permitir sobrevivir a trabajadoras y trabajadores sin calificación en condiciones dignas. Desde el punto de vista de la racionalidad económica, debe ser del orden del 50% del promedio de los salarios (o de dos tercios del salario mediano, como ha propuesto recientemente un informe de una comisión independiente convocada por el gobierno en el Reino Unido). De acuerdo a la información reportada por las AFP, el ingreso imponible en 2019 en Chile fue de 834 mil pesos. Según el mencionado criterio, el salario mínimo debiera ser del orden de 417 mil pesos, muy superior a los 320.500 pesos brutos vigentes (llamado Ingreso Mínimo Mensual, cuyo monto para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años es de 239.085 pesos).
Desde mayo de este año hay que agregar el Ingreso Mínimo Garantizado que suplementa con subsidios públicos el salario de los que reciben menos de 380 mil pesos brutos, con el objetivo de que no ganen menos de 300 mil pesos líquidos los trabajadores/as con contrato y jornada de más de 30 horas semanales. Este alivio al costo salarial de las empresas -financiado con el presupuesto público- mejora la situación de unos 700 mil asalariados/as. El problema es que desvincula a las empresas de su rol de asegurar un mínimo decente de remuneración a quienes trabajan para ellas -para no hablar de una remuneración que implique compartir las utilidades de la empresa más allá de las magras gratificaciones- y hará recaer ese costo sobre la colectividad. El segundo problema es que esto se paga a través de impuestos compuestos mayoritariamente por el IVA, que es regresivo. En efecto, el gobierno se niega a aumentar el aporte tributario de los sectores de más altos ingresos de la sociedad. También lo hacen ex autoridades como Rodrigo Valdés, que prefiere descalificar de mala manera a quienes lo proponen antes que buscar un mayor equilibrio tributario y de ingresos en Chile.
Esa desvinculación de la responsabilidad de la empresa con remuneraciones básicas se acaba de confirmar con el envío por el gobierno al Congreso de un proyecto de ley que no reajusta el salario mínimo legal entre septiembre de 2020 e igual mes de 2021, manteniéndolo en 320.500 pesos. Su argumento es que la inflación acumulada desde marzo a la fecha es nula y que existe un retroceso de la actividad económica.
Se trata de una nueva muestra de la reiterada ceguera de las autoridades sobre como enfrentar la recesión económica en curso. Esta ceguera se origina en una visión clásicamente ortodoxa de la economía según la cual "somos todos más pobres y por tanto todos debemos ajustarnos". Pero no por eso es menos equivocada. Un incremento real de esta variable de al menos 10% hubiera contribuido a inyectar algo más de demanda efectiva en la economía. Pero el gobierno prefiere mantener bajos los costos salariales de las empresas, pues considera que eso es lo "sano". El problema es que muchas de ellas tienen, en condiciones de recesión, cada vez menos personas que les compren lo que producen, como advirtió que ocurre en circunstancias de este tipo hace 90 años un tal señor llamado John Maynard Keynes. Y que advierten hoy las corrientes económicas que interpretan el buen funcionamiento de la economía en el corto plazo como uno que mantiene un nivel suficiente de la demanda de consumo y un horizonte temporal expansivo para la inversión. Como ambas cosas no son estimuladas por el gobierno en magnitud suficiente, en las condiciones de recesión actuales una parte de ellas seguirá despidiendo trabajadores, lo que al gobierno parece no importarle demasiado. Pero alimentará una espiral recesiva, lo que sí debiera importarle porque fragiliza la situación de las propias empresas que dice querer defender con su enfoque exclusivamente centrado en las condiciones de la oferta.
La comparación de la actividad económica en los primeros 7 meses (enero-julio) de 2020 respecto al mismo período de 2019 registra una caída anual de -7,6%. Esto permite prefigurar una caída anual muy superior a la de las dos más recientes recesiones, la de -0,4% en 1999 y la de -1,6% en 2009, pero inferior a la de -11,0% y - 5,0% registrada en 1982 y 1983. En esta evolución menos catastrófica que lo inicialmente previsto han incidido positivamente tanto la inyección de recursos por el retiro de ahorros desde las AFP como el retiro de recursos acumulados desde las cuentas del seguro de cesantía por los que han perdido su empleo o han visto suspendido su contrato o disminuida su jornada de trabajo. Recordemos que se han perdido cerca de dos millones de empleos y suspendido más de 700 mil.
Existe efectivamente, en las condiciones actuales, una reactividad de la economía ante inyecciones de demanda de consumo sin producir inflación. Si el gobierno hubiera ampliado el gasto público en un 5% adicional del PIB, como lo ameritaba la situación, financiando un déficit también adicional perfectamente asumible con el uso de reservas fiscales y endeudamiento, la caída de la producción y el empleo hubieran sido menores. Pero el actual gobierno se niega a actuar sobre la demanda de consumo de las familias de menos ingresos, como podría haberlo hecho incrementando el salario mínimo, o bien a través de transferencias más importantes por Ingreso Familiar de Emergencia, Seguro de Cesantía y Pensión Básica Solidaria. Ha preferido concentrar los recursos en aliviar la situación tributaria de las empresas de mayor tamaño y dejar a la deriva a la mayoría social..