Demócratas y socialdemócratas

 En El Mostrador

¿Sabía usted que el candidato demócrata Joe Biden, de ser elegido en noviembre presidente de Estados Unidos, contempla aumentar al doble el salario mínimo, es decir de 7,25 a 15 dólares la hora? ¿Y que eso ya ocurre en la ciudad de Nueva York, administrada por los democrátas, o en grupos como Amazon?

Aquí los neoliberales unidos dirían que eso sería catastrófico y que atentaría contra el empleo. Economistas como David Card, Alan Krueger y el Nobel Paul Krugman han argumentado desde hace bastante tiempo que, en el caso de venir de niveles bajos, el incremento del salario mínimo solo aumentaría los ingresos de los peor pagados y que, en condiciones de una brecha ingreso-producto, contribuiría a aumentar la demanda de consumo y por tanto el empleo. Por eso los demócratas proponen hoy subir sustancialmente el salario mínimo en Estados Unidos.

¿Sabía usted que Joe Biden contempla aumentar los impuestos en 2% del PIB y que tres cuartas partes del incremento vendrían del 1% más rico (118 mil US$ de impuesto adicional por individuo de ese grupo, lo que implicaría una caída de 17% de su ingreso neto promedio)? Esto se haría aumentando de 37% a 39,6% la tasa de impuesto a la renta para el tramo más alto de ingresos, el que sumando el impuesto progresivo a la renta de ciudades y Estados llegaría a 60%. La tasa del impuesto a los ingresos del capital subiría de 23,8 a 39% y la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas pasaría de 21% a 28%, más el impuesto de este tipo de los Estados, que va de 0 a 8% según los casos. El argumento de los demócratas es que la brecha de desigualdad debe disminuirse como parte de la salida de la crisis actual.

¿Se imagina usted que en Chile se proponga tasas marginales (en la jerga especializada) de 40 y 60% para los que ganan más y que se limitara la evasión, luego que el Senado aceptara bajar a 35% la tasa más alta y mantuviera una norma anti-elusión laxa en la cocina de la reforma de 2016? Recordemos que esta tasa era de 50% hasta 1993 y que la derecha y los neoliberales concertacionistas aliados (en contra de la opinión de la izquierda de la coalición gobernante) la fueron bajando en cada reforma tributaria. Los ortodoxos de distintas variantes dirían que eso desincentiva la inversión y el esfuerzo productivo (de los más ricos y los rentistas, claro, lo que es bastante ridículo como razonamiento). Está ampliamente probado que analítica e históricamente esto simplemente no es cierto (véase los trabajos de Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Emmanuel Saez en la materia).

Los neoliberales de todo el espectro agregarían que esto atentaría contra la recuperación y el crecimiento, empezando por el más dogmático de los ministros de Hacienda de los últimos tiempos, Ignacio Briones. Los mismos que dicen que no se debe subir impuestos en una crisis, como Rodrigo Valdés al impugnar la idea de un impuesto a los súper ricos, son los que dicen en épocas de expansión que es innecesario. El resultado es una suma de tributos de 21% del PIB contra 34% en promedio en la OCDE (45% en Dinamarca y 46% en Francia). Una medida de este tipo (como primer paso para llegar al promedio OCDE en el horizonte de una década), bien aplicada al capital inmobiliario -excluyendo a la primera vivienda- y financiero (incluyendo el que estuviera en el exterior perteneciente a agentes económicos chilenos) y al consumo de lujo, no tendría grandes consecuencias en la inversión.

¿Sabía usted que Joe Biden, además, propone eliminar el techo de cotización de las personas de altos ingresos (hoy situado en 137,7 mil US$ de ingresos anuales) en el sistema de pensiones de reparto? En Chile se diría que eso aumentaría la evasión y que en todo caso los sistemas de reparto no sirven y son “esquemas de estafa piramidal”, nada menos, como ha afirmado Nicolás Eyzaguirre. Pero usted leyó bien: en Estados Unidos las cotizaciones obligatorias son de 12,4% del salario, son pagadas de manera paritaria por trabajadores y empleadores y van a financiar las pensiones de los pasivos, sin que nadie se enoje y sin que el sistema esté en absoluto quebrado ni vaya a estarlo en el futuro. Simplemente va ajustando razonablemente sus necesidades de financiamiento frente a la dinámica del cambio demográfico y los aportes de la inmigración. En realidad, este sistema protege a la mayoría de la población y especialmente a la de menos ingresos desde que fue creado en 1935 por Franklin D. Roosevelt. Las propuestas de privatización de la seguridad social no han tenido eco en ese país, porque no funcionan para proteger los ingresos en la vejez de los que viven de su trabajo como si lo permite el sistema de reparto vigente.

Sería un gran avance que la oposición chilena unida planteara que uno de los pisos de la seguridad social sea un sistema de reparto con cotización paritaria y sin topes en las cotizaciones, como en Estados Unidos. Y que propusiera adoptar medidas tributarias como las planteadas por los demócratas norteamericanos, que permitirían al Estado chileno, por ejemplo, duplicar progresivamente la pensión básica, que hoy tiene un valor que va entre 141 mil (para los de 65 a 74 años) y 170 mil pesos (para los mayores de 80 años). Este monto no se condice con las capacidades de la economía chilena y es uno de los factores que han causado la crisis social chilena, cuyo eventual rebrote sigue circulando como un fantasma en el escenario nacional.

Sin perjuicio de una respuesta inmediata a la crisis centrada en un Ingreso Familiar Universal de al menos la línea de pobreza, un subsidio de cesantía extendido y programas públicos de empleo, es hora de cambiar los dogmas por diseños pertinentes de políticas universales en pensiones, salud, educación, cuidado infantil, negociación colectiva de las condiciones laborales y en vivienda, urbanismo y protección del ambiente.

En simultáneo, Chile debe aprovechar sus capacidades de financiamiento con reservas y endeudamiento a bajo costo para realizar un vasto plan de inversión productiva, social y verde en un horizonte de cinco años como parte de un plan consistente de salida de crisis. Este debe combinar la reactivación del consumo con la expansión de la inversión y su reorientación hacia una diversificación productiva basada en la economía del conocimiento. Esta diversificación es un cambio estructural que está más que demostrado es indispensable para un crecimiento equilibrado (a algún académico por ahí, que afirma lo contrario, se le ha olvidado analizar aunque sea algo la experiencia asiática y leer a Joseph Stiglitz, Dani Rodrik o Mariana Mazzucato). Se trata de abordar los desafíos del país con el enfoque de introducir grados de equidad consistentes con una sociedad tanto decente como eficiente. Ese es el enfoque socialdemócrata moderno (o socialista democrático, para mayor precisión), por si se necesitara aclararlo.

De paso, se le podría preguntar a Joaquín Lavín, el nuevo socialdemócrata, si está de acuerdo con un plan tributario, de seguridad social, de empleos e inversiones públicas de este tipo. Es de esperar que la nueva conversión del principal candidato presidencial de la derecha sea en serio, pues de lo contrario volvería a contribuir a desprestigiar la deliberación política democrática adoptando posturas en las que hasta nueva evidencia no cree, como el buen UDI, Chicago Boy y Opus Dei que es. Y esto generaría aún más irritación ciudadana no solo contra él, sino hacia la actividad política en su conjunto, que ya está suficiente y peligrosamente desprestigiada por la falta de veracidad de sus actores.

La socialdemocracia hoy

En La Mirada Semanal

Joaquín Lavín, hoy por hoy el principal candidato presidencial de la derecha, sorprendió el domingo 23 de agosto a todo el mundo al declararse socialdemócrata. Como señaló el mismo después, se trataría del ejercicio de abrirse a temas de otros mundos ideológicos y políticos. Esta es una modalidad de acción política relativamente antigua y que emana de la idea de que las elecciones se ganan en el centro y también tomando ideas del adversario, especialmente cuando las propias en un momento dado no son mayoritarias. Esto lo llevaron a la práctica con éxito tanto Bill Clinton como Tony Blair, al tomar temas neoliberales como la disminución del Estado de bienestar y de los impuestos y la promoción del emprendedurismo, lo que implicó una renuncia a contener el aumento de las desigualdades.  

No obstante, este enfoque requiere cierto talento para llevarlo a la práctica, en especial para que el mundo propio no se desconcierte o resquebraje. A Joaquín Lavín, en un mundo rígido y primitivo como el de la derecha chilena, le salió de inmediato al paso la candidatura de Evelyn Matthei, aludiendo que ampliaba el espacio del ultraderechista José Antonio Kast. Además, no da la impresión de que Lavín logre convencer mucho que él no es un Chicago Boy miembro del Opus Dei y de la UDI, especialmente luego de que Iván Moreira declarara que había que dejar hacer a Lavín, porque esto eran solo elecciones. Es decir, traducido al castellano, un espacio en el que sobre todo se manipula a los electores y luego se gobierna haciendo caso omiso de ellos.

No obstante, esta es una buena ocasión para preguntarse qué es la socialdemocracia hoy y qué espacio podría tener en Chile. El concepto goza de un cierto prestigio -incluso Beatriz Sánchez se declaró socialdemócrata- aunque es aborrecido por la ortodoxia de extrema izquierda.

La respuesta debe partir por constatar que hoy es un concepto bastante borroso. Se trata de una corriente política e ideológica que ha tenido distintas facetas desde el siglo XIX, pero que mantiene algunas constantes dignas de rescatar. La principal de ellas es la adscripción a la democracia como soporte político de cualquier forma de justicia social. Su origen está en Europa, en los partidos obreros de Alemania (el SPD es el partido democrático más antiguo del mundo, originado en 1863) y Gran Bretaña, cuna del capitalismo industrial, más o menos influenciados por las ideas de Marx pero sobre todo por la práctica parlamentaria y sindical y la reivindicación del mundo del trabajo. Su primera etapa terminó bastante mal, con una adscripción al nacionalismo en sus países que hizo colapsar a esta corriente al iniciarse la primera guerra mundial y terminar con la II Internacional. De ésta se escindió una socialdemocracia de izquierda e internacionalista encarnada por Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo. Los dos primeros hicieron la revolución en medio de la descomposición del imperio ruso y en contra de los mencheviques socialdemócratas, y a la postre en contra de la mayoría de la sociedad, a la espera de una revolución en Alemania. Rosa Luxemburgo, lúcida crítica del  modelo antidemocrático de los dos primeros, terminó asesinada por los socialdemócratas aliados a la derecha en las turbulencias del fin del imperio pruso-alemán, en la represión de un intento insurreccional fallido. 

La evolución dictatorial de la Unión Soviética estalinizada y la emergencia de nuevos pactos sociales en los países capitalistas (el “fordismo”) dio pie a los primeros “compromisos socialdemócratas” entre empresariado y el mundo organizado del trabajo en los países nórdicos. Este fue especialmente el caso de Suecia de manera continua entre 1932 y 1976. La socialdemocracia alemana solo logró gobernar por primera vez en 1969 con Willy Brandt, en coalición con los liberales, y hasta 1982, pero fue corresponsable de la construcción con la democracia cristiana del modelo de economía social de mercado, por lo que ha participado de varios gobierno de “gran coalición” con esa fuerza, como en la actualidad. También gobernó con los verdes entre 1998 y 2005. El SPD había abandonado -para que el contraste con la RDA fuera nítido- la idea de socializar los medios de producción en Bad Godesberg en 1959, bajo el lema de “el mercado donde sea posible, el Estado donde sea necesario,”, lo que hicieron mucho más tarde el laborismo inglés y los socialismos francés (que gobernó con Mitterrand y nacionalizó a las grandes grupos industriales en 1981) y español (que gobernó con Felipe González en un esquema que no incluyó nacionalizaciones pero si la rápida construcción de un Estado de bienestar, aumentando en 10% del PIB la carga tributaria).

El capitalismo fordista, que articulaba condiciones de producción y de consumo en escala nacional, empezó a desregularse con el fin del patrón dólar-oro en 1971 y el avance de la globalización comercial y financiera. Esta segmentó las cadenas de producción hacia la periferia de bajos salarios y flexibilizó las relaciones del trabajo nacidas en la posguerra, con una progresiva pérdida de poder de los sindicatos y un crecimiento más lento que pasó de ser “liderado por los salarios” a uno “liderado por las utilidades”. Este proceso fue simultáneo a la apertura china a la inversión extranjera a partir de los años 1980, que proveyó mano de obra barata pero educada y disciplinada. 

Desde entonces, como subraya Dani Rodrik, la socialdemocracia europea dejó de tener bases materiales de sustento del Estado de bienestar tradicional creado en la posguerra. Este no desapareció, pero dejó de tener una base estable en el capitalismo industrial. Con el blairismo, centró sus políticas en la educación y la adaptación a la globalización, dando lugar a una ampliación de la desigualdad y a la dualización de la economía, con una clase obrera que disminuyó su peso y empezó a ser reemplazada por el precariado y los cantos de sirena del populismo de derecha. El enfoque de Blair-Schroeder y más tarde Hollande en Francia, terminó siendo un viraje que favoreció el predominio del capitalismo financiero y la resignación frente a la desigualdad creciente en nombre de la competitividad. Desde entonces, en Europa la socialdemocracia no ha resurgido sino parcialmente y, en todo caso, en base a una vuelta a una defensa del Estado de bienestar y a una  mayor tributación del capital, con éxitos parciales en algunos países nórdicos, en Portugal (cuya coalición de izquierda ha tenido gran éxito como alternativa a las políticas neoliberales de austeridad) y se verá si en España bajo Sánchez e Iglesias.

En América Latina, la socialdemocracia nunca tuvo las bases económicas e industriales para su implantación. Los que se reclaman de ella han debido realizar redistribuciones más directamente políticas que basadas en la seguridad social -como subraya Ronsanvallon- frente a economías y mundos populares muy heterogéneos y con base a una economía exportadora de materias primas reorientada hacia el mercado chino. Sus límites terminaron siendo evidentes y terminaron en la salida abrupta de Dilma Rousseff y la descomposición y derrota de la coalición de Bachelet. La victoria de Alberto Fernández en Argentina, con las peculiares características del peronismo, tal vez reabrirá una perspectiva al progresismo latinoamericano, mientras López Obrador en México no termina de mostrar resultados transformadores en medio de una situación heredada, en todo caso, de grandes dificultades para cualquier gobernanza razonable.

En Chile, se ha dado un fenómeno curioso: los neoliberales de la ex Concertación, que la llevaron a su agotamiento y fracaso, se han denominado a sí mismos como socialdemócratas, e incluso lo han hecho los conservadores de la democracia cristiana, lo que resulta un poco jocoso. Con la ayuda de los medios de comunicación tradicionales, han logrado hacer pasar gato por liebre, pues ninguno de ellos apoya ni la intervención del Estado en la economía para diversificarla y estabilizarla, ni un crecimiento de la base tributaria que ataque el rentismo empresarial ni la negociación colectiva efectiva con sindicatos fuertes. Felipe Larraín terminó siendo más abierto a algunos de esos temas que Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés, cuyo liberalismo es de una firme ortodoxia y cuya posición da apenas, aunque con bastantes dudas, para clasificarlos como social-liberales a la Blair. El partido de Andrés Velasco simplemente viró a la derecha.

La socialdemocracia realmente existente hoy en Europa ha dejado atrás el social-liberalismo desde la crisis de 2009. Su postura vuelve a insistir en un Estado de bienestar fortalecido en educación, salud, relaciones laborales y pensiones y ha tenido un notorio giro verde. Se acerca más a lo enunciado por el actual representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el socialista español Josep Borrel:  “tenemos que subordinar deliberadamente el mercado a la sociedad democrática”, es decir asumir una agenda de “menos mercado y más democracia” en la que “se volverán a poner sobre la mesa debates sobre el impuesto sobre el capital, sobre las grandes fortunas, la fiscalidad como instrumento de construir respuestas sociales, permanentes, consolidadas, que no dependan de la generosidad de un momento de crisis." 

El día que Lavín, la derecha y los neoliberales concertacionistas estén dispuestos a subir los impuestos a los más ricos, diversificar la economía con intervención estatal, terminar con la extracción de rentas en las finanzas y los recursos naturales, establecer un pilar de pensiones de reparto, consagrar sistemas de salud y educación pública universales y permitir la negociación colectiva centralizada con sindicatos fuertes, entonces estaremos hablando de otro Chile.

Nuevos subsidios para las grandes empresas

Primera versión en La Mirada Semanal

El sistema político chileno sigue condicionado por los intereses de las grandes empresas. La aprobación el 18 de agosto de un nuevo paquete de medidas tributarias y de apoyos sectoriales así lo demuestra. La nueva ley incluye la depreciación instantánea, la amortización de intangibles, una rebaja del impuesto de primera categoría para las empresas del régimen pro-pyme general de 25% a 10%, la postergación de la entrada en vigencia de la boleta electrónica del 1 de septiembre al 1 enero 2021 y la ampliación del plazo para pagar IVA a tres meses. En la comisión mixta se incorporó otorgar un bono de 350 mil pesos para los transportistas y el acceso a un préstamo blando.

Según lo estimado por un amplio grupo de gremios de la pequeña empresa, el 84% de los recursos involucrados se destinará a grandes empresas, a las cuales no se les exige demostrar estar afectadas por caídas de sus ventas, mientras “la ley abunda en restricciones para el ingreso de la Pymes a los pequeños beneficios asociados a ella”. Sostienen, además, que “la rebaja del Impuesto Global Complementario, solo implicará una suerte de préstamo a ocho meses plazo, al 30% de las Pymes, el monto promedio de este será del orden de $ 700 mil a cada una”, mientras “unas 30 mil empresas de gran tamaño percibirán un promedio de 137 millones de pesos cada y en la mayoría de los casos se situarán muy por sobre dicho promedio”. Agregan que las “medidas como la depreciación al 100% para bienes físicos, que incluso, en el caso de las importaciones, podrán ser usados y los beneficios de igual monto para activos intangibles de difícil valoración, insumirán miles de millones de dólares, sin que sea posible demostrar su impacto reactivador”, a la vez que subraya que la exención del impuesto de 1% regional para grandes proyectos de inversión pagado por el fisco es un simple regalo fiscal pues se trata de proyectos que “se realizarán con o sin el apoyo señalado”.

El proyecto aprobado consagra la depreciación instantánea para los activos fijos. Su efecto es disminuir contablemente las utilidades empresariales y por tanto el pago del impuesto a la renta de primera categoría, con un costo fiscal de unos 5 mil millones en los próximos tres años. 

También se establece la amortización inmediata para bienes intangibles como la propiedad intelectual, industrial y especies vegetales que se adquieran hasta el 31 de diciembre de 2022. Aunque se estableció en la comisión mixta un proceso de fiscalización de este último tipo de depreciación, cabe subrayar que este mecanismo no existe en prácticamente ningún lugar del mundo. Dado que el Servicio de Impuestos Internos no tiene capacidades en la materia, será una nueva puerta para la elusión del impuesto a las utilidades de las empresas. Como señala el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, muchas de estas transacciones “pueden ser entre empresas relacionadas con un agente externo, favoreciendo la sobre facturación y la venta de activos tecnológicamente obsoletos”. En los países de la OCDE “hay países que se han preocupado de prohibir este mecanismo de depreciación de intangibles cuando se opera a través de empresas con sociedades en paraísos tributarios, ya que por esta vía se pueden transferir utilidades a paraísos fiscales y reducir la base imponible en cantidades significativas. Este tipo de prohibición no se introduce en este proyecto de ley”. Esta entidad calcula que se trata de un beneficio tributario potencial de al menos US$ 4.700 millones.

Llama la atención que el gobierno siga logrando hacer avanzar, con la ayuda de parte de la oposición, su agenda de protección de la gran empresa en la crisis. Los opositores que se suman a esa agenda no obtienen contrapartidas, en este caso para las pymes, como tampoco ocurrió con los apoyos a las familias de bajos ingresos. La oposición, a la hora de abordar estos temas, se divide sistemáticamente, lo que demuestra una conducta política consistente de aquella parte que favorece acuerdos que terminan favoreciendo a los grupos privilegiados.

El problema es que, además de profundizar las desigualdades y la concentración económica, este enfoque de resguardo de las utilidades de la gran empresa y de paquetes de apoyo mínimos a los cesantes y a los ingresos de las familias es que prepara la persistencia de una depresión económica severa por colapso de la demanda. La caída del PIB en el segundo trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior fue de -13,2% en términos desestacionalizados. Si se considera la variación respecto al mismo trimestre de 2019, la caída es de - 14,1%. El gobierno sigue equivocando el camino.

Propuestas constitucionales

Texto redactado para Chile 21 en junio de 2016.

 

La nueva Constitución debe ser un texto que defina los grandes principios de la convivencia de la comunidad política chilena, los principios de ciudadanía y soberanía, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos, así como sus deberes, junto a la organización y definición de las potestades de los poderes públicos. Debe establecer que corresponde a la ley, los reglamentos y los decretos, y por tanto a los poderes colegisladores constituidos mediante elecciones periódicas sujetos al principio de mayoría, la formulación, administración y evaluación de las políticas públicas. En lo que sigue se pone énfasis en los principales aspectos que deben modificarse respecto del actual orden constitucional.

Fundamentos

·       Los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas. La nueva Constitución debe hacer suya la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”.

 

·       Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción arbitrarias basadas en el género que tengan por objeto o por resultado, menoscabar, o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerarán discriminación.

 

·    Salvo en lo que respecta a los derechos y deberes fundamentales, que deben tener mayor estabilidad en su vigencia (con la ratificación de la modificación  de sus normas por dos legislaturas sucesivas, sin quórums supra-mayoritarios de aprobación), ningún órgano del Estado debe impedir que prevalezca el principio de mayoría en la definición de los asuntos públicos.

Área  de Derechos Civiles y Políticos Fundamentales

• Chile es una República laica, democrática y social en la que la soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de representantes elegidos mediante voto universal, igual y secreto o del plebiscito. Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse el ejercicio de la soberanía.
• Los órganos del Estado respetan y promueven los derechos y deberes garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados y vigentes.

·     La República garantiza la igualdad ante la ley sin distinción de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, patrimonio, nacimiento, discapacidad, religión, opinión, edad u orientación sexual.

• La dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o a realizar un trabajo forzado ni podrá ser sometido a tortura o a trato inhumano o degradante.
• Toda persona tiene derecho a la vida y a su integridad física y síquica.
• Se prohíbe que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan en objeto de lucro, así como la clonación reproductora de seres humanos.

·       Toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad y al respecto de su vida privada y familiar y a una vida libre de violencia física, psicológica, moral y sexual, tanto en el ámbito público como privado.

 

·      La ley establecerá las normas necesarias para prevenir y sancionar toda forma de violencia de género, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la explotación sexual.

 

·       Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. La ley favorecerá el igual acceso de mujeres y hombres a los cargos de elección popular, así como a las responsabilidades profesionales y sociales, y deberá establecer las medidas de acción positiva que permitan alcanzar la paridad en los cargos de representación popular. La ley establecerá las condiciones de ejercicio de la igualdad de género en la conformación de directorios y cuerpos directivos en las empresas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

• Toda persona adulta tiene derecho igualitario a contraer matrimonio y fundar una familia, en base a la corresponsabilidad y reciprocidad en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La ley  concederá a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Se reconoce el derecho de toda persona a la protección en caso de despido por razones de maternidad y la protección social a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar.

·    Toda persona tiene derecho a la intimidad, a la elección de la pareja, a la orientación sexual y a ser protegida de toda actividad sexual coercitiva, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas.

 

·       Toda persona tiene derecho a conocer y rectificar sus datos recogidos por alguna autoridad. Estos datos se tratarán para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley.

·    Toda persona tiene derecho a la tutela judicial y garantía del debido proceso, tanto civil como penal, la presunción de inocencia, no ser juzgado por la misma causa y la prohibición de declarar contra sí mismo por parte del imputado.

 

·      Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos con igualdad de trato para todas las iglesias, aunque  sin referencia a creencias, juramentos, libros o símbolos de índole religiosa en el ejercicio de las potestades de los órganos del Estado.

 

·      Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, asegurando a todas las personas la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin censura previa, así como el derecho de acceso a la información pública. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

 

·   Los medios de comunicación son libres y pluralistas. La ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el libre acceso a la información.

 

·       Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico. Los partidos políticos contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos.

 

·  El Estado garantizará el derecho de asilo, en las condiciones establecidas por las convenciones internacionales suscritas por Chile.

 

 

Área Político-institucional

 

·    El Estado es democrático, unitario, con administraciones desconcentradas y descentralizadas  territorialmente.

 

·       Los pueblos originarios son parte integrante de la Nación, la que reconoce su existencia y valor. El Estado es plurinacional en tanto garantiza los derechos colectivos de los pueblos originarios para conservar y fortalecer su identidad y patrimonio cultural y religioso y sus lenguas, para tener instituciones políticas autónomas y el dominio de recursos de tierra y agua,  además de la participación en todos los niveles de la vida institucional mediante el ejercicio de la consulta indígena, en las condiciones que determinará la ley. 

 

·       La ley garantizará las expresiones pluralistas de las opiniones y la participación equitativa de los partidos y agrupaciones políticas en la vida democrática de la Nación.

 

·    La ley determinará las normas y requisitos para el registro legal y las formas específicas de intervención de los partidos políticos, en tanto instituciones de interés público, cuyo fin es promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, asegurando la transparencia, las prácticas democráticas y la representación equilibrada de mujeres y hombres en su vida interna.

 

·     El Presidente de la República es el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas, que son esencialmente obedientes y no deliberantes, profesionales, jerárquicas y disciplinadas.

 

·       El Presidente de la República velará por el respeto de la Constitución, el normal funcionamiento de los poderes públicos y la supervigilancia del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es elegido por sufragio universal por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, en su caso en una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías emanadas de una primera vuelta electoral, sufragio al que tiene derecho todo ciudadano.

 

·       El período presidencial es de cuatro años, con posibilidad de sólo una reelección consecutiva por otro período de cuatro años.

 

·       El Presidente de la República nombrará al Primer Ministro y a su propuesta nombrará y cesará a los demás miembros del gobierno y al personal civil y militar del Estado de su exclusiva confianza. Firmará los decretos acordados en el Consejo de Ministros, que presidirá. El Presidente, en consulta con el Primer Ministro y el presidente de la Cámara de Diputados, podrá disolver la Cámara de Diputados y convocar a nuevas elecciones en un plazo de entre 30 y 60 días, por una vez durante su periodo.

.    El Presidente de la República, a propuesta del gobierno o a propuesta de la Cámara de Diputados, podrá someter a plebiscito cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a  la política económica, social y ambiental y a los servicios públicos que concurren a ella, o que proponga la ratificación de un tratado internacional. Un referéndum en los ámbitos mencionados podrá llevarse a cabo por iniciativa de una quinta parte de los miembros del parlamento apoyada por una décima parte de los electores. La iniciativa tomará la forma de un proyecto de ley y no podrá tener por objeto la derogación de una disposición legislativa promulgada desde hace menos de un año. Si el proyecto de ley es rechazado no podrá presentarse ninguna otro proyecto sobre el tema en un plazo de dos años.

 

·       El primer ministro determinará y dirigirá la política de la Nación y la acción del gobierno y será responsable ante la Cámara de Diputados. Ejercerá la potestad reglamentaria y dispondrá los nombramientos civiles y militares, en consulta con el Presidente de la Republica. Dispondrá de la administración y de la fuerza armada. La administración de la política gubernamental y de la agenda legislativa es responsabilidad de un primer ministro, que debe contar con la confianza de la mayoría parlamentaria.

 

·       El parlamento es unicameral y estará constituido por una Cámara de Diputados que votará la ley, controlará al gobierno y evaluará las políticas públicas. La Cámara de Diputados es elegida por sufragio universal. Los partidos políticos concurren a la expresión del sufragio universal. Los diputados podrán ejercer por un máximo de tres periodos. En el proceso de formación de la  ley no existe otro quorum distinto de la mayoría simple de los presentes o de la mayoría de los miembros del parlamento. No serán admisibles los proyectos de ley o indicaciones a la ley formuladas por los miembros del parlamento cuya aprobación tenga como consecuencia una disminución de los ingresos públicos o la creación o ampliación de un gasto público o de empleos públicos.

·       Todo ciudadano tiene derecho a la participar en la definición y aplicación de las políticas públicas.

 

·     Un Consejo Económico, Social y Ambiental reunirá a representantes de la sociedad civil para emitir opinión previa al envío de proyectos de ley que afecten los ámbitos mencionados.

 

·     Toda persona tiene derecho a que las instituciones traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa en plazos razonables y a ser reparada en caso de daño producido por la administración o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La administración está obligada a establecer la motivación de sus decisiones y a permitir el acceso transparente a los actos y a la información administrativa, con las debidas excepciones por razones de seguridad y protección de las personas.

 

·     Con la excepción de los nombramientos realizados por el presidente de la República y otras autoridades del Estado, la administración pública nacional y territorial es de carácter profesional, con una carrera funcionaria que asegure su independencia de toda injerencia política, religiosa o de grupos de interés particular y a la que se accede mediante concursos objetivos y con una promoción exclusivamente basada en el mérito.

 

·       La Defensoría del Ciudadano acogerá las quejas de los administrados en relación a la mala administración o deficiente funcionamiento de los servicios públicos de la Administración del Estado o gestionados por empresas privadas, y que importen la lesión de derechos fundamentales, formulando recomendaciones y contribuyendo al control político y social de los gobernantes y de la administración del Estado.

 

·      El Poder Judicial es independiente y autónomo sus funciones jurisdiccionales, asegura la plenitud y unidad de la jurisdicción y el respeto de la garantía al debido proceso. La justicia militar sólo será aplicable a los militares y no a los civiles en tiempos de paz.

 

·       El Tribunal Constitucional realizará el control de constitucionalidad de las leyes por solicitud de al menos treinta parlamentarios. Se generará con seis miembros nombrados por la Cámara de Diputados (o tres, más tres por el Senado) y tres por el Presidente de la República, con miembros que cumplan requisitos de competencia jurídica e independencia de criterio. Los ex Presidentes de la República podrán integrarse al Tribunal Constitucional.  Tendrá competencia consultiva para examinar la adecuación del derecho interno en materia de tratados internacionales de derechos humanos.

 

·       Los gobiernos regionales son elegidos por sufragio universal de los ciudadanos de la región y son autónomos para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones y dispondrán de presupuesto, impuestos, personalidad jurídica y patrimonio propios en condiciones que establecerá la ley. Los intendentes y los consejos regionales  dirigen los gobiernos regionales y son electos democráticamente. Los delegados regionales y provinciales del gobierno, así como los secretarios regionales ministeriales, son nombrados por el poder ejecutivo.

 

·   Los municipios son elegidos por sufragio universal de los ciudadanos de la comuna y son autónomos para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones y dispondrán de presupuesto, impuestos, personalidad jurídica y patrimonio propios en condiciones que establecerá la ley. Los alcaldes y los concejos municipales  dirigen los gobiernos regionales y son electos democráticamente.

 

·       La ley determinará el funcionamiento de fondos de compensación territorial regional y municipal.

Área de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales

 

• Toda persona tiene derecho, en la medida de la creación de condiciones que lo hagan posible, a un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de sus condiciones de existencia, con una repartición equitativa y de carácter progresivo de las cargas públicas y de los impuestos.
• El pueblo de Chile dispondrá libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco. Se establece el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, del mar, mineros y del espectro radioeléctrico. La ley establecerá las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales. Las aguas se declaran bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares.
• Toda persona adulta tiene derecho a trabajar, a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren una remuneración que proporcione un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie.
• Toda mujer tiene derecho a condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual y condiciones de existencia dignas.
• Toda persona tiene derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo; a igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; al descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como a la remuneración de los días festivos.
• Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos en su trabajo y a afiliarse al de su elección para promover y proteger sus intereses económicos y sociales; los sindicatos podrán formar federaciones o confederaciones nacionales y éstas fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.
• Los sindicatos podrán funcionar sin obstáculos y ejercer el derecho de huelga sin otras limitaciones que las que prescriba la ley.
• Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a recibir una pensión por discapacidad o edad avanzada.
• La ley concederá una especial protección a las madres durante un período de tiempo antes y después del parto y protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes. 
• La ley establecerá los límites de edad por debajo de los cuales quedará prohibido y sancionado el empleo infantil.
• Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la prevención sanitaria, asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
• Toda persona tiene derecho a la educación, que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe hacerse accesible a todos y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; se debe mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Se reconoce la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
• Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural; a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La ley establecerá las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura, respetando la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

·       Toda persona tiene derecho a la libre iniciativa económica con límite en el interés general.

 

·   Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.

 

·       La ley protegerá la propiedad intelectual.

 

·       La ley garantizará un alto grado de protección a los consumidores.

 

·      Las empresas públicas serán creadas por ley con la aprobación de la mayoría de los miembros del parlamento. El Estado podrá adquirir y mantener participaciones en empresas regidas por el derecho comercial en las condiciones previstas por éste.

 

·       La ley determinará las condiciones de funcionamiento de la propiedad cooperativa y sin fines de lucro.

 

·       Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y respetuoso de la salud y a la protección de la naturaleza que provee los servicios eco-sistémicos fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo.

 

·       Toda persona tiene el deber de participar en la protección y mejoría del medio ambiente y el deber de contribuir a la reparación de los daños que cause al medio ambiente.

 

·       El Banco Central, el Consejo para la Transparencia, el Servicio Electoral y las instituciones fiscalizadoras estarán exentas de recibir instrucciones jerárquicas del gobierno. La ley establecerá la medida de la autonomía y de la configuración de sus funciones y atribuciones.

Comentarios sobre las memorias de Ricardo Lagos

En La Mirada Semanal

Las memorias políticas suelen resultar bastante tediosas y, en ocasiones, irritantes. Están por definición inspiradas por dosis de autoestima más o menos elevadas de sus autores y de autoatribución de roles protagónicos más allá de la cuenta. No obstante, he disfrutado de la lectura de memorias políticas de buena factura, con la referencia de Mi Vida de León Trotski como un clásico insoslayable, así como de las que han sido escritas por testigos involucrados en los acontecimientos de su época con alguna capacidad de distanciamiento. Me impresionaron las de Jorge Semprún (Autobiografía de Federico Sánchez y Federico Sánchez se despide de ustedes) y de Sergio Ramírez (Adiós Muchachos), probablemente porque su condición de consagrados novelistas, además de actores políticos, facilitó ese distanciamiento.

El segundo tomo de las memorias del ex presidente Ricardo Lagos tiene una factura clásica. Son unas memorias serias y bien hechas, bien acompañadas por el equipo de Alfredo Riquelme en el rigor de las fechas y la documentación de respaldo. Será sin duda un texto de referencia para calibrar el inicio del siglo XXI en Chile y el hito que significó que un gobernante con referencias en la izquierda volviera a gobernar en Chile después del golpe de 1973.

El texto recoge bien las dificultades y complejidades de la época, que Lagos denomina “democracia transicional”. Hay un hecho básico, que hoy muchos olvidan - o quieren olvidar para difundir sus simplificaciones y descalificaciones livianas- que la victoria de Lagos fue muy estrecha, en medio de una crisis económica mal manejada por Aninat-Marfán y Massad, y con un marco constitucional completamente desfavorable (con senadores designados, binominal y superquórums incluidos). Hay en las Memorias de Lagos, en este sentido, un tono de franqueza en el juicio sobre la derecha que resulta muy saludable para el balance histórico. También hay temas que merecen algunos comentarios y aclaraciones.

La referencia al debate económico en su gobierno es más bien somera. Ese debate partió con cierta vehemencia exactamente el primer día, cuando el ministro de Hacienda recién nombrado se opuso a la idea de legislar sobre un seguro de desempleo, sosteniendo que los Estados de bienestar estaban quebrados. El candidato Lagos había comprometido esta iniciativa como la primera de su mandato, para enfatizar su promesa de “crecimiento con igualdad”. Por supuesto, el proyecto se envió y Chile cuenta con este dispositivo desde 2002. La controversia se mantuvo al menos en la primera mitad del gobierno, en especial respecto al tipo de política contracíclica frente a la recesión heredada y respecto a la conformación de mecanismos de bienestar. Desde el ministerio de Hacienda se proponía rebajas de impuestos en vez de incrementos de gastos en programas de empleo y en bonos compensatorios frente al alza de los combustibles, como se hizo. Convencer al ministro de Hacienda desde los equipos de La Moneda que el programa AUGE era un esbozo equitativo, eficiente y progresivo de seguridad social en salud tomó bastante tiempo, incluyendo empujar el 3% de cotización para un fondo único solidario, que la derecha a la postre no aprobó en el parlamento.

La salida del Ministerio de la Presidencia de Alvaro García, que había coordinado el programa presidencial y con quien yo había colaborado en esa tarea y en el ministerio, es tratada de manera abrupta. Señala Lagos que “aquella reestructuración permitió solucionar un conflicto interno: la tensión que existía entre Álvaro García y Nicolás Eyzaguirre —ambos PPD—, que implicaba gastar tiempo y esfuerzos. El concepto de un Gobierno que combinaba crecimiento y credibilidad era un elemento central y ya estaba consolidado. Su ejecutor era Eyzaguirre. Dado el contexto económico que se vivía, yo necesitaba un comité político alineado que presentara alternativas de solución a los conflictos y donde no tuviera que perder tiempo en estos pleitos”. En realidad, Lagos se inclinó poco a poco por una política económica de menos profundidad socialdemócrata, sobre todo después del acoso judicial y mediático por los casos de sueldos complementarios en el MOP que debilitaron su gobierno. Pero no se trataba de un “pleito”, sino de la orientación de la tarea gubernamental.

Otra dimensión que Lagos trata de manera somera es la relación entre partidos y gobierno en el régimen presidencial. En su caso, su distancia con los partidos políticos viene desde sus tiempos nóveles en el Partido Radical. Los debates entre “autocomplacientes” y “autoflagelantes” durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle son tratados con distancia y calificados como “división”, en circunstancias que fueron propios del debate democrático, aunque decisivos para sellar la estrategia conservadora, a la postre victoriosa, y el progresivo debilitamiento “autoflagelante”. Este sector de la coalición buscaba mantener una orientación transformadora a la acción de gobierno, como planteaba el programa fundante de 1989, lo que las nuevas generaciones políticas de izquierda no se toman la molestia, tampoco, de considerar como parte de la historia reciente. Prefieren los relatos lineales para sostener una política de base generacional.

La reflexión de Lagos sobre la unificación del PS en 1989 -a la que se opuso- y su relación con el PPD, creado como partido instrumental en 1987, no ha cambiado. Sostiene que “el almeydismo era una fracción menor en su interior, esencialmente formada por personas de antiguos conceptos ideológicos. Sin embargo, esta «unificación» socialista se hacía en torno al viejo tronco histórico, desestimando a la sangre nueva que surgió como un núcleo diverso en la lucha contra la dictadura. Pienso que este proceso fue un profundo error. A Cloro lo entendía, pero no a Arrate. Almeyda era socialista por antonomasia, de las antiguas filas, pero Arrate en ningún caso. Nunca supe qué pretendía llevando a cabo ese proceso —donde se trataban de ensamblar dos posturas bastantes distintas respecto de lo que era el socialismo a fines del siglo XX—, justo en ese momento, si con el PPD tenía un buen lugar que le permitía llevar adelante sus ideas. Con esta forma de rearticulación, nunca más pudimos tener un solo techo para el socialismo democrático en Chile y se facilitó que ganaran los más chauvinistas de cada partido”. Lagos, en rigor, nunca quiso esa unificación, pues pensaba que limitaba su estrategia presidencial. Y el almeydismo era por lejos mayoritario en el PS, por lo que desde el inicio varios buscamos una transversalidad interna para enfrentar la nueva etapa. Pensábamos que sería justamente un PS unificado lo que permitiría la llegada de Lagos al gobierno encabezando la coalición con el centro, al cerrar el espacio a una alternativa de izquierda ortodoxa y ultramontana que podría haber emergido.

Sus referencias al rol de Jorge Arrate son agrias. Le atribuye “haber conseguido” el financiamiento compartido en el sistema escolar en 1993, en circunstancias que fue una exigencia de la derecha para renovar la reforma tributaria concedida por Alejandro Foxley a Sebastián Piñera. Arrate fue decisivo para que en el PS no se produjera, lo que me consta, la inviabilización del liderazgo de Lagos, aunque no fuera de su simpatía. Arrate sí creía, como yo mismo que lo acompañaba como colaborador, en la necesidad de un partido de izquierda fuerte pero con una organización coherente con el proyecto socialista democrático. La idea era tener un liderazgo nacional y un partido amplio, diverso y cohesionado detrás, para además asegurar la continuidad del proyecto transformador de largo plazo más allá de personas. El propio Lagos comenta en sus Memorias que en los sistemas europeos como el español, que siempre fue su referencia salvo en este aspecto, “el poder del partido es sorprendente”. En realidad, es el que corresponde a una izquierda moderna en una democracia moderna, alejada de los caudillismos. Pero en Chile estamos aún muy lejos de una cultura política de ese tipo.

El ex presidente hace referencias poco amables respecto a mi rol en estas materias. Comenta que hacia la mitad de su gobierno “el Partido Socialista, partido clave del Gobierno, entró en un camino difícil. Como ya se explicó, Gonzalo Martner renunció a su cargo como subsecretario de la Segpres para irse a la presidencia del PS. Eso lo hizo por su cuenta, sin conversarlo con nosotros. Solo me comunicó su decisión y yo no lo podía retener, aunque me daba cuenta de que la dupla Gonzalo Martner-Camilo Escalona era muy extravagante en el socialismo. De hecho, como mencioné, poco después se distanciaron, aunque hasta hoy desconozco cuál fue el motivo”.

La reticencia del expresidente a prestar atención a los asuntos partidarios le lleva probablemente a no recordar que en 2001 me pidió, siendo coordinador interministerial de su gobierno, que explorara la posibilidad de conducir el PS. Esto suponía un acuerdo con Escalona, con el que yo tenía un acuerdo de trabajo luego de que la renovación socialista tomara un rumbo de pragmatismo y desideologización. En una primera instancia, ese acuerdo se produjo pero no prosperó, porque Escalona no suele cumplir demasiado sus compromisos, y prefirió repostular él mismo a la dirección del PS. Terminó siendo elegido Ricardo Núñez. En coordinación con el presidente, seguí trabajando el tema. Lagos me mencionó en un momento la idea que José Miguel Insulza partiera desde el gobierno a dirigir el PS, lo que apoyé. El ministro del Interior aceptó la idea inicialmente, pero se arrepintió bastante rápido. La otra parte del diseño presidencial era que el entonces senador Fernando Flores dirigiera el PPD, lo que Guido Girardi no aceptó ni Flores valoró demasiado. De paso, Guido Girardi y Adolfo Zaldívar son también objeto de un trato no muy amable en las Memorias, lo que revela que la controversia normal y la relación con los líderes de partido nunca fue la especialidad de Lagos.

En el PS la idea de que yo presidiera el principal partido presidencial se fue abriendo camino. Esto ocurrió frente la perspectiva de una victoria de la derecha, eventualidad ante la cual Núñez y Escalona preferían que asumiera otra persona. Como los temas internos en los partidos toman tiempo, cuando ya era viable una presidencia mía del PS el calendario no coincidió con la idea que se estaba haciendo el ex presidente del tema hacia enero de 2003. Yo ya no podía sustraerme, aunque hubiera sido muchísimo más cómodo para mi seguir en el gobierno, a los compromisos contraídos en el PS. “Hasta hoy”, la idea que uno de sus colaboradores decidiera dejar un cargo de la presidencia para hacer efectivo el diseño de dos años para dirigir el principal partido de gobierno, con el objeto de asegurar el apoyo a su gestión no le gustó al ex presidente. De paso, aclaro que el distanciamiento al cabo de dos años con Escalona (y Núñez) no tuvo nada personal, como se lo he relatado al ex presidente pero sin convencerlo: el éxito de su gobierno y la emergencia de Michelle Bachelet llevó a un acuerdo entre ambos jefes de grupos internos para retomar el control del PS. Decidieron incumplir sus compromisos conmigo -yo no tenía ningún problema en retirarme de la presidencia, pero me instaron a que siguiera- y provocaron en un Congreso una confrontación interna a meses de la elección presidencial, que perdí por muy pocos votos (hay quienes dicen que además fueron mal contados). Un clásico asunto de poder, al que no presté atención suficiente, confiando en las palabras empeñadas. Al cabo del tiempo, la desideologización y la descarnada lucha de poder supuso el inicio de la pérdida de confianzas en el PS y con la sociedad y la pérdida de sentido de proyecto transformador y de coherencia política en la izquierda. Al punto que el PS actual, cuando yo ya no pertenecía a ese partido, le dio la espalda a Ricardo Lagos de mala manera en 2017.

El hecho es que pude darle estabilidad al PS, colaborar junto a Victor Barrueto para mantener a Adolfo Zaldívar y a la DC en la coalición de gobierno, darle sustento al gobierno de Lagos en el parlamento en todo tipo de temas difíciles, evitar las conductas “díscolas”, lograr un pacto municipal que revirtió la derrota de cuatro años antes y preparar una victoriosa continuidad de la coalición con Michelle Bachelet. Todo esto supuso mucho trabajo, que el expresidente no vio sino de lejos (las cosas que funcionan, como es sabido, no llaman la atención de nadie). La segunda fase de su gobierno no incluyó iniciativas transformadoras, mientras la preparación por el ex presidente, en cambio, de su propia sucesión fue eficaz y bien llevada, en buena coordinación con el PS (en contraste con la de Patricio Aylwin, que fue problemática, y con las dos de Michelle Bachelet, que fracasaron), lo que curiosamente apenas menciona en las Memorias. Pero esa ya es harina de otro costal.