Nuevos subsidios para las grandes empresas

Primera versión en La Mirada Semanal

El sistema político chileno sigue condicionado por los intereses de las grandes empresas. La aprobación el 18 de agosto de un nuevo paquete de medidas tributarias y de apoyos sectoriales así lo demuestra. La nueva ley incluye la depreciación instantánea, la amortización de intangibles, una rebaja del impuesto de primera categoría para las empresas del régimen pro-pyme general de 25% a 10%, la postergación de la entrada en vigencia de la boleta electrónica del 1 de septiembre al 1 enero 2021 y la ampliación del plazo para pagar IVA a tres meses. En la comisión mixta se incorporó otorgar un bono de 350 mil pesos para los transportistas y el acceso a un préstamo blando.

Según lo estimado por un amplio grupo de gremios de la pequeña empresa, el 84% de los recursos involucrados se destinará a grandes empresas, a las cuales no se les exige demostrar estar afectadas por caídas de sus ventas, mientras “la ley abunda en restricciones para el ingreso de la Pymes a los pequeños beneficios asociados a ella”. Sostienen, además, que “la rebaja del Impuesto Global Complementario, solo implicará una suerte de préstamo a ocho meses plazo, al 30% de las Pymes, el monto promedio de este será del orden de $ 700 mil a cada una”, mientras “unas 30 mil empresas de gran tamaño percibirán un promedio de 137 millones de pesos cada y en la mayoría de los casos se situarán muy por sobre dicho promedio”. Agregan que las “medidas como la depreciación al 100% para bienes físicos, que incluso, en el caso de las importaciones, podrán ser usados y los beneficios de igual monto para activos intangibles de difícil valoración, insumirán miles de millones de dólares, sin que sea posible demostrar su impacto reactivador”, a la vez que subraya que la exención del impuesto de 1% regional para grandes proyectos de inversión pagado por el fisco es un simple regalo fiscal pues se trata de proyectos que “se realizarán con o sin el apoyo señalado”.

El proyecto aprobado consagra la depreciación instantánea para los activos fijos. Su efecto es disminuir contablemente las utilidades empresariales y por tanto el pago del impuesto a la renta de primera categoría, con un costo fiscal de unos 5 mil millones en los próximos tres años. 

También se establece la amortización inmediata para bienes intangibles como la propiedad intelectual, industrial y especies vegetales que se adquieran hasta el 31 de diciembre de 2022. Aunque se estableció en la comisión mixta un proceso de fiscalización de este último tipo de depreciación, cabe subrayar que este mecanismo no existe en prácticamente ningún lugar del mundo. Dado que el Servicio de Impuestos Internos no tiene capacidades en la materia, será una nueva puerta para la elusión del impuesto a las utilidades de las empresas. Como señala el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, muchas de estas transacciones “pueden ser entre empresas relacionadas con un agente externo, favoreciendo la sobre facturación y la venta de activos tecnológicamente obsoletos”. En los países de la OCDE “hay países que se han preocupado de prohibir este mecanismo de depreciación de intangibles cuando se opera a través de empresas con sociedades en paraísos tributarios, ya que por esta vía se pueden transferir utilidades a paraísos fiscales y reducir la base imponible en cantidades significativas. Este tipo de prohibición no se introduce en este proyecto de ley”. Esta entidad calcula que se trata de un beneficio tributario potencial de al menos US$ 4.700 millones.

Llama la atención que el gobierno siga logrando hacer avanzar, con la ayuda de parte de la oposición, su agenda de protección de la gran empresa en la crisis. Los opositores que se suman a esa agenda no obtienen contrapartidas, en este caso para las pymes, como tampoco ocurrió con los apoyos a las familias de bajos ingresos. La oposición, a la hora de abordar estos temas, se divide sistemáticamente, lo que demuestra una conducta política consistente de aquella parte que favorece acuerdos que terminan favoreciendo a los grupos privilegiados.

El problema es que, además de profundizar las desigualdades y la concentración económica, este enfoque de resguardo de las utilidades de la gran empresa y de paquetes de apoyo mínimos a los cesantes y a los ingresos de las familias es que prepara la persistencia de una depresión económica severa por colapso de la demanda. La caída del PIB en el segundo trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior fue de -13,2% en términos desestacionalizados. Si se considera la variación respecto al mismo trimestre de 2019, la caída es de - 14,1%. El gobierno sigue equivocando el camino.