1,8 millón de empleos menos y una tasa de desempleo efectiva de 30%

Primera versión en Crónica Digital

1. De acuerdo a la encuesta del INE del trimestre abril-junio, el total de ocupados bajó en -20,0% respecto al mismo período del año anterior. Esto significa 1,78 millones de empleos perdidos en doce meses (y 1,83 millones respecto al promedio de ocupados en 2019). Los ocupados en abril-junio alcanzaron 7,14 millones de personas, en contraste con los 9,12 millones de personas ocupadas en el trimestre móvil noviembre-enero de 2019, el trimestre de más alto nivel de empleo agregado registrado hasta ahora.

2. Las mayores disminuciones absolutas de empleo en doce meses se produjeron en los sectores del comercio (-414 mil, con 1,33 millón de empleos que permanecen en abril-junio), la construcción (-239 mil, con 527 mil empleos actuales) y el alojamiento y servicio de comidas (-224 mil, con 228 mil empleos actuales). Hay -312 mil empleos perdidos en la agricultura, minería e industria manufacturera (sectores que suman 1,4 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre), -120 mil en la enseñanza (704 mil actuales), -119 mil en transporte (446 mil actuales), -75 mil en actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (quedan solo 55 mil empleos en abril-junio en este sector, un verdadero colapso), -49 mil en servicios profesionales (142 mil actuales). Los sectores que ganaron algunos empleos fueron las actividades financieras (23 mil adicionales, sumando 196 mil) y el suministro de electricidad, gas y agua (11 mil adicionales, sumando 108 mil).

3. Por categoría ocupacional, las mayores caídas absolutas se registraron en los trabajadores por cuenta propia (-34,7%) y los asalariados formales (-10,0%), seguidos por los asalariados informales (-29,1%) y el personal de servicio doméstico (-47,8%). La caída porcentual del empleo fue mayor en mujeres (-23,5%) que en hombres (-17,3%). Por tramo de edad, la caída porcentual en los segmentos de 25-49 años (-15,9%) y 50-64 años (-19,4%) fue menos significativa que la de los segmentos de jóvenes de 15-24 años (-40,3%) y de adultos de 65 y más años (-35,8%).

4. Los desocupados que buscan trabajo sumaron 996,91 mil personas. Recordemos que se considera desocupados a aquellas personas que no tuvieron una actividad remunerada en la semana anterior a la encuesta del INE y que además buscaron un puesto de trabajo durante las últimas cuatro semanas. No incluye a los que están dispuestos a trabajar de inmediato, pero que no buscan activamente empleo. Como señala el INE: "esta categoría está compuesta por personas que en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar, por tanto se convierten en potenciales entrantes a la fuerza de trabajo si es que las restricciones de movilidad debido a la pandemia se levantan o las expectativas de las personas por encontrar una ocupación mejoran." Así, los "inactivos potencialmente activos" sumaron otras 2,02 millones de personas.

5. La suma de los que buscan trabajo sin conseguirlo o bien están disponibles para trabajar pero no tienen empleo, que cabe denominar "desempleados efectivos", alcanza nada menos que a 3,02 millones de personas en el segundo trimestre del año 2020.

6. La "tasa de desempleo abierto" registrada alcanzó solo un 12,2% de la fuerza de trabajo, aunque es 4,9 puntos porcentuales más alta que hace un año. Pero esta cifra es incompleta. Si se considera no solo a los ocupados y los que buscan empleo, sino también a los inactivos potencialmente activos, categoría que ha aumentado en 1,32 millones de personas en un año, la "tasa de desempleo efectiva" sube a 29,8%, a comparar con el 18,4% registrado en el trimestre diciembre-febrero.

7. Además, la figura de la suspensión de contrato de la reciente ley de "protección del empleo" mantiene con un vínculo laboral a más de 700 mil trabajadores, los que aparecen en la categoría de “ocupados ausentes” en la encuesta del INE. Estos suman 801,8 mil trabajadores. Para ser considerados ausentes, los ocupados deben mantener un vínculo con el trabajo, seguir percibiendo algún ingreso por este concepto o volver a trabajar dentro de cuatro semanas o menos.

8. La gravedad de la recesión asociada a la crisis del coronavirus se expresa en que el número total de horas efectivas trabajadas por los ocupados cayó un -32,0% en doce meses. El promedio de horas trabajadas alcanzó solo a 32,3 horas semanales, lejos de las 45 horas legales del trabajo asalariado.

9. Si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año reciente (2017), se necesitaría 9 años para recuperar los puestos de trabajo perdidos. Si el ritmo fuera el del peor año (2016), se necesitaría 18 años

Efectos inesperados: un nuevo error de la ortodoxia

Una primera versión en La Mirada

“Hoy día somos más pobres como país y tenemos que ajustar los gastos” ha dicho en repetidas ocasiones el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el que resultó menos dialogante y más ortodoxo que la imagen que proyectó a su llegada al cargo en octubre pasado.

La respuesta al choque de oferta provocado por la crisis sanitaria desde marzo -que se agregó al provocado por la rebelión social del último trimestre de 2019, pero del que se venía saliendo- no debía ser una búsqueda artificial de retorno a la normalidad (lo que tiene a Chile como unos de los países con más contagios y muertes por COVID-19 en el mundo), sino evitar un choque de demanda que agravara la situación y la llevara a una depresión económica. Los economistas no ortodoxos de distinta orientación hemos insistido desde marzo que se debía sostener los ingresos de las familias, establecer un seguro de desempleo amplio que incluyera a los sectores medios y otorgar créditos y subsidios para mantener el vínculo de empleo en las empresas y evitar los despidos masivos. El gobierno hizo poco y tarde, con la consecuencia de 1,5 millones de empleos perdidos hasta mayo. Una catástrofe.

El ministro Briones simplemente cree que el Estado debe ajustarse a la caída de sus ingresos (“somos más pobres como país”) y no ser el gran impulsor del sostén de la demanda en el corto plazo (“no hay que gastar todos los cartuchos). Los indicadores parciales indican una disminución de la inversión pública este año en vez de su aumento sustancial, como indicaría la racionalidad macroeconómica. Briones parece estar mirando el indicador del déficit presupuestario y de la deuda pública bruta que resultará de la crisis de 2020 antes que la necesidad de sostener la actividad económica a través de una fuerte política monetaria y fiscal. Esta debe ser proporcional al choque que se está viviendo, entre otras cosas para evitar la destrucción de capacidades productivas y hacer posible una recuperación más rápida.

El retiro llamado del 10% de los fondos de pensiones -legislado en la precipitación con un consenso político inédito ante la ausencia de políticas suficientes de mantención de los ingresos- va a tener varios efectos inesperados. Sus promotores decidieron con razón que importaba más un alivio económico urgente de las familias que detalles de política económica. Pero deberá corregirse en algún momento el hecho que el costo fiscal de la medida usará potencialmente más recursos a favor de los sectores de más altos ingresos (1.372 millones de dólares en regalos fiscales si se retira recursos desde cuentas de AFP para transferirlos a Ahorro Previsional Voluntario y 754 millones de dólares de exenciones al impuesto a la renta si se retira todo lo autorizado), en contraste con los 355 millones de dólares que se gastarán desde el presupuesto si se produce un retiro masivo de los haberes en cuentas de AFP destinadas a la pensión con retiro programado. Y no habrá apoyo para los pensionados con renta vitalicia, los del sistema antiguo o los del sistema solidario. Y menos aún para los que apenas tienen ahorros en sus cuentas o no cotizan en AFP (del orden de un tercio de la población en edad de trabajar), salvo si han calificado para el Ingreso Familiar de Emergencia.

Un segundo efecto es que este retiro permitirá inyectar capacidades de compra que sostendrán de mejor manera el consumo de las familias y evitar una mayor caída del PIB y del empleo. Es un impacto del mismo tipo, pero más ordenado y equitativo, que el que hubiera tenido un Ingreso de Emergencia cercano al menos a la linea de pobreza, un subsidio de desempleo y créditos suficientes a las pymes de envergadura, financiados con reservas fiscales, endeudamiento y un aporte de los super ricos. La ortodoxia no ha querido escuchar nada de esto.

El hecho que un importante banco extranjero de la plaza alertara sobre el punto tal vez permitirá relanzar el debate sobre cómo mejorar la respuesta a la crisis. Para Scotiabank, ”la inyección a consumo neto que esto provocaría tendría un efecto positivo de alrededor de 3% en el crecimiento del país”, pues si "la inyección neta de pre-pago de deudas y ahorro es de US$10 mil millones, el impacto en el PIB se ubica entre 3 y 3,5%. Es decir, si se esperaba que la economía se contrajera 7% el 2020, al incorporar esta inyección neta por ese monto durante lo que resta del año, la economía terminaría con una contracción más cercana al 4%". Esta proyección, como las demás, tiene elementos discutibles, pero en el orden de magnitud está en lo cierto: la economía requiere de un fuerte impulso de demanda para evitar la depresión.

La ortodoxia económica tiene como componente principal la fe en que el funcionamiento sin trabas de los mercados asigna adecuadamente los recursos, lo que conduce a una aceptación solo puntual de la intervención del Estado en caso de “fallas de mercado”. En realidad, estas fallas son la situación más frecuente y en especial la ausencia de libre competencia y las asimetrías de información y poder entre agentes económicos, las que llevan a la inestabilidad y la concentración. Pero hay un corolario liberal especialmente dañino: la idea de que la oferta crea su propia demanda, que ésta no se puede estimular “artificialmente” y que el gobierno debe mantener siempre limitados sus desequilibrios entre ingresos y gastos.

En el largo plazo, la producción por trabajador es efectivamente el sustrato del consumo y de los niveles de vida, pero en el corto plazo las fluctuaciones económicas están determinadas por múltiples factores que llevan a que la situación más frecuente es que no todas la capacidades de producción se utilicen y que suela existir una brecha de demanda. La insistencia de la ortodoxia en que esa brecha se colmatará automáticamente si se deja el tiempo suficiente para que actúe el mecanismo de precios, llevó a uno de sus principales contendores, el británico John M. Keynes, a declarar que “en el largo plazo estaremos todos muertos”.

Keynes argumentó que una demanda global insuficiente da lugar a largos períodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios de una economía es la contrapartida de cuatro componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de alguno de ellos. La incertidumbre y el desempleo erosionan la confianza de los consumidores, que reducen sus gastos. Este es especialmente el caso en una crisis como la actual, que ha visto disminuir las ventas del comercio en cifras de dos dígitos desde marzo y en la que la demanda externa es incierta. La reducción del gasto de consumo y de las ventas al exterior llevan a las empresas a restringir su inversión. Así, la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. Las variaciones de la demanda agregada tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, no en los precios. Si el gasto público aumenta, lo demás permaneciendo constante, el producto aumentará. Los modelos keynesianos de actividad económica sostienen que existe, además, un efecto multiplicador: el producto varía en algún múltiplo del aumento o disminución del gasto.

Los economistas de gobierno consideran estos argumentos como inconducentes. Debe tal vez citarse al profesor de Harvard Gregory Mankiw, con alguno de cuyos manuales seguramente estudiaron en algún momento: “si tuviéramos que recurrir a un único economista para comprender los problemas que enfrenta la economía, indudablemente ese economista sería John Maynard Keynes. Aunque Keynes murió hace más de medio siglo, su diagnóstico de las recesiones y depresiones sigue siendo la base de la macroeconomía moderna”.

El confuso proceso que terminó con el retiro de parte de los ahorros de los cotizantes en las cuentas de AFP, ha terminado siendo una intuición económica mucho más certera para atenuar la recesión en curso que el enfoque de la ortodoxia económica provinciana de las autoridades. Éstas han preferido aferrarse a supuestas verdades escritas en piedra antes que actuar de manera racional y decidida ante la magnitud de la crisis.

¿Cómo mejorar las pensiones?

En La Tercera

Se ha escuchado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en apoyo a su negativa a cualquier tipo de retiro de fondos de AFP, decir que hay que mejorar las pensiones, no disminuirlas. Es una excelente idea. El problema es que con el sistema de AFP no hay manera de hacerlo de manera consistente. Sacar a las AFP y la capitalización individual del corazón del sistema de pensiones no es “terminar con la idea misma de seguridad social”, sino que es volver a establecerla.

En 1981 hubimos quienes dijimos que la promesa de 100% de reemplazo del sueldo por las jubilaciones a través de la capitalización individual hacia 2020 no funcionaría, ni tampoco la del 70% que otros postularon. Sostuvimos que la continuidad de cotizaciones iba a ser porosa en una economía con mucho empleo informal y que la rentabilidad de largo plazo iba a ser inferior al crecimiento de la masa salarial. Y así ha sido: los pensionados reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo (algo más de un décimo las mujeres, un tercio los hombres). Esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los futuros jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que estará en torno al 3% para las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedió el sistema desde su inicio hasta 2019. En suma, un fracaso irremediable.

El ministro Briones sigue sosteniendo que el ahorro personal debe ser el pilar básico de las pensiones. Eso es persistir erróneamente con un enfoque que en términos empíricos presenta un resultado concreto: las pensiones son bajísimas con una capitalización en las condiciones salariales chilenas y con rendimientos decrecientes de los activos.

Las pensiones no se podrán mejorar hoy en Chile de manera significativa -ni tampoco en el futuro como promete la reforma aprobada en la Cámara de Diputados- con un sistema que siga basado en la capitalización individual.

Habrá desde luego un rol de la Pensión Básica Solidaria para evitar que nadie viva en pobreza en la vejez, y eso dependerá de una reforma tributaria. O, en su caso, de un programa serio contra la evasión tributaria vinculado a este fin, que permitiría duplicar el actual gasto fiscal en pensión solidaria y llevarlo al menos al 2% del PIB en plazos razonables.

En materia de pensiones contributivas, se puede aplicar una medida factible e inmediata, pero que implicaría salir del esquema mental rígido según el cual lo único viable y moderno es la capitalización individual. En efecto, el 10% obligatorio que se descuenta hoy de los salarios brutos (más las comisiones y el seguro de invalidez y sobrevivencia) podrían dejan de ir a las AFP y compañías de seguro. Y, en cambio, destinarse a complementar las pensiones hoy existentes y a pagar las pensiones futuras de acuerdo al registro de las cotizaciones durante la vida activa, corregidas por género y lagunas previsionales.

Con este cambio, los actuales fondos de los trabajadores activos seguirían en las cuentas de AFP, aunque la posibilidad de retiro en circunstancias excepcionales adquiriría mayor sentido. El ahorro individual en AFP u otras instituciones financieras sería, en un esquema de este tipo, voluntario, como lo son hoy los APV. Si las cotizaciones de los que trabajan que se recaudan mes a mes se destinaran a pagar pensiones, y no a acumular fondos inestables y de rendimientos decrecientes, el sistema podría entregar de inmediato un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad que, como ha calculado Fernando Carmona, en promedio elevaría las pensiones de las mujeres en un 37%. La pensión contributiva podría pasar de un promedio de $230.000 a uno de $550.000 si la pensión base se llevara a un nivel equivalente al salario mínimo vigente.

En un sistema con este enfoque, las pensiones se pagan de acuerdo a derechos previsionales adquiridos y registrados en la vida activa mediante cotizaciones periódicas. Su monto depende de lo que se recauda, con reservas técnicas para enfrentar las oscilaciones del ciclo económico, distribuido de acuerdo a esos derechos registrados y a las mencionadas compensaciones sociales y de género.

Este enfoque consiste en hacer una reversión de lo impuesto en 1981 en una dictadura, solo que sin la carga de financiar con impuestos las pensiones ya existentes durante décadas. Por construcción, no implica ningún costo fiscal adicional. El costo fiscal de pagar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario que complementa las pensiones misérrimas de las AFP es otro tema, que depende de las recaudación de impuestos, no de la cotización obligatoria.

Obviamente, los bancos y las empresas cotizadas en bolsa sufrirían un impacto: dejarían de disponer de un financiamiento periódico a bajo costo. Pero pueden reemplazarlo sin dificultades insuperables.

La explicación técnica es mucho más larga, pero esto es lo medular, incluyendo que un fondo de capitalización colectiva complemente el sistema con el 6% de cotización adicional de cargo del empleador que se discute hoy en el Senado, y cuya mitad la derecha insiste en llevar a capitalización individual, lo que mantiene bloqueado el proyecto. Este aporte adicional debe contribuir a compensar el cambio demográfico.Lo que proponemos es que un sistema contributivo de recaudación y pago sea la base del sistema previsional. Si se pone en marcha a la brevedad, contribuiría, además, a enfrentar la crisis mejorando las pensiones y sosteniendo la demanda de consumo de los hogares.

Se argumenta que la técnica de reparto ya no es viable porque la relación entre el número de trabajadores y los jubilados aumentará a favor de estos últimos por el aumento de la esperanza de vida. Eso es cierto. Hoy existen poco más de 12 millones de personas en edad de trabajar, las que alcanzarán unos 13 millones hacia 2030 y luego disminuirán hasta unos 10 millones hacia 2100. Mientras, los mayores en edad de jubilar son hoy poco más de 2 millones de personas y se estabilizarán en unos 6 millones a partir de 2060, según las proyecciones disponibles. Lo que no es cierto es afirmar que un sistema de reparto no puede adaptarse a esta evolución. En primer lugar, si los trabajadores aumentan su participación en la fuerza de trabajo, su productividad y sus ingresos (lo que dependerá de otro conjunto de políticas), podrán sostener a más trabajadores jubilados en el futuro que en el presente. En segundo lugar, dado que el envejecimiento va a requerir de más esfuerzos en materia de pensiones, cualquiera sea el sistema que se utilice, en el caso del reparto el sistema debe incluir modalidades de ajuste de la cotización y de las condiciones de jubilación para asegurar el equilibrio del sistema.

Esto lo hacen con éxito los países de altos ingresos que se supone son una referencia para Chile. Cabe recordar que el reparto intergeneracional funciona en la mayor parte de Europa (Alemania, Francia, Italia, España, etc.) desde fines del siglo pasado y en Estados Unidos desde 1935. Algunos países, como Suecia e Italia y próximamente Francia, establecieron un sistema de pensiones uniforme según los montos cotizados (cuentas nocionales o sistema por puntos), con compensaciones por razones de equidad social y de género, para evitar la fragmentación de sistemas parciales que suelen ser inequitativos.

Es hora de avanzar en Chile a un sistema mixto de pisos, con una pensión universal pareja financiada por impuestos, pensiones según las contribuciones pasadas financiadas por cotizaciones presentes y fondos de capitalización colectiva y, finalmente, ahorros individuales complementarios y voluntarios con estímulo tributario. Solo la obcecación sin sentido de un poder económico oligárquico que se beneficia del ahorro forzado de los trabajadores impedirá avanzar a algún sistema mixto con estos componentes y a una verdadera modernización de la protección social chilena.

La clase media y la crisis: tres grandes errores del gobierno

En La Mirada

La aprobación del retiro de fondos de AFP se ha planteado en nombre de la clase media. Señalemos que no involucra a las personas que no cotizan en estas administradoras por carecer de actividad formal, es decir los más pobres, especialmente las mujeres más pobres. Y recordemos que el 45% del 20% más pobre de la población en edad de trabajar no está afiliado a ninguna AFP y el 35% del quintil siguiente tampoco lo está (Encuesta CASEN, 2017). Pero sí tiene sentido para los 10,95 millones de afiliados/as a las AFP, la mayoría de los cuales tienen ingresos bajos y cuentas con pocos fondos acumulados.

Pero ¿qué es la clase media? La mediana de ingresos de los ocupados es del orden de 450 mil pesos al mes (la mitad gana más, la mitad gana menos), lo que con frecuencia se olvida. También se suele olvidar que solo el 15% de los perceptores de ingresos paga el impuesto a la renta, es decir los que ganan más de 679 mil pesos al mes. Los demás están exentos. Según el criterio que se aplique, se puede extender el universo de la clase media según una mayor cercanía o lejanía de los ingresos familiares respecto a la mencionada mediana.

Arzola y Larraín (2019) hacen una descripción de la estructura de ingresos en función de la línea de pobreza, siguiendo el criterio del Banco Mundial, que modificamos levemente para este breve análisis. Los pobres se cuantifican en este caso como los que reúnen ingresos inferiores a 417 mil pesos por hogar de 4 miembros y representarían -según la última encuesta de ingresos CASEN de noviembre de 2017- un 9% de la población. Aquellos con ingresos entre 1 y 1,5 veces esa línea (de 417 a 626 mil pesos), se clasifican como vulnerables y suman un 16% de la población. Así, pobres y vulnerables sumarían del orden de un 25% de la población. Y se encuentran, presumiblemente, entre los más afectados por la crisis y en una situación de gran precariedad cotidiana. Una proporción de ellos ha accedido al Ingreso Familiar de Emergencia o al seguro de cesantía, pero con un apoyo de emergencia que es inferior a la línea de pobreza, lo que no tiene justificación dados los recursos disponibles. Este constituye el primer grave error del gobierno en materia de apoyos económicos ante la crisis.

La clase media-baja sería aquella que reúne ingresos entre 1,5 y 3 veces la línea de pobreza (626 mil pesos a 1,25 millones) y reuniría nada menos que al 43% de la población. La clase media-alta sería aquella que reúne ingresos entre 3 y 6 veces la línea de pobreza (1,25 a 2,5 millones) y reuniría a otro 23% de la población. Así, dos tercios de las chilenas y chilenos serían de clase media, aunque no es lo mismo ganar poco más de 600 mil pesos que 2,5 millones. Presumiblemente muchos de ellos están afectados o piensan que lo estarán con el desarrollo de la crisis. Se trata de la inmensa mayoría del país. 

El gobierno ha anunciado múltiples planes, incluyendo uno para la clase media, basado en créditos y postergación de pagos de créditos hipotecarios. Adquirir nuevas deudas no es una respuesta para la mayoría de las familias que ya están muy endeudadas (el endeudamiento ha sido parte fundamental del modelo económico neoliberal para ampliar el consumo de las personas de ingresos bajos y medios), ni tampoco ayuda ampliar el CAE para los estudiantes, que no harían más que ampliar su mochila. Por otro lado, postergar deudas, como el dividendo, no hace más que diferir pagos frente a un incierto horizonte futuro de los ingresos familiares. Ampliar el endeudamiento o diferir el pago de deudas tiene como supuesto la recuperación rápida (en V y no en U o en L) de los ingresos de las familias y de los empleos y remuneraciones, lo que no se avizora. Lo más probable es, desgraciadamente, que recuperación será muy lenta dada la ausencia de medidas de mantención del empleo y de los ingresos de envergadura suficiente. Frente a la caída de la producción por razones sanitarias no se ha actuado con energía para evitar la caída estrepitosa del empleo y de la demanda de consumo de los hogares por la disminución de ingresos.

En cambio, el subsidio al arriendo de la vivienda -que habría que extender de modo equivalente al dividendo – es una medida con más sentido, aunque el anunciado es de un monto muy bajo.

Así, el mensaje para dos tercios de la población ha estado muy por debajo de las necesidades y las posibilidades objetivas de mantención de ingresos. Esto es posible considerando un triple programa de financiamiento: uso de las reservas fiscales, endeudamiento a bajo costo e impuesto especial a las grandes fortunas. Este ha sido el segundo gran error del gobierno.

Los que ganan más de 2,5 millones de pesos serían el 10% de la población, aunque muchos de sus miembros no se consideran privilegiados, probablemente porque su referencia es el 1% o el 0,1% más rico, cuyos ingresos son completamente incomparables, algo así como de “otro planeta”. En realidad, del planeta de los super ricos, cuyo aporte no ha sido requerido para nada en esta crisis. Este ha sido el tercer gran error del gobierno.

En este contexto, fue adquiriendo sentido el complemento de un retiro de fondos de AFP para los que han visto disminuir sus ingresos y se volvió imparable en el sistema político, más allá de que tenga o no algún mecanismo de devolución, se exima del pago de impuesto a la renta para los ingresos más altos, se favorezca un subsidio a las futuras pensiones con el mecanismo APV o se facilite el retiro de utilidades por disminución de la reserva de los propietarios de las AFP.

Medidas legislativas adicionales tal vez corregirán estos aspectos. Pero, sobre todo, frente a la crisis, cabe mantener una mirada de conjunto y seguir insistiendo en que el gobierno debe ampliar el Ingreso Familiar hasta la línea de pobreza y establecer un Subsidio de Desempleo de Emergencia de amplio espectro, que incluya a los sectores medios.

Un gobierno en crisis

En El Mostrador

El Gobierno de Sebastián Piñera experimenta un claro agotamiento. No ha logrado encaminar la crisis sanitaria, social y económica y tiene a su coalición desarmada. Esto se ha evidenciado con la votación de parte de la derecha a favor del retiro de fondos de AFP y el anuncio de que rechazará el veto presidencial a la ley de suspensión de cortes de servicios básicos en la emergencia.

No hay que perder de vista que el trasfondo de ese agotamiento es que la sociedad entró en rebelión en octubre de 2019 durante más de un trimestre y que esa rebelión social estaba en vías de reactivarse en marzo, hasta que sobrevino la pandemia de coronavirus. El movimiento social de magnitudes telúricas e inéditas en la historia de Chile quedó temporalmente en segundo plano por el temor a la expansión del virus, acrecentado por la inepta política del Gobierno contra el contagio.

Chile es hoy insólitamente el octavo país en el mundo por el número de casos confirmados de COVID-19. El Gobierno negó la necesidad de confinamientos generales al inicio de los contagios, como le recomendó su propio comité técnico asesor, y no consideró que Santiago era una unidad poblacional en la que no sería efectivo hacer cuarentenas parciales, hasta que tuvo que retroceder y rendirse ante la evidencia de que la inmunización de rebaño no funcionaría. Como tuvo también que hacerlo en materia escolar. Recordemos que el Presidente Piñera llegó a anunciar el retorno a clases para el 27 de abril y luego para mayo, buscando prioritariamente no afectar la economía.

La política errada se extendió a lo económico. El apoyo a las familias y empresas debiera haber sido inmediato y de gran magnitud para impedir el desplome del empleo. La actividad inevitablemente iba a caer por razones sanitarias, pero era clave mantener el vínculo laboral y asegurar ingresos a los asalariados y los independientes y trabajadores por cuenta propia para asegurar las cuarentenas y la sobrevida de las empresas. Evitar el desplome del consumo de los hogares era además indispensable para impedir una depresión. El Gobierno actuó tarde y poco. El resultado fue una pérdida de un millón y medio de empleos hasta mayo.

Con un Ingreso Familiar de Emergencia inferior a la línea de pobreza y con requisitos burocráticos múltiples, una suspensión de contratos y disminución de jornadas financiada por los propios trabajadores con sus cuentas de cesantía, un crédito a tasas bajas que no llega a muchas empresas, empezando por las microempresas, emergió de modo inevitable algo de sentido común: recurrir a los fondos de las cuentas de cada cual en las AFP.

Algunas propuestas incluían un subsidio regresivo de los retiros y vincular al Estado a las AFP por los próximos 50 años, lo que debía ser rebatido. La Cámara de Diputados estableció el retiro de 10% de los fondos sin compensaciones. Se produjo el desplome de la defensa del Gobierno por el peso de la desesperación de la mayoría de la población y por el ruido de fondo del desprestigio de un sistema que usa los recursos de los trabajadores para sostener la concentración económica, que permite un lucro asegurado y desproporcionado a los dueños de AFP y que mantiene fuera del país cerca de la mitad de los fondos previsionales. Pero que sobre todo ofrece pensiones misérrimas para la gran mayoría.

Así, se va delineando un hilo conductor que conecta con la rebelión social de octubre-diciembre y que no es otra cosa que una conciencia colectiva creciente de que debe terminar en Chile el modelo neoliberal de concentración económica, de dominio oligárquico y de instituciones a su servicio.

La oposición tiene el deber de unirse en respuesta a las urgencias de la mayoría social, como parece que empieza a hacerlo, y hacer valer su mayoría parlamentaria. Y promover con fuerza que el Gobierno acceda a otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia más alto y un subsidio de cesantía que llegue a los sectores de ingresos bajos y también medios, junto con obligar a la banca a que otorgue créditos fluidos a todas las empresas viables y créditos selectivos con contrapartida de propiedad a las empresas grandes. Un paquete de uso de las reservas fiscales, de un endeudamiento a bajo costo hoy disponible y de un impuesto a los súper ricos permitiría financiar un plan efectivo de enfrentamiento de las crisis sanitaria y económica, que están inevitablemente entrelazadas.

Los recursos existen: lo que no existe es la voluntad política del Gobierno de usarlos en beneficio de la mayoría. Tal vez esta actitud se explica por aquella convicción según la cual los chilenos “no se deben acostumbrar a vivir del Estado”, lo que repulsa a la mayoría de la población que quiere ver a un Estado activo y no a un Estado neoliberal prescindente frente a la magnitud de la crisis.

Por otro lado, se evidencia cada vez más una crisis de régimen político. Ya resulta evidente que el presidencialismo sin mayoría parlamentaria es una fuente de conflicto permanente entre dos poderes democráticos legítimos. Si agregamos el rol insólito del Tribunal Constitucional en los últimos años, pasando por encima de la soberanía democrática sin escrúpulos, tenemos los ingredientes para el deterioro institucional.

Para que no intervenga el Tribunal Constitucional y frente a la pasividad del Gobierno ante la crisis, la oposición –con el apoyo de algunos parlamentarios oficialistas– se encaminó a legislar medidas de emergencia propias de la ley mediante una reforma constitucional transitoria. Este es evidentemente un barroquismo institucional propio de la creatividad jurídica nacional, pero no es exactamente propio de un régimen político democrático en forma, en el que las mayorías parlamentarias se constituyen en Gobierno, este dura un período fijo o bien mientras permanezca esa mayoría o se constituya otra, sin lo cual se vuelve a las urnas.

¿Qué hacer hasta 2022 con un Gobierno agotado, con un soporte político resquebrajado y en medio de una enorme crisis económica? Lo sensato sería que Sebastián Piñera aceptara la realidad institucional: no tiene mayoría parlamentaria. Y, por tanto, en esa lógica debiera de una vez aceptar pactar el manejo de la crisis con la oposición o una parte de ella hasta el fin de su Gobierno y no vivir en una desesperante improvisación cotidiana.

Para eso existen diversas fórmulas, que en parte ha ensayado el nuevo ministro de Salud. Pero si Sebastián Piñera no lo quiere aceptar, en nombre de la defensa de un modelo económico e institucional oligárquico que hace agua por todos lados, entonces debiera pensar en acortar su período de Gobierno. Esta no es una afirmación basada en el afán de interrumpir la normalidad institucional, y menos ad portas de un plebiscito constitucional que reorganizará la democracia chilena por las próximas décadas. Pero prolongar la agonía y el desorden en que lamentablemente se va sumiendo la sociedad chilena en plena pandemia del coronavirus, es simplemente una irresponsabilidad.

Pan para hoy y seguridad social para mañana

En La Mirada

Tomo esta frase de algunos diputados de oposición a propósito del debate sobre el retiro del 10% de los fondos desde las AFP, contrarrestado por el nuevo plan anunciado por Sebastián Piñera. Este es el nº 8 de medidas contra la crisis, y se anunció después de una votación desfavorable en la Cámara de Diputados, presionado por su coalición de gobierno, por una gran mayoría del parlamento y por la opinión pública. Dicho sea de paso, la oposición que pactó medidas restrictivas o una reforma menor a las AFP queda de nuevo en entredicho en su voluntad de hacer retroceder a un gobierno que no tiene mayoría en el parlamento.

El actual empuje vino de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) -y de diversos otros proyectos posteriores- que desde abril planteó el retiro de una parte de los ahorros en AFP con límites y resguardos de devolución no regresiva. Este proyecto luego devino (con versiones previas en la Cámara de Diputados de devolución muy regresiva que merecían ser criticadas) en un plan más amplio de retiros, pero con un fondo colectivo y solidario de reposición empujado por el diputado Gabriel Boric, que no reunió los votos suficientes.

Piñera anunció el 14 de julio un bono de 500 mil pesos, que estaba en lo esencial incluido en el plan anterior de créditos a tasa cero a través de una cuota 100% subsidiada (de hasta 650 mil pesos, dicho sea de paso). Su universo es para personas que han visto disminuir sus ingresos, cuando esos ingresos previos se situaban entre 500 mil y 1,5 millones de pesos. Incluye a “trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, a honorarios y por cuenta propia que hayan sufrido una caída de 30% o más en sus ingresos formales” y “también favorecerá con montos decrecientes a aquellos trabajadores con ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales, que hayan tenido caídas de ingresos”. Como se observa, no serán pocos los documentos que tendrán que reunir las personas que quieran acceder al beneficio y las tramitaciones múltiples que van a tener que enfrentar.

Además, se insiste en la medida del préstamo, por hasta un 70% de la caída de los ingresos, en 3 cuotas mensuales, con un máximo de 1,95 millón de pesos (el anterior era de hasta 2,6 millones). Y se mantiene la postergación por 6 meses de los dividendos hipotecarios con garantía estatal. Se aplicará, como en el plan anterior, un subsidio de arriendo por tres meses para cien mil hogares, por hasta $250 mil y para arriendos de hasta $600 mil mensuales, que cubrirá hasta el 70% del valor del arriendo, para las familias que hayan tenido caídas en sus ingresos de al menos 30%. Nuevamente, muchos papeles que reunir y presentar. Y no se entiende por qué ese subsidio no se extiende, en los mismos términos, al dividendo, si la lógica es el alivio temporal del gasto en vivienda.

También se mantiene el nuevo plazo para que los estudiantes de la educación superior puedan postular a financiamientos y una postergación de hasta 3 meses del pago de las cuotas del Crédito con Aval del Estado (CAE, a UF+2% anual).

Se agregó ahora una nueva postergación de contribuciones de bienes raíces del segundo semestre, para todas las primeras viviendas con avalúo fiscal inferior a 5 mil UF, también para familias que hayan tenido caídas de ingresos, las que se van acumulando para ser pagadas en el futuro cercano.

Piñera no anunció nada sustancialmente nuevo, salvo ajustes y agregados menores. El gobierno sigue sin entender que debe y puede -mediante uso de las reservas fiscales, endeudamiento a bajo costo y un impuesto especial a los muy ricos- llevar el Ingreso Familiar a un mínimo de la línea de pobreza (170 mil pesos por persona) y establecer un subsidio de desempleo de emergencia, como no nos hemos cansado de repetir. Este debe sostener los ingresos por tres meses al menos en un nivel de 90% (y 70% para los salarios más altos) para los que han perdido su trabajo, visto sus contratos suspendidos o dejado de percibir ingresos obtenidos por cuenta propia. Este esquema es una ayuda más amplia, más consistente y más fundada para los asalariados e independientes, incluyendo los sectores medios. Pero los que gobiernan siguen aferrados al dogma de evitar que “la gente se acostumbre a vivir del Estado” (Hoffman) y a presentar buenos índices a las evaluadoras internacionales de riesgo para supuestamente mantener bajo el “riesgo-país”, que no hará más que aumentar si se hace todo para que se vuelva a una situación de rebelión social activa como la de octubre-diciembre de 2019.

Lo anunciado es de alguna manera un subsidio de desempleo que no quiere decir su nombre (y que se ha aplicado con diversa intensidad y éxito en Estados Unidos y en Europa), pero en este caso para un universo acotado y por un período breve. Recordemos que, además, las cuentas del subsidio de cesantía existente se están utilizando para financiar las suspensiones de contratos y el desempleo, con poco aporte fiscal y una caída abrupta del beneficio (que al menos se va acotar a 55% a partir del segundo mes, lo que sigue siendo muy bajo).

No se quiere entender que aliviar la situación de ingresos de las familias es una necesidad -incluyendo un retiro de fondos de AFP sin subsidios regresivos ni exenciones al impuesto a la renta que deberá tratar ahora el Senado- para evitar el derrumbe del consumo y de la demanda interna, que se agrega a la inevitable restricción de la producción por razones sanitarias y a la caída de las exportaciones por la situación que vive el mundo.

Y el mandato presidencial a los ministros para negociar la reforma de las pensiones es curioso, pues está obligado a hacerlo dado que no dispone de mayoría parlamentaria, en este caso en el Senado, en donde el proyecto sigue sin avanzar. En la Cámara se acordó por el gobierno con los diputados DC mantener el sistema de AFP tal cual, agregando una cotización adicional de 6%, la mitad de la cual iría a cuentas individuales y la otra mitad a compensar las pensiones más bajas. En el Senado, la oposición se decanta por un esquema en el que ese 6% vaya completo a un fondo de capitalización colectiva para compensación y solidaridad, pero el gobierno se niega.

El 10% de la cotización obligatoria (más el porcentaje que va a comisiones) debiera dejar de ir a las AFP y éstas solo proveer en el futuro pensiones complementarias como el actual APV de tipo voluntario. Las cotizaciones obligatorias deberían ir a pagar las nuevas pensiones y a complementar las actuales de acuerdo al registro de cotizaciones en la vida activa. Se debe pasar a la brevedad a un nuevo sistema mixto de pensiones que combine reparto -el reparto consiste en que se recauda cotizaciones y con esos recursos se pagan las pensiones definidas de acuerdo a la historia laboral de los jubilados- y capitalización colectiva para compensar las lagunas de las mujeres y del trabajo precario y para contrarrestar el cambio demográfico.

La idea errónea reiterada una y otra vez -sin apego alguno a los hechos- de que el sistema de pensiones por reparto estaría fracasado es simplemente una falacia. Se viene repitiendo desde 1981. Este tipo de sistema funciona perfectamente bien -con los ajustes necesarios frente al cambio demográfico- en muchos países, empezando por Estados Unidos y la mayoría de los europeos. Y de manera perfectamente eficiente y totalmente injusta en Chile para las Fuerzas Armadas y de Orden, por los subsidios que incluye. Por lo demás, la propia Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario son en rigor una forma de reparto intergeneracional, financiado no por cotizaciones sino por impuestos.

El sistema de pensiones en Chile deberá ser uno de seguridad social, en vez del que defiende el gobierno y el gran empresariado que representa. Este sistema entrega pensiones misérrimas que el Estado debe complementar masivamente, en el que las AFP son el núcleo de un modelo de concentración de capital sustentado mes a mes por los recursos de los trabajadores. Este esquema es simplemente inaceptable para una sociedad decente.

Preguntas sobre el pasado

En La Mirada

En momentos de crisis como el que vivimos se experimentan momentos de desazón colectiva. También se estimula en muchas personas la creatividad para imaginar nuevos futuros y resurgen, en ocasiones, preguntas sobre el pasado. A propósito del natalicio de Salvador Allende el 26 de junio, en una red social una persona realizó una pregunta abierta acerca de si los socialistas fueron leales a Allende. Aunque pueda sonar extemporáneo frente a la coyuntura, intenté una respuesta pensando en las nuevas generaciones, aunque se haya escrito sobre el tema una y mil veces.

Esa respuesta fue (aclaro que en 1973 tenía 16 años y militaba con los secundarios del MIR y que en la actualidad no estoy afiliado a ningún partido) que la inmensa mayoría de los socialistas si le fueron leales. Muchos entregaron heroicamente la vida en defensa de su gobierno. Pero cabe reconocer que el PS tuvo una política institucional distinta y en ocasiones contradictoria con la del Presidente Allende. Buena parte del PS no compartía la idea de la “vía chilena al socialismo”. El proyecto del Congreso de 1967 era otro, de tipo insurreccional, aunque nunca se llevara a la práctica, se eligiera a un parlamentario moderado para impulsarlo y el grupo de los Elenos -que dio apoyo a la guerrilla del Che Guevara y otros movimientos latinoamericanos- decidiera apoyar al presidente Allende en 1970. Además, el grueso del PS pensaba que la “vía chilena” no era un proyecto viable, pues se impondría una intervención militar apoyada por Estados Unidos, lo que resultó efectivo, como bien se sabe.

La pregunta difícil de responder es si esa política socialista distinta a la de Allende contribuyó o no a la inviabilidad de la “vía chilena”. En buena medida se puede sostener que no. Por un lado, porque la inviabilidad estuvo marcada por la decisión de Nixon-Kissinger de impedir a toda costa el éxito de Allende e incluso de no permitirle siquiera asumir el gobierno. El gobierno estadounidense suponía que podía ser un ejemplo político a seguir en otras partes del mundo. Y por otro, por la decisión del freísmo DC de seguir una política que buscaba poner fin a la experiencia allendista desde un principio -aunque accedió a la ratificación de Allende en el Congreso en 1970 después del asesinato del general Schneider a cambio de garantías constitucionales- y que impulsó la alianza con la derecha y la logró después del asesinato de Pérez Zujovic en 1971. Este controvertido ex ministro del Interior de Frei paradojalmente había defendido en su partido la idea de un pacto de gobierno UP-DC, con ministros democratacristianos incluidos, dada la proximidad de programas y para estabilizar la situación. Esta idea nunca logró abrirse paso en el sistema político, con una polarización sistemáticamente empujada por los gremios del gran empresariado con apoyo norteamericano.

En esas condiciones, solo un milagro -y en las sociedades esas cosas no se producen, si es que en alguna parte- podía viabilizar la continuidad del presidente Allende hasta 1976. Era difícil imaginarlo en medio de la expansión de la capacidad de consumo popular por el aumento de remuneraciones que al ser excesiva derivó en inflación, del boicot externo crediticio y comercial de Estados Unidos y de la caída de la producción que acompañó poco a poco la nacionalización del cobre sin indemnización, la profundización de la reforma agraria que desplazó a la oligarquía terrateniente y la expansión de las empresas intervenidas. Esta expansión sumó unas 500 y fue mucho más allá del grupo de 91 empresas estratégicas que tenía programado nacionalizar el gobierno, además de la banca, y fue acompañada por la ocupación por sus trabajadores de muchos campos de menor tamaño. Este proceso de desborde desde abajo fue en parte espontáneo y en parte organizado por actores del PS, el MIR, el Mapu y la IC, en nombre de hacer avanzar la socialización económica. Como resultado de todos estos procesos, la izquierda perdió la mayoría electoral que había alcanzado por primera vez en la historia en las municipales de 1971, aunque resistió con el logro del 44% de los votos en las parlamentarias de 1973, cuando la derecha y la DC buscaban obtener los dos tercios del Congreso para destituir al presidente Allende. Pero perdió el apoyo de muchos sectores medios, que se radicalizaron fuertemente en contra. En mayo de 1973, la DC freista tomó el control del partido y se sumó definitivamente al golpe, que un grupo minoritario rechazó.

El acuerdo con la DC, que el presidente Allende buscó hasta el final, tal vez hubiera permitido reordenar la situación con un pacto hasta 1976, pero el PS se oponía a ese acuerdo (“avanzar sin transar”) y Frei también.

El jefe de la oposición, junto al derechista Jarpa, ni siquiera quiso reunirse públicamente con Allende, aunque era presidente del Senado, a pesar de los intentos de mediación de Gabriel Valdés. El Cardenal Silva Henríquez logró que Aylwin lo hiciera como presidente del PDC, pero el diálogo no dio resultados. El plebiscito que iba a anunciar el presidente Allende el 11 de septiembre sin acuerdo de su propia coalición y tampoco con la oposición -aunque Carlos Briones como ministro del Interior había explorado esa salida hasta el final con la DC- hubiera tal vez llevado las cosas por la vía institucional. A ese acuerdo también se opuso el PS a través de Adonis Sepúlveda (aunque en las horas siguientes Altamirano lo apoyó in extremis), plebiscito que inevitablemente llevaba al presidente a la renuncia si lo perdía. Estaba dispuesto a hacerlo, como demócrata que era, para dar una salida institucional a la crisis.

Su plan era en ese evento apoyar al General Prats como candidato presidencial y a Clodomiro Almeyda como nuevo jefe del PS a partir del congreso partidario previsto para marzo de 1974. Pero la historia se escribió como la tragedia que conocemos, en la que la oligarquía tradicional se apoyó en los militares de ultraderecha para realizar un golpe de largo alcance, desplazar a la DC y a toda expresión de centro, retomar todo el poder y aplastar los avances sociales conquistados desde los años 1920. Su plan refundacional estaba destinado a restablecer estructuralmente el dominio oligárquico sobre la sociedad. Esto requería de una dictadura prolongada, de la que costó 17 años salir y cuyas secuelas institucionales, sociales y culturales se prolongan hasta el día de hoy.

¿Tiene sentido el retiro subsidiado de fondos de las AFP?

En Voces La Tercera

Recientemente, la Cámara de Diputados envió una petición al Presidente de la República para que patrocine un proyecto de ley que permita a cada persona con fondos en alguna AFP retirar un millón de pesos, siempre que no haya recibido fondos públicos de emergencia. Acto seguido solicita que ese monto sea restituido como bono de reconocimiento por el Estado a cada cuenta de afiliado.

Se trata de un subsidio regresivo, que no incluiría al universo del trabajo informal que no cotiza -mayoritariamente constituido por mujeres- y que no excluiría a los cotizantes de más altos ingresos. Sería financiado con un endeudamiento público con un costo de UF+4% al año, de acuerdo a la mecánica de los bonos de reconocimiento que se propone. Estos se crearon para considerar las cotizaciones realizadas por los trabajadores en las cajas de previsión del sistema antiguo y se trasladaron a una AFP a partir de 1981.

¿No tiene acaso mucho más sentido emitir deuda de largo plazo directamente con bonos públicos a un costo que puede ser hoy muy inferior a UF+4% para financiar un paquete de beneficios sociales frente a la pandemia? Se debe empezar por priorizar a quienes más la están sufriendo, las personas mayores de bajos ingresos.

¿No tiene más sentido aumentar el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia? ¿O subsidiar el uso de recursos de las cuentas del seguro de cesantía para los trabajadores con contrato suspendido?¿O ampliar el Fondo Solidario del subsidio de cesantía? ¿O  que se establezca un subsidio de cesantía de emergencia para los independientes, más allá del crédito ya aprobado, que incluya además al mundo de la cultura?

En materia de subsidios frente a los efectos de la pandemia, las peticiones del Parlamento al gobierno no debieran perder el sentido de las prioridades ni de las proporciones. En especial, se debe considerar que no tiene sentido pedir que se entregue recursos de todos los chilenos sin excluir a las personas de altos ingresos, como si Chile no fuera uno de los países más desiguales del mundo. Y aquello de hacer de este un mecanismo voluntario es absurdo: ¿por qué alguien renunciaría a sacar hoy un millón de pesos de su cuenta de AFP si se lo va a pagar el Estado en el futuro, con además UF+4% de interés al año?

En todo caso, si los 10,9 millones de afiliados en las AFP recibieran un millón de pesos subsidiado por el Estado, porque no en otra cosa se traduce la petición de la Cámara de Diputados, el costo (sin considerar intereses) sería de 13,4 mil millones de dólares. Eso es bastante más que los 12 mil millones de ayudas públicas considerados por el gobierno para los próximos 24 meses y que una mayoría aprobó como “marco de entendimiento”. La coherencia no parece estar a la orden del día.

En definitiva, el Estado chileno está en condiciones -mediante el uso de las reservas fiscales existentes (21 mil millones de dólares a fines de abril) y un endeudamiento que hoy se puede obtener a bajo costo- de subsidiar directamente a las personas que más lo necesitan para enfrentar la crisis: aquellos cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza, los trabajadores con contrato suspendido u horario reducido, los independientes con caídas de ingresos, los cesantes y las empresas en dificultades.

Al debatir este tema rápidamente aparece aquello de que otra vez están los economistas poniendo restricciones. Mi respuesta es la de siempre: en materia de economistas, abogados, profesores, periodistas y las profesiones que se quiera, hay de todo. No es el tema. Sacar cuentas y establecer las prioridades colectivas frente a la crisis es el tema. Para eso no se necesita ser economista, sino parte de la ciudadanía.

Además, si las cuentas de AFP son propiedad de cada cual -como han sostenido desde el inicio del sistema sus dueños-, entonces la idea de retirar fondos ante la magnitud de la crisis es válida, pero no existe razón alguna para que ese retiro sea financiado por todos los chilenos, incluyendo los más pobres que no tienen nada o muy poco que retirar. Lo sensato parece ser que el que lo desee disponga de al menos parte de sus recursos en las cuentas de AFP, pero siempre que se transite hacia un nuevo sistema contributivo de pensiones que impida aquello de pan para hoy y hambre para mañana. Un sistema que canalice de aquí en adelante el 10% de cotizaciones (y un 6% adicional en el futuro, como se ha pactado en el Parlamento) para pagar con los recursos así reunidos a los hoy jubilados según su historia laboral, con una pensión base para todos cercana al salario mínimo y un fondo de capitalización colectivo como reserva frente al cambio demográfico.

Solo un conjunto de medidas que enfrenten en la magnitud suficiente el corto plazo pero sin hipotecar el largo plazo permitirán responder a las graves consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.