¿Qué hacer con la seguridad pública?
El debate sobre las causas de la rebelión social será de largo aliento y estará centrado en el cambio del modelo económico y en una nueva agenda social. Lo propio ocurrirá con el tema de la nueva constitución, que tomará dos años según el calendario previsto. Pero el tema de la seguridad pública es acuciante.
Hay quienes proponen la represión militar y volver a un esquema de violaciones masivas de derechos humanos. Parece más sensato, en cambio, una acción efectiva contra las destrucciones y saqueos que debe empezar por establecer un nuevo mando y formar equipos de control civil directo de la acción policial en un Ministerio del Interior dotado de toda la autoridad sobre los mandos de Carabineros.
Lo primero que debe cambiar es la agresión policial gratuita y el descontrol que ha llevado a muchos jóvenes a la violencia reactiva por rabia e indignación frente al abuso policial, para no hablar del disparo a los ojos de perdigones y bombas lacrimógenas y las dramáticas consecuencias que han producido.
Se debe permitir las manifestaciones. Esto ya bajaría una parte de la violencia y la tensión existente. Hoy existe una obsesión por disolverlas, en vez de dejarlas transcurrir, lo que evitaría muchas de las violencias que son provocadas precisamente por la represión policial. El derecho a manifestarse sin permiso previo está garantizado por la constitución.
En segundo lugar, cabe darle un rol de primer plano a los alcaldes. En muchos casos sorprende la nula coordinación operativa con ellos por parte de las Intendencias y Carabineros. En muchas comunas la violencia ha sido menos intensa. Esto se explica porque funciona la contención que provee el capital social local, capilar, invisible, pero eficaz, que los alcaldes, cuando hacen bien su labor, conocen y activan mejor que nadie. Debieran recibir muchos recursos para que organicen a los vecinos y a los jóvenes en tareas de prevención de destrucciones y saqueos y de promoción de cabildos y de espacios para la organización popular para canalizar positivamente la rabia social acumulada. La consulta que estaban organizando los alcaldes -aunque se realizará una con menos impulso en los temas- hubiera servido mucho a la pacificación, pero desde la política una mayoría parlamentaria cometió el error de no articularse con ella y de producir un acuerdo que, si bien abre esperanzas de cambio institucional, no resuelve mucho de aquello por lo cual la gente está en las calles.
En tercer lugar, cabe comprometer a los que actúan desde la política para, con las organizaciones populares en los territorios, proponerse positivamente y con firmeza controlar colectivamente y aislar a los que realizan destrucciones y saqueos que perjudican enormemente el espacio público y la calidad de vida de las mayorías. A los que queman equipamientos públicos solo se les puede llamar lumpen y se les debe combatir. Pero no desde la represión policial y militar desproporcionada que violenta derechos, lo que no ha logrado mayor eficacia. Lo que verdaderamente va produciendo efectos es el control social combinado con la acción policial selectiva y proporcional, lo que no excluye la necesaria firmeza en la reducción de los que delinquen.
En cuarto lugar, en vez de usar el enorme contingente con el que se atacan las manifestaciones pacíficas, transformándolas en no pacíficas, las Fuerzas Especiales debieran concentrarse operativamente, con mucha movilidad, en la inmediata respuesta a los saqueos en directa conexión con los vecinos y los alcaldes. La falta de eficacia policial ha sido muchas veces abismante. La policía debe volver a una lógica de proximidad, como la que siempre hemos visto en los bomberos, que han sido los héroes públicos en estas semanas junto al personal sanitario, los que merecen el reconocimiento de todos.
