La rebelión social, el capitalismo, la democracia y las elites

En Cooperativa.cl

Una lectura de una reciente entrevista al sociólogo  Göran Therborn (en El Estado Social de mañana, Cubillos, Slachevski, Yáñez, LOM, 2019) permite poner en perspectiva parte de lo que está pasando en Chile. Señala Therborn,"siempre ha existido una distancia y una tensión entre capitalismo y democracia, porque los capitalistas siempre han sido una minoría. A lo largo de la historia se han construido puentes a modo de compromisos, donde se han protegido los derechos de propiedad a cambio de derechos sociales, pero en este nuevo escenario todo eso se está erosionando".

Therborn se refiere a Europa Occidental y Estados Unidos. En Chile, la oligarquía dominante terminó por desechar los compromisos configurados entre 1920 a 1973 porque el proceso histórico puso en peligro su dominio concentrado de la propiedad. Esta oligarquía se propuso la toma total del poder con la dictadura y refundar radicalmente el orden político. económico y social. Desde 1990 tuvo que aceptar no gobernar directamente pero se niega a cualquier compromiso real entre derecho de propiedad y derechos sociales. Hasta hoy.

En especial, se niega a impuestos progresivos que financien políticas sociales amplias y al derecho de negociación salarial por sector o espacio territorial con sindicatos fuertes y representativos. El resultado, la rebelión social de vastas proporciones de 2019.

Agrega  Therborn, "pienso que una de las cosas más sorprendentes que ha pasado en esta relación entre capitalismo y democracia ha sido el abandono de las clases populares por parte de las elites políticas, incluyendo a la socialdemocracia y el social-liberalismo (...). En nuestros días las rebeliones populares tienen que vencer a la elite política que ha abandonado a la gente porque ha privilegiado y está convencida de las pautas y rutinas administrativas y gerenciales. Ir contra esa elite es ir contra la sabiduría convencional de la economía liberal."

Nunca mejor dicho. En Chile el PS-PPD, que contribuyó mucho en su momento a derrotar a la dictadura, dar una salida política a la lucha popular de las protestas y batallar por la justicia en materia de violación de los derechos humanos, no persistió como debía en el cambio político-institucional y en la redistribución del poder económico en la transición, a pesar del esfuerzo de muchos. Pero no fueron suficientes.

Terminó por aceptarse el dominio del neoliberalismo y de un sistema político tramposo, basado en el veto de la minoría política que representa al poder económico. La tesis de seguir batallando fue derrotada en el PS a partir de 2005. A muchos finalmente no nos quedó sino concluir que ya nada teníamos que hacer ahí y dejamos de militar en partidos que están subordinados al sistema oligárquico (personalmente lo hice después de muchas dudas y con dolor, en 2016). Como terminó siéndolo también la mayor parte del PDC.

La declaración de esta semana de ex-ministros DC es una expresión de conservadurismo que, en vez de solidarizar con la rebelión social, lo hace con el partido del orden y su "paz" oligárquica, para condenar el "infantilismo revolucionario". Como si ese fuera el problema de Chile hoy. En realidad, reemerge el anticomunismo a veces enfermizo de algunos DC de la guerra fría, que los hizo trabajar junto al gobierno de Estados Unidos contra la democracia chilena en momentos cruciales de nuestra historia.

Muchos DC no comparten ese enfoque, del mismo modo en que la gran mayoría de socialistas y PPD no aceptan su abandono del mundo popular.

La reconfiguración política del espacio democrático comprometido con la justicia social, y hoy necesariamente también con la sostenibilidad ambiental de la economía, sigue pendiente. Es una tarea sobre todo de las nuevas generaciones, que hasta aquí no han hecho lo necesario para asumir su rol y han preferido refugiarse en sus conductas pos modernas y endógenas.

Pero ya vendrá el tiempo de la recomposición, aunque solo sea como deber moral frente a los protagonistas de la rebelión social - que no son los delincuentes, por supuesto, como pretende convencernos la propaganda gubernamental odiosa y masiva - que están pagando todos los costos de darle a Chile un mejor futuro.

Lo menos que podemos hacer es homenajearlos y agradecerles.

Lo que entró en crisis: una mirada retrospectiva

En El Mostrador

La rebelión social de fines de 2019 ha sorprendido por su intensidad y duración. Aunque a algunos no nos resulte tan inverosímil ni se aleja completamente de análisis previos, es necesario iniciar un esfuerzo de comprensión restrospectiva para intentar explicar lo que ha pasado en Chile.

Esto, sobre todo si se considera que las élites dominantes se veían a sí mismas a cargo de una economía próspera que otorgaba más o menos espacios a todos en el camino de “llegar a ser un país desarrollado”, especialmente con la expansión de la educación de mercado, y de una política que producía arreglos estables y una competencia electoral periódica acotada y sin sobresaltos mayores.

Hasta que la mayoría de las certezas convencionales volaron por los aires por la fuerza de los hechos.

Aventuramos la hipótesis según la cual en primer lugar ha entrado en crisis el soporte económico de la vida social, y lo que denominamos el “modelo híbrido de mercado concentrado y de regulaciones débiles”. Ponemos el acento en el concepto de “hibridez”, pues nuestra estructura económica no es el resultado de un diseño abstracto de algún agente todopoderoso, interno o externo, sino de situaciones de poder relativo entre grupos sociales asimétricos que configuraron en las últimas décadas la esfera económica en un contexto internacional cambiante.

El actual modelo de crecimiento tiene su origen en la imposición violenta desde la dictadura de un sistema de asignación de recursos basado en mercados imperfectos que han tendido a una extrema concentración y que se extendieron hacia los servicios básicos, la educación, la salud y las pensiones, como en ninguna otra parte del mundo.

Desde 1990 se produjo un cuestionamiento inicial a parte de la herencia dictatorial, con la idea del “crecimiento con equidad” de Aylwin y luego del “crecimiento con igualdad” de Lagos, incluyendo reformas tributarias, laborales y territoriales junto a aumentos del gasto y coberturas sociales y el reforzamiento de algunas regulaciones.

Persistió el desarrollo de actividades estatales directas en parte de la banca (Banco del Estado y Corfo), minería (Codelco y Enami), energía (Enap) y transporte (Metro) que los economistas neoliberales siempre contendieron, esta vez sin éxito. Pero ese contramodelo en ciernes, morigerado sistemáticamemte por la ausencia de mayoría parlamentaria, perdió fuerza por el acomodo y en algunos casos creciente conversión al neoliberalismo de la coalición de gobierno y algunos de sus máximos líderes.

Resultó emblemática la expansión de la actividad minera transnacional y la captura privada de su renta, la mantención de un oligopolio en la pesca y la privatización de parte de los servicios sanitarios (en Santiago, Valparaíso y Concepción y la licitación de la operación en el resto del país) y de la infraestructura de transporte a partir de los años 90.

Este modelo híbrido produjo resultados de crecimiento generalizado de los ingresos y de mejoría sustancial de algunos indicadores sociales (baja mortalidad infantil, alta esperanza de vida, baja criminalidad relativa), los que generaron la autocomplacencia de economistas antes críticos del neoliberalismo.

Se dejó de lado como algo molesto pero no determinante la muy alta desigualdad de ingresos y la estructura de propiedad hiperconcentrada que multiplicó e hizo cotidianos los abusos de mercado frente a un Estado mínimo, crecientemente capturado por el capital corporativo y sus grupos de presión en detrimento de los intereses de la mayoría social. Esto fue lo más grave del proceso político post-90, aunque una minoría nos opusiéramos desde dentro.

La prevalencia del maridaje de intereses con el gran empresariado preparó lentamente la rebelión actual. La etapa dulce del alto precio del cobre y del resto de las exportaciones primarias, empujadas por la demanda china, alimentó la ilusión de que no eran necesarias reformas estructurales ni un proceso intensivo de diversificación económica. El desdén por la inversión en investigación y desarrollo y por la recuperación del control sobre la renta de los recursos naturales fue tal vez la ceguera mayor de los arrogantes economistas del modelo que hoy entra en crisis, y no por falta de advertencias suficientes.

Cito el siguiente diagnóstico: “Considerando la poca complejidad económica de Chile, el crecimiento económico de largo plazo se proyecta a solo 1.9% entre el 2013–23. Estas proyecciones de crecimiento están muy por debajo de sus pares, incluyendo Canadá (2.7%), Perú (2.8%), Colombia (3.0%), y México (4.4%)”.

Y agrega: “La segmentación de la prestación de servicios en educación, cuidado de la salud y seguridad social (...) ha generado una importante disparidad en el acceso a servicios de calidad. Las limitaciones en el acceso a una educación de calidad se traducen en desigualdades en el mercado laboral, lo que también influye en la participación en el sistema de salud y contribuciones al régimen de pensiones. Considerando el segmentado mercado laboral, solo una pequeña proporción de la fuerza laboral percibe niveles sostenidos de ingresos, crecimiento de ingresos, y una participación y tasa de aportes constantes en el sistema de pensiones”.

¿Otro diagnóstico heterodoxo más que no reconoce la virtudes del “modelo chileno” y de los logros de sus economistas y defensores políticos? No, se trata de un informe del Banco Mundial de 2017.

También entró en crisis en 2019 la sociedad del 10-50-40, estable por largo tiempo pero estructuralmente polarizada. Se consolidaron las fronteras entre el 10% más rico (y en su seno el 1% cada vez más rico, articulado en grupos económicos con control de buena parte de los recursos naturales, una amplia base financiera y alianzas con el capital internacional), el 50% constituido por grupos intermedios tradicionales y emergentes (con empleos formales pero con un tercio más cerca de los bajos ingresos que de los medios) y el 40% de menos ingresos, con empleos precarios, poco calificados y todavía mal pagados, aunque hayan aumentado sus ingresos promedio más que el resto.

Este 40% de menores ingresos incluye un 20% en estado de "pobreza multidimensional" y del orden de un 5% en situación de exclusión y marginalidad. No considerar la “heterogeneidad estructural” de la estructura socioeconómica chilena fue otro de los grandes errores de los economistas del modelo, así como desdeñar que su utopía básica, la movilidad social, simplemente en Chile existe apenas.

Finalmente, languideció una economía que desde 2014 crece poco, reduce la creación de empleo y lleva a perspectivas de aumento de ingresos que se esfuman y aceleran el endeudamiento de los hogares para sostener su consumo. El trabajo informal es de un 30% de los asalariados y el trabajo precario con rotaciones constantes de empleador es la realidad cotidiana de la mayoría de los asalariados y sus familias.

Pero también existen factores culturales y generacionales en la crisis. Aventuramos la hipótesis de que terminó por difuminarse la pretensión de reemplazar la construcción –siempre necesaria y en continua reformulación– de un destino común por la idea neoliberal según la cual la sociedad no existe, en la que la única utopía posible no es algún proyecto de significado colectivo sino la mera movilidad social personal.

Del orden de 500 mil jóvenes no estudian ni trabajan y la deserción escolar adolescente aumenta. Hay hoy 1,2 millones de jóvenes en una educación superior que no ofrece para la mayoría un destino de inserción con un mínimo de certeza y genera en muchos casos aún amplias deudas. Esto se traduce crecientemente en la ansiedad colectiva y más bien en el cuestionamiento del orden social antes que en la confianza en un destino de movilidad social ascendente.

Parece, asimismo, haber entrado en tensión el sustrato solidario que se expresa ancestralmente en las familias y los grupos de pertenencia con la cultura individualista negativa, la descalificación de lo público vehiculada por los grandes medios (el Estado es ineficiente, los pobres reciben demasiados subsidios, nadie apoya a la clase media, etc.) y la representación de la sociedad como una supuesta cadena de oportunidades de mercado a lo largo de la vida, con la correspondiente ideología “emprendedorista”.

Parece haber perdido capacidad hegemónica el incentivo sistémico a la prevalencia del yo, en vez de la tríada del yo y mi mundo pero junto al nosotros social y el nosotros del género humano en la tierra y su comunidad de destino, siguiendo las distinciones de Edgar Morin. Y aumentó el rechazo al ancestral clasismo y discriminación social ("los flaites") y de género –con inéditas movilizaciones feministas masivas– que proviene de la cultura patriarcal y de la herencia de la hacienda.

La demanda por más protección social y estatal ha recuperado poco a poco derechos de ciudadanía frente a la sociedad de consumidores individuales y de supuesta movilidad social. Según la OCDE, en Chile nacer en un hogar de ingresos bajos puede afectar negativamente el salario en cerca del 40% en relación con el promedio, mientras las personas provenientes de familias con una mejor situación económica ganan un 50% más. Solo un 4% de jóvenes cuyos padres no habían completado la educación básica pudo obtener hacia 2015 un título profesional, en comparación con el 25% en el caso de hijos(as) de al menos un padre-madre profesional.

Desde el sistema político, las fuerzas que habíamos protagonizado los esfuerzos de retorno a la democracia no pudimos/supimos transformar el Estado mínimo, mientras terminaron prevaleciendo los que optaron por "hacer de necesidad virtud" y se resignaron y adaptaron al modelo híbrido de mercado concentrado y regulaciones débiles a cambio de espacios en la esfera pública y burocrática, degradando todavía más la capacidad estatal con muchos miles de puestos públicos clientelares.

Todo esto provocó desde al menos 1997 el desplome progresivo de la legitimidad de las fuerzas democráticas y una primera victoria electoral de la derecha –sociológicamente minoritaria– en 2009 y luego en 2017, cuando la coalición de gobierno se transformó en un campo de acciones incoherentes con un amplio espacio para el boicot interno a las reformas institucionales, sociales y económicas comprometidas.

Una parte mayoritaria de esa coalición ya no estaba dispuesta a salir del modelo descrito, defraudando a sus electores, provocando su molestia o su abstención, y constituyéndose en contramodelo de conducta política para las nuevas generaciones, que construyeron su propia expresión política. Resultó emblemático que la demanda por gratuidad y educación pública terminara transformándose en un capitalismo educativo subsidiado de alto costo fiscal y en la mantención de un mercado de la educación escolar y superior en vez de un servicio público republicano.

También entró en crisis un sistema político en el que las opciones mayoritarias permanecen cercenadas por los quorum supramayoritarios y el Tribunal Constitucional, el gran guardián del orden neoliberal (con los casos de la gratuidad educacional para los privados y de la desprotección del consumidor como emblemas de decisiones por encima de las leyes aprobadas por el Parlamento). Y que fue crecientemente condicionado y financiado legal e ilegalmente de manera corrupta por el poder económico.

La acción política mutó poco a poco desde ser la expresión de valores, visiones, proyectos e intereses colectivos a ser un mecanismo de acceso al poder estatal (y en ocasiones privado) y a ser una fuente de acceso a privilegios y prebendas clientelares. Esto provocó la frustración de una parte de la militancia –la tradicional y sobre todo de la más joven– movida por valores y proyectos comunes e inserta en el tejido social. Y terminó en la descomposición interna de los partidos y la pérdida de vínculo con el mundo social y territorial más allá de aparatos electorales clientelares.

Buena parte de la izquierda absorbió mal la crisis final del socialismo burocrático en 1989, la necesaria renovación de ideas y la sintonización con el mundo contemporáneo. Y sobre todo abandonó la representación del mundo del trabajo y de la cultura y prefirió ser un canal de acceso a cargos burocráticos y de ascenso social mediante la lucha electoral.

Con este trasfondo estructural, cultural y político se desencadenó desde el viernes 18 de octubre, a los dos años del gobierno de Piñera II, una rebelión social masiva y con altas dosis de violencia urbana, no inducida ni dirigida por nadie en particular. Ya el movimiento estudiantil de 2011 había sido un prolegómeno de la incapacidad de la derecha para generar gobernabilidad suficiente en la sociedad chilena actual. La rebelión de fines de 2019 es el fracaso de la representación política y parlamentaria de los intereses de la mayoría social y la respuesta más global y autónoma de la mayor parte de la sociedad a la desigualdad de ingresos y de trato, a los abusos contractuales, al Estado arbitrario en lo económico, judicial y represivo y a la cultura del individualismo negativo.

El rechazo al orden existente se condensa en la figura de Sebastián Piñera, que encarna la idea del privilegio y del abuso de las minorías dominantes, aunque su representación del mito del "emprendedor exitoso que gestiona con eficiencia" le haya permitido ganar dos elecciones presidenciales en medio de una amplia abstención y de la adhesión de sectores medios y populares conservadores o "aspiracionales".

En cinco semanas se han movilizado millones de personas. Este es el dato fundamental: una sociedad que reconstruye y resignifica su propio discurso y que no acepta más el orden desigual existente. Y que reivindica la dignidad como valor fundamental a consagrar y mantener frente al abuso de las minorías dominantes en la economía y el sistema político.

Pero el partido del orden, sus medios de comunicación y sus seguidores de todo el espectro ponen el acento en la parte minoritaria pero persistente de los movilizados que provoca condenables destrucciones (incluso de la infraestructura pública que sirve a la mayoría social) o reacciona con destrucciones frente a la violencia policial. Y que resalta hasta el paroxismo, dado el explicable rechazo y temor que provoca, el saqueo por parte de grupos de delincuencia común u ocasional, que suelen colarse en las revueltas sociales inorgánicas. Recordemos que existe además un micronarcotráfico relativamente extendido, que controla ciertos territorios en las urbes. Hay 80 mil enjuiciados por narcotráfico en Chile.

Pero no nos equivoquemos: el partido del orden busca negar o minimizar las intolerables violaciones de Derechos Humanos y sus respectivas responsabilidades políticas y anular la rebelión social masiva y legítima tratando de asimilarla a las destrucciones y al saqueo, generando el mayor pánico posible. El peligro de una salida autoritaria a la crisis basada en el temor a la delincuencia que justifique derivas represivas crecientes está muy presente, y existe una alta probabilidad de que Sebastián Piñera adopte ese camino.

También está en curso la búsqueda de una salida gatopardista, en la que todo cambie para que todo siga igual. Es lo que parte de la derecha intenta y parcialmente ha logrado con un acuerdo parlamentario para un plebiscito en abril 2020 que permita la elaboración en 2021 de una nueva Constitución en una convención constituyente elegida para el efecto, lo que es un gran logro y un desafío a ser ganado mediante una amplia movilización electoral.

Sin embargo, funcionará con el veto de 1/3 sobre los otros 2/3, lo que anulará con una alta probabilidad su potencialidad democrática, con un alto riesgo, mediante el bloqueo mutuo, de que termine colapsando el nuevo proceso constituyente, al estilo de la disolución sin pena ni gloria del proceso constituyente de Bachelet II. Algunos consideran esto inexplicablemente como un gran avance, con una especie de "emoción de la página en blanco" que a otros, centrados en los resultados institucionales que se debe obtener como respuesta a la crisis y sus causas, no nos conmueve mayormente.

La lucha política dirá si se produce alternativamente una salida con participación y representación social, territorial, de género y de los pueblos originarios, más allá del pacto parlamentario. Y si esa salida es capaz o no de promover un nuevo orden político que consagre una democracia sin veto de la minoría dominante. Y que, por tanto, permita de una vez al pueblo chileno dotarse, mediante una Constitución que no sea una camisa de fuerza y sucesivas legislaciones de futuros gobiernos, de un Estado de bienestar en forma y de un modelo de economía dinámica pero equitativa y sustentable.

¿Estará en el horizonte el pleno control público de los recursos naturales, la desmercantilización de los servicios sociales, un ingreso mínimo universal, los derechos efectivos de los trabajadores en la empresa, las ciudades más integradas, los servicios públicos en todo el territorio y una economía social y cooperativa que provea espacios de cohesión social, de disminución de las desigualdades y de acción persistente contra la exclusión y la marginalidad?

Construir un modelo de funcionamiento social de este tipo no es imposible y tendría el mérito de dar una respuesta más eficaz que la salida autoritaria o aquella gatopardista a la crisis social y política y a las demandas de la mayoría popular. Estas respuestas parecen no lograr detener la crisis o bien incubar su repetición en un horizonte cercano.

Existe una alternativa a la inestabilidad y la violencia. Pero un nuevo arreglo institucional y social requiere, entre otras cosas, dejar atrás con firmeza la idea de que los problemas sociales y políticos se resuelven con represión indiscriminada contra los que se manifiestan y que se debe atacar la delincuencia pero no sus causas. Requiere cosas como que se asuma una tributación progresiva sustancial. Y que el empresariado dispuesto a vivir en y con la sociedad, y no a expoliarla mediante múltiples abusos de mercado, debe ser objeto de regulaciones fuertes y efectivas y adaptarse a un nuevo modelo inclusivo. Y también requiere de un Estado probo y crecientemente desburocratizado al servicio de la ciudadanía y del interés general.

Un nuevo modelo democrático equitativo y sostenible no es fácil de construir, y requiere de tiempo, consistencia y persistencia, junto a las repuestas inmediatas que la ortodoxia bloquea con notable ceguera. Pero tendría una mucho mayor capacidad de dotar al país de la estabilidad política, económica y social sin la cual ninguna actividad económica puede prosperar en el largo plazo y sin la cual la búsqueda de un mayor bienestar progresivo de la mayoría social no resulta posible.

Posteos sobre el acuerdo constitucional

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¿Por qué inmiscuirse en el debate constitucional sin ser abogado ni constitucionalista? Cabe hacerlo en tanto ciudadano, lo que basta y sobra para estos efectos. Me remito, además, a la experiencia de haber participado en una reforma constitucional, en este caso la de 1991 sobre la organización territorial de los poderes del Estado.

Ya entonces, al preguntar a unos y otros expertos constitucionalistas sobre cómo abordar el tema, expresaban opiniones muy distintas sobre como avanzar. Pero había que hacerlo con un objetivo político irrenunciable: seguir avanzando para obtener a la brevedad la democratización de los municipios y la creación de los gobiernos regionales.

No quedó sino concluir rápidamente que no hay tal cosa como una "ciencia constitucional" sino "opciones de política alternativas según visiones y, en su caso, intereses". En materias públicas existen distintos criterios que expresan esas visiones e intereses, los que pueden ser construidos y expresados con mayor o menor lógica. Y la experiencia indica que ojalá lo sean con las mayores dosis posibles para evitar los callejones sin salida propios de las improvisaciones. Ese proceso avanzó, después de varios fracasos en reunir los votos necesarios, a través del acuerdo con las fuerzas políticas representadas en el parlamento -y en diálogo con múltiples expresiones de la sociedad civil- sobre un conjunto de normas institucionales y las diversas funciones y atribuciones de los poderes territoriales y las reglas básicas de asignación de recursos para comunas y regiones.

La mayoría de estas normas, sorprendentemente, prevalece hasta hoy. Han sido modificadas en diversos aspectos, pero mucho menos de lo que debían serlo a medida que avanzara el proceso político democrático. De ahí la convicción de que la actual discusión es tan importante, porque se hace solo cada ciertos años cuando se crean ciertas condiciones particulares.

El lunes 18 de noviembre 262 académicos de derecho y ciencia política firmaron una carta donde celebran el acuerdo del 15 de noviembre para una nueva Constitución y refutan los argumentos de los que consideran que el acuerdo tienen visos de ser un callejón sin salida y adolece de una ausencia notoria de interacción con el movimiento social. Cabe hacer un par de comentarios sobre esta declaración. La determinación de las políticas en una sociedad corresponde a la esfera social e institucional pública y a ninguna otra, y menos a una supuesta sapiencia de expertos. Los expertos están para diagnosticar y para ofrecer opciones más o menos coherentes e identificar los costos y beneficios de las distintas visiones, no para sustituirse a la deliberación y decisión democráticas. Los expertos no tienen un mandato, cumplen una función en la que no deben confundir análisis y juicios de valor propios, aunque sea difícil. Afirman los 262: "el quórum de 2/3 acordado busca que la nueva Constitución sea el producto de grandes acuerdos. En la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorga un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la constituyente el quórum de 2/3 hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular". Ocurre que esa afirmación es muy discutible, porque los 2/3 le dan ventaja al que no quiere proceso constituyente.

Esta mecánica de toma de decisiones puede llevar a un callejón sin salida y no a la indispensable nueva Constitución por primera vez emanada del pueblo, que es la aspiración primordial de los que no aceptan la legitimidad de la constitución del 80, incluso reformada por partes y de manera importante en 2005 (aunque se reconozca su vigencia práctica).

Para Enrique Navarro, un constitucionalista de derecha (porque los hay para todos los gustos), los 2/3 de aprobación es "alto" pero necesario "para que en definitiva entre todos consensuemos un texto", pues en caso de no llegarse a un acuerdo respecto a la nueva Carta Magna, "sigue rigiendo la actual Constitución". Consultado sobre la carta enviada por los profesores, manifestó no estar de acuerdo, ya que "en el fondo esto se va a aprobar en definitiva como un todo". Si no lo es, no hay nueva Constitución.

Esta opinión tiene una traducción política, a través de Andrés Allamand, influyente senador de derecha, con su brutalidad/franqueza acostumbrada: "si un tercio quiere que una determinada materia no aparezca en la constitución, el tercio opuesto puede forzar a que se incluya, ya que de lo contrario no presta su aprobación al resto del proyecto. Así, si dos tercios opuestos se bloquean recíprocamente, el resultado es que la convención fracasa". Y señala que "nunca fue la idea" que las normas constitucionales sin cuórum (se escribe con c y no con q según la RAE) de 2/3 quedaran fuera del texto y se tramitaran luego como leyes. Ena von Baer abundó en que “si un grupo radical se niega a incorporar una institución fundamental, es probable que no exista nueva Constitución, pues no se alcanzará el consenso necesario de 2/3”. JVR apoyó la tesis de Allamand.

Así va a operar el bloqueo de la derecha. En especial en materia de cuórum de leyes orgánicas y de reforma constitucional futura, y en especial en materia de mantención de un Tribunal Constitucional con capacidad de actuar contra las decisiones mayoritarias más allá de os derechos fundamentales. Y entonces los "moderados" van a aceptar lo que le interesa a los que están por mantener la sociedad de privilegios, con el argumento de "no hacer fracasar la nueva constitución" y en nombre del "realismo político". Se habrá avanzado poco, luego de tantos sacrificios. Ese es el problema con el acuerdo firmado.

Ahora Gabriel Boric dice que no es lo que firmó y que si es así hasta ahí no más llega. Y Fernando Atria señala que "estas declaraciones deben ser tomadas en cuenta. Y lo que hay que decir es claro: si ellos tienen razón, el acuerdo es un tongo". Plop. ¿No era que aprobaban y apoyaban todo, incluyendo el bloqueo mutuo de la "página en blanco" que evidentemente puede terminar en el colapso del proceso constituyente? Uno de los firmantes del apoyo al acuerdo, Diego Pardow, declaró que hay que hacer como en Sudáfrica, es decir plebiscitar los desacuerdos para desbloquear el proceso. Excelente idea. El problema es que no está en el acuerdo.

Ojalá entonces todos los que ahora empiezan a ver las consecuencias de lo que firmaron o apoyaron hagan lo que tienen que hacer: respaldar la urgencia de reformular el acuerdo para al menos reemplazar los 2/3 por un cuórum inferior o bien plebiscitar los desacuerdos en los temas fundamentales, junto a consagrar la paridad de género, la cuota indígena y las agrupaciones de independientes en los convencionales/constituyentes, así como el voto obligatorio a partir de los 16 años. Y que su número sea muy superior al actual Congreso para permitir la expresión de las distintas voces de la sociedad chilena. De otro modo, la radical separación entre el sistema político y la mayoría social va a permanecer y con ella la fractura de la sociedad chilena entre los privilegiados que concentran la riqueza y el poder y el resto.

Cuesta entender por qué la ex Concertación y la mayoría del Frente Amplio firmaron el "acuerdo de madrugada", que dicho sea de paso no es la mejor hora para acuerdos de esta trascendencia. Pero ahora se trata de que el proceso constituyente no termine siendo una parodia de la derecha con el fin último de mantener su poder de veto sobre el funcionamiento de las instituciones y obtener retrocesos en materia de derechos humanos, subordinación del poder militar a la autoridad civil y propiedad sobre los recursos naturales.

En todo caso, el acuerdo dio un respiro a Piñera y su empeño en conservar el modelo y las políticas neoliberales en contra de la expresión de la mayoría que se ha rebelado contra el orden político, económico y social existente desde el 18 de octubre.

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Según La Tercera digital (20/11), para el diputado Gabriel Boric “el quórum de 2/3 es para aprobar el articulado en particular sobre una hoja en blanco, y eso genera un incentivo a llegar a consenso sobre las instituciones fundamentales de un ordenamiento democrático, como el respeto a los derechos humanos, el funcionamiento de los Tribunales de justicia y otros órganos del Estado, la existencia de un Banco Central o el Régimen político. Pero todo lo que no sea consenso pasa a ser materia de legislación ordinaria con los quórums que defina la misma convención”.

Entonces el tema ya no es que si en la convención no hay acuerdo sobre algo, el tema pasaría a la legislación ordinaria con cuórum simple, como se había dicho por los que firmaron y apoyaron el acuerdo desde la izquierda. Se nos señala ahora que los desacuerdos irán a la ley con los cuórum que se acuerden por los 2/3 de la Convención. Por lo demás, es lo que dice la letra del acuerdo.

La pregunta ahora es: ¿la derecha va a permitir el cuórum simple para la legislación ordinaria? No hay indicios de que algo así vaya a ocurrir. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo sobre el cuórum de las leyes ordinarias? ¿Se bloquea todo? Al parecer, así será, y nos quedamos con la constitución actual. Algunos amigos parlamentarios y/o jurisconsultos dicen que eso no puede ser así, etc. Tal vez en los libros de texto o en alguna conversación de buena crianza. No en la ruda política, y menos negociando con Coloma, que viene inventando binominales y cuórum no mayoritarios desde que integraba el Consejo de Estado de Pinochet. El pensamiento mágico parece estar inundando el escenario político opositor.

Lo que va quedando más claro es que el acuerdo no incluyó que será la legislación ordinaria con mayoría simple la que resolverá los vetos mutuos, de lo que nos habían hablado a los escépticos en caso de falta de mayoría con cuórum de 2/3.

Todo esto se parece mucho a un callejón sin salida para el proceso constituyente. Hay que enmendar a la brevedad el acuerdo alcanzando por los actores políticos mayoritarios (en términos como los descritos en el posteo anterior), lo que debiera ocurrir en la tramitación de la ley de plebiscito en el Congreso. No hay que perder la esperanza de lograr un acuerdo sólido y duradero, a la altura de la rebelión social que estamos viviendo y del futuro del país.

Los temores frente a una salida democrática a la crisis

En La Tercera.com

Son recurrentes los temores del mundo conservador ante la idea de una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución. Este puede ser el mecanismo clave, construido a partir de las instituciones vigentes mediante un amplio acuerdo, para facilitar una resolución de la actual crisis de legitimidad del sistema político. Hay quienes no asumen que el país se encuentra en un estado de rebelión social multiforme, no desencadenado ni dirigido por nadie en particular, pero que debe buscar una vía de salida democrática.

Pero ese miedo no tiene sentido si se considera que la asamblea o convención constituyente es el más razonable mecanismo para construir un nuevo orden político legítimo. Que haya sido usado por Maduro u otros no lo descalifica como tal, del mismo modo en que no se descalifica el sufragio universal o la existencia de tribunales de justicia por el hecho que hayan sido utilizados por uno u otro régimen autoritario para fines no democráticos. Recordemos que quien aludió a la asamblea constituyente para reemplazar a la constitución de Pinochet fue Eduardo Frei Montalva en 1980.

Sería dramático para el futuro de Chile constatar que los conservadores solo buscan que el régimen político actual sea mantenido a toda costa para preservar lo que hasta ahora han logrado mantener y para ellos es esencial, es decir el derecho a veto de la derecha y las minorías económicamente dominantes sobre la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y que siga funcionando el sustrato autoritario del orden político chileno. Recordemos que las constituciones de 1833, 1925 y 1980 nacieron de mecanismos no democráticos.

El país no tiene por qué repetir su pasado. Si lo que se quiere es concordar nuevas reglas del juego respetadas por todos como alternativa a la violencia para resolver los conflictos, el gobierno y el congreso deben actuar rápido. ¿Por qué no reformar la constitución para, mediante plebiscito o directamente habilitar una asamblea constituyente elegida en octubre de 2020 que redacte una nueva constitución que entre en vigencia junto con el próximo presidente en marzo de 2022? Es allí donde, por ejemplo, la propuesta de Andrés Allamand de establecer un régimen semi-presidencial debe ser discutida. Si se debate en el actual Congreso, con el derecho a veto de la derecha y el desprestigio generalizado de la actual representación política, la legitimidad de un eventual nuevo orden democrático partirá herida de muerte. La rebelión social estará siempre a la vuelta de la esquina porque la mayoría entiende que hoy el orden político protege las desigualdades injustas y los privilegios del poder. Es lo que se ha expresado en las calles desde el 18 de octubre.

Un nuevo pacto de la sociedad consigo misma, capaz de durar por varias generaciones, debiera definir que la soberanía reside en el pueblo, y que ésta se ejerce directamente mediante plebiscito y referendum o se delega en órganos de representación a través de procedimientos democráticos de elección, los que deben garantizar el principio de mayoría y de respeto de las minorías y su derecho a transformarse en mayoría. Debiera fijar las funciones y atribuciones del presidente, del gobierno, del parlamento y de los órganos de justicia y de control jurisdiccional de los actos administrativos, así como establecer el pacto territorial que vincula al Estado-nación con los territorios comunales y regionales y sus respectivas autonomías, junto al reconocimiento de los derechos propios de los pueblos originarios. El Tribunal Constitucional debiera remitirse a garantizar los derechos fundamentales y conformarse a partir de órganos emanados de la soberanía popular.

Así, la nueva Constitución debiera ser lo más simple y breve posible y consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”).

La nueva Constitución debiera consagrar las libertades civiles y políticas. Debiera establecer la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción. Debiera reconocer el derecho al trabajo, a la educación y a la atención de salud, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto incluye el derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general (con indemnizaciones justas en caso de limitación de ese derecho), junto a la creación de empresas públicas por ley simple y el derecho a la propiedad social y cooperativa. También debiera establecer el deber de contribuir equitativamente a las cargas públicas. La nueva Constitución debiera consagrar derechos culturales como la libertad de opinión, cátedra e investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas. Debiera consagrar el deber de contribuir al cuidado de la naturaleza y a la vida en el planeta y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto al carácter público del agua (cuyo acceso debe ser definido como un derecho humano), de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico. Estos derechos y deberes fundamentales debieran tener estabilidad en su vigencia mediante la ratificación de modificaciones posteriores por dos legislaturas sucesivas, pero sin reglas supra-mayoritarias de aprobación. Estas no deben existir (como fue el caso de la Constitución de 1925) pues anulan la soberanía popular.

La nueva Constitución debiera establecer un régimen semi-presidencial, una convocatoria a referéndums en la definición eventual de aspectos básicos de algunas políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales. La nueva Constitución debiera dejar a la ley, sin quórum supramayoritarios, la definición de las políticas económicas, sociales, ambientales y culturales (un detalle de algunos de estos aspectos se encuentra en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/14134.pdf), siempre en el marco del respeto y cautela de los derechos fundamentales.

Los escollos a evitar son, entonces, la pretensión, que la derecha debe definitivamente abandonar para ser parte de la legitimidad democrática, de mantener un poder de veto de minorías sobre las políticas públicas, cuya definición y ejecución deben tener el solo límite del respeto a los derechos fundamentales. En segundo lugar, se debe evitar la idea que la constitución sea la llamada a fijar las orientaciones o los mecanismos específicos de esas políticas, las que cabe definir a la ley y a la acción gubernamental y la de las administraciones territoriales autónomas en sus ámbitos respectivos de actuación y a través de autoridades electas democrática y periódicamente por los ciudadanos y ciudadanas.

El partido del orden tergiversa la historia

En El Mostrador

No soy de los que les gusta comentar a comentaristas. Pero en su columna de El Mercurio del 10 de noviembre, Carlos Peña vuelve a hacerse el adalid del partido del orden, cargando con virulencia inusitada contra los intelectuales que no querrían asumir como éxito propio la "modernización capitalista" que debieran aplaudir y que ahora unos vándalos están amenazando.

Y esto ocurre a pesar de que él le explica el supuesto éxito de la mentada modernización a estos intelectuales todos los domingos desde el medio emblemático de la derecha chilena.

Estos serían unos necios que no entienden que la "mejoría en el bienestar material de los chilenos ha sido resultado de las últimas décadas y, en especial, de los veinticuatro años de gobiernos de centroizquierda" bajo Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, "y sus abundantes ministros, embajadores, asesores" que "contribuyeron a ello".

Supongo que me encuentro entre los aludidos, pues soy doctor en economía, profesor titular de la Universidad de Santiago y autor de una decena de libros y muchos artículos, lo que infiero me daría credenciales de intelectual.

Fui además subsecretario en La Moneda de Aylwin y Lagos, dirigente y presidente de un partido de Gobierno y embajador del primer mandato de Bachelet.

Aquí viene la acusación: "Pero los mismos intelectuales que fungieron de funcionarios de esos gobiernos —y que no dijeron palabra mientras ayudaban a que lo que hoy llaman neoliberalismo se construyera— ahora descubren que todo eso, nada menos que dos décadas y media de gobiernos, fue un gigantesco error, un error moral que pareciera justificar las demasías de estos días".

En mi caso, por lo menos, es mentira aquello de "no dijeron palabra" y "ahora descubren". Escribí, por ejemplo, un texto en 1993 –hace 26 años– siendo subsecretario de Aylwin, y que a él no le gustó pero que entendía era parte de un debate legítimo, llamado La Transición Inconclusa, en el que afirmaba que no ha terminado la transición y recalcaba que no se había hecho una justicia necesaria en materia de violación de los Derechos Humanos.

Añadía que en "la próxima etapa política de la Concertación deberá mantener su voluntad de terminar con los senadores designados, con la actual composición del Consejo de Seguridad Nacional, con la actual forma de generación de la Corte Suprema, con el rol de la Justicia Militar, con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con la legislación que expresa la no sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. Se deberá mantener la tesis de disminuir los quorum de reforma de la Constitución y de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. También deberá mantenerse como compromiso programático y político concreto con nuestros socios de coalición avanzar en la creación de condiciones de reforma del sistema electoral para establecer uno de carácter proporcional y en el establecimiento de un régimen semipresidencial".

Concluía que es "universalmente aceptado que el mercado no puede producir bienes públicos ni corregir las desigualdades sociales, ni proteger el ambiente y que el Estado debe proveer infraestructuras y servicios y asegurarle ingresos mínimos a la población más pobre, interviniendo en los mercados de trabajo y de capital para redistribuir los ingresos y orientar el crecimiento. Chile debe seguir avanzando hacia una economía solidaria, en la que el mercado opere donde sea posible asignar descentralizada y eficientemente los recursos y el Estado donde sea necesario actuar solidariamente en beneficio del interés general".

Escribí un libro en 1999, hace 20 años, que abundaba en estas posturas y que llamé "Gobernar el Mercado" y en 2007 otro que llamé "Remodelar el Modelo" e innumerables artículos a lo largo del tiempo en el mismo sentido.

Al asumir como presidente del PS hace 15 años, en 2003, señalé: "Dice la UDI: Senado sin designados, porque ya sirvieron lo suficiente sus intereses, y con sistema binominal, para que todo esté siempre empatado. Una vez más para que no puedan gobernar las mayorías, sino que mantengan el poder de veto las minorías privilegiadas de Chile. ¡Como si la gente no se diera cuenta que a la derecha le interesa mantener ese poder de veto para defender los privilegios de los más ricos y que la sociedad no pueda decidir democráticamente de qué manera quiere vivir y solucionar sus problemas cotidianos!".

Y agregué: "Más allá de que es posible introducir mucha eficiencia en el desempeño del sector público, no cabe duda que deberá aumentar el gasto público en la próxima década hasta no menos de un tercio de la economía si no queremos sufrir brutalmente las consecuencias de la inestabilidad del mundo y mantener la impresionante desigualdad que permanece entre nosotros".

Ese gasto público sigue siendo hoy de solo 23% del PIB, en vez del 33% que los socialistas de entonces reclamábamos.

Pues bien, muchos seguimos pensando lo mismo que se expresó en el debate entre "autoflagelantes y autocomplacientes" hace décadas. Chile, a pesar de un leve progreso medición a medición, está en el rango de mayor desigualdad en la distribución de ingresos en el mundo, como otros países latinoamericanos, y su sistema de impuestos y transferencias no la disminuye, como es el caso de casi todos los países de la OCDE.

La pertinacia de la derecha en mantener un sistema político que no hace efectivo el principio de mayoría y que ha sido intervenido de manera corrupta por el poder económico ha terminado por deslegitimarlo por completo. Esto se explica por sus resultados en materia de extrema concentración de la riqueza, con un crecimiento que benefició mucho más a los privilegiados que a la mayoría social y una prosperidad plagada de inseguridades cotidianas y de falta de movilidad social para sectores medios tradicionales y emergentes, junto a la persistencia de un 20% que vive en la pobreza multidimensional (según los datos oficiales), es decir, en la precariedad y la exclusión.

Esos resultados, que muchos venimos previendo y criticando desde hace décadas, y que intentamos remodelar desde dentro sin éxito, tienen una consecuencia inequívoca: se requiere ahora de un nuevo pacto constitucional propiamente democrático que contenga un nuevo pacto social y de sostenibilidad ambiental.

Peña llama a que los intelectuales vean los hechos. Aquí va: el hecho básico es que Chile no ha logrado tener una democracia que deje de lado el veto de la minoría que representa el poder económico en el Parlamento y, por lo mismo, no ha podido aplicar políticas económicas de "crecimiento con equidad" como las postuladas en el programa de Gobierno de 1989 o las de "crecimiento con igualdad" del programa de 1999, en cuya redacción participé.

También lo hice en la gestión de Gobierno para llevar adelante esos programas. Desde La Moneda experimenté en vivo y en directo el bloqueo derechista y la connivencia neoliberal de una parte de la coalición gobernante. Esto no fue fruto de las opciones de una sociedad que hubiera adherido al neoliberalismo, lo que nunca ha ocurrido, sino de bloqueos institucionales ilegítimos, ante cuyos resultados nos encontramos primero con una abstención masiva en los procesos electorales que permitió dos victorias electorales de la derecha, junto a los errores de los que entonces nos dirigieron, y ahora con una rebelión social que cuestiona directamente la legitimidad del orden político y económico existente.

Si muchos se resignaron a los bloqueos institucionales que permitieron una continuidad híbrida del neoliberalismo (la lista es larga), algunos no lo hicimos, aunque quedamos en creciente minoría y con pocos espacios de expresión. Así y todo, somos objeto de estos ataques furibundos, cuya agresividad sorprende, habida cuenta de lo menguado de las filas de los aludidos.

Lo más irrespetuoso es la apelación de Peña a un supuesto deber de lealtad con el derecho a veto empresarial y de la derecha consagrados por la actual Constitución y suponer que reclamar una nueva es atribuirles "a esos violentos actos callejeros la dignidad de un reclamo constitucional". Esta afirmación es el grado cero de la honestidad intelectual y simplemente una bajeza.

También lo es la afirmación según la cual "a la hora de señalar caminos para resolver la crisis, en vez de subrayar la función de las instituciones y el valor de la democracia (que consiste en permitir la competencia pacífica en base a normas) sugieren (imaginándose, sin duda, como miembros de una constituyente) que la salida consiste en restarles lealtad a las reglas hoy existentes retrocediendo a un punto cero donde todo podría reescribirse".

Sí, eso creemos muchos desde siempre, los que luchamos por la democracia, incluyendo en las calles y las barricadas (mientras usted guardaba el silencio contra la peor dictadura de la historia de Chile): hay que reescribir de cero una Constitución que resguarda un orden oligárquico y no expresa la soberanía popular ni el principio de mayoría que son la esencia de la democracia, junto al respeto de las minorías y de los derechos fundamentales.

Eso lo habrán de hacer, por supuesto, personas distintas a los que participamos de la transición. Y la desobediencia civil de estos días es enteramente legítima, la que nada tiene que ver con los actos de destrucción de grupos pequeños e irracionales y del lumpen que hemos condenado todos desde el primer momento.

Carlos Peña se retrata al no haber sido capaz de decir una palabra de condena a la violencia policial, que ha incluido heridas a bala, graves golpizas y vejaciones sexuales, ni al hecho de que cientos de jóvenes estén perdiendo sus ojos fruto de esa represión.

En estos días, cada uno ha tenido la ocasión de demostrar dónde se sitúa. Algunos, en la defensa –incluyendo la violación descarnada de los Derechos Humanos– del orden que nos rige. Otros, en su impugnación y la defensa de la necesidad urgente de iniciar un proceso constituyente, junto a amplias medidas sociales antineoliberales, para salir de la crisis provocada por el Gobierno de Sebastián Piñera y las consecuencias de larga data de un modelo económico excluyente y desigual.

La tragedia de Chile ha sido que este modelo se ha logrado perpetuar gracias a un sistema político que no refleja la voluntad popular, a pesar de los esfuerzos de muchos desde 1990. Voluntad popular que hoy se encuentra en la calle, dado que las instituciones le negaron el derecho a prevalecer sobre el veto de una minoría que concentra y abusa, pese a quien le pese.