¿Nuevos recortes de gasto público'

 En La Tercera

Los administradores de organizaciones suelen pedir más personal y más presupuesto para cumplir sus funciones. A los directorios de empresas les toca evaluarlas de acuerdo a un fin: maximizar la rentabilidad del capital invertido por los dueños.

¿Quién lo hace en el sector público, y de acuerdo a qué fines, a nombre de la ciudadanía? Dado que intervienen diversos actores y los fines son múltiples, de esa complejidad nace la necesidad de periódicas revisiones que ajusten fines y medios, lo que es especialmente el rol de los parlamentos. El momento clave es la aprobación anual del presupuesto. Luego pueden sobrevenir hechos que aconsejen alzas o bajas del gasto o de los ingresos.

En noviembre pasado se aprobó un presupuesto para 2025 con el apoyo de la oposición, con recortes durante la discusión. Pero se está en el segundo mes del año y el período electoral gatilló una escalada desde la oposición que pide bajas de gasto de hasta -3% del PIB, lo que es evidentemente recesivo. ¿Será la influencia de la motosierra de Milei, que no es precisamente un ejemplo de racionalidad ni de probidad, o bien del asalto al gobierno por Musk en Estados Unidos?

Hay una inquietud en Chile pues se arrastra un enorme salto en la deuda pública neta en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la que pasó de 4,4% del PIB en 2017 a 20,2% en 2021. Alcanzó luego un 26,9% hacia 2024 por un déficit fiscal de -2,9% del PIB, dada una menor recaudación a la prevista. El déficit estructural fue de un -3,2% del PIB, lo que requiere una consolidación fiscal para evitar incrementos de deuda en 2025 y años siguientes.

La menor recaudación tiene diversas explicaciones coyunturales, pero los ingresos estructurales por los cambios tributarios desde 2020 han sido inferiores a las estimaciones. Estas preveían un incremento de 2,5% del PIB hacia 2024, pero ha sido de solo un 1,2%. Las mayorías conservadoras en el parlamento han hecho su trabajo de oposición a los impuestos a los altos ingresos y a la renta minera y han logrado limitar su alcance. En 2019, los ingresos públicos sumaron un 21,8% del PIB, en 2022 un 26,0% y en 2024 solo un 21,9%.

Recordemos que la deuda bruta dejada por la dictadura fue de 43,8% del PIB en 1989 y que la deuda pública en la OCDE es muy superior en promedio a la chilena. El nivel de deuda que no provoca crisis es el que no implica un pago sostenido de intereses superior al crecimiento del PIB. Su monto en Chile representó en 2024 un 1,2% de ese PIB. Como el crecimiento será al menos de un 2% anual en los próximos años, la situación no es para nada la de una crisis de deuda.

No obstante, si los conservadores gobiernan otra vez, pondrán el acento en bajar los impuestos y los gastos públicos. Más allá de ahorros en gastos inútiles, pero poco significativos, esto implicaría restringir gastos en salud, educación e infraestructura, lo que afectaría el crecimiento y el bienestar, o bien aumentar la deuda y avanzar a una fragilidad sistémica. Por su parte, si las fuerzas que hoy gobiernan retienen el ejecutivo, deberán lograr mayorías parlamentarias para que los nuevos avances sociales que propondrán se financien con incrementos tributarios progresivos, y así se reparta mejor la carga del gasto público y no aumenten los pagos de intereses sobre el PIB. Recurrir al principio de precaución, junto al de justicia, será más que recomendable.

Oligarquías

En su discurso de despedida de la presidencia de Estados Unidos en 1961, el presidente saliente y ex general Dwight Eisenhower advirtió sobre los peligros de lo que llamó el “complejo industrial-militar”. En sus palabras: "nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos; así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial-militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y [ese riesgo] se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos".

En su propio discurso de despedida la semana pasada, Joseph Biden se refirió al surgimiento de lo que llamó un “complejo tecnológico-industrial": “quiero advertir al país de algunas cosas que me preocupan mucho. Y esa es la peligrosa concentración de poder en manos de muy pocas personas ultrarricas. Hoy en día, una oligarquía está tomando forma en Estados Unidos, de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicas”.

Se trata de expresiones algo melancólicas al momento de salir del poder, luego de obtenerlo y ejercerlo, que dan cuenta de una realidad de la que ambos presidentes han formado parte: el carácter oligárquico del control sobre el sistema político y mediático en Estados Unidos, el que emana inevitablemente de la alta concentración del capital y de la economía. 

Esto se acentuó en el período reciente. Según Bloomberg News, durante los cuatro años de la presidencia de Biden, la riqueza de los 100 estadounidenses más ricos creció en un 63%. El crecimiento del PIB fue de 28%. Esta persistencia de la tendencia a la concentración la simboliza una figura central del “complejo tecnológico-industrial”, Elon Musk (Tesla, SpaceX, X), que pasó de apoyar a los demócratas a ser un aliado fundamental de Trump. Multiplicó su patrimonio por dieciséis: sumaba $25 mil millones en 2020 y alcanzó más de $415 mil millones en 2024. Por su parte, el de Mark Zuckerberg (Meta), una de cuyas empresas acaba de censurar en Chile al periodista Daniel Matamala, se ha casi cuadruplicado, mientras el de Jeff Bezos (Amazon) se ha duplicado, el mismo que acaba de censurar una caricatura suya en el diario del que es dueño, el Washington Post, lo que implicó la renuncia de su autora. 

Se podría considerar que se utiliza la noción de oligarquía con fines retóricos, pero en este caso alude de manera precisa aquel orden que se rige por el principio de bloqueo del interés general en su propio beneficio por parte de una minoría que concentra una parte determinante del poder económico, político y mediático (ver "Oligarchy", Jeffrey Winters, Cambridge University Press, 2011). Esa oligarquía seguirá confrontándose con la democracia en Estados Unidos y en el mundo, como el sociólogo Göran Therborn señaló tiempo atrás (LOM, 2019): "siempre ha existido una distancia y una tensión entre capitalismo y democracia, porque los capitalistas siempre han sido una minoría. A lo largo de la historia se han construido puentes a modo de compromisos, donde se han protegido los derechos de propiedad a cambio de derechos sociales, pero en este nuevo escenario todo eso se está erosionando".

El gobierno de Trump no solo mantendrá el peso sistémico de la oligarquía, sino que será directamente lo que la Real Academia Española define como "plutocracia": aquella “situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado”. Se trata de un dominio más masculinista, represivo, nacionalista y expansivo que nunca, con más resortes de poder y con un fuerte arraigo en el capitalismo financiero y de plataformas tecnológicas, que dejará potencialmente una todavía mayor huella de dominación con aristas conflictivas y violentas en el mundo contemporáneo. 

Tergiversaciones y sentido del acuerdo en pensiones

En La Nueva Mirada

Según el acuerdo alcanzado entre el gobierno, el oficialismo y la derecha en el Senado, se producirá un aumento previsto de las pensiones actuales de hasta 2,5 UF mensuales, es decir 96 mil pesos al valor de hoy. El acuerdo permitirá, además, una redistribución de una parte de las cotizaciones hacia todas las mujeres que jubilen para compensar las diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. 

Los incrementos de pensiones abarcarán a 2,8 millones de personas e implicarán un aumento de entre 14% y 35% de su valor mensual. El conjunto de cambios previstos aumentará sostenidamente la tasa de reemplazo del salario previo por la pensión a un 70% en diversos tramos de ingresos, especialmente considerando la pensión garantizada universal ampliada. Por otro lado, se terminará con los multifondos, reemplazados por fondos generacionales automáticos que serán menos riesgosos a medida que avanza la edad de las personas que cotizan. El seguro de cesantía cubrirá las cotizaciones en caso de desempleo para evitar lagunas. 

Son avances dignos de ser apoyados, aunque sean insuficientes en diversos aspectos, en especial si se es partidario de un sistema de pensiones de seguridad social. Un esquema mejor y viable sería uno compuesto por una pensión básica universal del orden del 80% del salario mínimo, financiada con impuestos progresivos, por una pensión contributiva de reparto, financiada por cotizaciones obligatorias, además de un ahorro personal de carácter voluntario o contractualizado en la negociación colectiva, no sujeto al impuesto a la renta e invertido en fondos privados o públicos y que, incluso, se pudiera retirar parcialmente en ciertas circunstancias. Pero para esa u otras fórmulas no hay hoy mayoría en el parlamento, por lo que lo que se produjo fue una transacción, que es por definición siempre imperfecta para las partes. 

En todo caso, la actual oposición debió, después de años de bloqueo, dar curso a algún tipo de mejoría de las pensiones. No podía mantenerse solo en la defensa acérrima de la función parasitaria de las AFP, que no obtienen rendimientos de los fondos ahorrados muy distintos a los de los instrumentos de inversión de largo plazo que se ofrecen en el mercado financiero, mientras se apropian de utilidades excesivas que se descuentan de las pensiones. 

El acuerdo alcanzado tiene muchas aristas y será objeto de múltiples interpretaciones. Cabe retener que el total cotizado para pensiones será en el futuro de 18,5% del salario bruto, mientras hoy es de 11,5%. Del 7% adicional previsto por el acuerdo:

- un 4,5% podrá ir a las AFP, pero abriéndose la opción de que vaya a nuevas entidades de capitalización individual, incluyendo una participación del Instituto de Previsión Social en la administración de cuentas. El acuerdo no incluyó un ente público de inversión, que irá en un proyecto de ley separado en marzo. 

- un 1,5% irá a aumentar las pensiones contributivas para 2/3 de quienes las reciben (las personas que hayan cotizado al menos 20 años en el caso de los hombres y 10 años en una primera etapa y 15 más tarde en el de las mujeres), aumento que será de 0,1 UF por año cotizado con un máximo de 2,5 UF. En principio durará 30 años, disminuirá porcentualmente en el tiempo y será reintegrado a los que paguen esta cotización bajo la forma de un suplemento del fondo de pensión a través de un bono al llegar al momento de la jubilación. 

- un 1% irá a igualar las pensiones de hombres y mujeres con un mismo fondo acumulado, hoy distintas por las diferencias en la esperanza de vida. Esta es mayor en el caso de las mujeres, por lo que hoy se disminuye su pensión mensual en comparación a la de los hombres. Habrá un beneficio mínimo de 0,25 UF mensuales.

Es un avance institucional importante el que, según el acuerdo, el Instituto de Previsión Social (IPS) pueda administrar en el futuro cuentas previsionales y que se cree un Fondo Autónomo de Protección Previsional para las prestaciones del nuevo Seguro Social Previsional, que serán pagadas por el IPS. El Seguro Social gestionará el 1% para compensación por diferencias en la esperanza vida entre hombres y mujeres y el aporte de 1,5% a las pensiones actuales con bono posterior, junto al 1,5% de las cotizaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existente. Este último beneficia ("con mi plata si" y desde 1981) a los que se accidentan o enferman o a las familias de los que fallecen jóvenes. Es un seguro pagado por los empleadores y es parte del costo de contratar, como el de accidentes del trabajo, y que beneficia a quienes sufren una enfermedad invalidante o una muerte prematura, lo que puede ocurrir a cualquier trabajador, aunque solo termine abarcando a una parte y la mayoría no reciba beneficio alguno a lo largo de su vida. Es la lógica de la seguridad social ("hoy por ti, mañana por mí"), que también se aplica al financiamiento de las atenciones de salud y en parte al subsidio por desempleo temporal, con cotizaciones que cubren los riesgos respectivos. No obstante, el 4,5% para financiar la invalidez y sobrevivencia y los nuevos complementos de pensiones es una proporción baja de la cotización total de 18,5%, pero es el germen de un nuevo sistema de seguridad social. Este debiera extenderse progresivamente a la opción de gestión de todas las cuentas de cotización obligatoria y de inversión de los fondos por el Instituto de Previsión Social y el Banco del Estado a través del Fondo de Seguro Social (que recibirá para funcionar de inmediato un préstamo del gobierno de hasta 900 millones de dólares).

Las entidades privadas que reciben cotizaciones para la capitalización competirán más, dada la futura licitación del 10% de las cuentas de ahorro existentes cada dos años y la incorporación de nuevos participantes, como las Administradoras Generales de Fondos no bancarias, las cajas de compensación y cooperativas. Esto incluirá la gestión de inversiones y se podrá subcontratar las tareas de administración de cuentas, para lo que se habilita el ingreso del Instituto de Previsión Social en esas segundas funciones, disminuyendo las barreras de entrada. A su vez, se ingresará en marzo un proyecto de ley para la creación de un inversor público, que la derecha se negó a incluir en el acuerdo. Este conjunto reducirá potencialmente las inusuales utilidades de las AFP por cobro de comisiones, aunque ganarán un mercado de 4,5% de cotización obligatoria adicional, salvo que los cotizantes prefieran a los nuevos entes de recaudación e inversión. 

Un ángulo de ataque empresarial, y de la prensa que le es dependiente, al que se suma la extrema derecha, es el de los bonos reintegrados por la nueva cotización de 1,5%, gestionada por un nuevo Seguro Social con garantía estatal. El planteamiento de que no existe seguridad de que se paguen esos bonos es extemporáneo, pues no hay otra entidad más segura en materia financiera, en el corto o en el largo plazo, que el Estado. En el Chile independiente nunca ha entrado en cesación de pagos, dicho sea de paso. Se trata, en todo caso, de una fórmula un poco retorcida para evitar que se la denomine de "reparto", sistema que consiste en que las cotizaciones recaudadas en el presente pagan las pensiones mes a mes, a cambio de que la siguiente generación haga lo mismo con los futuros pensionados. Estos, entretanto, adquieren derechos de pensión ("cuentas nocionales") cotizando en su vida activa. Esta modalidad es calificada de "cáncer" por el presidente de la UDI, seguramente porque supone un sistema público. Conceptualmente se trata de lo mismo que cobrar un impuesto para realizar un gasto, en este caso para un fin específico, lo que en sí mismo no tiene nada particularmente especial, salvo que se considere que todo impuesto es un cáncer. El "reparto intergeneracional" es una forma de vínculo entre activos y pasivos para financiar pensiones, que suelen combinarse con ahorros (obligatorios o voluntarios y con descuento tributario en el impuesto a la renta) que se capitalizan. Casi todos los sistemas de pensiones combinan ambos mecanismos, incluyendo en Estados Unidos, junto a una prestación mínima financiada con impuestos, en proporciones y mecanismos variados.

Otro ángulo de ataque es la compensación de género por diferencia de esperanza de vida, que es considerada por algunos como una interferencia en la propiedad privada. Se trata de una medida de redistribución de ingresos en la vejez desde los hombres a las mujeres, la que se justifica por la situación socialmente desmedrada de las segundas, las lagunas de ingresos que provoca la maternidad (los que se oponen a este mecanismo suelen ser paradojalmente grandes partidarios de la promoción de la natalidad) y una mayor esperanza de vida que las lesiona en el cálculo de sus pensiones. No se trata en este caso de "reparto", sino de una forma de solidaridad y no discriminación que la sociedad decide establecer. Por ejemplo, en la Unión Europea está simplemente prohibido todo cálculo actuarial de seguros basado en la esperanza de vida por géneros.

Otra objeción empresarial es el nuevo total de 8,5% del costo salarial de cotización del empleador. Este seguirá siendo inferior a la actual cotización de 10% de cargo del trabajador. Se lee en la prensa: "gremios empresariales advierten efecto negativo del aumento de cotización al 8,5% del acuerdo previsional". Esto no es efectivo, pues el acuerdo señala que habrá una cotización adicional de 7% del salario bruto imponible por parte de los empleadores, que se establecerá de manera progresiva hasta completarse en 9 años, en vez de 6 contemplados originalmente. El 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia ya existe y es pagado por los empleadores (1,38% en la actualidad, cifra que resulta de la licitación periódica a compañías de seguros). Cabe subrayar que sin cotizaciones suficientes no hay pensiones contributivas con una tasa aceptable de reemplazo del salario previo. Es un asunto de aritmética, hoy agravado por las sustanciales utilidades privadas que se sustraen a las pensiones y que alcanzan un tercio del capital invertido por las AFP al año, una cifra a todas luces inaceptable.  La cotización salarial de 10% de 1981 se estableció solo para favorecer el cambio desde las Cajas de Previsión a las nuevas AFP privadas. Las primeras funcionaban con cotizaciones mayores, lo que a la postre redundó comparativamente en menores pensiones de las segundas y en el fracaso de la privatización de las pensiones, emblema del modelo neoliberal impulsado por la dictadura de 1973-89 que debió dar paso a un aumento sustancial de la pensión básica de cargo fiscal. 

La cotización adicional impactará en el costo de contratar, pero tendrá una aplicación gradual y podrá básicamente ser absorbida año a año por los aumentos usuales de la productividad del trabajo. Si no fuera así, y si se considera que la contratación se produce cuando el ingreso adicional para el empleador previsto supera su costo adicional, entonces habría contratación con una mejor distribución del ingreso entre capital y trabajo, lo que en las condiciones chilenas no tiene nada de reprochable. Además, crea una demanda adicional de bienes que dinamiza una parte de la economía con efectos multiplicadores. La afirmación según la cual "bajarán los salarios líquidos de la clase media" o "bajará el empleo formal" son típicas de los análisis mecánicos del tipo "si todo lo demás permanece constante", lo que no captura una dinámica económica en la que están envueltos diversos incentivos expansivos. Estos están situados en la interacción entre la innovación por el lado de la oferta, como subrayan los enfoques neo-schumpeterianos (Aghion y otros, 2021), hoy acelerada por los cambios tecnológicos en curso, y los impulsos de demanda interna y externa sobrevinientes, con diversos mecanismos de adaptación entre ambas dimensiones que explican por qué las economías con Estados de bienestar son históricamente dinámicas.

Para los enfoques liberales, los impuestos y contribuciones obligatorias afectan siempre negativamente a la economía, en circunstancias que buena parte de las de más alta productividad e ingresos son las de más alta presión tributaria y contributiva (quien quiera constatarlo puede revisar las bases de datos de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial). Esto se explica porque, al aumentar las capacidades humanas mediante una mayor inversión pública en educación, salud e infraestructuras, se aumenta la producción en el largo plazo, mientras la protección con seguros sociales ante los principales riesgos, incluyendo el de llegar a la vejez sin ingresos, aumenta la movilidad de los factores de producción hacia sus sectores más dinámicos y mejora la disposición a innovar, lo que termina por aumentar la productividad media de manera sostenida. 

Desde otro enfoque, hay quienes señalan que se mantiene un "ahorro forzoso" en beneficio de los grupos económicos. Una parte del ahorro se invierte, pero con sus respectivos rendimientos en beneficio de los fondos de pensiones, en bonos y acciones de grandes empresas, dentro y fuera de Chile. Y otra parte es invertida en instrumentos públicos o en activos no concentrados. Todo esto depende de las políticas de inversión: la capitalización de ahorros no es un problema en sí mismo, sino que depende de la orientación que tenga. La cotización es un aporte obligatorio, dicho sea de paso, que existe desde que se inventó la seguridad social hacia 1880 en Alemania, del mismo modo como son obligatorios los impuestos desde tiempos inmemoriales. Estos pueden ser considerados positivos o negativos según a quién se apliquen y qué destino tengan. En Chile los impuestos financian la Pensión Garantizada Universal para el 90% de los mayores de 65 años, lo que constituye el grueso de la pensión total para una proporción muy significativa de los jubilados. Esta subirá a 250 mil pesos en 2025 como parte del acuerdo. Una opción para el futuro es que solo exista un mecanismo compulsivo para el financiamiento tributario obligatorio de esta pensión, y que las contribuciones como porcentaje del salario sean solo complementos de pensión que resulten de aportes voluntarios, que se ahorren y capitalicen por decisión individual o colectiva en acuerdos de empresa. Pero mientras el ahorro para la jubilación sea muy bajo, entre otras cosas porque los salarios son muy bajos, y no se aumenten los impuestos de las personas de mayor riqueza e ingresos, las cotizaciones obligatorias sobre salarios son necesarias para mejorar la situación de los pensionados.

El acuerdo sobre pensiones supondrá llevar el gasto total en la materia a una cifra del orden de 7,8% del PIB (con un aporte de los trabajadores de 2,9% del PIB, de los empleadores de 2,4% y el del presupuesto público de 2,5%), todavía inferior al promedio de gasto en pensiones de 10% del PIB en la OCDE. Un sistema con más reformas futuras podría dejar la capitalización individual como eventual opción complementaria no obligatoria, aliviando sustancialmente la cotización obligatoria sobre salarios, y subir gradualmente la pensión estatal universal financiada por impuestos más progresivos. Pero esas opciones u otras las decidirá la ciudadanía en las próximas y en las sucesivas elecciones: nada de lo emanado del actual parlamento de mayoría conservadora quedará escrito en piedra, sino que podrá modificarse posteriormente por otras mayorías. 

¿Meritocracia o dignidad del trabajo?

En La Nueva Mirada

La evolución de las sociedades no está solo marcada por las ideas de quienes procuran influir en ellas, sino también por la dinámica de fuerza y dominio relativo de unos y otros intereses existentes a lo largo del tiempo. Cuando en Chile se discute sobre la huella del neoliberalismo, por ejemplo, se razona como si no existieran los conflictos políticos y de poder y tampoco la huella de una dictadura de 17 años en la profunda re-oligarquización del país. Se privilegia un enfoque que otorga una suerte de omnipotencia a las ideas, y juzga como traiciones las conductas de sus portadores cuando no se concretan a cabalidad en el choque con aquellos intereses que logran imponerse en u otras etapas de la dinámica política. El hecho es que se ganan algunas batallas políticas y se pierden otras. Pero no por eso las ideas dejan de importar, pues son las que permiten mantener el rumbo. Como afirmó en 1936 el británico John Maynard Keynes, “los hombres prácticos, que creen que están exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún difunto economista”. O de algún difunto pensador.

En los años 1990 hubo quienes sostuvieron que se produciría el fin de la historia con la identificación de la democracia con la economía de mercado a lo Francis Fukuyama, en detrimento de la idea de sociedades en permanente transformación. Algunos quisieron asociar en Chile esta tesis equivocadamente a la renovación del socialismo para buscar acomodos y reemplazar aquella de la democracia social y económica y de centralidad del trabajo y la cultura como modos de organización de la sociedad. Ahora hay quienes reivindican, en un mismo orden de ideas, la meritocracia y la movilidad como valores sociales que debieran prevalecer, siempre en nombre del acelerado cambio tecnológico y cultural, como si no fueran constantes de la historia.

Sigue siendo relevante la identificación de los criterios de justicia que puedan hacer posible una convivencia equitativa como alternativa al sálvese quien pueda, en nombre de la libertad y de la justificación de sociedades desiguales propia del neoliberalismo, imperante en amplios segmentos de la sociedad. Cabe partir por Ronald Dworkin, para quien la igualdad es la base de la soberanía democrática, en tanto alternativa a las violencias propias de la ley del más fuerte, aquella que permite el dominio ilegítimo de unas categorías sociales (frecuentemente minoritarias) sobre otras (frecuentemente mayoritarias). La noción de igualdad, a su vez, debe dar cuenta una y otra vez de las interrogantes acerca ¿de qué? y ¿para quién? Al hacerlo en la esfera pública, se estructura, según subraya Norberto Bobbio, el campo político. Este autor postula que lo que distingue a la derecha de la izquierda es que, para la primera, la desigualdad sería natural y consecuencia de diferencias de talento y de mérito, mientras, para la segunda, en lo principal la desigualdad es socialmente construida, y por tanto socialmente modificable, lo que incluye la defensa de la igualdad de la libertad.

Los primeros socialistas elaboraron en el siglo XIX criterios de justicia distributiva con una visión centrada en el cambio de propiedad de los medios de producción. Marx sostuvo en El Capital (1867) que "la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que mana toda riqueza: la tierra y el trabajador". En su Crítica al Programa de Gotha (1875), definió el horizonte socialista del siguiente modo: “En la medida en que el trabajo se desarrolla socialmente, convirtiéndose así en fuente de riqueza y de cultura, se desarrollan también la pobreza y el desamparo del que trabaja, y la riqueza y la cultura del que no lo hace". Superar esta drástica división de la sociedad en clases debía conducir en una primera fase a un sistema en que "el productor individual obtiene de la sociedad -después de hechas las obligadas deducciones- exactamente lo que ha dado...su cuota individual de trabajo...Ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancías equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta". Este criterio distributivo del "a cada cual según su trabajo", medido en horas y hechas las deducciones para hacer crecer la base productiva y distribuir recursos a los que no están en condiciones de trabajar, es para Marx necesario en una primera etapa pero problemático: "reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales, y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad... Prosigamos: un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual".

Este tipo de lógica es la que dio curso en la historia de fines del siglo XIX y en el siglo XX a los derechos sociales y a las redistribuciones según necesidades. Para Marx, esto solo podía culminar como criterio distributivo "cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva", en el que "sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!".

Los procesos de transición de una situación a otra, de un derecho a otro, debían ser dejados al curso de la historia y no a diseños calificados de utópicos, sin llegar a definir la relación entre las necesidades socialmente cubiertas (¿cuales?) ni precisarse cómo se logra el aporte de cada cual según sus capacidades, ni tampoco la obtención de los "manantiales de riqueza" que le darían sustento (¿cómo?).

La historia siguió efectivamente su curso y dio lugar a luchas sociales que modificaron el capitalismo salvaje en el siglo XIX, con los primeros compromisos de seguridad social en la Alemania de Bismarck hacia 1880, e hicieron emerger en el siglo XX diversos tipos de Estados de bienestar basados en economías mixtas. Y también a revoluciones y a los llamados "socialismos reales", principalmente a partir de 1917 en Rusia y de 1949 en China, fruto de la descomposición de naciones en guerra en periferias inicialmente pobres, sin tradiciones democráticas ni mayor base industrial. Estas revoluciones fueron rápidamente acosadas militar y económicamente y debieron privilegiar para sobrevivir la industrialización forzada y los esfuerzos de guerra. El consumo presente fue subordinado a esos fines, con las consiguientes obligaciones de trabajo y mantención de precarias condiciones de vida mediante la provisión racionada de bienes básicos, salvo la parcial excepción de las elites gobernantes. Los sistemas de asignación burocrática de los recursos terminaron por colapsar y perder legitimidad, al no observarse cambios en la condición asalariada ni el logro de mejores niveles de vida comparativos.

Bajo el impulso de Friedrich Hayek, Milton Friedman y Robert Nozick, el neoliberalismo dio nueva vida al utilitarismo y al liberalismo económico clásicos y a las corrientes marginalistas, cuya visión descarta la idea de justicia social en beneficio de sociedades de mercado basadas en la persecución del interés individual, lo que expandiría mejor el bienestar general y tendería al equilibrio general. Esta corriente no tuvo problemas en asociarse a regímenes autoritarios, como fue el caso de los dos primeros al venir a Chile a defender la dictadura de Pinochet y a los Chicago Boys. Hoy inspira a los radicales Bolsonaro, Milei o Trump y a diversas expresiones cuya estrategia es la minimización de los Estados de bienestar, y del Estado en general (reducido a una especie de "vigilante nocturno"), y poner fin a las políticas de reducción de las desigualdades, que considera moralmente infundadas. Según Nozick, cualquier impuesto obligatorio utilizado para financiar servicios o beneficios distintos de los que constituyen el Estado mínimo es injusto, porque ese impuesto equivale a una especie de “trabajo forzado” para el Estado por parte de quienes deben pagar el impuesto, incompatible con los derechos naturales liberales, empezando por el de propiedad. Salvo, y ahí sigue estando parte fundamental del tema distributivo, corregir "las injusticias pasadas" y que las pertenencias adquiridas de modo violento, clandestino o fraudulento vuelvan a sus verdaderos dueños. Esta limitación da por válida como "derecho natural" la distribución del ingreso según la productividad marginal en situaciones de mercado, teorizada de modo más que discutible por la economía neoclásica.

John Rawls introdujo renovados debates en defensa de la idea de justicia (qué cosa corresponde a quién) con la publicación, desde una perspectiva liberal-igualitaria, de "Justice as Fairness" en 1955 y luego de A Theory of Justice en 1971 y otros textos posteriores. Para este autor, las exigencias de una sociedad justa parten con la identificación de bienes primarios de carácter social (los bienes de carácter natural son en su concepto la salud y los talentos, no susceptibles de igualación equitativa) que reparte en tres categorías: las libertades fundamentales, el acceso a las diversas posiciones sociales y las “bases sociales del respeto de sí mismo”. Una sociedad justa sería aquella cuyas instituciones reparten los bienes primarios sociales de manera equitativa entre sus miembros, tomando en cuenta que estos difieren en términos de bienes primarios naturales. Esta distribución equitativa debe, según Rawls, hacerse bajo tres principios: el de igual libertad (toda persona tiene un derecho igual al conjunto más extendido de libertades fundamentales iguales que sea compatible con un conjunto similar de libertades para todos), el de diferencia (que afirma que las eventuales desigualdades sociales y económicas que emergen en el marco de las instituciones que garantizan la igual libertad se justifican sólo si permiten mejorar la situación de los miembros menos aventajados de la sociedad) y el de igualdad equitativa de las oportunidades (vinculadas a funciones y posiciones a las cuales todos tienen el mismo acceso, a talentos dados). Si los talentos innatos de dos personas son los mismos, las instituciones deben asegurar a uno y otro las mismas posibilidades de acceso a las posiciones sociales que escojan. Rawls razona a partir del individualismo metodológico, incluyendo la hipótesis del "velo de la ignorancia", es decir una situación en la que nadie sabe en qué posición social le tocará vivir y tiene, por tanto, motivos para que su distribución sea equitativa, en vez de postular una redistribución por acción colectiva dadas las estructuras sociales vigentes. Pero es una buena base para identificar las desigualdades injustas y sus correcciones, pues de estos principios puede deducirse en términos prácticos la necesidad para una sociedad justa de la limitación de las desigualdades de riqueza e ingresos, de la prohibición del nepotismo y de las discriminaciones arbitrarias y el acceso universal a la enseñanza.

Ronald Dworkin, por su parte, insistió (en Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, 2000) en que un gobierno legítimo tiene que tratar a todos los ciudadanos con igual respeto y consideración. Y puesto que en la distribución económica que consigue una sociedad existe una influencia de su sistema legal y político, ese requisito impone a la distribución condiciones igualitarias. Dworkin se apoya en dos principios fundamentales: la necesidad objetiva de que prospere la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición, y la responsabilidad que debe tener toda persona de definir su propia vida y conseguir que prospere, como base de su tesis de que la verdadera igualdad es la igualdad en el valor de los recursos que cada persona tiene a su disposición, y no de los éxitos que logra. La igualdad, la libertad y la responsabilidad individual no están para Dworkin en conflicto sino que fluyen y refluyen las unas de las otras. Defiende entonces un criterio de justicia distributiva basado en la igualdad de recursos.

Para Amartya Sen (en On Economic Inequality, 1997, y en The Idea of Justice, 2009), el enfoque de la justicia que se focaliza en el mérito derivado de la productividad marginal o en los bienes primarios sociales no considera suficientemente la capacidad muy desigual de transformar esos bienes y recursos en funcionamientos, para lo que propone actuar sobre el conjunto de capacidades que hacen posibles dichos funcionamientos. Sen sostiene que la justicia requiere al menos que todos dispongan de un cierto número de capacidades fundamentales, según modalidades y medios que pueden variar considerablemente de un contexto sociocultural a otro, y que incluye la capacidad de participar en la vida colectiva, fundando un enfoque basado en atacar la pobreza –entendida como ausencia de capacidades más que de ingresos– no sólo absoluta sino también relativa.

Jon Elster (en "El estudio empírico de la justicia”, 1997) procuró enunciar una redistribución justa como una concepción de sentido común del bienestar, que se traduce en cuatro proposiciones para el funcionamiento social, cada una de las cuales modifica la anterior: 1) maximizar el bienestar total; 2) apartarse de esa meta si es necesario para asegurarse que todos alcancen un nivel mínimo de bienestar; 3) apartarse de la exigencia de un mínimo de bienestar en el caso de las personas que están por debajo de él debido a sus propias elecciones, pues la sociedad no tiene la obligación de compensar a las personas por males evitables que recaen sobre ellas como resultado predecible de su comportamiento libremente elegido, y 4) apartarse del principio de no apoyar a estas personas si su fracaso para hacer planes para el futuro y reaccionar a los incentivos se debe a una pobreza y privación graves. En el enfoque de Elster, se debe tomar especialmente en cuenta las diferencias entre individuos cuando proceden de las capacidades naturales o de discapacidades, es decir de factores no controlables. Y a la vez no buscar compensar las disparidades de esfuerzo, que emanan a su vez de diferencias de gustos y preferencias, pero sí considerar sus condicionamientos sociales.

La noción de igualdad compleja de Michael Walzer (en Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, 1983) había contrastado de modo pertinente con el esfuerzo tradicional de la filosofía política de buscar axiomas o principios fundamentales de justicia sin distinguir sus ámbitos de aplicación. Este autor defiende una concepción de igualdad que preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de ellas. El criterio de igualdad de trato (como la igualdad ante la ley y el voto) o de resultados (como en las atenciones de salud y las condiciones básicas de vida socialmente definidas) es pertinente en sus dominios específicos, como lo es el de igualdad de oportunidades en otros dominios (como en la educación y la vida de las empresas).

Otros autores han insistido en que una agenda de igualdad real de oportunidades debe incluir no solo la corrección de las barreras que impiden la igualdad formal de oportunidades y de acceso a distintos empleos y posiciones sociales, sino transformar las condiciones estructurales de desigualdad de acceso a esas diferentes posiciones sociales. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad (Republicanism, Philip Pettit, 1997) y toda forma de discriminación arbitraria. Y también impedir el despotismo de burocracias no controladas democráticamente por los ciudadanos, las que terminan por apropiarse de la acción estatal en su beneficio. Es la idea de libertad como no dominación.

La igualdad de oportunidades y sus requisitos pueden no ser una condición suficiente de justicia distributiva y deben completarse con la lógica de la reciprocidad comunitaria, de acuerdo a Gerald Cohen (Why Not Socialism?, 2011), definida como el principio “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”. La "igualdad socialista de oportunidades" apunta a reducir la desigualdad solo a las que se originan en elecciones personales, como trabajar más o menos. La justicia exige al menos esto. Pero, según Cohen, se debería promover un sentido de comunidad y la construcción de instituciones económicas más allá del interés personal inmediato. En el caso del mercado, la reciprocidad del intercambio -pago por algo que necesito o deseo a un precio que resulta suficientemente conveniente para el oferente- es puramente instrumental, motivada por la codicia y eventualmente el miedo, y en el mejor de los casos limita los mejores motivos a la familia inmediata y a los amigos. En el caso de la comunidad, la reciprocidad se logra a través de la generosidad mutua y celebra virtudes y no vicios, lo que supone que a las personas les importen los demás, que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos y que, además, se preocupen de que a los unos les importen los otros. Cohen ofrece una definición que invoca a Einstein con aprobación: el socialismo es el intento de la humanidad de ‘superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano’, pero reconoce que convertirlo en el corazón de la economía es difícil. No obstante, observa que la solidaridad y la reciprocidad caracterizan muchos aspectos de la vida social y no se limitan a la toma de decisiones familiares, pues abarcan áreas como partes de la atención de salud, la enseñanza y las actividades asistenciales, mientras en los desastres naturales y las emergencias a menudo se desechan las relaciones mercantiles y se procura dar respuesta directa a las necesidades.

Después de su difundido texto de 2009 (Justice: What's the Right Thing to Do?), que recorre estos temas, Michael Sandel ha llamado la atención sobre el mal uso del concepto de meritocracia (en The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?, 2020). Que las posiciones sociales e institucionales se obtengan individualmente por el mérito de cada cual, con resultados desiguales que en principio se originan en esfuerzos diferentes, hace de la meritocracia, en palabras de Sandel, "un ideal atractivo, especialmente si la alternativa es el privilegio heredado, patronazgo, nepotismo y corrupción. Asignar importantes roles sociales a aquellos que están calificados es algo bueno. Si requiero cirugía, necesito un médico muy bien calificado para que me opere. Entonces, el mérito en sí es algo bueno, y es una alternativa deseable frente a otras". Salvo que, argumenta Sandel, al haber desigualdades iniciales, la selección por mérito suele terminar reproduciendo esas desigualdades en los resultados y rendimientos, haciendo imposible la igualdad efectiva de oportunidades. Sandel asume que "el primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales. El segundo problema ...(es) que quienes tienen éxito crean que éste se debe a sus propios méritos y que, por tanto, merecen todas las recompensas que las sociedades de mercado otorgan a los ganadores...La meritocracia crea arrogancia entre los ganadores y humillación hacia los que se han quedado atrás". Y agrega: "muchos trabajadores sienten que las élites los desprecian, que no los respetan, no respetan el tipo de trabajo que hacen. Y eso creó una ira y un resentimiento cada vez más profundos entre los trabajadores. Los partidos populistas autoritarios apelan a los agravios de esas personas que sienten que este sistema los desprecia, un resentimiento que las actitudes meritocráticas hacia el éxito han alimentado".

La igualdad efectiva de oportunidades no puede reducirse a la igualdad formal ante la ley y a exámenes estandarizados en que el acceso a las posiciones sociales depende, como alternativa a los privilegios de origen social o racial, de la obtención de más puntos que otros en tal o cual métrica. Esto ha creado la paradoja de la masificación educativa, considerada una clave de la igualdad de oportunidades: la jerarquización de títulos académicos abre abismos entre los ganadores y perdedores del sistema escolar y de la educación superior. Los ganadores, convencidos que su éxito se debe únicamente a su mérito, defienden "los valores universales de la razón y la competencia experta" que les benefician. Los perdedores de la carrera escolar y universitaria se sienten ignorados y despreciados. La pertenencia de clase, que podía traducirse en luchas colectivas, se transforma en parte en una brecha que empeora la posición relativa de los menos favorecidos, basada en la diferenciación y devaluación de los títulos escolares y académicos. Esto se vive, antes que como una eventual consecuencia de la desigualdad en la estructura social, como una experiencia personal de fracaso que alimenta el resentimiento y la rabia contra las élites más formadas y con mayores competencias, especialmente si son percibidas como solo interesadas en mantener su status individual. El mérito es un atributo con componentes múltiples que, de no considerarse con suficiente complejidad cuantitativa y cualitativa, puede terminar discriminando por factores sociales o de origen, o por sus preferencias individuales, a personas suficientemente capacitadas para iniciar trayectorias u ocupar lugares de su preferencia en la sociedad.

¿La recomendación de Sandel? "Los partidos socialdemócratas deben reenfocar y redefinir sus políticas, su misión y propósito si quieren enfrentar las políticas de resentimiento a la que apelan las figuras populistas de derecha. Y sugiero que lo hagan de dos maneras. Una es pasar de lo que llamo la “retórica del ascenso” hacia un proyecto enfocado en la dignidad del trabajo... (y) reconocer que el trabajo no es solo un modo de ganarse la vida, sino también una manera de contribuir al bien común, y obtener reconocimiento, respeto, estima social, por haber hecho ese trabajo. Esto sugiere que la políticas del Estado de bienestar y de redistribución, importantes como son, no son suficientes. Porque la gente no solo se preocupa de la justicia distributiva, sino también de la justicia contributiva, es decir, que su trabajo sea reconocido, valorado y respetado... (lo) que provee a las personas un sentido de dignidad y orgullo, como miembros, ciudadanos de una comunidad política. Y otro aspecto en que pienso que la socialdemocracia debe cambiar su foco es darle voz a las personas...Hay que sacar a las personas de sus enclaves privatizados, que nos separan y que nos aíslan a los unos de los otros”.

Se puede entender que este desafío va más allá de una posición en particular y como la necesidad de recomponer la esfera pública y la cooperación social. Esta se ha visto disminuida en beneficio de la privatización de la vida y de las conductas, por condicionantes estructurales que, más que antes, dispersan y estratifican las posiciones sociales y permiten el avance cultural del individualismo negativo. A ello se agrega el encasillamiento y polarización de la comunicación estimulada por las redes sociales digitales tales como existen hoy. La existencia de una esfera pública dinámica es el requisito básico para una mediación constructiva entre el Estado y la sociedad y para permitir el control democrático de las actividades estatales, siguiendo a Jürgen Habermas. En las nuevas condiciones del siglo XXI, y su vorágine de cambios tecnológicos y sociales, las voces conservadoras y sus conceptos no tienen por qué ser la referencia de los debates públicos, aunque dominen los medios de comunicación. Debieran serlo los valores sociales que sean considerados democráticamente dignos de ser conquistados y defendidos como avances de civilización.

¿Vaso medio lleno o medio vacío?

En El Mostrador

En estos días de fin de año se discuten balances en diversos tópicos. Dos de ellos son los tributarios y las pensiones. A la vez, permanece el debate sobre cuán neoliberal y libremercadista sigue siendo Chile desde que los Chicago Boys y el gran empresariado iniciaron una refundación de la economía y la sociedad chilenas en 1974 bajo una dictadura militar, y cuyo redireccionamiento sus representantes resisten tenazmente desde la recuperación de las libertades democráticas. Ese redireccionamiento ha sido excesivo para algunos e insuficiente para otros, entre los que me cuento, pero convengamos en que al menos ha sido parcialmente logrado en varios de sus ejes principales: los impuestos y gastos públicos y las regulaciones han aumentado, mientras el rol de las empresas públicas permanece en las áreas estratégicas, a pesar de los intentos por privatizarlas (lo que lograron con tres sanitarias durante Frei Ruiz-Tagle, pero no mucho más), con una falta de avance socialdemócrata suficiente en materia de negociación colectiva equilibrada de las condiciones de trabajo y de rol de los sindicatos y el diálogo social y de avance ambiental en la preservación suficiente de los ecosistemas.

La falta de envergadura comparativa de la carga tributaria y las desigualdades de su composición persisten en Chile, por lo que se debe seguir bregando en la materia. Pero no se debe olvidar algunos datos que denotan progresos. Según la OCDE, en 1990 los ingresos tributarios del Estado representaban un 16,8% del PIB, mientras en 2022 alcanzaron un 23,8% del PIB, 7 puntos porcentuales más, aunque lejos del 34% de promedio en la OCDE. En 2023 bajaron a un 20,6% del PIB por la caída coyuntural de la tributación al ingreso y la minera, y aumentará en 2024. El incremento ha tenido como contrapartida más gastos en pensiones, salud, educación, vivienda e infraestructura, entre otros temas sociales y productivos que han sido reforzados a lo largo del tiempo fuera de la lógica neoliberal.

Esa carga tributaria mayor se explica en buena medida por aumentos en la suma de los impuestos al ingreso, a las utilidades y a las ganancias de capital de personas y corporaciones. En 1990, este conjunto representaba un 3,9% del PIB, mientras en 2022 alcanzó un 10,4% del PIB, unos 6,5 puntos porcentuales adicionales. En 2023, la cifra bajó a un 7,2% del PIB, por las caídas coyunturales mencionadas. 

Por su parte, los impuestos indirectos a las transacciones (IVA y otros) son pagados en mayor proporción de sus ingresos por los sectores de rentas más bajas, pues no tienen capacidad de ahorro, aunque la tasa que se aplique sea pareja. En 1990, los ingresos del Estado por impuestos a los bienes y servicios representaban un 10,6% del PIB, y en 2023 llegaron a un 11,2%. Es un aumento marginal, a pesar de una tasa de IVA que pasó de 14% a 19%, pero que se acompañó, entre otras cosas, de bajas en los aranceles externos.

En materia de pensiones, cuya reforma se discute en estos días en su fase final, el logro principal es el paso de la cobertura de la pensión garantizada del 60% al 90% del universo de mayores de 65 años logrado en 2022 y ampliado en 2023 al 90% de la población en su conjunto, después de su establecimiento inicial en 40% durante el gobierno de Bachelet I. Esta pensión experimentará un incremento real de cerca de 17% de su valor por beneficiario entre febrero de 2022 y febrero de 2025, cuando subirá a 250 mil pesos. Esto ayudará a sacar de la pobreza a los mayores de 65 años si se considera la línea de pobreza por persona equivalente, concepto siempre discutible pero útil para evaluar algunas situaciones, la que alcanza hoy a 233 mil pesos en la actualidad, a comparar con el valor actual de la PGU de 214 mil pesos. La pensión garantizada debiera acercarse progresivamente al menos al 80% del salario mínimo (500 mil pesos), que es una de las razones por las cuales se requiere de una reforma tributaria progresiva más amplia, aquella que la oposición neoliberal y sus aliados en la Cámara rechazaron en marzo de 2023 votando en contra de la idea de legislar, paralizando al gobierno en la materia. 

El aumento del 6% de la cotización salarial y del tope de cotización para aumentar en el largo plazo las pensiones, que se viene planteando desde el gobierno de Bachelet II, es una respuesta a otro problema: un sistema de capitalización privada -el emblema del neoliberalismo chileno- que otorga muy bajas pensiones autofinanciadas, especialmente a las mujeres, y permite que todos los años los dueños privados de las AFP extraigan rentas improductivas de cientos de millones de dólares de las cotizaciones. Las AFP funcionan con del orden de un 100% de margen entre ingresos por cotizaciones y costos y una rentabilidad sobre activos de 33% anual, una de las actividades más privilegiadas en el país, mientras financian campañas publicitarias millonarias con las comisiones de los cotizantes para intentar quedarse con la mayor ampliación posible de su negocio en el proceso de reforma en curso.

El recaudador único de cotizaciones para ahorrar costos, como ya ocurre en el seguro de desempleo, y dejar en competencia amplia solo la función de inversión de los fondos, es parte de lo más importante en juego. También lo es el uso parcial de la cotización adicional para aumentar las pensiones contributivas actuales, compensar a las mujeres por su mayor esperanza de vida y asegurar un mínimo de pensión contributiva a los participantes del sistema de pensiones. Esto ahora se rechaza, aunque había sido propuesto en una distribución de 3% a cuentas individuales y un 3% a compensaciones por el gobierno de Piñera. Se ha abierto una pequeña puerta con la extravagancia de proponer un préstamo de largo plazo de los actuales cotizantes, planteada por la oposición. Esta se aferra en declarar un "cáncer" el pago de las pensiones actuales por los cotizantes actuales, incluso parcial, lo que no solo existe en sistemas de pensiones como el estadounidense y el de la mayoría de los países europeos, sino que es el mismo mecanismo de pago de impuestos mes a mes para financiar la PGU mes a mes. Dicho sea de paso, la generalización de este mecanismo haría imposibles los retiros desde cuentas individuales como los que conocimos durante la pandemia, pero el dogma es el dogma. 

Todo esto es lo que bloquea la derecha en su larga resistencia en todos los temas para mantener el enfoque neoliberal, en este caso tanto para defender el interés corporativo de las AFP como por ideologismo puro y simple, acompañado de la voluntad de negarle todo éxito al gobierno, aunque sea a costa de los pensionados actuales y futuros y de las familias que podrían ver aumentados sus ingresos.

Fin de año en medio de un genocidio

El viernes 27 de diciembre, "el ataque al hospital Kamal-Adwan dejó fuera de servicio este último gran centro de salud del norte de Gaza", anunció la Organización Mundial de la Salud: "las primeras informaciones indican que servicios clave fueron incendiados y destruidos durante el ataque. Sesenta miembros del personal sanitario y veinticinco pacientes están en estado crítico". El ejército israelí informó haber llevado a cabo una operación contra combatientes de Hamás cerca de este hospital ubicado en Beit Lahya. Por su parte, el movimiento palestino acusó a los soldados de haber asaltado el hospital. Esta operación ocurrió un día después de que el director del establecimiento anunciara la muerte de cinco miembros del personal en un bombardeo israelí. En su comunicado del viernes, el ejército israelí calificó el hospital como un "bastión de las organizaciones terroristas (...) utilizado como escondite".

El problema es que atacar objetivos civiles y asesinar personal sanitario en nombre de operaciones militares es calificado como crimen de guerra por el derecho internacional, que el ejército de Israel viola sin tapujos. Desde octubre de 2023, han sido asesinados en Gaza 146 médicos y más de 400 miembros del personal sanitario. Además, han sido asesinados 201 periodistas.

La pasividad internacional frente a la masacre en Gaza sostenida por el gobierno de Israel durante ya más de un año, y que suma 45 484 muertes violentas, la mayoría mujeres y niños, es impactante. Tal vez se explica, pero no justifica en absoluto, por el rechazo a las acciones criminales de Hamas contra civiles el 7 de octubre de 2023 y el secuestro de rehenes, así como por la larga lista previa de atentados criminales contra inocentes realizados por fundamentalistas islámicos radicales en Estados Unidos, Europa (y Argentina) en los últimos decenios. Existe, además, el trasfondo del justificado sentimiento de culpa occidental respecto al terrible genocidio de que fue objeto el pueblo judío por los nazis y el antisemitismo histórico, una herida indeleble en la historia moderna, y también está presente un tinte adicional de racismo respecto a los árabes. Cabe reiterar que nada de lo anterior justifica lo que sigue sucediendo día tras día en Gaza: un crimen de guerra es un crimen de guerra y un genocidio es un genocidio.

Reproduzco una entrevista a Béligh Nabli, profesor de derecho público en la Universidad París Este Créteil en el diario en Libération, que constata un consenso entre juristas, historiadores, ONG y agencias de la ONU sobre lo que ocurre en Gaza, lo que contrasta con la «creciente pasividad, casi asumida» de los Estados occidentales frente al crimen más grave definido por el derecho internacional.

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P: Numerosos juristas y ONG acusan a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. ¿Comparte usted esta afirmación?

R: Racionalmente, es una conclusión que se puede extraer, en la medida en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha reconocido un riesgo plausible de genocidio en Gaza, estipulando que eran necesarias medidas cautelares para prevenir este crimen, como el levantamiento del bloqueo, el acceso a la ayuda humanitaria y la garantía de las necesidades esenciales para la supervivencia. Es evidente que estas medidas no han sido respetadas. Por lo tanto, se puede deducir que el genocidio se está llevando a cabo. Además de los juristas, historiadores israelíes especialistas en el Holocausto, como Omer Bartov y Amos Goldberg, también respaldan la idea de que está en curso un genocidio, lo que refuerza la base jurídica e histórica de esta acusación.

P: Sobre todo porque la situación ha empeorado aún más en los últimos meses, particularmente en el norte...

R: Absolutamente. No solo no se han respetado las obligaciones definidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —ya sea por parte de Israel o de sus aliados—, sino que la situación humanitaria se ha deteriorado considerablemente. El patrón destructivo continúa, con bombardeos indiscriminados de edificios civiles y la falta de acceso a recursos vitales para los habitantes de Gaza. El último informe de Human Rights Watch subraya que estas condiciones no solo evidencian un empeoramiento de la situación, sino que también alcanzan un nivel de gravedad que lleva a calificar estos actos como genocidio.

P: ¿Qué elementos o pruebas permiten calificar las acciones de Israel como genocidio en el marco del derecho internacional?

R: En primer lugar, recordemos que existe un debate entre los responsables políticos e intelectuales sobre la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza. Algunos actores ignoran deliberadamente la definición jurídica del genocidio, reduciendo este concepto a una percepción subjetiva o política. Este enfoque, ilustrado por las posturas de ministros franceses de Asuntos Exteriores o figuras como François Ruffin, no corresponde al razonamiento propio de un Estado de derecho democrático. Francia, como signataria de la Convención de 1948 sobre el Genocidio [la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en la ONU] y del Estatuto de Roma de 1998 [de la Corte Penal Internacional], está jurídicamente obligada por estas definiciones. La definición derivada de estos tratados se basa en dos elementos. El primero es material, e incluye actos como asesinatos, bombardeos indiscriminados o la destrucción sistemática de los medios de supervivencia, que se observan actualmente en Gaza. El segundo es intencional y supone la voluntad de destruir a un grupo, total o parcialmente, debido a su identidad étnica, racial o nacional.

P: Israel justifica sus acciones en el derecho a la legítima defensa. ¿Es ilimitado este derecho?

R: En la medida en que Israel fue agredido y parte de su población civil fue víctima de masacres masivas, el Estado hebreo tenía derecho a reaccionar para proteger su territorio y a sus habitantes. Sin embargo, este derecho a la legítima defensa no es absoluto. Está regulado por las normas del derecho internacional, especialmente el principio de proporcionalidad, que exige que la respuesta sea adecuada y medida en relación con la amenaza sufrida. En este contexto, el carácter claramente desproporcionado de las acciones militares israelíes plantea cuestiones fundamentales. Incluso un ejército que actúa en el marco de la legítima defensa no puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales, incluida la prohibición de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

P: ¿Pueden considerarse cómplices de crímenes internacionales los Estados occidentales que continúan su ayuda militar y financiera a Israel?

R: La pregunta es legítima en la medida en que los aliados de Israel tienden a ignorar las obligaciones derivadas de la orden de la CIJ del 26 de enero de 2024, que reconoció el «riesgo plausible de genocidio», así como de las Convenciones de Ginebra de 1949 [que regulan el derecho internacional humanitario]. A riesgo de hacerse cómplices de los crímenes internacionales cometidos por el ejército israelí en Gaza, no solo deben cesar de transferir armas (municiones, piezas de repuesto y licencias), sino que también tienen la obligación de hacer que su aliado israelí respete el derecho internacional, tanto humanitario como penal.

P: Sin embargo, la mayoría de los Estados permanecen pasivos…

R: Una pasividad aún más impactante si se considera que contrasta con el consenso emergente entre numerosos expertos internacionales, incluidos responsables de la ONU y las ONG más importantes, para reconocer la comisión de un genocidio en Gaza por parte del ejército israelí. Se trata de un hecho histórico excepcional y de una calificación jurídica extremadamente grave, acompañado de un silencio diplomático ensordecedor. Además de la cuestión de su posible complicidad en el sentido jurídico, cuya responsabilidad podría plantearse, la responsabilidad política de las potencias occidentales, en particular de Estados Unidos, no se limita a su apoyo incondicional a Israel. Estos Estados están desmantelando y desacreditando la letra y el espíritu del sistema jurídico internacional moderno que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que ellos mismos ayudaron a construir. Ciertamente, la violación manifiesta del derecho internacional por parte de potencias occidentales tiene una serie de precedentes —el más desestabilizador fue la invasión de Irak en 2003—. Pero, en este caso, las potencias occidentales actúan casi en bloque en una postura de desafío al derecho internacional.

P: Francia ha causado estupor al afirmar que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sujetos a una orden de arresto de la CPI, podrían beneficiarse de una inmunidad…

R: Según Francia, las órdenes de arresto emitidas contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant no pueden ejecutarse debido a las inmunidades que les corresponderían como miembros de un gobierno de un Estado que no reconoce a la CPI. Esta posición carece de fundamento jurídico. La jurisprudencia de la CPI es clara al respecto: los Estados parte tienen la obligación de arrestar y entregar a las personas buscadas por la Corte, incluso si tienen el estatus de jefe de Estado o de gobierno de un país no parte de la CPI (como Israel), que no reconoce su competencia. La postura de Francia, por lo tanto, la coloca en contradicción con sus obligaciones internacionales y con una de las razones de ser de la CPI: evitar que las inmunidades de los gobernantes obstaculicen la justicia y el enjuiciamiento de los crímenes más graves.

P: ¿El derecho internacional ya no tiene ningún valor?

R: Se observan dos dinámicas preocupantes. La primera es el debilitamiento de las potencias occidentales, que durante mucho tiempo se han atribuido un magisterio moral basado en sus valores democráticos. Al asumir su pasividad, o incluso su complicidad, frente a la comisión del peor de los crímenes internacionales, el genocidio, bajo el pretexto de un apoyo incondicional a Israel, están socavando su propia credibilidad. Esta pérdida de legitimidad es aún más inquietante porque tiende a fortalecer el discurso de potencias autoritarias como Rusia y China, que denuncian la hipocresía de un Occidente que instrumentaliza el derecho internacional según sus intereses. El segundo punto es aún más alarmante: si el derecho internacional ya no desempeña su función de regulador de las relaciones internacionales, ¿qué queda? La fuerza, la relación de poder y, por ende, la ley del más fuerte. Parece que estamos entrando en una fase de regresión histórica en términos de los principios y valores consagrados por la Carta de la ONU. Esta deriva que cuestiona el Estado de derecho también se observa en el orden político interno de las democracias. El impacto del conflicto israelí-palestino se traduce en medidas liberticidas, como restricciones a la libertad de expresión y manifestación, así como en el aumento del racismo y el antisemitismo, alimentado por mentalidades débiles. Por un lado, la esencialización de los judíos los asimila a Israel; por otro, el silencio y la indiferencia hacia el trágico destino de los palestinos reflejan su deshumanización y una jerarquización implícita de la humanidad.

La xenofobia y las próximas elecciones

La posición de las derechas en materia migratoria está, en variados casos, inspirada directamente por la xenofobia, una de la peores pasiones tristes, como diría Spinoza. Pero esto ha ido más allá en el espectro político, en una especie de efecto dominó. Por ejemplo, recientemente el liberal Vlado Mirosevic expuso sobre la regularización de personas extranjeras que llevan años en Chile -planteada recientemente por el gobierno- una postura francamente demagógica: "me preocupa la utilización de esta información que van a hacer las bandas de crímenes organizados que transforman esto en un negocio y que tienen un modelo, una industria del tráfico de personas y que frente a eso lo que perfectamente podrían decir es 'miren, vengan a Chile porque después de esto el Gobierno los va a regularizar'". Precisó que "lo que me preocupa es la señal general, esto puede producir un efecto Cúcuta, y eso puede ser muy malo porque Chile ya copó la capacidad de recepción de migrantes". 

Lo más paradojal es que estas frases suelen ser expresadas por descendientes de inmigrantes que fueron objeto de los mismos comentarios sobre la capacidad de recepción de migrantes cuando llegaron sus antepasados, en este caso croatas, lo que las hace todavía más incomprensibles. 

El racismo y la xenofobia existen en segmentos más o menos significativos de las sociedades y han derivado a genocidios y masacres a lo largo de la historia -siendo la más dramática, por su extensión y modalidades, la Shoa de los nazis contra los judíos y siendo la más reciente la terrible masacre indiscriminada de palestinos en Gaza por el gobierno israelí y el sometimiento por hambre de millones de personas, todas inaceptables- pero no por eso son emociones y prejuicios menos primitivos. Más aún si se considera, en nuestro caso, la gran cantidad de familias chilenas que tienen miembros emigrados fuera del país por una u otra razón, y no quisieran verlos maltratados o expulsados en los países de acogida como proponen hacerlo con los que vienen del extranjero a Chile. En estos temas, como en tantos otros, debe prevalecer al menos un cierto sentido de la reciprocidad y de la decencia.

Por lo demás, todos los seres humanos que vivimos en Chile somos de origen inmigrante en algún punto del tiempo, incluso los pertenecientes a los sucesivos pueblos originarios que en determinados momentos de la historia humana vinieron de más al norte. También lo son los que vinieron de Europa, colonizadores o no, en distintas etapas y oleadas. La única diferencia sustancial es que unos han llegado antes que otros. Todos los que habitamos Chile somos parte de la conformación de la cultura que da lugar a la identidad nacional, hecha de diversidades y mestizajes en esta suerte de isla de confines desérticos y australes del mundo, que concentra minerales y es cruzada por valles fértiles regados por las aguas de la imponente cordillera, acompañada por "ese mar que tranquilo te baña", aunque muy tranquilo no sea. El hecho es que la nación chilena suma y mestiza poblaciones de distintos orígenes y culturas desde siempre.

Por lo demás, desde un punto de vista estrictamente pragmático, la inmigración es necesaria para el futuro del país. En la actualidad, Chile vive una baja acelerada de la tasa de fecundidad, por múltiples razones vinculadas al modo de vida y sus restricciones, incluyendo la precarización de las condiciones sociales para tener hijos de los que viven de su trabajo. Según la última estimación del INE, la tasa de fecundidad alcanza a 1.2 hijos por mujer, una de las más bajas de América Latina y del mundo (el promedio global era de 2.25 en 2023). Chile está cerca de los de menos fecundidad como Singapur, Taiwan y Corea del Sur y su tasa es inferior a la de Perú y Bolivia (2.1) y a la de Argentina (1.9). 

La tasa requerida para mantener los niveles de población es de 2.1 hijos por mujer (suponiendo que no haya migración neta y que la mortalidad no cambie). En 1955-60 la tasa de fecundidad en Chile alcanzó la impresionante cifra de 5.5 hijos por mujer, entre las más altas del mundo, mientras en 1970-75 había descendido a 3.6. En 2000-05 ya lo había hecho a 2 hijos por mujer, como fruto de la extensión de la anti-concepción y de las transformaciones culturales y socio-económicas del país. 

El hecho es que un 17,4% de los nacimientos ocurridos en Chile en 2023 correspondieron a madres de origen extranjero, por lo que sin la mayor tasa de fecundidad de esas mujeres la caída de la natalidad sería aún mayor. 

La inmigración irregular masiva y sin derechos es un problema, evidentemente. Su origen, no lo olvidemos, es en buena medida la catástrofe venezolana y sus 8 millones de emigrantes, concentrados en Colombia (3 millones), Perú (1,5 millones), Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Chile, entre otros. En cambio, la inmigración regulada y con derechos enriquece la cultura y aporta, además, voluntades adicionales de búsqueda de una vida más digna y próspera en nuestro territorio.  

Chile hoy tiene el más alto nivel de restricciones a la inmigración irregular en su historia, por lo que la situación nada tiene que ver con la insinuación a inmigrar a los venezolanos que hizo Piñera en Cúcuta por razones políticas (se supone que los extranjeros latinoamericanos votan en Chile más por la derecha) y económicas (más oferta de fuerza de trabajo presiona a la baja los salarios), desde su perspectiva. Y el gobierno actual, del que se supone Mirosevic forma parte, no tiene en absoluto la intención de favorecer el tráfico de "las bandas de crímenes organizados" sino que los persigue con resultados crecientes día a día, que el diputado liberal, hoy precandidato presidencial, debiera saludar. Y el gobierno ahora busca regularizar a un cierto número de personas por razones de seguridad y otorgamiento de derechos básicos, que les permita contribuir al desenvolvimiento nacional. 

Los que piden expulsar a los extranjeros no se detienen siquiera en pensar hacia dónde. En el caso de Venezuela,  Maduro y su gobierno rompieron relaciones con Chile, se han desentendido de sus connacionales y no les prestan siquiera servicios consulares. Menos están dispuestos a recibir expulsados desde Chile. Ya vendrán momentos mejores para Venezuela, en los que muchos volverán a su patria, y otros se quedarán aportando al país, como ya lo hacen peruanos, argentinos, bolivianos, uruguayos o brasileños, y de muchas otras nacionalidades de origen, enriqueciendo a Chile, como lo hizo en su momento Andrés Bello, el venezolano.

Es de esperar que no entremos por cálculo en la próxima etapa electoral en un festival de demagogia anti-inmigración y de asociación de los extranjeros con la delincuencia (cuya proporción no es mayor a la de los nacionales), en la búsqueda poco honorable de votos motivados por la xenofobia.

Los debates sobre el nuevo financiamiento para estudiantes de educación superior

En LT Digital

En la etapa final del actual gobierno será debatido con intensidad el proyecto de ley que crea un nuevo mecanismo de financiamiento de estudiantes de la educación superior. Éste establece descuentos en la deuda acumulada con el esquema de crédito vigente, y en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado. Para el futuro, permitirá que quienes no sean beneficiarios de la gratuidad hoy existente cuenten con una alternativa para acceder a la educación superior. No deberán pagar aranceles (excepto el décimo decil de ingresos, con copagos adicionales) bajo la obligación de retribuir el aporte estatal con un porcentaje de sus rentas posteriores, una vez se inserten en el mercado laboral. 

Este nuevo sistema ya no incluirá a la banca -que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas  a partir de un subsidio público, en un ejemplo más de “capitalismo subsidiado”- y sin tasa de interés, con un reembolso posterior. Los ingresos anuales de hasta 7,5 UTA (unos $500.000 mensuales) estarán exentos. Para los ingresos superiores a ese monto, se contempla una tasa marginal de contribución progresiva de 13% para rentas hasta 11,2 UTA y de 15% para las que las superen. La retribución no podrá exceder el 7% de los ingresos anuales, o el 8% en el caso de personas con rentas anuales iguales o superiores a 45 UTA, con suspensión en situaciones de cesantía y un tope de pago por 20 años.

Este esquema es un evidente progreso respecto al sistema hoy existente. Pero no faltan los reproches. Hay uno que es nominalista y escasamente relevante: se trataría de “un impuesto”, aunque se trata esencialmente de la devolución de un subsidio por parte del beneficiario a lo largo del tiempo. El nuevo esquema no es un impuesto a la renta, pues por definición este no está asignado a ningún fin específico, como ocurre en este caso con la devolución, aunque bajo algunos supuestos en las carreras con mayores ingresos futuros el pago sería eventualmente superior al subsidio. Esto provoca escándalo, pero se trata de reemplazar un esquema que, como el actual, aplica el cobro de un interés de 2% que encarece la devolución a todos y hace difícil el pago a los que siguieron carreras menos remuneradas. El nuevo esquema beneficia a unos más que a otros y eso se llama progresividad.

Hay quienes consideran los impuestos como una especie de pecado, más aún si son progresivos, es decir cuando paga proporcionalmente más el que tiene ingresos más altos. Pero ese es un asunto de doctrina que solo atañe a los que la defienden. El hecho es que la educación superior tienen un costo, que pagan las familias o bien el Estado a través de impuestos en el caso de la gratuidad, o a través de un fondo para los estudiantes de familias de más altos ingresos que optan por asumir en el futuro un pago diferido y con elementos de progresividad, que se retroalimentará generación tras generación. Lo que importa es si este esquema ayuda o no de manera justa a los estudiantes que opten por él.