Economía: ¿cae o mejora la actividad?

En La Mirada Semanal

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) más reciente (octubre) fue presentado por la prensa como una caída de la economía por segundo mes consecutivo, en este caso de -1,2%, al compararse el dato del mes con el mismo del año anterior. Pero si se considera la comparación del dato corregido de efectos estacionales con el del período inmediatamente anterior, en este caso el mes de septiembre, entonces la economía creció en 0,5%. 

Esta es una muy buena cifra, pero que debe tomarse con cautela, pues se explica casi íntegramente por la fuerte recuperación de la minería en octubre, y en una proporción pequeña por una cierta reactivación del comercio, en medio de caídas de la actividad industrial y de servicios. En una perspectiva más larga, son los servicios los que vienen sosteniendo la actividad, como se observa en el gráfico adjunto.

Se puede constatar la mejoría reciente de la actividad agregada después de los malos datos de abril a julio de 2022. En esos meses se manifestaron con especial fuerza los efectos de las alzas sistemáticas de las tasas de interés de política monetaria del Banco Central (hoy en 11,25%), las caídas de los salarios reales por la inflación importada de combustibles y alimentos y una brutal caída del gasto público de -25% programada por el gobierno saliente.

Es pertinente, además, observar la evolución en períodos trimestrales. En el primer trimestre de este año se registró una caída desestacionalizada respecto al anterior de -0,6%, en el segundo se produjo un leve aumento de 0,1% y en el tercero una nueva caída de -1,2%. El crecimiento promedio del Imacec del trimestre móvil agosto-octubre fue, en cambio, de 0,6%.

Los nuevos datos abonan la interpretación provisoria de una economía chilena que, a pesar del golpe inflacionario externo desde marzo que ha erosionado los salarios reales, y de la política monetaria y fiscal ultra restrictiva, hasta aquí muestra un importante grado de resiliencia. En la jerga macroeconómica, esto se denomina “histéresis” (concepto que viene de la física de los materiales y se empezó a usar en este ámbito por Blanchard y Summers en 1986) pero en este caso de signo inverso: la política macro contractiva afecta a la actividad, pero se prolongan efectos expansivos previos.

Una clave será la evolución futura del empleo. Según la Encuesta del INE para el trimestre móvil terminado en octubre, la tasa de desempleo desestacionalizada viene aumentando desde junio y subió a 8% de la fuerza de trabajo. Hace tres años en la misma época, su nivel fue de 7,2%, mientras se situó en 7,6% entre enero y mayo de este año y había llegado a 7,9% en septiembre.

Con esta evolución se completó un período de 5 meses de deterioros consecutivos, aunque relativamente leves. Por su parte, la tasa de desempleo ampliada calculada por el INE, que incorpora a las personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente, alcanzó un 15,6% en octubre (hace un año registró un 16,4%), casi el doble de la tasa convencional. Esta es una aproximación más realista a la hora de evaluar la magnitud del desempleo, junto a observar la evolución de la población inactiva.

En el trimestre móvil agosto-octubre, la ocupación total registró un 4,9% de incremento respecto a un año atrás. Pero su ritmo de expansión es menor que el de los trimestres móviles previos, lo que se reflejó en la tasa de desempleo. El gráfico anexado más abajo reseña en línea azul la evolución de la fuerza de trabajo (ocupados más desocupados) y en línea roja la de la ocupación total. Se puede observar que ambos componentes han tenido una evolución similar y no recuperan aún su nivel previo a la crisis de la pandemia en 2020. Esta más lenta recuperación del empleo que la producción la predijimos en el momento de la crisis, pero no por una perspicacia particular sino por una razón simple: la evidencia muestra que es mucho más fácil destruir empleo que volver a crearlo. A la vez, en choques como la pandemia se producen incrementos de productividad en algunos sectores, en los que se empieza a producir más con menos gente.

Por su parte, la población inactiva (línea verde) experimentó un fuerte incremento con la crisis, descendió desde el segundo semestre de 2021 y ahora se encuentra estancada, y muy lejos del nivel previo a la crisis.

Si alguien piensa que el país no enfrenta un problema serio con el empleo, está equivocado a la luz de esta evidencia.

Además, se observa que el empleo asalariado formal (cotizantes dependientes) fue en agosto (últimas cifras disponibles) superior en 353,5 mil al del mismo mes de hace tres años atrás y superior en 272 mil al del nivel inmediatamente previo a la crisis. Por contraste, el que está lejos de recuperarse es el empleo por cuenta propia y el empleo informal. Pero se ha evidenciado una evolución preocupante en el área del empleo formal entre enero y agosto de este año, pues se produjo una pérdida de 104 mil empleos dependientes formales en ese lapso, es decir una caída de -1,8%, como se observa en el segundo gráfico adjunto. Cabe señalar que la caída se concentró en mayo y que desde entonces no hay más pérdidas de empleo asalariado formal, sino incluso un leve aumento.

Como la producción, el empleo se encuentra en una situación expectante y puede evolucionar hacia un deterioro mayor o hacia una recuperación. Dependerá en el futuro próximo de la relajación o no de la política monetaria y fiscal restrictiva actualmente vigente y de la evolución de la demanda interna y del entorno externo.

Los que no creen en la democracia

 En El Mostrador

La coalición de derecha Chile Vamos, que ahora incluye al partido Amarillos sin más trámite, dio a conocer su "propuesta final" para redactar una nueva Constitución con una instancia de 50 integrantes elegidos y 50 designados. Esto ocurrió el viernes 2 de diciembre, cuando cambió su propuesta formal inicial de una instancia elegida de 50 miembros con la mismas reglas que el Senado. Igualmente rechazó la propuesta que el jefe de la UDI había conversado con el Presidente Boric, según versiones de prensa, que también contemplaba una instancia constituyente con solo miembros elegidos, aunque con participación del Congreso antes de presentar un nuevo proyecto constitucional para una aprobación final mediante plebiscito.

La coalición de partidos de derecha decidió, en definitiva, refrendar que quiere volver a la idea de una democracia interdicta y no representativa, entusiasmada por el resultado del plebiscito de septiembre. Olvidan que este tiene solo un efecto legal y político: se rechazó la propuesta constitucional de la Convención. Nada más.

Cabe constatar que, incluso en la Constitución de 1980, modificada en 1989, la derecha fue más cauta, cuando impuso 9 designados más los ex Presidentes (con la excepción de Patricio Aylwin), de 47 miembros del Senado. Finalmente aceptó eliminarlos en 2005 (ejercieron hasta 2006), porque se iban sumando ex Presidentes no de derecha que rompían el empate del sistema electoral binominal entonces vigente, en el que 2/3 valía lo mismo que 1/3.

La derecha va ahora de mal en peor: no termina de adherir a la democracia como método de gobierno. Mantiene la convicción según la cual sus intereses solo se pueden defender en instancias en que la soberanía popular esté interdicta o severamente limitada. Esa es una convicción a lo Jaime Guzmán de la que no se quiere desprender.

Para el resto de fuerzas políticas, no es tiempo de retroceder en una cuestión de principios medular y ceder ante un chantaje inaceptable. Cabe reafirmar sin ambigüedades que se legisla y se redactan constituciones mediante representantes elegidos. Esos son los únicos expertos habilitados en una democracia. Punto y aparte. No es tiempo de aceptar un nuevo intento de reescribir las reglas elementales de la democracia en modo oligárquico.

La situación institucional vigente es la siguiente: desde el 23 de agosto de 2022, la Constitución se puede reformar por 4/7 de los votos del Parlamento. La derecha aceptó este año rebajar el quórum desde 2/3, lo que entró en vigencia a dos semanas del plebiscito para mejorar las posibilidades de la opción Rechazo. Seguramente ahora está arrepentida y por eso postula la proposición antidemocrática de conformar un órgano constituyente con la mitad de miembros no elegidos sino designados por el Congreso actual, en el que tienen la garantía de que las fuerzas de gobierno no tienen mayoría. De no mediar un cambio en esta posición inaceptable, un nuevo Parlamento y Presidente(a) serán los llamados a habilitar, más adelante, la redacción completa de una nueva Constitución por una instancia democrática elegida para el efecto.

En lo que queda de este gobierno, no quedará sino, al parecer, ir tratando las reformas constitucionales indispensables caso a caso, o por bloque de temas, como el reconocimiento de los pueblos originarios, una mayor descentralización del Estado, más límites sociales y ambientales a la propiedad privada, la modificación de las concesiones mineras, una seguridad social, atención de salud y educación con un rol público preferente, la creación de empresas públicas por ley simple, el apoyo preferente a la economía social, solidaria y del cuidado, entre otros diversos temas. Quedará, así, para iniciativa de la coalición de gobierno que vayan quedando claras las posiciones de los unos y los otros en materias constitucionales en la agenda pública en los próximos años.

¿Órganos políticos designados o elegidos?

En La Mirada Semanal

Los que han propuesto que la constitución sea redactada por una comisión de “expertos” designados desde el parlamento, ahora agregan que lo único que importa es un plebiscito final para asegurar el carácter democrático del atribulado proceso constituyente. El tema de quien redacta una constitución, y de si los encargados de hacerlo tienen o no restricciones indebidas en el proceso de elaboración, no es secundario. Es primordial.

Los “expertos constitucionales” en un orden democrático son los elegidos por el pueblo para ese fin. Punto y aparte. Es el mismo principio que lleva a que en las diversas democracias las leyes las redactan y aprueban personas elegidas, y no personas con tal o cual conocimiento experto.

Recordemos que los griegos antiguos (en el siglo IV antes de nuestra era) fueron los que inventaron las elecciones, aunque prefirieron que el grueso de los cargos públicos se resolvieran por sorteo entre los ciudadanos (ni mujeres ni esclavos tenían derecho a participar) para evitar la influencia de las familias y clanes más poderosos. De los griegos viene, entonces, el espíritu democrático originario, que se traspasó en parte a Roma , se mantuvo en algunos monasterios y ciudades en la Edad Media y luego se trasladó a las constituciones norteamericana y francesa emanadas de sendas revoluciones a fines del siglo XVIII. Este espíritu se extendió poco a poco al continente latinoamericano y a otras latitudes, haciendo retroceder los diversos despotismos, muchos de los cuáles aún permanecen o pujan por volver por sus fueros.

El plebiscito ratificatorio lo usó primero Napoléon Bonaparte para ser nombrado “cónsul de por vida”, antes de autocoronarse emperador. Y luego su sobrino Napoléon III, en cinco ocasiones, para legitimar normas que le aseguraran su permanencia en el poder. Ni la constitución norteamericana ni la declaración de derechos francesa necesitaron de plebiscitos ratificatorios, pues sus redactores fueron considerados representantes legítimos del pueblo, suficientemente habilitados para tomar decisiones. La idea de plebiscito fue teorizada luego por Carl Schmitt, el filósofo político de simpatías nazis, y el mecanismo fue utilizado tanto por Hitler como por Mussolini.

Los plebiscitos de Pinochet en Chile tienen ese mismo origen despótico. En parte también lo tiene el de 1925, una vez que Arturo Alessandri terminó nombrando una comisión restringida para redactar una nueva constitución cuando entró en crisis el antiguo orden. El plebiscito ratificatorio alessandrista, precisamente por la falta de legitimidad del proceso previo, contó con una mínima participación y fragilizó a la postre la continuidad de la constitución de 1925, que hoy casi nadie reivindica.

Una cosa distinta son los referéndum, como los que autoriza la legislación vigente para temas municipales, para dirimir opciones por la vía del pronunciamiento directo de los ciudadanos. Su modelo es el de Suiza, con la respectiva iniciativa popular de ley, en este caso  habilitada por la firma de al menos 50 mil electores.

Dicho lo anterior, es la soberanía popular la que aprobó por 78% en 2020 elegir una Convención diversa para redactar una nueva constitución, con la expectativa de que sus aspiraciones se vieran reflejadas en ella. Y la que dos años después, a razón de 63%, rechazó la propuesta de la Convención, en la que encontró una variedad de temas objetables, o creyó que estaban incluidos en ella (como que le iban a quitar la casa a las personas, por ejemplo). O que quiso expresar un voto de castigo a los miembros de la Convención por sus estridencias poco responsables y/o al nuevo gobierno por sus improvisaciones y falta de medidas sociales suficientes. Vox populi, vox dei. Pero eso no quiere decir que se aprobó mantener eternamente la constitución de 1980, sino solo hasta que una nueva instancia redacte una nueva propuesta que logre una aprobación final.

El hecho es que desde septiembre reina la confusión. Si se entiende que no hay definiciones claras sobre el camino a seguir en materia constitucional, lo que tal vez democráticamente se deba hacer es que se vuelva a preguntar al pueblo, como en octubre de 2020, si quiere una nueva constitución. Y, si es el caso, que lo redacte un órgano especialmente elegido al efecto o el parlamento en funciones. Se debiera, además, preguntar al soberano si prefiere delegar en sus representantes la aprobación final o que el resultado sea otra vez sometido al pronunciamiento popular. En este último caso, se debiera también preguntar si se debe o no someter las normas que no obtuviesen un cierto quórum, con las alternativas del caso, a la decisión popular. Todo esto debiera permitir que a más tardar en 2024 tengamos una nueva constitución legítima, que haya terminado de encauzar mediante la combinación de la democracia directa y la representación ciudadana plural la profunda crisis abierta a fines de 2019. Todavía el país está a tiempo de demostrar que puede ser un ejemplo de capacidad democrática para superar una crisis nacional, lo que no logró hace 50 años con las dramáticas consecuencias que conocemos.

Lo que no debe aceptarse es que supuestos salvadores de la patria no elegidos, por ilustres que se consideren a sí mismos, sean los encargados de redactar unas normas que después sean puestas en situación de “lo toma o lo deja” ante la ciudadanía. Esto rompe con los principios democráticos elementales y los reemplaza por el más caracterizado elitismo.

Si el actual parlamento no da lugar por 4/7 a un órgano representativo íntegramente elegido para redactar una nueva constitución, tendrá sentido esperar a que un próximo parlamento lo haga, en vez de aprobar fórmulas inaceptables. Retroceder a la lógica de los designados sería una irresponsabilidad con la historia, sobre todo si está motivada por la tradicional exclusión oligárquica de la soberanía popular o por egos redentores de demasiado respetable dimensión. A estas alturas, simplemente no deben tolerarse, pues nada debe reemplazar la voz del pueblo, si bien no siempre pueda resultarnos grata, y el respeto al principio de elección de los gobernantes y de los legisladores y su renovación periódica por la ciudadanía.

Lo que está en juego en el debate sobre la inserción externa de Chile

En El Mostrador

El TPP11, devenido en CPTPP en el mundo de siglas en que vivimos (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico) no es un retroceso para Chile, pues no incluye restricciones nuevas. A la vez, mejora condiciones comerciales y diversos aspectos de acceso a mercados respecto a los tratados existentes, especialmente con economías tan importantes como la de Japón. El tratado refuerza vínculos con países del Pacífico distintos de China y Estados Unidos, lo que es coherente con una política exterior de diversificación de los nexos políticos y económicos de Chile y de no sujeción a los grandes bloques hegemónicos.

No obstante, tampoco es un dechado de virtudes. Como el resto de tratados económicos de este tipo, plantea problemas en temas sensibles para el interés nacional: la protección rígida de inversiones extranjeras, la falta de flexibilidad suficiente en materia de propiedad intelectual –decisiva para la innovación tecnológica endógena y la diversificación productiva– y la existencia de cláusulas que podrían malinterpretarse como “expropiaciones indirectas” cuando se aplican regulaciones autónomas, con mecanismos de solución de controversias que incluyen órganos influenciados por los intereses de las empresas globales.

Por ello el actual Gobierno, para gran escándalo de los bien pensantes y de la tribu de los neoliberales de todo el espectro político, se planteó complementar el tratado transpacífico –que viene de dos gobiernos anteriores y fue aprobado recientemente por el Senado– con "cartas laterales" que implican un compromiso de solución bilateral de eventuales controversias en materia de protección de inversiones.

Contrariamente a lo que se especuló en la materia, el subsecretario José Miguel Ahumada, que ha concentrado las descalificaciones más absurdas, ha señalado que Chile y México anunciarán la ratificación de una carta lateral, tal como ya se pactó con Nueva Zelandia. En ella se suspenderá el capítulo de mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados en el CPTPP. Canadá no aceptó el mecanismo de la carta lateral, pero se comprometió a sumarse a la búsqueda de un cambio en los mecanismos de solución de controversias. Estos son buenos avances, en breve tiempo, en el largo camino de la necesaria mejoría de la regulación de los movimientos de capitales y de la protección de inversiones, que deben reequilibrarse en favor de los intereses de las naciones frente a los de las grandes empresas industriales y financieras internacionales, cada vez más concentradas y con mayor poder global.

El enfoque económico exterior del nuevo Gobierno de Chile busca preservar y ampliar los espacios de autonomía de política, lo que no es un asunto fácil en el mundo de hoy, especialmente en materia de diversificación productiva y de desarrollo tecnológico autónomo.

¿Quién podría sensatamente oponerse a estos objetivos? Los que nunca faltan. Aunque siguen siendo coherentes con lo que piensan y hacen, siempre sorprende que los fundamentalistas de mercado, que defienden una especialización en ventajas comparativas estáticas, tengan tan poco pudor en defender intereses que no son los de la nación, sino los de empresas privadas de capitales globales. Estas, especialmente en la gran minería, suelen venir a aprovechar las ventajas rentistas que ofrece nuestra dotación de recursos y nuestra legislación, a la vez que crean muy poco empleo y generan muy poca transferencia tecnológica. Aportan capitales, pero con una posterior salida ingente de recursos al extraer sobreutilidades de sus inversiones, las que no obtendrían en ninguna otra parte. O en muy pocos lugares. Las sobreutilidades terminan transferidas a los accionistas de las empresas globales: en 2021, el 79% de las utilidades de las 10 grandes mineras privadas que operan en Chile fueron repartidas en el exterior.

El resultado es que los excedentes que provienen del acceso a bajo costo a recursos naturales de alto valor o bien a estructuras de mercado marcadamente oligopólicas (en especial en el sector financiero y de seguros privados y sociales), no contribuyen a alimentar las capacidades de inversión en infraestructura social y productiva, la que Chile necesita con tanta urgencia para mejorar las condiciones de vida de la mayoría.

No es entonces por casualidad que, en un mundo más incierto, la inversión extranjera hacia Chile hasta septiembre de 2022 sea la más alta de los últimos años, a pesar de la retórica conservadora que quisiera ver al país derrumbándose porque está siendo gobernado por un Presidente de izquierda. No hay tal cosa como empresas que se estarían fugando, supuestamente “ahogadas” por las políticas tributarias y laborales que impulsa el nuevo Gobierno o, bien, por una todavía más hipotética falta de control del orden público, lo que es simplemente falso. Los que manejan las empresas globales saben perfectamente bien cuál es la situación actual del mundo y las ventajas que comparativamente Chile ofrece, que no son pocas. Por eso invierten aquí, especialmente las que requieren asegurar determinados abastecimientos de recursos o, bien, buscan participaciones de mercado en que operan con economías de escala y ventajas tecnológicas.

Pero no debemos perder la perspectiva: la economía chilena representaba en 2021 solo el 0,35% de la economía mundial. Su principal producto de exportación, el cobre, acumula solo el 28% del mercado y solo el 23% de las reservas conocidas. La chilena es una economía que se puede calificar de marginal en el mundo de hoy, con la excepción relativa de la minería. No estamos solo fuera de los mundiales de fútbol, sino también del corazón económico de la globalización, que es tecnológico, de conocimiento y energético, aunque esta afirmación hiera la autopercepción nacional.

La conclusión es que se requiere de una política muy activa de inserción externa si queremos aprovechar economías de escala de producción y abastecimientos de bienes que no producimos ni produciremos con competitividad suficiente en el horizonte previsible. El desafío es pasar de una inserción esencialmente pasiva de apertura de mercados para productos no demasiado elaborados a una inserción activa de largo plazo, basada en la diversificación productiva intensiva en conocimiento. La tarea es empezar por establecer regalías de acceso a los recursos naturales equivalentes a su valor de mercado (al menos entre un 0,5% y un 1% del PIB) y un impuesto a los muy altos patrimonios y herencias (al menos un 0,5% del PIB), que es lo que se propone el actual Gobierno, y que deben ser inmediatamente invertidos en investigación y desarrollo tecnológico, en educación superior de alto nivel y en infraestructuras sostenibles territorialmente distribuidas de manera equilibrada. Y así acelerar la tarea de largo aliento de lograr una inserción más compleja y provechosa en las cadenas globales de valor, ampliar la base productiva endógena y obtener una remuneración adecuada del trabajo con más empleos de calidad. Mirar el ejemplo asiático es pertinente, el que los neoliberales criollos olímpicamente ignoran (se puede consultar la comparación Asia-América Latina tratada por Palma y Pincus).

Este tipo de tarea no es ni ha sido nunca fácil en ninguna parte. Precisamente por eso debe ser objeto de una estrategia consistente y persistente por parte de los poderes públicos y, de paso, no ser saboteada una y otra vez por elites miopes que conocen poco sobre cómo funciona efectivamente la economía mundial. Son las que siempre postulan, sin fundamento analítico ni histórico consistente, que es el mercado el llamado a establecer las especializaciones nacionales a partir de las dotaciones de recursos. Prefieren refugiarse en dogmas simplistas antes que observar cómo funciona el mundo real.

En efecto, los incrementos de productividad –que se han estancado desde hace una década en Chile, en la que ha gobernado predominantemente la derecha– no podrán venir de otra parte que no sea de la paciente creación de ventajas competitivas construidas y de distritos de innovación con capacidad de arrastre sobre sectores y espacios más amplios de la economía que los solos enclaves tradicionales de extracción de valor. Estos terminan por no crear una indispensable complejidad económica, no producen expansiones productivas suficientes ni tampoco un bienestar equitativo y sostenible.

La lógica de la inserción externa pasiva y del Estado mínimo y el mercado máximo, conduce a una sociedad polarizada, desigual y poco dinámica, junto a desequilibrios económicos y ambientales crecientes. Y a la postre también desemboca en crisis de orden político, como las que hemos experimentado. ¿No será hora de levantar la mirada sobre la siempre acuciante coyuntura y de trabajar por un nuevo consenso estratégico de creación progresiva de una economía más equitativa y a la vez más dinámica y de mayor complejidad, porque está basada en el conocimiento y la innovación?

El cambio constitucional y la derecha previsible

En La Mirada Semanal

En materia constitucional no emerge aún ningún acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias, como tampoco alguna fecha para determinar un camino de reforma. Ese es el resultado principal, y previsible, de la votación del 4 de septiembre.

Después de meses de debates, han decantado cuatro proposiciones respecto al eventual futuro órgano redactor de una nueva constitución: uno elegido como el Senado y compuesto de 50 personas (Chile Vamos inicial), uno paritario y elegido de 90 integrantes más 9 escaños indígenas y 3/5 para la aprobación de normas (fuerzas de gobierno más DC), una instancia elegida de 60 miembros (Demócratas ex DC) y un órgano 100% designado por el Congreso (Amarillos y probablemente Chile Vamos).

Pero, sobre todo, está en duda el relanzamiento mismo del proceso constituyente. Señala la prensa que la “UDI pone en duda el plazo de noviembre y tensiona el acuerdo por la nueva Constitución en su recta final“. Como si alguien se hubiera imaginado, conociéndolos, que iban a llegar a otra cosa. Pero igual cabe hacer la pregunta: ¿no era que la UDI se comprometió a que en caso de rechazo de la propuesta de la Convención apoyaría un nuevo proceso con un órgano elegido y paritario? Resulta que no era una exageración sostener que su objetivo era y es uno solo: dejar lo esencial del orden institucional tal como está. La idea de la UDI (¿tiene alguna otra?) es que los vetos institucionales sigan protegiendo los intereses de los privilegiados y de la gran empresa nacional y extranjera, así como un orden cultural conservador. Aunque hacer esta afirmación suene a repetición, la realidad es la que es repetitiva: la derecha tradicional despliega sistemáticamente su poder para mantener la sociedad desigual y excluyente que tanto contribuyó a crear mediante una dictadura y a prolongar después de 1990 mediante una institucionalidad trucada. Lo hace porque cree en una sociedad jerárquica y porque los sectores que representa se benefician de ella o aspiran a hacerlo.

Ahora la UDI y sus aliados van llegando a la culminación de lo que siempre fue su estrategia: partir con un “por supuesto vamos a cambiar las cosas, la constitución de 1980 está obsoleta” y luego pasar a un “hay que dejar atrás el octubrismo” y con el tiempo llegar a un “¿es verdaderamente necesario ‘perder el tiempo’ haciendo una nueva constitución? Si hay que hacer una, tiene que quedar bien hecha y para eso hay que tomarse el tiempo necesario“. “Bien hecha” quiere decir que proteja los intereses que representa. Respetar compromisos no es, como se observa, exactamente la especialidad de la UDI a la hora de defender esos intereses, que son los de la oligarquía económica y del conservadurismo autoritario.

Por otro lado, los Amarillos y su “rechazar para reformar”, devenidos célebres por obra y gracia de la prensa dominante que los puso oportunamente a la cabeza de la batalla para impedir una constitución nacida de la rebelión y la participación, se han quedado en lo que definitivamente parece caracterizarlos: la inconsistencia y el cinismo. Ahora proponen nada menos que el “reformar” se traduzca en que una nueva constitución la redacte una comisión nombrada por el actual parlamento. Ya está, resuelto el tema, pues la expresión de la soberanía de la ciudadanía, a través de mecanismos de representación efectivos, forman parte de los “errores que no hay que repetir“. Que la legitimidad de la comisión amarilla designada sea un tanto limitada, por decir lo menos, y solo prolongaría el conflicto institucional en Chile, incluso en caso de aprobarse en un plebiscito, no es su tema. Lo es el de alejar la participación democrática -y sus inevitables ripios, dicho sea de paso- de toda reforma de las instituciones. Y en general del gobierno del país, pues prefieren verlo estructuralmente impedido de representar la voluntad popular y mantenerlo sometido a los vetos oligárquicos que mantienen el Estado mínimo, la concentración económica y el mercado como supremo órgano de regulación de la convivencia, junto, claro está, a fuerzas armadas y de orden disponibles para la represión sin tasa ni medida en caso de desbordes. La propuesta del partido Amarillo ya recibió expresiones de simpatía de los más altos dirigentes de la UDI y RN para la idea que la participación ciudadana se remita a un “lo toma o lo deja” final, destinada a que nada importante cambie. De más está recordar que esto contradice lo aprobado en el plebiscito de octubre de 2020, que dio curso al proceso constituyente y que excluyó expresamente que el Congreso participara de la redacción de una nueva constitución.

¿Por qué los Amarillos no dijeron esto antes, cuando llevaron la voz cantante del rechazo y de sus tergiversaciones antes del 4 de septiembre? La honestidad intelectual y política no parece tampoco ser la especialidad de este novel partido en formación, que se suma sin escrúpulos al arco conservador y a sus prácticas.

En suma, se trata de asegurar que se aleje la perspectiva de consagrar un Estado democrático y social de derecho, la paridad de género en las instituciones, la descentralización y profesionalización del Estado, un derecho de propiedad que incluya una función social y ambiental, una negociación colectiva no asimétrica de las condiciones de trabajo, la protección racional de la naturaleza y la vigencia de derechos colectivos de los pueblos originarios que estos ejerzan con autonomía. Es lo que llaman la “mala” constitución.

Por su parte, las fuerzas que hicieron de la Convención un divertimento de causas particulares en vez de proteger los temas centrales mencionados seguramente habrán reflexionado y asumido que no pueden dedicarse en el futuro a acumular todas las objeciones posibles al cambio institucional por parte de grupos sociales significativos y a contradecir el sentido común popular que también valora la viabilidad y gradualidad de la redefinición del orden existente. El entusiasmo por el verbalismo radical particularista, en contraste con la representación pausada de posturas ancladas en las luchas sociales y culturales transformadoras de largo aliento, seguramente habrá bajado su intensidad después de la derrota del 4 de septiembre. Lo propio es probablemente el caso de la prestidigitación en materia de alcance de lo que una constitución puede garantizar, distinguiendo su rol del de la acción de gobierno en cada legislatura. Todo lo cual, junto a una gestión de gobierno a partir de marzo que nunca terminó de asumir como prioridad central la tarea de hacer avanzar en su etapa final el nuevo proyecto constitucional -sin perjuicio de la insólita prohibición del Contralor para que el presidente y las autoridades de gobierno se pronunciaran sobre el futuro constitucional- construyó una derrota de proporciones para las fuerzas sociales y políticas impulsoras del cambio en el país. Ahora corresponde revertirla mediante una gestión de gobierno a la altura del desafío y con una coalición política y social sólida y movilizada detrás.

Los conservadores van a tener que seguir escuchando voces plebeyas e irreverentes frente al orden existente -la masacre de 1973 y años posteriores no les sirvió de mucho en este sentido- provenientes de un sujeto político, la izquierda, que seguirá bregando por ideas democráticas e igualitarias (lo que no le impide ser plural y que haya en su seno minorías dogmáticas y autoritarias, como en toda agrupación de ideas e intereses colectivos de alguna envergadura) que no se pueden borrar así no más del paisaje nacional. Ese mundo sabe de derrotas y de levantarse de ellas.

Entre tanto, una manera de mostrar cuales son las voluntades reales en el sistema político -y eventualmente consagrar avances en el orden institucional- sería ponerle urgencia a la comisión mixta sobre el tema de la rebaja del quórum para leyes orgánicas, que la derecha logró que no se aprobara hasta ahora y poner en tabla la propuesta de los DC del rechazo para establecer desde ya un Estado Democrático y Social de Derecho en vez de un Estado subsidiario. Y, además, volver a poner en discusión el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, que nunca contó con los votos de la derecha desde 1990 y nunca se pudo aprobar por los quorum supra mayoritarios impuestos por la actual constitución. De ser rechazados, permitirán poner en evidencia una vez más las tergiversaciones  de la derecha y sus aliados. Si son aprobados, serían logros que una constitución futura recogerá, la que, si no avanza en esta etapa, volverá sin duda a ser impulsada en la siguiente legislatura.

La recesión pende de un hilo

En El Mostrador

Luego de la fuerte expansión de 2021, la producción muestra una tendencia a la baja en el curso del año 2022, según se constata en las cuentas nacionales del tercer trimestre recién publicadas. Como se observa en el gráfico adjunto, en el primer trimestre la caída del PIB fue de -0,7% respecto al período previo, en términos desestacionalizados, mientras en el segundo hubo un repunte de 0,1% y en el tercero se registró una fuerte caída de -1,2%. Los índices mensuales (Imacec) mostraron incrementos en agosto y septiembre, pero la caída de julio arrastró a la baja el resultado promedio del tercer trimestre. Y dado el comportamiento levemente positivo del segundo trimestre, la evolución descrita no sumó dos trimestres seguidos de caída del PIB, que es el requisito para calificar la situación de "recesión técnica". 

No sabemos qué pasará en el cuarto trimestre de este año, en el que se podría consagrar una recesión si se produce una nueva caída productiva. O bien puede ocurrir que se encamine un proceso de resiliencia de la economía, empujada por la inversión por el lado de la demanda -que mostró un buen comportamiento en el tercer trimestre, aunque las perspectivas de la construcción no son buenas- y los servicios por el lado de la oferta. Veremos si tiene sentido o no la hipótesis de la resiliencia frente a las políticas recesivas del Banco Central y al ajuste fiscal (se han completado dos trimestres de caída del consumo de gobierno) en nombre de la lucha contra la inflación. 

Estas políticas equivocan el diagnóstico: estamos en presencia de una inflación de costos de origen importado antes que de una inflación de demanda por "exceso" de consumo e inversión, los principales componentes de la demanda agregada, en contraste con capacidades productivas que no podrían seguir el ritmo en el corto plazo y empujarían los precios hacia arriba. Pero estas capacidades no encuentran cuellos de botella de gran magnitud distintos de los provocados por las alteraciones en las cadenas globales de suministro, en vías de normalización. Todas las agrupaciones de producción de bienes, con excepción de electricidad, gas y agua, registran en el tercer trimestre de 2022 niveles de producción inferiores al alcanzado en algún trimestre previo, y desde luego en el tercer y cuarto trimestres de 2021, la etapa de mayor incremento de la demanda interna.

La expansión de 2021 no fue "negativa", como es la convicción bastante arbitraria del consejo del Banco central. Por el contrario, permitió retomar la línea de tendencia del crecimiento previo a la crisis de la pandemia de 2020. Ese juicio erróneo lo ha llevado a buscar a toda costa comprimir la demanda interna, la que ya completó tres trimestres a la baja y una caída agregada de 5,0%. Lo que si ha sido complicado ha sido el aumento del déficit en la cuenta corriente, pero esto ha ocurrido por razones coyunturales, el que ya está en vías de reabsorberse según el propio Banco Central (ver https://www.bcentral.cl/.../determinantes-perspectivas...). 

¿Hasta dónde quiere el órgano autónomo encargado de la política monetaria llegar a deprimir la demanda interna? En ese consejo existe una especie de rechazo contra toda expansión empujada por la demanda, lo que es un mal análisis económico de origen ortodoxo ampliamente cuestionado en la academia (ver por ejemplo https://www.researchgate.net/publication/341043793_Reverse_hysteresis_Persistent_effects_of_autonomous_demand_expansions). La expansión de la producción y el empleo ciertamente no es objeto de su política, aunque es un tema de crucial interés para el resto de la sociedad. No obstante, paradojalmente existe una pretensión del consejo de manejar la política económica, que compete a las autoridades democráticas, lo que se observa cuando traslada incluso opiniones sobre la reforma al sistema de pensiones, lo que nada tiene que ver con su mandato. En estos días la presidenta del Banco Central se ha permitido aludir a su impacto en el crecimiento vía mercado de capitales, pero ocurre que precisamente no tiene un mandato sobre crecimiento. Esto, por otro lado, sería positivo, siempre que no se entienda como el propio de un "think tank" conservador, como ocurre en la actualidad. El Banco Central no es Libertad y Desarrollo.

Sigamos con la coyuntura. En promedio, la oferta de bienes no ha experimentado una mayor expansión para buscar la nueva demanda y de paso subir sus precios. La minería y buena parte de la agricultura, pesca y silvicultura, así como aquella parte de la industria manufacturera que elabora recursos naturales, ostentan una evolución que está conectada a dinámicas que tienen que ver con las condiciones de costos y sus ventas en el exterior y no con el consumo interno, los retiros desde fondos de pensiones o bien la situación monetaria y fiscal de corto plazo. 

La fuerte expansión de la demanda en 2021, fruto del desgobierno económico en que cayó la administración de Sebastián Piñera, se orientó hacia la importación de bienes, especialmente los durables, y hacia el consumo de servicios. En este último caso la provisión tiene pocos cuellos de botella a la hora de aumentar sus suministros. La expansión de los servicios, especialmente fuerte en el caso del transporte, las comunicaciones y servicios de información (esta actividad ya representa un volumen superior al de la agricultura), los servicios financieros y empresariales y los de vivienda e inmobiliarios, y en menor medida los servicios personales (básicamente salud y educación), no ha sido un factor inflacionario más allá de la presión de costos que implica el aumento de los precios de sus insumos, especialmente la energía, en una presión “de segunda vuelta” de los precios externos. 

Los precios internacionales de los alimentos, por su parte, han bajado en un 14,9% desde marzo y de ese modo influenciado la caída de la inflación en Chile en los últimos tres meses, antes que la restricción monetaria. El impacto de los precios externos ha sido amplificado por la devaluación del peso también en los últimos tres meses, que los aumentos de la tasa de interés interna no ha alterado mayormente.  

Los incrementos de precios externos pueden ser objeto de políticas específicas de atenuación y de compensación de su impacto en los grupos más afectados, pero no se pueden evitar, y menos a través de una recesión y una disminución del empleo y los salarios. No debe olvidarse que en octubre la inflación subyacente, sin considerar los bienes de precios volátiles en el corto plazo, fue de solo 0,1% mensual. La menor expansión de los precios subyacentes ha sido prácticamente recurrente desde el inicio de la aceleración inflacionaria en 2021, a pesar del efecto de segunda vuelta. Veremos si el dato más reciente se confirma en los próximos meses y si mostrará o no que una política hasta ahora equivocada se transforma en una política ultra equivocada.

Mejoran las tendencias en la actividad y la inflación

En La Mirada Semanal 

En septiembre, la actividad económica desestacionalizada aumentó por segundo mes consecutivo, mientras en octubre la inflación registró tres meses de menores aumentos. El punto complicado sigue siendo la caída de las remuneraciones reales de los ocupados y las altas tasas de interés sostenidas por el Banco Central.

Dada la política agudamente restrictiva del Banco Central desde junio de 2021 y el fuerte ajuste presupuestario programado por el gobierno anterior para después de las elecciones del año pasado, la economía presentó caídas mensuales desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022 (en términos desestacionalizados). Se produjo un repunte en marzo, pero se volvió a registrar una preocupante caída sucesiva del índice mensual entre abril y julio, mes en que fue especialmente fuerte (-1,1%). Esta evolución hacía presagiar una rápida entrada en recesión, como quería el Banco Central, lo que de paso incidió en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, pues tenía un componente inevitable de valoración de la gestión del nuevo gobierno.

El crecimiento de la actividad económica (Imacec) en agosto y septiembre, siempre descontando los efectos estacionales, fue respectivamente de 0,5% y de 0,2% respecto al mes previo. La situación mejoró al sumarse, entre otros, factores como el aumento del salario mínimo (se incrementó desde 350 mil pesos a 380 mil pesos en mayo y a 400 mil pesos en agosto) y el suplemento de la asignación familiar para compensar el incremento de los precios de alimentos. Estas medidas del nuevo gobierno sostuvieron en algo la demanda. 

Por el lado de la oferta, ha sido el buen comportamiento de la provisión de servicios a las personas (restauración, educación, salud, hogar) y a la producción (finanzas, tecnologías de la información, gestión) lo que ha evitado por nariz caer en una recesión técnica, entendida como una disminución de la producción durante dos trimestres seguidos, lo que contrasta con una producción de bienes que registra una tendencia a la baja, especialmente en la minería, desde el segundo semestre del año pasado. Ésta se había recuperado y expandido algo después de la crisis de la pandemia y se sitúa hoy algo así como entre Tongoy y Los Vilos. Como se observa en el gráfico, parece estar produciéndose un cambio estructural en la economía en la etapa posterior a la fuerte crisis de 2020 (año en que se produjo una caída del PIB de -6,1%), dada la evolución contrastada entre la oferta de bienes y la de servicios. Estos últimos representan dos tercios de la producción chilena (pasaron de un 63,9% en 2015 a un 65,9% en 2021), contrariamente a la percepción corriente que se tiene en la materia. 

El resultado ha sido que el crecimiento del Imacec en los tres primeros trimestres de 2022 ha sido de un 4,3% promedio respecto al mismo período de 2021. Como el nivel de producción agregada del cuarto trimestre del año pasado fue excepcionalmente alto y difícilmente se alcanzará un nivel parecido en el mismo período de 2022, se prevé una cifra anual inferior a la mencionada luego del fuerte crecimiento empujado por la demanda de 2021 (11,7%), centrado en los servicios. Cabe hacer notar que su provisión presenta menos cuellos de botella y límites de oferta que la producción de bienes, por lo que el impacto inflacionario de su expansión es comparativamente menor, especialmente cuando en el segundo caso se han perturbado las cadenas globales de producción como ocurrió en la fase más aguda de la pandemia y todavía ocurre en China. 

Por su parte, el empleo total medido por la encuesta del INE aún no recupera sus niveles previos a la pandemia, aunque el empleo asalariado formal registrado administrativamente es superior en 345 mil unidades al de hace tres años. Pero es preocupante que haya caído en cien mil personas entre diciembre y julio de 2022, último registro disponible de este indicador que es más preciso que la encuesta de empleo. 

Otra preocupación en materia de evolución de la masa salarial, y por tanto de la demanda de consumo de las familias, es que la inflación sin compensación salarial tiene como efecto la caída del nivel real de las remuneraciones, es decir la pérdida de su capacidad adquisitiva. La misma cantidad de dinero compra menos bienes y servicios. Desde marzo de 2021, mes en el que las remuneraciones reales alcanzaron su mayor valor, la caída acumulada es de -3,5%, según el INE. Entre marzo y septiembre de este año, la caída asciende a -1,8%. Como se observa, el aumento del salario mínimo no ha sido suficiente para impactar en las remuneraciones medias. La negociación sobre el reajuste del sector público será una ocasión para una eventual recuperación del poder adquisitivo de esos salarios, cuyo reajuste sirve de guía para muchas negociaciones colectivas e individuales en el sector privado.

A los que argumentan que esto aumentaría la inflación, cabe recordarles que los bienes y servicios no sujetos al comercio internacional han vuelto a una inflación normal y que ésta se concentra en los bienes importados, que también han experimentado una cierta caída de precios en el caso de los combustibles y los alimentos. Una recesión provocada por una caída de la masa salarial y el consumo de las familias (que constituye del orden de 70% de la demanda agregada) no bajará los precios importados pero sí provocará un aumento del desempleo.

Mientras, la inflación se desaceleró en octubre por tercer mes consecutivo. El IPC de octubre aumentó en 0,5% respecto al mes previo. Se trata de una cifra sustancialmente menor a las que se registraron entre marzo y julio, cuando se aceleró la inflación por la guerra en Ucrania y su impacto en los precios de combustibles y alimentos, componentes claves del consumo de bienes que contienen materias primas de origen importado. Cabe hacer notar que esta cifra se explica precisamente porque la inflación de los bienes transables internacionalmente fue de solo 0,2%, por la distensión en los precios internacionales de combustibles (especialmente en septiembre) y de alimentos (el índice de precios de los alimentos de la FAO ha disminuido un 14,9 % a octubre desde el valor máximo alcanzado en marzo de este año, pero se mantiene un 2,0 % por encima del valor registrado hace un año). La inflación de los bienes no sujetos al comercio internacional fue, en cambio, de 0,9%, la que todavía absorbe los "impactos de segunda vuelta" provenientes de los aumentos previos de combustibles, en particular. 

El gráfico adjunto reseña la evolución fuertemente diferenciada desde inicios de 2021 entre los precios promedio al consumidor sin considerar alimentos y energía (línea azul) y los precios de los bienes no transables internacionalmente (línea verde), por un lado, en contraste con los precios transables internacionalmente (línea roja), por otro. La aceleración de la inflación se ha debido en una proporción significativa a los precios externos, ya sea directamente en el caso de los bienes de consumo final o por el impacto en los costos de los insumos importados en la producción de bienes para consumo interno, mientras la inflación no volátil ya presenta niveles bajos. Este último dato es alentador, pues el incremento de los precios de los bienes no volátiles (excluyendo a combustibles y alimentos y otros bienes cuyos precios varían con mayor frecuencia al alza y a la baja) fue de solo 0,1% en octubre.

Agreguemos que entre enero y agosto, según el Banco Central, las salidas netas de capital al exterior de hogares y empresas no financieras, buscando mayores rentabilidades, seguridad o simplemente evasiones tributarias, han sumado un 73% menos que en el mismo período de 2021, cuando alcanzaron US$10.808 millones. Es una cifra un 63% inferior a la de 2020, cuando salieron del país unos US$ 7.987 millones. Previo a octubre de 2019, entre enero y agosto, habían salido del país US$ 1.273 millones, y en 2018, en igual lapso, solo US$258 millones. Esto contribuye a mejorar la situación de la balanza en cuenta corriente, que había experimentado una evolución preocupante en 2021 por la expansión de las importaciones y de las remesas de utilidades al exterior por el sector minero, a pesar del  buen comportamiento de las exportaciones industriales y las de servicios, en contraste con las mineras y agropecuario-silvícolas. 

Para que las familias de menos ingresos puedan mantener la cabeza arriba del agua, la política fiscal de compensación inflacionaria (en especial del valor de la canasta alimentaria con suplementos de asignación familiar) debiera ampliarse, y de paso contribuir a evitar una recesión en 2023. Esta no es un eclipse de sol, sino una política buscada por el Banco Central que puede y debe revertirse, dado que no ayuda a combatir la inflación importada.

Es de esperar que el Banco Central proceda a la brevedad a bajar la tasa de interés de política monetaria, pues el crédito caro no tiene incidencia en los precios de combustibles y alimentos, que se fijan en el exterior y son los principales causantes de una inflación que es básicamente de costos (más argumentos se encuentran en mis columnas sobre el tema de octubre y noviembre). Bajar la tasa de interés de política monetaria podría tener un impacto en el tipo de cambio por salidas en los capitales golondrina, pero a su vez éste tiene diversos determinantes en el corto plazo que en parte anulan o amplifican ese efecto, como el precio del cobre. En todo caso, la divergencia de tasas internas y externas es tan grande que hay márgenes importantes para mantener un diferencial significativo. El Banco Central está aún a tiempo para evitar una recesión inútil.

El centro político y la izquierda gubernamental

 En El Mostrador

Muchas de las sociedades actuales están cada vez más polarizadas. Esto ocurre con intensidades y temas que varían caso a caso, pero hay algunas constantes que están presentes de manera recurrente. Es el caso de las crecientes desigualdades sociales que resultan de la concentración del poder económico en detrimento del trabajo, de los desafíos de la preservación del clima y de los ecosistemas y de los derechos de las mujeres y de las categorías históricamente discriminadas. Estamos lejos del “fin de la historia” con democracias liberales, más economías de mercado, como garantes de una suerte de armonía universal. La exacerbación de las luchas mundiales de hegemonía está ahí para demostrarlo.

Los conservadores en distintas partes no otorgan mayor importancia al tema de las crecientes desigualdades, pues suelen defender sociedades jerárquicas en las que prime el orden constituido y los intereses de los privilegiados tradicionales y los del capitalismo financiarizado actual (o de los que aspiran a llegar a ser parte de ellos, aunque se trate de un espejismo). Con frecuencia niegan la importancia de la amenaza climática y de la depredación ambiental y desconfían de la ciencia y del conocimiento moderno, mientras se oponen en nombre de las tradiciones a la plena libertad de las mujeres y de la diversidad sexual para decidir sobre sus vidas, así como a respetar y valorar la diversidad cultural y étnica, pues aún se comportan como ocupantes en nombre de algún supremacismo.

En la aproximación a estos temas no hay en la actualidad demasiados términos medios posibles, por lo que el centro político ha ido perdiendo significación. En la segunda parte del siglo XX existía, en el marco de la Guerra Fría, una base para defender posiciones que no fueran las del liberalismo extremo o la estatización completa de la economía. Una identidad de centro podía construirse a partir de alguna idea de democracia combinada con "economías sociales de mercado" y Estados redistributivos, como en Alemania, Gran Bretaña, Francia o Italia en la posguerra. En cambio, la gran concentración económica en las economías capitalistas desde los años 1980 y la cuasi desaparición de las economías centralizadas desde el fin de la URSS, han dejado de otorgar un espacio político a las ideas de centro, entendidas como alguna suerte de equidistancia entre los modelos de capitalismo salvaje y de centralización estatal.

El escenario es el de una globalización capitalista que produce ganadores y perdedores entre sociedades y en el interior de cada una de ellas, en relación con cuyos intereses y condiciones concretas de vida y sus posibles evoluciones las fuerzas políticas deben posicionarse. A su vez, la secularización de las sociedades ha dejado de otorgar un soporte religioso institucionalizado al centrismo propio de la Guerra Fría. Las luchas políticas en Occidente y sus extensiones y periferias se constituyen y reproducen alrededor de los temas y los intereses mencionados.

En el caso de Chile, el centro político ha perdido influencia ideológica, política y electoral y se ha fragmentado a un ritmo vertiginoso en el último tiempo. En la reciente elección de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el gran partido contemporáneo de centro, la Democracia Cristiana, que representa hoy menos del 10% del electorado, se dividió entre los que definitivamente se alinean con la derecha –como ya lo hicieron “cruzando el Rubicón” en el plebiscito del 4 de septiembre– y los que prefieren alguna asociación con el actual Gobierno de dos coaliciones de izquierda. Un proyecto híbrido de centro (el Partido de la Gente), asociado al desparpajo de un líder que vive en Estados Unidos para escapar de la ley en materia de pensiones de alimentos, también vivió una división.

Esto no quiere decir que no haya ya personas que aprecien la moderación, la distancia de posiciones polares y la búsqueda de estabilidad y acuerdos, pero esos atributos ya no son suficientes para construir fuerzas políticas estables. Estas tienen inevitablemente que posicionarse frente a las desigualdades, las depredaciones y las discriminaciones, cuyas características contemporáneas no admiten ya demasiados acomodos equidistantes. Lo que parece explicar, al menos en parte, que las fuerzas tradicionales de centro finalmente terminen por decantarse por alguno de los dos grandes actores de las polarizaciones actuales. Y que tengan dificultades para permanecer unidas con posiciones e intereses provenientes de universos demasiado disímiles en su seno.

La derecha y la extrema derecha han seducido a parte del electorado de centro con los temas de la seguridad, el orden y el rechazo a la política y a las elites progresistas, las que serían tolerantes con la delincuencia, la inmigración ilegal y la violencia rural, y responsables de la inflación, el desempleo o de cualquier problema social, a punta de mentiras y tergiversaciones, como se observó en el proceso de la Convención. Ostentan una capacidad de exacerbar pasiones colectivas negativas y de movilizar –con amplio predominio mediático– electorados en función de miedos, los que por lo demás provoca estructuralmente el propio capitalismo desregulado al ampliar la exclusión social y la precariedad económica de la mayoría.

El ejemplo de personajes como Trump o Bolsonaro (que volvió a ser apoyado por Kast, dicho sea de paso) alimenta la idea de que el radicalismo de derecha puede tener éxito electoral. Pero estos esquemas ya van mostrando menos aptitud para llegar a ser mayoría, como se observó en Estados Unidos hace dos años y en las recientes elecciones de medio mandato, así como en Chile en la elección presidencial y este año en el nuevo triunfo de Lula en Brasil. El contraejemplo reciente de Italia está basado en una cierta moderación de la extrema derecha y una descomposición del progresismo político.

La tarea para la izquierda gubernamental en Chile es tener la capacidad de acoger las subjetividades de centro con un estilo y método de diálogo y de construcción de coaliciones que respeten la diversidad y la amplitud. Un verbalismo autocentrado que no acepta la diferencia y que exacerba los temores que produce estructuralmente la sociedad de mercado, junto a las incertidumbres asociadas a toda promesa de cambio que altere lo existente, es lo que pavimenta el camino para las derechas polarizantes. Ese verbalismo llevó, junto a una gestión de gobierno sin capacidad de respuesta suficiente en materias económicas y sociales –lo que decepcionó a muchos de sus partidarios en el mundo popular y produjo un voto de castigo– a la derrota de la propuesta de nueva Constitución en septiembre pasado, inevitablemente asociada al Gobierno.

Un estilo respetuoso de las distintas ideas y creencias ajenas y que convoque con un sentido de amplitud sin despegarse de la subjetividad de las mayorías, parece ser la clave política del futuro para las fuerzas gubernamentales. Pero esto no debe incluir morigerar las posturas de fondo sobre los temas y las políticas necesarias de ser llevadas a la práctica en materia de derechos sociales, ambiente y derechos de las mujeres y de las categorías sociales discriminadas, y los respectivos cambios institucionales necesarios.

Morigerar las posturas propias en nombre de una aproximación al centro y al realismo lleva, a la postre, a desnaturalizar la propia identidad y a aceptar los temas y el marco conceptual y político de los partidarios de la preservación del orden existente. El resultado termina siendo confundir y desmovilizar a la propia base de apoyo que se ha convocado a otra cosa. Parte de ella termina prefiriendo sumarse a los que defienden esos temas con más autenticidad, o se repliegan en la abstención y la desesperanza. Ejemplos al canto: la firmeza de la lucha contra la delincuencia no debe dejar de lado la firmeza de la lucha contra sus causas, como la ausencia de oportunidades de empleo digno para grandes franjas de jóvenes y la cultura del éxito material individualista con mínimo esfuerzo que el sistema educativo no revierte. La firmeza de la lucha contra la insurgencia de grupos étnicos ultranacionalistas a la deriva no debe dejar de plantear una propuesta de reparación histórica del expolio de los pueblos originarios y de reconocimiento de sus derechos colectivos, sin lo cual no habrá “comisiones de paz” que logren algún resultado. La preservación de la estabilidad económica, a su vez, no debe confundirse con concesiones periódicas al gran empresariado en materia tributaria, de regalías de acceso a los recursos naturales y de legislación laboral, de salud, previsional y de vivienda y ambiente. Y así sucesivamente.

Convocar al cambio seguro, sin verbalismos ni retóricas autocentradas, pero desde identidades y posiciones consistentes y cuyo mérito sea defendido, con batallas que se ganan y otras que se pierden pero que no dejan de darse, sembrando para el futuro aunque sea en un contexto institucional adverso, parece ser el enfoque adecuado para impedir los avances de la extrema derecha. Y para seguir convocando a una transformación de la sociedad chilena que permita el desplazamiento del predominio de los intereses oligárquicos y de sus soportes institucionales, que es la gran tarea histórica abierta con la rebelión social de 2019.

Lo que se puede esperar de la reforma de pensiones

En La Mirada Semanal

La derecha ha iniciado una línea dura de rechazo a la reforma de pensiones propuesta por el gobierno, incluso retrocediendo respecto a los acuerdos establecidos en la pasada legislatura patrocinados por las anteriores autoridades.

Esta línea dura está bien expresada por el senador Coloma, quien ha sostenido que “la discusión ha cambiado, el 62% dijo que los fondos fueran a cuentas individuales, heredables y de su propiedad“, lo que repiten unos y otros portavoces de la derecha.

Primero, es absurdo plantear que el rechazo en general al proyecto constitucional de la Convención es el rechazo a cada una de sus partes, y de paso a la constitución vigente. Con ese argumento se podría sostener que “el 62% dijo que no quería que Chile fuera una democracia “, lo que francamente no tiene sentido.

Segundo, todo sistema de pensiones contributivo está basado en una cotización obligatoria. Ésta nunca queda íntegra en las cuentas individuales (dicho sea de paso, por construcción no existe sistema de pensiones sin cuentas individuales, ya sea que esté basado en beneficios definidos o solo en aportes definidos en sistemas de reparto o de capitalización). En efecto, una parte -que puede ser muy importante como en el caso de Chile- queda fuera de toda cuenta individual y deja de ser de propiedad del aportante para cubrir los costos de administración y las utilidades en caso de sistemas privados con fines de lucro. Todo lo demás perteneciendo constante, una disminución de las comisiones aumenta los montos en las cuentas individuales. Esto nunca se menciona por los defensores de la propiedad privada de todo, especialmente de las utilidades.

Si se descuenta una parte del aporte para dar lugar a la utilidad privada de la AFP, ¿no tiene acaso sentido sustituir esa parte de las cotizaciones de los hombres de más altos ingresos para entregarlas no a las AFP sino a las mujeres que tienen menos derechos acumulados y más esperanza de vida o a las personas de salarios muy bajos y lagunas muy altas? ¿No sería esa una transferencia más justa que la actual? ¿O la única transferencia defendible es la del aportante a las ganancias empresariales?

La reforma innova al establecer un único recaudador público para abaratar costos y bajar comisiones. Los futuros “Inversores privados” solo orientarán los fondos en los mercados de capitales para el 10% obligatorio de capitalización individual (que subiría a 10,5%), pero con mucha más competencia. Para permitir una mayor estabilidad y una redistribución básica, se crea un fondo de capitalización colectiva con el nuevo 6% de cotización del empleador acordado por la legislatura anterior, en el que los aportes y su rentabilidad se inscriben como derechos previsionales futuros. La reforma del actual gobierno establece que un 70% irá a la cuenta de cada cual según el aporte individual y un 30% se contabilizará en la cartola individual de acuerdo al aporte promedio de los cotizantes. Esto permitirá que los salarios más altos contribuyan con una cifra modesta a los salarios más bajos, para los cuales el aporte es significativo, junto a financiar el uso de una sola tabla de longevidad para hombres y mujeres, lo que las beneficia sustancialmente, así como un aporte mensual a la continuidad de las cotizaciones hasta un tope de 30 años. Estos son los elementos bastante moderados de introducción de mecanismos redistributivos de seguridad social, que permitirían, junto al aumento de la tasa de cotización, aumentar las pensiones del sistema contributivo para las pensiones más modestas, concentradas en las mujeres.

La derecha sostiene que es mejor que esta redistribución vaya por el lado fiscal en la pensión garantizada universal. Esto tiene el inconveniente de desestimular la formalización de los grupos de bajos ingresos, que no tendrían ningún incentivo mayor para cotizar pues suelen privilegiar los ingresos líquidos de corto plazo. Pero, sobre todo, el sistema tributario, por el peso del IVA y los impuestos al consumo, es globalmente regresivo: el aporte solidario sería financiado proporcionalmente más por los sectores medios y bajos. Y además ocurre que la derecha se niega a aprobar la reforma tributaria actualmente propuesta (con un aumento de 3,6% del PIB en la carga tributaria en régimen) que aumentaría la progresividad de los impuestos. Financiar el 6% de cotización patronal previsto por la reforma previsional a través de impuestos supondría un 2% del PIB adicional en el tamaño de la reforma tributaria en debate, a lo que también la derecha se opone. Entonces, nada de solidaridad ni por angas ni por mangas.

Tercero, las cotizaciones para financiar las pensiones son para eso, para financiar pensiones. Verdad de perogrullo. En caso de fallecimiento del beneficiario, todos los sistemas establecen beneficiarios secundarios para las personas viudas y otros dependientes, como también lo hace la reforma propuesta. El sistema de retiro programado crea la ilusión de una herencia, que por lo demás disminuye año a año a medida que se van agotando los fondos. A la mayoría al fallecer no le queda nada para heredar (este es el caso de solo poco más de 10% del total). Los bienes y ahorros se heredan, las pensiones no se heredan, pero pueden dar lugar a beneficiarios. La reforma en todo caso incluye en la renta vitalicia -se eliminará el retiro programado pues es contrario a toda idea de seguridad social- la posibilidad de separar una parte de lo acumulado para constituir una herencia, pero disminuyendo lógicamente la pensión, lo que queda a discreción de cada cual.

En los próximos meses habrá que acostumbrarse a tergiversaciones variadas orientadas a rechazar la reforma, mantener a las AFP y agregarles un 6% adicional de cotización. Sus utilidades extraordinarias respecto a cualquier actividad económica normal -salvo la extracción de recursos naturales sin pagar las regalías correspondientes- se originan en una función meramente parasitaria y altamente costosa para la sociedad. Esto es con lo que la reforma propuesta se propone terminar después de un fracaso demostrado de 40 años.

Reforma de pensiones: ¿la tercera es la vencida?

En El Mostrador

El Gobierno presentó su reforma de pensiones, que toma en cuenta en parte los consensos previos, hereda las controversias no resueltas y al mismo tiempo innova para procurar avanzar en su resolución.

El nuevo sistema quedará con un "primer piso" a partir de la ley aprobada en enero, que permite que el 90% de las personas mayores de 65 años hoy –el 100% mañana si se aprueba la reforma–, tenga una pensión garantizada universal llueve o truene, financiada por los impuestos (dicho sea de paso, se trata de un esquema “de reparto", es decir, de recaudación obligatoria y pago inmediato a quien tiene un derecho previsional constituido, que paradójicamente ahora todos defienden). Su monto dependerá de aquel de los impuestos que puedan destinarse a este fin. No faltarán los que quieran subirlo, pero sin subir los impuestos: la mala noticia es que no cuadra. Este Gobierno la llevará al menos a 250 mil pesos. Un mayor aporte tributario de los más pudientes podría mejorar ese piso universal.

A eso se agrega que, para bajar las comisiones en el "segundo piso" de capitalización individual (1,2% en promedio hoy sobre el 10% obligatorio), se reemplazarían las AFP por "Inversores de Pensiones". La recolección de los fondos la haría ahora el "Instituto Previsional Autónomo" (hoy Instituto de Previsión Social) para aprovechar las economías de escala, usando las tecnologías de la información pertinentes. Ese menor costo administrativo permitiría llevar a 10,5% la cotización obligatoria para el trabajador, aumentando el sueldo líquido en 0,7%. Además, se cobrarían comisiones de administración de la inversión por el valor del fondo y no un porcentaje del aporte mensual, para responsabilizar a los inversores privados con el monto acumulado. Existirían categorías de riesgo según edad, a las que los afiliados serían asignados. El tope de sueldo imponible sería de unos 4,2 millones, el mismo existente en el Seguro de Cesantía.

En un "tercer piso", se propone que el 6% adicional de aporte del empleador (1% por año en lo sucesivo hasta llegar a 6%), ya acordado por el anterior Parlamento –pero no aprobado–, sea administrado por un nuevo "Inversor de Pensiones Público y Autónomo", de carácter profesional, con un consejo de 7 personas. El 70% del aporte del empleador quedaría registrado por su valor efectivo y el 30% restante por el valor promedio del sueldo de todos los cotizantes, para permitir un aumento de las pensiones más bajas con un moderado aporte de los sueldos más altos. Existiría, además, una Garantía de Pensión, equivalente a 0,1 UF por año cotizado, con un máximo de 30 años (unos 104 mil pesos).

También el "Inversor Público" podría recibir los aportes de los cotizantes que voluntariamente quieran confiarles su 10,5%, en vez de hacerlo a los inversores privados, aumentando la competencia en el segundo piso de capitalización individual.

La pensión contributiva se calcularía en función de lo acumulado individualmente a lo largo de los años y de la esperanza de vida, sin distinción de sexo. Esto mejoraría sustancialmente la pensión de las mujeres. Existiría solo una renta vitalicia, en UF, pues ya no habrá retiro programado, que deja en niveles muy bajos las pensiones en la edad más avanzada, que es cuando más protección se requiere. El que quiera podría separar un monto de lo ahorrado que se sustraiga de la pensión para heredarlo a quien desee.

Un "cuarto piso" de ahorro voluntario completa el sistema, es decir, el actual esquema de APV, más el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, a pactar a nivel de empresas, que otorga incentivos tributarios a esos ahorros para complementar las pensiones contributivas con un esfuerzo adicional.

Este es el esquema básico de lo que el Gobierno ha diseñado. Ha entregado una simulación para un trabajador que gana 400 mil pesos hoy (el ingreso mediano mensual de los ocupados fue de 458 mil pesos en 2021, según el INE). Suponiendo un 50% de lagunas de cotizaciones, la pensión pasaría de 269 mil pesos a 392 mil pesos, un incremento de 46%. Esto sería producto del aumento de la pensión garantizada de 194 a 250 mil pesos, más 68 mil pesos por redistribución desde los salarios más altos. El mismo caso de una mujer llevaría la pensión de 258 a 393 mil pesos, un aumento de 52%, por los mismos incrementos, más unos 11 mil pesos adicionales por el cambio a la Tabla Única de Mortalidad. Las tasas de reemplazo del salario previo serían para esas remuneraciones cercanas a 100%, y para salarios mayores del orden de 60%, aunque estos suelen tener menos lagunas.

Es de esperar que la tercera iniciativa para legislar una reforma del sistema de AFP (luego del proyecto del final de Bachelet II y el de inicios de Piñera II) sea la vencida.

Habrá que poner especial atención al comportamiento de los parlamentarios que han sido miembros de directorios de AFP (los hay, como la senadora Rincón) y/o que defienden sus intereses. Intentarán mantener a estas entidades a toda costa (obtienen altas utilidades sin función social alguna, lo que defenderán con dientes y muelas). Y evitar la creación del órgano público encargado de la capitalización colectiva y que competiría con las entidades privadas en la capitalización individual.

Veremos en los próximos meses las contorsiones de la derecha contrarias a su propio paradigma de la competencia en los mercados y veremos una vez más que, cuando priman los intereses privados, los paradigmas suelen dejarse de lado. La argumentación, ya en uso, privilegiará la idea de que el Estado es un mal administrador. Si lo fuera, los privados no tendrían entonces mucho que temer en el nuevo mercado de las pensiones de capitalización individual. Por su parte, que un órgano público autónomo administre en exclusividad el 6% de un total de 16,5% de cotización obligatoria, parece muy razonable para construir un sistema mixto con al menos algunos grados de seguridad social, lo que solo puede asegurar un órgano estatal para producir redistribuciones junto a un recaudador y pagador único, para abaratar costos de administración.

A los escépticos de las capacidades públicas, cabe advertirles que ya existen desde inicios de los años 2000 los diversos fondos de reserva fiscales, incluyendo el Fondo Económico y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, los que permiten mantener el pago de las funciones sociales y de la pensión básica en períodos de vacas fiscales flacas. Su manejo y rentabilidad, con apoyo en entidades especializadas, han sido satisfactorios y no han sido objeto de controversia. La experiencia acumulada en la materia servirá de base para la política del "Inversor Público".

Por otro lado, en el trámite parlamentario tendrá sentido considerar:

a) Que la autoridad, si bien no está llamada a decidir sobre inversiones particulares del "Inversor Público", sí habrá de establecer los criterios de inversión en materia de sustentabilidad y respeto de reglas sociales, así como criterios de soberanía en casos específicos, de modo que no sean siete personas las que por su cuenta determinen buena parte de la inversión en el país sin considerar el interés nacional, el que solo puede estar representado por la autoridad democráticamente elegida.

b) Que los miembros del consejo del "Inversor Público" se rijan por reglas muy estrictas en materia de conflictos de intereses, con destitución por incumplimiento y prohibición de posterior empleo en el sector privado elegible.

c) Que se agreguen redistribuciones desde los grupos sociales de baja esperanza de vida a los de más alta longevidad (las diferencias son muy altas en beneficio de los grupos de altos ingresos y en detrimento de los de bajos ingresos) en las rentas vitalicias y desde las cohortes más afortunadas a las menos, según los rendimientos en el ciclo económico.

d) Que una compañía de seguros estatal sea una opción para administrar las rentas vitalicias y mantener una capacidad de vigilancia pública desde el sistema para contribuir a evitar todo riesgo de colapso financiero, junto a establecer regulaciones muy estrictas para los seguros privados que hoy las operan.

e) Que se agregue la opción de no pasar por compañías de seguros –este es un esquema que prácticamente no existe en ningún país del mundo para el pago de pensiones contributivas– sino que el “Instituto Previsional” fije y pague el monto de la pensión de acuerdo a la recaudación global promedio de cotizaciones, distribuida según los derechos adquiridos por los cotizantes a lo largo de la vida laboral y las compensaciones por hijo, por continuidad y por ingreso a las que se tenga derecho, como en el sistema sueco y el de otros países europeos.

¿Qué se puede pensar sobre el crecimiento del próximo año?

En La Mirada Semanal

Chile pasó de una fuerte recesión en 2020 (-6,1%) a un muy alto crecimiento en 2021 (11,7%) empujado por la demanda, especialmente por los retiros de ahorros previsionales que fueron a consumo y por la expansión fiscal. Y pasó a tener un desempeño incierto en 2022 (el empleo asalariado formal ya ha caído en -1,8% hasta julio y entre tanto la construcción entró en crisis) y el peor previsto para 2023 en América Latina.

Se trata del único país de la zona en el que se prevé una recesión de -1% del PIB por parte del FMI. La perspectiva comparada siempre es útil en la evaluación de las situaciones políticas y económicas de los países, aunque se debe utilizar con cuidado para no caer en simplificaciones y argumentos que justifiquen las propias posturas. Y es mejor si toma en cuenta perspectivas de más largo plazo.

El dinamismo productivo de Chile, medido por la tasa de crecimiento del PIB, fue superior al promedio mundial en las tres décadas posteriores a 1980. Se situó por debajo, en cambio, en 2010-19. En la globalización desde 1980, ha sido, además, siempre inferior al de Asia, pero con una cifra récord del doble del promedio del continente latinoamericano en la década de 1990 y siempre superior en las dos décadas siguientes, según los datos del FMI. En la década previa a la pandemia, Chile ya creció menos que Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, aunque se situó en el rango alto en el contexto latinoamericano, siempre por encima de México, Brasil y Argentina.

En la coyuntura, en cambio, Chile muestra el peor desempeño comparado por primera vez en las últimas cuatro décadas. Por mucho que se examine todas las hipótesis posibles, solo hay una que explica la diferencia con el resto del continente y con el mundo (que se proyecta crecerá en 2,7% en 2023): la política monetaria injustificadamente recesiva del Banco Central, que busca combatir equivocadamente la inflación importada, que impacta a todos los países pues su origen se centra en los mercados de combustibles y alimentos a nivel global. A esto se suma una política fiscal fuertemente contractiva en 2022 y no suficientemente expansiva en 2023. La explosión fiscal de 2021 (más de 30% de crecimiento, algo nunca visto), por las medidas de transferencias de ingresos en la pandemia, llevó a buscar un brusco ajuste en el gasto en 2022 que es completamente excesivo (-25%).

Este año, al parecer, se terminará con un equilibrio fiscal efectivo y un muy bajo déficit estructural, lo que es un sin sentido económico y social que no tiene justificación racional, mientras la recesión programada para 2023 deteriorará las cuentas fiscales. Menos justificación tiene el aumento desmedido de las tasas de interés, que busca retrotraer a la economía chilena a la situación previa a 2021.

De paso recalquemos que, en palabras de Bradford DeLong, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, “al nivel agregado de la economía en su conjunto, los efectos destructivos de las recesiones y desaceleraciones superan sustancialmente cualquier efecto constructivo o de ‘limpieza’. Cambiar a las personas de trabajos de baja productividad a la cero-productividad no hace nada del trabajo de encontrar la manera de llevar a las personas a empleos de alta productividad“. En materia de inflación, se debe evitar que el aumento general de precios se ancle en una espiral de reajustes sin fin de precios e ingresos nominales (como en Argentina), pero hay momentos en que una inflación de costos, como la actual, debe producir efectos de cambio estructural en los niveles de precios relativos, en este caso con la consecuencia de estimular la producción interna de alimentos y acelerar el cambio a energías renovables de producción doméstica, ayudando de paso fuertemente a la balanza comercial.

Procurar evitar ese proceso no tiene sentido y menos hacerlo deprimiendo al conjunto de la economía. La premisa a tener en cuenta es que perder ingresos reales es lamentable, pero mucho peor es perder todo ingreso por quedar desempleado y, para los que siguen con empleo, es malo perder capacidad de negociación del salario por el aumento general de la cesantía.

El resultado es que Chile será el único país de América Latina que sufrirá una recesión en 2023. Este es un escenario desconcertante si se considera que es programado. No se puede justificar por la necesaria lucha contra la inflación, que no se combate de manera simplista contrayendo alegremente la actividad y aumentando el desempleo, como supone el consejo ultra- ortodoxo del Banco Central.Y sobre todo es susceptible de ser corregido sin salirse de una política económica responsable, mediante:

a) más compensaciones para las familias de menos ingresos (mientras, la banca tiene indexados en UF sus ingresos y aumenta sus ganancias) y contenciones de precios de la energía para todos frente a la inflación importada, la que se transmite a la economía doméstica de manera inmediata por la fuerte conexión de muchas actividades con los mercados externos y por el canal energético que impacta al conjunto;

b) una baja de las tasas de interés que reduzca el enorme diferencial con el exterior y sostenga en especial la actividad de las pymes y

c) una política fiscal más expansiva centrada en la inversión para sostener el empleo y no deprimir el consumo de las familias.

Un aterrizaje suave respecto a la gran expansión del consumo del año pasado y contener parcialmente los efectos de la inflación importada es posible como alternativa a la política de choque recesivo en aplicación.

Proyecciones de crecimiento

Países	2022	2023
Argentina	4,0	2,0
Bolivia	3,8	3,2
Brasil	2,8	1,0
Chile	2,0	-1,0
Colombia	7,6	2,2
Ecuador	2,9	2,7
México	2,1	1,2
Panamá	7,5	4,0
Paraguay	0,2	4,3
Perú	2,7	2,6
Uruguay	5,3	3,6
Venezuela	6,0	6,5

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2022.

Crecimiento promedio anual del PIB

Países	1980-89	1990-99	2000-09	2010-19	2020	2021
Mundo	3,2	3,1	3,9	3,7	-3,0	6,0
Economías avanzadas (G7)	3,0	2,5	1,4	1,9	-4,8	5,1
Asia emergente y en desarrollo	6,7	7,2	8,1	7,0	-0,6	7,2
India	5,5	5,7	6,9	6,9	-6,6	8,7
China	9,7	10,0	10,3	7,7	2,2	8,1
América Latina y el Caribe	2,1	3,0	3,0	2,0	-7,0	6,9
México	2,4	3,6	1,5	2,7	-8,1	4,8
Panamá	1,2	6,1	5,6	6,2	-17,9	15,3
Argentina	-0,9	4,3	2,6	1,4	-9,9	10,4
Brasil	3,0	1,7	3,4	1,4	-3,9	4,6
Chile	3,6	6,1	4,2	3,3	-6,1	11,7
Uruguay	0,7	3,3	2,2	2,9	-6,1	4,4
Paraguay	3,9	3,1	2,4	4,3	-0,8	4,2
Bolivia	-0,2	4,0	3,7	4,6	-8,7	6,1
Colombia	3,4	2,9	3,9	3,7	-7,0	10,7
Ecuador	2,4	2,5	3,9	2,8	-7,8	4,2
Perú	0,6	3,2	5,0	4,5	-11,0	13,6
Venezuela	-0,4	2,5	4,0	-8,0	-30,0	0,5

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2022.