lunes, 14 de noviembre de 2022

El centro político y la izquierda gubernamental

 En El Mostrador

Muchas de las sociedades actuales están cada vez más polarizadas. Esto ocurre con intensidades y temas que varían caso a caso, pero hay algunas constantes que están presentes de manera recurrente. Es el caso de las crecientes desigualdades sociales que resultan de la concentración del poder económico en detrimento del trabajo, de los desafíos de la preservación del clima y de los ecosistemas y de los derechos de las mujeres y de las categorías históricamente discriminadas. Estamos lejos del “fin de la historia” con democracias liberales, más economías de mercado, como garantes de una suerte de armonía universal. La exacerbación de las luchas mundiales de hegemonía está ahí para demostrarlo.

Los conservadores en distintas partes no otorgan mayor importancia al tema de las crecientes desigualdades, pues suelen defender sociedades jerárquicas en las que prime el orden constituido y los intereses de los privilegiados tradicionales y los del capitalismo financiarizado actual (o de los que aspiran a llegar a ser parte de ellos, aunque se trate de un espejismo). Con frecuencia niegan la importancia de la amenaza climática y de la depredación ambiental y desconfían de la ciencia y del conocimiento moderno, mientras se oponen en nombre de las tradiciones a la plena libertad de las mujeres y de la diversidad sexual para decidir sobre sus vidas, así como a respetar y valorar la diversidad cultural y étnica, pues aún se comportan como ocupantes en nombre de algún supremacismo.

En la aproximación a estos temas no hay en la actualidad demasiados términos medios posibles, por lo que el centro político ha ido perdiendo significación. En la segunda parte del siglo XX existía, en el marco de la Guerra Fría, una base para defender posiciones que no fueran las del liberalismo extremo o la estatización completa de la economía. Una identidad de centro podía construirse a partir de alguna idea de democracia combinada con "economías sociales de mercado" y Estados redistributivos, como en Alemania, Gran Bretaña, Francia o Italia en la posguerra. En cambio, la gran concentración económica en las economías capitalistas desde los años 1980 y la cuasi desaparición de las economías centralizadas desde el fin de la URSS, han dejado de otorgar un espacio político a las ideas de centro, entendidas como alguna suerte de equidistancia entre los modelos de capitalismo salvaje y de centralización estatal.

El escenario es el de una globalización capitalista que produce ganadores y perdedores entre sociedades y en el interior de cada una de ellas, en relación con cuyos intereses y condiciones concretas de vida y sus posibles evoluciones las fuerzas políticas deben posicionarse. A su vez, la secularización de las sociedades ha dejado de otorgar un soporte religioso institucionalizado al centrismo propio de la Guerra Fría. Las luchas políticas en Occidente y sus extensiones y periferias se constituyen y reproducen alrededor de los temas y los intereses mencionados.

En el caso de Chile, el centro político ha perdido influencia ideológica, política y electoral y se ha fragmentado a un ritmo vertiginoso en el último tiempo. En la reciente elección de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el gran partido contemporáneo de centro, la Democracia Cristiana, que representa hoy menos del 10% del electorado, se dividió entre los que definitivamente se alinean con la derecha –como ya lo hicieron “cruzando el Rubicón” en el plebiscito del 4 de septiembre– y los que prefieren alguna asociación con el actual Gobierno de dos coaliciones de izquierda. Un proyecto híbrido de centro (el Partido de la Gente), asociado al desparpajo de un líder que vive en Estados Unidos para escapar de la ley en materia de pensiones de alimentos, también vivió una división.

Esto no quiere decir que no haya ya personas que aprecien la moderación, la distancia de posiciones polares y la búsqueda de estabilidad y acuerdos, pero esos atributos ya no son suficientes para construir fuerzas políticas estables. Estas tienen inevitablemente que posicionarse frente a las desigualdades, las depredaciones y las discriminaciones, cuyas características contemporáneas no admiten ya demasiados acomodos equidistantes. Lo que parece explicar, al menos en parte, que las fuerzas tradicionales de centro finalmente terminen por decantarse por alguno de los dos grandes actores de las polarizaciones actuales. Y que tengan dificultades para permanecer unidas con posiciones e intereses provenientes de universos demasiado disímiles en su seno.

La derecha y la extrema derecha han seducido a parte del electorado de centro con los temas de la seguridad, el orden y el rechazo a la política y a las elites progresistas, las que serían tolerantes con la delincuencia, la inmigración ilegal y la violencia rural, y responsables de la inflación, el desempleo o de cualquier problema social, a punta de mentiras y tergiversaciones, como se observó en el proceso de la Convención. Ostentan una capacidad de exacerbar pasiones colectivas negativas y de movilizar –con amplio predominio mediático– electorados en función de miedos, los que por lo demás provoca estructuralmente el propio capitalismo desregulado al ampliar la exclusión social y la precariedad económica de la mayoría.

El ejemplo de personajes como Trump o Bolsonaro (que volvió a ser apoyado por Kast, dicho sea de paso) alimenta la idea de que el radicalismo de derecha puede tener éxito electoral. Pero estos esquemas ya van mostrando menos aptitud para llegar a ser mayoría, como se observó en Estados Unidos hace dos años y en las recientes elecciones de medio mandato, así como en Chile en la elección presidencial y este año en el nuevo triunfo de Lula en Brasil. El contraejemplo reciente de Italia está basado en una cierta moderación de la extrema derecha y una descomposición del progresismo político.

La tarea para la izquierda gubernamental en Chile es tener la capacidad de acoger las subjetividades de centro con un estilo y método de diálogo y de construcción de coaliciones que respeten la diversidad y la amplitud. Un verbalismo autocentrado que no acepta la diferencia y que exacerba los temores que produce estructuralmente la sociedad de mercado, junto a las incertidumbres asociadas a toda promesa de cambio que altere lo existente, es lo que pavimenta el camino para las derechas polarizantes. Ese verbalismo llevó, junto a una gestión de gobierno sin capacidad de respuesta suficiente en materias económicas y sociales –lo que decepcionó a muchos de sus partidarios en el mundo popular y produjo un voto de castigo– a la derrota de la propuesta de nueva Constitución en septiembre pasado, inevitablemente asociada al Gobierno.

Un estilo respetuoso de las distintas ideas y creencias ajenas y que convoque con un sentido de amplitud sin despegarse de la subjetividad de las mayorías, parece ser la clave política del futuro para las fuerzas gubernamentales. Pero esto no debe incluir morigerar las posturas de fondo sobre los temas y las políticas necesarias de ser llevadas a la práctica en materia de derechos sociales, ambiente y derechos de las mujeres y de las categorías sociales discriminadas, y los respectivos cambios institucionales necesarios.

Morigerar las posturas propias en nombre de una aproximación al centro y al realismo lleva, a la postre, a desnaturalizar la propia identidad y a aceptar los temas y el marco conceptual y político de los partidarios de la preservación del orden existente. El resultado termina siendo confundir y desmovilizar a la propia base de apoyo que se ha convocado a otra cosa. Parte de ella termina prefiriendo sumarse a los que defienden esos temas con más autenticidad, o se repliegan en la abstención y la desesperanza. Ejemplos al canto: la firmeza de la lucha contra la delincuencia no debe dejar de lado la firmeza de la lucha contra sus causas, como la ausencia de oportunidades de empleo digno para grandes franjas de jóvenes y la cultura del éxito material individualista con mínimo esfuerzo que el sistema educativo no revierte. La firmeza de la lucha contra la insurgencia de grupos étnicos ultranacionalistas a la deriva no debe dejar de plantear una propuesta de reparación histórica del expolio de los pueblos originarios y de reconocimiento de sus derechos colectivos, sin lo cual no habrá “comisiones de paz” que logren algún resultado. La preservación de la estabilidad económica, a su vez, no debe confundirse con concesiones periódicas al gran empresariado en materia tributaria, de regalías de acceso a los recursos naturales y de legislación laboral, de salud, previsional y de vivienda y ambiente. Y así sucesivamente.

Convocar al cambio seguro, sin verbalismos ni retóricas autocentradas, pero desde identidades y posiciones consistentes y cuyo mérito sea defendido, con batallas que se ganan y otras que se pierden pero que no dejan de darse, sembrando para el futuro aunque sea en un contexto institucional adverso, parece ser el enfoque adecuado para impedir los avances de la extrema derecha. Y para seguir convocando a una transformación de la sociedad chilena que permita el desplazamiento del predominio de los intereses oligárquicos y de sus soportes institucionales, que es la gran tarea histórica abierta con la rebelión social de 2019.

jueves, 10 de noviembre de 2022

Lo que se puede esperar de la reforma de pensiones


La derecha ha iniciado una línea dura de rechazo a la reforma de pensiones propuesta por el gobierno, incluso retrocediendo respecto a los acuerdos establecidos en la pasada legislatura patrocinados por las anteriores autoridades.

Esta línea dura está bien expresada por el senador Coloma, quien ha sostenido que “la discusión ha cambiado, el 62% dijo que los fondos fueran a cuentas individuales, heredables y de su propiedad“, lo que repiten unos y otros portavoces de la derecha.

Primero, es absurdo plantear que el rechazo en general al proyecto constitucional de la Convención es el rechazo a cada una de sus partes, y de paso a la constitución vigente. Con ese argumento se podría sostener que “el 62% dijo que no quería que Chile fuera una democracia “, lo que francamente no tiene sentido.

Segundo, todo sistema de pensiones contributivo está basado en una cotización obligatoria. Ésta nunca queda íntegra en las cuentas individuales (dicho sea de paso, por construcción no existe sistema de pensiones sin cuentas individuales, ya sea que esté basado en beneficios definidos o solo en aportes definidos en sistemas de reparto o de capitalización). En efecto, una parte -que puede ser muy importante como en el caso de Chile- queda fuera de toda cuenta individual y deja de ser de propiedad del aportante para cubrir los costos de administración y las utilidades en caso de sistemas privados con fines de lucro. Todo lo demás perteneciendo constante, una disminución de las comisiones aumenta los montos en las cuentas individuales. Esto nunca se menciona por los defensores de la propiedad privada de todo, especialmente de las utilidades.

Si se descuenta una parte del aporte para dar lugar a la utilidad privada de la AFP, ¿no tiene acaso sentido sustituir esa parte de las cotizaciones de los hombres de más altos ingresos para entregarlas no a las AFP sino a las mujeres que tienen menos derechos acumulados y más esperanza de vida o a las personas de salarios muy bajos y lagunas muy altas? ¿No sería esa una transferencia más justa que la actual? ¿O la única transferencia defendible es la del aportante a las ganancias empresariales?

La reforma innova al establecer un único recaudador público para abaratar costos y bajar comisiones. Los futuros “Inversores privados” solo orientarán los fondos en los mercados de capitales para el 10% obligatorio de capitalización individual (que subiría a 10,5%), pero con mucha más competencia. Para permitir una mayor estabilidad y una redistribución básica, se crea un fondo de capitalización colectiva con el nuevo 6% de cotización del empleador acordado por la legislatura anterior, en el que los aportes y su rentabilidad se inscriben como derechos previsionales futuros. La reforma del actual gobierno establece que un 70% irá a la cuenta de cada cual según el aporte individual y un 30% se contabilizará en la cartola individual de acuerdo al aporte promedio de los cotizantes. Esto permitirá que los salarios más altos contribuyan con una cifra modesta a los salarios más bajos, para los cuales el aporte es significativo, junto a financiar el uso de una sola tabla de longevidad para hombres y mujeres, lo que las beneficia sustancialmente, así como un aporte mensual a la continuidad de las cotizaciones hasta un tope de 30 años. Estos son los elementos bastante moderados de introducción de mecanismos redistributivos de seguridad social, que permitirían, junto al aumento de la tasa de cotización, aumentar las pensiones del sistema contributivo para las pensiones más modestas, concentradas en las mujeres.

La derecha sostiene que es mejor que esta redistribución vaya por el lado fiscal en la pensión garantizada universal. Esto tiene el inconveniente de desestimular la formalización de los grupos de bajos ingresos, que no tendrían ningún incentivo mayor para cotizar pues suelen privilegiar los ingresos líquidos de corto plazo. Pero, sobre todo, el sistema tributario, por el peso del IVA y los impuestos al consumo, es globalmente regresivo: el aporte solidario sería financiado proporcionalmente más por los sectores medios y bajos. Y además ocurre que la derecha se niega a aprobar la reforma tributaria actualmente propuesta (con un aumento de 3,6% del PIB en la carga tributaria en régimen) que aumentaría la progresividad de los impuestos. Financiar el 6% de cotización patronal previsto por la reforma previsional a través de impuestos supondría un 2% del PIB adicional en el tamaño de la reforma tributaria en debate, a lo que también la derecha se opone. Entonces, nada de solidaridad ni por angas ni por mangas.

Tercero, las cotizaciones para financiar las pensiones son para eso, para financiar pensiones. Verdad de perogrullo. En caso de fallecimiento del beneficiario, todos los sistemas establecen beneficiarios secundarios para las personas viudas y otros dependientes, como también lo hace la reforma propuesta. El sistema de retiro programado crea la ilusión de una herencia, que por lo demás disminuye año a año a medida que se van agotando los fondos. A la mayoría al fallecer no le queda nada para heredar (este es el caso de solo poco más de 10% del total). Los bienes y ahorros se heredan, las pensiones no se heredan, pero pueden dar lugar a beneficiarios. La reforma en todo caso incluye en la renta vitalicia -se eliminará el retiro programado pues es contrario a toda idea de seguridad social- la posibilidad de separar una parte de lo acumulado para constituir una herencia, pero disminuyendo lógicamente la pensión, lo que queda a discreción de cada cual.

En los próximos meses habrá que acostumbrarse a tergiversaciones variadas orientadas a rechazar la reforma, mantener a las AFP y agregarles un 6% adicional de cotización. Sus utilidades extraordinarias respecto a cualquier actividad económica normal -salvo la extracción de recursos naturales sin pagar las regalías correspondientes- se originan en una función meramente parasitaria y altamente costosa para la sociedad. Esto es con lo que la reforma propuesta se propone terminar después de un fracaso demostrado de 40 años.

martes, 8 de noviembre de 2022

Reforma de pensiones: ¿la tercera es la vencida?

En El Mostrador

El Gobierno presentó su reforma de pensiones, que toma en cuenta en parte los consensos previos, hereda las controversias no resueltas y al mismo tiempo innova para procurar avanzar en su resolución.

El nuevo sistema quedará con un "primer piso" a partir de la ley aprobada en enero, que permite que el 90% de las personas mayores de 65 años hoy –el 100% mañana si se aprueba la reforma–, tenga una pensión garantizada universal llueve o truene, financiada por los impuestos (dicho sea de paso, se trata de un esquema “de reparto", es decir, de recaudación obligatoria y pago inmediato a quien tiene un derecho previsional constituido, que paradójicamente ahora todos defienden). Su monto dependerá de aquel de los impuestos que puedan destinarse a este fin. No faltarán los que quieran subirlo, pero sin subir los impuestos: la mala noticia es que no cuadra. Este Gobierno la llevará al menos a 250 mil pesos. Un mayor aporte tributario de los más pudientes podría mejorar ese piso universal.

A eso se agrega que, para bajar las comisiones en el "segundo piso" de capitalización individual (1,2% en promedio hoy sobre el 10% obligatorio), se reemplazarían las AFP por "Inversores de Pensiones". La recolección de los fondos la haría ahora el "Instituto Previsional Autónomo" (hoy Instituto de Previsión Social) para aprovechar las economías de escala, usando las tecnologías de la información pertinentes. Ese menor costo administrativo permitiría llevar a 10,5% la cotización obligatoria para el trabajador, aumentando el sueldo líquido en 0,7%. Además, se cobrarían comisiones de administración de la inversión por el valor del fondo y no un porcentaje del aporte mensual, para responsabilizar a los inversores privados con el monto acumulado. Existirían categorías de riesgo según edad, a las que los afiliados serían asignados. El tope de sueldo imponible sería de unos 4,2 millones, el mismo existente en el Seguro de Cesantía.

En un "tercer piso", se propone que el 6% adicional de aporte del empleador (1% por año en lo sucesivo hasta llegar a 6%), ya acordado por el anterior Parlamento –pero no aprobado–, sea administrado por un nuevo "Inversor de Pensiones Público y Autónomo", de carácter profesional, con un consejo de 7 personas. El 70% del aporte del empleador quedaría registrado por su valor efectivo y el 30% restante por el valor promedio del sueldo de todos los cotizantes, para permitir un aumento de las pensiones más bajas con un moderado aporte de los sueldos más altos. Existiría, además, una Garantía de Pensión, equivalente a 0,1 UF por año cotizado, con un máximo de 30 años (unos 104 mil pesos).

También el "Inversor Público" podría recibir los aportes de los cotizantes que voluntariamente quieran confiarles su 10,5%, en vez de hacerlo a los inversores privados, aumentando la competencia en el segundo piso de capitalización individual.

La pensión contributiva se calcularía en función de lo acumulado individualmente a lo largo de los años y de la esperanza de vida, sin distinción de sexo. Esto mejoraría sustancialmente la pensión de las mujeres. Existiría solo una renta vitalicia, en UF, pues ya no habrá retiro programado, que deja en niveles muy bajos las pensiones en la edad más avanzada, que es cuando más protección se requiere. El que quiera podría separar un monto de lo ahorrado que se sustraiga de la pensión para heredarlo a quien desee.

Un "cuarto piso" de ahorro voluntario completa el sistema, es decir, el actual esquema de APV, más el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, a pactar a nivel de empresas, que otorga incentivos tributarios a esos ahorros para complementar las pensiones contributivas con un esfuerzo adicional.

Este es el esquema básico de lo que el Gobierno ha diseñado. Ha entregado una simulación para un trabajador que gana 400 mil pesos hoy (el ingreso mediano mensual de los ocupados fue de 458 mil pesos en 2021, según el INE). Suponiendo un 50% de lagunas de cotizaciones, la pensión pasaría de 269 mil pesos a 392 mil pesos, un incremento de 46%. Esto sería producto del aumento de la pensión garantizada de 194 a 250 mil pesos, más 68 mil pesos por redistribución desde los salarios más altos. El mismo caso de una mujer llevaría la pensión de 258 a 393 mil pesos, un aumento de 52%, por los mismos incrementos, más unos 11 mil pesos adicionales por el cambio a la Tabla Única de Mortalidad. Las tasas de reemplazo del salario previo serían para esas remuneraciones cercanas a 100%, y para salarios mayores del orden de 60%, aunque estos suelen tener menos lagunas.

Es de esperar que la tercera iniciativa para legislar una reforma del sistema de AFP (luego del proyecto del final de Bachelet II y el de inicios de Piñera II) sea la vencida.

Habrá que poner especial atención al comportamiento de los parlamentarios que han sido miembros de directorios de AFP (los hay, como la senadora Rincón) y/o que defienden sus intereses. Intentarán mantener a estas entidades a toda costa (obtienen altas utilidades sin función social alguna, lo que defenderán con dientes y muelas). Y evitar la creación del órgano público encargado de la capitalización colectiva y que competiría con las entidades privadas en la capitalización individual.

Veremos en los próximos meses las contorsiones de la derecha contrarias a su propio paradigma de la competencia en los mercados y veremos una vez más que, cuando priman los intereses privados, los paradigmas suelen dejarse de lado. La argumentación, ya en uso, privilegiará la idea de que el Estado es un mal administrador. Si lo fuera, los privados no tendrían entonces mucho que temer en el nuevo mercado de las pensiones de capitalización individual. Por su parte, que un órgano público autónomo administre en exclusividad el 6% de un total de 16,5% de cotización obligatoria, parece muy razonable para construir un sistema mixto con al menos algunos grados de seguridad social, lo que solo puede asegurar un órgano estatal para producir redistribuciones junto a un recaudador y pagador único, para abaratar costos de administración.

A los escépticos de las capacidades públicas, cabe advertirles que ya existen desde inicios de los años 2000 los diversos fondos de reserva fiscales, incluyendo el Fondo Económico y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, los que permiten mantener el pago de las funciones sociales y de la pensión básica en períodos de vacas fiscales flacas. Su manejo y rentabilidad, con apoyo en entidades especializadas, han sido satisfactorios y no han sido objeto de controversia. La experiencia acumulada en la materia servirá de base para la política del "Inversor Público".

Por otro lado, en el trámite parlamentario tendrá sentido considerar:

a) Que la autoridad, si bien no está llamada a decidir sobre inversiones particulares del "Inversor Público", sí habrá de establecer los criterios de inversión en materia de sustentabilidad y respeto de reglas sociales, así como criterios de soberanía en casos específicos, de modo que no sean siete personas las que por su cuenta determinen buena parte de la inversión en el país sin considerar el interés nacional, el que solo puede estar representado por la autoridad democráticamente elegida.

b) Que los miembros del consejo del "Inversor Público" se rijan por reglas muy estrictas en materia de conflictos de intereses, con destitución por incumplimiento y prohibición de posterior empleo en el sector privado elegible.

c) Que se agreguen redistribuciones desde los grupos sociales de baja esperanza de vida a los de más alta longevidad (las diferencias son muy altas en beneficio de los grupos de altos ingresos y en detrimento de los de bajos ingresos) en las rentas vitalicias y desde las cohortes más afortunadas a las menos, según los rendimientos en el ciclo económico.

d) Que una compañía de seguros estatal sea una opción para administrar las rentas vitalicias y mantener una capacidad de vigilancia pública desde el sistema para contribuir a evitar todo riesgo de colapso financiero, junto a establecer regulaciones muy estrictas para los seguros privados que hoy las operan.

e) Que se agregue la opción de no pasar por compañías de seguros –este es un esquema que prácticamente no existe en ningún país del mundo para el pago de pensiones contributivas– sino que el “Instituto Previsional” fije y pague el monto de la pensión de acuerdo a la recaudación global promedio de cotizaciones, distribuida según los derechos adquiridos por los cotizantes a lo largo de la vida laboral y las compensaciones por hijo, por continuidad y por ingreso a las que se tenga derecho, como en el sistema sueco y el de otros países europeos.

jueves, 3 de noviembre de 2022

¿Qué se puede pensar sobre el crecimiento del próximo año?


Chile pasó de una fuerte recesión en 2020 (-6,1%) a un muy alto crecimiento en 2021 (11,7%) empujado por la demanda, especialmente por los retiros de ahorros previsionales que fueron a consumo y por la expansión fiscal. Y pasó a tener un desempeño incierto en 2022 (el empleo asalariado formal ya ha caído en -1,8% hasta julio y entre tanto la construcción entró en crisis) y el peor previsto para 2023 en América Latina.

Se trata del único país de la zona en el que se prevé una recesión de -1% del PIB por parte del FMI. La perspectiva comparada siempre es útil en la evaluación de las situaciones políticas y económicas de los países, aunque se debe utilizar con cuidado para no caer en simplificaciones y argumentos que justifiquen las propias posturas. Y es mejor si toma en cuenta perspectivas de más largo plazo.

El dinamismo productivo de Chile, medido por la tasa de crecimiento del PIB, fue superior al promedio mundial en las tres décadas posteriores a 1980. Se situó por debajo, en cambio, en 2010-19. En la globalización desde 1980, ha sido, además, siempre inferior al de Asia, pero con una cifra récord del doble del promedio del continente latinoamericano en la década de 1990 y siempre superior en las dos décadas siguientes, según los datos del FMI. En la década previa a la pandemia, Chile ya creció menos que Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, aunque se situó en el rango alto en el contexto latinoamericano, siempre por encima de México, Brasil y Argentina.

En la coyuntura, en cambio, Chile muestra el peor desempeño comparado por primera vez en las últimas cuatro décadas. Por mucho que se examine todas las hipótesis posibles, solo hay una que explica la diferencia con el resto del continente y con el mundo (que se proyecta crecerá en 2,7% en 2023): la política monetaria injustificadamente recesiva del Banco Central, que busca combatir equivocadamente la inflación importada, que impacta a todos los países pues su origen se centra en los mercados de combustibles y alimentos a nivel global. A esto se suma una política fiscal fuertemente contractiva en 2022 y no suficientemente expansiva en 2023. La explosión fiscal de 2021 (más de 30% de crecimiento, algo nunca visto), por las medidas de transferencias de ingresos en la pandemia, llevó a buscar un brusco ajuste en el gasto en 2022 que es completamente excesivo (-25%).

Este año, al parecer, se terminará con un equilibrio fiscal efectivo y un muy bajo déficit estructural, lo que es un sin sentido económico y social que no tiene justificación racional, mientras la recesión programada para 2023 deteriorará las cuentas fiscales. Menos justificación tiene el aumento desmedido de las tasas de interés, que busca retrotraer a la economía chilena a la situación previa a 2021.

De paso recalquemos que, en palabras de Bradford DeLong, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, “al nivel agregado de la economía en su conjunto, los efectos destructivos de las recesiones y desaceleraciones superan sustancialmente cualquier efecto constructivo o de ‘limpieza’. Cambiar a las personas de trabajos de baja productividad a la cero-productividad no hace nada del trabajo de encontrar la manera de llevar a las personas a empleos de alta productividad“. En materia de inflación, se debe evitar que el aumento general de precios se ancle en una espiral de reajustes sin fin de precios e ingresos nominales (como en Argentina), pero hay momentos en que una inflación de costos, como la actual, debe producir efectos de cambio estructural en los niveles de precios relativos, en este caso con la consecuencia de estimular la producción interna de alimentos y acelerar el cambio a energías renovables de producción doméstica, ayudando de paso fuertemente a la balanza comercial.

Procurar evitar ese proceso no tiene sentido y menos hacerlo deprimiendo al conjunto de la economía. La premisa a tener en cuenta es que perder ingresos reales es lamentable, pero mucho peor es perder todo ingreso por quedar desempleado y, para los que siguen con empleo, es malo perder capacidad de negociación del salario por el aumento general de la cesantía.

El resultado es que Chile será el único país de América Latina que sufrirá una recesión en 2023. Este es un escenario desconcertante si se considera que es programado. No se puede justificar por la necesaria lucha contra la inflación, que no se combate de manera simplista contrayendo alegremente la actividad y aumentando el desempleo, como supone el consejo ultra- ortodoxo del Banco Central.Y sobre todo es susceptible de ser corregido sin salirse de una política económica responsable, mediante:

a) más compensaciones para las familias de menos ingresos (mientras, la banca tiene indexados en UF sus ingresos y aumenta sus ganancias) y contenciones de precios de la energía para todos frente a la inflación importada, la que se transmite a la economía doméstica de manera inmediata por la fuerte conexión de muchas actividades con los mercados externos y por el canal energético que impacta al conjunto;

b) una baja de las tasas de interés que reduzca el enorme diferencial con el exterior y sostenga en especial la actividad de las pymes y

c) una política fiscal más expansiva centrada en la inversión para sostener el empleo y no deprimir el consumo de las familias.

Un aterrizaje suave respecto a la gran expansión del consumo del año pasado y contener parcialmente los efectos de la inflación importada es posible como alternativa a la política de choque recesivo en aplicación.


Proyecciones de crecimiento

Países20222023
Argentina4,02,0
Bolivia3,83,2
Brasil2,81,0
Chile2,0-1,0
Colombia7,62,2
Ecuador2,92,7
México2,11,2
Panamá7,54,0
Paraguay0,24,3
Perú2,72,6
Uruguay5,33,6
Venezuela6,06,5

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2022.




Crecimiento promedio anual del PIB

Países1980-891990-992000-092010-1920202021
Mundo3,23,13,93,7-3,06,0
Economías avanzadas (G7)3,02,51,41,9-4,85,1
Asia emergente y en desarrollo6,77,28,17,0-0,67,2
India5,55,76,96,9-6,68,7
China9,710,010,37,72,28,1
América Latina y el Caribe2,13,03,02,0-7,06,9
México2,43,61,52,7-8,14,8
Panamá1,26,15,66,2-17,915,3
Argentina-0,94,32,61,4-9,910,4
Brasil3,01,73,41,4-3,94,6
Chile3,66,14,23,3-6,111,7
Uruguay0,73,32,22,9-6,14,4
Paraguay3,93,12,44,3-0,84,2
Bolivia-0,24,03,74,6-8,76,1
Colombia3,42,93,93,7-7,010,7
Ecuador2,42,53,92,8-7,84,2
Perú0,63,25,04,5-11,013,6
Venezuela-0,42,54,0-8,0-30,00,5

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2022.



miércoles, 2 de noviembre de 2022

¿Habrá una regalía minera a la altura del desafío?

En El Mostrador

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, se pronunció raudamente frente a las nuevas indicaciones del Gobierno en el proyecto de ley en trámite en materia de regalía minera (la palabra en castellano "regalía" en vez de "royalty" está perfecta, dicho sea de paso).

Estas indicaciones mantienen el objetivo de recaudar por este concepto un 0,6% del PIB. No obstante, reducen a 1% la regalía por el valor de las ventas mineras, ahora sobre 50 mil toneladas, dándole más importancia al cobro sobre el margen operacional (la rentabilidad antes de impuestos) de la gran minería que ya existe desde 2003. En el caso en que el margen operacional sea negativo, no procedería el pago, mientras se propone modificar la escala de tasas, las que fluctuarían entre un 8% y un 26%. Esto tiene sentido analítico para tomar en cuenta las diferencias de costos de producción por unidad de metal puro por las variaciones de calidad del mineral en cada yacimiento, pero en la práctica es información interna de las empresas que es más difícil de fiscalizar. El volumen y el valor de la venta, en cambio, son más simples de dimensionar y cobrar, como lo es el IVA en comparación con el impuesto a la renta.

Riesco señaló, entonces, que "pese a que la iniciativa mostró ciertos avances, faltó atender a las objeciones del sector”. El uso del lenguaje sigue siendo bastante impresionante: estos empresarios parecen pensar que tienen una especie de derecho divino para que el Gobierno se someta a sus intereses, los que deben ser "atendidos", en vez de defender los del conjunto de la sociedad. En fin, nada nuevo bajo el sol, incluso frente a una clara concesión del Gobierno. Como siempre, la actitud del gran empresariado es no conceder nada de nada, como si el país en que se desenvuelve y sus problemas no existieran.

Recordemos, por lo demás, los ingentes recursos que gasta la gran industria minera en publicidad, financiando (y condicionando) de manera importante a los medios de comunicación, alabando su propia actividad como un gran aporte, como si no tuviera una rentabilidad extraordinaria basada en un recurso natural que obtienen a bajo precio. Como no existen compradores minoristas o de detalle por la naturaleza del producto a los que se dirija la publicidad, esta es bastante curiosa. En realidad, está destinada a convencer a la ciudadanía de que el Estado no cobre en su nombre lo que le pertenece para ser gastado en inversiones de interés general. La reciente indicación del Gobierno define, en este sentido, una estructura de distribución acorde con la reforma constitucional de 1991, que permite asignar ingresos públicos hacia la inversión regional, creando un fondo regional de innovación. Se asegura, así, que la regalía se destine a mejorar el desarrollo de los territorios.

Continúa Riesco: “Es innegable que a esta propuesta le falta si quiere quedar en un nivel comparable con otros países para atracción de inversiones en términos de carga tributaria total”. Según aseguró, la indicación “nos va a dejar desgraciadamente fuera de competencia por inversiones para nuestra industria minera, que necesitamos se siga desarrollando”.

Este reclamo no se atiene a los hechos. Desde luego, vale la pena reiterarlo, no se aplica a la pequeña y mediana minería. En el caso de la gran minería, la rentabilidad también está dada por la diferencia entre precio de venta y costos. Y como en Chile los costos en este segmento, con pocas excepciones, son "desgraciadamente" más bajos que en el resto del mundo por las características del mineral y del acceso a él y su transporte a puertos, junto a grandes economías de escala, corresponde una regalía más alta. El recurso natural, que pertenece a la nación, es en promedio de extracción más rentable que en otras partes y la inversión realizada se recupera antes y eso es lo que la regalía debe cubrir, sin afectar la competitividad. Lo que se afecta son las ganancias injustificadas, que no provienen de ningún esfuerzo empresarial sino de la escasez de un recurso no renovable.

El sentido conceptual de la regalía es el pago por el derecho de acceso a un recurso que tiene un determinado valor que debe ser retribuido a su dueño. Es como si las mineras se negaran a pagar el agua o la electricidad que utilizan a su valor, como lo hace cada hogar o faena productiva. Ese valor, dado que se trata de un recurso no renovable que no pertenece a las empresas mineras, proviene de la diferencia entre el precio de venta y los costos de extracción, elaboración y transporte en un período dado, más una utilidad normal, que es lo que se presta a mayores discusiones. En todo caso, una utilidad de largo plazo de más de 15% es evidentemente una anomalía injustificada.

El recurso mineral tiene, entonces, un valor determinado y no hay razón alguna para que no deba pagarse íntegramente a su dueño. Lo que no debe hacerse es regalar o entregar de manera subvalorada a un pequeño grupo de empresas transnacionales, y alguna nacional, un recurso que pertenece a la nación, de acuerdo al análisis económico y a la normativa constitucional vigente desde la nacionalización de 1971. El que aún no se cobre como corresponde es lo que explica que, con 2/3 de la producción, la minería privada solo haya pagado la mitad del impuesto minero (la otra mitad la aporta la minería estatal) en 2021. Eso es lo que los poderes colegisladores están llamados a corregir.

jueves, 27 de octubre de 2022

La violencia en el sur y sus actores

 En La Mirada Semanal

Se va perfilando en sus raíces parte del tema de la violencia en el sur. Esta semana se detuvo a empresarios que participan de una amplia red de robo de madera y su lucrativa comercialización ilegal, con pactos con grupos insurgentes que proveen materia prima desde ocupaciones y “protección”, por lo que cobran para financiar su actividad. Y se dio de baja a dos Carabineros que participaban encapuchados en el robo de camionetas a empresas forestales.

Estas alianzas de contornos mafiosos son uno de los factores que han ido haciendo endémica la violencia en el sur y que sostiene a parte de la insurgencia, pues crea en ella la ilusión de la viabilidad material de la estrategia de “control territorial”, es decir de logro de una suerte de autonomía mapuche de hecho en zonas del país, atacando intereses forestales y destruyendo infraestructuras y actividades de transporte y turismo y sosteniendo supuestamente una economía autocentrada.

Esta es una ilusión, pues aunque logre provocar daños a empresas de diversos tamaños y a sus trabajadores, no lo logra respecto a la actividad empresarial forestal, pues la destrucción es menor frente a su magnitud global, y sobre todo supondría, para sostenerse, una derrota militar del Estado. Un mínimo análisis de la materialidad de las fuerzas en presencia indica que esa estrategia no tiene sentido, salvo una alianza de gran alcance con los agentes del robo de madera y otros tráficos ilegales, como hizo sin éxito la guerrilla con el narcotráfico en Colombia, y de ese modo financiar la masiva internación de armas y/o alianzas con algún Estado dispuesto a entrar en conflicto con el Estado chileno, lo que no se avizora en el horizonte.

Pero, sobre todo, esta estrategia hace retroceder la disposición de la sociedad chilena, como se vio en septiembre pasado, para dar lugar a la autonomía indígena en algunas de las zonas históricas mapuche entre el Bíobío y el Toltén y de otros pueblos en otros lugares, como ya ha ocurrido, pero en una menor escala, en el norte y otras partes con la gestión autónoma de algunos territorios y recursos. Los estrategas insurgentes debieran considerar que el “control territorial” no puede sustituir un pacto con el Estado chileno, única vía para lograr parte de los grados de autonomía que demandan, pero con respeto de los derechos fundamentales que, por su parte, demanda la democracia chilena en todos los territorios. Ésta no podría aceptar una autonomía sin libertades, separación de poderes, elecciones de representantes, paridad de género y respeto de los derechos humanos en nombre de la especificidad cultural y étnica. La autonomía territorial, a su vez, solo es viable económicamente con una colaboración intensa con los diversos órganos del Estado y con un replanteamiento de la actividad forestal empresarial.

Ahora bien, si la utopía de los grupos insurgentes implicara (según un dirigente de la CAM “nuestra lucha por la independencia, por la autodeterminación es tomar el planteamiento histórico de nuestro pueblo para mantenerse y seguir siendo pueblo” en https://www.mapuche.nl/espanol/resumenlatino0204.htm), reconstruir e independizar una nación atávica exclusivamente mapuche e indígena, entonces esto supondría expulsar de parte del territorio actual de la nación chilena a los habitantes de otras proveniencias que las originarias (que también vinieron históricamente de otros continentes, dicho sea de paso) y a la inmensa mayoría de población mestiza. ¿Hacia dónde iría la población expulsada? ¿O bien sería sometida sin derechos? Se trataría en ese caso de una utopía que terminaría no ya en la emancipación de un pueblo oprimido, sino en un hipotético orden indígena de tipo autoritario en un territorio “étnicamente puro” y en un desencuentro político, social y humano profundo entre los pueblos que habitan el territorio chileno. Sería una lucha de intolerancia racial, del tipo de las que en la historia humana han demostrado ser las más sangrientas, enconadas y recurrentes, por mucho que sea altamente condenable la violencia del despojo colonial y luego oligárquico de las tierras mapuches y su brutal sometimiento, así como el de otros pueblos y naciones.

En efecto, la memoria histórica debe recoger las nefastas consecuencias del afán de lucro y la codicia que motivó la apropiación ilegítima de territorios y riquezas indígenas, como ha vuelto a documentar recientemente Martín Correa en su libro La historia del despojo. Con el resultado de la creación de un espacio de pobreza y exclusión en la actual Araucanía que convive con espacios en los que existen niveles de ingreso del primer mundo. Se trata de un innegable despojo que llevó a la desigualdad estructural hasta nuestros días.

Salir de una perspectiva de violencia en la dialéctica despojo/desigualdad/resistencia/represión que eventualmente se reproduzca por generaciones, supone que la democracia chilena actúe con decisión. En el corto plazo, debe hacerlo frontalmente contra el robo empresarial mafioso de madera y los otros tráficos con que se financia la insurgencia y tampoco aceptar sus destrucciones y violencias contra bienes y personas, pero con las exclusivas armas legítimas del Estado de derecho. Y también ofrecerle, aunque por el momento no la considere, una deliberación leal sobre su causa histórica y sus vías de salida. El Estado chileno debe empezar por reconocer el nulo avance en el reconocimiento de los derechos colectivos y autonómicos de los pueblos originarios, bloqueado de manera obtusa e irresponsable desde 1990 por la derecha, e iniciar el debate en serio de un pacto que deje atrás la república oligárquica y su incapacidad de reconocer la diversidad de orígenes de la nación chilena. Antes que sea demasiado tarde.

Recordemos que esto no es inédito, pues en parte terminó haciéndolo la colonización española en los dos siglos que siguieron a la férrea resistencia inicial mapuche a la invasión española (heredera de la resistencia a la invasión incaica décadas antes, contenida en la batalla del río Maule), a partir del primer “parlamento” de Quilín de 1641 y otros doce adicionales hasta 1814, que reconocieron en el río Bíobío una frontera nacional. También lo hizo en el de Tapihue en 1925 la naciente república, que todavía reconocía a la nación mapuche: se lee en el tratado que “queda desde luego establecido, que el chileno que pase a robar a la tierra; y sea aprendido, será castigado por el Cacique bajo cuyo poder cayere; así como lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillase en robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos“. Recuérdese, además, la notable carta de O’Higgins de 1819 a los pueblos originarios, no difundida durante 190 años, en la que los trata en pie de igualdad y que conocía muy bien -hablaba mapudungún- por su proveniencia de la zona del Bíobío (ver https://www.territorioancestral.cl/…/el-documento…/).

El tratado fue roto décadas más tarde por la ocupación de la Araucanía entre 1861 y 1883. La responsable fue la república oligárquica instaurada después de la guerra civil de 1929-1930, representando los intereses de terratenientes chilenos y neocoloniales en su afán de apropiación de tierras al sur del Bíobío, en alianza con sus equivalentes argentinos al otro lado de la cordillera y su mortal “Campaña del desierto” contra los puelches. Se afianzó de ese modo una tragedia histórica que requiere de una reparación progresiva a la altura del daño colectivo infligido en el marco de un Estado democrático y social de derecho que se entienda como expresión de una nación que reconoce en su seno a los pueblo-nación prehispánicos, les otorga derechos colectivos y los apoya en sus esfuerzos autónomos por mejorar las condiciones de vida en que se desenvuelven.

martes, 25 de octubre de 2022

Voluntad crítica y extravío del alma de la izquierda

Cada tanto emerge la intolerancia a la crítica en nuestra sociedad, con expresiones que se han escuchado con altisonancia en los últimos días frente a apreciaciones sobre la gestión del gobierno. Vale la pena citar en esta materia la conclusión de una columna reciente de Jorge Volpi (autor mexicano de En busca de Klingsor y muchas otras novelas sobresalientes): "Ha de celebrarse que en muchas partes de América Latina las antiguas oligarquías conservadoras, empeñadas en mantener sus privilegios desde tiempos ancestrales, y de sumir a sus sociedades en la desigualdad y la violencia, al fin sean apartadas del poder. Pero ello no significa darle carta blanca a los regímenes que se proclaman progresistas sin serlo. A ellos les corresponde no solo admitir la crítica entre sus filas, sino propiciarla con denuedo, pues se trata de un elemento crucial para crear sociedades más justas, más igualitarias y más libres. El siglo XX nos enseñó con creces que, cuando la izquierda pierde su voluntad crítica, extravía su alma".

Aquí van, a título ilustrativo, elementos de crítica a la izquierda y al gobierno de izquierda desde la izquierda, como diría Volpi. Hubo un tremendo gol en contra el 4 de septiembre por las impericias en la pedagogía de los cambios que se proyectó desde la Convención y la falta de conexión con la subjetividad de la mayoría social en estilos y contenidos. Prevaleció la defensa de causas parciales que sobrecargaron el proyecto constitucional por sobre una idea de país que diera paso a una futura dinámica de cambios en vez de querer resolverlo todo en un texto. Paradójicamente, reunir dos tercios en la Convención obligó a pactar con la retórica de minorías en vez de producir moderación.

A partir de marzo de este año, el nuevo gobierno optó por improvisaciones con poco sentido en su conformación y primeras acciones y no formalizó una coalición de apoyo con una discusión programática precisa y puntual que diera lugar a un compromiso estable para cuatro años. Se atuvo al ajuste económico poselectoral de choque heredado del gobierno anterior, dejó el Banco Central en manos de una ideóloga de la UDI y produjo un equilibrio fiscal en 2022 sin sentido, en un caso único en el mundo, en vez de uno gradual. No se plantearon con fuerza ante la sociedad las reformas que son significativas para la mayoría, las que el gobierno perfiló poco (transferencias limitadas a las familias a través de la asignación familiar) o muy tarde (reformas de pensiones, salud, vivienda, financiamiento tributario), aunque otras muy importantes, como el aumento del salario mínimo y las 40 horas, junto a la contención de precios de los combustibles, siguieron un curso a un buen ritmo. Pero a la postre, los temas de orden público, que no son ninguna novedad pero generan fuertes emociones, se tomaron de manera abrumadora la agenda pública.

La falta de conducción y la fragmentación política (¿alguien ha sacado la cuenta de la cantidad de partidos y grupos que hoy apoyan al gobierno a su manera, es decir, girando las más de las veces sobre sí mismos?) desconcertó a la base de apoyo popular aún afectada por la pandemia y las incertidumbres de la salida de crisis. Tampoco se produjo alguna secuencia de cambios meditados en el enfoque de orden público, salvo retomar la retórica represiva y los Estados de Excepción en el sur. Esta es la salida lineal y de muy corto plazo, pero que termina por mantener el ciclo represión-legitimación de la protesta destructiva y sin perspectiva de grupos insurgentes minoritarios. La ausencia de capacidad de abordar el tema mapuche con una oferta de avance en la necesaria autonomía en el marco del Estado social y democrático de derecho, ha sido desconcertante.

Para cualquier persona de izquierda, es decir, grosso modo, que está por construir una sociedad de libertades sin privilegios, sin desigualdades injustas y sin discriminaciones arbitrarias, el éxito de este gobierno es indispensable para consolidar una alternativa estable y seria a la derecha y la ultraderecha, lo que requiere seguir bregando por su proyecto, que se puede expresar como una “mesa de cuatro patas”, a saber: 1) la expansión de las libertades y del autogobierno en los territorios con derechos y protecciones efectivas para la ciudadanía; 2) la creación progresiva de una base productiva dinámica y equitativa para empleos de calidad más allá de la extracción de recursos naturales y de servicios de baja productividad, con una estructura tributaria progresiva y una legislación laboral, de pensiones y de salud equitativa; 3) el avance sistemático en el cierre de las diversas brechas de desigualdad; y 4) un vuelco rápido hacia la sostenibilidad ambiental de la producción y de la vida en las ciudades.

Con una propuesta clara de interés general que ponga en perspectiva las urgencias y resitúe las demandas particulares, se podrá tal vez cerrar el paso a un próximo gobierno de derecha extrema. Esto no ocurrirá si no se avanza en pilares como los descritos y si persiste la incapacidad de la izquierda gobernante de lograr, simultáneamente a esos cambios, una nueva articulación con el centro y con diversos sectores medios de la sociedad, inmersos en las lógicas de la competencia individual en los mercados que, entienden, son una mejor garantía de bienestar que transformaciones ignotas, lejanas y de viabilidad incierta, percepción que se debe revertir.

Todo lo anterior supone no excusar u omitir los errores en las distintas esferas de la acción colectiva de la izquierda, sino señalarlos y someterlos a debate. Lo que nunca es demasiado simpático y se (mal) entiende como poner palitos en la rueda, especialmente cuando se hace con la claridad necesaria y desde convicciones y argumentos más o menos racionales, aunque esté de moda lo voluble, lo líquido y lo bien pensante en el discurso convencional.

Después de la derrota del 4 de septiembre, el Presidente y su coalición debieran tal vez definir un plan concreto y preciso de avance en tres años de las reformas básicas de las instituciones y de medidas socioeconómicas en beneficio de la mayoría social , aunque sean progresivas, y batallar por él. Incluso puede ser inevitable despejar con rapidez la dilación de la derecha en el tema constitucional y decidirse a avanzar, si esta no da lugar a un proceso propiamente democrático, con cambios legales parciales concentrando esfuerzos en reunir la mayoría del Parlamento frente a los temas de interés social. Y acudiendo al consenso de la sociedad para los cambios constitucionales indispensables en el corto plazo, que recordemos hoy requieren solo 4/7 de los votos, hasta que un próximo Parlamento permita un proceso constituyente en forma.

Así se podrá, a lo mejor, unificar el campo propio de fuerzas y atraer a los amplios segmentos populares que están a la expectativa por estar inmersos en temores variados en materia de ingresos básicos y de acceso a servicios sociales y urbanos de mayor calidad, y también actuar frente a los temores en materia de orden público y de inmigración ilegal. Estos sectores no parecen estar necesariamente muy entusiasmados con que el gobierno consuma su energía política en las arenas movedizas del debate constitucional, en vez de abordar al menos con la misma intensidad las urgencias sociales.

Nada de eso es fácil, por supuesto. Al contrario, es muy difícil cuando no hay mayoría en el Parlamento y las demandas sociales son acuciantes. Por eso hay que trabajar duro y bien. Descalificando las críticas, aunque sean rudas, nunca se avanza. Debatiéndolas, se podrá poner en evidencia su eventual falta de fundamento. O bien se podrá hacer emerger un consenso deliberativo sobre su pertinencia y sobre nuevas acciones para corregir y avanzar. 

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