La negociación colectiva y Alemania

En Voces La Tercera

El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés ha señalado en el Congreso que se opone a la negociación colectiva  por rama, pero por otro lado ha indicado en un comentario radial que admira la combinación de poder sindical y orientación a la productividad existente en Alemania. Aunque no se entiende mucho la lógica, pues el sistema de negociación alemana está basado en acuerdos supraempresas, por región y por sector, particularidad que ha sido considerada justamente una de las fortalezas del modelo económico alemán. Saludemos la apreciación del ministro sobre Alemania y sus fuertes sindicatos que animan el diálogo social.

En Alemania existe sólo marginalmente la negociación a nivel de la empresa, que es el principio de hierro en las  relaciones laborales que defiende el 99% de los economistas chilenos, tan influidos por los ultraliberales Friedman y Von Hayek, que en el resto del mundo son considerados casi unánimemente como unos ideólogos extremos, con excepción del Wall Street Journal y semejantes.

La negociación salarial y de condiciones de trabajo a nivel de la empresa  que defienden en Chile empresarios y economistas neoliberales como tabla de la ley divina es exactamente la antípoda del régimen laboral alemán. A ese  país los prejuicios antieuropeos de los economistas chilenos ortodoxos no pueden agregarle el mote de “estar quebrado” o no “ser competitivo”, lo que suelen hacer dada su acérrima y prejuiciosa oposición a una de las instituciones económicas civilizadas de la humanidad contemporánea más exitosas: los estados de bienestar. Recalquemos, de paso, que toda la evidencia indica que éstos son perfectamente compatibles con la eficiencia económica cuando están bien concebidos y evolucionan para adaptarse a las realidades económicas, como precisamente ha ocurrido en Alemania.

El caso es que la negociación colectiva es allí sólo sectorial y se realiza entre los sindicatos (organizados por grandes áreas económicas y reunidos en una Confederación) y las organizaciones patronales. Es el principal nivel de definición de las remuneraciones y las condiciones de trabajo, incluyendo el mecanismo utilizado en la reciente crisis que privilegia acuerdos de disminución de jornada y cesantía parcial, subsidiados por el Estado, antes que los despidos, y que ha permitido a Alemania tener hoy más empleos que antes de la crisis, a lo que aludía el ministro Valdés en su comentario radial.

Un 60% de los asalariados está cubierto con convenios colectivos y los restantes están frecuentemente  empleados con contratos individuales pero basados en esos convenios. Además, incluso aunque no exista un contrato laboral, los trabajadores tienen derecho a vacaciones, remuneración por licencia médica, poder elegir trabajar a tiempo parcial, capacitación laboral y protección por maternidad/paternidad. Las condiciones de trabajo que no llegan al estándar mínimo legal establecido no están permitidas.

Los convenios sectoriales son pactados por uno o dos años generalmente a nivel regional, pero se observa pocas diferencias entre ellos, especialmente en materia de aumentos salariales. Los comités de empresa a nivel de cada entidad productiva (los delegados del personal tienen la obligación de reunirse mensualmente con la parte patronal de acuerdo a la ley) no están autorizados para negociar convenios colectivos, aunque pueden firmar acuerdos con empleadores individuales sobre cuestiones que no están cubiertas por esos convenios, así como sobre modalidades de aplicación práctica de los mismos en función de circunstancias específicas de la empresa. La ley permite extender los convenios colectivos a todos los empleados de un sector por petición de las partes, en particular para asegurar salarios mínimos.

Los convenios colectivos se aplican primeramente a las relaciones laborales con aquellos trabajadores que son miembros del sindicato que los ha acordado. Un contrato individual puede sólo conducir a mejorar las condiciones mínimas del convenio, pero no a impedir su aplicación. Por regla general se sustituyen los convenios que dejan de tener validez por otros nuevos. Si en el momento de la firma del nuevo convenio aún existe la vinculación al anterior, no es lícito el acuerdo de cláusulas contractuales menos ventajosas para el trabajador que las contenidas en el convenio.

Los representantes de los trabajadores en la empresa poseen por ley el derecho de ser consultados y el de cogestión, lo que incluye el caso de medidas individuales como despidos y traslados. Ejercen también influencia en las condiciones de trabajo y el reparto de la jornada laboral. Cuando se prevén despidos existe la obligación de negociar un plan social o de compensación de intereses con el comité de empresa. En empresas con más de 500 trabajadores existe, además del comité de empresa, representación y participación de los trabajadores en las decisiones empresariales. En empresas de más de 2.000 trabajadores existe la llamada cogestión paritaria, con un mínimo de seis representantes de los socios y seis representantes de los trabajadores.

Todo esto encuentra en Chile contradictores enérgicos con argumentos no muy sólidos que se niegan a discutir todo cambio a la santa ley de la negociación en la empresa, donde los empleadores campean a sus anchas, claro. El primero de los argumentos es que mejores condiciones contractuales para los trabajadores derivarían en un lamentable pero inevitable incentivo a la informalización. Esto simplemente no tiene asidero: no porque existe la prohibición de cruzar con luz roja una calle va a haber menos gente que anda en auto. Este tipo de razonamiento, basado en una miope concepción de la operatoria de incentivos, es propio de la poca perspicacia de muchos economistas neoliberales, la que les viene de sus dogmas. Sin ir más lejos, consignemos que Chile ha aumentado sus regulaciones a las empresas mientras la formalización del empleo es cada vez más alta.

Otro argumento más serio es el de la diversidad de situaciones de las empresas -especialmente las más pequeñas- que desaconsejarían la homogeneidad salarial por sector. Pero nada impide en la negociación colectiva sectorial considerar hasta cierto punto diferencias en la situación de las empresas y la activación de cláusulas de salvaguardia. Y, sobre todo, las empresas están siempre sujetas a costos homogéneos (como el de la energía, o el del crédito –que dicho sea es más caro para las empresas pequeñas-, o de los diversos insumos, muchas veces impactados por las variaciones del dólar, que es igual para todos) a los que se deben adaptar y punto. Esto no induce a ningún economista neoliberal a hacer mayores comentarios que no sean que la empresa debe ajustarse y aumentar su productividad. Entonces, ¿qué impediría que las empresas se adapten a condiciones salariales mínimas negociadas por ramas por sus representantes? Nada. Por lo demás, mejores salarios suelen mejorar la productividad según la mayoría de los estudios existentes en la materia, y en muchos casos tienen efectos macroeconómicos benéficos al aumentar la demanda doméstica, y a la postre el empleo.

Otro argumento usual es que las rigideces salariales llevarían a sustituir trabajadores y disminuir el empleo. Pero, ¿no era que eso se llama aumento de productividad y que los aumentos de productividad terminan por generar más actividad, y por tanto más empleo?

El tema da para muchas más consideraciones, pero quedémonos con que existen argumentos sólidos para adoptar en Chile un régimen de negociación colectiva por sectores y regiones, como el alemán, que combine protección a los trabajadores e incentivos al aumento de la productividad. Y con que la autoridad económica actual, aunque sea de manera un tanto contradictoria, está ampliando los límites del tan limitado y pedestre debate económico nacional. Eso desde ya es digno de agradecerse. 

El proceso transformador

En Voces La Tercera

El discurso presidencial del 21 de mayo no abundó en “anuncios”, y no tiene por qué ser así. Antes bien, la presidenta reiteró su plan de gobierno y repasó sus logros, que no son pocos en un año, y abordó varias de las dificultades que se han presentado en su gestión. Se trata, entonces, propiamente de una cuenta a la Nación.

Llama la atención que la palabra “reforma” desapareciese del léxico, pero fue sustituida reiteradamente por la noción de “proceso transformador” y de “transformaciones de fondo”. Y eso es lo que la presidenta ha vuelto a indicar como su ambición. Concluida en septiembre pasado la reforma tributaria –que desgraciadamente no recaudará lo suficiente y complejizó en extremo el sistema de tributación de la renta de empresas y personas- la Presidenta abundó en la reforma educacional, e indicó, otra vez sin precisiones, su voluntad de dotar a Chile durante su gobierno de una nueva constitución. Eso en materia de sus tres prioridades de campaña. Pero reiteró que seguirá su curso la reforma laboral, que enviará una reforma a las Isapres junto a impulsar el fortalecimiento de la red pública de salud y que enviará una ley de reforma al sistema de pensiones. Y reiteró su compromiso con la agenda de probidad que se instaló en los últimos meses en el centro del escenario político. En suma, quedan para su concreción dos grandes reformas institucionales (constitución y probidad) y cuatro sustanciales reformas sociales (educación, laboral, seguros de salud y pensiones) que contribuirán a aumentar la calidad de vida de la mayoría de los chilenos. Es decir, un proceso transformador nutrido para los próximos tres años.

La Presidenta, por tanto, no retrocede en su voluntad política de avanzar en cambios en los que cree y respecto de los cuales comprometió su palabra en campaña o en su primer año de gobierno.Pero quedan dos incógnitas y un gran desafío.

Primero en materia constitucional: ¿cuándo y cómo serán la “participación incidente” y el “momento institucional” para tener una nueva Constitución? El tema queda, parece ser, para septiembre.

Segundo: ¿cómo se reactivará la economía para llevarla a su crecimiento potencial de al menos 4% anual? Es cierto que la presidenta hizo afirmaciones importantes al hablar de prioridades productivas, rompiendo con la ortodoxia, y subrayando la importancia de la transición energética de Chile, lo que el mercado simplemente no puede asegurar. Pero no dijo nada respecto de algo que se hace evidente: la necesidad de poner en práctica un nuevo plan de estímulo fiscal y monetario para acelerar el crecimiento, expandiendo la demanda interna. Y nada sobre lo que será la verdadera prueba de fuego de la separación de la política y el dinero: la rediscusión de la inicua tributación minera existente, con un parlamento que autocercenó sus atribuciones, probablemente a cambio de sustanciales subsidios electorales. El día que el gobierno y el parlamento vuelvan a discutir el tema, nuestra democracia habrá vuelto a ser digna de ese nombre.

El gran desafío pendiente es una mejor articulación con los movimientos sociales y sus expectativas. Se ha llegado a un punto en que ya no prevalece la voluntad de concordar entre las partes, sino la de presionar al gobierno por diversas organizaciones sociales y por el otro ministros que consideran a la movilización como una desechable expresión de intereses corporativos, poco menos que ilegítimos, y que no parecen querer trabajar acuerdos de largo plazo con el mundo social. Allí se requiere una gran transformación en el estilo gubernamental.

Cambio de gabinete: ¿para las reformas?

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La Presidenta Bachelet concluyó su cambio de gabinete con sustituciones de envergadura: el equipo de La Moneda y los ministros de Hacienda y Trabajo, junto a otros cambios. Se requería una nueva iniciativa política y un nuevo equipo económico y social. El nuevo equipo político tiene las condiciones para reestablecer mayores dosis de confianza en el trabajo gubernamental. Los tres nuevos ministros de La Moneda han sido parlamentarios, permitiendo que sean fluidos los vínculos con Valparaíso, lo que es de gran importancia por la densidad de la agenda de reformas y sus derivaciones legislativas.

En cambio, el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ex brazo derecho de Nicolás Eyzaguirre en el período de Lagos, tiene poca experiencia en la materia, pero sí un recorrido gubernamental.

Desde el punto de vista de la coalición de gobierno, no consultada en este cambio -por lo que el sistema de partidos no queda demasiado realzado y a estas alturas uno se pregunta para qué sirve exactamente-, la DC debiera quedar satisfecha por recuperar posiciones de primer plano en Interior con Burgos y Trabajo con Rincón. El PPD  otro tanto con el acceso de uno de sus miembros a Hacienda y el Partido Radical con la llegada de Gómez a Defensa. El PC sube a dos ministros, tomando adicionalmente el de Desarrollo Social. El PS, en cambio, queda con sólo tres ministros (Díaz, Furche y Pacheco), lo que no deja un balance muy boyante en materia de influencia en el gobierno para Andrade y el partido de la Presidenta.

La gran pregunta es, ¿hacia dónde sigue la tarea gubernamental? Llevar adelante la agenda de probidad parece ser la tarea más urgente para producir el quiebre del clima de sospechas generalizadas, sin lo cual lo demás estará permanentemente interferido.

Pero las grandes reformas no parecen demasiado bien aspectadas si se considera el nuevo equipo. Jorge Burgos y promover un plebiscito para consultar por una Asamblea Constituyente no parecen ser exactamente un matrimonio afiatado. Al quedar en manos de Jorge Burgos, el equipo político va a tener un sesgo más conservador, pues si bien el convencido reformista Marcelo Díaz ocupa ahora la vocería, ésta no suele tomar decisiones; mientras Jorge Insunza se encargará del vínculo con el Congreso, proviniendo de la Cámara y antes de una empresa de lobistas. Las competencias de la ministra Rincón en materia de reformas laborales no son muy conocidas, ni tampoco sus vínculos con el mundo laboral. Y el nuevo ministro de Hacienda no es precisamente un keynesiano convencido, como tampoco el de Economía, en momentos en que la economía necesita un nuevo impulso fiscal y monetario para no empantanarse en el estancamiento.

Las reformas  no lucen bien aspectadas, para tranquilidad del arco conservador e inquietud del arco reformador. Pero a veces se producen impulsos inesperados de quienes no se espera.

Cambio de gabinete: una espera decisiva

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Después de la petición de renuncia de la Presidenta Bachelet a su gabinete, y el plazo de 72 horas que estableció para conformar uno nuevo, no tiene mucho sentido especular. Salvo -tal vez- constatar que es probable que el ministro del Interior y jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, será reemplazado o enrocado, y que el de Relaciones Exteriores ha sido confirmado  para que pueda seguir con tranquilidad su gestión en La Haya.

La tarea del ministro Peñailillo hasta el 30 de enero se presentaba bien, con dos grandes activos: haber logrado el cambio del sistema electoral binominal y haber mantenido básicamente en funcionamiento una coalición cuyos polos son los dos grandes actores de la guerra fría en Chile (la DC y el PC), cuya confrontación hasta 1973 fue homérica. Esto es del  orden de la proeza política y debe consignarse a favor de Rodrigo Peñailillo. Pero la pérdida de legitimidad global del sistema político por la evidencia de la gran influencia del poder económico en la política, llegó muy cerca del jefe de gabinete, víctima de un sistema que había naturalizado mecanismos de financiamiento de la política y de campañas por grandes empresas, al margen de la ley, y por insuficiencia manifiesta de la normativa.

Lo que viene para el nuevo equipo de gobierno supondrá abordar la continuidad de las reformas en curso -la de educación y la laboral en particular- y avanzar rápido en un nuevo sistema de financiamiento de la política, que establezca una muralla china entre el poder del dinero y las representaciones ciudadanas. Y que dé curso a las recomendaciones de las comisiones para reformar los seguros de salud, de crecimiento urbano y la que vendrá de previsión. Y, por supuesto, el nuevo equipo deberá dar curso al proceso constituyente convocado por la Presidenta a partir de septiembre.

En este contexto de cambio de gabinete, la tarea de la Presidenta Bachelet se debe colocar en perspectiva. No es una tarea perfecta, pero representa un inmenso cambio cultural en Chile  el solo hecho de que una mujer haya sido elegida, no una, sino dos veces para ejercer la primera magistratura. Además ha conformado la más amplia coalición política de la historia de Chile. También ha encaminado esa coalición a un compromiso con transformaciones sustanciales que Chile necesita. No es poca cosa. Y tampoco lo es, en medio de dificultades más importantes que las que nadie hubiera podido prever, que haya logrado mantener y proyectar, como se ha evidenciado en estas horas, los resortes de poder necesarios para llevar a buen puerto su compromiso reformador. Mientras tanto hay que esperar y ver.

El socialismo chileno y su década perdida

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El PS chileno ha sido dirigido desde hace una década por la corriente de Escalona y Andrade. El primero desde 2006 hasta 2010, cuando debió renunciar luego de contribuir a la división, derrota y fin de la Concertación, y luego Andrade desde 2010. Los resultados de esta gestión han sido un retroceso para el proyecto socialista en Chile, han dispersado su base de apoyo y diluido su influencia cultural. Se requiere un drástico cambio de orientación, que esperamos se concrete a partir de la elección del 26 de abril. Muchos pensamos que ese giro necesario debe reunir muchas voluntades, como ha logrado hacerlo Isabel Allende a la cabeza de una amplia coalición interna. Y que desde luego ayude a llevar a buen puerto la gestión de gobierno de la presidenta Bachelet.

El balance, efectivamente, no es bueno. El PS contribuyó poco o nada al programa del actual gobierno, no ha ayudado en su gestión, ni tampoco en la resolución de la actual crisis de legitimidad del sistema político. Más aún, se ha debilitado sustancialmente como fuerza articuladora y portadora de un proyecto de cambio social. La idea de la “casa común de la izquierda”, que presidió la reunificación de 1989, está destruida. Atrás quedó el intento de una construcción política plural inspirada en una nueva síntesis ideológica que reivindicara la democracia en lo político, el dinamismo y la sustentabilidad en lo económico, la igualdad en lo social, el progresismo en lo cultural y el latinoamericanismo en lo internacional. Unificado, el socialismo chileno pudo transformarse en un actor clave en la transición.

Con el tiempo, se apartó de su tarea primordial de romper las trampas constitucionales y el veto minoritario de la derecha en las instituciones, con la consecuencia de no construir pilares de equidad en la sociedad y evitar la inédita concentración del poder económico. Terminó prevaleciendo el acomodo y la resignación ante los poderes fácticos. La construcción de un proyecto de cambios estructurales fue abandonada en beneficio de reconversiones neoliberales o bien, más frecuentemente, en favor de la mera lucha burocrática por ocupar cargos en el Estado. Para ese tipo de práctica política no se requiere la búsqueda de adhesiones mayoritarias y la construcción de hegemonía en el campo de las ideas. Para la política burocrática basta con construir clientelas, lograr alianzas para acceder al Estado, aunque sea en condiciones de subordinación, y ser parte del partido del orden para llegar o mantenerse en los puestos públicos.

La corriente que ha dirigido el PS en la última década terminó encarnando la opción acomodaticia. Su pulsión autoritaria contribuyó decisivamente a poner en minoría en la Cámara y el Senado a la presidenta Bachelet en su primer gobierno, al reemplazar la lógica de la articulación por una lucha obsesiva contra los “díscolos” de distinto signo,  y al mismo tiempo dando soporte político a las opciones neoliberales en la coalición. Esa dirección barrió con la diversidad interna y no quiso o supo evitar la salida del PS del senador  Navarro en 2008, que creó el MAS; del Senador Carlos Ominami y del diputado Marcos Enríquez-Ominami en 2009, que crearon el PRO; del diputado Sergio Aguiló, en 2011, que creó la Izquierda Ciudadana; y, finalmente, la de jóvenes que, como Miguel Crispi, crearon Revolución Democrática ante la ausencia de sintonía del PS con las movilizaciones estudiantiles. Y logró que dos ex militantes socialistas (Jorge Arrate y Marcos Enríquez-Ominami) fueran candidatos a la presidencia en 2009, marginándose de un  partido que les negó el derecho a competir democráticamente, y que terminaron sumando nada menos que el 26% de los votos. Se trató de una gestión política que resucitó la lógica de la división y la dispersión que tanto había costado revertir.  

Durante el gobierno de Piñera, la Nueva Izquierda y Escalona terminaron de consagrar su pertenencia al partido del orden. Votaron a favor del royalty del gobierno, que sustrajo de la soberanía popular hasta 2023 cualquier cambio a la tributación minera, en un acto inaceptable de renuncia a sus potestades por el parlamento chileno. Y luego no dijo nada, como unos pocos hicimos, entre ellos la senadora Isabel Allende, contra la licitación a SQM de nuevos yacimientos de litio. Luego, vino la descalificación de mala manera de la idea de Asamblea Constituyente, aprobada formalmente por el Congreso del PS en 2011, y ahora especula con adelantar elecciones, debilitando a la presidenta.  No es éste un enfoque y un balance que merezcan ser reivindicados.

Los dirigentes del PDC que celebran a Escalona, y que en 2014 le ofrecieron, para dividir a la izquierda, un cupo senatorial luego de que declinara participar en primarias en su propio partido -en un acto de muy poca prestancia política- debieran evaluar que a la larga estas alianzas miopes no son capaces de conformar una coalición con reglas y prácticas  basadas en la lealtad mutua y la competencia democrática.

Es tiempo que el PS haga un giro y vuelva a su proyecto de ser un eje de la izquierda democrática chilena, promotor de la igualdad de derechos y oportunidades y de transformaciones democráticas, progresivas pero estructurales. Debe volver a ser la fuerza organizadora de un bloque social y político por los cambios, que reunifique en vez de dividir a la izquierda para lograr entendimientos constructivos con el centro y, en definitiva, proveer solidez a la democracia.

En el corto plazo, es indispensable que el PS no sea un factor de tensión que ataca a ministros de la presidenta Bachelet y se desentiende de las reformas estructurales. Antes bien, lo congruente es que el PS elija un nuevo liderazgo, mediante la confluencia de gente experimentada con nuevas figuras, que apoye a la presidenta Bachelet y su programa de reformas. La tarea es reconstruir un socialismo moderno legitimado ante su base social y el conjunto del pueblo chileno, con vocación mayoritaria y reformadora.

Vale la pena, para concluir, citar un texto de Maquiavelo: “No existe nada de trato más difícil, de éxito más dudoso y de manejo más arriesgado que la introducción desde el poder de nuevos ordenamientos, porque el que introduce innovaciones tiene como enemigos a todos los que se benefician del ordenamiento antiguo, y como tímidos defensores a todos los que se beneficiarán del nuevo”. A pesar de la dificultad provocada por el poder oligárquico, los países deben ser capaces de reformarse si no quieren instalarse en la decadencia, la polarización y la emergencia de caudillos y demagogos en un mundo que exige cambios. No es tiempo de retrocesos conservadores sino de nuevas perspectivas y nuevas esperanzas democráticas, igualitarias y libertarias.

La crisis de legitimidad democrática

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No es aventurado afirmar que a estas alturas estamos en presencia de una verdadera crisis de legitimidad del sistema político. Los que deben gobernar y legislar aparecen para la mayoría de los ciudadanos -mezclándose el antiguo sustrato autoritario pinochetista contra los “políticos” con el contemporáneo rechazo al clientelismo y el oportunismo, que incluye la subordinación a intereses privados de muchos representantes políticos- como sólo sirviéndose a sí mismos.

Los hechos son contundentes para extender este tipo de interpretación: se constatan mecanismos naturalizados de especulación, abuso de usuarios y corrupción, junto al ahora visibilizado financiamiento ilegal generalizado de campañas por grandes empresas, lo que permite presumir un fuerte control del sistema político por intereses económicos y corporativos. Es doloroso hacerlo, pero se debe constatar que muchos de los que gobiernan y legislan están representando -en mayor o menor medida- a poderes empresariales o sectoriales y no a quienes los eligieron para defenderlos en el tratamiento en la esfera pública de los temas que les preocupan cotidianamente: sus condiciones de empleo, salarios y sus pensiones, atención de salud, condiciones del transporte, de la vivienda y del entorno urbano, así como el presente y futuro de sus hijos a través de la educación y la expansión de oportunidades económicas, como también el legado ambiental a las nuevas generaciones.

La representación política se encuentra hoy enturbiada en su sentido básico de canalización racional de las aspiraciones y opciones mayoritarias. Se acentúa la reacción colectiva, que se viene constatando -desde el punto de vista de la participación electoral- al menos a partir de 1997, mediante un alejamiento generalizado de los ciudadanos de la esfera pública. Probablemente no pasará en el corto plazo nada catastrófico en la sociedad chilena –aunque la naturaleza está siempre poniéndonos a prueba-, pero los síntomas de una descomposición de la vida en común están a la vista: anomia y percepción generalizada de injusticia de la situación personal y familiar, no respeto de la ley, repliegue en el interés privado y en el individualismo negativo (cuando no en las adicciones), violencia cotidiana, avance del narcotráfico y del gran delito. Sus consecuencias serán severas en el mediano y largo plazo, y llevan hoy a confusiones inaceptables, como cuando un subsecretario del Interior -supuestamente de izquierda- plantea la receta del estado de sitio frente a la violencia (lo que revela un carácter autoritario y su falta de idoneidad para ejercer el cargo en un régimen de libertades democráticas, en mi opinión).

Frente a esta perspectiva peligrosa de descomposición social, es tarea de la esfera política reaccionar para relegitimar y fortalecer la democracia como forma de gobierno, aunque sea a estas alturas sumamente tardía, dada la rigidez y miopía mostrada por la derecha en la defensa de las oligarquías que representa y el oportunismo de parte del centro y de la izquierda, que renunció a defender los intereses de las mayorías y se acomoda a un sistema de privilegios. Lo que está en juego es ampliar las bases de un régimen de libertades y de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en el que todos los sectores y grupos sociales sean parte legítima y reconocida, y no sólo pequeñas oligarquías. Régimen a partir del cual -en tanto alternativa a los autoritarismos de diverso signo- se aborden las tareas del fortalecimiento de la productividad y de la eficiencia económica, sin desligarlas de la sustentabilidad social y ambiental del desarrollo, y que son las que permiten dar respuestas de largo plazo a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos antes mencionadas.

Atacar una crisis de legitimidad de esta envergadura no tiene muchas variantes. Sólo cabe recurrir a la fuente primaria de la legitimidad democrática, que no es el sistema de partidos, no son los parlamentarios ni representantes regionales y locales, menos aún es el poder económico o el poder religioso; es el pueblo.

El problema del sistema político actual tiene su origen en una dictadura que lo entendió como concesión inevitable, pero sólo bajo la forma de una “democracia protegida” que permitiera mantener el dominio del poder económico oligárquico reconstruido entre 1973 y 1989. Las enmiendas parciales y sucesivas desde entonces, valiosas, no han estado en condiciones de superar esa falta de legitimidad de origen, y simplemente ya no lo harán. El gobierno debiera reaccionar, tomar la iniciativa y someter al Congreso una reforma constitucional que permita la realización -en 2015- de un plebiscito en el que los ciudadanos se pronuncien por mantener la actual Constitución y sus mecanismos de reforma, o bien por la elección de una asamblea constituyente, que en caso de ser aprobada por el pueblo y elegidos nuevos representantes, redacte de manera pacífica y civilizada una Constitución legítima que sea luego plebiscitada hacia fines de 2016.

Mientras, el gobierno y el Congreso debieran avanzar en las reformas a la educación y a la negociación colectiva que ha propuesto la Presidenta Bachelet, y preparar junto a diversos otros temas del programa de gobierno, las reformas a los seguros privados de salud y a las pensiones, que han sido o están siendo trabajadas por comisiones asesoras. Y además debieran abordar los temas que están en juego para separar la política del dinero y terminar con la clientelización del Estado, que son los componentes inmediatos de la crisis del sistema político.

En materia de financiamiento de la política, se debe legislar para, entre otras cosas, disminuir sustancialmente los límites del gasto electoral; restringir la publicidad en la vía pública; prohibir el aporte de personas jurídicas; limitar el aporte privado y mantener el carácter anónimo sólo hasta 20 UF por demanda del donante y publicidad a las de monto mayor a 20 UF, con límite; invalidación de la eventual elección a cualquier cargo de elección popular si se infringen los límites de gasto y llamado inmediato a una elección complementaria; ampliación de la titularidad de los denunciantes y de la prescripción por transgresión a la legislación electoral.

En materia de tráfico de influencias, se debe reforzar la ley de lobby, publicitando detalladamente la identidad y representación de intereses de los que concurren a audiencias o se comunican por cualquier vía con autoridades, y su eventual aporte previo a campañas electorales o partidos, e impedir de ese modo que la ley de lobby sea eludible vía llamado telefónico y correo electrónico. Se debe prohibir la militancia en partidos políticos de los lobistas. Se debe ampliar los sujetos obligados de la ley de transparencia a todos aquellos que puedan incidir en las decisiones públicas. Se debe realizar una ampliación sustancial del plazo de prohibición (cinco años) para que ex funcionarios opten a un empleo en empresas reguladas.

En materia de profesionalización de la función pública, el legislador debe disminuir drásticamente los cargos de exclusiva confianza, y distinguir los que requieren requisitos técnicos y profesionales, y los que no los requieren, pues deben expresar por sobre todo un compromiso con la realización de un programa comprometido ante los ciudadanos (como ministros, subsecretarios y jefes de determinados servicios, junto a restringidos equipos de asesores de confianza). Se debe fortalecer las normas objetivas de acceso a la administración pública, privilegiando los concursos anónimos de oposición, y llevar la carrera profesional hasta el nivel de jefes de división y departamentos y equivalentes, mediante calificaciones objetivas y concursos anónimos de oposición, creando un sistema de movilidad horizontal entre las plantas de los diversos servicios públicos.

El actual Sistema de Alta Dirección Pública debe remitirse a ser un procedimiento de certificación de cumplimiento de requisitos y habilitación para el nombramiento de determinados cargos. Se debe, además, establecer un procedimiento de justificación detallada en la ley de presupuestos de los cargos a contrata que superen el 20% de la planta funcionaria, junto con eliminar los honorarios como modalidad de contratación de personal en la administración, que se presta tanto para el pago de remuneraciones desmedidas a cercanos, es decir, el clientelismo puro para algunos, y para la mayoría la precarización de sus derechos como trabajadores.

Como se observa, la agenda pública está especialmente recargada. Razón adicional para no seguir retardándola y rindiéndose frente al peso del conservadurismo.

Aclaración contra infundio

El señor Juan Miranda declaró ayer en la inscripción de candidaturas del PS que "el compañero Martner aparece mencionado en el caso Soquimich y eso nos parece inaceptable". A mi también me parece inaceptable, pues no tengo nada que ver con SQM. En una comunicación privada el señor Miranda alude para hacer su afirmación a lo mencionado en la prensa respecto a Chile 21 y la consultora Aserta. 

Primero, participo en actividades de Chile 21 desde su fundación hace 20 años, y actualmente me ocupo de sus análisis económicos. Chile 21 se financia con aportes de fundaciones internacionales y la venta de informes a múltiples organismos y empresas, diversificación que asegura su independencia de criterio. No participo en temas administrativos o de financiamiento. Segundo, realicé en 2011 un trabajo de consultoría contratado por Aserta Consultores, sobre tributación de recursos naturales. Nunca he tenido vínculo contractual ni de ningún tipo con SQM, no conozco a sus dueños o ejecutivos.  

Anexo una presentación en un seminario con los sindicatos de trabajadores del cobre en la que me opuse a la política del litio de Piñera y a la licitación de la que se benefició SQM (http://www.gonzalomartner.blogspot.com/2012/10/sobre-el-litio-y-la-tributacion-minera.html) y defendí la idea de "derivar el negocio a Codelco" y no a SQM (.http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=54725).

Ahí están mis dichos y mis actos contra las mineras y contra SQM y mis planteamientos sobre el royalty (http://www.gonzalomartner.blogspot.com/2010/10/dejando-constancia.html ).  Nunca he estado condicionado por interés privado alguno y me gano la vida en una universidad pública como académico, en condiciones de absoluta independencia, con la que he defendido y seguiré haciendo el carácter público que en mi opinión debe tener la explotación de recursos naturales en Chile.

Pero claro, hay quienes nunca pierden la ocasión para descalificar y honrar la cultura de la maledicencia.

Decisión sobre candidatura

El lunes 6 de abril se inscriben las candidaturas al Comité Central y otros cargos de dirección del Partido Socialista para la elección del 26 de abril.

Se conformó para esta elección la lista llamada Tercera Vía-Socialistas por la Asamblea Constituyente, que se inscribirá este lunes. Sin perjuicio de prestarle todo mi apoyo a la lista, he decidido no ser candidato. Declino postular a ocupar cargos de dirección en el PS y seguiré aportando desde el campo programático y de las ideas y desde mi condición de académico.

En estos tiempos de confusión y malestar, creo que es necesario mantener posiciones claras y de principios y también saber converger para impedir que los conservadores mantengan el control sobre el PS y lo transformen definitivamente en un pilar del partido del orden. Está en juego el legado transformador del socialismo y darle un nuevo rumbo para que sea parte decisiva de las  tareas de acción contra las desigualdades y la refundación institucional que Chile requiere urgentemente.  El PS se ha transformado en una organización que sólo busca el poder en el Estado, sin contenidos ni proyectos ni otro programa que no sea la ocupación de cargos burocráticos o de representación, mientras la mayoría de los chilenos observa con estupor como se reproduce un sistema político capturado por el poder económico oligárquico, que no actúa sobre los privilegios ilegítimos y no representa sus intereses y aspiraciones.

Me parece claro que alrededor de Isabel Allende se ha conformado una coalición interna por el cambio que está llamada a ser mayoritaria en el Partido Socialista, de modo de impedir que sea tomado por los partidarios del orden, opción autoritaria y oportunista que representa la Nueva Izquierda. Espero y confío que la lista de la Tercera Vía-Socialistas por una Asamblea Constituyente obtenga un gran resultado y sea parte de una nueva dirección que encabece Isabel Allende, que seguramente sabrá recoger la plataforma de lucha por una Asamblea Constituyente y por un gobierno que realice reformas estructurales en beneficio del mundo del trabajo y de la cultura, es decir de la mayoría de Chile.

Entrevista en Revista Cosas

De todos los actores políticos que salieron a fustigar el negocio de la empresa Caval, de propiedad de Natalia Compagnon, señora de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet, uno de los que llegó más lejos fue Gonzalo Martner. Este economista socialista, ex subsecretario general de la Presidencia y ex timonel del PS, no se quedó en la crítica frente al escándalo que sacudió a La Moneda, sino que presentó una petición para que, como militantes que son, Dávalos y Compagnon fueran pasados al Tribunal Supremo de su partido. Y, tras renunciar ambos, insiste en el pronunciamiento de esa entidad.

Recién llegado de sus vacaciones en el sur, lo primero que hizo Martner fue materializar ese trámite. Para él, no hay tiempo que perder y es vital dar una señal contundente de que el PS no avala ese tipo de conductas.

¿Le pareció adecuada la declaración de la Presidenta sobre el caso de su hijo?

Como le tengo mucho afecto, vi que era una situación muy complicada en lo personal, pero ella dijo que iba a cumplir con su deber, más allá de lo difícil de la situación y del dolor que le había provocado, así es que me pareció una buena declaración.

¿No habría esperado que ahondara más en el tema y que aceptara más preguntas?

Ella sí aceptó preguntas, cosa que no había venido ocurriendo con otros personeros. Dijo lo principal, y lo principal es que ella no tenía noticias de esto y que se enteró por la prensa, lo cual evidentemente es un problema en sí mismo, si se quiere, pero creo que ésa es la realidad.

¿Sí? ¿Cree que ella dijo la verdad?

Absolutamente.

¿Y es razonable que una mamá no sepa que un hijo y su señora están pidiendo un crédito por 6 mil 500 millones de pesos, teniendo una pyme de sólo 6 millones?

–Dada la moderna relación entre madres e hijos, uno no puede pronunciarse en estas cosas (se ríe). Yo le creo a ella, sí.

¿La Presidenta estará consciente del nivel del daño que este episodio le ha causado?

Por lo que vi en su actitud gestual, sí. Estaba muy afectada.

¿Y qué le pareció la explicación de AndrónicoLuksic, controlador del Banco de Chile?

Un tanto curiosa porque se hace a los empleados del banco. Debiera hacerse a la opinión pública. Estamos hablando de la persona más rica de Chile. Con esa responsabilidad debiera haberse dirigido a los ciudadanos también, mediante mecanismos de transparencia, respondiendo apreguntas de la prensa. Por lo demás, él es dueño de un medio de comunicación, que es otro tema enorme… Según versiones de prensa, la persona más rica de Chile solicita la presencia del hijo de la Presidenta. Eso ya es una tremenda incorrección, y una grave equivocación de parte de Dávalos haber aceptado asistir a esa reunión.

SEGÚN EL DIRIGENTE DEL PS, ANTE LO OCURRIDO CON DÁVALOS Y EL FINANCIAMIENTO ILEGAL DE CAMPAÑAS, SE DEBIERA CONVOCAR A UN PLEBISCITO CON MIRAS A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE QUE RESTITUYA LA LEGITIMIDAD DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO.

Dice Luksic que él no se percató de las repercusiones que podía tener ese trámite.

Los dueños de Chile, como decía Vicente Huidobro, suelen no darse cuenta de sus actos, porque se creen dueños de Chile. Y, desgraciadamente, en algún sentido lo son.

Pero, ¿cree que él dijo la verdad?

Creo que dijo la verdad, pero una verdad grave.

Dadas las explicaciones de Bachelet y Luksic, ¿“caso cerrado”, como dice la Doctora Polo?

O sea, manifiestamente no. Hay fiscales actuando en este tema que al parecer van a interrogar a estas personas.

Pero respecto de las responsabilidades políticas…

Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, Dávalos renunció al cargo que ostentaba. Y yo, junto a otras personas, solicitamos al Tribunal Supremo del PS que analice la situación. Aunque ahora ellos renunciaron a su militancia, el TS debe pronunciarse.

¿Qué lo animó a hacer esa petición?

Mi ánimo no es perseguir a nadie. Esto es muy incómodo y enojoso. Pero la declaración de Dávalos y de sus abogados a mi entender reivindica la especulación inmobiliaria, mediando acciones de órganos públicos. No es correcto para nadie, y desde luego tampoco para un militante socialista, hacer operaciones de este tipo, donde no hay creación de riqueza ni agregación de valor; lo que hay es simplemente especulación inmobiliaria y enriquecimiento personal mediante acciones sobre el sistema público. La justicia verá si eso, además de incorrecto, es ilegal.

“UN PARLAMENTARIO FINANCIADO CON RECURSOS ILEGÍTIMOS SIMPLEMENTE NO TIENE LA LEGITIMIDAD PARA EJERCER EL CARGO Y DEBE PERDERLO, DANDO PASO A UNA ELECCIÓN COMPLEMENTARIA. NADIE PUEDE REPRESENTAR A OTRO CHILENO EN BASE A UNA ILEGALIDAD”, DICE GONZALO MARTNER.

¿Habrá voluntad en el PS de seguir adelante hasta el final con este tema? Acabo de escuchar unas declaraciones bastante vehementes –como suele hacerlas por lo demás– del presidente del partido, Osvaldo Andrade. Espero y confío que así sea, aunque he confiado muchas veces en él y no he tenido reciprocidad. Pero espero una actitud partidaria consistente con algo muy simple: la probidad pública es un valor esencial a mantener en la república y desde luego para los socialistas. Ningún socialista puede hacer como que es normal usar el aparato público para enriquecerse personalmente. Ni tampoco es normal financiar actividad política mediante actividades ilícitas, como es el caso de Christian Urízar. El PS no ha dicho una sola palabra respecto a un parlamentario que en principio va a ser subjefe de su bancada de diputados, y que está imputado por fraude al Fisco. Eso a mí me genera un rechazo muy profundo.

Su postura, ¿está influida por el hecho de estar aspirando a la presidencia del PS?

Yo no estoy planteando esto hoy por algún oportunismo o porque haya una elección interna en el PS. Hace 10 años generó escándalo una declaración mía cuestionando el tipo de prácticas que el sistema político chileno, incluyendo a socialistas, estaba tomando como algo normal. Para mí, esto no tiene que ver siquiera con el proyecto político que el socialismo encarna – nuestros ideales de justicia, igualdad y libertad–, sino que como simple ciudadano no quisiera ver a nuestro país envuelto en la corrupción, como ya ha pasado en otros países.

¿En el PS se relajaron los estándares éticos?

Totalmente.

¿Es el poder lo que produce eso?

Según el antiguo dicho, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Eso es verdad. Yo pertenecí al ala del PS que en su época era denominada de manera peyorativa como moderada o socialdemócrata, porque creía que debíamos transformarnos en un partido de gobierno, que representase a esa parte de la sociedad que aspiraba a transformaciones igualitarias, en un contexto democrático y con capacidad de gobierno, es decir, formando cuadros para incidir en la realidad cotidiana de las personas, no manteniéndose sólo en una retórica genérica de un eventual paraíso sobre la tierra que nunca llega. Para mi generación es muy doloroso ver que eso se transformó desgraciadamente en un pragmatismo absoluto, consistente en llegar al gobierno para obtener granjerías. Y a eso se ha sumado últimamente el financiamiento irregular de campañas.

¿Cómo debiera actuar a partir de ahora el gobierno ante el caso Dávalos?

En cuanto a un eventual tráfico de influencias y negociación incompatible, es la justicia la que debe actuar. En el terreno político hay que abordar el tema del financiamiento. La ley autoriza a las empresas a otorgar recursos a los candidatos de su preferencia –algo en lo que estoy en total desacuerdo–, pero ahora la fiscalía ha encontrado a decenas de dirigentes políticos que recurrieron en 2010 a financiamiento ilegal de las empresas para sus campañas. Entiendo que eso estaría prescrito porque ha pasado más de un año sin alegaciones ante el Servicio Electoral. Sin embargo, cabe una pregunta sobre la legitimidad del actual Parlamento.

¿Es qué sentido está en duda la legitimidad del Parlamento?

En el sentido de que –si se hace la lista con lo que ya se sabe– hay una cantidad considerable de parlamentarios cuestionados, y a ellos podrían sumarse otros, porque es el sistema el que está establecido así. Hay un conjunto de empresas que financia la política y –como vimos en el caso Penta y de la UDI– para su beneficio. El presidente de la UDI actúa a favor de la Isapre de Penta, grupo del cual es socio. Ahí hay un primer problema que debiera solucionarse con una ley de corto plazo que establezca sanciones muy duras. Esto debe traducirse en que quien sea financiado con recursos ilegítimos, simplemente no tiene la legitimidad para ejercer el cargo y debe perderlo, dando paso a una elección complementaria. Nadie puede representar a otro chileno en base a una ilegalidad. Ese es el principio.

¿Esa es la situación que se da hoy?

Absolutamente.

Y qué se puede hacer frente a eso. ¿Disolver el Parlamento?

La Presidenta debiera mandar al Parlamento un proyecto más completo que el ya enviado, que establezca la total incompatibilidad entre la política y los negocios y la consiguiente pérdida del escaño. Personalmente creo que un proyecto así no va a avanzar mucho con el actual Poder Legislativo, porque es evidentede corrupción entre política y negocios. Que el presidente de la UDI –socio directo de personas que han estafado al Fisco– no haya dado un paso al costado, es inconcebible. Es evidente que esa gente, y se agregarán a lo mejor otros, no está dispuesta a legislar.

“EN LAS REPÚBLICAS EN FORMA NADIE EJERCE UN CARGO PORQUE ES PARIENTE DE ALGUIEN. ESO ES CLIENTELISMO PURO Y SIMPLE”, DICE MARTNER.

¿Por lo tanto?

El tema de la Asamblea Constituyente aquí emerge con claridad. Se nos ha dicho a muchos, incluso en el Partido Socialista, que eso es fumar opio, que es una irresponsabilidad, porque no habría crisis que lo justificara... Pero la crisis está. El tema del financiamiento de las campañas y de las acciones incorrectas desde el Estado y con privados pone en cuestión la legitimidad de la democracia. Los que luchamos para que Chile volviera a tener un régimen de libertades, no podemos quedarnos impasibles ante una pérdida de legitimidad brutal frente del régimen democrático. Si la democracia va a ser así, le encuentro toda la razón a que los jóvenes no quieran participar de esto, lo que augura un futuro negro para Chile.

“La Presidenta debiera llamar a consultas al sistema político y proponer que, mediante un plebiscito –autorizado por el Parlamento, porque yo creo en las cosas institucionales–,, pregunte a los chilenos si quieren un proceso de Asamblea Constituyente, que no es el caos, como algunos dicen, sino el proceso más ordenado que haya concebido la democracia para volver a refundar… Se dice ¡pero cómo quieren refundar Chile! ¡Sí, yo quiero refundar Chile! Empezando por su democracia”.

¿Cree que quienes antes no estaban convencidos de una Asamblea Constituyente, ahora sí lo van a estar?

Muchos deben seguir convencidos de que no hay que hacerla. Yo estoy convencido de que sí es necesaria. La idea es que este procedimiento tenga una lógica que sea representativa y de búsqueda de máximos acuerdos. Pero cuando una minoría no quiere aceptar las reglas del juego democrático –que implica que las mayorías son las que mandan, respetando a las minorías–, bueno, se llegará hasta donde se pueda en esa búsqueda de consensos, y el espacio para eso es una Asamblea Constituyente, con representantes distintos de los que hoy ejercen el poder, porque está en cuestión su legitimidad. Han sido elegidos haciendo trampa. Muchos, no todos…

Para usted es inconcebible que el presidente de la UDI no haya renunciado. ¿No corresponde exigir lo mismo al presidente del PS por el caso Caval, en que hay socialistas involucrados?

La diferencia es que el presidente de la UDI tiene una sociedad con Pablo Wagner, a nombre de la cual se emitieron boletas para que una empresa del sector minero financiase al subsecretario de Minería. Osvaldo Andrade no tiene nada que ver en lo personal con algo semejante.

Muchos se preguntan si Sebastián Dávalos debió ser nombrado en ese cargo.

Yo personalmente lo he dicho y mucha gente me critica porque parece una crítica a la Presidenta… Yo voté por ella, apoyo a su gobierno y apoyo sus reformas, pero ésa me pareció una mala decisión simplemente. Es un resabio del Cema Chile y de algo que se originó en el gobierno de González Videla. En las repúblicas en forma nadie ejerce un cargo porque es pariente de alguien. Eso es clientelismo puro y simple.

¿Es la oportunidad de terminar con esa institución de la Primera Dama?

Por supuesto.

“NO ES UN TEMA DE EMPATE”

Para que se restablezca la confianza pública, ¿en qué debiera terminar el caso Dávalos?

La prensa correctamente lo ha llamado caso Caval. Creo que no es un asunto respecto a personas. Esto debiera terminar en que, por un lado, se produzca este cambio drástico en la situación de las fundaciones y de la dirección sociocultural de la Presidencia. En el caso específico de los terrenos de Machalí, la justicia dirá si hubo o no información privilegiada o negociación incompatible.

Muchos homologan el caso Dávalos con el caso Penta. ¿Es ése un enfoque justo?

No es justa la homologación ni es justo negar que hay un problema en el caso Dávalos. Este no es un problema de empates más o empates menos. Lo que tenemos es un sistema político cooptado en buena medida por el dinero y por la influencia de las grandes empresas, y a su vez una cultura de búsqueda de la ganancia monetaria sin escrúpulos, mediante todos los medios. Por tanto, lo que corresponde es que haya la capacidad de actuar para eliminar las oportunidades de corrupción y, a la vez, en cada ocasión en que haya una acción incorrecta, establecer máximas sanciones. Otros países lo han logrado. Para usted, ¿lo ocurrido con Dávalos se inscribe en el ámbito de la corrupción?

La corrupción se define técnicamente como el desvío de bienes públicos para fines particulares. En ese sentido, técnicamente no es un acto de corrupción, sí es un acto que está investigando la fiscalía por eventual tráfico de influencias, uso de información privilegiada y negociación incompatible. Por lo tanto, específicamente no es que alguien se esté metiendo plata pública en el bolsillo, sino que se está usando entidades públicas y la influencia eventual sobre entidades públicas para enriquecerse personalmente. No es exactamente lo mismo, pero en castellano… se parecen.

Entrevista en TVN 24 horas

Entrevista con Juan José Lavín

Entrevista en Hora 20 La Red

Noticiero Hora 20 Desde minuto 13 del archivo.

Entrevista en CNN Chile sobre probidad y asamblea constituyente

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La democracia, la pentapolítica y Piketty

Columna en El Mostrador

La prensa nos ha informado en estos días que el ex gerente general del grupo económico Penta ganaba 36 millones de pesos al mes. Recordemos que el salario mínimo es de 225 mil pesos, que perciben entre 600 y 900 mil trabajadores según las estimaciones. Estos son remunerados por su trabajo 160 veces menos que un gerente general de un grupo económico. ¿Puede alguien sostener que esta diferencia de remuneraciones se explica y justifica por una productividad 160 veces mayor del uno respecto a los otros? La diferencia de remuneración en el trabajo refleja básicamente la diferencia de poder en la empresa, mucho más en todo caso que aquella de la productividad del trabajo. En segmentos laborales esta es  efectivamente muy baja en Chile y requiere que se avance en innovación productiva, educación y gestión cooperativa en los lugares de trabajo que favorezca la formación profesional continua.

          Pero disminuir la diferencia de ingresos basada en el control del poder en la empresa requiere además de un cambio fundamental: hacer posible la negociación colectiva efectiva y cautelar los intereses de los accionistas minoritarios, impidiendo el uso malicioso de información privilegiada. Y requiere de redistribuciones a través de impuestos progresivos, para lo que debe perseguirse el fraude, la evasión y la elusión tributaria. Vasto programa de reformas del capitalismo salvaje chileno hacia el que el país se va más o menos encaminando, aunque se requiere todavía mucho para conformar una estrategia sólida y colaborativa de avance a una economía mixta social y económicamente regulada. Están a la vista las grandes resistencias sistémicas, y desde luego las de quienes representan directamente al poder económico, lo que es diáfano, pero también las que provienen de la subordinación de una parte del centro y la izquierda cooptada por el poder económico por múltiples vías, la que llama a no “fumar opio”, renuncia al cambio y utiliza el poder del dinero, de proveniencia desconocida, en las elecciones internas de los partidos. Pero al menos se va conociendo cómo las cosas funcionan.

         La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior  influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.

      Para nuestra ilustración, el mentado gerente general, en el contexto de delitos tributarios y fraudes hoy perseguidos por la justicia, declaró que “se pagaba una parte por boleta, otra por factura, otra por dieta”, con el fin de “disminuir la base imponible” de las empresas y ejecutivos, mientras los principales dueños hacían aparecer como gasto de la empresa servicios a honorarios supuestamente realizados por sus esposas o la compra de vehículos para su uso personal, pasando por encima de los intereses fiscales y además de los de los accionistas minoritarios. ¿Es eso productividad y creación de valor? En realidad es un fenómeno bien poco edificante: la alta concentración del ingreso que proviene del poder económico en mercados oligarquizados se refuerza derechamente mediante mecanismos de fraude, de abuso de accionistas no controladores y también de elusión tributaria que nuestra legislación permite, revelando la profundidad de la captura del poder político por el poder económico en Chile.

          No parece ser por casualidad que el economista Thomas Piketty haya subrayado en su visita a nuestro país que en Chile, sobre la base de estudios que consideran las declaraciones del impuesto a la renta, “gran parte de los que ganan más ingresos no necesariamente lo reciben como ingreso personal sino que lo pueden colocar en empresas y si se incluyen utilidades retenidas y se atribuyen al ingreso personal, entonces la participación del 1% más rico sería cercana al 35% (de la riqueza nacional), que sería el nivel más alto del mundo”.

         Si, leyó bien: el 1% más rico (y no el 10% como puso un periódico de la plaza en boca del economista francés) se lleva cerca del 35% del ingreso nacional. Más que en Sudáfrica, que arrastra las secuelas de un brutal régimen de apartheid racial.

          Pero esto no es todo. Se nos revela que candidatos (básicamente de la UDI) solicitan al grupo Penta y obtienen de él dineros para sus campañas transferidos al margen de la ley. Lo que en todo caso los chilenos sabemos o sospechamos hace tiempo, más allá de este caso, sobre la base del gigantesco despliegue de recursos que observamos en las campañas electorales, que de alguna parte tienen que provenir.

      Y también se evidencian signos inequívocos de tráfico de influencia. Primero, se conocen peticiones sobre cambios a la legislación de un dueño del grupo Penta (con intereses en los seguros privados de salud) a propósito de la ley de Isapres, realizadas directamente ante el propio líder del partido UDI, precedidas y seguidas por una férrea defensa de esta forma abusiva de aseguramiento frente a la enfermedad que concibieron e impusieron en un contexto de dictadura varios de sus connotados militantes, y que es rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos. Segundo, se conoce que un ex subsecretario de Minería, militante del mismo partido –y socio además en una empresa con el propio presidente del partido UDI, que no se entiende cómo sigue aún en el cargo–, recibía una remuneración mensual de Penta mientras seguía los avances de un proyecto minero del grupo, del que además provenía en su desempeño profesional previo. Es justo señalar que aparecen mencionados también en el caso el ex candidato presidencial Andrés Velasco, por la prestación de servicios durante un almuerzo por un valor de 20 millones de pesos, y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por la elaboración de un estudio sobre comunas a través de una fundación creada por él y que los ejecutivos del grupo Penta señalan haber adquirido pero no utilizado.

         Pero la evidencia del compromiso entre este grupo económico y el partido fundado por Jaime Guzmán es especialmente abrumadora, sin que hasta ahora pase nada en materia de asumir responsabilidades políticas. Una declaración solemne de la UDI sobre el tema es de antología. Pide excusas públicas, pero acto seguido rechaza “la pretensión de algunos de querer relacionar nuestras fuentes de financiamiento con nuestro actuar en política”, no sin agregar que “la ciudadanía sabe que cuando hablamos de la existencia de dobles estándares o hipocresía, estamos diciendo la verdad”. Es insólito que una directiva política pueda sostener por escrito que quien la financia no incide en su actividad, como si se tratara de la Cruz Roja, y que afirmarlo nada tiene de hipócrita. Poco sorprenden a estas alturas declaraciones de esta índole de un grupo que defendió a una dictadura prolongada y sus crímenes en nombre de la libertad y luego ideó la pretensión de establecer una “democracia protegida” de… la propia democracia, es decir, de la voluntad popular. Y que en estas horas rechaza el cambio al sistema binominal en nombre de la afectación del principio de igualdad del voto, como si el mencionado sistema no fuera la expresión más extrema de desigualdad del voto que haya creado la imaginación política en cualquier latitud, con 1/3 que iguala a 2/3, para preservar los intereses de la UDI y del poder económico que representa y la condiciona…

        Todo esto proviene de una cultura: la de la hacienda, la del patrón de fundo, la del poder sin límites, que no se ruboriza frente a la inconsistencia manifiesta de los argumentos. Es el lenguaje del poder y del orden oligárquico, que la UDI hizo evolucionar mezclando influencias del pensamiento ultraconservador y del neoliberal, con amplia eficacia política. Y que nada tiene que ver con la democracia.

        La democracia es el ideal del autogobierno. Como señala Adam Przeworsky (2010), “para que una comunidad se gobierne a sí misma, es necesario que todos sus miembros puedan ejercer idéntica influencia en sus decisiones. Ningún individuo o grupo puede ser favorecido en razón de sus características particulares”. Ya lo decía Rousseau en un pasaje de El Contrato Social de 1762: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.

      La democracia y el capitalismo, cuando éste se ha visto obligado a hacerlo, han organizado variadas formas de coexistencia en la historia, especialmente a través de formas de compromiso como los Estados de bienestar, en que impuestos altamente progresivos e instituciones fuertes permiten proveer diversos servicios a los ciudadanos al margen del mercado y de la acumulación de capital, con sus versiones “avanzadas” y “periféricas” y con su retroceso en la etapa actual de “capitalismo financiarizado”. En palabras de Pierre Rosanvallon (2012): “Antes de que estallase la Primera Guerra Mundial se inició una transformación silenciosa inspirada por imperativos morales pero también por el miedo a la revolución. Los gobiernos estaban convencidos de que, para evitarla, era preciso emprender reformas sociales que redujeran la desigualdad. A partir de los años 70 del siglo pasado empiezan a cambiar las cosas. Coincide, además, con que el miedo a la revolución desaparece tras la caída del muro de Berlín (…). Al desaparecer el horizonte del igualitarismo tras el fracaso del socialismo de la colectivización, solo sobrevivió la idea de la igualdad de oportunidades. Blair y la tercera vía la colocaron en el primer plano de la reflexión y de la acción de gobierno, pero no definieron una visión social alternativa. Las desigualdades crecieron y, como dijo Rousseau, la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común”.

       La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras  la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.

        Así, si pesa en forma desigual la influencia política de individuos desiguales, se está violando la condición de igualdad política propia de la democracia. La concentración de la propiedad genera una influencia desigual, y en el límite –como en el caso del Chile de hoy– la captura del sistema político por el poder del dinero. Esto se evidencia con casos como el del royalty minero en 2012, cuando el Parlamento insólitamente sustrajo de la decisión democrática la tributación minera hasta 2023, en una decisión que lo empequeñece. O cuando nadie hace nada –porque no quiere o no puede– con una banca que ostenta sistemáticamente utilidades sobre capital de más del 20%, mientras cunden los lamentos sobre los problemas de las pymes y la falta de estímulo al emprendimiento. De nuevo en palabras de Przeworski, “la influencia corruptora del dinero es la plaga de la democracia”, mientras Castoriadis subrayó polémicamente antes de su muerte que “la corrupción de los políticos, en las sociedades contemporáneas, se ha convertido en un rasgo sistémico, un rasgo estructural”.

         Pero suprimir la propiedad no estatal para terminar con los peligros de la corrupción de la democracia por el poder privado termina por establecer una desigualdad radical entre el ciudadano y las burocracias que centralizan la economía. La estatización generalizada acaba por suprimir toda democracia, según mostró la experiencia del socialismo soviético en el siglo XX y ya advirtió en Chile Eugenio González en 1947. En este sentido, Castoriadis sostiene que en “un régimen verdaderamente democrático se puede intentar establecer una articulación correcta entre tres esferas, preservando al máximo la libertad privada, preservando al máximo también la libertad del ágora, es decir, las actividades públicas comunes de los individuos, y que haga participar a todo el mundo en el poder público. Cuando ese poder público pertenece a una oligarquía, su actividad es de hecho clandestina, puesto que las decisiones esenciales se toman siempre entre bastidores”.

        Las instituciones democráticas parecen enfrentarse a un dilema cada vez más intenso: remitirse solo al juego periódico de distribución del poder mediante elecciones, pero deslegitimándose por una baja capacidad de producir resultados significativos en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, o avanzar –lo que sólo puede hacerse mediante nuevos procesos constituyentes que separen radicalmente la incidencia del poder económico en las instituciones– hacia el gobierno eficaz del mercado por las instituciones democráticas, mediante una representación no controlada por oligarquías. Esto requiere especialmente de límites a la reelección y el financiamiento público de las campañas con pérdida del escaño en caso de sobrepasar límites austeros de gasto, y generar formas complementarias de democracia directa y referendaria para resolver materias en las que las instituciones representativas no son pertinentes para la decisión o  no gocen de legitimidad suficiente. La definición de la magnitud y forma de provisión de los bienes públicos que –considerando los límites racionales que emanan de la esfera económica– estén a disposición de la sociedad bajo la forma de derechos universales no puede sustraerse de la voluntad popular en una sociedad abierta, moderna y democrática.

        La dimensión opaca de las instituciones democráticas chilenas y la incapacidad de las mismas para producir respuestas prácticas a demandas sociales legítimas bloqueadas por poderes económicos rentistas, se hace crecientemente insostenible frente al desafío de avanzar a la producción de resultados en la provisión universal de bienes públicos y de corrección sustancial de los resultados distributivos de las transacciones de mercado, como precisamente propone Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. De otro modo tendremos una sociedad crecientemente anómica, violenta e inviable, en tanto no se sustente en pilares básicos de equidad y oportunidades de participación en las decisiones fundamentales que conforman la vida en común.

La reforma laboral, sus fundamentos y sus detractores

Publicado en El Mostrador

Se ha terminado por anunciar la reforma laboral. Y de inmediato se levanta el coro de que las regulaciones laborales serían “antiempleo”. Pero, ¿cuál es el punto de partida? La OCDE emitió tiempo atrás un juicio bastante lapidario sobre el tema: “Las relaciones laborales en Chile suelen ser de enfrentamiento y estar viciadas por falta de confianza, factor cada vez más problemático para el desarrollo de una versión chilena de ‘flexiguridad’. Esto se debe en parte a la limitada afiliación a sindicatos y asociaciones comerciales”. Y agrega sobre el cumplimiento de las normas: “El principal organismo de aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo, tiene recursos limitados y sólo participa en disputas reportadas y quejas específicas. Por la limitada cobertura de los sindicatos, muchos trabajadores permanecen vulnerables a las violaciones a las leyes laborales y recae en ellos la carga de verificar que la ley se aplique de manera correcta y si se pagan las contribuciones al seguro social”.

     Es importante abundar en la idea de “flexiguridad”: no se trata solo de permitir a las empresas ajustar el volumen y modalidades de empleo de la fuerza de trabajo, es decir, el componente de flexibilidad indispensable para que las unidades productivas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas, sociales y tecnológicas en que se desenvuelven. También se trata de otorgar a los asalariados una capacidad de mantener sus ingresos básicos más allá de las circunstancias que viven las empresas que les proveen un contrato de trabajo, o sea, el componente de seguridad en la relación laboral y en la percepción de ingresos. También la podemos denominar “estabilidad dinámica del empleo”.

     El caso es que si la sociedad no desea que los asalariados estén a merced del poder privado en el trabajo y puedan encontrarse abrupta y arbitrariamente sin ingresos al perder el empleo, deben intervenir políticas públicas concretas para evitarlo. En particular, los dueños de las empresas no deben poder hacer lo que quieran si esto se traduce en un poder de explotación y dominación sobre los trabajadores y en perjuicios a terceros por daños ambientales y urbanos o engaños a los consumidores. Se puede entender que el empresario aspire a tener todas las cartas en la mano para desarrollar su actividad económica, con irrestricta “flexibilidad laboral”, dado que tiene como motivación la maximización de utilidades, pero ésta no es ni podría ser el único valor fundante de la regulación moderna de la empresa: la política laboral tiene universalmente el propósito de disminuir las asimetrías de poder económico de mercado entre empleadores y asalariados y es siempre, inevitablemente, un conjunto de restricciones a las empresas, a las que éstas deben adaptarse. También debe regularse el radio de acción de los sindicatos, procurando que su actividad legítima no ponga en peligro la supervivencia de la empresa ni afecte ilegítimamente a terceros. Y la empresa debe asumir el costo económico razonable que resulte de reconocer los intereses de contrapartes sociales, como debe asumir diversos costos de producción así como la existencia de competencia y restricciones sanitarias, ambientales y de uso del espacio.

   La reforma laboral propuesta por el gobierno camina hacia un mayor equilibrio negociador, pero probablemente quedará mucho camino para alcanzar lo esencial: la negociación generalizada más allá de la empresa, que es la única manera de proteger al trabajador más precario, especialmente en la pyme. Estas son prácticas, por lo demás, existentes en Chile, como en el sector de panaderías, para satisfacción de las partes. Y han sido introducidas en Uruguay por el Frente Amplio, incluso con un mecanismo de arbitraje final del gobierno, lo que no ha impedido a ese país ser de los más dinámicos de América Latina.
       El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro– de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir, el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa; recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y, por tanto, no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política, étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana, atentar contra los ecosistemas, no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.

   En muchos países, los ámbitos de la seguridad social (enfermedad, jubilación, incapacidad laboral, desempleo) se regulan mediante leyes, así como los estándares básicos de las relaciones laborales descritos, mientras las condiciones laborales y salariales más inmediatas, así como también aspectos de la formación profesional, las regula exclusivamente la negociación colectiva… para lo cual es necesario que exista, lo que apenas es el caso en Chile. Consignemos que en Alemania, país que a veces le gusta citar a la derecha como ejemplo, pero nunca en los temas laborales, existe lo que un autor denomina “un denso entramado de contactos, conversaciones y colaboración formal e informal entre los agentes sociales en numerosos campos”. Eso es lo que debe construirse en Chile.

     Los economistas de derecha consideran que este tipo de reglas y prácticas son antieconómicas. Pero incluso si este argumento se diera por bueno, debe prevalecer otra dimensión, aunque tenga un costo económico: el establecimiento de bases civilizadas de convivencia social. La abolición de la esclavitud, en su momento, también fue considerada antieconómica y que “atentaba contra el empleo”.

    En todo caso, las experiencias con los resultados económicos y sociales de la negociación colectiva en el mundo son casi tan diversas como las características de sus reglas e instituciones. Según recalca la OIT, es un hallazgo reiterado de los estudios internacionales la asociación entre negociación colectiva y desigualdad de ingresos. Mientras mayor la cobertura y el grado de coordinación de la negociación, menor tiende a ser la desigualdad de ingresos en una sociedad. Asimismo, estudios del Banco Mundial y de la OCDE llegan a la conclusión de que una mayor cobertura de la negociación colectiva está asociada con una menor dispersión de los salarios, una menor brecha entre salarios de trabajadores calificados y no calificados, así como una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres.

        Existen buenos  y documentados argumentos para afirmar que la creación de un clima laboral cooperativo, la formación y retención del capital humano en la empresa con normas que inhiban la alta rotación y una relación constructiva con el entorno, son en el largo plazo un gran factor de aumento de la productividad, de creación de valor, de reputación corporativa frente a los consumidores y de… maximización de utilidades. La negociación bien concebida también contribuye a la gobernabilidad, a través de acuerdos entre los actores sociales, especialmente en situaciones de crisis, y a mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional a través de diagnósticos y soluciones compartidos. La negación de la negociación colectiva por el mundo empresarial chileno, y sus expresiones irrisorias como el uso generalizado de “multirut” para segmentar al máximo las relaciones laborales, son entonces un grueso error con consecuencias de largo plazo para el desarrollo del país. Explican en medida importante los niveles de desigualdad, la baja formación de capital humano en la empresa y las tensas relaciones laborales existentes en las que nadie gana.

     El proyecto avanza en este sentido al reconocer el derecho del sindicato interempresa a negociar en la firma en que tenga un número de afiliados equivalentes al que se exige al sindicato de empresa para negociar en ella. Se prohíbe además la existencia de grupos negociadores en aquellas empresas con sindicato, que será el titular de la negociación colectiva, en todo caso con libre afiliación. Los beneficios adquiridos en la negociación colectiva se otorgarán a los trabajadores sindicalizados y se extenderán a los trabajadores que se afilien con posterioridad. Los no sindicalizados podrán acceder al nuevo contrato, de manera parcial o total, sólo previo acuerdo del sindicato y del empleador. Para acceder a los beneficios, el trabajador sin afiliación sindical deberá aceptar y pagar la proporción o totalidad de la cuota sindical. Todo esto redundará en un rol de representación que hoy el sindicato no puede cumplir, con frecuencia sujeto a prácticas de minimización de la afiliación por parte del empleador.

     Para que el sindicato conozca la viabilidad y contexto económico de sus peticiones, el empleador deberá proporcionar a sus sindicatos información sobre balances de la empresa y estados financieros y precisar los beneficios que forman parte del contrato colectivo vigente, así como transparentar y actualizar la planilla innominada de remuneraciones de los trabajadores afectos a la negociación y costos globales de la mano de obra (número de trabajadores totales de la empresa) y las políticas de inversión futura. También deberá proveer datos sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. El incumplimiento de la obligación constituirá una práctica antisindical, así como los despidos que invoquen la cláusula por “necesidades de la empresa”, pero que sean represalias por participar en un proceso de negociación colectiva. Como contrapartida, también se sancionará a los trabajadores que bloqueen el ingreso a los lugares de producción. La respuesta del empleador a la propuesta de los trabajadores no podrá contener estipulaciones menores a un piso de la negociación constituido por el contrato colectivo vigente, aunque con bastantes morigeraciones: se excluyen de este piso la reajustabilidad, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y el bono de término de negociación, mientras después de presentada la respuesta del empleador las partes podrán negociar modificaciones al piso de la negociación. Se elimina la actual prohibición de negociar a trabajadores aprendices –en grandes empresas–, por obra o faena transitoria y cargos de confianza.

     Las partes podrán negociar pactos de condiciones especiales de trabajo (jornada de trabajo y descansos, horas extraordinarias y jornada pasiva, regulación y retribución de tiempos no trabajados) en las empresas en que exista una afiliación sindical de al menos 30%, con cifras más altas en etapas iniciales. Cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos de adaptabilidad. Los pactos sólo podrán aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el acuerdo. Para aplicarlo a los demás, se requerirá del acuerdo individual, con aprobación de la Dirección del Trabajo. Aunque si es aceptado por el 50% más uno de los trabajadores sin afiliación sindical, podrá regir a todos los que no concurrieron al acuerdo, sin necesidad de aprobación de la autoridad. Veremos si la negociación colectiva sobre estas materias, que se sustraen de la ley, son objeto de auténticos acuerdos equilibrados negociados con sindicatos representativos, o bien se constituirán en una brecha de disminución de derechos…

     La iniciativa elimina, por otro lado, la facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la empresa. Propone un procedimiento bilateral para la calificación de las empresas en las que se puede prohibir la huelga, estableciendo el derecho de las partes a un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones. También incorpora un procedimiento de arbitraje obligatorio para los trabajadores de empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga y las de menor tamaño. Se consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir los servicios mínimos que permitan atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la empresa o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud. La prestación de los servicios mínimos se realizará a través de uno o más “equipos de emergencia” dispuestos por los trabajadores. A falta de consenso, resolverá la Inspección del Trabajo.

      Es también importante el fortalecimiento previsto de la mediación, estableciendo que las partes tendrán el derecho a solicitar mediación voluntaria de común acuerdo o bien obligatoria una vez votada una huelga y a petición de cualquiera de las partes o forzada en los casos de incumplimiento del principio de buena fe. Habrá arbitraje voluntario, obligatorio y forzado. Los acuerdos deberán ser registrados por el empleador en la Inspección del Trabajo, que fiscalizará su ejecución y cumplimiento.

     Como se observa, se trata de un cambio de gran magnitud, que aspira a transformar positivamente la cultura de las relaciones laborales en Chile. Para eso deberá evolucionar la disposición de los interlocutores sociales para obtener acuerdos que protejan los intereses de las partes o al menos una resolución más civilizada de los conflictos y, con el tiempo, prácticas más extendidas de cooperación no subordinada en la empresa que favorecerá la innovación y la prosperidad compartida. Y también importará un gran desafío para la Dirección del Trabajo, con los nuevos roles que el proyecto de ley plantea otorgarle, lo que también supondrá una gran transformación de ese organismo para llegar a ser un regulador de las relaciones laborales y no sólo un fiscalizador de normas, en el contexto de organizaciones vivas y dinámicas como son, o deben ser, las empresas en la economía moderna.