¿Porqué ardió París?

En los tiempos recientes ha ido ampliándose el debate sobre el tipo de sociedad que los chilenos queremos construir hacia el futuro. La Presidenta Bachelet ha planteado caminar hacia un Estado de bienestar moderno, lo que ha sido rebatido por nuestros neoliberales con los argumentos libremercadistas ya demasiado conocidos. En estos días ha aportado lo suyo el diputado de derecha sueco de origen chileno Mauricio Rojas. Dice que ha venido a explicarle a la Presidenta Bachelet porqué ardieron los suburbios de Paris hace poco tiempo atrás: el Estado de Bienestar constituiría una pesada carga para el crecimiento y el empleo.
En primer lugar, el estallido en los suburbios franceses se explica básicamente porque un gobierno de derecha disminuyó los sistemas de apoyo y los subsidios al trabajo de acción social de organismos gubernamentales y no gubernamentales en los lugares en que se concentra la inmigración. Países con impuestos tan o más altos que los de Francia, no han visto emerger ningún estallido social recientemente, entre otras cosas porque han contado con gobiernos que llevan adelante una exitosa política económico-social de integración.
En segundo lugar, no basta con mostrar un par de gráficos para demostrar que impuestos altos generarían poco crecimiento y empleo. Es importante precisar algunas relaciones de causalidad: si un país crece aumentando menos el empleo que otros, no quiere decir que está en decadencia sino todo lo contrario: está aumentando su productividad. Así, Francia es el país de mayor productividad por hora trabajada en el mundo, superior a EE.UU., país que sin embargo genera más riqueza agregada porque se trabaja más días en el año por trabajador. ¿Qué es preferible, trabajar más por menos dinero con menos derechos o tener ingresos algo inferiores porque se trabaja menos, con amplios derechos sustentados en una alta productividad? Las democracias de los respectivos países han ido dando su respuesta en el tiempo, con un “modelo norteamericano” y un “modelo francés” igualmente, grosso modo, eficientes pero uno mucho más desigual que el otro. Los chilenos mientras tanto estamos entre los que más trabajamos en el mundo, pero con baja productividad y bajos ingresos para los que tienen menos y muy altos para unos pocos, injustificadamente.
Joel B. Slemrod y Jon Bakija, con datos de 1950 a 2002, demostraron que los períodos de fuerte incremento de la productividad ocurrieron cuando las tasas marginales del impuesto a la renta superiores eran más altas y que, en promedio, los países de más altos impuestos son los más ricos, contrariamente a lo que sostienen los neoliberales como el diputado Rojas[1]. Y escuchemos a Vito Tanzi y Howell Zee, del FMI: “la evidencia empírica sobre la relación entre tributación y crecimiento es mucho más débil que lo que la teoría hubiera llevado a uno a esperar”[2]. La noción de que los impuestos hieren el desempeño económico es sólo eso: una noción sin evidencia que la sustente. Y el costo de ignorar la experiencia a favor de postulados de fe puede ser alto: déficit fiscal, decaimiento de la infraestructura, inadecuada inversión en investigación, educación y salud. Y por tanto a la larga menor crecimiento. Y mucho menor equidad. Tiene razón entonces la Presidenta Bachelet al invitarnos a tener más y no menos protección social.
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[1] Joel B. Slemrod y Jon Bakija, Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Great Debate over Tax Reform, The MIT Press, 2004.
[2] Vito Tanzi y Howell H. Zee, “Política fiscal y crecimiento a largo plazo”, Revista Internacional de Presupuesto Público, nº 38, 1998.

* Acuarela de Carlos Martner

¿Qué pasó con el modelo económico neoliberal?

En buena hora se va ampliando entre nosotros el debate sobre la política económica seguida desde 1990 y su capacidad de revertir el modelo neoliberal de Estado mínimo, mercado máximo, desregulaciones y privatizaciones heredado de la dictadura. Para que se entienda mejor el texto anterior publicado en este blog, entrego este texto que es parte también de mi libro Remodelar el modelo de próxima publicación.

En el campo económico y social la situación es más opaca. ¿En qué hemos avanzando, en qué no, porqué? ¿En qué medida ha habido cambios en el “modelo neoliberal chileno” heredado de la gestión autoritaria de 1973-1989[1]?

El tránsito a la democracia debía dar lugar, en el diseño original de sus promotores, a una nueva estrategia de crecimiento con equidad alternativa al modelo neoliberal sustentada al menos por la amplia mayoría de la coalición de centroizquierda constituida por la Concertación de Partidos por la Democracia, expresada en su oferta programática. Esto ha sido controvertido por los neoliberales chilenos y por diversos autores que se sitúan a la izquierda de esta coalición, que sostienen la tesis de la continuidad con el modelo neoliberal de la dictadura.

Modelo neoliberal chileno hubo desde luego entre 1973-1989, que para solaz de los Chicago boys nacionales fue precursor de la aplicación de las ideas de sus inspiradores Milton Friedman y Friedrich Von Hayeck, y que provocó graves perjuicios para Chile, su Estado y su sociedad civil, así como para la situación socioeconómica de los desposeídos, de gran parte de los sectores medios y de no pocos empresarios. Sostendremos por nuestra parte que temas como la apertura al exterior (que se puede hacer de muchas maneras pero se realizó hasta 1989 con daño innecesario al tejido productivo) o los equilibrios macroeconómicos (que durante el período de dictadura se buscaron con políticas de choque recesivas o con enfoques equivocados como la fijación del tipo de cambio) no necesariamente tienen que ver con el modelo neoliberal y si con estrategias económicas basadas en el interés general. Y sostendremos que las políticas redistributivas seguidas no han tenido la fuerza suficiente para superar la situación de exclusión en que vive una cuarta parte de la población chilena, razón por la cual la estrategia económica puesta en práctica ha logrado crecimiento pero no la equidad necesaria, manteniendo un modelo de desarrollo híbrido.

¿Validación del modelo neoliberal?

Es de destacar, no obstante la mayor lentitud desde 1998, el éxito en materia de crecimiento. El crecimiento del período 1990-2006 ha sido el mayor de la historia económica reciente, al punto que Chile es, según las estimaciones del FMI para 2006, el país de América Latina de más alto ingreso por habitante (con 8 570 dólares, a comparar con los 2 409 dólares de 1990, año en el que Chile se situaba en sexta posición, detrás de Argentina, Uruguay, Brasil, México y Venezuela) y el único del continente que ha acortado distancias con los países industriales en el período reciente.

La postura de varios de los creadores del modelo neoliberal chileno ha sido la de intentar apropiarse, sin mucha elegancia, de los éxitos económicos posteriores a 1990. En palabras del ex ministro de economía de Pinochet Pablo Baraona, no ha habido cambios ni podría haberlos: “los socialistas de todos los colores han aprendido que en el mundo no se puede hacer otra cosa, sino seguir estas líneas centrales de apertura comercial, equilibrio fiscal, libertad de precios y ojalá pocas empresas públicas(...) Con todo lo que a Aylwin no le gustaba este sistema, se lo tuvo que tragar completo”[2].

Pablo Baraona desarrolla la tesis de la victoria en toda la línea del enfoque neoliberal: “es cierto que subieron los impuestos en 4% del PIB en estos 15 años, pero esos son gajes del oficio, mañana puede llegar otro que los baje. Yo opino que las regulaciones son excesivas y la más importante de todas es la inflexibilidad en el mercado laboral, pero estamos discutiendo en otro peldaño, no en la base del modelo”[3].

De modo similar, pero más defensivamente, se han expresado los grandes empresarios, por ejemplo a través de Hernán Somerville: “aprendiendo lecciones del pasado, logramos en los ’90 hacer un compromiso constructivo para mirarnos al futuro con moderación, incluso de mucha gente renunciando a sus legítimas posiciones. Logramos aceptar (sic) las reformas del gobierno militar y perfeccionarlas con un hilo de continuidad a través de un diálogo público y privado ejemplar. Hay que ir ajustando el modelo, pero si se me habla de cambiar los fundamentos, el no es tajante”[4].

Sergio de Castro, ex ministro de hacienda y responsable de una de las recesiones más profundas de la historia económica chilena (la de 1982-83, catástrofe solo comparable a la que provocaron sus colegas Chicago-boys en 1975 y a la de Argentina 20 años después), mantiene la línea de la apropiación pero revelando más claramente su convicción real: “siempre he dicho y seguiré diciendo que el gran mérito del gobierno de Aylwin fue precisamente validar el modelo, porque al leer todo lo que publicaba CIEPLAN, eran incendios contra la política económica”, para luego añadir que “se ha perdido el culto a la eficiencia, lo que para un economista es crucial (…), se han aprobado una serie de leyes por motivos políticos más que técnicos, específicamente en el campo laboral, donde me parece una cosa casi perversa. Todos saben que esas cosas le hacen mal a los trabajadores y sobre todo a los más pobres y, sin embargo, se aprueban, como la ley que reajustó excesivamente el salario mínimo en 1998. Con todo esto se va perdiendo la competitividad chilena”[5]. Y agrega a mayor abundamiento: “debieran haberlo (el salario mínimo) eliminado hace mucho tiempo (...) y con flexibilidad laboral absoluta”[6]. Todo esto dicho por quien tiene seguramente ingresos no una sino varias decenas de veces superior al ingreso mínimo, y que propone que este sea aún inferior a su nivel actual, no precisamente demasiado elevado, para “aumentar la competitividad”...

Los defensores de las ideas neoliberales parecen intentar en realidad “validar” su propia reivindicación ante la sociedad, después de no haber sido aceptadas por la mayoría de los ciudadanos (véase las candidaturas presidenciales de Hernán Buchi en 1989, de José Piñera en 1993 y Joaquín Lavín en 1999-2000 y 2005, todos ellos economistas neoliberales colaboradores de la dictadura militar), sobre la base de oponer a su enfoque el fantasma de la planificación centralizada y la estatización de los medios de producción. Todo lo que no sea reinvidicar, en términos actuales, algo así como el “modelo norcoreano”, los neoliberales chilenos lo consideran una victoria de sus ideas, como si no hubiera en el mundo, y en Chile, una vasta gama de idea económicas distintas de las de los coreanos del norte y las de ellos, y de modelos de desarrollo económico que combinan Estado, mercado y sociedad de variadas formas, con resultados considerablemente más exitosos que los que se empeñaron en imponer mediante los procedimientos criminales de una dictadura. Y al mismo tiempo que se atribuyen los éxitos desde 1990 en materia de materia de crecimiento, rechazan las regulaciones laborales y tributarias establecidas, como si estas no fueran parte de la política que condujo a los resultados que reivindican para sí.

Desde el otro lado del espectro ideológico, se ha enunciado la tesis del transformismo. De acuerdo a Tomás Moulián, las políticas seguidas desde 1990 serían una especie de engaño premeditado de los que han gobernado el país en democracia para mantener la continuidad de lo que llama la “fase constitucional” de la dictadura después de 1980: “la actual coalición no ha creado un proyecto, más bien administra con expertise el diseño de modernización del Gobierno militar, marcado por el sello neoliberal”[7]. En la misma vena, Gabriel Salazar y Julio Pinto señalan de manera perentoria: “es un hecho que en materia de estrategias de desarrollo, los gobiernos de la Concertación han optado por mantener el curso adoptado por la dictadura”, excepción hecha de “una mayor sensibilidad frente a las inequidades sociales[8]”.

Guillermo Larraín, en un análisis más complejo y desde la coalición de gobierno, tiende a darle razón a esta interpretación. En efecto, caracteriza a lo que denomina genéricamente el modelo chileno como una síntesis que entiende en definitiva armónica y satisfactoria de tres componentes: 1) la herencia del régimen militar, que considera mucho más reducida que la que se autoadjudican sus autores [“en el plano conceptual su aporte fue la reforma de la seguridad social, las privatizaciones y la desregulación (...) y en el plano práctico (...) llevó a cabo no sólo aquellas reformas que conceptualmente creó, sino otras cuya necesidad era clara desde hace un par de décadas”, agregando que “el paradigma de esto es la apertura de la economía, la cual se pretendió hacer sucesivamente en los gobiernos de Ibáñez, Alessandri y Frei, pero todos fracasaron”]; 2) las políticas de los gobiernos democráticos desde 1990 y 3) las ideas de Aníbal Pinto y Jorge Ahumada, que entiende inspiraron tempranamente “la apertura comercial, la tecnificación de la política económica, el control presupuestario y la estabilización inflacionaria y financiera” [9]. Se trata de una suerte de ecumenismo de amplio espectro que, puede conjeturarse, no necesariamente identificaría a unos y otros de los convocados a semejante síntesis, lo que nunca sabremos pues Ahumada y Pinto fallecieron hace ya mucho tiempo. Pero sobre todo ¿quien con un poco de criterio profesional se va a oponer a la intención de tecnificar la política económica o de controlar el presupuesto o la inflación? Son pocos los economistas chilenos, o de cualquier parte del mundo, que se opondrían a algo así, con lo que pierde especificidad toda discusión sobre modelos económicos. En suma, la inespecificidad inconducente de las tesis de la gran complicidad o de la gran síntesis ecuménica no nos hace avanzar mucho en la respuesta a la pregunta sobre la continuidad y cambio en materia económico-social en Chile desde 1990.

Una tesis en este sentido es la que desarrolla Manuel Castells al establecer la distinción entre lo que denomina el paso de un modelo liberal autoritario excluyente a un modelo liberal democrático incluyente[10]. Sin embargo, como veremos, la dimensión de inclusión ha encontrado límites importantes, por lo que esta descripción no refleja, o al menos no aún, las realidades prevalecientes en Chile. Por lo demás, es propio de los modelos económicos liberales no ser incluyentes, pues se oponen al Estado Social, aunque el entorno político en el que se desenvuelvan haya mutado del autoritarismo a la democracia. Recordemos a Bobbio: aunque el liberalismo conciba al Estado tanto como Estado de derecho como al mismo tiempo Estado mínimo, existen Estados de derecho que no son mínimos (por ejemplo el Estado Social contemporáneo) y también existen los Estados mínimos que no son Estados de derecho.

Ernesto Ottone y Carlos Vergara, por su parte, prefieren referirse no ya a modelos antitéticos de desarrollo presentes en la historia económica chilena reciente, sino a la “experiencia chilena” desde 1990, con sus componentes de política pública orientadas al crecimiento y a la equidad[11], lo que de alguna manera elude el debate.

En la economía académica actual se emplea la noción de “modelo” como algo distinto de un ideal a alcanzar o un conjunto sistemático de políticas económicas orientadas en una dirección, que son las acepciones del lenguaje cotidiano en la materia. La “corriente central” de la economía convencional recurre con frecuencia a modelos en tanto estilizaciones altamente abstractas, en que a partir de supuestos conductuales básicos de los agentes económicos (maximizadores de utilidad, en particular) se realiza una o varias construcciones de encadenamientos lógicos. Estas construcciones están basadas necesariamente en simplificaciones, las que con frecuencia son sin embargo poco realistas, pues suponen que las prácticas efectivas de los agentes económicos resultan de un cálculo racional orientado a optimizar resultados. Y esto es harina de otro costal, aunque subrayemos que las conductas socioeconómicas suelen ser más complejas que estas simplificaciones, que denotan juicios de valor no fundados, mientras las estimaciones econométricas que a veces las acompañan no validan con demasiada frecuencia sus predicciones. Este es el caso de muchos modelos de estimación del crecimiento, de modelos de impacto del gasto público y la tributación, de modelos de impacto de las regulaciones salariales y así sucesivamente, como se hará notar en diversas partes de este texto.

Siguiendo un método histórico-analítico, el más recomendable en economía, Robert Boyer y Michel Freyssenet, nos guían por el derrotero de la especificidad en materia de desarrollo económico. Distinguen en el siglo XX no menos que unos ocho modos de crecimiento de la economía. Lo hacen considerando que el ingreso nacional puede ser principalmente dinamizado: 1) por la inversión, 2) por el consumo interno 3) por las exportaciones, y además consideran 4) la forma de distribución de ese ingreso, 5) las maneras de manejar las incertidumbres en el mercado de bienes y de capitales y 6) el uso de la fuerza de trabajo. Distinguen también modelos productivos a nivel de la empresa según 1) la política de producto, 2) la organización productiva y 3) la relación salarial[12].

A pesar de la amplitud de las distinciones ofrecidas por estos autores, que nos llevaría un largo trecho describir aquí en su totalidad, ninguna permite encasillar cabalmente nuestro actual “modo de crecimiento”, aunque el modo de crecimiento desigual y rentista que identifican describe bastante bien aquel prevaleciente en Chile durante 1974-1989, pero no así la evolución posterior[13].

Pero si seguimos la filosofía de estas distinciones, definiremos para nuestros propósitos un modelo de desarrollo como una modalidad de interacción estable entre las estructuras políticas y un modo de crecimiento económico, asociado éste a un modo de asignación de recursos y a un modelo productivo de organización predominante de las empresas y las relaciones salariales. Nuestra noción de modelo de desarrollo incluye entonces el entorno institucional (democrático o autoritario y sus variantes), el modo de crecimiento (con sus diversas combinaciones posibles en las fuentes dinamizadoras del ingreso y en su distribución), el modo de asignación de recursos (en el mercado de bienes y en el mercado de factores) y el modelo de empresa prevaleciente.

Esto nos lleva a diferenciar “estrategia” de “modelo”, en tanto la primera (conjunto de políticas orientadas en una dirección determinada) puede ser congruente para mantener un modelo desarrollo, o proponerse modificarlo, lo que solo es posible si tiene la extensión en el tiempo requerida y la intensidad suficiente, o bien, alternativamente, puede no lograr alterar el modelo vigente si su extensión es limitada y su intensidad es baja.

La estrategia neoliberal consagró en Chile con los medios de una dictadura un modelo de desarrollo autoritario y desigual en el período 1973-89, que incluyó un modo de crecimiento basado en las exportaciones, que deprimió el consumo promedio y el gasto público, que deterioró la distribución del ingreso y el consumo, que desreguló el mercado de bienes y estableció una relación salarial desregulada y un modelo de empresa hiperconcentrado.

Este dejó de existir no porque terminó el autoritarismo, mudando simplemente a un modelo de desarrollo democrático-neoliberal, sino porque una estrategia de crecimiento con equidad de baja intensidad cambió el modo de crecimiento a nivel de las fuentes de dinamización del ingreso (inversión y consumo), aunque no su distribución, reguló algo más el mercado de bienes y modificó solo en parte el modelo productivo a nivel de la empresa. Por ello no es posible considerar, a su vez, que esté en vigencia un modelo de desarrollo democrático igualitario (con mejor distribución del ingreso, mayor regulación del mercado de bienes, de capitales y del trabajo conducente a más cohesión social) como el que desearía la mayoría de los componentes de la coalición que ha gobernado desde 1990, sino un modelo de desarrollo democrático híbrido.

En efecto, Chile ha podido obtener un crecimiento de su economía del orden de 5% anual en promedio desde 1990, sin graves recesiones (con excepción de la de 1999), lo que le ha permitido más que duplicar el ingreso por habitante, contrastando con toda la historia económica de Chile en el siglo XX. Esto no puede atribuirse al modelo autoritario-neoliberal, pues aunque evidentemente no se ha adoptado un sistema de planificación central de precios y cantidades, ironías aparte, la política macroeconómica se ha alejado de los ajustes automáticos y las políticas que inciden en los mercados de factores han alterado sus parámetros previos, como lo subrayan los economistas ortodoxos de la Universidad de Chicago antes citados. Subrayemos que el crecimiento en el período en que estuvieron a cargo de la economía no fue ningún milagro, contrariamente a lo que sostienen sus propagandistas y que los impulsa a intentar apropiarse de lo que vino después: alcanzó en promedio solo cerca de 3% anual, es decir una cifra inferior a la del período democrático previo a 1973 (3,8% entre 1940 y 1970), y sustancialmente inferior a la etapa democrática actual (cercano al 6%). Si milagro hay, aunque en economía no hay milagros, es el del crecimiento desde 1990, que es casi el doble del obtenido por el régimen militar en un período similar de tiempo.

Entre 1973 y 1990 el crecimiento fue dinamizado por las exportaciones y la inversión, mientras en promedio el consumo de los hogares y del gobierno permaneció estancado, especialmente desde 1982, con consecuencias negativas para el bienestar de una mayoría de la población que vio caer su nivel de vida de manera dramática en las crisis de 1975 y de 1982-83. 

En cambio, a partir de 1990, el crecimiento empezó a ser dinamizado también por el consumo de los hogares, que ha experimentado una mejoría considerable al crecer a una tasa incluso levemente superior a la del PIB, en contraste con su estancamiento previo (promedio que escondía una regresión en el consumo de los hogares más pobres durante la severa crisis de 1982-83), generando un patrón de comportamiento más equilibrado entre los grandes componentes de la demanda agregada. El consumo de gobierno también se recuperó en democracia, pero con tasas de expansión promedio modestas e inferiores al crecimiento del gasto global.

Mientras la inversión crecía menos, a precios constantes, que las exportaciones entre 1973 y 1990, y también en la década de 1990, desde el año 2000 la formación de capital se incrementa a un alto ritmo anual promedio, superior al de las exportaciones, manteniendo el consumo de los hogares un buen ritmo de crecimiento. La salida de la crisis de 1999, lenta y dificultosa, se ha encaminado a reforzar el peso de la demanda interna en la dinámica económica, aunque se mantenga un buen ritmo de expansión exportadora.

En sus trazos gruesos la estrategia de crecimiento con equidad ha tenido como resultado un importante crecimiento promedio acompañado de un mejoramiento de la magnitud y del impacto de las políticas sociales, imposibilitadas sin embargo hasta ahora de alterar los parámetros distributivos lo que, como veremos, mantiene a una proporción significativa de la población en una condición de exclusión social severa[14]. No obstante, esta estrategia logró contener en Chile la regresión distributiva que se ha observado en América Latina de manera generalizada en la década de 1990. Este es un logro que contrasta además con el sistemático deterioro distributivo ocurrido en 1973-1989.

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[1] Amén de una abundante literatura al respecto, el tema de los cambios impuestos después de 1973 está tratado en Gonzalo D. Martner, Gobernar el mercado. Las nuevas fronteras del Estado en el siglo 21, LOM Ediciones, Santiago, 1999.
[2] Pablo Baraona, entrevista en La Tercera, 23 de octubre de 2005.
[3] Pablo Baraona, ibid. El cambio a la base 1996 de las Cuentas Nacionales y el cambio de metodología de las cuentas presupuestarias implicó un recálculo del peso de los ingresos y gastos públicos, por lo que los datos de un incremento de 4% de la carga tributaria se redujeron a 2%, como se menciona más adelante.
[4] Entrevista a Hernán Somerville, presidente de la asociación empresarial Confederación de la Producción y el Comercio, El Mercurio, 23 de octubre de 2005.
[5] Sergio de Castro, entrevista en La Tercera, 23 de octubre de 2005.
[6] Sergio de Castro, entrevista en La Segunda, 21 de octubre de 2005.
[7] Tomás Moulián, op.cit., p.75.
[8] Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile, Volumen III, op.cit., p.61.
[9] Guillermo Larraín Ríos,Chile Fértil Provincia. Hacia un Estado liberador y un mercado revolucionario, Random House Mondadori, pp 38-43.
[10] Manuel Castells, Globalización, desarrollo y democracia, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2005.
[11] Ernesto Ottone y Carlos Vergara, Ampliando Horizontes. Siete Claves Estrátegicas del Gobierno de Lagos, Editorial Debate, Santiago, 2006.
[12] Robert Boyer y Michel Freyssenet, Les modèles productifs, Editions La Découverte, Paris, 2000.
[13] Describamos dos de estos ocho modos de crecimiento para tenerlos como referencia negativa y positiva. En primer lugar, el modo de crecimiento desigual y rentista sería, de acuerdo a nuestros autores, el que corresponde a muchas economías periféricas y se caracteriza por un crecimiento dinamizado por las exportaciones de materias primas o de productos agrícolas y por una distribución de los incrementos de renta fuertemente desigual y con tendencia al clientelismo, con una evolución del mercado interno fuertemente cíclico y con condiciones legales de producción sometidas a cambios frecuentes. En segundo lugar, el modo de crecimiento coordinado y exportador organizado, que corresponde al de Alemania y Suecia desde los años cincuenta, sería aquel que se apoya en la exportación de bienes y servicios suficientemente especializados como para no poder ser objeto de competencia vía precios. La distribución del ingreso nacional se realiza en este caso en función de las ganancias de este tipo de competitividad, de manera nacionalmente coordinada y poco jerarquizada, con predominio de los segmentos medios y superiores a raíz de sus altos salarios. El trabajo, por su parte, estaría caracterizado por una gran estabilidad en el empleo, una importante proporción de asalariados calificados, sindicatos poderosos y cooperativos y una protección social desarrollada.
[14] Respecto de la sustentabilidad ambiental de este esfuerzo, cabe señalar que, sin perjuicio de los fundamentos de política ambiental creados desde 1990 frente al absoluto vacío existente previamente en la materia, ha prevalecido en buena medida el aserto equivocado según el cual un mayor crecimiento permitiría más tarde abordar políticas efectivas de conservación, lo que constituye esta área en una tarea pendiente, especialmente en la creación de normas de uso de recursos naturales y de emisión y sobre todo la vigilancia de su cumplimiento, muchas veces inexistente o precario.

El modelo

Próximamente será editado por LOM mi libro Remodelar el Modelo. De ahí extraigo estas líneas.

Afirmar que en Chile se lleva adelante una continuidad neoliberal, con un Estado que ha cambiado sustancialmente su tamaño absoluto y en una proporción modesta su peso relativo desde la recuperación democrática en 1990, que ha pasado desde el signo de la disminución al del incremento de su rol, no refleja la realidad de los hechos. Las grandes inversiones sociales y en infraestructura (con una no ortodoxa cooperación público-privada) no se habrían realizado con gobiernos neoliberales, y eso marca una diferencia sustancial con la trayectoria anterior a 1990.
Valga una observación: no porque una opción no tenga la intensidad y velocidad suficientes de aplicación de acuerdo a parámetros exigentes, entonces estaríamos en presencia de la opción contraria. Estamos simplemente en presencia de una opción que va en una dirección con una intensidad y/o velocidad que no permite avanzar sino con lentitud respecto a metas distributivas de alta exigencia. No es lo mismo tomar la carretera al norte que la carretera al sur, no obstante se vaya lento. Aunque quien se encamina al sur a paso de tortuga terminará preguntándose cual es el sentido de ir al sur...
En efecto, más allá de las intenciones de sus responsables, la estrategia de crecimiento con equidad o con igualdad, según las versiones de 1990 o de 2000, no logró constituirse en un modelo de desarrollo establemente integrador (que cumpla entre otras con la condición de no ser fácilmente desmontable por un cambio de coalición gobernante: un modelo de desarrollo es tal cuando, entre otras cosas su reversibilidad es costosa), en tanto no ha logrado disminuir suficientemente los niveles de exclusión social y no cuenta aún con los contrapesos suficientes al predominio avasallador del capital concentrado en pocos conglomerados dominantes en los principales mercados, logrado con considerable éxito por las reformas posteriores a 1974. La estrategia seguida, como conjunto más o menos ordenado de políticas que se orientan en una misma dirección, no ha consolidado aún un nuevo modelo de desarrollo entre otras cosas porque, así como se han desarrollado políticas orientadas a la equidad, no se han modificado lo suficiente otras que se orientan en un sentido contrario. En efecto, el desarrollo reciente no es caracterizable, de acuerdo a lo argumentado, como la “continuidad neoliberal”, sino como el resultado de una reconfiguración que combina una pesada herencia, especialmente en materia de exclusión social, (que induce una suerte de path dependency, de dependencia de la trayectoria) con modificaciones de esa herencia en variados aspectos que dan lugar, si de modelística se trata y simplificando el argumento, a un “modelo híbrido”, con simultáneamente componentes de capitalismo salvaje y de Estado social.
¿Cual de esos componentes prevalece y sobre todo prevalecerá sobre el otro en el futuro? Materia de discusión, llamada a perdurar si se prolonga el empate político en el país, o a evolucionar, si ese empate se desanuda, hacia una trayectoria de transición a un modelo crecientemente incluyente de desarrollo o a sufrir una regresión hacia el modelo neoliberal de Estado mínimo, mercado máximo y sociedad civil dispersa, socialmente polarizador, como el que conocimos hasta 1990. Esta segunda transición, además de la político-institucional, a un “modelo de desarrollo democrático igualitario”, supondrá una mixtura de más alta intensidad entre mayores grados de ciudadanía social y políticas públicas explícitamente igualitarias. Mientras, convengamos que la sociedad chilena es hoy heterogénea y fragmentada y está en muchos sentidos todavía desconcertada frente a un incremento de expectativas de bienestar, especialmente de las nuevas generaciones, y frente a la carencia de sentidos fuertes que acompañen los procesos de cambio que experimenta. Mantener la actual “configuración híbrida” consagraría un fuerte déficit de cohesión social, en un país persistentemente dominado por oligarquías económicas concentradas y poderosas y que funcionaría de modo cada vez más desigual y polarizado, fruto de las múltiples velocidades entre ganadores y perdedores de la dinámica económica que el mercado librado a su suerte inevitablemente trae consigo.

Insistencia: La nueva agenda de modernización del Estado

La derecha, siempre igual a sí misma, no encontró nada mejor que, por voz de Cristián Larroulet y varios de sus personeros, proponer, a propósito del tema de la corrupción, que se coloque "en el mercado un 30% de las acciones de empresas públicas", empezando por CODELCO. En 2006, el excedente fiscal de CODELCO es del orden de 7 000 millones de dólares. Con la receta de Larroulet hubieran ido a parar a manos privadas 2 100 de esos millones, y no a todos los chilenos. Sigue estando claro que la derecha y el interés general no van juntas. Y los chilenos, sabiamente, siguen rechanzándola encuesta tras encuesta.

Pero de nuestro lado no todo anda bien.

La constatación por la Contraloría General de la República del uso incorrecto e ilegal de recursos en un organismo público de alto impacto social como es Chiledeportes y de irregularidades en las rendiciones de cuentas de algunos candidatos en las elecciones del año 2005, incluyendo un ex postulante al cargo de Presidente de la República, crearon, al sumarse a episodios anteriores, un fuerte y en muchos sentido deprimente impacto mediático. Por momentos pareció que el país se derrumbaba bajo el peso de una corrupción generalizada. Sin embargo, por los mismos días, Chile aparecía en el listado de Transparencia Internacional en la mejor posición de América Latina en materia de probidad y la número veinte en el mundo. ¿Con cual de las dos imágenes quedarse?

Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la hipersensibilidad ciudadana sobre el tema, lo que habla de la persistencia de un rechazo genérico a la política, pero sobre todo habla muy bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades públicas desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. Es muy probable que la arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, los abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecienten, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos. Pero siendo la lucha contra la corrupción como andar en bicicleta (si no se pedalea, la caída es inevitable), hay que pasar del justo alegato a la acción permanente, persistente y pertinente, dejando atrás la tentación de tomar medidas histriónicas que duran tanto como su anuncio mediático o la descalificación al voleo que tanto daño le hace a las instituciones públicas y quienes muchas veces con gran sacrificio se desempeñan en ellas.

Nadie puede garantizar que entre centenares de miles de funcionarios públicos, miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no haya quienes realicen actos corruptos, cediendo a la codicia. Tampoco algo así se puede garantizar que no ocurra en el sector privado, o en las organizaciones sin fines de lucro de variada índole. Lo que si el gobierno –y los responsables de cualquier organización que administra recursos de otros- puede y debe hacer es garantizar una actitud: perseguir sin demora y con todo el peso de las normas internas y de la ley todo acto de desvío para fines particulares de los recursos de los demás. A ello debe agregarse, porque entre otras cosas suele involucrar recursos muy cuantiosos, el castigo de todo trato de privilegio respecto de intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, y cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusa para conductas reñidas con el interés público.
El gobierno desde el primer momento puso todos los antecedentes en manos de los tribunales y de los fiscales que investigan los hechos cuestionados. La Presidenta declaró su auténtica indignación. Pero sobre todo, las medidas propuestas por el grupo de asesores de la Presidenta Bachelet y los anuncios aún más audaces realizados por ella el 23 de noviembre de 2006 van en la adecuada dirección de dar un salto en la calidad de nuestra democracia.

Más transparencia

Si el parlamento aprueba lo planteado por la Presidenta, se avanzará en asegurar mejor la publicidad de los actos públicos de toda índole, con énfasis en las compras estatales y en las asignaciones directas. Junto a revalorizar la virtud cívica, reemplazada en las últimas décadas por el desembozado predominio del afán de lucro, el mejor remedio es y seguirá siendo que muchos ojos miren la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento, de la que pocos se privan. Sin embargo, a la larga se gana más de lo que se pierde.
De esta manera, si todo avanza bien, se logrará disminuir las “oportunidades de corrupción” y, en especial, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas, sin expresión de causa). Se requiere vigilar con extremo celo las licitaciones, lo que se fortalecerá con el mejoramiento de los sistemas de control anunciado por la Presidenta, aunque falta precisión respecto del área municipal, donde las licitaciones de recolección de basura y otros servicios urbanos dejan mucho que desear, por decir lo menos. A esto cabe agregar la amplia publicidad que debe darse de aquí en adelante a las autorizaciones de actividad privada y a las fijaciones tarifarias, que tienen enfrascadas al Estado chileno en múltiples juicios por cientos de millones de dólares con algunas empresas reguladas que buscan todos los resquicios posibles para incrementar sus utilidades a costa del consumidor.

Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas ¿Porqué no acudir además a la sociedad civil, estableciendo, junto a la mayor transparencia de las decisiones públicas anunciada, Comités de Usuarios que sean habilitados, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones en cada órgano público, especialmente los que gestionan fondos concursables o directamente asignables? Ya existen experiencias de Comités de Usuarios, como en el nuevo mecanismo del Seguro de Desempleo aprobado en 2002.

Reemplazar el favoritismo por el mérito en el nombramiento de cargos públicos

La igualdad de acceso a los cargos públicos es un principio democrático que ha perdido fuerza en Chile, o que más bien nunca tuvo mucha fuerza en un Estado tradicionalmente prebendario. No olvidemos que ya formaba parte de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Permítasenos citar parte de su artículo 6, respecto del cual hay poco que agregar para fundar la sana doctrina democrática en la materia: “La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir a su formación personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y de sus talentos”.

La violación del principio de igualdad ante la ley, que incluye la igualdad de acceso a los empleos públicos, provoca universalmente en el mundo moderno la mayor de las irritaciones ciudadanas contra los gobernantes y es el factor principal de su deslegitimación, que en determinadas circunstancias arrastra la de la democracia en su conjunto (“que se vayan todos”).

En democracia, los gobernantes son elegidos, o debieran serlo, para llevar a cabo un programa de acción. Para ello deben poder trabajar en los puestos de liderazgo del gobierno con colaboradores de su confianza, en el sentido que comparten el mandato popular de realizar un programa y están exclusivamente motivados por su realización, nombrados discrecionalmente (y siendo en todo momento removibles) por el jefe de gobierno de cara al público. Estos deben poder disponer de pequeños equipos de apoyo técnico y político que expresamente entren y salgan con ellos de los gabinetes de los ministerios. El informe de los expertos convocados por la Presidenta hace proposiciones muy pertinentes en este sentido.

El resto de los empleos públicos, en una democracia moderna, debe ser de carácter profesional, no sujeto a discrecionalidad y menos a persecución política. Para ello se inventó el sistema de plantas, en el que los funcionarios no pueden ser removidos sino por mal desempeño, y en ningún caso por sus opiniones o convicciones. Y el ingreso y los ascensos deben realizarse mediante evaluaciones objetivas, anónimas, basadas exclusivamente en el mérito y no en el pago de favores o la constitución de clientelas. Este último es el camino más directo al desvío de recursos públicos, a la ineficiencia y la mediocridad en detrimento del mandato de servir a los ciudadanos.

Asegurar normas objetivas de acceso y promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, debe hacerse además sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son una de las fuentes principales del clientelismo que se ha instalado en nuestra administración. Los planteamientos de la Presidenta van en el buen sentido, al redefinir de manera drástica el uso de personal a honorarios, pero no avanza lo suficiente en materia de contratas. Debe recalcarse que el Estatuto Administrativo señala como norma general que en cada servicio público no más del 20% de los recursos humanos debe ser a contrata, lo que es materia de modificación cada año en la Ley de Presupuestos en muchos casos. ¿Porqué no obligar en lo sucesivo a cada responsable público a una justificación anual exhaustiva frente al parlamento de la derogación de la regla general? Ahí hay una tarea para el parlamento, que debiera atreverse a rechazar la actitud cómoda de los responsables de las finanzas públicas que no se hacen cargo de esta dimensión de la profesionalización de la función pública bajo el falso principio de la flexibilidad y de la economía, que suele transformarse a larga en despilfarro por el exceso de discrecionalidad que lleva al abuso y al pago de favores.

El cuerpo de funcionarios debe ser reclutado mediante estricto concurso de oposición, anónimamente, con movilidad horizontal. Su función debe ser ejecutar eficazmente las políticas impulsadas por la autoridad que responde ante los ciudadanos y contribuir técnicamente a su diseño. Por tanto su carrera no debe llegar hasta la cima de la jerarquía estatal, salvo que cuente con la confianza presidencial, cima que debe ser ocupada por las razones expuestas por personas mandatadas directa o indirectamente por la soberanía popular. Los funcionarios de carrera deben poder trabajar con gobiernos de un signo u otro, siempre que sean competentes (en este sentido el alegato por aumentar los embajadores de carrera realizado por funcionarios mediocres del Ministerio de Relaciones Exteriores ingresados en medio de la arbitrariedad militar no tiene fundamento).

La consecuencia de esta afirmación es que se debe restringir drásticamente en Chile los cargos de confianza política y limitarlos a no más de unas 300 posiciones directivas (con sus respectivos colaboradores directos). Y en esto el informe de los expertos avanza positivamente en algunos criterios.

Hagamos un poco de historia. Hasta diciembre de 1989, y desde 1973, todos, léase bien, todos los cargos de la administración del Estado eran de exclusiva confianza de la autoridad presidencial. Bastaba un decreto del Ministro del Interior para la cesación en el cargo de cualquier funcionario. Los mismos que hoy son adalides de la profesionalización pública (duele un poco el estómago ver en una foto del periódico del 4 de diciembre de 2006 al ex Ministro del Interior Cáceres junto al Ministro Ferreiro discutiendo sobre administración pública) practicaron cuando eran funcionarios de la dictadura las mayores arbitrariedades…hasta que dictaron al terminar su gestión ilegítima un estatuto que después de 17 años le daba a los funcionarios la más completa inamovilidad, con excepción del primer (ministros y subsecretarios) y segundo (unos 700 jefes de división y equivalentes) niveles de la administración. Se dejó además en suspenso todo mecanismo de calificación, lo que hubo que corregir en el primer gobierno democrático, con excepción de los profesores, lo que se hizo solo recientemente.

Por esta razón, el entonces Presidente electo Patricio Aylwin solicitó a la feneciente junta militar, y obtuvo de ella, una modificación de la ley del Estatuto Administrativo para que el tercer nivel (los del orden de tres mil jefes de departamentos) fueran también de exclusiva confianza presidencial, con garantías de continuidad funcionaria (“plantas paralelas”) para los desplazados del cargo. Lo que tuvo una justificación circunstancial, pues en realidad muchos de esos jefes de departamento no tenían las competencias necesarias y habían llegado ahí arbitrariamente, se transformó en un problema en el largo plazo: un espacio de oro para el clientelismo y para el sistema de pase partidario informal a la hora de nombrar a personas que debían cumplir funciones profesionales al servicio de los ciudadanos.

La Presidenta anuncia, en una buena decisión, que se ampliará los servicios con director reclutado por concurso y que un proyecto de ley distinguirá entre servicios cuya jerarquía máxima será concursable y otros en que lo será solo un segundo nivel. Esto va en la buena dirección, aunque es bastante discutible poner en un mismo plano por ejemplo la Casa de Moneda (cuyo compromiso con el programa presidencial no parece ser un requisito de buen desempeño) con la Dirección de Relaciones Económicas, que si requiere que su responsable no tenga una política exterior contradictoria con la del Jefe de Estado. O que los representantes de la pluralidad de Chile en el Consejo de Televisión se nombren por concurso…

Habrá que distinguir acuciosamente y con fundamento entre los servicios que definen políticas y los que ejecutan políticas cuyo directivo debe tener un compromiso con el programa de gobierno, que deben seguir siendo de confianza presidencial (y periódica rendición de cuenta ante el parlamento), y los de ejecución técnica. Allí habrá un papel para la deliberación parlamentaria.

Terminar con la intervención de la política por el dinero

Aunque a muchos ciudadanos de buena fe no siempre les guste reconocerlo, porque consideran ilegítimo el uso de recursos de todos para la actividad política, esta tiene un costo. De manera austera, ese costo debe ser cubierto por recursos públicos, y así evitar la influencia de los intereses económicos entre los legisladores, el pretexto para el desvío de recursos fiscales o el trato de favor a privados para financiar campañas. En esto se ha avanzado, pero debía prohibirse el inexplicable aporte legal de empresas a la actividad política y consagrarse que el incumplimiento de estas normas debe llevar a la pérdida inmediata del cargo para el que se ha sido elegido. Esto lo ha anunciado la presidenta como parte de sus medidas, lo que no estaba contemplado por los asesores, y revela su decidido liderazgo en la materia (que uno de ellos vinculado a la oposición impugnara a la Presidenta por hacerlo revela que hay quienes aún no respetan como se debe a la autoridad que emana de la soberanía popular). Veremos en el parlamento qué actitud toma la derecha en esta cuestión medular de su poder político: la representación del dinero en las instituciones, y un amplio subsidio para hacerlo. Ahí veremos si es sincera su actitud de mejoramiento de la democracia.

La oposición debiera entender que estos son temas a situar por encima del debate contingente, entregar ideas y prestar su apoyo para preservar lo que sigue siendo cierto: en Chile hay corrupción, pero esta es perseguida, socialmente castigada y constituye la excepción, no la regla. Y la Presidenta ha señalado con pertinencia una dirección hacia la cual caminar.

Crónica de una manipulación

El domingo 17 de diciembre de 2006 apareció en el diario “El Mercurio” una entrevista mía, a solicitud del periodista Mauricio Carvallo, quien había tenido a lo largo del tiempo una actitud correcta en sus diálogos conmigo, basada en una larga conversación. Esta fue presentada mediante una gran titular en primera página, que en realidad era lo único que interesaba a ese medio, señalando:

“Martner: “Los partidos de la Concertación recibían recursos de gastos reservados”.

El Lunes 18 de diciembre “El Mercurio” titula, de nuevo en primera página:

“Martner remece a partidos de la Concertación al revelar que recibían gastos reservados”.

Y agrega: “El ex presidente del Partido Socialista (PS) Gonzalo Martner reafirmó ayer sus dichos expresados en una entrevista publicada el domingo en "El Mercurio", donde reconoció abiertamente el desvío de recursos fiscales, en particular gastos reservados, hacia los partidos de la Concertación”.

¿Cuáles fueron mis dichos, de acuerdo a la transcripción que amablemente me facilitó el periodista Carvallo?:
“P: Boeninger y Schaulsohn condenaron el desvío de fondos fiscales hacia el aprovechamiento político ¿Cómo lo ve usted, como PS?
—R: Aspiro a que el tema esté por sobre la contingencia, que las autoridades desarrollen conductas de plena probidad, que se respeten las normas y las leyes y que todos condenemos unánimemente la corrupción, es decir el desvío para fines particulares de los recursos del país.
—P: ¿En qué les da razón o discrepa?
—R: Comparto con Boeninger que de alguna manera se creó (porque nadie lo dijo explícitamente y reivindicó como tal) el estado de ánimo que, habida cuenta de que el poder del dinero estaba en la derecha, era muy difícil competir en las vías democráticas con un mínimo de igualdad. Y que entonces se justificó usar recursos públicos para financiar la actividad política de nuestras fuerzas. Esto sigue siendo en muchos sentidos efectivamente cierto, y no puede autorizarse ¡nunca! porque deslegitima la democracia.
“Pero no puedo estar de acuerdo cuando, al apoyar este argumento, Schaulsohn (a quien veo en un proyecto distinto a la Concertación) agrega que se creó una “ideología de la corrupción”. Ahí cruza una frontera. Una cosa es que condenemos no ser estrictos en el uso de los recursos fiscales, pero otra asegurar esto.
Ahora, cuando Jorge indica que los partidos de la Concertación recibían recursos de los gastos reservados está aludiendo a hechos ciertos. Éstos tuvieron una corrección en el tiempo: entre el 2003-04 gobierno y oposición reconocieron que restaba legitimidad al proceso democrático que, por una parte, sólo hubiera recursos financieros de los grandes empresarios y, por el otro — el nuestro— que se usaran, aunque fuera legalmente, los recursos reservados para los partidos de gobierno”.

Esto se transformó en la entrevista publicada por El Mercurio en una pregunta que no fue hecha y en un acomodo de la frase anterior:
“-P: Y usted corrobora que los partidos de la Concertación recibían recursos de los gastos reservados de los ministerios?”:
R: Sí, él aludió a hechos ciertos, etc”.

Por tanto, aparezco corroborando algo que ¡no me fue preguntado! De motu propio en la respuesta anterior, efectivamente condené el uso partidista de gastos reservados, lo que mantengo, no en base a la revelación de nada, sino en base a hechos de público conocimiento. Tenía en mente al hacer esta afirmación la denuncia, que en su momento me pareció verosímil, aunque no me consta ni podría constarme, y la investigación posterior por un juez en 2003, del uso de gastos reservados en una campaña interna del PPD en 1994, que generó gran debate público. Este hecho dio lugar en aquel momento político a una reforma de la ley en materia de gastos reservados, prohibiendo su uso en actividades partidistas, lo que no habrá escapado, supongo, a tanto parlamentario que en estos días me ha atacado en forma artera rasgando vestiduras con una hipocresía muy nacional, en circunstancias que ellos legislaron sobre un tema que estaba en debate para corregir, en buena hora, una regulación insuficiente.
En la entrevista hago una serie de consideraciones adicionales en cuanto a mi opinión sobre la legalidad del uso de gastos reservados para fines “entre otras cosas, de estabilidad social” y que “no deben financiar actividades político-partidistas, como se hizo”, “en montos francamente modestos, lo digo con conocimiento de causa”, aludiendo a mi observación directa por muchos años de las penurias del funcionamiento de los partidos democráticos, que con frecuencia han tenido dificultades “para pagar la luz”.

Reproduzco lo siguiente, también aparecido en la entrevista:
“P: ¿Eran los presidentes de los partidos de la Concertación quienes recibían este dinero?
R: No puedo responder por otros, sí por mí. Los presidentes del PS han sido o parlamentarios o, como en mi caso, personas que nunca recibieron un peso ni del partido ni del Estado (…).

Yo no he hablado en ningún momento de dineros públicos que hayan llegado al Partido Socialista.

Y mi opinión política sobre el tema, que mantengo plenamente, la señalé del siguiente modo: “Pero no nos confundamos: hubo prácticas que tuvieron cierta legitimidad en un momento, las que debían ser cambiadas y fueron cambiadas. Todavía tenemos en Chile personas corruptas, algunas de las cuales están en la actividad política, y la idea es que estemos vigilantes y con los mecanismos para echarlos de inmediato apenas los pillemos. Con el paso del tiempo y en ausencia de una política clara, sistemática, dura en la lucha contra el tráfico de influencias, el clientelismo y la corrupción, todo esto fue ganando terreno”. Estoy aludiendo, por supuesto, a los diferentes juicios en tribunales en la materia, que nadie en su sano juicio puede negar ni debería minimizar. Mis alusiones fueron siempre políticas y a hechos de público conocimiento, y no supuestas “revelaciones”. A los que han hablado de declaraciones “confusas” les pido que las lean y constrasten exactamente mis dichos con los titulares de diario, que parecen ser lo único que en realidad leen.

Mantengo también mi crítica a la derecha y a los empresarios (de los que mis contradictores no han hablado una palabra), al exceso de cargos no profesionales en la administración y la falta de regulación del lobby y de los conflictos de intereses. Todo esto lo hago desde mi condición de simple ciudadano que no habla a nombre de nadie y no ocupa cargo partidario ni público alguno y que se desempeña en el ámbito académico. A los que les molesten mis opiniones, no tengo nada que señalarles salvo que lo siento mucho, pero que vivimos en una democracia que nos costó enormes sacrificios reconquistar y que garantiza la libertad de opinión. Y las descalificaciones (desde el “tonto útil” de un senador al “gusano” de otro senador, entre tantas otras afirmaciones odiosas) las tomo como de quien vienen, simplemente. Por mi parte creo que lo válido es trabajar por una democracia que funcione mejor en Chile, para que le podamos legar a las nuevas generaciones un sistema político éticamente sólido, de convivencia civilizada y progresista, en el que crean y que valoren.

Pero es evidente que a “El Mercurio” le interesaba, como siempre, la manipulación de la información –créanme que me reprocho haber creído en la buena fe de un periodista de ese medio, olvidando en un momento de inadvertencia que El Mercurio en definitiva es lo que es- y en este caso abonar el triste y penoso intento de tapar su impotencia política actual con un desfile de figuras de la Concertación ante los tribunales. Debo confesar mi equivocada creencia de que ya es posible ir visualizando en Chile un debate público abierto y honesto, pues en realidad seguimos en el mundo de la manipulación, de la descalificación y del intento de castigar judicialmente a los que opinan. La buena fe no tiene lugar en el Chile de hoy. La política primitiva y arcaica tiene para mucho rato.

Y El Mercurio sigue con su rol nefasto de creación de un clima de intrigas y descalificaciones.

Y para muestra un botón, de El Mercurio del día de hoy 25 de diciembre: “El reconocimiento del ex Presidente de la República Patricio Aylwin en entrevista con "El Mercurio" de que durante su gestión autorizó el pago de sobresueldos a ministros con cargo a gastos reservados causó ayer impacto en el mundo político. Dirigentes de oposición sostuvieron que sus declaraciones confirman la existencia de irregularidades en el uso de dineros fiscales hacia fines electorales. Pero eso fue categóricamente negado por Aylwin. En la Alianza también señalaron que las palabras del ex Mandatario confirman los recientes juicios emitidos por otros personeros oficialistas, como Gonzalo Martner, Jorge Schaulsohn y Edgardo Boeninger”. De nuevo las verdades a medias y la eterna trama de la manipulación para tratar de generar en la opinión pública una idea falsa sobre supuestos “reconocimientos y revelaciones” de temas conocidos, abordados y corregidos legislativamente hace ya tiempo.

Como se ve, para la derecha y sus medios, no hay clima navideño que valga. Y habrá que hacer de tripas corazón y seguir cabalgando para poco a poco construir un país mejor, cada uno desde lo suyo y su propia manera de apearse.

Viaje de estudios, columna La Nación

En la columna "Viaje de estudios" se hace un comentario sobre el tema de la flexibilidad laboral y otras yerbas.

Francisco Velasco Martner-Fragmentos

http://www.tell.cl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=534&mode=thread&order=0&thold=0

Entrevista en El Mostrador

Disidencia PS molesta con eventual pacto Escalona-DC por presidenciable por Susana Jaramillo, El Mostrador.

Hace algunos días, el timonel socialista habría tenido conversaciones con altos personeros de la falange para comprometer respaldo a una candidatura presidencial de ese partido para el 2009 y así mantener la unidad de la Concertación y permitir que la Presidenta Bachelet gobierne tranquila. Detractores internos del parlamentario cuestionan estos supuestos contactos. Después de que la actual senadora y líder de la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear, bajara su candidatura presidencial hace más de un año debido a que su competidora, la socialista Michelle Bachelet, la aventajara en el porcentaje de apoyo popular, quedó establecido en diversos sectores de la falange que el próximo postulante único de la Concertación para el 2009 tenía que ser alguien de esas filas o de lo contrario sería complicado seguir en el mismo pacto. Más aún, tras dos gobiernos encabezados por figuras del bloque progresista de la coalición.

A nueve meses del gobierno de Bachelet esta postura no ha variado ni un ápice por parte de los democratacristianos e incluso cada vez que se tensiona la coalición, especialmente como ha ocurrido en el último tiempo por los escándalos de corrupción en diversas reparticiones públicas, aparece algún dirigente o parlamentario del partido de la flecha roja señalando la necesidad de que el próximo presidenciable del bloque debe ser de esa tienda por el bien y la permanencia de la Concertación. En el mundo PS, PPD y PRSD están muy conscientes de esta firme postura falangista.

Sin embargo, hay varios dirigentes que no comparten que se llegue a un acuerdo antes de tiempo cuando de aquí la 2009 puede cambiar el escenario político y quizás la ciudadanía se incline por tercera vez por un presidenciable de sus filas. Pese a esto, hay otros personeros del subpacto concertacionista que coinciden con sus socios falangistas y creen que para mantener vigente el conglomerado y preservar los equilibrios políticos es necesario que el próximo gobierno esté encabezado por un DC. Uno de ellos es el timonel socialista, Camilo Escalona, quien en las últimas entrevistas ha insinuado dicha postura política, al señalar, por ejemplo, que sería importante ir despejando desde ahora el tema de los presidenciables para eliminar posibles nubes negras en el horizonte de la coalición. En ese sentido, de acuerdo a fuentes bien confiables, hace un par de días, el senador por la Décima Sur habría tenido conversaciones con altos personeros de la falange, entre ellos con la propia ex canciller Alvear, una de las eventuales aspirantes presidenciales de dicha tienda, para manifestar que comparte la posición de esa colectividad. Incluso las mismas fuentes concertacionistas dijeron que Escalona ya habría comprometido el apoyo del PS para un candidato decé, pues la idea también es que se bajen las tensiones al interior del bloque de modo de asegurar que la Presidenta Bachelet pueda gobernar tranquila, ya que hasta el momento no solamente ha tenido problemas en la instalación de su administración sino que tampoco ha recibido un real respaldo del mundo parlamentario del oficialismo en temas claves (el caso de la nominación del contralor es el mejor ejemplo), y en especial de los decé. El Mostrador.cl trató de obtener una reacción frente a esta información de parte de Escalona, sin embargo el parlamentario socialista optó por no pronunciarse.

Mientras tanto, en el PS hay inquietud por el tema, pues sectores de la disidencia del partido, al ser consultados al respecto, expresaron temores y reservas. Uno de sus representantes, Gonzalo Martner, (quien encabeza la tendencia Nuevo Socialismo) dijo que hasta el momento el timonel no ha entregado información sobre estos supuestos contactos con los socios de pacto y, en caso de que esto fuera efectivamente así, esto sería muy negativo para la unidad de la Concertación.

Martner: “No se puede sustituir el pronunciamiento de la ciudadanía”

-¿Su sector tenía información de estas conversaciones y si es así, qué le parece?

-En primer lugar, no me consta si han existido o no esos contactos; sin embargo, si ello es así no ha sido tratado en ninguna instancia colectiva del PS y por ello no involucra en absoluto la opinión institucional. Además, es importante señalar que este tema ronda por varios años en orden a que para que la Concertación supere sus problemas haga una especie de reparto anticipado de periodos presidenciales, lo cual ha encontrado de parte de varios personeros del PS y del PPD un fuerte rechazo porque no se puede sustituir a los ciudadanos de una decisión tan importante respecto a quién quiere que gobierne desde el 2010.

-¿Pero si este compromiso significa mejorar las relaciones al interior del bloque y asegurar una mayor gobernabilidad, ello no tendría su cuota de validez?

-Yo creo que lo que no es válido es estar planteando prácticamente desde el primer momento de la gestión de la Presidenta la sucesión de ésta, eso es un grave error. Seguir insistiendo en ese tema me parece que no corresponde simplemente porque ésas no son las prioridades de los chilenos, sino que el país lo que quiere es que la mandataria pueda gobernar tranquila y que cumpla su programa. Por lo tanto, cualquier alteración respecto a candidaturas presidenciales lo que hace es generar tensiones innecesarias.

-¿El Presidente del PS debería dar a conocer estas supuestas conversaciones?

-En una entrevista reciente Escalona insinúa este punto de vista y habría que tratarlo en las instancias correspondientes y tomar una posición.

-¿Usted cree que el partido no estará de acuerdo con ello?

-Establecer este tipo de mecanismo al estilo colombiano, como se dio en el año '58, respecto a repartirse periodos presidenciales entre fuerzas políticas, significa que a lo menos se debería convocar al Congreso del PS para discutirlo, porque significa en el fondo sustituir el pronunciamiento de la ciudadanía y en definitiva ahí si que la Concertación perdería, porque la gente no tendría por qué acompañarnos en lógicas de acuerdos concertados entre cuatro paredes.

-¿El PS tendrá un candidato presidencial para el 2009?

-No lo sé. Eso se verá en su momento, pero lo que no puede impedir el PS es que la ciudadanía elija de manera democrática a quienes van a ser los candidatos a la Presidencia de la República. Eso se ve de acuerdo a las dinámicas políticas y esto se puede discutir después de las elecciones municipales de octubre del 2008, y para eso falta mucho. Mi postura es que nada de esto debe discutirse ahora, ya que no tiene sentido alguno. _____________________________________________

Entrevista a Gonzalo Martner, El Mostrador

Durante reunión privada Disidencia PS pide a Escalona comprometerse a luchar contra la corrupción,

por El Mostrador.cl

Gonzalo Martner, ex presidente y representante de la tendencia Nuevo Socialismo, dijo que la idea es lograr que la directiva del partido se comprometa a combatir las prácticas irregulares en el servicio público. Además, negó que el sector opositor a la conducción haya pedido ingresar a la mesa. Una reunión para analizar el conflicto que hay en la Concertación por el escándalo de Chiledeportes y el caso del Programa de Generación de Empleos (PGE) de la Quinta Región, donde la Fiscalía de Valparaíso acusó a tres personeros de esa colectividad respecto al desvío de fondos públicos a campañas políticas, tuvieron el viernes pasado parte de la mesa directiva del Partido Socialista (PS) y dirigentes de la disidencia, encabezados por la diputada Isabel Allende. En la ocasión, según contó uno de los asistentes, Gonzalo Martner, del "lote" de Allende, quienes en las últimas elecciones internas sacaron casi un 40 por ciento de los votos, planteó la necesidad de que haya un compromiso real de la mesa directiva del PS contra la corrupción, considerando que las investigaciones en ambos casos siguen su curso y hay temor a que más personeros socialistas puedan ser involucrados en eventuales irregularidades próximamente.

“Nosotros planteamos con mucha fuerza y franqueza que aquí se requiere hacer una ruptura y establecer un antes y un después en cuanto al compromiso de una lucha común contra la corrupción y el clientelismo...", dijo Martner, recordando que en la ocasión se le entregó a la directiva de Camilo Escalona un código de conducta para los funcionarios socialistas. Consultado si durante el encuentro se planteó la necesidad de que la disidencia pueda ingresar a la mesa, Martner lo negó tajantemente, indicando que la voluntad de la tendencia “Las Grandes Alamedas” no es tener cargos en la conducción sino que lograr un compromiso real del presidente del partido para combatir la corrupción.

-¿Cuáles fueron las visiones que su sector planteó durante este encuentro, que fue un día después que el PS realizara su pleno del Comité Central el sábado recién pasado?

-Bajo la idea de que siempre es bueno dialogar, en especial, cuando hay una situación que es tan difícil, porque las bases políticas mismas de la coalición están en entredicho por una cuestión muy esencial que es la pérdida de legitimidad que tiene que ver con que se han incubado en estos años prácticas de clientelismo, tuvimos este encuentro. Ahora bien, consideramos que existe un cuadro muy crítico al interior de la Concertación, como es el caso del PPD, que es un partido cercano al PS, y también las tensiones que hay en la Democracia Cristiana. Ante eso nos pareció muy útil tener una conversación de evaluación de la situación y al mismo plantear con mucha franqueza y fuerza que aquí se requiere hacer una ruptura y establecer un antes y un después en cuanto a concretar un compromiso común de la lucha contra la corrupción y el clientelismo.

Código de conducta

-¿En ese sentido, entregaron una propuesta a la mesa?

-Entregamos una propuesta sobre un código de conducta que deben tener funcionarios socialistas, considerando también lo que pasó en la comisión política pasada, donde hubo un duro debate sobre el tema y se gestó un fuerte compromiso de todos en cuanto a las posibles sanciones que puedan recibir los eventuales involucrados.

-¿En esa conversación se vio la posibilidad de que el sector liderado por la diputada Allende pueda ingresar a la mesa del PS, considerando que también surgió el tema en el comité central pasado?

-Nosotros no estamos pidiendo nada, al contrario. Lo que estamos pidiendo es una conducta política porque ellos son la mesa y deben actuar. Lo que hicimos fue manifestar nuestra disposición a, si hay concordancia para ello, hacer del PS una fuerza que se comprometa de manera muy real en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, clientelismo que le reprochamos a la actual mesa. Esta se comportó completamente clientelista, pues buscó copar espacios del Estado, y se lo dijimos francamente, no para el bien colectivo sino que para ocupar posiciones y ese es el cuestionamiento que hemos dicho: Mire, no nos queremos quedar en críticas, sino que queremos generar una dinámica de cambio y lograr lazos comunes para tener un compromiso sólido en esta materia y por lo mismo trabajemos juntos. Pero le hemos dicho también a la mesa que le corresponde a ella tomar la iniciativa que crea pertinente, si es que están dispuestos a asumir estos compromisos.

-¿En definitiva, la mesa está evaluando o no la posibilidad de incluirlos a ustedes en la mesa?

-No porque nosotros no lo hemos planteado. Nuestro tema es que el partido se comprometa a una lucha fuerte contra la corrupción y si ese compromiso existe, estamos dispuestos a todos los gestos unitarios que se nos pidan.

-¿Pero en el comité central del PS se vio el tema?

-Lo principal es hacer primero los compromisos y después vemos cómo los cumplimos entre todos juntos. Nosotros estamos dispuestos a dar señales de unidad si es que el compromiso contra la corrupción es fuerte del PS. Y si eso no es así nosotros vamos a luchar sin restricción porque aquí está en juego el honor del PS y su historia.

Una proposición

Proposición de Código de ética para los titulares de cargos públicos pertenecientes al Partido Socialista de Chile


1. Los titulares socialistas de cargos públicos serán ante todo leales a los intereses públicos definidos por las instituciones democráticas.
2. Los titulares socialistas de cargos públicos velarán por que los recursos públicos de que sean responsables se administren de la manera más eficaz y eficiente y desempeñarán sus obligaciones y funciones con integridad, conforme a las leyes y las normas administrativas.
3. Los titulares socialistas de cargos públicos serán diligentes, justos e imparciales en el desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el público. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de modo alguno del poder y la autoridad que les han sido conferidos.
4. Los titulares socialistas de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias.
5. Los titulares socialistas de cargos públicos no utilizarán indebidamente en ningún momento dinero, bienes o servicios públicos o información adquirida en el cumplimiento o como resultado de sus funciones públicas para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales.
6. Los titulares socialistas de cargos públicos acatarán las disposiciones establecidas con arreglo a la ley o a las normas establecidas con miras a evitar que una vez que hayan dejado de desempeñar sus funciones públicas aprovechen indebidamente las ventajas de su antiguo cargo.
7. Ningún socialista podrá ejercer influencias ante las autoridades públicas en favor de intereses económicos privados y los titulares socialistas de cargos públicos deberán rechazarlas en todo momento y circunstancia.
8. Los titulares socialistas de cargos públicos deberán, en consonancia con su cargo, y conforme a lo permitido o exigido por la ley, cumplir los requisitos de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares.
9. Los titulares socialistas de cargos públicos no solicitarán ni recibirán directa ni indirectamente ningún regalo u otros favores que puedan influir en el desempeño de sus funciones, en el cumplimiento de sus deberes o en su buen criterio.
10. Los asuntos de carácter confidencial con incidencia económica de que tengan conocimiento los titulares socialistas de cargos públicos se mantendrán en secreto a menos que la legislación o las necesidades de la justicia exijan lo contrario. Tales restricciones seguirán siendo válidas tras el abandono de la función pública.

El incumplimiento, calificado por el Tribunal Supremo, de cualquiera de estas normas estará sometido a lo establecido en el Artículo 7 letra d) del Estatuto.

Distinciones necesarias

La constatación por la Contraloría del uso incorrecto e ilegal de recursos en un organismo público y de irregularidades en las rendiciones de cuentas de algunos candidatos en las elecciones del año pasado vienen creando, al sumarse a episodios anteriores, un fuerte y en muchos sentido deprimente impacto mediático. Por momentos, pareciera que el país se derrumba bajo el peso de una corrupción generalizada. Al mismo tiempo, Chile aparece en el listado de Transparencia Internacional en la mejor posición de América Latina en materia de probidad y la número veinte en el mundo. ¿Con cual de las dos imágenes quedarse?
Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción, pero ya no solo de la oposición sino, lo que es menos entendible, al interior de la propia coalición de gobierno y también al interior de la derecha. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la hipersensibilidad ciudadana sobre el tema, lo que habla de la persistencia de un rechazo genérico a la política, pero sobre todo habla muy bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades públicas desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. Es muy probable que la arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, las abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecienten, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos. Pero siendo la lucha contra la corrupción como andar en bicicleta (si no se pedalea, la caída es inevitable), hay que pasar del justo alegato a la acción permanente y persistente.
Lo primero es lo primero: nadie puede garantizar que entre centenares de miles de funcionarios públicos, miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no se produzcan actos de corrupción bajo el imperio de la codicia, como tampoco se puede garantizar que no ocurra lo mismo en el sector privado. Lo que si el gobierno puede y debe hacer es garantizar una actitud: perseguir sin demora y con todo el peso de la ley todo acto de desvío para fines particulares de los recursos de todos o bien de trato de privilegio a intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, y cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusa para conductas reñidas con el interés público.
Lo segundo es eliminar de raíz la excusa de la motivación política: aunque a los ciudadanos no siempre les guste reconocerlo, porque consideran ilegítimo el uso de recursos de todos para la actividad política, esta tiene un costo. De manera austera, ese costo debe ser cubierto por recursos públicos, y así evitar el pretexto para el desvío de recursos fiscales o el trato de favor a privados para financiar campañas. En esto se ha avanzado pero debe prohibirse el inexplicable aporte legal de empresas a la actividad política. El incumplimiento de estas normas debe llevar a la pérdida inmediata del cargo que se ejerce.
Lo tercero es seguir disminuyendo drásticamente las “oportunidades de corrupción”, en especial, como me tocó personalmente hacerlo con los fondos regionales y municipales, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas y expresión de causa) y vigilar con extremo celo las licitaciones, las compras públicas, las autorizaciones de actividad privada, las fijaciones tarifarias. Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas ¿Porqué no acudir cada vez más a la sociedad, estableciendo comités de usuarios habilitados, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones? Junto a revalorizar la virtud cívica, reemplazada por el desembozado predominio nuevo riquista del afán de lucro, el mejor remedio es: muchos ojos mirando la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento. A la larga, se gana más de lo que se pierde.
Lo cuarto es asegurar la igualdad de acceso a los cargos profesionales de la administración, mediante concursos anónimos basados exclusivamente en el mérito, restringir drásticamente los cargos de confianza política (que en democracia deben existir, pero en la cima de la jerarquía junto a colaboradores directos, es decir no más de 300 posiciones directivas) y asegurar normas objetivas de promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, pero sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son la fuente del clientelismo de nuestra actual administración.
La oposición debiera entender que estos son temas a situar por encima del debate contingente, entregar ideas y prestar su apoyo para preservar lo que sigue siendo cierto: en Chile hay corrupción, pero esta es perseguida, socialmente castigada y constituye la excepción, no la regla.

Entrevista a Gonzalo Martner, La Segunda

Por Miriam Leiva

El economista Gonzalo Martner, de la Fundación Chile 21, desmenuzó la información que entrega la autoridad sobre el proceso y el proyecto como tal de elaboración del Presupuesto para el próximo año. Y, al igual que LyD, cree que falta transparencia e información en ciertas áreas relevantes para conocer si están gestionando bien los recursos públicos.

• "Acá hay una continuidad muy clara en la idea de construir un Estado de bienestar. Siento que no se ha recalcado lo suficiente el incremento de 16% en salud, lo que además se traduce en más infraestructura; el derecho extendido a todas las personas que cumplen los requisitos para obtener una pensión asistencial. En protección social estuvo bien, en las cinco áreas en que se enfocó quedan bien parados, hay un hilo conductor".
• "Echo de menos más imaginación en el tema del desempleo porque ni siquiera hablan de incrementar el seguro. Es cierto que mantener el Fondo para dar 100 mil empleos con apoyo público es una cifra muy grande, pero se mantiene la duda de si estos subsidios sirven para generar más trabajo o simplemente para formalizar situaciones contractuales". "Me habría gustado que se potenciara, por ejemplo, la ubicación de un sector que preste servicios, como monitores en los colegios, que permitiría integrar a las personas que llevan mucho tiempo cesantes. Me habría gustado algo más importante. Chile no puede conformarse con tasas de cesantía superiores a 5%".
• "La idea de entregar una beca para educación superior por mérito al 5% de los mejores alumnos de todos los colegios es un elemento equitativo e incitativo muy fuerte, es muy positivo".
• "Es relevante el crecimiento de los recursos para innovación en Conicyt de un 34%, porque se necesita más plata para investigación y desarrollo. Si bien sería bueno evaluar el funcionamiento de estos programas, porque siempre hay situaciones que mejorar, nadie duda que es necesario potenciar esta área".
• "Hay mucha dispersión en programas de fomento a las pymes. En lo relacionado con el turismo se ve la focalización porque se potenciarán programas para atraer extranjeros y las vacaciones de la tercera edad (26%), lo que es adecuado porque la mayoría de los que prestan servicios de turismo son Pymes. Pero hay otras políticas donde entra realmente la duda de si son tan eficaces en llegar a la pyme de verdad. Por ejemplo, se incrementa en 210% el presupuesto para Sercotec, pero me gustan las cosas más tangibles, porque uno no sabe bien cuánto de dinero llega".
• "La mayor inversión en Obras Públicas es bienvenida, un tremendo salto para la infraestructura, claro que uno espera que no se caigan los puentes y que las cosas queden bien hechas".
• "Había poca transparencia en algunas cosas. Por ejemplo, en los gastos reservados. Todos los años se entregaban los montos para los ministerios que mantenían estas glosas, y ahora la información no está disponible de manera fácil".
• "Tampoco se precisan en la partida del Tesoro Público algunas cosas que son fundamentales, como la provisión para lo que resulte de la negociación del reajuste de los empleados públicos, los costos de nuevos proyectos, como la Pensión Básica Universal o la subvención diferenciada, que está como proyecto en el Congreso. Me hubiera gustado más precisión".
• "El déficit de transparencia es muy antiguo, no es ni culpa de este gobierno ni de la democracia, ¡si hasta el formato del Presupuesto parece en sanscrito antiguo!, es una maraña de clasificaciones obtusas con un sinnúmero de glosas, sin ninguna capacidad explicativa, que termina haciendo de este proyecto un instrumento muy oscuro. Hay varias zonas poco transparentes".
• "Me habría gustado un detalle mayor de cómo se llegó a un 8,9% de gasto porque se menciona que el alza de costos en la producción de Codelco impidió que éste fuera más alto, pero ¿cuánta es el alza?, nunca lo dijeron".
• "La forma en que se maneja el panel de expertos también deja mucho que desear porque en el fondo se transforma en una votación donde se sacan los extremos. No veo que los fundamentos de la economía hayan cambiado tanto como para que el PIB tendencial crezca 1,2 punto en unos años; veo más bien una subestimación por razones ideológicas. Es decir, se convoca a personas de pensamiento liberal fofo promedio -porque los que tienen una mirada distinta quedan fuera-, y su trabajo intelectual se va a traducir en que su inclinación es que el Estado no juegue un rol relevante para proveer bienes públicos en la economía. Eso no se puede soslayar; por lo tanto, terminan subyugando el número a su ideología, por lo que es difícil que la política fiscal juegue un rol más relevante".
• "La evaluación nunca es suficiente, hay mucho que hacer todavía, hay que justificar cada peso que se gasta".
• "Respecto de los honorarios no puedo entender por qué no se entregan cifras detalladas por organismo, sino que todos esos antecedentes se entregan en forma oral en las comisiones. Se podría saber cuánto suben las contrataciones y por qué. Este es un tema muy delicado porque tiene un componente de arbitrariedad muy amplio. Se pueden provocar muchos abusos, acá falta fiscalización".
• "No se sabe cuánto se gasta en áreas como viáticos, funcionamiento de edificios públicos, cuando hay posibilidades de contar con indicadores sencillos como el porcentaje de gasto versus el volumen del programa. La oposición hace esos cálculos y los presenta como denuncia, cuando esas cifras deberían estar en todos los programas, o al menos en los más importantes y cada cifra debe ser justificada. Calcular los costos de administración es muy fácil, y me preocupa que no exista porque es un indicador base de gestión. No es que tenga la percepción de que están malgastando, pero quiero tener más información y no una evaluación de programa cada tantos años".