La constatación por la Contraloría del uso incorrecto e ilegal de recursos en un organismo público y de irregularidades en las rendiciones de cuentas de algunos candidatos en las elecciones del año pasado vienen creando, al sumarse a episodios anteriores, un fuerte y en muchos sentido deprimente impacto mediático. Por momentos, pareciera que el país se derrumba bajo el peso de una corrupción generalizada. Al mismo tiempo, Chile aparece en el listado de Transparencia Internacional en la mejor posición de América Latina en materia de probidad y la número veinte en el mundo. ¿Con cual de las dos imágenes quedarse?
Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción, pero ya no solo de la oposición sino, lo que es menos entendible, al interior de la propia coalición de gobierno y también al interior de la derecha. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la hipersensibilidad ciudadana sobre el tema, lo que habla de la persistencia de un rechazo genérico a la política, pero sobre todo habla muy bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades públicas desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. Es muy probable que la arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, las abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecienten, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos. Pero siendo la lucha contra la corrupción como andar en bicicleta (si no se pedalea, la caída es inevitable), hay que pasar del justo alegato a la acción permanente y persistente.
Lo primero es lo primero: nadie puede garantizar que entre centenares de miles de funcionarios públicos, miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no se produzcan actos de corrupción bajo el imperio de la codicia, como tampoco se puede garantizar que no ocurra lo mismo en el sector privado. Lo que si el gobierno puede y debe hacer es garantizar una actitud: perseguir sin demora y con todo el peso de la ley todo acto de desvío para fines particulares de los recursos de todos o bien de trato de privilegio a intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, y cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusa para conductas reñidas con el interés público.
Lo segundo es eliminar de raíz la excusa de la motivación política: aunque a los ciudadanos no siempre les guste reconocerlo, porque consideran ilegítimo el uso de recursos de todos para la actividad política, esta tiene un costo. De manera austera, ese costo debe ser cubierto por recursos públicos, y así evitar el pretexto para el desvío de recursos fiscales o el trato de favor a privados para financiar campañas. En esto se ha avanzado pero debe prohibirse el inexplicable aporte legal de empresas a la actividad política. El incumplimiento de estas normas debe llevar a la pérdida inmediata del cargo que se ejerce.
Lo tercero es seguir disminuyendo drásticamente las “oportunidades de corrupción”, en especial, como me tocó personalmente hacerlo con los fondos regionales y municipales, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas y expresión de causa) y vigilar con extremo celo las licitaciones, las compras públicas, las autorizaciones de actividad privada, las fijaciones tarifarias. Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas ¿Porqué no acudir cada vez más a la sociedad, estableciendo comités de usuarios habilitados, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones? Junto a revalorizar la virtud cívica, reemplazada por el desembozado predominio nuevo riquista del afán de lucro, el mejor remedio es: muchos ojos mirando la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento. A la larga, se gana más de lo que se pierde.
Lo cuarto es asegurar la igualdad de acceso a los cargos profesionales de la administración, mediante concursos anónimos basados exclusivamente en el mérito, restringir drásticamente los cargos de confianza política (que en democracia deben existir, pero en la cima de la jerarquía junto a colaboradores directos, es decir no más de 300 posiciones directivas) y asegurar normas objetivas de promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, pero sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son la fuente del clientelismo de nuestra actual administración.
La oposición debiera entender que estos son temas a situar por encima del debate contingente, entregar ideas y prestar su apoyo para preservar lo que sigue siendo cierto: en Chile hay corrupción, pero esta es perseguida, socialmente castigada y constituye la excepción, no la regla.
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