¿Hacia el fin del Estado de derecho?

En El Clarín de Chile

Por años la justicia militar fue uno de los puntales de la pretensión de impunidad en las violaciones a los derechos humanos imputables a policías y militares en la dictadura y en casos posteriores. Sucesivas reformas sacaron de ese ámbito las causas en que las víctimas de militares fueran civiles.

La extrema derecha, la derecha y ex DC conversos acaban de aprobar en la Cámara -lo que será impugnado ante el Tribunal Constitucional- que se vuelva a la legislación de la dictadura en la materia. Descalifican el rol de jueces y fiscales civiles y dan la espalda a lo que es propio de los países democráticos: ninguna corporación armada puede ser juez y parte cuando se persiguen delitos de sus miembros que exceden el ámbito policial y militar interno.

Además, parlamentarios de derecha y extrema derecha presentaron un proyecto de ley de amnistía para policías y militares condenados, investigados o procesados por delitos cometidos poco antes y durante la rebelión social de 2019, procurando dejar sin sanción a nadie involucrado en los casos respectivos, incluso en los que hubo resultado de muerte. A julio de 2023, según el Ministerio Público, se habían producido 31 sentencias condenatorias por los delitos de homicidio (un Carabinero, dos miembros del Ejército y un miembro de la Armada), cuasidelito de lesiones, apremios ilegítimos, torturas, falsificación o uso malicioso de documentos públicos e infracciones al Código de Justicia Militar. Unos 157 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden estaban a esa fecha en condición de formalizados (148 Carabineros, 7 miembros del Ejército y 2 de la PDI). De las 8.508 causas iniciadas por algún tipo de delito de las fuerzas de orden o militares durante la rebelión social, 3.729 fueron archivadas de manera provisional y se pronunciaron 21 sobreseimientos definitivos y 11 sentencias absolutorias.

Según el Ministerio Público, hubo 33 muertes durante el llamado estallido social, cuatro de las cuales se atribuyeron a agentes del Estado. Entre los otros 29 casos se encuentran los incendios de la bodega Kayser y de supermercados Líder y Alvi, además de los fallecidos en Plaza Italia por causas aparentemente accidentales en medio de las manifestaciones y la represión policial. Según el Programa Integral de Reparación Ocular del Ministerio de Salud, 453 pacientes de la red asistencial fueron atendidos por lesiones oculares producidas por la policía durante las manifestaciones, listado extendido a 460 casos totales por el INDH, una cifra inaceptable, con múltiples casos de pérdida parcial o total de la visión.

Con la amnistía y la derivación de los delitos policiales y militares a la justicia militar, lo que se pretende es que Chile deje de ser un Estado de derecho y permanezcan impunes crímenes inaceptables. Se busca que los delitos y abusos cometidos por policías y militares contra la población civil en medio de protestas sociales permanezcan sin sanción alguna, incluso cuando se cometieron contra personas que no participaron en acto alguno de violencia. Las agresiones y destrucciones de grupos lumpenizados no autorizan a los órganos del Estado a cometer crímenes en ninguna sociedad civilizada, y menos a reprimir el derecho de manifestación de manera indiscriminada, como hizo agresivamente la policía en el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que se debe procurar es perseguir y sancionar drásticamente a los causantes de destrucciones de la propiedad pública, robos y saqueos del comercio, pero proporcionales a los hechos. Aplicar penas de muerte de hecho o disparar a los ojos de manifestantes para causarles graves daños simplemente no es aceptable en un Estado de derecho.

La extrema derecha, la derecha y los ex DC conversos siguen mostrando su peor cara, en su afán de bloquear al gobierno y reprimir a la sociedad. Son la expresión de un autoritarismo militarista desenfrenado, que quiere volver por sus fueros y debe ser rotundamente rechazado por la mayoría democrática del país, como ya lo fue el 17 de diciembre de 2023. Las consecuencias de no hacerlo son demasiado conocidas en la historia reciente de Chile.

 

El gran empresariado y la reforma del sistema político

 En La Nueva Mirada

La reforma del sistema político es más que necesaria. Solo que la oposición y el gran empresariado, que son más o menos lo mismo, entienden este concepto como algo preferentemente circunscrito al sistema electoral, más dos o tres temas, para volver a algo que se parezca lo más posible al mecanismo binominal. Buscan obtener ventajas en la representación de la derecha en las instituciones y bloquear los cambios (que ahora son posibles con mayorías de 4/7 y ya no de 2/3 en el parlamento) al sistema económico-social que nos rige, en especial en materia de control público sobre la explotación de los recursos naturales (agua, cobre y minería metálica, litio, pesca, uso del suelo forestal, agrícola y ganadero), el régimen tributario y de regalías, el régimen de competencia, el funcionamiento del sistema financiero, el régimen laboral, el régimen de seguros de salud, el sistema de pensiones y los subsidios a la educación privada, entre otros temas cruciales para el desempeño económico, el bienestar de la mayoría social y la igualdad efectiva de oportunidades y derechos en la sociedad chilena. 

Esas ventajas persisten en el Senado, donde hay cinco circunscripciones que siguen siendo binominales y eligen solo dos senadores/as, pero suman el 20% del total. Con un tercio más un voto se obtiene lo mismo en escaños que con dos tercios menos un voto, lo que tiende a favorecer a la primera minoría, es decir la derecha. En otras se eligen muy pocos representantes en relación a la población, lo que también tiende a favorecer a la derecha, más fuerte en regiones poco pobladas y rurales. La guinda de la torta es la Región Metropolitana, que cuenta con solo cinco escaños: con el 40% de la población elige solo el 10% de los senadores, consagrando una insólita desigualdad del voto. Esto podría concebirse para una cámara que representara a las regiones y no a los ciudadanos, pero en ese caso no debiera tener facultades colegisladoras sino en algunas materias o solo de revisión propositiva de las leyes, como en otros países. 

Ahora la derecha quiere también obtener ventajas en la Cámara, como intentó en la propuesta fracasada del Consejo Constitucional, buscando disminuir el máximo de 8 electos por distrito. Esto no tiene otro sentido que restringir aún más la proporcionalidad de la representación, en especial hacia la izquierda, con la consecuencia de precipitar extramuros a fuerzas que deben estar representadas en la institucionalidad democrática en vez de ser empujadas a los circuitos extra-institucionales. Y si se quiere evitar la fragmentación del sistema de partidos, basta con instaurar una regla del 5% mínimo de votos para integrar las cámaras o un mínimo de parlamentarios electos, además de autorizar federaciones de partidos con disciplina de voto, junto a obligar a la renuncia a los que se cambian de tienda en el ejercicio de un cargo parlamentario. 

Pero una consideración modernizadora y equitativa fundamental es establecer la paridad de género en las cámaras. Para ello, el mejor mecanismo es la elección en listas nacionales o de macro-distritos de la totalidad o parte de los parlamentarios, hasta alcanzar al menos un 40% de un género u otro, con un voto para un hombre y otro para una mujer en cada lista. Así nadie «le quita» la representación a nadie, pues unos y otros la tendrían de pleno derecho, repartiendo en partes similares entre hombres y mujeres la representación proporcional de cada lista paritaria obtenida según el sufragio popular con igualdad del voto.

Sería positivo, además, que se termine con la figura de la acusación constitucional a ministros, que no sirve para nada que no sea la polarización política y la guerrilla contra el gobierno en ejercicio (así cabe llamar a los gobiernos, porque aquello del «gobierno de turno» tiene el problema conceptual según el cual, por definición, en democracia los gobiernos son de turno: si no fuera así, se trataría de una dictadura). Esta figura solo busca castigar personas en un juicio público sin debido proceso, con la consecuencia de irritar y polarizar la esfera política una y otra vez de manera destructiva. Debiera reservarse solo para destituir al presidente o a miembros de la Corte Suprema por manifiesto abuso de poder y prevaricación.

Y sería también positivo que los alcaldes se eligieran con un sistema de dos vueltas, como es el mecanismo vigente de elección de gobernadores regionales. Esto permite que las personas marquen su preferencia en una primera vuelta y, si no hay una mayoría relativa de 40% para alguna candidatura, se dirima la elección en una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías de la primera vuelta. Se evitaría así las negociaciones y reparticiones de candidaturas entre partidos que dan un poder indebido a las directivas y resultan irritantes para la ciudadanía y la militancia de los partidos, a las que se sustrae la decisión de seleccionar candidaturas. O bien establecer un sistema reforzado de primarias, a partir del que ya existe.

Esas serían tres buenas iniciativas reformadoras. También lo sería una cuarta reforma: si se crea el Ministerio de Seguridad, el Ministro/a del Interior debiera asumir la función de ministro coordinador del gobierno, para lo cual debiera contar con una mayoría en ambas cámaras. Si no las obtiene, el Presidente debiera poder disolverlas (o solamente la Cámara de Diputadas y Diputados si se da al Senado un rol revisor general de las leyes desde la perspectiva de los territorios, pero colegislador solo en algunas materias). La repetición de las elecciones parlamentarias (lo que la constitución de 1980 original establecía como facultad presidencial para la Cámara de Diputados y fue eliminado en la negociación de 1989) permitiría a la ciudadanía dirimir los bloqueos parlamentarios al Presidente/a cuando no cuenta con mayoría en el Congreso. Esto no beneficia a nadie -ni a la izquierda, la derecha o al centro- y solo perjudica la capacidad de gobernar y paraliza la administración del Estado. El bloqueo, en cambio, aumenta el descrédito de la democracia como forma de gobierno. Son los que están en contra de que prevalezcan «mayorías circunstanciales«, sobre todo sino no son de su preferencia, los que consideran adecuados los bloqueos y empates. Dicho sea de paso, en democracia las mayorías son por definición “circunstanciales”, dado que se conforman de manera periódica y competitiva. Si no fuera así, de nuevo se trataría de una dictadura.

Una quinta reforma significativa sería bajar los topes de gasto de campaña y establecer un piso de aporte público, lo que permitiría disminuir la influencia plutocrática del dinero en la decisión de voto, que aún permanece en niveles inaceptables y se ha agravado con la creciente concentración económica.

Las reformas mencionadas permitirían un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas, sin importar la alineación con una u otra parte del espectro político. Lograrlas en el nuevo contexto, luego del fracaso de los procesos constituyentes en 2022 y 2023, supondría, no obstante, que la derecha renuncie a su reflejo de buscar ventajas institucionales para su campo político, y detrás para el poder económico que lo sustenta, de lo que no logra desprenderse. 

El primero de mayo y la emancipación del trabajo

 En El Clarín de Chile

¿Es posible la emancipación de los trabajadores? ¿De qué hay que emanciparse? 

El trabajo es parte esencial de la vida humana en todo lo que tiene que ver con asegurar la subsistencia material y también con la creación de objetos y obras sin finalidades directamente utilitarias, en las diversas expresiones de la cultura y las artes. Ex nihilo nihil, nada viene de la nada. El trabajo, que siempre supone alguna forma de cooperación, además del despliegue de talentos individuales, es, junto a los distintos tipos de familias, el nexo social por excelencia.

Las sociedades cazadoras-recolectoras pudieron empezar a acumular reservas de subsistencia con la aparición hace más de 10 mil años de la agricultura y la ganadería, junto a la alfarería, los tejidos de fibra y el uso de la madera, piedra y metales para acumular y transportar y moler granos y otros bienes. Pero también se acentuó la lucha por el control de la tierra y los recursos y la generación y distribución de los excedentes, lo que llevó a la división estamental entre grupos dominantes y dominados, los patricios y los plebeyos a lo largo de la historia. Eso sí, con los segundos obligados a trabajar para los primeros, frecuentemente bajo coerción violenta, incluyendo la esclavitud. Y también se acentuó la subordinación de las mujeres y su relegación a las tareas domésticas, procesos que fueron más o menos legitimados por las representaciones religiosas y visiones de mundo de las jerarquías dominantes.

Y también jugó un rol decisivo la conquista imperial de otros territorios, el sometimiento de sus habitantes y la expoliación de su trabajo. Con la aparición de la navegación en gran escala hace cinco siglos, se multiplicaron las colonizaciones sucesivas en lugares cada vez más distantes, primordialmente desde Occidente. Algunas expansiones no occidentales fueron también expresión de una fuerte jerarquización, pero con un manejo racional de las reservas que aseguraba la subsistencia inclusiva, por ejemplo en el caso del imperio Inca. Por su parte, la economía mapuche fue expresión de mecanismos de subsistencia sin grandes divisiones estamentales y con un control colectivo de las comunidades de los territorios y sus recursos, en espacios amplios. Ambos tipos de órdenes sociales fueron, sin embargo, destruidos por la colonización europea basada en la violencia, el despojo de metales, tierras y recursos, el sometimiento forzado y la pauperización de las poblaciones originarias, además del efecto del traslado de gérmenes y enfermedades que ayudaron a producir un cuasi colapso demográfico e instauraron sociedades que se cuentan entre las más desiguales del mundo.

Así, a lo largo de la historia una parte cada vez mayor de quienes trabajan dejó de disponer del fruto de su trabajo y de los insumos y medios para realizar ese trabajo.

La acentuación de la división de funciones con los avances tecnológicos llevó a la revolución industrial hace dos siglos, basada en la acumulación privada ilimitada de capital. Se consolidó la dinámica de subordinación del trabajo bajo formas asalariadas, la que, luego de pasar por diversas etapas, se prolonga hasta hoy. El capitalismo se financiarizó y terminó de globalizarse a fines del siglo XX. Dejó de sustentarse en articulaciones de la producción y el consumo en escalas nacionales reguladas, como el capitalismo fordista, en beneficio de cadenas globales de producción que se deslocalizan y externalizan por el mundo buscando el mínimo costo de producción. A la vez, inducen un consumo no funcional homogeneizado y también globalizado, con graves consecuencias, además, para la alimentación humana saludable y para los ecosistemas.

Las innovaciones mayores más recientes, como el capitalismo digital de plataformas, han creado un nuevo precariado bajo una ficción semi-asalariada y sin derechos de repartidores y conductores en sociedades cada vez más urbanas. Y también, aunque en mejores condiciones, se amplía el rol de quienes sostienen las redes digitales desde distintos lugares del planeta. El creciente uso de robots e inteligencia artificial interviene, por su parte, en otros múltiples procesos de producción y provisión de servicios y los recompone, en muchas ocasiones, con un alto costo para los trabajadores que pierden sus empleos previos, aunque se creen otros empleos. El trabajo no va a desaparecer, pero se va a reestructurar, con múltiples sufrimientos humanos, bajo nuevas combinaciones de trabajo calificado y no calificado y nuevas condiciones de precariedad.

Esta evolución ofrece, al mismo tiempo, nuevas perspectivas de emancipación del trabajo para la mayoría que no puede subsistir o prosperar sin ofrecer su capacidad de trabajar para obtener un ingreso a cambio. Estas discurren por algunas vías principales.

La primera es “exógena”, y tiene que ver con disminuir desde el sistema político y regulatorio las horas obligatorias de trabajo en los contrarios salariales y asegurar un ingreso básico de vida al margen del trabajo. Esto ya ocurre parcialmente con redistribuciones desde los que acumulan capital e ingresos en gran escala, favorecidos por la gigantesca concentración capitalista existente en la actualidad, en favor del resto de la población. Pero debe acentuarse progresivamente, al aumentarse las capacidades económicas, con más aportes financiados por impuestos progresivos en bienes y servicios directos a la mayoría social para la vivienda social y el urbanismo, el transporte colectivo, la salud, la educación y los sistemas de cuidados, junto a mayores subsidios en dinero, partiendo por las asignaciones familiares a la niñez y las pensiones básicas para las personas de más edad.

La otra gran vía de emancipación de los trabajadores y trabajadoras, la “endógena”, es la de persistir en fortalecer, con la ayuda de legislaciones apropiadas, la lucha sindical desde agrupaciones de empresas, en sectores y territorios, por mejores salarios y condiciones de trabajo y por la igualdad salarial y de funciones entre hombres y mujeres. Y también la de presionar, como señalan Acemoglu y Johnson, por una evolución de la tecnología que no sustituya trabajo humano sino que lo facilite y enriquezca, dándole un vuelco social al progreso técnico en vez de acentuar el sometimiento y control jerárquico de quienes trabajan.

En el horizonte se debe mantener la perspectiva de avanzar a formas de democracia económica. Estas deben incluir el fomento de un sector de economía social y cooperativo viable, alternativo al autoempleo precario y marginal y a los caldos de cultivo de la economía ilegal en el que se desenvuelven los jóvenes que no estudian ni trabajan (400 mil hoy en Chile). Y deben incluir la participación de los asalariados en las utilidades y en una parte de la propiedad de las empresas, que habiliten formas constructivas de cogestión de las mismas.

Todo lo anterior debe complementarse con políticas macroeconómicas consistentes orientadas al pleno empleo (hoy hay 885 mil cesantes y 780 mil personas dispuestas a trabajar pero que ya no buscan empleo), que tendrán como efecto fortalecer la capacidad global de negociación de quienes viven de su trabajo. Y debe acompañarse de políticas más fuertes orientadas a integrar a quienes no logran acceder al trabajo remunerado o lo hacen de manera intermitente y precaria, junto a mayores espacios para la inserción de la mujer en el trabajo, con mejores remuneraciones y soportes equitativos en las tareas de cuidado.

Múltiples experiencias desde la Segunda Guerra Mundial demuestran que políticas de este tipo en economías mixtas no atentan contra el dinamismo económico descentralizado si están concebidas con estímulos y capacidades de gestión adecuados. Y muestran que pueden favorecer ese dinamismo, como señalan Ostry y Berg. Pero esa posibilidad nunca está garantizada sino que depende de la consistencia y persistencia de luchas sociales y políticas adecuadamente auto-organizadas y conducidas para alcanzar esos fines.

 

Asesinatos intolerables y reacciones indebidas

 En El Clarín de Chile

Emboscar y asesinar cruelmente a tres suboficiales de Carabineros en Cañete cuando realizaban un patrullaje en cumplimiento de su deber es un crimen intolerable. Si se trata de algún grupo armado irregular, que en principio no incluye a la CAM puesto que esta organización se ha manifestado en contra de los ataques a personas, que nadie busque una justificación por alguna lucha, y todavía menos en democracia. Esto no es propio ni de resistentes ni de revolucionarios, sino de desquiciados profundamente confundidos.

Si se confirmara que este asesinato a mansalva proviene de algún grupo radicalizado mapuche, cabe señalar, como reflexión más general, que la inserción en la democracia, por ejemplo creando un partido político nacionalista mapuche, es un espacio tanto más constructivo y eventualmente fructífero para lograr grados de autonomía política y económica de su pueblo, en el marco de un Estado de derecho. Optar por declararle la guerra al Estado democrático en nombre de volver a la situación previa a 1541 es una quimera identitaria que enfrenta a pueblos con pueblos, crea situaciones de tolerancia social a violaciones a los derechos humanos y prefigura una opción de sociedad autoritaria y violenta, además de ser de una completa ineficacia. Ninguna facción armada, incluso bien financiada por tráficos ilegales diversos, podrá llegar a tener la capacidad de enfrentar, con alguna probabilidad de éxito en las condiciones de Chile, a fuerzas estatales muy superiores en número, armamento y capacidades. Para no mencionar cuánto las acciones armadas contra instalaciones productivas en el territorio mapuche y, peor aún, los asesinatos de personas civiles y uniformadas, hacen retroceder la lucha por una causa tan legítima como terminar con la histórica opresión y marginación del pueblo mapuche -y otros pueblos originarios- y dar lugar a las reparaciones correspondientes.

La respuesta del Estado democrático debe ahora ser firme y reafirmar su base esencial de legitimidad: respetar y hacer respetar la ley. Ya en el pasado los gobernantes democráticos y la izquierda debieron enfrentar asesinatos como el de Edmundo Pérez Zujovic y el de Jaime Guzmán, junto al de policías de manera indiscriminada. Lo hicieron con prontitud y eficacia, procurando siempre respetar la legalidad, lo que seguramente ahora también ocurrirá. La derecha está llamada a no buscar utilizaciones políticas como las que suele hacer para llevar agua a su molino autoritario y a su nostalgia de la dictadura.

Pero habían pasado pocas horas después del crimen de los suboficiales y Chile Vamos pidió mantener al general Yáñez en su cargo, aunque vaya a ser imputado por la justicia por no haber impedido graves lesiones contra personas cuando era director de Orden y Seguridad en Carabineros durante los hechos de 2019-2020.

Cabe preguntarse: ¿debe un atroz crimen contra tres policías cambiar una política respecto al reemplazo de los oficiales imputados por la justicia y, más en general, la prevalencia de la autoridad civil sobre las policías, que se traduce en la renovación periódica de los mandos? ¿No es ese un principio elemental de toda República en forma?

Además, la coalición de derecha Chile Vamos, para no quedarse corta en la manipulación de un hecho tan sensible y condenable, pide que el gobierno otorgue la suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley presentado recientemente en el Senado por ellos mismos y que «concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, por hechos acaecidos en el contexto del denominado estallido social». Nótese que esto incluye al condenado por lesionar gravemente y dejar sin visión a su colega Fabiola Campillay.

¿Desde cuándo un crimen está llamado a exculpar crímenes previos? ¿Esa es la concepción de la justicia de Chile Vamos?

 

Más sobre el embate del gran empresariado: ¿qué hay de los indicadores básicos y de la productividad?

En El Clarín de Chile

En el debate sobre el estado de la economía y la sociedad chilena que ha intentado suscitar parte del gran empresariado (“hoy somos más pobres que hace 10 años”), hay que distinguir entre plazos cortos y largos e intentar no nublar la mirada con datos parciales y circunstancias del momento. Lo que nunca es recomendable es buscar satisfacer sin consideración con los hechos las visiones a priori que se pueda tener sobre los modelos y políticas que se consideren mejores o peores. Son legítimas -cada cual tiene inevitablemente maneras propias de situarse en el mundo- y no hay tal cosa como la plena “objetividad” en la apreciación de las situaciones políticas, sociales y económicas, pero hay afirmaciones basadas en algún tipo de evidencia y otras que no lo son en absoluto. En este caso, todos los indicadores económico-sociales, sin excepción, revelan avances en la situación del país en la última década, aunque a cada cual le podrá parecer mucho, parcial o poco. Es la distinción necesaria entre juicios de hecho y juicios de valor.

Indicadores económicos y sociales, 2013-2023

 Fuentes: Banco Central, INE, Casen, OCDE, Banco Mundial, CEPAL.

Algunos hemos sostenido que el modelo “híbrido” chileno no es satisfactorio en diversos aspectos, especialmente en su dinamismo, hiperconcentración, distribución entre utilidades y salarios y capacidad redistributiva y de protección social. Y que la política macroeconómica en 2022-23 ha producido una desaceleración económica que se podría haber evitado, fruto de un mal diagnóstico técnico sobre las causas y alcances de la inflación y posterior desinflación desde 2021, política que el gran empresariado ha apoyado y de cuyas consecuencias ahora se queja. Pero eso no debe impedir tener a la vista las evoluciones positivas de más largo plazo, como las que se consignan en el cuadro.

Procurando considerar datos más estructurales, uno de los indicadores más significativos en materia de progreso económico es el de la producción por hora trabajada. En Chile suele sostenerse que la productividad está estancada, medida por la diferencia entre la cantidad adicional de trabajo y de capital que explica los avances en la producción, en contraste con lo que no es explicado por ese incremento en el uso de los factores de producción. Desde los trabajos de Solow, recientemente fallecido, y otros esa diferencia se denomina "productividad total de los factores", que en realidad es un residuo de significado conceptual discutible ("la medida de nuestra ignorancia", según Abramovitz). Es además de difícil cálculo, en especial cuando se trata de medir el stock de capital y su amortización periódica y de medir el aumento de la calificación del trabajo, aproximada imperfectamente por los años de estudio promedio de quienes trabajan.

Para evaluar la evolución de la productividad, algunos preferimos remitirnos a la producción por hora trabajada, que resulta de dividir el Producto Interno Bruto por el número de horas trabajadas en un año (dato más preciso que el número de personas que trabajan). Esto resume el aporte del trabajo calificado y no calificado, del capital acumulado y del progreso técnico en el resultado de la producción. Si se produce más por hora de trabajo, se refleja sin ambigüedades que ha aumentado la productividad agregada de la economía.

El cuadro adjunto reseña la información extraída de la base de datos de la OCDE para conjuntos de países y algunos países individuales, entre ellos Chile. Se observa que quien lleva la delantera (no hay datos para China) tanto en el período de 2013 a 2019 y luego en la crisis de la pandemia y su salida entre 2020 y 2022, es Corea del Sur, un país con un desempeño económico sobresaliente (y a la vez con un coeficiente de desigualdad de Gini de 0.33, uno de los más bajos del mundo, en vez del 0.40 de Estados Unidos y el 0.45 de Chile, siempre según la OCDE).

Productividad media del trabajo

PIB por hora trabajada a precios constantes, índice 2013=100

Fuente: OCDE.

En 2013-2019, el desempeño de Chile es más que honorable, similar al del promedio del G7, los siete países más relevantes de más altos ingresos por habitante (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). En este promedio (preferimos remitirnos a ese grupo que al promedio OCDE, a estas alturas bastante heterogéneo), incide el mejor desempeño de Estados Unidos. El de Chile resultó ser superior al de Japón y al de la Zona Euro. La evolución comparada en la crisis y salida de 2020-2022 (último dato disponible) sitúa a Chile en una mejor posición aún. La progresión en la materia es notoria y superior a la del promedio del G7, debida en parte a la contracción durante la crisis del empleo por cuenta propia -de menor productividad y frecuentemente informal- y su más lenta recuperación posterior. Y es también, en esta etapa, superior a la de Estados Unidos.

Esto no quiere decir que el desempeño de Corea y otros países asiáticos no sea mucho más dinámico y que las brechas de productividad media del trabajo no sigan siendo muy amplias con el G7 (la producción por hora trabajada de Chile representa menos de la mitad que la de ese grupo de países de altos ingresos). Recordemos que la chilena es una economía dual de enclaves exportadores basados en recursos naturales que con frecuencia se sitúan en una frontera de alta productividad, acompañados por servicios modernos, pero combinados con producciones heterogéneas en condiciones promedio de menor productividad. Estas últimas constituyen el grueso del valor agregado y del empleo y en ellas predominan los servicios, que representaban el 69% del PIB y el 72% de la ocupación en 2023.

En suma, la brecha de producción por hora trabajada con los países de más altos ingresos se ha acortado, y no ampliado, en la última década, aunque esto no sea del gusto de los críticos neoliberales y del gran empresariado, embarcados -los unos por razones ideológicas y los otros por la defensa de sus intereses estamentales de corto plazo- contra todo lo que implique progreso social, redistribución y mayores recaudos ambientales, que en su visión se supone atentan contra la eficiencia y la productividad, aunque la evidencia no los acompañe.

Un progresismo que avanza a la unidad en la diversidad

 En La Nueva Mirada

El progresismo ha dado un importante paso al formalizarse un pacto municipal de 11 partidos (los de gobierno más uno “no opositor”, como la DC), que incluye candidaturas únicas para dirigir las alcaldías en la mayoría de las 345 comunas, con primarias abiertas a realizarse el 9 de junio en 48 de ellas. Eran 86 originalmente, pero se redujeron en el camino por problemas de inscripción y desistimientos y acuerdos de última hora. Por primera vez, las fuerzas políticas de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, que convergieron en la elección de segunda vuelta de Gabriel Boric en 2021, realizarán este tipo de primarias, incluidas en 2017 en la ley (anteriormente se habían realizado primarias “convencionales”, auto-organizadas por los partidos políticos en casos puntuales).  Así, más de 15 millones de mayores de 18 años están convocados a las urnas el 27 de octubre para elegir a los alcaldes y alcaldesas y a 16 gobernadores o gobernadoras regionales que ejercerán durante los próximos 4 años. Donde no haya primarias, el plazo de inscripción vence el 29 de julio. El acuerdo no se extendió formalmente a los gobernadores regionales, pero en esas elecciones existe un mecanismo de segunda vuelta (si nadie alcanza el 40% de los votos) lo que permitirá eventuales competencias el 27 de octubre próximo y apoyos mutuos posteriores.

Este compromiso llega después de importantes problemas de cohesión entre las fuerzas oficialistas, no muy justificados por temas que pudieran ser controversiales y de fondo sobre la gestión del gobierno (especialmente en materias económicas o internacionales, lo que es natural que ocurra entre actores políticos diversos) sino más bien por recelos mutuos y de competencia por crecer en un mismo espacio. En el espacio político del progresismo, que abarca a fuerzas de centro, centroizquierda y de izquierda, cada uno de sus componentes por separado no tiene capacidad de elegir autoridades sino en el margen ni de incidir decisivamente en los destinos del país. En el marco polarizado de la política chilena, siguen prevaleciendo dos grandes bloques. Esto lo demuestran los desprendimientos de «moderados» de la DC, el PR, el PPD y el PS hacia las agrupaciones de Demócratas y Amarillos, que terminaron, sin más, aliados a la derecha y en la irrelevancia, culminando un viraje de más largo aliento hacia posturas conservadoras. 

El acuerdo del 10 de abril de 2024 incluye una amplia diversidad, que podrá expresarse, simultáneamente, en las listas de concejales, que serán de agrupaciones de partidos (como la DC, el PPD y el PS, en un nuevo intento un tanto extemporáneo de revivir otras etapas) o de partidos individuales, como el Partido Comunista o el Frente Amplio (que acaba de reagruparse en un solo partido mediante un proceso de fusión orgánica). 

La consolidación política de la coalición de gobierno y del nuevo acuerdo de colaboración con la DC, tuvo otro éxito con la elección de la comunista de nuevo cuño Karol Cariola en la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas el 15 de abril. Por primera vez ese partido llega a ocupar el tercer cargo de la República, rompiendo una barrera simbólica que se le había negado hasta aquí al PC, a pesar de los acuerdos formales de 2022, rotos por los conservadores DC en 2023. No obstante, Cariola logró ganar por un solo voto, con el apoyo del oficialismo, de la DC y de un parlamentario de lo que queda del Partido de la Gente (PDG), ex miembro de Renovación Nacional y en su momento desaforado por injurias. La victoria de Cariola fue fruto, además, de la ausencia en la votación de tres parlamentarios más bien alineados con la derecha, y de lo que queda del mundo llamado “díscolo”, de tipo autorreferente, en este caso la diputada Pamela Jiles, que hace un año hizo fracasar nada menos que la reforma tributaria del gobierno, uno de los pivotes de la necesaria disminución de las desigualdades en Chile. 

Esta frágil elección es, sin embargo, un triunfo para el gobierno y para la inclusión plena del PC en el juego democrático, que siempre ha respetado, aunque persista en su apoyo a regímenes autoritarios como los de Putin, Ortega y Maduro, lo que no ayuda a consolidar sus credenciales en la materia, periódicamente puestas en cuestión. Y ocurre después del fiasco de las fuerzas de gobierno en el Senado, instancia en la que la ruptura de una parte de la DC hacia Demócratas y Amarillos alineados con la derecha, y la actitud poco institucional del PPD, cuyos egos e inconsistencias no le permitieron resolver sino en la hora undécima su candidato a la presidencia y sin ayudar a lograr una mayoría, permitieron que la derecha ganara la testera de la cámara alta. En este caso, también la UDI incumplió su acuerdo de 2022, que le permitió a Coloma presidir el Senado durante 2023 con votos de las fuerzas de gobierno, agregando otro punto negro a una lista ya nutrida. En suma, el deterioro de los acuerdos en el parlamento ha quedado consumado, aunque Cariola logró un triunfo ajustado pero alentador.

El nuevo impulso político debiera permitir a las fuerzas de gobierno enfrentar mejor la regresión autoritaria y el retroceso social que representa la coalición conformada por la derecha, la extrema derecha y las escisiones conservadoras y anticomunistas de la DC, como se demostró en la contienda constitucional de 2023. Esto se va a expresar a su manera en la elección municipal y regional. Existen estilos y énfasis diferenciados de gestión de los territorios en materia de infraestructuras, de servicios urbanos y rurales prioritarios, de políticas de acceso a la vivienda, a la salud y a la educación (en transición lenta hacia los servicios locales, que en realidad debieran ser regionales), de tipo de reforzamiento de la seguridad y de apoyo a la acción de las policías contra la nueva delincuencia y a la acción simultánea contra sus causas. Quien juzgará será, como corresponde, la ciudadanía, mediante el voto obligatorio de los mayores de 18 años en octubre próximo.

Tal vez algunos temas por resolver puedan ahora abordarse en un mejor clima. Se debiera producir el ingreso de la Democracia Cristiana al gabinete de Gabriel Boric y el fortalecimiento de su rol parlamentario, pues no tiene sentido que apoye muchas legislaciones y no comparta responsabilidades de gobierno para llevarlas a la práctica. También se debiera dejar de insistir en la idea de dos coaliciones, porque lo único que existe en la práctica es una coalición de gobierno entre los partidos que lo apoyan y del que forman parte, salvo que se quiera proyectar que unos lo apoyan más que otros, lo que tiene poco sentido. Eso no impide que cada partido cultive relaciones de mayor o menor cercanía con otros, pero la insistencia en la diferenciación termina inevitablemente por dificultar la gestión de cualquier gobierno. Un tercer tema es mejorar la calidad de esa gestión, acentuando la persecución de toda corrupción, de la escala que sea, y optando por fortalecer con más fuerza el carácter profesional de la administración en todos los niveles. Un cuarto tema es mejorar la orientación de las políticas de gobierno, sobre la base del programa de segunda vuelta firmado por los partidos que ahora han pactado candidaturas locales y regionales. Esto es responsabilidad de las autoridades de gobierno, en base a la deliberación y coordinación con sus fuerzas políticas de apoyo y también con los movimientos sociales cuyas reivindicaciones se proponga escuchar y canalizar.

Como es la fuerza política del presidente Boric, al Frente Amplio le cabe mejorar sustancialmente su capacidad de conducción y de iniciativa. El que el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, desconociera a horas de alcanzado el acuerdo municipal y saliera apoyando a un candidato independiente distinto del confirmado en el pacto, en este caso nada menos que en Concepción, no es una buena expresión de esa capacidad, la que también se complicó en Valparaíso. Esta debe incluir un alto grado de consistencia y persistencia frente a la amenazante arremetida ultraconservadora, y evitar perjudicar, mediante el apoyo a aventuras individuales, al conjunto de las fuerzas progresistas, que han reencontrado en buena hora el camino de la unidad en la diversidad.

La economía y la oposición apocalíptica 

04-04-24 La Nueva Mirada

La interpretación dispar de los datos económicosLa economía y la oposición apocalíptica 04-04-24 La Nueva Mirada La interpretación dispar de los datos económicos

La economía y la oposición apocalíptica

En La Nueva Mirada

Los más recientes datos económicos son positivos, lo que indispone a la oposición apocalíptica que busca arrinconar al gobierno, acompañada por algunos economistas descentrados.  Un distinguido diario de la plaza agregó en su titular respecto al buen dato de febrero que habría un “dispar desempeño de sectores”. Solo que la disparidad es que a unos sectores les ha ido todavía mejor que a otros.

El Índice Mensual de Actividad Económica registró un crecimiento en febrero de 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. El indicador corregido de efectos estacionales y comparado con el mes anterior creció en 0,8%. Siempre en términos desestacionalizados, las cifras corregidas por el Banco Central muestran que ya había crecido en 2% en el primer mes del año, luego de una caída de -0,6% en diciembre. El positivo aumento por segundo mes consecutivo fue empujado por la producción de bienes (minería, industria, construcción) con un 1,7% y también, en menor grado, por la expansión de 0,4% del comercio y de 0,5% de los servicios. 

No obstante, el dato de un mes es insuficiente para apreciar una tendencia, pues puede ser una excepción. La perspectiva trimestral suele ser más ilustrativa. Si se compara el promedio trimestral del Imacec terminado en febrero con el del año pasado, el índice muestra un aumento de 1,9%. Si se considera el promedio del trimestre terminado en febrero, el índice es también un 0,8% superior al trimestre móvil terminado en enero. En términos anualizados, es decir si se mantuviera por todo 2024, el crecimiento sería de 3,4%, un dato muy positivo. Estos registros se agregan a los buenos indicadores de empleo de febrero (0,4% de crecimiento trimestral, corregido de efectos estacionales). La economía parece encaminarse a una senda de mejoría respecto al año pasado.

Los muy buenos datos de inicio de 2024 contrastan con un deficiente 2023. No está de más poner en perspectiva el desempeño económico de Chile, más allá de la contingencia y de la secuencia de «desborde de la demanda» de 2020-21, que a la postre produjo buenos resultados comparativos en materia de crecimiento, y luego de «ajuste ultra- ortodoxo«, con resultados todavía buenos en 2022 y de estancamiento en 2023. Se supone que este tipo de ajuste extremo era necesario para corregir los desequilibrios inflacionarios y de la cuenta corriente de la etapa previa y preparar una nueva etapa expansiva. Esto es bastante discutible, dado el origen externo del brote inflacionario y el fin de los mecanismos que propulsaron por una vez el aumento de la demanda interna y de las importaciones en 2021 (ver mi texto al respecto). Chile se situó en 2019-2021 en un desempeño equivalente al del mundo, en uno bajo en 2022 y en uno muy bajo en 2023, superado no solo por China sino también por Estados Unidos y el promedio de América Latina y el Caribe. 

Para una evaluación de más largo plazo, el indicador pertinente es el del PIB por habitante, con todas sus limitaciones, para lo cual se dispone de la serie del Banco Mundial desde 1960 hasta 2022. 

El gráfico adjunto muestra que entre 1961 y 1973 la economía chilena creció menos por habitante que el promedio mundial y el de América Latina y el Caribe, y menos que Estados Unidos y China, en medio de grandes reformas estructurales que culminaron en un gran conflicto que incluyó la reforma agraria, la nacionalización del cobre y la ampliación sustancial del sector de empresas estatales, con una crisis política y económica que derivó en una prolongada dictadura restauradora del dominio oligárquico (ver mi libro de 2022). En la etapa dictatorial entre 1974 y 1989, de orientación económica ultraliberal, el crecimiento por habitante fue apenas algo superior al del período previo (pasó de 1,7% a 1,9% anual promedio), pero siempre inferior al de Estados Unidos, que venía en declinación, y especialmente al de China, que iniciaba su impresionante despegue. No obstante, fue superior al de América Latina, que cayó a menos de la mitad en esta etapa de la crisis del petróleo y de inicio de la globalización.

La etapa de la vuelta a la democracia a partir de 1990 es la de mayor expansión económica por habitante que conozca la historia de Chile, especialmente en los 20 años que siguieron a 1990 (3,9% anual), muy por encima del resto del mundo, aunque siempre muy lejos del desempeño de China, cuyo punto de partida era muy bajo. El crecimiento fue inferior en la década de 2011-2020 (0,9% anual, período que incluye la crisis de la pandemia), pero siempre muy superior al de América Latina y cercano al de Estados Unidos. 

Si se toma en conjunto el período 1990-2022, la producción por habitante creció mucho más (3,1% anual) que en la etapa de la dictadura (1,9% anual), bajo lo que hemos llamado un «modelo híbrido» (ver mi libro de 2007), con mayor intervención estatal, pero sin un Estado social en forma. Los nostálgicos del libre mercado sin límites y del bloqueo a todo avance hacia un Estado social debieran recordar estos datos.

Cabe consignar que el Índice de Desarrollo Humano, que permite capturar mejor la evolución del bienestar y de las dimensiones distributivas, se calcula por el PNUD solo desde 1990. Este arroja, en todo caso, mejorías importantes para Chile en las últimas tres décadas, aunque queda un largo camino por recorrer para alcanzar un bienestar equitativo y sostenible más cercano a los países de más altos ingresos y mejor distribución de la riqueza. El país enfrenta múltiples dificultades y no termina de delinear un camino de futuro equitativo y sostenible, luego de haber entrado en una crisis social profunda en 2019. Pero en una mirada más larga, el retorno a la democracia se ha acompañado de un progreso humano como nunca antes en la historia nacional.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó su reporte de desarrollo humano 2023-24 con los datos de 2022 para 193 países y territorios. En su versión más sintética, los indicadores que pondera por tercios este índice compuesto son a) la esperanza de vida al nacer, que resume la situación promedio de salud de las personas; b) los años de escolaridad y las expectativas de años de formación, que reflejan la cobertura de la educación, y c) el ingreso por habitante, que expresa la capacidad promedio de adquirir bienes. Se calcula desde 1990 y busca ser alternativo o complementario al PIB, al centrarse en las condiciones de vida básicas promedio de la población.

Chile lidera en la región latinoamericana y del Caribe el Índice de Desarrollo Humano y ocupa el lugar 44 en el mundo (a comparar con el lugar 63 en el PIB por habitante a paridad de poder de compra, según el Banco Mundial). Subió su puntaje de 0,856 en 2021 a 0,860 en 2022 (siendo 1 el máximo en cada indicador). Lo encabezaron en 2022 Suiza (0,967), Noruega (0,966), Islandia (0,959), Hong Kong (0,956) y Dinamarca (0,952). El promedio del mundo es de 0,739 y el de América Latina y el Caribe de 0,763. 

En Chile, la expectativa de vida alcanzó 79,5 años en 2022 (6,9 años más que en 1990), mientras los años de escolaridad esperados llegaron a 16,8 (4 años más) y el promedio de años de escolarización alcanzó a 11,1 (2,7 años más). El ingreso nacional bruto (INB) per cápita, ajustado por la paridad de poder adquisitivo, llegó a US$24.431 anuales, un aumento de 163,6% respecto a 1990.

Argentina es el país de América del Sur que sigue en la clasificación del IDH, con el puesto 48 y un índice de 0,849, y luego se sitúan Uruguay (52 y 0,830), Ecuador (83 y 0,765, Perú (87 y 0,762), Brasil (89 y 0,760), Colombia (91 y 0,758), Guyana (95 y 0,742), Paraguay (102 y 0,731), Venezuela (119 y 0,660), Bolivia (120 y 0,698) y Surinam (124 y 0,690). México ocupa el lugar 77, con un índice de 0,781. El listado de 193 países y territorios lo cierran en América Latina cuatro países centroamericanos: El Salvador (lugar 127 y un índice de 0,674), Nicaragua (lugar 130 y 0,669), Guatemala (lugar 136 y 0,629) y Honduras (lugar 138 y 0,624). En el Caribe, lo hace Haití, en el lugar 158 y un índice de 0,552. En el mundo, el país peor situado es Somalia, con un índice de 0,380. 

Por su parte, las tasas de aumento anual promedio del IDH han tendido a disminuir, con la década de 1990 como la de mayor dinamismo. Pero la comparación de Chile con América Latina y el Caribe y la OCDE es bastante favorable. En 1990-2000, la tasa fue de 0,79% anual en Chile, 0,74% en el continente y 0,56% en el promedio de países de la OCDE. Luego bajó en 2000-2010 a 0,64%, 0,69% y 0,42% y en 2010-2022 a 0,47%, 0,31% y 0,26%, respectivamente. 

Una versión más avanzada del IDH incluye la desigualdad (también la posición de género, la pobreza y la carga ambiental de manera menos completa). Si se considera los indicadores chilenos de desigualdad, incluyendo las diferencias en esperanza de vida y educación y la distribución del ingreso, el Índice de Desarrollo Humano baja de 0,860 a 0,704. Esto implica que pasa a niveles inferiores a los de Argentina y Uruguay, países menos desiguales que Chile y al lugar 61 en el mundo, perdiendo 17 posiciones y volviendo a un rango similar al del PIB por habitante.

En materia de desigualdad, el coeficiente de Gini (que va de 0, una distribución perfectamente igualitaria, a 1, en que un hogar concentra todo el ingreso) pasó de 0,57 en 1990 a 0,43 en 2022, según el Banco Mundial, y de 0,48 en 2017 a 0,51 en 2020 y a 0,47 en 2022 según el gobierno chileno, con metodologías algo diferentes de procesamiento de la encuesta de ingresos CASEN. No obstante, se mantienen en niveles más altos que los de países como Argentina (0,42) y Uruguay (0,41) y los de altos ingresos, empezando por los escandinavos (entre 0,26 y 0,29), pero también en el resto de Europa (entre 0,24 y 0,33) y Estados Unidos (0,40). 

El desafío de crecer redistribuyendo y protegiendo el ambiente, pues no se logra aún desacoplar el crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero, sigue estando presente en la agenda pública chilena de mediano y largo plazo.

Fuente: Banco Central de Chile.

Fuente: Banco Mundial.

Fuente: Banco Mundial.

La persistencia de una democracia polarizada

En El Clarín de Chile

El semanario británico The Economist realiza un estudio anual de la situación democrática en 165 Estados. En su edición de 2024, mantiene a Chile muy cerca de las democracias de mejor calidad, pero fuera de las 24 “democracias plenas”, grupo del que solo forma parte ahora Uruguay en América Latina. La primera posición vuelve a ser ocupada por Noruega, en un listado tradicionalmente encabezado por los países escandinavos, como también es el caso de los índices de bienestar.

El informe distingue cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Según la puntuación media obtenida, un país puede ser clasificado como “democracia plena”, “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” o “régimen autoritario”. Portugal, Argentina, Bélgica o Italia tienen sistemas defectuosos. Los de Turquía o El Salvador son híbridos, mientras China, Arabia Saudí o Nicaragua son regímenes autoritarios. Corea del Norte, Myanmar y Afganistán son, según esta clasificación, los Estados más autoritarios del mundo.

Chile se sitúa en la posición 25, con una puntuación de 7,98 sobre 10 (Noruega suma 9,81 y Uruguay 8,66, en la posición 14), con el resto de países latinoamericanos mucho más atrás. El país obtiene una muy alta puntuación de 9,58 para «el sistema electoral y el pluralismo democrático» y un 9,12 para «las libertades civiles». El “funcionamiento del gobierno” obtiene una nota honorable de 8,21. En cambio, la “cultura política” se sitúa mucho más abajo, con una nota de 6,88, mientras resulta mal parada la  “participación política”, con 6,11. La vuelta al voto obligatorio probablemente mejorará este último indicador. Pero la “cultura política”, con un ambiente de descalificación creciente, con medios dominantes partisanos y polarizantes, requiere de un cambio mucho mayor para mejorar sus bajos niveles actuales.

Este se explica por un largo deterioro y porque la rebelión social de 2019 se recondujo por cauces institucionales mal concebidos. Una mayoría decidió, en un contexto de voto obligatorio, no aprobar una constitución que consagraba nuevos derechos y equilibrios territoriales, sociales y ambientales en septiembre de 2022, con una regla de aprobación de 2/3 en el órgano constituyente elegido por voto voluntario. Esto obligó a aceptar intereses particularistas y programáticos, que fueron sumando rechazos tema a tema. Un quórum menor hubiera facilitado acuerdos para una constitución no programática. La ciudadanía quiso, de paso, castigar al nuevo gobierno en medio de una contracción económica. Pero tampoco dio curso en diciembre de 2023 a la regresión autoritaria, conservadora y oligárquica que promovió la derecha, que incluía la limitación de las libertades, de la soberanía popular, de los derechos sociales y los de las mujeres.

Sorprendentemente, según la “Encuesta Postplebiscitos” del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la Universidad Adolfo Ibáñez, realizada en enero de 2024 (ver https://leas.uai.cl/2024/03/18/chile-post-plebiscitos/), aumentó la valoración de la democracia. Un 62% de los consultados se mostró de acuerdo con la afirmación según la cual “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Esta opción había sumado solo un 46% en diciembre de 2021, en una encuesta similar. Solo un 26% aprobó la frase “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, cifra igual a la de 2021. La opción «da lo mismo», bajó de 21 a 12%. De paso, un 43% consideró que la actual constitución quedó «bastante o muy legitimada» tras el plebiscito y un 37% la considera «nada o poco legitimada», lo que sigue reflejando una fractura. En el debate constitucional de 2023, la derecha se había permitido incluso hablar de “verdaderos chilenos”, en confrontación con los que no lo serían.

¿Cuán polarizada quedó la sociedad chilena después de los procesos constitucionales? Se puede describir cuatro principales escenarios de polarización ideológica, siguiendo a Daniel Innerarity, Steffen Mau y otros.  El primero es el clásico conflicto socioeconómico sobre la distribución de los ingresos y la riqueza, alrededor del cual se articula el clivaje izquierda/derecha. Esto es notorio en Chile, donde no se aprecia un espacio común para el acuerdo en medio de grandes desigualdades de ingreso, como se ha visto con el rechazo a la reforma tributaria y de pensiones. Impedir un Estado de bienestar es un objetivo compartido por la derecha, que es predominantemente neoliberal, e incluso por una parte del llamado progresismo, aunque no sea hegemónica.

Un segundo ámbito de conflicto polarizador es el las desigualdades “centro/periferia”. Allí se confrontan distintas concepciones de la distribución del poder territorial y es un escenario de reclamo para obtener más recursos  públicos, lo que en Chile está presente pero con una intensidad relativamente baja, aunque persiste un Senado colegislador que sub-representa fuertemente a las regiones con más habitantes y favorece los cacicazgos cuasi-feudales.

Un tercer escenario de confrontación ideológica es el de las desigualdades “nosotros/ellos”, donde se desarrollan los conflictos de reconocimiento de la identidad, las discriminaciones de género y la diversidad sexual. Es el de la confrontación entre la idea de ciudadanía y una actitud clasista y supremacista contra los pueblos originarios y sus derechos colectivos. Se acompaña, además, de impulsos de xenofobia, en ocasiones de manera agresiva y mediando un afán de exclusión y de rechazo a la inmigración, la que se asimila impropiamente a la delincuencia. Esto es estimulado por la derecha conservadora y por diversos sectores políticos a la caza de electores. A su vez, la cultura conservadora no tolera el derecho de cada cual de vivir del modo que le parezca y a no ser objeto de exclusión y discriminación. Signos de una evolución positiva se produjeron cuando bajo Bachelet II se aprobó en 2017 el aborto por tres causales y bajo Piñera II se aprobó en 2021 el matrimonio igualitario, ampliando los derechos individuales. Pero parte de la derecha  sigue buscando su reversión, con ataques al feminismo y a las diversidades, mientras se expresa con virulencia contra la inmigración, a pesar que, en el caso de Venezuela, fue directamente promovida por Piñera y la UDI para buscar aumentar el electorado conservador en Chile.

Una cuarta dimensión es la de las desigualdades “presente/futuro” entre generaciones, con discusiones recurrentes sobre la protección del medio ambiente y la acción contra el cambio climático, que confronta con quienes valoran la sostenibilidad a negacionistas y a los que creen que el crecimiento económico debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración.

Si en Europa, según Daniel Innerarity, “lo que hoy tenemos es keynesianismo y nuevos derechos sociales, aceptado también por los conservadores y solo impugnado por la extrema derecha”, no es el caso de Estados Unidos y de buena parte de América Latina, con los Trump, Bolsonaro y Milei, y también con la derecha chilena de Matthei y Kast. Esta defiende a brazo partido el Estado mínimo, en lo que es minoritaria, por lo que busca hacerse mayoritaria promoviendo sus opciones autoritarias involucrando a los militares en materia de seguridad, creando sistemáticamente un clima de miedo y temor generalizado.

Es de esperar que en Chile en algún punto del tiempo, si no hay acuerdo sobre como disminuir los temores, mejorar las condiciones de vida de la población y aminorar las desigualdades y asimetrías de poder entre las categorías sociales, al menos lo haya sobre buscar una convivencia que disminuya la violencia física, simbólica y económica que hoy afecta la vida en común.

Tal vez una inspiración desde fuera pueda ayudar. En estos días, el gobierno británico busca contener las formas de «extremismo» que hoy cruzan su convivencia, para lo cual acaba de proponer una definición de esta conducta como «la promoción o impulso de una ideología basada en la violencia, el odio o la intolerancia”, así como “negar o destruir los derechos y libertades fundamentales de otros».  Esta definición debiera ser parte de los valores cívicos básicos compartidos en Chile y ser una de las primeras en consagrarse constitucionalmente mediante las reformas por 4/7 del parlamento que desde 2022 son posibles. Nunca es tarde para persistir en la tarea de fortalecer la convivencia democrática y disminuir la polarización.