¿Habrá una regalía minera a la altura del desafío?

En El Mostrador

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, se pronunció raudamente frente a las nuevas indicaciones del Gobierno en el proyecto de ley en trámite en materia de regalía minera (la palabra en castellano "regalía" en vez de "royalty" está perfecta, dicho sea de paso).

Estas indicaciones mantienen el objetivo de recaudar por este concepto un 0,6% del PIB. No obstante, reducen a 1% la regalía por el valor de las ventas mineras, ahora sobre 50 mil toneladas, dándole más importancia al cobro sobre el margen operacional (la rentabilidad antes de impuestos) de la gran minería que ya existe desde 2003. En el caso en que el margen operacional sea negativo, no procedería el pago, mientras se propone modificar la escala de tasas, las que fluctuarían entre un 8% y un 26%. Esto tiene sentido analítico para tomar en cuenta las diferencias de costos de producción por unidad de metal puro por las variaciones de calidad del mineral en cada yacimiento, pero en la práctica es información interna de las empresas que es más difícil de fiscalizar. El volumen y el valor de la venta, en cambio, son más simples de dimensionar y cobrar, como lo es el IVA en comparación con el impuesto a la renta.

Riesco señaló, entonces, que "pese a que la iniciativa mostró ciertos avances, faltó atender a las objeciones del sector”. El uso del lenguaje sigue siendo bastante impresionante: estos empresarios parecen pensar que tienen una especie de derecho divino para que el Gobierno se someta a sus intereses, los que deben ser "atendidos", en vez de defender los del conjunto de la sociedad. En fin, nada nuevo bajo el sol, incluso frente a una clara concesión del Gobierno. Como siempre, la actitud del gran empresariado es no conceder nada de nada, como si el país en que se desenvuelve y sus problemas no existieran.

Recordemos, por lo demás, los ingentes recursos que gasta la gran industria minera en publicidad, financiando (y condicionando) de manera importante a los medios de comunicación, alabando su propia actividad como un gran aporte, como si no tuviera una rentabilidad extraordinaria basada en un recurso natural que obtienen a bajo precio. Como no existen compradores minoristas o de detalle por la naturaleza del producto a los que se dirija la publicidad, esta es bastante curiosa. En realidad, está destinada a convencer a la ciudadanía de que el Estado no cobre en su nombre lo que le pertenece para ser gastado en inversiones de interés general. La reciente indicación del Gobierno define, en este sentido, una estructura de distribución acorde con la reforma constitucional de 1991, que permite asignar ingresos públicos hacia la inversión regional, creando un fondo regional de innovación. Se asegura, así, que la regalía se destine a mejorar el desarrollo de los territorios.

Continúa Riesco: “Es innegable que a esta propuesta le falta si quiere quedar en un nivel comparable con otros países para atracción de inversiones en términos de carga tributaria total”. Según aseguró, la indicación “nos va a dejar desgraciadamente fuera de competencia por inversiones para nuestra industria minera, que necesitamos se siga desarrollando”.

Este reclamo no se atiene a los hechos. Desde luego, vale la pena reiterarlo, no se aplica a la pequeña y mediana minería. En el caso de la gran minería, la rentabilidad también está dada por la diferencia entre precio de venta y costos. Y como en Chile los costos en este segmento, con pocas excepciones, son "desgraciadamente" más bajos que en el resto del mundo por las características del mineral y del acceso a él y su transporte a puertos, junto a grandes economías de escala, corresponde una regalía más alta. El recurso natural, que pertenece a la nación, es en promedio de extracción más rentable que en otras partes y la inversión realizada se recupera antes y eso es lo que la regalía debe cubrir, sin afectar la competitividad. Lo que se afecta son las ganancias injustificadas, que no provienen de ningún esfuerzo empresarial sino de la escasez de un recurso no renovable.

El sentido conceptual de la regalía es el pago por el derecho de acceso a un recurso que tiene un determinado valor que debe ser retribuido a su dueño. Es como si las mineras se negaran a pagar el agua o la electricidad que utilizan a su valor, como lo hace cada hogar o faena productiva. Ese valor, dado que se trata de un recurso no renovable que no pertenece a las empresas mineras, proviene de la diferencia entre el precio de venta y los costos de extracción, elaboración y transporte en un período dado, más una utilidad normal, que es lo que se presta a mayores discusiones. En todo caso, una utilidad de largo plazo de más de 15% es evidentemente una anomalía injustificada.

El recurso mineral tiene, entonces, un valor determinado y no hay razón alguna para que no deba pagarse íntegramente a su dueño. Lo que no debe hacerse es regalar o entregar de manera subvalorada a un pequeño grupo de empresas transnacionales, y alguna nacional, un recurso que pertenece a la nación, de acuerdo al análisis económico y a la normativa constitucional vigente desde la nacionalización de 1971. El que aún no se cobre como corresponde es lo que explica que, con 2/3 de la producción, la minería privada solo haya pagado la mitad del impuesto minero (la otra mitad la aporta la minería estatal) en 2021. Eso es lo que los poderes colegisladores están llamados a corregir.

La violencia en el sur y sus actores

 En La Mirada Semanal

Se va perfilando en sus raíces parte del tema de la violencia en el sur. Esta semana se detuvo a empresarios que participan de una amplia red de robo de madera y su lucrativa comercialización ilegal, con pactos con grupos insurgentes que proveen materia prima desde ocupaciones y “protección”, por lo que cobran para financiar su actividad. Y se dio de baja a dos Carabineros que participaban encapuchados en el robo de camionetas a empresas forestales.

Estas alianzas de contornos mafiosos son uno de los factores que han ido haciendo endémica la violencia en el sur y que sostiene a parte de la insurgencia, pues crea en ella la ilusión de la viabilidad material de la estrategia de “control territorial”, es decir de logro de una suerte de autonomía mapuche de hecho en zonas del país, atacando intereses forestales y destruyendo infraestructuras y actividades de transporte y turismo y sosteniendo supuestamente una economía autocentrada.

Esta es una ilusión, pues aunque logre provocar daños a empresas de diversos tamaños y a sus trabajadores, no lo logra respecto a la actividad empresarial forestal, pues la destrucción es menor frente a su magnitud global, y sobre todo supondría, para sostenerse, una derrota militar del Estado. Un mínimo análisis de la materialidad de las fuerzas en presencia indica que esa estrategia no tiene sentido, salvo una alianza de gran alcance con los agentes del robo de madera y otros tráficos ilegales, como hizo sin éxito la guerrilla con el narcotráfico en Colombia, y de ese modo financiar la masiva internación de armas y/o alianzas con algún Estado dispuesto a entrar en conflicto con el Estado chileno, lo que no se avizora en el horizonte.

Pero, sobre todo, esta estrategia hace retroceder la disposición de la sociedad chilena, como se vio en septiembre pasado, para dar lugar a la autonomía indígena en algunas de las zonas históricas mapuche entre el Bíobío y el Toltén y de otros pueblos en otros lugares, como ya ha ocurrido, pero en una menor escala, en el norte y otras partes con la gestión autónoma de algunos territorios y recursos. Los estrategas insurgentes debieran considerar que el “control territorial” no puede sustituir un pacto con el Estado chileno, única vía para lograr parte de los grados de autonomía que demandan, pero con respeto de los derechos fundamentales que, por su parte, demanda la democracia chilena en todos los territorios. Ésta no podría aceptar una autonomía sin libertades, separación de poderes, elecciones de representantes, paridad de género y respeto de los derechos humanos en nombre de la especificidad cultural y étnica. La autonomía territorial, a su vez, solo es viable económicamente con una colaboración intensa con los diversos órganos del Estado y con un replanteamiento de la actividad forestal empresarial.

Ahora bien, si la utopía de los grupos insurgentes implicara (según un dirigente de la CAM “nuestra lucha por la independencia, por la autodeterminación es tomar el planteamiento histórico de nuestro pueblo para mantenerse y seguir siendo pueblo” en https://www.mapuche.nl/espanol/resumenlatino0204.htm), reconstruir e independizar una nación atávica exclusivamente mapuche e indígena, entonces esto supondría expulsar de parte del territorio actual de la nación chilena a los habitantes de otras proveniencias que las originarias (que también vinieron históricamente de otros continentes, dicho sea de paso) y a la inmensa mayoría de población mestiza. ¿Hacia dónde iría la población expulsada? ¿O bien sería sometida sin derechos? Se trataría en ese caso de una utopía que terminaría no ya en la emancipación de un pueblo oprimido, sino en un hipotético orden indígena de tipo autoritario en un territorio “étnicamente puro” y en un desencuentro político, social y humano profundo entre los pueblos que habitan el territorio chileno. Sería una lucha de intolerancia racial, del tipo de las que en la historia humana han demostrado ser las más sangrientas, enconadas y recurrentes, por mucho que sea altamente condenable la violencia del despojo colonial y luego oligárquico de las tierras mapuches y su brutal sometimiento, así como el de otros pueblos y naciones.

En efecto, la memoria histórica debe recoger las nefastas consecuencias del afán de lucro y la codicia que motivó la apropiación ilegítima de territorios y riquezas indígenas, como ha vuelto a documentar recientemente Martín Correa en su libro La historia del despojo. Con el resultado de la creación de un espacio de pobreza y exclusión en la actual Araucanía que convive con espacios en los que existen niveles de ingreso del primer mundo. Se trata de un innegable despojo que llevó a la desigualdad estructural hasta nuestros días.

Salir de una perspectiva de violencia en la dialéctica despojo/desigualdad/resistencia/represión que eventualmente se reproduzca por generaciones, supone que la democracia chilena actúe con decisión. En el corto plazo, debe hacerlo frontalmente contra el robo empresarial mafioso de madera y los otros tráficos con que se financia la insurgencia y tampoco aceptar sus destrucciones y violencias contra bienes y personas, pero con las exclusivas armas legítimas del Estado de derecho. Y también ofrecerle, aunque por el momento no la considere, una deliberación leal sobre su causa histórica y sus vías de salida. El Estado chileno debe empezar por reconocer el nulo avance en el reconocimiento de los derechos colectivos y autonómicos de los pueblos originarios, bloqueado de manera obtusa e irresponsable desde 1990 por la derecha, e iniciar el debate en serio de un pacto que deje atrás la república oligárquica y su incapacidad de reconocer la diversidad de orígenes de la nación chilena. Antes que sea demasiado tarde.

Recordemos que esto no es inédito, pues en parte terminó haciéndolo la colonización española en los dos siglos que siguieron a la férrea resistencia inicial mapuche a la invasión española (heredera de la resistencia a la invasión incaica décadas antes, contenida en la batalla del río Maule), a partir del primer “parlamento” de Quilín de 1641 y otros doce adicionales hasta 1814, que reconocieron en el río Bíobío una frontera nacional. También lo hizo en el de Tapihue en 1925 la naciente república, que todavía reconocía a la nación mapuche: se lee en el tratado que “queda desde luego establecido, que el chileno que pase a robar a la tierra; y sea aprendido, será castigado por el Cacique bajo cuyo poder cayere; así como lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillase en robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos“. Recuérdese, además, la notable carta de O’Higgins de 1819 a los pueblos originarios, no difundida durante 190 años, en la que los trata en pie de igualdad y que conocía muy bien -hablaba mapudungún- por su proveniencia de la zona del Bíobío (ver https://www.territorioancestral.cl/…/el-documento…/).

El tratado fue roto décadas más tarde por la ocupación de la Araucanía entre 1861 y 1883. La responsable fue la república oligárquica instaurada después de la guerra civil de 1929-1930, representando los intereses de terratenientes chilenos y neocoloniales en su afán de apropiación de tierras al sur del Bíobío, en alianza con sus equivalentes argentinos al otro lado de la cordillera y su mortal “Campaña del desierto” contra los puelches. Se afianzó de ese modo una tragedia histórica que requiere de una reparación progresiva a la altura del daño colectivo infligido en el marco de un Estado democrático y social de derecho que se entienda como expresión de una nación que reconoce en su seno a los pueblo-nación prehispánicos, les otorga derechos colectivos y los apoya en sus esfuerzos autónomos por mejorar las condiciones de vida en que se desenvuelven.

Voluntad crítica y extravío del alma de la izquierda

Cada tanto emerge la intolerancia a la crítica en nuestra sociedad, con expresiones que se han escuchado con altisonancia en los últimos días frente a apreciaciones sobre la gestión del gobierno. Vale la pena citar en esta materia la conclusión de una columna reciente de Jorge Volpi (autor mexicano de En busca de Klingsor y muchas otras novelas sobresalientes): "Ha de celebrarse que en muchas partes de América Latina las antiguas oligarquías conservadoras, empeñadas en mantener sus privilegios desde tiempos ancestrales, y de sumir a sus sociedades en la desigualdad y la violencia, al fin sean apartadas del poder. Pero ello no significa darle carta blanca a los regímenes que se proclaman progresistas sin serlo. A ellos les corresponde no solo admitir la crítica entre sus filas, sino propiciarla con denuedo, pues se trata de un elemento crucial para crear sociedades más justas, más igualitarias y más libres. El siglo XX nos enseñó con creces que, cuando la izquierda pierde su voluntad crítica, extravía su alma".

Aquí van, a título ilustrativo, elementos de crítica a la izquierda y al gobierno de izquierda desde la izquierda, como diría Volpi. Hubo un tremendo gol en contra el 4 de septiembre por las impericias en la pedagogía de los cambios que se proyectó desde la Convención y la falta de conexión con la subjetividad de la mayoría social en estilos y contenidos. Prevaleció la defensa de causas parciales que sobrecargaron el proyecto constitucional por sobre una idea de país que diera paso a una futura dinámica de cambios en vez de querer resolverlo todo en un texto. Paradójicamente, reunir dos tercios en la Convención obligó a pactar con la retórica de minorías en vez de producir moderación.

A partir de marzo de este año, el nuevo gobierno optó por improvisaciones con poco sentido en su conformación y primeras acciones y no formalizó una coalición de apoyo con una discusión programática precisa y puntual que diera lugar a un compromiso estable para cuatro años. Se atuvo al ajuste económico poselectoral de choque heredado del gobierno anterior, dejó el Banco Central en manos de una ideóloga de la UDI y produjo un equilibrio fiscal en 2022 sin sentido, en un caso único en el mundo, en vez de uno gradual. No se plantearon con fuerza ante la sociedad las reformas que son significativas para la mayoría, las que el gobierno perfiló poco (transferencias limitadas a las familias a través de la asignación familiar) o muy tarde (reformas de pensiones, salud, vivienda, financiamiento tributario), aunque otras muy importantes, como el aumento del salario mínimo y las 40 horas, junto a la contención de precios de los combustibles, siguieron un curso a un buen ritmo. Pero a la postre, los temas de orden público, que no son ninguna novedad pero generan fuertes emociones, se tomaron de manera abrumadora la agenda pública.

La falta de conducción y la fragmentación política (¿alguien ha sacado la cuenta de la cantidad de partidos y grupos que hoy apoyan al gobierno a su manera, es decir, girando las más de las veces sobre sí mismos?) desconcertó a la base de apoyo popular aún afectada por la pandemia y las incertidumbres de la salida de crisis. Tampoco se produjo alguna secuencia de cambios meditados en el enfoque de orden público, salvo retomar la retórica represiva y los Estados de Excepción en el sur. Esta es la salida lineal y de muy corto plazo, pero que termina por mantener el ciclo represión-legitimación de la protesta destructiva y sin perspectiva de grupos insurgentes minoritarios. La ausencia de capacidad de abordar el tema mapuche con una oferta de avance en la necesaria autonomía en el marco del Estado social y democrático de derecho, ha sido desconcertante.

Para cualquier persona de izquierda, es decir, grosso modo, que está por construir una sociedad de libertades sin privilegios, sin desigualdades injustas y sin discriminaciones arbitrarias, el éxito de este gobierno es indispensable para consolidar una alternativa estable y seria a la derecha y la ultraderecha, lo que requiere seguir bregando por su proyecto, que se puede expresar como una “mesa de cuatro patas”, a saber: 1) la expansión de las libertades y del autogobierno en los territorios con derechos y protecciones efectivas para la ciudadanía; 2) la creación progresiva de una base productiva dinámica y equitativa para empleos de calidad más allá de la extracción de recursos naturales y de servicios de baja productividad, con una estructura tributaria progresiva y una legislación laboral, de pensiones y de salud equitativa; 3) el avance sistemático en el cierre de las diversas brechas de desigualdad; y 4) un vuelco rápido hacia la sostenibilidad ambiental de la producción y de la vida en las ciudades.

Con una propuesta clara de interés general que ponga en perspectiva las urgencias y resitúe las demandas particulares, se podrá tal vez cerrar el paso a un próximo gobierno de derecha extrema. Esto no ocurrirá si no se avanza en pilares como los descritos y si persiste la incapacidad de la izquierda gobernante de lograr, simultáneamente a esos cambios, una nueva articulación con el centro y con diversos sectores medios de la sociedad, inmersos en las lógicas de la competencia individual en los mercados que, entienden, son una mejor garantía de bienestar que transformaciones ignotas, lejanas y de viabilidad incierta, percepción que se debe revertir.

Todo lo anterior supone no excusar u omitir los errores en las distintas esferas de la acción colectiva de la izquierda, sino señalarlos y someterlos a debate. Lo que nunca es demasiado simpático y se (mal) entiende como poner palitos en la rueda, especialmente cuando se hace con la claridad necesaria y desde convicciones y argumentos más o menos racionales, aunque esté de moda lo voluble, lo líquido y lo bien pensante en el discurso convencional.

Después de la derrota del 4 de septiembre, el Presidente y su coalición debieran tal vez definir un plan concreto y preciso de avance en tres años de las reformas básicas de las instituciones y de medidas socioeconómicas en beneficio de la mayoría social , aunque sean progresivas, y batallar por él. Incluso puede ser inevitable despejar con rapidez la dilación de la derecha en el tema constitucional y decidirse a avanzar, si esta no da lugar a un proceso propiamente democrático, con cambios legales parciales concentrando esfuerzos en reunir la mayoría del Parlamento frente a los temas de interés social. Y acudiendo al consenso de la sociedad para los cambios constitucionales indispensables en el corto plazo, que recordemos hoy requieren solo 4/7 de los votos, hasta que un próximo Parlamento permita un proceso constituyente en forma.

Así se podrá, a lo mejor, unificar el campo propio de fuerzas y atraer a los amplios segmentos populares que están a la expectativa por estar inmersos en temores variados en materia de ingresos básicos y de acceso a servicios sociales y urbanos de mayor calidad, y también actuar frente a los temores en materia de orden público y de inmigración ilegal. Estos sectores no parecen estar necesariamente muy entusiasmados con que el gobierno consuma su energía política en las arenas movedizas del debate constitucional, en vez de abordar al menos con la misma intensidad las urgencias sociales.

Nada de eso es fácil, por supuesto. Al contrario, es muy difícil cuando no hay mayoría en el Parlamento y las demandas sociales son acuciantes. Por eso hay que trabajar duro y bien. Descalificando las críticas, aunque sean rudas, nunca se avanza. Debatiéndolas, se podrá poner en evidencia su eventual falta de fundamento. O bien se podrá hacer emerger un consenso deliberativo sobre su pertinencia y sobre nuevas acciones para corregir y avanzar. 

El alcance de la aprobación del TPP 11

En El Mostrador

El Senado ratificó la aprobación del tratado comercial y de protección de inversiones y propiedad intelectual con 10 países del Pacífico, incluyendo Japón, Vietnam, Malasia, Singapur y Brunei en Asia, Australia y Nueva Zelandia en Oceanía y Canadá, México y Perú en el continente americano. 

No se trata de países que estén en el corazón de políticas imperiales. Nadie podría sostener, por ejemplo, que Vietnam, que libró un guerra legendaria y victoriosa contra Estados Unidos y es dirigido por un Partido Comunista, está ahora subordinado al Imperio. O que los gobiernos de Canadá, México, Perú o Nueva Zelandia, todos actualmente de orientación progresista, se someten a intereses ajenos en vez de procurar negociar ventajas mutuas en sus relaciones exteriores. Este grupo de países del Pacífico, con el que tiene sentido anudar relaciones internacionales de cercanía, permite proyectar una cierta estabilidad de la inserción exterior chilena frente a la dinámica de conflictos y disputas de hegemonía cada vez más agudas entre Estados Unidos y China y entre Rusia y Europa. Estos estarán en el horizonte en las próximas décadas, pues la idea de la "globalización tranquila", más o menos prevaleciente entre la caída del muro de Berlín y la crisis de 2008-2009, no preside exactamente las relaciones internacionales actuales. Chile debe garantizar espacios para su economía de la mejor manera posible. El grupo de países del TPP-11 no es el peor para una estrategia de este tipo.

No obstante, en el TPP-11 se mantienen mecanismos cuestionables y cuestionados de solución de controversias, aun cuando ya están vigentes en los tratados ya firmados por Chile con esos países. Además, incluye artículos que pudieran usarse para condicionar las políticas internas aludiendo el concepto de "expropiación indirecta" frente a políticas industriales y sociales nacionales que afecten utilidades esperadas. Por su parte, las normas de protección de la propiedad intelectual pueden encarecer y dificultar el desarrollo tecnológico endógeno, que se encuentra extremadamente atrasado, aunque las normas más cuestionables en la materia salieron del tratado con el retiro de Estados Unidos, que consideró que el TPP-11 no le era favorable. 

Tenía poco sentido una aceleración en la ratificación del TPP-11 hasta que no hubiera una evolución en las materias mencionadas y se consolidaran compromisos bilaterales entre los firmantes para no acudir a tribunales externos que pudieran estar sesgados a favor de los intereses de las empresas, conocidos como cartas laterales o "side letters", las que siguen en negociación.

Pero a los que piensan que la ratificación es un gran retroceso, cabe señalarles que ningún país es a estas alturas enteramente soberano en materia económica, por lo que los Estados deben cooperar entre sí en muchas materias. Los tratados bilaterales firmados previamente no impiden a priori realizar políticas industriales y sociales, y el TPP-11 tampoco lo hará. 

La interrogante es si habrá o no controversias con las reformas de mayor alcance que se propone el actual o futuros gobiernos. Si alguna transnacional, por ejemplo ante cambios en el régimen de AFP o por la aplicación de una regalía minera más alta, invocara en un tribunal arbitral previsto en el tratado el concepto de "expropiación indirecta", se produciría una controversia jurídica en la que Chile tendría que defender sus espacios propios de política y el interés nacional en vez de no hacer reformas estructurales. La idea que Chile no podrá industrializarse ni hacer políticas sociales es una resignación pesimista que no debe transformarse en una profecía autocumplida. Es una eventual batalla futura que no debe impedir hoy la lucha por las transformaciones que el país necesita.

El tema de fondo es el tipo de inserción internacional que se debe buscar. Cuando un país representa el 0,25% de la población mundial, simplemente no puede aislarse del mundo. Cabe rechazar el nacionalismo contra todo tratado económico que en ocasiones emerge de la defensa razonable de causas específicas, pero que se transforma en una especie de pasión autárquica que no considera que Chile deba tener una especialización internacional, aunque diversificada, y deba aprovechar las ventajas del comercio y de las economías internacionales de escala, así como  de inversiones externas reguladas social y ambientalmente que aporten recursos y tecnología en condiciones razonables de rentabilidad. 

Mientras la participación de América Latina y el Caribe en la producción mundial pasó, según los datos del FMI, de 10,0% en 1990 a 7,3% en 2021, la de Chile pasó de 0,28% a 0,36% en el mismo período. La inserción internacional con acuerdos bilaterales no ha sido lesiva para la producción agregada chilena. Por su parte, los países del MERCOSUR perdieron todos participación en la economía mundial en las últimas tres décadas. Solo en 2019 han logrado, después de 20 años de negociaciones, un acuerdo con la Unión Europea (tienen un arancel común elevado y negocian en conjunto). Con la entrada en vigor del acuerdo, el MERCOSUR pasaría a tener tratados de libre comercio con 23,5% del PIB global, contra solo un 1,4% en la actualidad. No obstante, la ratificación no avanza pues la Comisión Europea considera ahora necesario que el acuerdo sea complementado por un "instrumento adicional" que aborde "retos reales" de contención de la deforestación en la Amazonía. La idea que los tratados internacionales atentan contra el medio ambiente puede ser en realidad su contrario.

A su vez, los espacios nacionales de política deben defenderse en una política inteligente de inserción externa. Cabe rechazar el aperturismo unilateral basado en la teoría ricardiana de las ventajas comparativas estáticas y en el teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson, que condena a Chile a ser un país especializado en exportar recursos naturales con escasa manufactura. En el mundo real, estos están controlados por transnacionales que no necesitan demasiados recursos humanos nacionales bien formados y remunerados para su explotación, lo que concentra todavía más los ingresos en un país como Chile y limita la innovación productiva, mientras se apropian de rentas que no les pertenecen. El aperturismo irrestricto provoca depredaciones de carácter social, pues permite mantener deprimido el costo salarial sin que esto impacte en la demanda, que es externa, y de carácter ambiental, pues las empresas exportadoras procuran no pagar las externalidades negativas en el territorio para mantener su competitividad. Estos actores invierten, pero retiran utilidades para sus accionistas con rentabilidades extra-normales, derivadas de la explotación de recursos limitados no renovables o de la operación en los mercados financieros y de seguros que producen una alta renta de monopolio. Esta no es puesta al servicio del desarrollo del país para financiar más infraestructura sostenible, más escuelas y universidades, más hospitales y redes de salud y más inversiones en las ciudades para aumentar su calidad de vida. 

No obstante, la alternativa a la apertura sin condiciones no es encerrarse en las fronteras propias. Esto se traduciría en limitar la expansión sostenible de las capacidades productivas y de los niveles de vida de la mayoría social. Más aún, la transformación estructural requiere de una inserción internacional suficientemente estable para lograr ser exitosa. Lo que cabe es hacer avanzar cuidadosamente interdependencias mutuamente beneficiosas en el largo plazo y dejar de lado los enfoques simplistas.

La narrativa conservadora sobre el 18 de octubre

En La Mirada Semanal

Ya se va perfilando el discurso de los defensores del orden sobre el mayor acontecimiento de lo que va de siglo XXI en Chile, los sucesos de rebeldía social de octubre-diciembre de 2019 que cambiaron la historia del país.

La idea es que estos fueron un exabrupto inaceptable, que debe “condenarse” porque sería solo una expresión de violencia, mientras la fuerza pública no habría sido la causante de miles de agresiones ilegales comandadas por el gobierno y oficiales de alta graduación y de violaciones de los derechos de las personas que merecían una desobediencia civil en las calles, sino una mera víctima pasiva de delincuentes. Y que la delincuencia no actuó como en toda situación de alteración de la vida cotidiana, sino que habría sido la esencia de una movilización social propugnada por intelectuales llenos de “cobardía” (Peña dixit). Estos le prestaron apoyo o intentaron interpretar sus causas más allá del único enfoque autorizado por los bien pensantes, el de tipo conservador paranoico con afirmaciones como que la rebelión social se habría originado en el Foro de San Pablo y otros inventos del tipo que el comunismo se aprestaba para tomar el poder por la fuerza. O bien de carácter seudo-moralizante, con el orden como valor supremo de la vida social, aunque sea para mantener una sociedad de privilegios inaceptables. Que más de un millón de personas se manifestara en las calles en la “gran marcha” del 25 de octubre en todo Chile no tendría ningún significado de rechazo al orden existente y solo habría existido la destrucción urbana de pequeños grupos que la izquierda “no condena” (lo que no es cierto en el caso de sus representaciones responsables).

No contenta con no querer abordar las causas de una crisis social generalizada -simplemente porque todo diagnóstico mínimamente serio cuestiona el statu quo– la derecha y los representantes del orden oligárquico se empeñaron en una salida institucional trucada que no les resultó en un primer abordaje, al no poder bloquear con vetos la Convención Constitucional, ni impedir que la nueva generación surgida de las movilizaciones de 2011 llegara al gobierno en la elección de 2021. Y luego se empeñaron con éxito en poner todo el poder mediático al servicio de derrotar su propuesta, lo que lograron por la debilidad y retórica excedida de la misma y por una situación económica provocada por las circunstancias internas y externas y por políticas pasivas desde marzo que hicieron del plebiscito de septiembre de 2022 un momento de castigo a un nuevo gobierno con exceso de improvisaciones y ausencia de políticas suficientes frente a las turbulencias externas.

Ahora con nuevos aires, la ambición de la derecha política y mediática es mayor: acallar las ideas de transformación social, para lo cual requieren amarrar y anular al gobierno y las propuestas de cambio que llevaron a la nueva generación de izquierda al poder.

Que el funcionamiento de la sociedad era un factor de crisis larvada que en algún momento iba a estallar -contrariamente a la leyenda del “Chile oasis en América Latina” (Piñera dixit) que construyó la elite política e intelectual complaciente- se niega como una falacia de los que propalaban peregrinas ideas. Entre ellas, que el afán de lucro no podía ser la base de la prestación de derechos sociales en la educación, la salud, las pensiones, el urbanismo y el transporte. Y que la desigualdad de ingresos y de posiciones superior a la cualquier capitalismo maduro se traducía en asimetrías de poder en todos los ámbitos, los que generaron una realidad y una percepción generalizada de abuso en la ciudadanía de a pie por parte de los actores privados concentrados, empezando por la banca y las casas comerciales que promueven un muy caro crédito al consumo al que se suma el arrastre de deudas educativas.

El problema para los ideólogos de derecha es que la realidad social es más fuerte que su narrativa negadora del conflicto estructural. La concentración del poder y de los ingresos crean descontento todos los días, especialmente cuando se pierde el valor real del salario y el desempleo es alto, cuando el acceso a las atenciones de salud más complejas es incierto para la mayoría, cuando la educación de mercado no ofrece un futuro a muchos jóvenes de familias de menos ingresos y cuando la vida urbana es insegura y los tiempos de transporte cotidiano muy elevados, mientras las pensiones no son suficientes para alejar el fantasma de la pobreza en la edad avanzada en una población que envejece aceleradamente.

Los temas de fondo que siguen requiriendo soluciones desde la política se acumulan. Está en juego el cambio de un sistema de representación que no refleja las preferencias ciudadanas, el de un régimen de concentración económica que no ofrece oportunidades de progreso a la mayoría, el de una estructura social y una configuración de políticas que producen una situación distributiva, de inserción en la educación y el empleo y de cobertura de riesgos caracterizadamente desigual. El resultado es la recurrente fractura política y social del país, que sigue necesitando el inicio de respuestas de largo plazo tres años después del 18 de octubre de 2019, las que deben ser necesariamente el principal componente de la agenda del actual gobierno.

Un escenario político incierto

En La Mirada Semanal

La derrota del proyecto constitucional de la Convención por 62% puso a la ofensiva a quienes defienden los vetos de minoría, las soluciones autoritarias a los problemas públicos y la mantención del statu quo, incluyendo políticas sociales de baja intensidad y la concentración económica y mediática en Chile.

El gobierno se encuentra con una doble dificultad. Por un lado, no tiene mayoría en el parlamento para sus prioridades legislativas (reformas tributaria, de pensiones y de salud), salvo que rebaje sustancialmente los cambios a realizar. Por otro lado, no se encamina un acuerdo interpartidario sobre el proceso constitucional, por lo que puede llegarse a uno con fuertes limitaciones de soberanía de la eventual futura entidad constituyente o a ningún acuerdo.

Esta situación obliga a dejar el voluntarismo de lado y diagnosticar de la mejor manera posible lo que ocurre en la sociedad chilena, pues este es en definitiva el parámetro esencial para la definición de la agenda pública.

La derrota de la propuesta constitucional de la Convención es el primer asunto sobre el que volver la mirada, pues representa un cambio sustancial de la situación política. Sabemos que tiene múltiples causas, pero entre ellas se encuentra un insuficiente procesamiento por el cuerpo social del necesario reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos originarios. La autonomía territorial en los asuntos que son propios de las regiones y comunas genera, por su parte, adhesión verbal, pero a la hora de la verdad se prefiere aún la sujeción al poder central en el sistema tradicional de peticiones y dádivas, en la expresión de Sergio Galilea. También estuvo presente la combinación entre un poder mediático formal y por redes que está en capacidad de difundir falsedades y miedos de manera extensa y sistemática y el hecho de sicología social según el cual una parte amplia de la población está dispuesta a creer esas falsedades y dejarse influir por los miedos que canalizan.

Una hipótesis de trabajo razonable para explicar esa propensión es que las personas y familias viven en el temor cotidiano por fuertes incertidumbres respecto a su posibilidad de a) lograr y mantener medios de vida suficientes dada la inestabilidad y alta rotación del empleo y como consecuencia poder responder ante el endeudamiento incurrido o en el que se está incurriendo; b) enfermarse y lograr una atención oportuna y económicamente abordable; c) lograr para los hijos e hijas un acceso adecuado a la educación, una permanencia en ella y titulaciones que permitan el acceso a empleos al menos relativamente bien remunerados; d) vivir en un entorno seguro y no ser víctima de la delincuencia y e) evitar una vejez sin medios de vida suficientes en medio del aislamiento social.

Es posible conjeturar que todas estas incertidumbres con las que la mayoría social debe lidiar todos los días crean ya sea un clima de descontento proclive a los cambios estructurales o bien una inclinación a la desconfianza respecto a la capacidad del sistema político de abordar esos temores con mecanismos instituidos y estables.

Los avances de las últimas décadas son reales en cada una de estas áreas, pero no alcanzan a crear un ambiente de seguridad cotidiana y una confianza suficiente en los cambios promovidos desde el sistema político por las fuerzas que los proponen. El contexto es de un importante desgaste sufrido por lo que se entiende son promesas incumplidas y conductas incorrectas en el largo proceso de transición y consolidación de la democracia, con un fracaso en avanzar sistemáticamente en la dirección de consagrar más derechos sociales. El bloqueo en el sistema político y la captura de una parte de las elites que se suponía progresistas por el poder económico y el pensamiento conservador ha pasado por ahí.

La conducta electoral de la mayoría adulta parece oscilar entre la preferencia por las fuerzas de cambio respecto a aquellas conservadoras de tipo tradicional y el escepticismo abstencionista respecto a su capacidad de concretar transformaciones de la sociedad. Una parte incluso desea, pero considera un peligro para la estabilidad avanzar a esas transformaciones, y ha sido impactada negativamente por las violencias callejeras y destrucciones de pequeños grupos que han acompañado prolongadamente la movilización social.

Esta situación otorga oportunidades de crecimiento a la extrema derecha que se propone manipular las carencias sociales con sus discursos antipolíticos, contra la delincuencia, el desorden, la corrupción y la inmigración que serían causados por los políticos tradicionales, abstracción hecha de toda estructura económica y del sistema político explicativas de la reproducción de la desigualdad y de la protesta social. No se necesita mucha más imaginación para canalizar el descontento social primario con la delincuencia, la precariedad o el temor al inmigrante y construir una estrategia de reversión antidemocrática como la que logró perfilar el candidato José A Kast, que obtuvo una muy alta votación en la elección presidencial reciente y puede repetir en la próxima.

Esta votación fue la precursora de la derrota de la nueva constitución en septiembre pasado.

La pulsión autoritaria y la defensa de la mercantilización generalizada de la vida social siguen con su presencia mediática sistemática, procurando modelar en el día a día un sentido común contrario a la democracia como medio para mejorar las condiciones de vida e intentando anular en el sistema político todo intento de disminución del poder económico oligárquico, incluyendo su dominio de los medios masivos de comunicación además de las grandes empresas y su presencia generalizada en los servicios sociales y urbanos básicos.

Pero esta situación también crea la oportunidad, a pesar de la condición de minoría en el parlamento, de reforzar la acción gubernamental en el aumento sustancial de la pertinencia, eficacia y eficiencia de los programas públicos, con un especial celo contra el clientelismo y la corrupción, creando un ethos de reforma y profesionalización generalizada de la gestión pública. Y también crea la oportunidad de avanzar en la creación de condiciones sociales y políticas para la disminución de los temores y dar a la agenda transformadora en el plano socioeconómico un soporte mucho más amplio que el actual, empujando avances legislativos que pudieran no tener apoyo inicial suficiente. La política de una izquierda racional es siempre buscar correr las fronteras de lo posible, aunque sea milimétricamente.

Economía: la sorpresa de agosto

 En El Mostrador

La economía chilena “pasó agosto” con una sorpresa positiva en el Índice Mensual de Actividad Económica. El índice desestacionalizado presentó un incremento de 0,6% respecto del mes previo, una buena cifra. En contraste, entre abril y julio se habían producido caídas en este indicador, haciendo prever una recesión en breves plazos. El buen resultado de agosto se explica por la expansión mensual de 1,9% en el suministro de servicios, aunque se produjo una caída de -2,1% en el comercio. La producción de bienes no experimentó variaciones. 

¿Qué se puede pensar sobre estos datos? En los 8 primeros meses del año, el crecimiento de la actividad económica es de 4,9% en comparación con el mismo período del año anterior. Este promedio esconde una evolución dual: la producción agregada de bienes (pesca, agricultura, minería, manufactura, construcción) ha caído en -2,0% anual y se encuentra "en recesión", mientras se evidencia un estancamiento en agosto respecto al mes previo en términos desestacionalizados. Sus precios, y los de sus insumos, son frecuentemente determinados internacionalmente. Por su parte, la producción de servicios (que recordemos representa la mayor parte del PIB y del empleo e incluye los servicios a las personas como la educación y la salud y los servicios a las empresas) ha crecido en un notorio 10,4% anual en los 8 primeros meses, es decir se encuentra "en auge" y con un aún mayor nivel de crecimiento anualizado en agosto. Sus precios están determinados internamente y presentan una mayor flexibilidad en la expansión de sus capacidades de oferta ante aumentos de la demanda, como los ocurridos desde 2021, por lo que sus presiones inflacionarias son menos intensas. 

El consumo de los hogares ha disminuido en el primer semestre de 2022 respecto a su nivel del segundo semestre de 2021 en -1,0% en términos desestacionalizados y parece haberse recompuesto en beneficio de los servicios, relegando la compra de bienes, especialmente de bienes durables. Esto en buena hora está moviendo la economía y tendrá efectos positivos en la balanza comercial, a pesar del intento pertinaz del Banco Central de provocar una recesión que supuestamente aliviaría la inflación, la que recordemos es esencialmente de origen importado. Por su parte, la inversión (FBCF) ha caído en -7,0%, lo que es una muy mala noticia para el crecimiento futuro. Dado su diagnóstico erróneo, probablemente el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de interés, pues pareciera querer llevar a toda costa el nivel de actividad agregada a un nivel del orden de aquel del primer semestre de 2021. El crecimiento empujado por la demanda del segundo semestre de 2021 puso excesivamente nerviosa a la entidad encargada de la política monetaria y cambiaria. 

Es de esperar que el alza de tasas de política monetaria siga siendo neutralizada, al menos en parte, con una buena operación del FOGAPE para mantener tasas subsidiadas a disposición de las pymes y que la actividad, en vez de deprimirse, se sostenga, en beneficio del bienestar general y del empleo. 

Despejado de efectos estacionales, entre los trimestres terminados en marzo y agosto el empleo total no ha experimentado mayores variaciones, según el INE, en consonancia con la evolución de los servicios. En cambio, el empleo asalariado formal disminuyó en cien mil personas entre mayo y julio, según los registros administrativos. Por su parte, los salarios han disminuido entre enero y agosto en -2,7% anual en términos reales, por efecto de la inflación y la ausencia de reajustes salariales nominales significativos.

Desde el segundo semestre de 2021 se inició un proceso de aceleración inflacionaria de origen interno (por el fuerte aumento del consumo en 2021 a raíz de los retiros masivos de ahorros previsionales) y externo (por el inicio del aumento de los precios de alimentos y combustibles dada la normalización de la demanda postpandemia). Este proceso se aceleró en marzo de 2022 en su componente externo con la invasión rusa a Ucrania, con sus respectivos impactos en los precios de bienes y servicios elaborados o suministrados internamente en Chile. En efecto, casi todos los alimentos incluyen insumos importados y muchos lo son como bienes finales, mientras casi todas las actividades usan combustibles, cuya materia prima Chile prácticamente no produce.

Como se observa en el gráfico adjunto (el IPC es la línea azul), luego de una distensión del impacto inicial de marzo hacia junio de 2022, se produjo un segundo impulso externo alcista en julio, el que empezó a ceder desde entonces (el petróleo bajó su precio). En particular, los precios no transables internacionalmente (línea verde) han aumentado mucho menos que los de los bienes que si son objeto de comercio exterior, fruto de una normalización de su suministro. Estos precios internos se encuentran ya con incrementos "normales" (0,2% en septiembre). En cambio, los precios de los bienes sujetos al comercio internacional (línea roja) han aumentado a ritmos aún significativos (1,4% en septiembre). Los precios transables, ayudados por la devaluación del peso, se han incrementado en el último mes nada menos que 7 veces más que los precios no transables internacionalmente (básicamente de servicios, a pesar de la fuerte expansión reciente de su suministro).

Para evitar una recesión, aunque no sea su mandato actual, el Banco Central debiera bajar la tasa de interés, en vez de seguir subiéndola dado su escaso impacto en la inflación importada. Y especialmente para no seguir afectando la inversión, incluyendo la construcción a través de las altas tasas hipotecarias, así como la actividad en general dado el muy elevado costo de las líneas de crédito para empresas (salvo las subsidiadas a través del FOGAPE) y personas. La inflación externa no puede ser controlada por el Banco Central, mientras su compensación corresponde al gobierno a través de una política de ingresos como el subsidio del aumento del precio de los alimentos a través de la asignación familiar, la que está en aplicación pero debiera extenderse a más sectores de la población, y las políticas de contención temporal de los aumentos de precios de los combustibles en aplicación. La política de llevar expresamente la economía a una recesión para contener la inflación importada -sin lograrlo hasta el momento, por lo demás, dada la mencionada expansión de los servicios- es algo así como salir a cazar moscas con escopeta, si se me permite la expresión. Además, dado que esta inflación externa se origina en fenómenos internacionales con componentes de coyuntura, las sobre-reacciones internas no han sido exactamente la política adecuada y ponen en peligro el empleo de las familias más vulnerables, su bien más preciado pues es el que hace la diferencia entre la miseria y la incertidumbre y una vida mínimamente digna. 

 

La inaceptable agresión territorial rusa en Ucrania

 En La Mirada Semanal

Rusia ha dado un paso adicional en su política de sometimiento militar de Ucrania iniciado en febrero de este año al anexar una parte del país invadido, agravando las tensiones internacionales, la confrontación con Europa y Estados Unidos y las reticencias de China.

Invadir territorios es el tipo de confrontación internacional que desde 1945 el nuevo orden basado en la Carta de la ONU ha procurado evitar, con Estados Unidos (con las invasiones a Irak y Afganistán e intervenciones en Siria y antes a Panamá y Granada, entre las más recientes) y ahora Rusia (que se suma a Israel en la lógica de las anexiones puras y simples) como actores que mantienen una lógica de imperios en sus relaciones internacionales.

El origen de este proceso se encuentra en el rechazo retrospectivo por parte del actual liderazgo ruso y de Vladimir Putin al fin de la Unión Soviética. Este hito histórico de fin de la guerra fría del siglo XX incluyó la independencia de Bielorrusia y de Ucrania por decisión de su antecesor y mentor Boris Yeltsin, entonces gobernante elegido en la república de Rusia. Esto ocurrió contra la opinión de Mijail Gorbachov, todavía presidente de la URSS, que postulaba mantener la Unión bajo una fórmula federativa. Vladimir Putin declaró el 30 de septiembre de 2022: “En 1991, en los bosques de Belavezha, las élites de entonces [los Gobiernos de Moscú, Minsk y Kiev] decidieron disolver la URSS sin contar con la voluntad de sus ciudadanos y la gente se vio de pronto aislada de su patria. Esto desmembró a nuestra comunidad, se convirtió en una catástrofe nacional”.

Ucrania inició su vida independiente con el reconocimiento formal de Rusia, luego de que fueran evacuadas las innumerables instalaciones militares nucleares soviéticas en su territorio, una de las más próximas a Europa de la ex URSS. En el “Memorando de Budapest” de 1994, Rusia acordó con Reino Unido y Estados Unidos respetar las fronteras de Ucrania y no amenazarlas con la fuerza, a cambio de que Kiev transfiriera sus armas nucleares a Moscú. Pero esa independencia no ha estado exenta de prolongadas disputas entre el bloque proruso y el bloque proeuropeo, incluyendo la llamada revuelta del Maidán en 2014 y el separatismo en algunas provincias fronterizas con Rusia, apoyado por Putin desde entonces. Ucrania optó a la postre soberanamente por integrarse a la Unión Europea, proceso en curso con un procedimiento acelerado, antes que al bloque ruso (contrariamente a lo hecho hasta acá por Bielorussia). Y también terminó buscando la protección de la OTAN, como lo hicieron previamente otros países fronterizos con Rusia como los países bálticos y Polonia, a los que se sumaron Eslovaquia, Chequía, Hungría, Rumania, Bulgaria y diversos países de los balcanes. Existe una voluntad de expansión de los intereses occidentales que choca con los intereses del régimen neoimperial y oligárquico ruso, pero también el legítimo afán de las poblaciones este-europeas de defenderse de posibles invasiones rusas. Hoy está claro que no es exactamente una quimera, lo que ha llevado recientemente a Suecia y Finlandia a sumarse a la OTAN y a abandonar su condición histórica de neutralidad.

El fin de la neutralidad ucraniana, por su parte, es una decisión soberana, pues Ucrania no es una colonia ni un protectorado ruso, como suelen dar por hecho los comentaristas pro Putin. La idea de que Ucrania es un país de la ONU que no puede tomar decisiones soberanas es extemporánea. Pero ha tenido como reacción el intento ruso de ocupación de Ucrania (hasta ahora fracasado) y la anexión de territorios ocupados parcialmente por fuerzas militares rusas de las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón a la Federación Rusa, luego de la de Crimea en 2014 (que pertenecía a Ucrania desde 1954). Estas provincias forman parte de la integridad territorial de Ucrania. La nueva anexión fue proclamada por Putin luego de referendos que culminaron a fines de septiembre sin registros de votantes ni debate contradictorio, en medio de la ocupación y coacción militar y con grandes desplazamientos de población fruto de la guerra.

La invasión y la anexión viola expresamente el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas, firmada en 1945 tanto por la URSS como por Ucrania, que tuvo una representación propia en la ONU a pesar de su pertenencia a la URSS. Recordemos que la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2 del primer capítulo, establece que “todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.

Para dotar de formalidad un proceso que no reconoce el resto del mundo -y tampoco países como China, India, Kazajistán o Serbia que no han condenado la invasión de Ucrania- Putin firmó en la víspera el reconocimiento de la “independencia” de Jersón y Zaporiyia, pese a que sus autoridades son una administración militar impuesta por el ocupante, lo que ya había hecho con las otras dos provincias anexadas.

Para Putin, la ocupación y anexión de Crimea, el ataque a Ucrania y la anexión de 4 provincias en septiembre de 2022 forman parte de “la destrucción de la hegemonía occidental que ha comenzado” y que considera “irreversible”, pues “nada será como antes. El campo de batalla al que nos ha llamado el destino y la historia es el campo de batalla de nuestro pueblo, por una gran Rusia histórica”, en nombre de la lucha contra “la negación de las dictaduras occidentales del ser humano, de su derrocamiento de la fe y de los valores tradicionales”. Putin asegura que la promoción de la cultura occidental en su país es una forma de racismo, y añade que esos valores “no tienen las características de una religión sino del satanismo absoluto”.

Aquellos izquierdistas con nostalgias pro-soviéticas que defienden a Putin porque se opone a Occidente ya están más que advertidos de aquello a lo que se asocian: al hegemonismo conservador gran ruso heredado del imperio zarista. Su actitud es incomprensible desde el punto de vista de los valores de la izquierda, y en su momento de la propia voluntad de Lenin de otorgar la independencia a Ucrania. Lo es todavía más sostener que un país dirigido por un judío elegido por los ciudadanos y controlado por el parlamento está sometido a un régimen nazi. Y cuando se alude la existencia activa de una extrema derecha radical en Ucrania, se omite que ésta existe desgraciadamente en muchas partes, incluyendo Rusia y Chile.

No obstante, hay algunos elementos de optimismo. Pese a las alusiones a una respuesta nuclear ante ataques a los “nuevos” territorios rusos, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, anunció un día antes de la anexión que Washington y el Kremlin habían reanudado los contactos para volver a aplicar el mecanismo de control del tratado START III sobre sus arsenales nucleares.

A su vez, en el terreno la guerra sigue en un frente de más de mil kilómetros, con la consolidación de la recuperación en septiembre por las fuerzas de Kiev de territorio invadido en el noreste de su país y la caída del nudo ferroviario estratégico para Rusia de Liman, en el Donetsk ahora anexado, junto a la recuperación de territorios en el sur. Esto revela una inesperada capacidad de Ucrania para sostener una doble ofensiva militar, apoyada por equipamiento e inteligencia occidental, que ha obligado a las fuerzas rusas a retroceder. Estos hechos tendrán consecuencias difíciles de prever para la propia estabilidad interna del régimen de Putin, cuya competencia estratégica y la de sus generales es crecientemente cuestionada.

¿Qué ha pasado con la distribución del ingreso en los últimos 30 años?

 En El Mostrador

Chile sigue exhibiendo una de las más deficientes distribuciones del ingreso del mundo (la peor es la de Sudáfrica). Según el Informe 2021-2022 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, recientemente publicado, el indicador usual que mide la concentración del ingreso en la población (coeficiente de Gini del ingreso de los hogares o del ingreso promedio por persona miembro del hogar) muestra que Chile se sitúa, en el promedio 2010-2020, en el lugar 24 entre los países del mundo y el lugar 10 en América Latina. En la concentración del ingreso en el 1% más rico, según las cifras disponibles en 2020 pero más difíciles de comparar, se sitúa con un impresionante nivel de 27,1% en el lugar 5ª, después de Mozambique, República Centroafricana, México y Malawi.

Chile, coeficientes de Gini, Palma y de concentración del ingreso

Fuentes: Encuestas de Caracterización Socio Económica (CASEN), CEPAL (2022), Ministerio de Desarrollo Social (2012, 2020), PNUD (2017), Data.worldbank.org (consultado el 26-09-2022) y OECD Income Distribution Database (consultado el 26-09-2022).

Esta situación no es aceptable en una democracia propiamente tal y nada tiene que ver con el nivel de PIB por habitante y otras leyendas neoliberales. Es fruto del nivel de concentración de los activos productivos, de la falta de redistribución y del tipo de inserción internacional que proviene del predominio de la oligarquía económica sobre la sociedad, portador, a la postre, de una inestabilidad creciente.

Desde 1990 se ha producido, sin embargo, una mejoría distributiva no suficiente, según todos los indicadores disponibles, ya sea los de concentración del ingreso en el 10% más rico (que pasó de 47,1% en 1990 a 35,8% en 2020), el Índice de Gini y el de la relación de ingresos promedio entre el 10% más rico y el 40% más pobre (índice de Palma, por el chileno Gabriel Palma), que permiten construir una serie de tiempo de una capacidad descriptiva bastante razonable. El cuadro que se adjunta reseña los cálculos hechos por los gobiernos de Chile e instituciones internacionales como la CEPAL, el PNUD, el Banco Mundial y la OCDE. A pesar de los diversos criterios de medición, la evidencia indica un progreso desde 1990, especialmente en 2000-2006, un estancamiento en 2017 del Gini y un deterioro del Palma y un retroceso notorio en 2020 en ambos indicadores, con Piñera y su abordaje de la pandemia. 

No hubo entonces "30 años de políticas que profundizaron la desigualdad". La desigualdad y la distribución regresiva del ingreso se instauraron a sangre y fuego durante la dictadura, que fue por sobre todo una restauración patrimonial capitalista, y no en democracia. Los lentos avances posteriores, y algunos retrocesos como el aumento del peso del IVA y la rebaja de las tasas a los ingresos más altos en el impuesto a la renta, no son su causa de origen, ni reflejan un agravamiento inexistente. La causa es un régimen de acumulación de capital y una institucionalidad que favorecen la concentración, con agentes políticos y mediáticos que sostienen y protegen los intereses oligárquicos y no han permitido los cambios redistributivos necesarios para una cohesión social básica en Chile. 

El problema sigue siendo la híper concentración económica que resultó de la restauración capitalista. Los avances posteriores en el margen son valorables, pero no la resuelven. Solo podrían producir una mitigación significativa de la hiperconcentración económica chilena políticas simultáneas, además de las transferencias directas, como las siguientes: 1) un cambio en la regulación del sistema financiero para difundir el crédito en el tejido económico con márgenes bancarios y utilidades normales y no sobrenormales como en la actualidad; 2) una regulación para un uso no concentrado en los grandes conglomerados de los fondos de las AFP; 3) una legislación que autorice relaciones laborales con negociación colectiva equitativa más allá de la empresa individual para vincular productividad, remuneración salarial y participación en las utilidades; 4) multas significativas a la renta oligopólica de las actividades con competencia distorsionada; 5) un impuesto a las transacciones financieras; 6) un impuesto significativo a los grandes patrimonios y herencias y 7) una regalía que capture para fines públicos la renta minera (aquella que sobrepasa la utilidad normal y remunera la propiedad de un recurso escaso no renovable). 

Los recursos provenientes de las medidas 4 a 7 debieran asignarse con prioridad a la promoción de la diversificación productiva sostenible y a los aumentos de productividad mediante un gran salto en las infraestructuras físicas y digitales y en las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de productos y procesos en las universidades y centros de creación de conocimiento, incluyendo los regionales, en especial en materia de energías renovables y sostenibilidad, electromovilidad y alimentación saludable y la formación de personas de todos los niveles educativos en los servicios asociados a estas actividades.

El cambio institucional posible en septiembre pasado, que hubiera facilitado las mencionadas políticas después de largas y múltiples luchas, sufrió un severo revés por causa, entre otros, de quienes se han quedado repitiendo una narrativa de crítica generacional a sus mayores de similares ideas en vez de apuntar a las estructuras desiguales de la sociedad y sus sostenedores y abordar de frente la mejoría de las condiciones de vida de la mayoría social. Empezando por revertir la trampa económica dejada por el gobierno de derecha en materia de ajuste fiscal, así como cuestionar la política monetaria recesiva del Banco Central. Ambas trampas no obtuvieron una respuesta suficiente desde marzo de este año. 

Ese es uno de los temas primordiales a discutir, junto a construir coaliciones mayoritarias que permitan el cambio estructural en la sociedad, más que emitir juicios livianos sobre el pasado en el que la acción política antioligárquica y antimilitarista fue todo menos sencilla de llevar a cabo y que tuvo luces y sombras de las cuales extraer lecciones. Como también las tiene el actual período, pues no hay meros blancos o negros ni superioridades ni inferioridades genéricas en la historia de las sociedades sino procesos que producen o no determinados resultados según el peso e interacción de unos y otros agentes estatales, sociales y culturales que terminan por determinar los niveles de concentración del poder y de los ingresos.

Los "bordes" del proceso constituyente

 En El Mostrador

Chile Vamos ha puesto "bordes" a un eventual nuevo proceso constituyente, ejerciendo una vez más lo que el bloque de derecha parece considerar una especie de "derecho hereditario al veto". Este suele terminar, dicho sea de paso, con “desbordes” provocados por la mayoría social cuando sus intereses no encuentran cauces institucionales de expresión. 

La actitud de la derecha se explica una vez más por su representación, más allá del mundo popular conservador que la apoya, de una oligarquía económica que sigue considerándose dueña del país, en sustitución directa del pueblo de Chile. En este caso, la idea es que quienes las chilenas y chilenos a lo mejor elijamos otra vez para redactar una nueva constitución no puedan pronunciarse sobre hechos esenciales del nuevo orden institucional. Esto de suyo es inaceptable. Recordemos que el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención es solo eso y no habilita estrictamente a nada más.

Pero tiene sentido analizar esos "límites" que plantea la derecha. ¿Por qué no conjeturar que se podría llegar a un acuerdo político a consagrar luego en un proceso constituyente soberano con los representantes de los que formen parte de ese acuerdo? Para Chile Vamos estos serían la "unidad del Estado de Chile; la existencia de tres poderes del Estado autónomos e independientes; la existencia de un Congreso bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado; la protección del derecho a la vida; la protección del medio ambiente; la protección de la propiedad; haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas; la consagración expresa de Carabineros de Chile y las fuerzas de orden, en general, en un título autónomo; la protección del derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional; y la protección de un Banco Central autónomo".

La unidad del Estado y la existencia de tres poderes independientes no debieran presentar problemas para construir un consenso. Otra cosa es que el Estado de Chile como entidad indivisible se conciba con una fuerte descentralización regional y local y como nación de naciones, dada su constitución histórica, lo que debiera seguir discutiéndose para garantizar tanto una autonomía efectiva en los asuntos propios de los territorios como derechos colectivos de los pueblos originarios. 

Por su parte, la separación de poderes es un mecanismo democrático que en principio nadie cuestiona, aunque debiera recogerse una separación de la función de fallar en derecho con la de la gestión de la carrera judicial (en la que tampoco debe intervenir el ejecutivo, en todo caso). 

El tema del sistema bicameral tampoco debiera plantear un asunto de principios (también lo contempló la Convención). El problema es que un Senado que consagra de manera notoria la desigualdad del voto en favor de territorios de poca población atenta contra el principio democrático básico de la representación igualitaria de la ciudadanía. Entonces, ya sea se establece que el Senado (o cómo quiera llamársele) tenga atribuciones solo para temas regionales y no pueda vetar a la Cámara en el resto de las legislaciones, o bien se establece una similar potestad bicameral de veto mutuo pero con circunscripciones senatoriales que tengan un tamaño poblacional mínimamente equivalente. Lo demás es establecer una distorsión antidemocrática que no debe aceptarse.

El "derecho a la vida", por su parte, es un principio contra el que nadie está en contra. Pero si implica que la constitución prohíba el aborto, entonces no hay acuerdo posible y esto debiera dirimirse mediante plebiscito específico.

No es, por su parte, materia de controversia la protección del medioambiente, que la ley debe hacer efectiva. En la protección de la propiedad tampoco debiera haber mayores problemas para construir un acuerdo amplio, siempre que se preserve su función social y sus deberes con la sociedad en materia ambiental y territorial, junto a consagrar empresas estatales creadas por ley y la expresa protección de la propiedad social y cooperativa. La extensión de la propiedad a los fondos de pensiones no debiera reemplazar, en cambio, el derecho universal a una pensión digna, aunque permitir formas privadas de ahorro complementarias y heredables para la jubilación podría contemplarse en un sistema que se defina como mixto. Por su parte, la extensión del derecho de propiedad privada al aprovechamiento de las aguas debiera rechazarse de plano y afirmarse, en cambio, su carácter de bien nacional de uso público. Aquí es donde se ve cuán ligada a la oligarquía terrateniente y a la gran minería sigue estando la derecha en Chile.

Respecto a Carabineros, su mención en la constitución, junto a la Policía de Investigaciones, no debiera plantear mayores problemas, siempre que se establezca su plena subordinación al poder civil y su deber de respetar los derechos humanos en toda circunstancia.

Si el "derecho a elegir" en materia de salud, educación y pensiones se entendiera como contrario al "derecho universal al acceso" a esas prestaciones sociales, contundentemente acompañado del deber primordial de la autoridad pública de hacer posible ese acceso, entonces se seguiría con los inaceptables desvaríos neoliberales y la pretensión de hacer negocios con las funciones sociales del Estado. Lo que evidentemente debe rechazarse y reemplazarse por el enunciado de derechos sociales, sin perjuicio de formas mixtas de prestación que no anulen ni mercantilicen el derecho respectivo. No otra cosa es un “Estado democrático y social de derecho”, que ahora la derecha dice compartir pero respecto del cual votó en contra en la Convención.

Finalmente, si "la protección de un banco central autónomo" implica que éste opere una política monetaria y cambiaria al margen de su necesaria contribución a la estabilidad, al crecimiento sustentable, al empleo y a la acción climática, y no se establece una coordinación efectiva con la autoridad económica gubernamental en sus roles respectivos, entonces tampoco es un principio aceptable, pues procura sustraer la política económica del dominio democrático.

Se debe asumir que la reforma a la constitución ya quedó en 4/7 de los votos en el parlamento actual. Y que, si no hay un acuerdo respecto a un proceso constituyente soberano -sin perjuicio de un pacto político previo en contenidos básicos-  porque la derecha busca hacer que la nueva constitución sea más neoliberal que la actual, entonces deberá trabajarse con el marco vigente. Esto supondrá buscar reformas caso a caso con acuerdos de 4/7, hasta que un nuevo parlamento acceda a un proceso constituyente digno de ese nombre, es decir uno capaz de dotar al país de normas básicas compartidas y no normas impuestas por una minoría.

Sobre la conducta colectiva bajo el neoliberalismo

En La Mirada Semanal 

Ha emergido, luego del 4-S, un debate sobre dos temas importantes del funcionamiento de la sociedad chilena: el del condicionamiento de las conductas y el de las fronteras del individualismo, temas de controversia de más amplio espectro que las fronteras nacionales.

La reflexión sobre el mayoritario voto de rechazo a la propuesta constitucional de la Convención el 4 de septiembre pasado ha tenido expresiones descalificadoras de los análisis de condicionamiento de las conductas, que supondrían una actitud despectiva hacia la ciudadanía de a pie al no respetar lo que sería su autonomía de la voluntad. Pero ¿existe esta autonomía en las sociedades contemporáneas? 

El análisis de este tema en la época moderna viene de lejos y no debiera despacharse con simplificaciones de dos índoles: la de quienes sostienen que los que no comparten su visión de mundo expresan una falsa conciencia que debe ser educada (pero ¿quién educa a los educadores? se preguntaba Marx) y la de quienes sostienen que quienes consideran que existe un condicionamiento social a lo menos parcial de la conciencia y de las conductas serían solo portadores de una visión elitaria. 

En efecto, estos temas han sido tratados desde la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, la alienación de Marx, la falsa conciencia de Lukács, el peso del  inconsciente de Freud y se prolongaron en el concepto de “sistema de ideas” de Antonio Gramsci (1891-1937) como “concepción del mundo” que se manifiesta tanto en los temas de la vida individual como colectiva y se expresa con distintos grados de elaboración, desde el sentido común, la religión y el folclor hasta la filosofía, aunque no al margen de las relaciones de poder existentes, pues las ideas dominantes suelen ser las de los sectores dominantes en la sociedad. 

Los trabajos de Pierre Bourdieu (1930-2002) van en el mismo sentido, al elaborar la noción de “violencia simbólica” como aquella que interioriza las relaciones de poder y las convierte en sentido común, incluso para las personas que las padecen. Para Bourdieu, es una conducta socialmente construida que suele influir en los límites con los que se piensa e interpreta las percepciones sobre la realidad: “en cuanto instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y de conocimiento, ‘los sistemas simbólicos’ cumplen su función de instrumentos o de imposición de legitimación de la dominación que contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra (violencia simbólica) aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, y contribuyendo así, según la expresión de Weber, a la ‘domesticación de los dominados’”. 

La crítica de Byung-Chul Han a la sociedad contemporánea, por su parte, se centra en la idea según la cual se ha perdido cada vez más la capacidad de escuchar, dada "la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad". Sostiene Han que "en la comunicación analógica tenemos, por lo general, un destinatario concreto, un interlocutor personal. La comunicación digital, por el contrario, propicia una comunicación expansiva y despersonalizada, que no precisa interlocutor personal, mirada ni voz" pues “los medios sociales no fomentan forzosamente la cultura de la discusión”, concluyendo que “a menudo los manejan las pasiones. Las shitstorms o los 'linchamientos digitales' constituyen una avalancha descontrolada de pasiones que no configura ninguna esfera pública".

Este pesimismo absoluto de Han no considera suficientemente que en materia de valoración de la igualdad de condiciones y de la reciprocidad en la vida social, así como de disposición de ayuda al que lo necesita más allá del ámbito familiar, existe una dimensión cultural (la historia y los valores y simbolizaciones específicas de cada agrupación humana) y también factores evolutivos (genéticos), como subraya Peter Singer. Ambos elementos explican que esas conductas tendientes a la solidaridad colectiva existan espontáneamente en las diversas sociedades modernas. Aunque no suelen predominar espontáneamente en el funcionamiento político, social y económico, son la base para construir proyectos de comunidad política solidaria con agentes que estructuren por vías democráticas una influencia mayoritaria en la sociedad. Eso es materia de la dinámica política y de la evolución histórica de la sociedad civil y sus interacciones, que modulan o no en el espacio de cada Estado-Nación las ideas y conductas sociales solidarias o aquellas centradas en el interés individual o en las pasiones grupales destructivas. Estas suelen otorgar una base sociológica a un funcionamiento predominantemente jerarquizado, que produce y reproduce estructuras de dominación de categorías minoritarias sobre la mayoría social y propicia la violencia física y la violencia simbólica. En la esfera económica se consagran privilegiadamente las asimetrías estructurales de poder, en tanto la mayoría social solo dispone de su capacidad de trabajar para sobrevivir (en condiciones diversas en los distintos tipos de capitalismos y economías mixtas contemporáneas). Estas asimetrías de poder con frecuencia se acompañan de conductas culturales discriminatorias y del predominio del patriarcado. 

Su desplazamiento ¿es una tarea imposible en un neoliberalismo que desregula las relaciones sociales y transforma la mayoría de los medios de comunicación en instrumentos de manipulación de conciencias y conductas? Afirmarlo supondría algún tipo ineluctable de un “fin de la historia”, bajo el dominio de algún “hermano mayor” orwelliano o de variantes hiper-capitalistas de subordinación de la mayoría social. 

El ”gran desplazamiento” es posible si se logra una construcción paciente de visiones de mundo alternativas a las dominantes, lo que es una tarea cultural y política de largo aliento para los sujetos que padecen o rechazan las relaciones de poder existentes en los capitalismos social y ambientalmente depredadores contemporáneos (y en los autoritarismos de cualquier naturaleza). Pero siempre con idas y venidas, avances y retrocesos, y con momentos de temor social conservador como el expresado el 4-S recién pasado en Chile.

En nuestra coyuntura, hay quienes no quieren sopesar el efecto de las visiones conservadoras del mundo, los sistemas de domesticación de los dominados y el narcisismo de la comunicación digital actual que -como en el caso de cualquier otra visión de mundo o mecanismo de dominación no tienen por qué sustraerse de la crítica social- en nombre del respeto de la autonomía de la conciencia. Respetarla  no significa que se deba obviar que ha estado expuesta a lo largo de la historia a cambiantes condicionamientos políticos, culturales, económicos y tecnológicos, y que la democracia es precisamente el camino, con todas las derrotas parciales que se quiera, para superar esos condicionamientos afianzando su lógica de deliberación y participación de sujetos colectivos. Se trata de la construcción con múltiples voces de una esfera pública que exprese ideas, intereses e identidades de manera activa, transparente y contradictoria, en este caso orientada a la deconstrucción de la subordinación del trabajo, de la dominación de la mujer y de la depredación de la naturaleza.

La conducta humana nunca es puramente individual y alienada y permite la construcción de relaciones sociales que se orientan a limitar parcial o sistémicamente la concentración del poder y el individualismo negativo, lo que se expresa en la evolución no lineal y siempre sorprendente de las sociedades. Aunque estén plagadas de dimensiones actual y potencialmente destructivas y de grandes desafíos, hoy extensibles nada menos que a la propia supervivencia de las sociedades humanas tal como las conocemos, en muchas dimensiones éstas, siguiendo el balance de Steven Pinker, son hoy mucho mejores que aquellas en las que vivieron las anteriores generaciones.

El Banco Central sigue promoviendo una recesión

En El Mostrador

El consejero del Banco Central Pablo García ha declarado recientemente que “tener un año donde la economía se contrae es necesario. Siempre hay que poner en contexto para lo que viene, lo que pasó. Y lo que pasó fue que tuvimos un crecimiento del gasto totalmente excesivo. Eso llevó a que ahora tengamos que tomarnos un tiempo para digerirlo. Hacerlo, desgraciadamente, implica que la economía tiene que contraerse y se contraerá el próximo año y será difícil. Pero el proceso de ajuste no lo hacemos en seis meses, sino que en dos años, porque si no, se provocaría una crisis y sería tremendamente traumático. En 2024 la economía volverá a crecer a un nivel más cercano al potencial y sin desequilibrios macros”.

Estas afirmaciones son bastante reveladoras de lo que piensan los consejeros ortodoxos del Banco Central de Chile. No se conoce ningún Banco Central que se ufane en declarar que su política monetaria está concebida para provocar una recesión de dos años seguidos.  García hace un diagnóstico por lo menos débil de la situación, no contento con haber contribuido decisivamente a la victoria de la perpetuación de la constitución de 1980 con una política monetaria inusitadamente contractiva e inútil, en nombre de impedir una espiral ingresos-precios conducente a deprimir los ingresos de la mayoría trabajadora. Una inflación importada temporal no se combate con una escalada de aumentos irreflexivos de la tasa de interés de política monetaria. La preocupación preferente del Banco Central es ampliar el desempleo para supuestamente contener una inflación que hace rato no se origina en el exceso de demanda que se experimentó en 2021, en una situación de desgobierno económico y de retiros masivos e inorgánicos de ahorros desde las cuentas de fondos de pensiones. 

En efecto, el diagnóstico de desequilibrio de ésta respecto a las capacidades de la oferta existente es técnicamente cuestionable en el caso de una economía exportadora de materias primas y productora predominante de servicios (la producción de bienes representó solo un 30,4% del PIB en 2021 y los servicios la proporción restante, lo que pocos toman en cuenta en sus razonamientos). Es poco adecuado en estas condiciones calcular el producto potencial con proyecciones lineales sin considerar las capacidades de adaptación sectorial de corto y mediano plazo frente a una demanda más activa. El exceso de demanda (o brecha ingreso/producto) que calcula el Banco Central está con frecuencia sobredimensionado, lo que funda su política de ajuste de la demanda de manera equivocada. La producción agrícola, pesquera, minera y energética es la de oferta más rígida en el corto plazo, pero ocurre que sus precios poco tienen que ver con la demanda interna en una economía tan integrada internacionalmente como la chilena. Además, en todos los mencionados sectores el nivel de producción del segundo trimestre de 2022 es inferior al de períodos previos. A su vez, en materia de servicios los niveles de prestaciones están hoy por debajo de los niveles previos, salvo las comunicaciones, servicios personales y administración pública, que no tienen mayores rigidices de expansión de su oferta en el corto plazo.

El problema macroeconómico principal es el de la presión en la cuenta corriente de la cuantiosa salida de divisas por utilidades repatriadas por las empresas transnacionales del cobre para remunerar a sus accionistas, que una regalía sustancial permitiría contener en parte, y las fluctuantes salidas de capital por motivos políticos, que son en alguna proporción inevitables, aunque generen pérdidas a sus actores. Ante los ataques especulativos sobre el peso, el Banco Central ha sido, en todo caso, sorprendentemente pasivo y tardío. Es de esperar que el Banco Central no pretenda financiar la renta minera ilegítimamente apropiada por un grupo pequeño de transnacionales y de conglomerados económicos chilenos deprimiendo el nivel de vida de la mayoría social. En todo caso, esa no es una decisión que competa a la autoridad monetaria, por decir lo menos.

Lo más insólito es sostener que si no se provoca ahora una crisis que dure este año y en 2023, entonces sí que habrá una crisis. Es una afirmación francamente risible si no fuera trágica para tantas pymes y actuales y futuros desempleados. Es el típico argumento de los economistas de derecha, que se niegan a considerar los avances de la macroeconomía desde Keynes, reforzados desde la crisis de 2009. Es el mismo razonamiento de los ortodoxos de los años 1930 que demostró históricamente su ineptitud (es recomendable al respecto la lectura de Lance Taylor, "Maynard's Revenge: The Collapse of Free Market Macroeconomics", Harvard University Press, 2021). 

La inflación es un problema grave, pero si su origen es esencialmente externo y se prevé que tenderá a declinar internacionalmente de manera progresiva, aunque con altas dosis de incertidumbre, entonces hay que llevar a cabo adecuadas medidas domésticas de acompañamiento en vez de disminuir la actividad y hacer quebrar muchas empresas y generar un más alto desempleo. Este será a la postre un problema mucho más grave, y hará fracasar económicamente a este gobierno (esa es tal vez en realidad la idea que subyace en la política de ajuste que varios promueven) pues la recuperación de amplias capacidades productivas destruidas es mucho más lenta y socialmente costosa. 

La política adecuada hubiera sido la de considerar que el exceso de demanda se absorbería por el fin de los retiros desde las AFP y de los ingresos de emergencia y que se debía sostener la actividad en vez de deprimirla, junto a medidas compensatorias de la inflación importada y un aumento moderado de las tasas de interés (en Estados Unidos el nivel actual de la tasa de la FED es de 2,25%, contra un 10,75% en Chile), cuidando el costo del crédito para las pymes (sobre el análisis de la inflación internacional actual y las alternativas de política se puede consultar Storm, 2022). 

Por el lado del gobierno, contener los aumentos temporales de precios de los combustibles y de servicios básicos asociados a ellos mediante mecanismos de dilación de alzas en el tiempo y mayores plazos de pago ha ido en la dirección adecuada. Pero ha faltado una política más efectiva para proteger los ingresos reales de los sectores más afectados y, en especial, compensar los aumentos de precios de los alimentos mediante una ampliación del mecanismo de suplemento de la asignación familiar -que hoy abarca a 1,478 millón de familias por un monto reducido- y el fortalecimiento del seguro de desempleo en discusión, junto a un programa de empleo directo en servicios a las personas y cuidado ambiental que se echa de menos. Un fortalecimiento del Fogape sería recomendable, además del vigente subsidio al empleo adicional que beneficia a las pymes, aunque el tema de fondo es que ninguna pyme puede funcionar y retener o ampliar el empleo sin vender suficientemente.

En suma, el gobierno debiera actuar más activamente frente a la equivocada política del Banco Central, lo que ya se avizora con un crecimiento del gasto público para 2023 que al parecer será expansivo (con un aumento de entre 4 y 5%), lo que ayudará a no caer en una prolongada e injustificada recesión.

La producción sigue cayendo

 En La Mirada Semanal

El Banco Central sigue obsesionado con provocar una recesión (las discrepancias en la votación del Consejo en su reunión septiembre se remiten a cuanto seguir subiendo la tasa de interés), lo que no hará bajar la inflación al margen de la evolución de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, salvo un desplome del nivel de vida.

El IPC subió 1,2% en agosto por la incidencia de 0,4% de los alimentos y de 0,3% del transporte. En ambos casos, se trata de precios determinados por su valor internacional, que se trasladan a Chile total o parcialmente (si hay medidas de morigeración o de dilación en el tiempo) independientemente de cualquier situación interna. Los productos sujetos al comercio internacional subieron en un 1,6% y el resto en solo un 0,7% (presionados por los primeros cuando son parte de sus costos). En efecto, el aumento de los combustibles se traslada a los precios de todas las actividades, incluidos los servicios, mientras el aumento de los alimentos se traslada a los precios de los restaurantes, y así sucesivamente. Es el llamado efecto de segunda vuelta, que según la ortodoxia se enfrenta con la expectativa de una demanda deprimida de modo que las empresas no suban sus precios para mantener sus ventas y con trabajadores que no demanden reajustes salariales por temor a perder el empleo. Sus argumentos se basan en modelos de curva de Phillips estándar (que establece una relación inversa entre inflación y desempleo), por lo que cree necesario para bajar la inflación que prevalezca un largo período de alto desempleo y de caída de los salarios reales. No obstante, la inflación de este año se debió solo en parte a la caída del desempleo. La inflación es esencialmente importada, con un efecto inicial directo y un efecto posterior indirecto, agravado por la tendencia a la devaluación del peso. Pero si la inflación es importada y presiona los costos, la caída de la demanda debe ser mayúscula para evitar los efectos de segunda vuelta

Mientras, el Banco Central subió en un punto, hasta 10,75%, la tasa de interés. Así, mes a mes desde el año pasado el Banco Central hace todavía más difícil la tarea de las pymes y de la mayoría de las empresas (las grandes se financian básicamente en el exterior) y deprime la inversión. Las tasas de los créditos de consumo y de las tarjetas llegan a niveles siderales, como si la inflación tuviera una causa predominantemente interna y hubiera un exceso de consumo de los hogares hoy inexistente. La banca aumenta sus márgenes y el llamado de una consejera del Banco Central a por lo menos subir las tasas de los depósitos es objeto de una insólita descalificación por la mayoría del Consejo. La ortodoxia sigue haciendo daño en Chile. Entienda el que pueda por qué se sigue esta política monetaria de híper ajuste recesivo.

En julio, última cifra disponible, la actividad económica cayó en -1,1% en términos desestacionalizados en relación al mes anterior. Se trata del cuarto mes consecutivo de contracción de la producción de bienes y servicios. Considerando promedios trimestrales, la caída en mayo-junio es de -0,7% en comparación con el nivel de actividad de febrero-abril y de -1% respecto al del último trimestre de 2021. La disminución de la producción es fruto de la política monetaria de altas tasas de interés sumada a una política fiscal de fuerte restricción presupuestaria, a lo que se agrega un contexto internacional de menor crecimiento, especialmente en China, hacia donde se dirige el 39% de las exportaciones chilenas. 

No estamos aún en recesión, pero muy cerca de estarlo. Declarar una recesión debe considerar si hay dos trimestres consecutivos de caída ("recesión técnica"), o una caída muy profunda en un trimestre que marca el año (como en 2020) e incluir la evolución del empleo y otros indicadores de actividad. La tasa de desempleo desestacionalizada (7,6% de la fuerza de trabajo, variable que ha reincorporado a la mayor parte de los que sustrajeron de ella durante la pandemia) no sufrió variaciones en mayo-julio respecto a abril-junio. Por su parte, la tasa de desempleo que incorpora a las personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente alcanzó un 15,5%. Desde abril el nivel de empleo se mantiene estable, aunque en un año se han creado 700 mil empleos. Pero aún no se recupera el nivel de empleo total previo a la crisis, en circunstancias que la producción de bienes y servicios es ampliamente superior a ese nivel. Esto es consecuencia de una menor recuperación del empleo informal y por cuenta propia, pues el empleo asalariado formal (cotizantes dependientes) es hoy superior en 600 mil al nivel pre-crisis de 2020. No obstante, se produjo una caída preocupante de -1,5% entre mayo y abril (últimas cifras disponibles) del empleo formal.

El vez del ajuste ortodoxo hubiera tenido mucho más sentido realizar un "aterrizaje suave" (sobre el análisis de la inflación y las alternativas de política ver Storm, 2022, conteniendo los aumentos temporales de precios de los combustibles y de servicios básicos asociados a ellos mediante mecanismos de dilación de alzas en el tiempo más fuertes que los existentes. Y con una política que proteja los ingresos reales de los sectores más afectados y compense los aumentos de precios de los alimentos mediante una ampliación del mecanismo de suplemento de la asignación familiar -que hoy abarca a solo 1,5 millones de personas por un monto reducido- y un fortalecimiento del seguro de desempleo. Como subrayan Joseph Stiglitz y Dean Baker, “la formulación de políticas siempre se realiza en condiciones de incertidumbre, y hoy esta es particularmente grande”. Estos autores sostienen que en Estados Unidos la inflación y las expectativas inflacionarias ya se están moderando, por lo que “la Fed debe prestar más atención al riesgo que supone continuar el ajuste: en concreto, el riesgo de hundir a la vapuleada economía estadounidense en la recesión. Debería ser razón suficiente para que la Fed se tome un descanso durante este mes”. En todo caso, el banco central estadounidense ha efectuado subidas moderadas de la tasa de interés (hasta 2,25% anual), en contraste con la política de shock infundada de su equivalente chileno. Este debiera detener sus alzas de tasas y preparar una desescalada progresiva que considere la distensión de la inflación externa y evite una grave recesión.