Nueva etapa, nuevas reglas

Voces La Tercera

La configuración de bloques políticos que nació de la separación de aguas entre los que estaban a favor o en contra de la dictadura (¡poderosa razón para producir alineamientos!) y su expresión electoral en el Sí y el No en el plebiscito de 1988, ya ha evolucionado hacia otro paisaje político en sucesivas etapas.

Primero fueron, en el primer gobierno de Michelle Bachelet de 2006-2010, los quiebres en la Democracia Cristiana y el PPD que llevaron a Adolfo Zaldívar y también a Jorge Schaulsohn y Fernando Flores a sumarse a la derecha y a apoyar a Sebastián Piñera, mientras en el PS Marco Enríquez-Ominami, Jorge Arrate, Carlos Ominami y Alejandro Navarro buscaron sus propios caminos. Se dio así fin a lo que la Concertación agrupó como espectro político, por derecha y por izquierda

Michelle Bachelet volvió al gobierno con el resto de la DC y el resto de partidos de la Concertación, pero además sumó al Partido Comunista, ampliando su base partidaria de apoyo. La paradoja es que lo hizo afianzando, al mismo tiempo, un imprudente distanciamiento con los partidos de su nueva coalición –que tampoco ayudaron mucho a aumentar su prestigio y capacidad de movilización política y programática por su creciente proclividad al clientelismo estatal- y sin pactar verdaderamente un programa de gobierno y reglas de aplicación que lo hicieran efectivo. Esto dio lugar al boicot de Ignacio Walker y Jorge Burgos a las bien inspiradas reformas principales que se propuso lograr Michelle Bachelet durante su segunda administración, tanto desde dentro como desde el parlamento, contribuyendo a su desdibujamiento. ¿Alguien se acuerda de la nueva constitución, de la mayor recaudación tributaria, o del impulso a la educación pública, promesas fuertes que simplemente no se han concretado? Todo esto contribuyó al desprestigio de la idea de reforma y al escepticismo generalizado frente a la política, agravado por la puesta en evidencia de la creciente captura del sistema político por el dinero y de corrupciones y corruptelas variadas en los órganos del Estado.

Al terminar el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se han alejado ahora los centristas liberales de Andrés Velasco y los que la presidenta ha llamado los “hijos de militantes de partidos tradicionales” agrupados en el Frente Amplio, cuya orientación ideológica variopinta –empezando por la de su candidata presidencial que un día es izquierdista y al otro habla del gobierno de Allende como “totalitario” con el correspondiente perdón posterior- parece pasar a segundo plano frente a una reafirmación generacional postmoderna que nunca será suficiente para gobernar un país, contribuyendo a la confusión política reinante.

En este contexto, la DC decidió intentar un camino propio en primera vuelta presidencial, sin participar en primarias. Esta fue su respuesta a la declinación electoral y a la “incomodidad ideológica” que ha supuesto cogobernar con el PC. Pero no le ha impedido, muy postmodernamente también, buscar un acuerdo parlamentario que le acomode para una mayor electividad de sus candidatos en el nuevo sistema proporcional, en detrimento de otros partidos y manteniendo su candidata de camino propio. Nada francamente muy doctrinario, que se acompaña de una amenaza no demasiado velada: ni no me aceptan una lista parlamentaria que me favorezca, entonces no cuenten conmigo para apoyos en segunda vuelta, aunque que mi partido si lo va a pedir para su candidata si es ella la que pasa a segunda vuelta. Somos todos iguales, pero unos más que otros.

Tal vez sea más sensato reflexionar sobre nuevas reglas para el ancho mundo de las fuerzas políticas no derechistas (la derecha ha hecho bien su tarea con primarias y lista parlamentaria común, con su natural instinto cuando huele el poder). No se puede nunca más firmar un programa que luego no se va a apoyar en el gobierno y el parlamento. De ahí la regla número 1: el partido político que quiere participar del gobierno debe comprometerse con un programa y apoyar las legislaciones que de él derivan en el parlamento. Cualquier otra cosa es falta de seriedad y de compromiso con la gobernabilidad democrática. Regla número dos: lo propio debe hacer el presidente, es decir pactar seria y detalladamente un programa (en primera o segunda vuelta, según sea el caso) y remitirse a él una vez en el gobierno. La tentación monárquica o caudillista, que ofrece un programa para obtener votos y después hace lo que quiere o lo contrario en el gobierno, nunca lleva a nada bueno.

Si se quiere presentar un proyecto propio al país en la primera vuelta de la elección presidencial, nada más legítimo. Pero aplicando la regla número 3: no se pida ventajas parlamentarias a terceros en su detrimento cuando se opta por el camino propio presidencial. Y la regla número 4: quien no es derechista y participa en una primera vuelta presidencial en la que compiten los distintos proyectos de país con uno propio, debe asumir que la contienda democrática no termina ahí y dar su apoyo –aunque sea con la doctrina aristotélica del mal menor- al mejor situado frente a la derecha. Y pedirlo para sí mismo llegado el caso, en una lógica de reciprocidad democrática y republicana.

Aunque muchos no lo quieran ver así, es manifiesto que en todos los temas cruciales de la democracia, el progreso social y la sustentabilidad está en Chile por un lado la derecha, que no quiere demasiado ninguna de estas tres cosas, y el resto, que quiere con mayor o menor intensidad y consistencia alguna combinación de estas tres cosas. Una negociación entre contrincantes no derechistas de primera vuelta debe traducirse en confluir en segunda vuelta con compromisos para cuatro años, ya sea con participación en el gobierno (siguiendo la regla número 1) o el apoyo desde fuera a los temas que se pacte, manteniendo la independencia y libertad de crítica en lo demás. O bien apoyar incondicionalmente al no derechista en segunda vuelta, cualquiera éste sea, dados los argumentos dados más arriba sobre la derecha, en el caso de los sujetos un poco extraños para los parámetros postmodernos que concebimos la política de manera no utilitaria y al mismo tiempo procuramos no seguir el camino del cuando peor mejor. 

Pasar de las ocurrencias para beneficio de la propia tribu a un sistema de reglas -las propuestas aquí o las que se quiera- no parece una tan mala idea si se tiene algún grado de compromiso con el interés general y con las mayorías sociales que requieren de un gobierno que no obstaculice sus proyectos de vida y promueva un sentido al menos básico de igualdad y comunidad, lo que nunca será propio de la derecha.

Las primarias de Piñera y Sánchez

Voces La Tercera

Las primarias del 2 de julio fueron un éxito de participación para la derecha agrupada en Chile Vamos (el ex UDI José Antonio Kast corre por su cuenta hasta noviembre). Si en 2013 fueron 800 mil los participantes en la primaria de la derecha, ahora sumaron 1,4 millón, excediendo todas las previsiones. Pero Sebastián Piñera sumó solo un 58,2% de los votos de su conglomerado, por lo que tendrá que mostrar dotes de articulador con figuras que lo cuestionaron radicalmente –incluyendo en su honestidad- en los debates de las primarias y que probablemente lo lleven a un discurso más conservador y/o con más tintes sociales, en un delicado equilibrio que le evite fuga de votos por un lado u otro del espectro electoral. El empresario obtuvo el 2 de julio 815 254 mil votos, es decir bastante menos de los que obtuvo Michelle Bachelet hace cuatro años, cuando sumó 1 437 683 sufragios. La candidatura de Piñera avanzó en su posicionamiento, pero está lejos de constituir una ola incontrarrestable.

La alternativa no parece que venga esta vez del recién constituido Frente Amplio, que sumó con Beatriz Sánchez y Alberto Mayol 326 247 votos, es decir menos que los votos de Ossandón y menos que los 421 593 votos que sumaron Marcel Claude, Alfredo Sfeir y Roxana Miranda en las presidenciales de 2013. El discurso autoafirmativo de la victoriosa Beatriz Sánchez el domingo en la noche no augura mayores aperturas más allá de la interesante auto-identificación como candidata feminista de la comunicadora y del carácter de combinación mediático-estudiantil a la que se ha circunscrito el emergente conglomerado. En efecto, ha cometido el error –en nombre de una suerte de identidad generacional- de vetar a figuras con mayor representación social. Por ejemplo, en la región del Biobío, el Frente Amplio obtuvo un total de 32 357 votos en las primarias, a comparar con los 156 372 sufragios que obtuvo Alejandro Navarro en una de las dos circunscripciones de la región en 2013. En el distrito de Ñuble, el Frente Amplio obtuvo poco más de 7 mil votos, mientras Cristián Quiroz, presidente del Partido País, obtuvo como consejero regional 16 mil sufragios en 2013. En Talca, el Frente Amplio obtuvo 3 417 votos, contra los 5 814 sufragios obtenidos en la elección a alcalde de 2016 por Fernando Leal, el líder de la agrupación Somos Talca. Y así sucesivamente en muchas partes de Chile. El Frente Amplio, por el momento, no parece querer sumar a todos los que se proponen construir una alternativa a los dos bloques tradicionales y prefiere mantener un perfil refractario antes que de proyecto alternativo inclusivo. Tal vez con el tiempo, que pasa ineluctablemente para todos, esa postura cambie. La otra opción es que prevalezca un cierto sectarismo, que le significó perder la oportunidad de ocupar con mayor relevancia el vacío dejado inexplicablemente por la Nueva Mayoría en las primarias del 2 de julio.

Para la derecha será difícil, sin embargo, transformar su condición de minoría sociológica en mayoría electoral, como logró hacerlo en 2009, dado el problema que constituye el desgaste de imagen que mantiene Sebastián Piñera con sus prácticas empresariales y sus múltiples conflictos de interés, a pesar de la buena primaria lograda por Chile Vamos. Que no vuelva a gobernar la derecha supondrá, eso sí, que el gobierno y el Banco Central no persistan con su política económica recesiva, similar a la que casi hizo perder a Lagos frente a Lavín en 1999. Y requiere sobre todo perfilar a la brevedad algún tipo de acuerdo en la segunda vuelta presidencial de diciembre entre los diversos candidatos y fuerzas políticas no derechistas, para que una parte de ellas concuerden en gobernar juntas con un programa común responsablemente asumido (proceso en el que no se repita la actitud inconsecuente de la DC de Ignacio Walker con la presidenta Bachelet), mientras los que legítimamente no estén dispuestos a llegar a acuerdos de gobierno al menos ayuden a impedir la victoria de la derecha, aunque luego se mantengan en la oposición o en el apoyo parcial a medidas de progreso desde fuera del gobierno. Pero no se puede excluir la inclinación autodestructiva que vienen exhibiendo tanto la centro-izquierda como la izquierda de un tiempo a esta parte. Y que se prolongue su lógica de disputas por porciones de poder grupal sin proyecto, en medio de un creciente divorcio con los ciudadanos de a pie.

Mayol, o el intelectual comprometido

En La Tercera

La figura del intelectual comprometido con la acción política ha sido siempre controversial. La acción política se inclina con frecuencia hacia simplificaciones que repugnan al analista de la vida social, que, si es riguroso, suele poner en duda relaciones esquemáticas de causa a efecto, y señalar las eventuales consecuencias no buscadas de las acciones colectivas. Cuando las sociedades se hacen más complejas, el trabajo de comprensión de su dinámica adquiere mayor autonomía, primero de la religión y luego de la política, y reside en espacios como las universidades, centros de pensamiento o medios de comunicación. Pero en las sociedades latinoamericanas ese espacio de autonomía existe apenas, lo que incita a algunos intelectuales a intervenir en política, ya sea para controvertir a los que adecúan sus razonamientos a meros intereses o bien para procurar que los actores políticos mejoren la adecuación entre los fines declarados y los medios disponibles para alcanzarlos con mayores dosis de racionalidad estratégica.

Algo de eso hay en la decisión de Alberto Mayol de pasar desde el análisis de la realidad social chilena a la tribuna pública y, finalmente, a la condición de candidato a la candidatura presidencial del Frente Amplio. Ningún intelectual que sea mínimamente sensible a, por ejemplo, el hecho de que Chile sea una de las sociedades más desiguales del mundo, puede solo investigar sin experimentar algún grado de indignación moral que lo empuja a la acción.

No comparto todo de los diagnósticos de Mayol sobre un “derrumbe del modelo” o sobre la “autopsia de la muerte de la elite chilena”, ni algunos de sus juicios políticos, como el que emitió sobre Allende como conductor político o sobre los actores de la transición calificados como homogéneamente cuasimaldadosos, sin considerar suficientemente las circunstancias históricas en las que estos actores se desenvolvieron, y en especial el conflicto político que ha vivido Chile por décadas al enfrentar la mayoría social -y sus fragmentadas representaciones políticas- el concentrado poder que las oligarquías económicas han tenido históricamente.

Muchas de sus propuestas son, además, bastante discutibles. Como la de los trenes de alta velocidad, que requieren de un análisis costo-beneficio más preciso. O como la expropiación de El Mercurio, dado el financiamiento público recibido en el pasado, pues la batalla contra las ideas autoritarias y neoliberales se gana ampliando el derecho a la información y no cerrando medios, por mucho que su línea editorial sea desde siempre la de la tergiversación interesada. O como la idea de socializar de manera imprecisa los fondos de las AFP, cuando la prioridad debe ser establecer un pilar de pensiones de reparto. Y así sucesivamente.

Pero existe un mérito incuestionable en Alberto Mayol: la voluntad de pensar un futuro para Chile en “base cero”, sin las ataduras del mediocre pensamiento convencional que hoy prevalece, subordinado a los intereses dominantes. Y generar debates desde el análisis de las realidades que enfrentan las mayorías, con la voluntad de reconstruir una izquierda que se diluyó en los recovecos de la transición y cuya incidencia constructiva tanta falta le hace a Chile.

Las opciones frente al futuro

El Mostrador

Frente a los desafíos actuales de Chile, en un contexto internacional incierto, con nuevas demandas y movilizaciones sociales y en medio de una severa y creciente pérdida de prestigio de las instituciones políticas, hay diversas respuestas posibles.

La primera de ellas es suficientemente conocida en el país desde su aplicación a partir de 1974: se trata de la de tipo neoliberal de Estado mínimo y “soluciones de mercado”, que termina concentrando fuertemente la economía y disminuyendo la competencia en los mercados, abandonando a su suerte a los sectores sociales con inserción económica precaria, no financiando suficientemente a las empresas y personas que innovan y descuidando los efectos externos de la acción pública sobre las capacidades humanas, el patrimonio tecnológico, el medioambiente y la cohesión social. Su paradigma de desarrollo es la maximización del bienestar medido como PIB por habitante, mediante las “soluciones privadas a los problemas públicos”.

La segunda respuesta, que se ha constituido en la opción preferida de las élites empresariales, tecnocráticas y políticas conservadoras en Chile, no es alternativa a la anterior sino que se propone temperarla, las más de las veces con pocos resultados, por desconfianza en la acción pública. Se trata de la de un reformismo adaptativo de baja intensidad. Se autodefine como un enfoque pragmático, que defiende la neutralidad de las políticas económicas (son “buenas” o “malas”, sin que estén cruzadas por intereses de clases o grupos sociales), promueve programas públicos dirigidos a individuos autonomizados en relaciones de mercado, pero sin diálogo social por considerarlo “corporativista”, sin reformas fiscales progresivas por considerarlas antieconómicas y, por tanto, sin un Estado de bienestar activo que garantice derechos básicos sino uno de dimensiones menores.

La imposibilidad de llevar a cabo la estrategia de “crecimiento con equidad” enunciada a inicios de la década de 1990, por falta de mayorías parlamentarias y a la postre por falta de convicción de la mayoría crecientemente conservadora de la coalición gobernante, se tradujo en Chile en la prolongación de un “modelo híbrido” entre neoliberalismo y desarrollo equitativo y sustentable, capaz de producir más crecimiento que en el pasado, pero centrado en la expansión de la explotación depredadora de los recursos naturales, y con capacidades de crear empleo y mejorar servicios públicos y las condiciones de vivienda, educación y salud de los más pobres –como se refleja en los avances de Chile en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD–, pero no de reducir la desigualdad en escala significativa.

Estos resultados satisfacen a los partidarios del reformismo de baja intensidad por ausencia de convicción sobre diseños distintos del Estado mínimo, la renuencia a emplear capital político en políticas redistributivas y la apuesta por el crecimiento promovido por el supuesto libre mercado, al que se le atribuyen virtudes de cohesión social que no ha demostrado en ninguna parte.

Este enfoque limita sus ambiciones, en materia distributiva, a "avanzar en la igualdad de oportunidades". Esta es una idea típicamente liberal, traducida vulgarmente como aquella de "emparejar la cancha": la igualdad de oportunidades es una de las inspiraciones de actuación minimalista contra la desigualdad. Esta idea contrasta con las que son propias, con diversos matices y diferencias, del socialcristianismo, de la socialdemocracia y del socialismo democrático, en sus versiones internacionales y chilenas: la necesidad de consagrar la igualdad de resultados en determinadas áreas de la vida social, pues ciertas cosas deben ser iguales para todos y traducirse en "derechos del hombre y del ciudadano", más allá del “rayado de la cancha” y del rendimiento diferenciado que en la cancha del mercado puedan lograr “eficientes” e “ineficientes”, en una supuesta sociedad de desigualdades justas, de ganadores y perdedores por sus propias decisiones y conductas, basada en la ilusión liberal de que la pertenencia a clases y grupos sociales y el condicionamiento de la inserción social, económica y cultural que conlleva, no existen, sino solo individuos que interactúan entre sí a través del mercado.

Sin embargo, la frustración colectiva y la emergencia y reemergencia de movimientos sociales ante la mantención de brechas distributivas y el carácter poco representativo de las instituciones en Chile son crecientes. Pueden llegar a ser un caldo de cultivo para eventuales respuestas “caudillistas y paternalistas” que pudieran ser ofrecidas a los ciudadanos por liderazgos mesiánicos, con variantes retóricas de derecha o de izquierda, incluyendo la tradicional de la izquierda ortodoxa estatalista, hoy poco influyente en Chile.

Finalmente, aunque la lista de respuestas posibles ante la situación actual nunca será exhaustiva, como no lineal es cualquier evolución histórica, existe la de tipo “reformista radical”. Esta respuesta propugna un proyecto de creciente autogobierno y autonomía ciudadana, acompañado por un Estado democrático y social de derecho activo en la promoción del crecimiento endógeno, la protección del ambiente, la cobertura de riesgos, la provisión de mínimos sociales y la igualdad justa de oportunidades. Esta alternativa asume rasgos de la socialdemocracia europea (y especialmente nórdica, que logró construir en el siglo XX sociedades con importantes componentes igualitarios en condiciones iniciales no radicalmente diferentes de las nuestras), pero asumiendo que la estructura económica heterogénea y desigual y la estructura laboral precaria e inestable de Chile y América Latina requieren de una organización más directamente política y estatal de la redistribución y de la protección del ambiente y de una más activa interacción con una sociedad civil constituida por agentes diversificados. El Estado de Bienestar meramente asegurador y pasivo no puede ser objeto de traslación mecánica a América Latina.

El enfoque de “reformismo radical” procura mantener un sentido práctico capaz de construir perspectivas estratégicas de articulación de intereses diversos y las tareas del corto con las del largo plazo, pero cuestiona el pragmatismo que gestiona el día a día sin norte y sin cambiar nada sustancial. En este sentido, no esquiva “abordar la raíz” (en ese sentido es “radical”) de los problemas de la sociedad actual, pero con una estrategia que privilegia la movilización mayoritaria de la sociedad y una “gradualidad persistente” en los cambios a realizar. Aunque la historia suele tener momentos de aceleración y en ocasiones produce cambios súbitos de rumbo en un sentido u otro que deben ser considerados, ojalá anticipados y en todo caso conducidos desde la esfera política, se trata de un enfoque distinto del de la utopía del gran día revolucionario, a partir del cual todo se transforma en manos de una vanguardia esclarecida, la que con frecuencia, si se hace del poder, suele devenir en burocracia dominante, termina gobernando de modo autoritario y sin representar a los que declara representar, sino primordialmente a sí misma y sus propios intereses minoritarios.

El enfoque “reformista radical” postula que la democracia es el espacio y límite de su acción, sistema político en el que debe prevalecer la libertad como uno de sus componentes irrenunciables. Pero se inscribe en la tradición republicana y considera que es una visión limitada de la libertad aquella que se entiende únicamente como “no interferencia” sobre los individuos y que el enfoque liberal promueve, especialmente en la esfera económica exclusivamente circunscrita a la “libertad de emprender”. Debe también considerarse la libertad como “no dominación”, siguiendo a Philip Pettit. Existe una razón fundamental para esta distinción: el Estado debe estructurarse con un principio constitucional-democrático, según el cual el poder público no sea arbitrario y oprima a los ciudadanos, pero también con un segundo principio, según el cual el Estado debe plantearse como objetivo la reducción de la dominación que conlleva el poder privado. La concepción cívica republicana traslada dichos principios a diseños institucionales específicos que faciliten el control por los ciudadanos del poder público, y también a políticas públicas que persigan el establecimiento de un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana.

El enfoque reformista radical tiene, además, como horizonte producir una metamorfosis de la sociedad mediante una “política de civilización” que invierta progresivamente la hegemonía de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, procure pasar del “siempre más” al “siempre mejor” y sea contraria a plantear a la sociedad el logro del objetivo unívoco del crecimiento del PIB (“llegaremos en tantos o cuantos años al desarrollo si alcanzamos tal o cual cifra de PIB por habitante”) que comparten neoliberales y pragmáticos. El crecimiento definitivamente no es el desarrollo, pues no considera los crecientes costos ambientales ni la destrucción de las dimensiones cualitativas de la vida humana, ni el efecto colateral de una sociedad desarticulada y conflictuada sometida a la desigualdad, al mal vivir y a la desconfianza. Tampoco el desarrollo es un fin en sí mismo si no es puesto al servicio de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, del mejoramiento de las condiciones de inserción política, económica y social de todos, incluyendo a las mayorías que viven de su trabajo y los grupos sociales precarizados o marginados, así como la preservación del planeta en condiciones dignas para las futuras generaciones.

La “calidad de vida responsable”, es decir, con perspectiva de sustentabilidad, como meta última del desarrollo, depende no solo de las condiciones de vida material (ingreso, consumo y riqueza) sino de la salud y de la educación, de las condiciones de vida cotidiana (como el derecho a un empleo y a una vivienda decentes), de la participación en los procesos políticos, del medio ambiente social y natural y de los factores que definen la seguridad personal y económica, como indican Stiglitz, Sen y Fitoussi en su reflexión sobre nuevos indicadores del desarrollo.

El desarrollo así concebido incluye el crecimiento de los instrumentos de productividad en la producción de bienes materiales, pero pasando del despilfarro a la “economía circular” que utiliza, desmonta y recicla los recursos, y también el crecimiento de la redistribución, de la educación y de la cultura, del urbanismo integrador y de la vida saludable. Pero el desarrollo deber ser también decrecimiento del parasitismo financiero y comercial, de las energías fósiles, de la economía de lo superfluo, del urbanismo destructor, de las contaminaciones depredadoras. Construir nuevas estrategias de desarrollo con la meta de una transformación profunda de la manera de producir, consumir y compartir la vida de la comunidad para aumentar la calidad de vida, supone, y conduce a reforzar, la interacción de la sociedad civil en sus diversas expresiones con un Estado democrático fortalecido, sobre la base de principios como los siguientes:

-Un Estado de derecho democrático basado en la decisión ciudadana periódica, que además de garantizar las libertades y derechos fundamentales hace del respeto de la ley legítima y de la participación y el control colectivo su fundamento, administrado con la exigencia perentoria de la eficiencia y la transparencia, y que combate frontalmente la corrupción, el clientelismo y la depredación de la administración pública por intereses particulares y especialmente por el poder económico concentrado.

-Un Estado inversor y garante del contrato social, que contribuye al bienestar y el bienvivir en sociedad mediante políticas públicas activas, que define mínimos sociales, que interviene frente a los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos, que actúa para integrar en la vida social a los grupos sociales excluidos y sometidos a la precariedad, que prioriza la disminución de las desigualdades y es catalizador de la cooperación socioeconómica, que promueve la economía social y de pequeña y mediana escala para alcanzar el pleno empleo y que dota al gobierno de los medios efectivos mediante una tributación suficiente para llevar a cabo políticas y regulaciones eficientes y justas.

-Un Estado estratégico que ejerce soberanía sobre los recursos naturales y sobre los bienes comunes en nombre de los intereses colectivos presentes y de las futuras generaciones, que hace crecer aquella parte de la economía que satisface necesidades fundamentales, sin subsidiar las actividades y modos de organización obsoletos ni las actividades rentistas, y no se subordina al mercado sino que lo gobierna, y que, por tanto, hace decrecer las actividades destructoras del tejido económico y ambiental, que entiende que la dinámica de desarrollo no solo permite acumulación sino también reasignación productiva y cambio técnico, aprovechamiento de las externalidades y mejoras en la coordinación para superar las indivisibilidades y las complementariedades de la inversión y del tejido productivo.

Pero la transformación que persigue el reformismo radical no se remite al Estado, sino sobre todo a la sociedad y su cultura y a una ética colectiva solidaria. Siguiendo a Edgar Morin: “Para un espíritu laico, las fuentes de la moral son antropo-sociológicas. Sociológicas, en el sentido en que la comunidad y la solidaridad son a la vez fuentes de la ética y las condiciones del bien-vivir en sociedad. Antropológicas, en el sentido en que todo sujeto humano lleva en sí una doble lógica: una lógica egocéntrica, que lo pone literalmente en el centro de su mundo, y que conduce al ‘yo primero’; una lógica del 'nosotros’, es decir, de la necesidad de amor y de comunidad que aparece en el recién nacido y se desarrollará en la familia, los grupos de pertenencia, los partidos, la patria. Estamos en una civilización en que se han degradado las antiguas solidaridades, en donde la lógica egocéntrica se ha sobredesarrollado y en donde la lógica del ‘nosotros’ colectivo se ha ‘subdesarrollado’. Es por ello que, además de la educación, una gran política de solidaridad debiera ser desarrollada, incluyendo el servicio cívico de solidaridad de la juventud, muchachas y muchachos, y la instauración de casas de solidaridad dedicadas a socorrer los desamparos y las soledades. Así, podemos ver que uno de los imperativos políticos es el de hacer todo lo posible para desarrollar conjuntamente lo que aparece como antagónico a los espíritus binarios: la autonomía individual y la inserción comunitaria”.

La última cuenta

Voces La Tercera

La Cuenta a la Nación emitida este 1 de junio de 2017 por la presidenta Michelle Bachelet fue un buen y convincente recuento de sus logros, en un contexto de recuperación de su popularidad personal a cifras superiores al 30%. Muchos programas específicos muestran resultados, incluyendo una leve disminución de la desigualdad en 2015 respecto a 2013, la gratuidad en educación superior para el 50% de menos ingresos, un aumento de 10% en la pensión básica solidaria, la creación de más de 300 mil empleos en tres años, el incremento a 17% de la generación eléctrica por energías renovables no convencionales y los 4,5 millones de hectáreas que se integran a los parques nacionales fruto del acuerdo con la familia Tompkins, sin olvidar la unión civil, todo lo cual es muy positivo. También lo es el cambio del sistema binominal por uno proporcional que inauguraremos este año y ojalá la elección de gobernadores regionales, así como los cambios a la ley electoral que ilegalizaron los aportes empresariales a las campañas e introdujeron la pena de pérdida del escaño en caso de violación de esta norma.

No obstante, de las tres promesas principales de su campaña, una no avanzó en absoluto, la nueva constitución, y dos –la reforma tributaria y la reforma a la educación- tuvieron avances y tropiezos.

La reforma tributaria, cuyo diseño inicial terminó recortado en el Senado, estableció un positivo impuesto a las emisiones de carbono y aumentó la tributación al consumo de tabaco y alcohol, importante para la salud pública, pero que hizo inmediatamente impopular la reforma. Se llegó a un sistema excesivamente gradual y complejo, en base a cuatro sistemas distintos, de tributación de las utilidades de las empresas, con una desintegración parcial y no total con la tributación de las personas –que Piñera de todas maneras quiere deshacer porque incrementa, aunque menos de lo necesario, la tributación del 10% más rico de Chile-, un aumento excesivo de la exención tributaria para las empresas de menos ventas y una falta de avance en la tributación por renta presunta. Sobre todo, la reforma no incluyó un ápice en materia de royalty minero, que sigue sin pagarse por el volumen de recursos extraídos, con lo que la tributación de la minería privada sufrió un cuasi colapso en 2016. Ni tampoco nada en materia de rediscusión de la tributación pesquera, luego de que se descubriera la profundidad del cohecho en la legislación aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. El hecho es que entre 2013 y 2016 los ingresos tributarios respecto del PIB pasaron de representar un 16,7% en 2013 a 17,5% en 2016, cifra inferior al 17,6% de 2012. Es decir, los tres puntos de producto que se suponía iba a rendir la reforma tributaria a fines del actual gobierno resultaron casi simbólicos, lo que le quitó márgenes de maniobra. 

Si a eso se agrega la política de disminución del déficit fiscal estructural más allá de lo necesario para la estabilidad fiscal, con consecuencias –junto a una tardía acción reactivadora de la política monetaria del Banco Central-  sobre un menor crecimiento y la propia recaudación tributaria, nos encontramos con un cuadro en el que las realizaciones prometidas que implicaban mayor gasto resultaron de menor alcance.

Este es el caso de la gratuidad en educación superior, que llegó en 2017 a cubrir a los estudiantes del 50% de familias de menos ingresos y alcanzará a 60% en 2018, en vez del 70% comprometido. Y de la ausencia de toda reforma a la educación superior hasta ahora -se supone que habrá un proyecto que regula a las universidades públicas en las próximas semanas- con arreglos presupuestarios y acuerdos particulares con la Universidad Católica, que negocia –con recursos judiciales incluidos- apoyos públicos indebidos pues no respeta ni la libertad de cátedra ni la libertad de investigación, condiciones razonablemente mínimas para recibir apoyos estatales en la educación privada. La llamada ley de inclusión tuvo el gran mérito de iniciar un tránsito hacia el fin del lucro en el sistema escolar públicamente financiado, pero la reforma de la escuela pública se dejó para el final, sin que aún haya ley ni apoyos presupuestarios importantes, mientras sigue perdiendo matrícula, prestigio y capacidad de inclusión.

Aunque no era un compromiso programático, la reforma al sistema de pensiones también sufrió de la falta de resultados de la reforma tributaria y de la persistencia de la falta de voluntad de reformar en un sentido progresista del equipo económico encabezado por Rodrigo Valdés. Se dejó atrás incrementos más sustanciales en la pensión básica y se plantea a última hora, y sin viabilidad legislativa, un proyecto que aumenta la contribución de los trabajadores sin tocar el sistema de AFP, y con resultados inciertos en tiempos futuros en materia de mayores pensiones. Incorporar de inmediato un pilar de reparto que aumente las actuales pensiones, por ejemplo con la mitad de la cotización obligatoria actual, habría mejorado la situación miserable de muchos pensionados y disminuido el rol de la capitalización individual, que ha resultado un fracaso, salvo para contribuir a la impresionante concentración económica que sufre Chile. Se argumenta por los que son contrarios a los intereses de la mayoría social, coro del que desgraciadamente forman parte las autoridades económicas actuales, con la supuesta contribución a la inversión de un sistema de seguridad social privatizada como en ninguna parte del mundo y que no asegura pensiones mínimamente proporcionales a los ingresos en la vida activa reciente.

Pero donde el balance es paupérrimo es en el tema de la nueva Constitución. La Presidenta Michelle Bachelet enviará, según volvió a señalar, un proyecto en la materia al Congreso a pocos meses de terminar su gobierno. Es decir, se perdió un gobierno completo para de una vez llevar adelante la tarea de reconstruir una institucionalidad que emane por primera vez en nuestra historia de representantes del pueblo convocados para el efecto, salir del quiebre histórico entre los chilenos y darle legitimidad a las instituciones que nos deben permitir sentar las bases de una prosperidad compartida y respetuosa del ambiente en el futuro.

También es el caso de legislaciones variadas, que se enviarán para su tramitación, en la práctica, por un próximo gobierno y un próximo Parlamento, y que constituyen acciones sin consecuencias que no corresponden a decisiones que el actual gobierno pueda concretar (como nuevas líneas de metro, fundiciones y otras yerbas), contribuyendo al desprestigio de un sistema democrático que debe siempre velar por -antes de sumirse en la retórica y la promesa que no se cumplirá-  la producción de resultados para el ciudadano común y especialmente para los que, en una de las sociedades más desiguales del mundo, menos tienen acceso a oportunidades y recursos.

Lo que está en juego en 2017

En Voces La Tercera

La derecha y en Frente Amplio tendrán el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad en la primera Sebastián Piñera, mientras en la segunda las encuestas favorecen a Beatriz Sánchez. Piñera ha detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, “revisar” la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización destinada a los fondos que administran. No parece una exageración afirmar que si Piñera es elegido de nuevo presidente, en medio de una apuesta incierta por recuperar el crecimiento al 4% o más, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavía más, las AFP tendrán mayores utilidades sobrenormales a costa de los trabajadores, las Isapres mantendrán sus también altas utilidades a cambio de coberturas inciertas para los sectores medios que pagan por sus seguros y las pensiones seguirán siendo muy bajas. El crecimiento no se recupera por meras expectativas creadas por la reinstalación de uno de los financistas más prósperos del país –que en todo caso administra sus fondos a partir de paraísos fiscales- en la presidencia. Requiere en el corto plazo de una política fiscal más activa y en el mediano plazo de una política industrial y de incremento de la innovación en base a más inversión pública y más investigación y desarrollo.

En el caso del Frente Amplio, la primaria marcará el inicio de su posible conformación como alternativa política en algún momento, siempre que los protagonismos de unas y otras de sus caras visibles, en tiempos de individualismo exacerbado, lo permitan. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base.

Alejandro Guillier, por su parte, ha optado por darse más tiempo para conformar sus propuestas, aunque en su discurso destaca un fuerte compromiso con la descentralización, lo que es muy positivo frente al estancamiento que exhibe hoy este proceso, incluyendo la indispensable elección directa de las autoridades (gobernadores) regionales. ¿Se constituirá ahora un bloque de signo progresista detrás de Guillier? La decisión de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea. Las características que tendrá su programa tal vez nos podrán ilustrar en esta materia, en medio de la persistente dispersión del centro y de la izquierda, que favorecen la reelección de Piñera. La condición para que esto no ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la DC la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. Pero sobre todo se requiere que en una segunda vuelta confluyan propuestas y compromisos de gobierno claros y capaces de suscitar una adhesión mayoritaria para los que quieran evitar el retorno de la derecha. Mientras tanto, persisten urgencias que no encuentran aún muchas respuestas.

La primera es la creación de empleo. La economía ha ido perdiendo desde 2013 la capacidad de crear empleos asalariados de buena calidad, lo que afecta a muchas familias. Revertir esta situación supone una política económica más fuertemente contracíclica para crecer al menos a un tres por ciento al año en el corto plazo, junto a una nueva política industrial que apueste por más programas estratégicos de magnitud como la reconversión generalizada hacia las energías renovables no convencionales (solar, eólica, geotérmica, biomasa), como un fuerte programa de inversiones de CODELCO y la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria global del transporte eléctrico, creando una Empresa Nacional del Litio, como el fortalecimiento de la industria alimentaria saludable que nos distinga en el mundo y como la expansión del turismo de calidad. Estas  iniciativas estratégicas son intensivas en la creación de empleo, reactivan las economías locales, reinsertan a los desempleados de larga duración, junto a una reactivación de la inversión pública en infraestructura y programas públicos de empleo de servicio a las personas.

En segundo lugar, para que el trabajo no sea un espacio de abuso contra las personas, no puede tardar una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación obligatoria y a  programas de empleo temporal, junto a incrementos progresivos del salario mínimo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concursos anónimos y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en contrataciones y despidos.

En tercer lugar, no puede seguir esperando la reforma a la educación. Esta debe ampliar la gratuidad con prioridad en el fin de los copagos en la escuela para que sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin discriminaciones, y fortaleciendo a la futura escuela pública desmunicipalizada con un financiamiento básico a los establecimientos. La gratuidad debe extenderse en la educación superior técnico profesional, empezando por el nuevo sector estatal en formación. La gratuidad universitaria debiera concentrarse en las universidades públicas y no incluir a las familias del 15% de ingresos superiores mientras no aumente el bajo nivel de impuesto a la renta que pagan en Chile. Las universidades estatales deben reformarse para estar al servicio del desarrollo y aumentar su cobertura con un horizonte del 40% de la matrícula a fines del próximo gobierno. ¿Puede soslayarse sacar del sistema a las universidades e institutos con fines de lucro y los que no cumplen con requisitos mínimos de excelencia?  Tampoco puede soslayarse separar con urgencia en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada, con un nuevo servicio público profesional de atención de la infancia que reconocozca el fracaso del SENAME, y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley.

En cuarto lugar, el retraso de la modernización de los servicios públicos de salud no puede seguir sin reacción. ¿Puede seguir esperando que el nivel primario de atención no aumente su capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas? ¿Puede retrasarse un más fuerte programa de contención de la epidemia de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional y los centros de trabajo? ¿Puede esperar el aumento de la tasa de uso de la infraestructura pública y un nuevo régimen estatutario para los médicos (mediante mayores salarios a cambio de dedicación de jornada completa)? Desde luego debe ponerse fin a la externalización de prestaciones garantizadas con un alto costo público y retormarse el proyecto de crear un fondo unificado de cotizaciones de salud, transformando en optativos y complementarios los seguros privados, en todo caso mejor regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por género. Ese fondo unificado debiera financiar, junto a los impuestos generales,  las inversiones en infraestructura (sin concesiones cuando demuestren ser más caras e ineficientes que la gestión pública), la generalización de  acciones y exámenes preventivos,  la salud primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y ampliaciones del GES-Auge, incluyendo un mayor acceso garantizado a los medicamentos según los protocolos de tratamiento.

En quinto lugar, Chile no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social, que el tardío proyecto de reforma del gobierno no cambia en absoluto. ¿Por qué no dar de una vez un rol central al pilar solidario de pensiones y proponerse llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de 0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años?. Un pilar público de pensiones contributivas de reparto debiera dar un mínimo de certeza a las jubilaciones con el 10% actual de cotizaciones salariales obligatorias que financie los derechos previsionales adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y aumentar su nivel actual, lo que supone otorgar incentivos a las mujeres y hombres que opten por alargar su vida salarial activa. Las AFP debieran ser instrumentos voluntarios de mercado y dejar de recibir cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas de manera complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.

En sexto lugar, el actual proceso de destrucción de la naturaleza en manos de intereses privados es inaceptable para las actuales y  las futuras generaciones y debe partir remediándose con la rápida transición a las energías renovables no tradicionales, junto a la reconstrucción y protección del patrimonio natural, haciendo efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de la nueva red Patagónica. ¿Qué impide que los chilenos vuelvan a tener control de los recursos comunes, reemplazando la ley de concesiones mineras indefinidas por concesiones temporales y condicionadas al pago de una renta apropiada y a una explotación sustentable, ampliando la de carácter público, y derogando una ley de pesca dictada desde las empresas del sector? El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad económica y no como propiedad privada de las grandes empresas. El Estado debe asumir los nuevos riesgos que emanan del cambio climático y establecer una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de protección ante las emergencias y catástrofes.

Estos no son todos los problemas públicos a discutir, pero son al menos parte de los más significativos, ya sea que se opte por una u otra solución frente a ellos y las consiguientes reformas institucionales que las viabilicen. Pero brillan todavía por su ausencia en el debate presidencial.

El PS y la corrupción

En Facebook

Me pregunta un periodista si antes de intervenir sobre el tema del patrimonio del PS he hablado con Alvaro Elizalde o si lo he hecho después. Le señalé que no he hablado con él desde hace más de un año, y eso fue en un seminario en el extranjero. Mi reacción fue la de alguien que ya no es del PS pero que defiende el mecanismo de aseguramiento de un mínimo de independencia financiera del PS que concebimos a fines de los años 90, y que hoy se confunde con corrupción y colusión con grandes empresas, cuando se trataba precisamente de lo contrario. Hay mala fe y manipulación manifiesta de los medios de comunicación de derecha. Y no contribuye a una discusión racional el explicable ambiente de irritación de quienes de buena fe han conocido la evidencia de la colusión del poder económico con buena parte del sistema político, empezando con Novoa, Longueira, Van Rysselberghe, para no hablar de Piñera que es la fusión del poder político y el del dinero (2,7 mil millones de dólares de fortuna según Forbes, gestionada básicamente en paraísos fiscales) en una misma persona. Pero que sobre todo han reaccionado con justo enojo frente al aporte de los grandes grupos a las campañas de Frei, Bachelet y Marco Enríquez-Ominami, además de las de múltiples parlamentarios de la Concertación y la Nueva Mayoría. En el caso del PS, ese enojo se extiende a Fulvio Rossi, que ha sido objeto de investigación judicial por eventuales ilegalidades al recibir cercanos a él dinero de Angelini y Sqm, y a Camilo Escalona y Clemira Pacheco que recibieron por vías legales aportes de campaña de las empresas pesqueras. Pero se trata de situaciones individuales. En mi opinión son reprochables y el PS debiera establecerlo así. Y no lo hace. Junto a la renuncia a un programa efectivo de lucha contra las desigualdades, esa es una de las razones de mi renuncia al PS en agosto de 2016.

Pero eso no implica no defender el mecanismo de gestión del patrimonio del PS, que funcionó como un fideicomiso ciego de hecho (por eso, aunque muchos me insulten, los dirigentes voluntariamente no estábamos al tanto del detalle de las inversiones y al firmar los balances no solicitábamos la especificidad de la gestión patrimonial), pero en el que debimos haber definido criterios más estrictos de inversión y haberlos limitado a instrumentos públicos. Hoy lo importante es que la ley regula la gestión de patrimonios partidarios como fideicomiso ciego y que el PS ha comprometido altos estándares en la gestión del patrimonio, que ojalá implique la restricción de la inversión a instrumentos únicamente públicos para evitar de raíz todo conflicto de interés. Pero no tiene sentido pedirle a un partido que no resguarde su independencia financiera y, por tanto, política. Hacerlo es caer en la histeria y la irracionalidad.

Análisis político del 4 de mayo

El escenario presidencial se va precisando.

La derecha tendrá el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad, según las encuestas conocidas, Sebastián Piñera. Pero en ellas Manuel Ossandón y Felipe Kast construirán con bastante seguridad buena parte del argumentario en materia de probidad y conflictos de interés que estará a disposición de los contendores de Piñera en la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre. Piñera ha, además, detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, "revisar" la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización obligatoria. Si Piñera es de nuevo presidente, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavia más, las AFP seguirán ganando mucho dinero a costa de los trabajadores y las pensiones seguirán siendo muy bajas,

El Frente Amplio, por su parte, reunió 42.813 firmas para inscribir sus primarias antes del 3 de mayo. Si no ocurre algún accidente en la validación con el Servel (como le ocurrió a Andrés Velasco, cuyo nuevo partido quedó disuelto), Alberto Mayol y Beatriz Sánchez competirán el 2 de julio -sin incluir a Navarro y Rendón en una expresión de estrechez más que de amplitud- en una primaria que será un hito y marcará el inicio de su conformación como alternativa política. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base. 

La DC decidió, como era previsible, llevar a Carolina Goic a la primera vuelta del 19 de noviembre y de ese modo fracturó a la Nueva Mayoría. Señala que mantendrá su compromiso con el gobierno, pero lo primero que hicieron sus diputados fue votar esta semana con la derecha en un proyecto de ley sobre la infancia. Es muy posible que la línea DC de "boicot interno" se profundice en los meses que vienen, poniendo al gobierno en una situación difícil para cerrar varias de sus legislaciones emblemáticas (como el aborto por tres causales, la nueva educación escolar pública o la reforma a la educación superior). Se configura así una creciente autonomización de la DC y una confluencia con la derecha en aras de "volver al centro" y de "recuperar su identidad", más allá de las declaraciones de su abanderada y de sus dirigentes. Las dinámicas políticas son lo que son y van más allá de las intenciones declaradas.

Esto deja sin una estrategia muy clara al ala de centro e izquierda laica de la Nueva Mayoría (PR, PPD, PS, PC). Todo esto se origina el 9 de abril en el apoyo a Alejandro Guillier desde el PS, pues infligirle una derrota sin contemplaciones a Ricardo Lagos impactó negativamente en la DC. Se supone que no se buscaba la ruptura con ese partido, la que sin embargo se produjo. La respuesta del PS, PR y PPD, y de manera más cauta el PC, fue cerrar, además, toda puerta a una o dos listas parlamentarias que incluyeran a la DC (probablemente porque una lista única es difícil de hacer calzar con las distintas aspiraciones partidarias y una lista con la DC no conviene por separado ni al PR, ni al PPD ni al PS y no es imaginable con el PC) en un contexto de competencia presidencial. De nuevo: en política existen las consecuencias no buscadas de las acciones que se realizan para otros fines.

La Nueva Mayoría podría tal vez haber salvado una primaria-y de paso su unidad política para un mejor término del actual gobierno y una proyección futura- si la dirección del PS de Isabel Allende hubiera mantenido la consulta abierta para elegir un candidato de sus filas, lo que hubiera implicado dirimir entre Fernando Atria y José Miguel Insulza. Así, el PS hubiera presentado a una primaria a Atria o Insulza, el PPD a Lagos y el PR a Guillier, disminuyendo la percepción de amenaza para una candidatura de Goic en primarias. Pero eso ya es interpretación retrospectiva.

En términos prospectivos, ¿se constituirá ahora un bloque de centro e izquierda laica detrás de Guillier que procure un pacto de apoyo mutuo en segunda vuelta con la DC, el Frente Amplio y otras expresiones de izquierda que se presenten a una primera vuelta? La decisión de Guillier de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea, como tampoco la amenaza DC de no apoyar a Guillier en segunda vuelta el 17 de diciembre si se la obliga a ir sola a la elección parlamentaria, con un riesgo de disminuir su electividad. 

El momento político es todavía uno signado por un importante grado de confusión, y en todo caso de dispersión aguda del centro y de la izquierda, sin que se vislumbre por el momento un momento de unidad para impedir el retorno de la derecha, el que debiera ser el que media entre la primera y la segunda vuelta presidencial. La condición para que esto ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la nueva DC camino propista la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. La consagración de un escenario político de este tipo asegura la vuelta de la derecha al gobierno, y también varios gobiernos de ese signo en el futuro.

Dilemas DC: ¿Socialcristianismo o bloqueo a las reformas?

En estos días la Democracia Cristiana deberá tomar decisiones que determinarán su futuro. El punto de partida son dos hechos básicos: su declive electoral progresivo (pasó del 30% en 1989 al 13% en 2016) y sus crecientes divergencias programáticas y políticas internas y con otras fuerzas de la actual coalición de gobierno. Para algunos en la DC la permanencia en una alianza de centroizquierda terminaría por poner en cuestión su identidad de centro y explicaría el declive. Pero no llegan a proponer una alianza de gobierno y parlamentaria con la derecha, lo que dividiría al partido. Y tampoco una estrategia de camino propio, que luce inconducente. En esa indefinición, el sector conservador de la DC se ha permitido una conducta de oposición al gobierno del que forma parte y a aspectos clave del programa presidencial que firmó, provocándole una pérdida de coherencia y un desgate a la actual administración. Además, ésta ha abundado en problemas variados de enfoque de política y de gestión, especialmente gracias a una conducción económica que tiene al país al borde de una recesión evitable que sí ha contado con el apoyo de los conservadores DC.

La “oposición desde dentro” es probablemente un factor de aceleración de la declinación del PDC mucho mayor que la ausencia supuesta de un perfil de centro. De ser un factor de articulación que se supone es propio del centro político, ha pasado a ser un factor de irritación, bloqueo y conflicto recurrente en la coalición y en la acción de gobierno, en un contexto en que el país enfrenta temas institucionales, económicos y sociales que no debe seguir esquivando. Pero es muy posible que lo más importante en la declinación DC sean sus indefiniciones y contradicciones programáticas internas.

Van algunos ejemplos. ¿La educación escolar debe mantener la segregación y el lucro subsidiado o eliminarlo a la brevedad? ¿Debe volver a ser gratuita –sin copagos- hoy o el 2050? Los que creen que la escuela debe ser un lugar público de integración piensan distinto que los que tienen intereses creados en la educación privada subsidiada y buscan preservar espacios de negocio o trabajan para cadenas privadas de escuelas.

¿La educación superior estatal debe ser reconstruida y expandida  en plazos breves desde el actual 15% de la matrícula (una de las más bajas del mundo) o bien debe mantenerse el predominio de universidades privadas y entidades técnicas de dudosa calidad, que desvían ingresos con fines de lucro para sus dueños y no forman a los profesionales y técnicos de acuerdo a alguna idea del desarrollo futuro y de su espacio de desempeño en él? Las respuestas son muy diferentes en  los DC que defienden la educación pública, que son muchos,  o en los que ocupan cargos directivos en universidades privadas, algunas de bolsillo, que de paso pretenden sean financiadas por todos los chilenos.

¿El país debe mantener una especialización productiva basada en la depredación de sus recursos naturales o diversificarse y expandir el 0,4% del PIB de gasto en investigación y desarrollo a cifras mucho mayores para apostar por nuevos sectores productivos estratégicos  innovadores y de producción limpia? Los que en la DC piensan que el Estado debe tener una estrategia de desarrollo activa –y algunos lo formulan brillantemente- no postulan lo mismo que los que tienen un pensamiento económico liberal o bien intereses en alguna gran empresa.

¿El país debe mantener una seguridad social de mercado, que no garantiza niveles básicos de estabilidad y bienestar a la mayoría, o bien construir a paso firme un orden económico-social como el de la Alemania de Merkel, con negociación colectiva por rama, sindicatos fuertes, sistema de reparto en las pensiones y seguros de salud solidarios, construido por Konrad Adenauer cuando Alemania tenía un PIB por habitante bastante inferior al de 24 mil dólares por habitante anual promedio del Chile de hoy? Las respuestas en la DC son nuevamente muy heterogéneas. Y así sucesivamente en múltiples asuntos públicos.

Y si de identidad se trata, en la DC y la llamada centroizquierda pocos parecen acordarse de la reforma agraria, de la sindicalización campesina, de la mayor protección ante el despido, de la expansión acelerada de la escuela pública, del impuesto al patrimonio y de la chilenización del cobre de Frei Montalva, todas causas progresistas que parecen sulfurosas a los ojos de los hoy conservadores que antes las abrazaron o criticaron por tímidas. Así evolucionan para algunos las identidades.

Visto desde fuera, no parece ser un dilema pertinente para la DC una “vuelta al centro” como alternativa a un supuesto destino de subordinación a la izquierda gubernamental. Esta está, por lo demás, bastante dividida, es en promedio más que moderada y está mucho más a la derecha que, por ejemplo, Bernie Sanders en Estados Unidos (lo que nos llevó a algunos, dicho sea de paso, a romper con ella por su renuncia a promover el cambio social y sus relaciones inaceptables con la gran empresa). El dilema efectivo para la DC, y para el resto de las fuerzas políticas del centro y la izquierda -lo que determinará alejamientos y/o acercamientos futuros- es ponerse o no en el centro de los problemas que aquejan a la mayoría social. Y hacer en consecuencia en profundidad las reformas indispensables o bien permanecer al servicio de los intereses creados al amparo de una dictadura que abrió la puerta al abuso empresarial y a la restauración de las oligarquías tradicionales. Pero que fueron cautelados más tarde al amparo de la mantención indebida de un modelo liberal-rentista con rasgos de progreso social, que en un libro ya antiguo llamé modelo híbrido, y que permitió por un  tiempo crecer pero que dio curso a la postre –por la derrota de los que postulábamos un cambio de estructuras- a la concentración aguda del capital, la expansión progresiva de un capitalismo subsidiado en los servicios sociales y una depredación generalizada del entorno natural.

Que este dilema –vuelta a un centro imaginario y en realidad a una alianza con fuerzas de derecha o bien ponerse en el centro de los problemas de la mayoría- se resuelva en una primaria o en una primera vuelta presidencial, parece ser un tema secundario. Lo importante es la clarificación política y programática para volver a acercar a la ciudadanía común a un sistema político democrático basado en la deliberación sobre problemas y soluciones y no en el cálculo de alianzas por conveniencia.  A ello deberá además ayudar una diversificación de la oferta política con las nuevas alternativas emergentes, que están llamadas a acelerar su tranco y mostrar sus propuestas programáticas.

Entrevista en El Desconcierto

Gonzalo Martner: “El principal éxito de mi generación es que a la generación del Frente Amplio no le interese la transición”

El director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la U. de Santiago conversó con El Desconcierto para hacer un diagnóstico del momento actual de la política en Chile, reivindicando las batallas que dio en los años de la Concertación y criticando constructivamente al Frente Amplio. Además, habló de su rol como académico en la formación de funcionarios del Estado.

Por Sebastián Flores@mechtac

La hora de almuerzo se alarga un poco más de lo normal. Es un miércoles del primer semestre en la Usach y mientras los alumnos dejan el casino para iniciar el primer bloque de la tarde, hay una mesa que se transforma en sobremesa. En ella hay tres personas y se debate sobre la situación política en Ecuador tras el triunfo de Lenín Moreno. El postre hace rato se acabó, pero la conversación opera como un plato más.

Cuando Gonzalo Martner Fanta (60) habla de los temas que le interesan pierde un poco la noción del tiempo. O no la pierde, pero la disfruta. Mientras El Desconcierto lo espera en su oficina para iniciar una entrevista, el histórico ex militante del Partido Socialista analiza la contingencia a través de los ojos de un hombre de mil batallas, de alguien que fue militante del MIR en la Unidad Popular, que se fue al exilio y volvió en los ’80 para recuperar la democracia, que participó de la renovación socialista junto a Ricardo Lagos y que fue parte de la fundación del PPD.

Martner entra a su oficina y se excusa por la demora, pero no hay problema. Ahí comenta a la pasada que estaba con un amigo chileno que trabajó en el gobierno de Rafael Correa y que tenían harto que ponerse al día. Él también ha vivido cambios en los últimos años. Hace menos de un año renunció al Partido Socialista y fundó el partido País junto al ex MAS Alejandro Navarro. Quiso formar parte del Frente Amplio, pero diferencias con la forma en que actuaba lo llevaron a suspender su participación a comienzos del 2017.

Por eso, en lo que va de este año, su contribución ha sido desde el análisis político en columnas de opinión y en su trabajo en la academia. “Quienes no estamos ya para cumplir roles de primer plano, eventualmente podemos contribuir con la reflexión y con algo de la experiencia acumulada para formar gente”, asegura desde el despacho en el cual dirige el Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la U. de Santiago.

En media hora de conversación, Gonzalo Martner hizo un exhaustivo análisis del panorama político chileno: del Frente Amplio a Sebastián Piñera, de las reformas de Bachelet al legado de la Concertación. Además, reivindicó su rol desde la academia y habló de la necesidad de recuperar el aparato público de las lógicas empresariales en que funciona su gestión y administración.

El gobierno de Bachelet

“El gobierno de Bachelet en una serie de aspectos ha sido exitoso, pero políticamente ha sido un fracaso. No soy un crítico sistemático de Bachelet, pero convengamos que su proyecto de constatar la desigualdad como el principal problema de Chile es un fracaso. Para poder avanzar en el fortalecimiento democrático chileno se necesitaba reformas que ella misma llamó estructurales y que terminaron siendo reformas de muy bajo calado. Sin embargo, la idea es no transformar eso en un fracaso de las reformas, que es lo que la derecha intenta, porque si se produce este fracaso de la idea de reforma, o más grave aún de la idea de transformación de la sociedad para hacerla más democrática, mucho menos desigual y mucho mas sustentable. Esa triada, por el fracaso del gobierno, puede quedar en manos de una derecha que está extremadamente golpeada, y lo que es peor, deslegitimada”.

El éxito de Piñera

“A Piñera le va bien porque a Bachelet le ha ido mal. Piñera no hace más que presentarse ante los chilenos con eso de ‘mire, si todo el mundo sabe que soy una persona que anda un poquito a las patás con la ley, que soy un acumulador sin mayores escrúpulos, pero gestionó bien y todo el mundo sabe a que atenerse conmigo’. Si la sociedad chilena vuelve a comprar ese discurso quiere decir que estamos en una crisis no sólo de participación, sino también de disgregación de la política a través de la constatación de los actos de corrupción generalizada, los cuales a la derecha y a la población que vota por ella les da lo mismo, porque se entiende y naturaliza que la derecha es así, que el mundo del poder y del dinero es el mundo donde no hay escrúpulos a la hora no solo de contratar trabajadores y respetar sus derechos, sino que también a la hora de hacer negocios. Un triunfo de Piñera sería una derrota moral de toda la sociedad chilena”.

La medida de la Concertación

“La Concertación siempre fue una coalición con luchas en su interior, ya que fue -ni más ni menos- que la confluencia con el centro político que fue partidario del golpe de Estado. Porque dejémonos de tonteras, la Democracia Cristiana, con honrosas excepciones -nueve personas, exactamente- estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. Y sin embargo nosotros tomamos la decisión de pactar con ellos. A esa coalición se sumó, en la última etapa como Nueva Mayoría, el propio Partido Comunista. Entonces esta gran coalición fue evidentemente heterogénea, no sólo por intereses de corto plazo distintos o representaciones historicas distintas, sino que ademas porque son proyectos distintos”.

“A mí lo que me causa un poco de extrañeza es la falta de capacidad de análisis, porque la idea de que la Concertación es un conjunto de gente corrupta dirigida por Enrique Correa, y en su momento por Edgardo Boeninger, es una idea equivocada. La Concertación era una coalición muy amplia, con fuerzas políticas muy distintas y con luchas en su interior. Y como en toda dinámica política, hay quienes ganan y quienes pierden. Por eso yo trato de tomarlo con filosofía, fíjate que la revolución francesa, al cabo de muy poco tiempo, se revirtió fuertemente con figuras tan poco modernas como Napoleón, que citó al Papa y delante de él se puso una corona. Ese acto no era exactamente propio de los principios de la Revolución Francesa. Para que la revolución Francesa fructificara tuvieron que pasar muchas décadas”.

“Las luchas que mi generación dio terminaron en tragedia para muchos. Hay otros que nos tocó -porque las cosas tocan, no las escoge uno- reconstruir la democracia para que nuestros amigos no siguieran siendo masacrados. Y en ese proceso logramos reconstruir en Chile un clima de libertades públicas que no está en cuestión. Hoy, como nunca en la historia de Chile, y con todas las críticas que se quiera, hay una subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Desafío a cualquier historiador a que me diga lo contrario”.

La derrota de una generación

“Muchos de nosotros, por nuestra trayectoria, somos juzgados como ‘¿y ustedes que vienen ahora a querer plantear una tercera alternativa política si fueron parte de la segunda?’. Y está bien, me parece un argumento respetable, sólo que tiene una pequeña contradicción, y es que las cosas no salen de la nada. Pero como se sabe, la historia la escriben los vencedores. Los que dimos estas peleas en otros tiempos perdimos, en el contexto de la Concertación y la Nueva Mayoría, la pelea por la democratización integral del país, la disminución de las desigualdades y el cambio por un modelo de desarrollo sustentable y diversificado. Por tanto, es como que no existimos. O peor aún, como que siempre estuvimos de acuerdo con los otros cuando siempre estuvimos en desacuerdo y peleando con ellos. Yo esto me lo tomo con la mayor filosofía posible, aunque reconozco que de repente es irritante que personas que vienen recién llegando a las luchas sociales y políticas se pongan a dar lecciones a quienes hemos dado luchas un poquito más fuertes y que, en el caso de muchos de nuestros amigos, les significó dar la vida”.

La infancia del Frente Amplio

“De todas formas, yo creo necesaria la conformación de una tercera alternativa política. Yo creo que esta nueva generación tiene un rol gigantesco, porque reestableció las cosas en base cero a partir del 2006 y el 2011. A mí me parece estupendo y genial que se diga ‘mire, estos asuntos de la transición son cosas antiguas, no nos interesan’. Para mí eso es espectacular, para mí ese el principal éxito político de nuestra generación: que a esta generación no le interese la transición. ¡Pero si de eso se trataba! De volver a poner la sociedad chilena en condiciones de autoinstituirse y volver a recuperar su soberanía. Esa soberanía todavía no se expresa plenamente en las instituciones o en la economía, pero en la vida social, en el debate o en la cultura el avance social es muy grande. Entonces esta nueva generación tiene que tener el protagonismo, funcionar en base cero y generar una nueva oferta a la sociedad que no tenga que ver con estas cosas que se naturalizaron”.

“Yo encuentro fantástico que gente como Alberto Mayol o Beatriz Sánchez estén dispuestos a participar ahora en la construcción de una alternativa, porque esto no se trata solo de la figura del tribuno parlamentario. ¿Por qué dejarle a Piñera y a alguien de la Nueva Mayoría el debate sobre el futuro de Chile? Lo digo porque en el Frente Amplio, hasta hace un mes, había gente que sostenía que no había que tener candidaturas presidenciales. Absurdo. Una fuerza política está para disputar -y duramente- el poder en todas partes. Pero para construir una bancada se necesitan posiciones y proyectos. Y hasta ahora no hay ni lo uno ni lo otro”.

“El que gobierna tiene que decir, pero sobre todo hacer y ser creíble en el hacer. Y es evidente que todavía no es posible pedirle al Frente Amplio que lo haga, tiene que tener primero una serie de experiencias. Por eso yo valoré tanto el proceso y el resultado de la eleccion de Jorge Sharp en Valparaíso, porque esa gente que se juntó y determinó su liderazgo a través de una primaria con un proyecto sobre la ciudad. Y fíjate que ese proyecto no es que movilizara a los que no votaban nunca, sino que movilizó a los que votaban. ¿Por qué Sharp ganó? Porque utilizó un método democrático de selección de candidato a alcalde, porque debatió con la sociedad civil y porque a su alrededor construyó una credibilidad personal como líder joven. Y esto hay que hacerlo en todo el país. Yo creo que la fórmula del frente Amplio no tiene 50 discusiones, es más simple: hay que hacer lo mismo que en Valparaíso”.

La tarea del intelectual de izquierda

“El intelectual hoy tiene una primera tarea que es la de producir conocimiento, juicios de hecho de lo que pasa y al mismo tiempo juicios de valor. Es decir, la idea de que el mundo tiene que ser transformado, no solo observado. Para poder transformar el mundo hay que saber en qué consiste. En esa dialéctica, se mueve el trabajo intelectual y académico. En el Chile de hoy, con universidades públicas tremendamente reducidas y con un inmenso sector privado donde hay personas que se definen como intelectuales de mercado -es decir, que elaboran ideas de acuerdo a quien les pague-, hay una labor todavía de recuperación de los espacios institucionales, que significa que las universidades públicas cumplan su rol de ser el espacio natural de la reflexión o de la libertad de cátedra”.

“En Chile hay todavía una discusión que es del siglo XIX. Hay quienes tienen la pretensión de recibir dinero de todos los chilenos para excluir, justamente, a una parte de los chilenos. En la Universidad Católica no hay libertad de cátedra, de pensamiento ni de investigación, no se puede investigar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y en la Escuela de Derecho tienen prohibido llevar trámites de divorcio. La izquierda todavía tiene un debate decimonónico sobre el laicismo que realizar. Desgraciadamente, hay muy pocos que están dispuestos a hacerlo, entre otras cosas también porque muchas veces tienen intereses en unos y otros órganos de este tipo. Por eso, las únicas universidades que aseguran la libertad de pensamiento, incluyendo el pensamiento de derecha y conservador, son las públicas. Es ahí donde se permite que unas y otras expresiones, de manera pluralista, tengan cabida. Esa es una tarea del mundo intelectual de izquierda: defender el laicismo, defender la institución universitaria pública”.

Gerencia y Políticas Públicas

“Yo dirijo un magíster así llamado Gerencia y Políticas Públicas. Creo que tiene que haber suficientes personas que no vayan al Estado a ganar dinero. Al Estado se va a hacer un servicio público, se va a tener una vocación de desarrollar su personalidad, sus esfuerzos, su vida en común y parte de su vida personal en la construcción de una comunidad más vivible, de una sociedad en la cual se pueda vivir mejor. Esa vocación todavía existe en Chile y hay gente que prefiere abandonar la idea de tener dinero como fin en la vida y, por el contrario, les motiva mucho más esta dimensión de ser parte de una comunidad y de servir. pero esto no se improvisa, no solo hay que tener las ganas, hay que tener también las capacidades”.

Alumnos / Gente competente

“Quienes no estamos ya para cumplir roles de primer plano, eventualmente podemos contribuir con la reflexión y con algo de la experiencia acumulada para formar gente. Creo que esa es la tarea que a uno lo motiva para seguir en este esfuerzo que, como digo, es un poco como arar en el mar, es formar gente y decirle ‘estudie, debata, genere un espíritu crítico, amplíe sus fronteras de conocimiento’ cuando no podemos saber hasta donde va a poder llegar, porque si no tiene tal o cual nexo político, una persona mucho menos competente y que ha hecho menos esfuerzos que usted sea el que ocupe una función que usted debiera ocupar. Es un poco duro, pero bueno, uno nunca debe renunciar a lo que uno cree”.

“Yo converso mucho con los participantes de nuestros cursos y es bien dramático, porque la mayoría de las veces ellos tienen la percepción de que formarse, desarrollar capacidades y competencias no se traduce necesariamente en tener opciones de desarrollo profesional, porque eso está limitado por la hiperpolitización y el clientelismo del aparato estatal. Acá hay mucho que hacer para formar gente que pueda llevar a cabo esas ideas, debe haber un cambio institucional: abajo de quienes son responsables políticos tiene que haber gente profesional. Debe haber plantas públicas inamovibles. Por supuesto, con reglas de ingreso, de ascenso y de salida, por tanto dinámicas, pero que estén protegidas de la persecución política, porque eso es lo que asegura la continuidad técnica y profesional de los órganos públicos. No porque la política pública deba ser aséptica, porque no es así, pero hay esferas: está la esfera de la responsabilidad política y está la esfera de la ejecución. Y esta última tiene que hacerse con gente competente”.

La renuncia de Ricardo Lagos

En Voces La Tercera

Como una persona que no pertenece ya al Partido Socialista ni a la Nueva Mayoría, no me corresponde opinar sobre las decisiones a propósito de la frustrada candidatura a la presidencia de Ricardo Lagos, candidatura que en todo caso no apoyé porque me pareció que no correspondía a los tiempos.

Como ex compañero y colaborador suyo desde 1980, aunque nunca incondicional, me parece en cambio necesario resaltar elementos de su personalidad y de su trayectoria que algunos livianamente han puesto en tela de juicio. Contrariamente a una percepción difundida, Lagos construyó un liderazgo basado no en el autoritarismo sino en la energía de las convicciones y en el diálogo, y desde luego con personas que no piensan como él. Puedo testimoniar que durante su trayectoria en la lucha contra la dictadura, en la transición y en su gobierno, se podía discutir y discrepar abierta y claramente con él en un espíritu de libertad y de intercambio leal, lo que no es fácil con nadie en un país como el nuestro con un sustrato cultural autoritario y de sumisión tan extendido. Está claro que es una persona de opiniones constituidas y fuertes, pero siempre dispuesto a someterlas al intercambio y a la modificación racional.

En su gobierno, Lagos destinó una enorme cantidad de horas a discutir con sus colaboradores de todos los niveles, buscando expresamente la diversidad de opiniones para sopesarlas y evaluarlas, lo que como coordinador interministerial y subsecretario de la presidencia y luego como presidente de un partido de gobierno me tocó apreciar cercanamente. Ninguna reforma de política pública y ningún proyecto de presupuesto dejó de tener su impronta área por área, convenciendo y dejándose convencer. Pero, además, Lagos siempre tuvo una ventaja sobre sus colaboradores, además de su capacidad e inteligencia: se autoimpuso la disciplina de salir todos los días de La Moneda a actividades variadas en las que pudiera apreciar la realidad de la percepción de la gestión de gobierno y el pulso de la opinión en la calle.

Hay además una apreciación muy injusta sobre el sello de su gobierno. Que un adulador de los que nunca faltan haya dicho al terminar su período que los empresarios lo amaban, no quita la actitud de desconfianza y controversia que el empresariado predominantemente mantuvo durante su gobierno. Basta recordar su duro intercambio epistolar con Agustín Edwards y leer la prensa pro empresarial de la época para constatarlo, empezando por su primera ley, la del seguro de cesantía, siguiendo con los cambios tributarios, de salud, educacionales y laborales que impulsó, incluyendo la política fiscal contracíclica que hoy nadie discute. Por si alguien no lo recuerda, le recomiendo revisar las declaraciones de los gremios empresariales a propósito del royalty minero, o de las Isapres cuando su reforma a la Salud y el Plan Auge. No debe olvidarse por un segundo que Lagos no disponía de mayoría parlamentaria y que casi todas sus iniciativas económico-sociales progresistas fueron cercenadas por el veto parlamentario de la derecha. Hoy es muy fácil pontificar, pero gobernar con sentido progresista, después de una dictadura militar y de dos gobiernos democratacristianos, en medio de una crisis económica, con alto desempleo y sin mayoría parlamentaria, no es un asunto de niños.

En materia política, bajo su gobierno se suprimió la pena de muerte, los tribunales pudieron someter a juicio y condenar a muchos violadores a los derechos humanos, y a Pinochet hasta que los jueces lo declararon demente, mientras se mantuvo independencia de Estados Unidos en el tema de la invasión a Irak, y así un largo etcétera. Pero, sobre todo, se crearon las condiciones para la plena subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, consagrada en las reformas de 2005. Desde entonces, Chile ha vivido uno de los más prolongados períodos de su historia independiente sin intervención militar en política y con altos oficiales de las fuerzas armadas condenados por los tribunales a largas penas por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos. Son muy pocos los que pueden mostrar un récord semejante en esta materia. Se trata de un “intangible” que la historia le debe a Ricardo Lagos.

Lagos cometió errores, desde luego. Como darle a las importantes transformaciones de la constitución en 2005 una trascendencia que no tienen, como concebir y firmar contratos para una transformación del transporte público mal preparada, buscar el acceso de más jóvenes de bajos ingresos a la educación superior mediante un caro endeudamiento y, recientemente, mantener un lenguaje de prudencia centrista y diagnosticar una gran crisis que no existe, y otro largo etcétera.

Así son los hechos en tiempos difíciles y los personajes que los simbolizan no pueden desprenderse de las circunstancias complejas y contradictorias que tuvieron que enfrentar. Y sobre todo hay tiempos para personalidades fuertes, como Lagos, cuando son muy grandes las dificultades para avanzar en cambios de estructura e incluso para no retroceder en materia de conquistas sociales, dado el inmenso poder que recuperaron las oligarquías tradicionales en Chile. Por ello no era tan fácil que quien fuera protagonista de tiempos duros y se expresa con cierta distancia pudiera ser igualmente valorado hoy, en tiempos de empatía y de demanda de horizontalidad, al menos en el espacio del progresismo y en los jóvenes.

Aunque suene a frase consagrada, el balance, sin perjuicio del aporte que Lagos está llamado a seguir haciendo al país desde distintos ángulos, debe entregarse al juicio de la historia.