Cosas gratuitas y otras que debieran serlo

En la sociedad chilena se desarrolla, en buena hora, una controversia fundamental sobre el futuro de la educación. El presidente Piñera dio un notable paso en falso al presentar un “Gran Acuerdo Nacional” cuya característica principal es que es… el acuerdo de nadie más que él. Se olvida el presidente que los acuerdos, grandes o pequeños, son entre distintos actores y no la voluntad unilateral  y la imposición del que posee poder. La sigla con que lo denominó fue la de “GANE”, connotando lingüísticamente una particular concepción al sugerir que la educación sería un asunto en el que se compite u obtiene beneficios. Y frente a la reivindicación de más gratuidad, el presidente responde: “al fin y al cabo nada es gratis en esta vida”. ¿Nada? Como si todo lo que acerca a los seres humanos a sí mismos y a los demás (la introspección, el encuentro, lo sagrado, el amor, la amistad, la vida de familia, la buena vecindad, el compañerismo, la generosidad, el regalo, la reciprocidad) no fueran espacios y conductas de gratuidad por excelencia. Como también la aspiración al goce de la naturaleza y al acceso al conocimiento y a la cultura, en este caso como gratuidades socialmente construidas. Y financiadas con una tributación justa, compatible con la dinámica económica, para que el acceso no esté determinado por la capacidad inmediata de pago. Como diría el poeta Antonio Machado, “es de necios confundir valor y precio”. Los que actualmente nos gobiernan, y algunos que gobernaron antes, debieran reconocer que la mercantilización generalizada de la vida humana como valor positivo es tal vez su concepción, que han logrado imponer desde hace décadas, pero no la de toda la sociedad. Ni la de los jóvenes movilizados.

 El movimiento estudiantil ha insistido justamente en que su reivindicación es el fin del lucro –es decir de la distribución de utilidades a los dueños de establecimientos privados-  en la educación escolar, técnico-profesional y universitaria. Y la recuperación o extensión de la gratuidad en el acceso a ella, financiada, por ejemplo, por los recursos que provee el cobre y hoy son sacados de Chile por unas pocas empresas transnacionales mineras que se adueñaron, porque así se lo hemos permitido, de un recurso nacional. Pero el gobierno se resiste a dar curso a esa discusión. Hace suya una antigua visión liberal que, como sabemos, postula que la persecución del propio interés sería la conducta humana básica, y que además la promoción del afán de lucro sería la mejor manera de organizar la economía y la vida en sociedad, a través de las múltiples interacciones de la “mano invisible” del mercado, incluyendo la educación. Esta visión es la que estuvo detrás de las reformas de los años ochenta (y noventa, cuando el senador Piñera condicionó la continuidad de la reforma tributaria a la introducción del financiamiento compartido en las escuelas subvencionadas) y ha inspirado la férrea y hasta ahora eficaz resistencia de los conservadores a permitir cambios en el sistema educativo para restringir los negocios -propios y ajenos- en el área. 

Hay buenos argumentos para sostener que la visión individualista negativa y competitiva, según la cual cada ser humano solo persigue su propio interés, no se apega a la conducta humana realmente existente, además de ser éticamente reprochable (al desvalorizar el interés general) y económicamente ineficiente (al desaprovechar la cooperación sinérgica de todos los talentos). Qué sería de nuestras vidas sin el altruismo que otros, cercanos o lejanos, nos regalan cotidianamente (recientemente estudiado en los niños con resultados sorprendentes a partir del primer año de vida). Qué sería de la libertad moderna sin el individualismo positivo de los sujetos que producen su propia biografía, expresan legítimamente su yo, y desarrollan su autonomía y el “arte de la vida”, en la expresión de Ulrich Beck, pero ajenos a compulsiones competitivas y situados en el contexto, como subraya Edgar Morin, del nosotros de la vida familiar y social y de la responsabilidad con la pertenencia al género humano. Desde la experimentación reciente en las ciencias cognitivas (Michael Tomasello, ¿Por qué cooperamos?, 2010) se nos informa que “los Homo sapiens están adaptados para actuar y pensar cooperativamente en grupos culturales hasta un grado desconocido en otras especies”, que “enseñar es una forma de altruismo, mediante la cual ciertos individuos donan información” y que “las hazañas cognitivas más formidables de nuestra especie, sin excepción, no son producto de individuos que obraron solos sino de individuos que interactuaban entre sí, y lo dicho vale para las tecnologías complejas, los símbolos lingüísticos y matemáticos y las más complicadas instituciones sociales”. Interesantes noticias para la moderna economía del conocimiento, que no por casualidad cada vez valora más la cooperación en red. Y para la educación: hay efectivamente algo que va contra lo propio de lo humano cuando esta actividad se entrega al afán de lucro, a los precios, al individualismo posesivo, cuando en realidad se trata de una tarea que trasciende a todo mercado: la de formar “ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos” (Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, 2010). 

¿No será ésta una buena explicación para el hecho que entre las 100 primeras universidades en el mundo prácticamente no hay entidades con fines de lucro?¿No será este el correcto modelo educativo a adoptar: el reforzamiento presupuestario de las escuelas, institutos técnicos y universidades públicas a cambio de planes de desarrollo de sus funciones docentes y de investigación, en su caso, y con control periódico riguroso y transparente de sus resultados, junto a entidades privadas sin fines de lucro de alta calidad? 

Se dice que esto es irrealista. Es cierto, hoy existe una realidad creada: la de muchas escuelas y decenas de instituciones de formación técnica con fines de lucro y sus alumnos, frecuentemente de bajos ingresos, con magros resultados. Y universidades que incumplen la ley, y lucran. Pero esta realidad se puede transformar (como se mencionó en una columna anterior) haciendo efectivo el fin de las universidades comerciales o de sus mecanismos de extracción de utilidades y desarrollando en el resto del sistema establecimientos que operen sin recibir subsidios presupuestarios o tributarios. O que se reconviertan a entidades prestadoras del servicio público educativo, terminando con el derroche del subsidio artificial de utilidades privadas y canalizándolo hacia el apoyo a los estudiantes. Los del sector de instituciones de formación técnica sin fines de lucro debieran recibir sistemáticamente becas completas, estimulando las opciones atractivas y que son valoradas por las familias, alternativamente al ingreso a universidades bajo mínimos de calidad, caras, con alta deserción acompañada de mochila de deuda y con empleabilidad futura dudosa. 

Un camino posible a recorrer para salir del conflicto que se eterniza es, tal vez, el de consagrar a la brevedad los principios de restricción al lucro en una reforma constitucional que sea la culminación positiva de la actual etapa del movimiento (evitando la pérdida del semestre o del año escolar) y programar un debate a corto plazo sobre los cambios legales a realizar con fechas precisas, con vigilancia activa de los actores sociales antes, durante y después de la aprobación parlamentaria, lo que no es incompatible con asistir a clases o… volver a suspenderlas si los acuerdos no se cumplen. Si el gobierno se opone a legislar sobre un plebiscito para la educación, que al menos no se oponga a que se pronuncie el parlamento en materias de ley, poniéndose a disposición –ya que no parece dispuesto hasta aquí a participar en ellos en su defensa cerrada de la educación mercantil- de los consensos que emanen del diálogo razonado entre estudiantes, profesores y representantes parlamentarios.

 Se trata de salir del actual callejón sin salida en base a respetar lo que la sociedad piensa (en la calle y en las encuestas, que son inequívocas en el apoyo al fin del lucro en la educación) y probablemente también una mayoría de sus representantes parlamentarios: la educación debe ser el espacio social de la construcción de la vida en común y de la igualación de oportunidades, y no el de la segmentación social y la consagración de las desigualdades y la discriminación por dinero. No hay razones para no hacer una gran reforma que respete la voluntad de los ciudadanos.

Para terminar, otra cita, esta vez del economista François Perroux (no todos los economistas son unipolares o discípulos de Von Hayek): “Cuando el alto funcionario, el soldado, el magistrado, el sacerdote, el artista, el científico son dominados por el... espíritu de lucro y de búsqueda del mayor lucro, la sociedad se derrumba y toda forma de economía es amenazada. Los bienes más preciados y más nobles en la vida de los hombres, el honor, la alegría, el afecto, el respeto por el otro, no deben venir sobre ningún mercado; sin lo cual, cualquier grupo social vacila sobre sus bases”. 

El dilema de Piñera

La sociedad chilena arrastra un problema político que aún no encuentra salida: la obsolescencia de un arreglo institucional cada vez más ilegítimo. Este se hizo en base a una situación inicial de poder ilimitado del que dispuso un grupo social y político privilegiado, que además no cree en la democracia, o está dispuesto a adaptarse a ella solo en tanto sea fuertemente limitada la soberanía popular. Para lograr ese propósito, levantó, al amparo de una prolongada dictadura y una vez que no logró mantenerla indefinidamente, un muro de instituciones que impiden el ejercicio democrático. Fue el grupo minoritario que defendió a los senadores designados hasta que no pudo conservarlos por ser demasiado grotescos para los valores democráticos básicos. Es el grupo de poder que logra aún mantener sistemas electorales y quorum de leyes que impiden que funcione el principio de mayoría. Todo esto simplemente no es democrático y ha resultado un muro muy difícil de derribar, especialmente cuando una parte de la fuerza del cambio de los años ochenta se adaptó a la situación, morigerando el propósito inicial de democracia y equidad y en algunos casos haciendo de necesidad virtud y sumándose al esquema conservador.

El hecho es que sigue ahí el poder de la derecha agraria tradicional y su cultura autoritaria de la hacienda, complementado por el que acumuló con éxito un grupo integrista-religioso que se ha sentido llamado a dominar la escena política con todas las artes disponibles, incluyendo las peores, desde que se conformó como "movimiento gremialista". Y que ha tenido éxito por muchos años en condicionar la dificultosa reinstalación en Chile de una democracia moderna y progresista, que parece ser en definitiva la que prefieren los ciudadanos, desgastando gravemente a los partidos democráticos en su empeño por avanzar a una normalización institucional, al punto de lograr desplazarlos del gobierno. Salvo que una parte cada vez mayor de los chilenos, y en todo caso sus jóvenes, ya no está más dispuesta a tolerar un arreglo político arcaico, construido para mantener privilegios inaceptables, y se pronuncia en la calle con fuerza resonante en su contra, dándonos una lección a los que quisimos, pero no pudimos mantener la energía que el cambio democrático y social necesitaba.

El presidente Piñera en esta crisis política de 2011 tenía la oportunidad de demostrar las convicciones democráticas que dice tener, y de paso tal vez recuperar algo de la popularidad que le ha sido esquiva. Pero optó por desplegar el reflejo autoritario y violento de la derecha de siempre. En efecto, se vulnera "el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas" establecido por la constitución que nos rige, cuando el ministro Hinzpeter declara que "nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, porque el tiempo las marchas se acabó". En las democracias, el tiempo de las marchas lo determinan los que quieren marchar, no el ministro del Interior, que se ha ganado el legítimo repudio de una generación completa de jóvenes que entienden que o se movilizan o nada cambiará en Chile. Y que deberá probablemente enfrentar una acusación constitucional en el parlamento por reprimir el derecho a manifestarse en vez de contener eficazmente al lumpen, como es su deber. Dicho sea de la paso, la respuesta ignara e inaceptable del señor Gajardo ("los métodos que hoy se ha aplicado hacia el movimiento por la educación pública, nos recuerdan a los métodos sionistas del apartheid"), solo merece un rechazo tajante, primero por confundir torpemente las cosas y sobre todo porque con el antisemitismo, después de las tragedias del siglo XX, no se juega. Y los mismos principios que nos llevan a condenarlo y a defender el derecho de Israel a existir, nos llevan a repudiar la violación de los derechos del pueblo palestino. En la izquierda, los tiempos del estalinismo y su paranoia contra los judíos no deben ser revividos por motivo alguno. La nuestra debe ser en toda circunstancia una sociedad tolerante hacia todos los cultos.

Pero los reflejos violentos de la derecha no quedaron ahí: su representante más arcaico, al punto que resulta con frecuencia risible, el señor Carlos Larraín, ha emitido una joya de declaración el sábado 6 de agosto: " no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento, que no supimos ganar". Y por si esto pudiera adjudicarse a la pasión política del tribuno, el intelectual oficial de la derecha, director del Instituto Libertad y Desarrollo, otro señor Larraín (Luis, en este caso) nos regala en una columna el mismo día con un "el gobierno no debe tirarle más carne a las fieras, porque estas serán insaciables" refiriéndose a los manifestantes. Se expresa una vez más la intolerancia y la descalificación de una derecha chilena que no dudó en el pasado en promover la destrucción de la democracia y las peores violencias y aberraciones y hoy sigue sin hacerse merecedora del calificativo de civilizada.

Frente a esta declinación autoritaria de la nueva manera de gobernar, el presidente siempre puede optar por otro camino: el de las reglas democráticas y el principio de mayoría, que quiere un cambio profundo de la educación. Nos encantaría que así fuera. Pero por el momento no queda más que la continuidad de la movilización de los que quieren que la sociedad chilena siga avanzando hacia un nuevo orden institucional que promueva los derechos propios de las sociedades democráticas modernas. La pregunta que el escritor israelí David Grossman aplica hoy a su sociedad ("¿porqué nos acostumbramos a la rapiña de las privatizaciones, que provocó la pérdida de la solidaridad, la responsabilidad, la ayuda mutua, el sentimiento de pertenecer a una misma nación?"))parece estar encontrando una respuesta en el mejor Chile, en aquel que no se había acostumbrado. 

¿Un conflicto sin fin?

El conflicto educacional sigue sin resolverse al cabo de más de dos meses. No parece haber acuerdo entre los actores del sistema sobre los problemas a enfrentar y, por tanto, tampoco sobre sus soluciones. Y no parece haber un diálogo real que permita llegar a acuerdo. Tal vez sea útil reseñar los temas en debate.

En materia de educación preescolar, sobre la que los actores sociales organizados insisten poco pues se sitúan en otros niveles educativos, está diagnosticado que su importancia es esencial para la estimulación temprana del niño y el desarrollo posterior de las personas, empezando por sus capacidades cognitivas y de aprendizaje. La cobertura es todavía baja, especialmente en las familias pobres, a pesar del esfuerzo de los últimos gobiernos y del programa Chile Crece Contigo de la presidenta Bachelet. Se requiere todavía un gasto adicional que, según Mario Waissbluth,  es del orden de 600 millones de dólares en inversión y 450 millones anuales de funcionamiento para alcanzar niveles aceptables de  cobertura. Esta reforma tendría además efectos muy positivos para la inserción de la mujer en el trabajo y para la distribución del ingreso. El gobierno no dice nada muy concreto al respecto. No hay que dejar este tema crucial en el olvido.

En materia de educación escolar, el gobierno propone diversas cosas salvo la esencial: disminuir la fragmentación del sistema escolar, para ayudar a disminuir la fragmentación de la sociedad y la ausencia severa de igualdad de oportunidades en Chile. Hoy el rendimiento está estrictamente relacionado con los ingresos de los padres y las escuelas no hacen la diferencia frente a esta ley de hierro. Esto se consolidaría en la propuesta del gobierno con un quinto sector, además del particular pagado, del subvencionado con financiamiento compartido, del subvencionado sin financiamiento compartido y del municipal, es decir un nuevo segmento que podríamos llamar de "educación desmunicipalizada por fracaso". Allí entrarían algunos liceos municipales con los alumnos con peores resultados, aumentando la lógica de ghetto y marginalidad e impidiendo cualquier mixtura social, que es la base para empezar a mejorar el sistema. Luego el gobierno nos explica que los que tendrían la tarea de ofrecer educación a los niños y jóvenes con más dificultades serían unos organismos públicos que dependerían no se sabe de quién: esto es un nuevo fracaso garantizado, mientras las escuelas subvencionadas lucrativas seguirían siendo muy lucrativas mediante transferencias sin control de recursos fiscales y seleccionarían, como lo hacen hoy burlando la ley, a alumnos más aventajados que los municipales y neopúblicos, consolidando mejores resultados sin hacerse cargo del avance educativo de los que más lo necesitan, terminando de desprestigiar a la educación pública. En ella estarían confinados los niños más pobres y con más desventajas relacionales, con el resultado de aumentar esas desventajas y la desigualdad social profunda que lacera a Chile. 

¿Por qué no tomar el toro por las astas y reformar en serio? Esto quiere decir en primer lugar que el sector particular pagado, sujeto al estricto cumplimiento programático y normativo del Ministerio de Educación, evolucione en el futuro sin subsidio público alguno, eliminando todas las exenciones tributarias que hoy lo benefician, que resultan carísimas para el Estado y que contribuyen a dejar al resto de los chilenos con subsidios educativos muy bajos. En segundo lugar, reformar en serio supone que las municipalidades transfieran a corporaciones educativas públicas regionales sus establecimientos escolares, que deben ser financiados según una dotación basal de equipamiento y otra variable de funcionamiento, terminando con la subvención por asistencia, que no hace sino castigar a las escuelas y liceos con alumnos con problemas. La corporación regional debiera mantener una planta de directivos escolares y profesores habilitados por el Estado (con estrictas pruebas obligatorias, anónimas y periódicas de habilitación, pues sin profesores que cumplan estándares adecuados no hay mejoramiento posible de la educación pública) y una proporción de profesores en práctica de acuerdo a las necesidades de los establecimientos. La contratación, promoción y remoción de docentes en base a evaluación debe ser responsabilidad de directivos escolares capaces de gestionar proyectos educativos de establecimiento, los que a su vez deben ser nombrados y evaluados por la corporación regional de educación pública, sujetas a la evaluación del gobierno regional y nacional y a las normas del Ministerio de Educación.

La educación escolar privada subvencionada por recursos públicos, debiera ser declarada definitivamente sin fines de lucro, pues nadie ha podido demostrar que algo bueno pueda emanar de la educación concebida como negocio, y en todo caso no resiste ningún criterio de justicia que se gane dinero con subsidios públicos. Múltiples expresiones de la sociedad civil pueden en cambio contribuir a la formación de las nuevas generaciones y asegurar el principio de libertad de enseñanza en el marco del derecho a la educación. Esta educación escolar privada subvencionada, con establecimientos firmemente regulados y supervisados, no debiera multiplicarse de manera inorgánica y en cambio recibir una asignación por alumno para gastos corrientes y otra para gastos de capital, con la contrapartida de la estricta sujeción a las normas del Ministerio de Educación y la expresa prohibición de discriminación en el acceso y permanencia de los alumnos. Este segmento de educación debe ser entendido como uno que mantiene fines públicos, aunque sea gestionado por entidades privadas sin fines lucrativos.

La educación superior técnica no debe seguir solo siendo impartida por entidades privadas, algunas de la cuales lo hacen hoy bastante bien. El Estado debe asumir su responsabilidad en esta área crucial para el desarrollo y crear Institutos Tecnológicos en cada región bajo dependencia de las Universidades públicas, con un fuerte sistema de becas que asegure gratuidad en el acceso a todos los jóvenes con capacidades suficientes para recibir una educación técnica. Las entidades privadas de esta área con fines de lucro no deben recibir recursos estatales.  

Las Universidades públicas y las privadas con fines públicos deben ser las únicas autorizadas a impartir enseñanza superior universitaria. Las con fines de lucro deben ser sacadas del sistema, puesto que existen aunque están prohibidas por la ley vigente, y sus alumnos transferidos al resto de las universidades. Las Universidades públicas deben recibir financiamiento de acuerdo a planes de desarrollo por área y mantener su carácter de organizaciones plurales y complejas, con un fuerte componente de investigación fundamental y aplicada y siempre sujetas a fiscalización externa rigurosa y examen periódico de resultados. Sus alumnos sin recursos y con profesiones de ingresos futuros bajos deben tener becas de cobertura completa y el resto un sistema combinado de beca y crédito fiscal único.

Reformas de este tipo suponen dos cosas: asumir como sociedad que la educación debe ser sustraída de la condición de mera mercancía y además estar dispuestos como ciudadanos a pagar con nuevos impuestos justos por una educación pública y/o privada con fines públicos de calidad y excelencia. Ni la libertad de enseñanza ni la pluralidad de esfuerzos educativos suponen la mercantilización que degrada a la educación. Y tratar, por integrismo ideológico, de seguir impidiendo lo que toda sociedad moderna hace a través de su presupuesto público en educación, no puede sino ser calificado de ceguera e irresponsabilidad. De las que traen graves consecuencias. Entre otras, la de mantener una sociedad inaceptablemente desigual y ... alimentar protestas periódicas en las calles de jóvenes justificadamente descontentos con una sociedad que no les ofrece un futuro. 

Razones para la Educación Pública

Toda la fuerza de la razón tienen los jóvenes que reclaman en la calle el reforzamiento de la educación pública y los parlamentarios que han planteado una reforma a la constitución para que los recursos públicos se orienten solo a las instituciones educacionales estatales o sin fines de lucro. Lo que en los últimos veinte años no logramos, y otros se empeñaron en que no lográramos, incluyendo a los que hoy gobiernan y que promovieron la destrucción de la educación pública, puede ahora cambiar de signo.

La educación es un bien económico caro que se transa en mercados. Más aún, las altas tasas de rentabilidad de la educación sugieren que ésta es, a medida que aumenta el nivel de escolaridad y educación superior, una inversión altamente atractiva para las personas. La adquisición individual de educación tiene una importante rentabilidad privada para quien decide invertir en ella, razón por la cual existe una amplia demanda por educación y una oferta diversificada de la misma: basta ver como en Chile la educación desde 1981 se ha mercantilizado como probablemente en ninguna otra parte.

La realidad de prácticamente todos los países del mundo, sin embargo, es que la mayor parte de la inversión en educación es realizada por el Estado, generalmente financiando sistemas públicos de enseñanza o subsidiando a los estudiantes.¿Por qué semejante contradicción aparente?

Un primer elemento de respuesta es utilitario: los individuos no gastan en educación tanto como les convendría por falta de recursos y dificultades de acceder a préstamos para financiarla.Esto justifica subsidiarla. Además, la educación es un bien privado que genera externalidades positivas y tiene una importante rentabilidad social: no beneficia solo a quien la recibe sino también, hasta cierto punto, a todos los demás. La educación puede mejorar la salud y el medio ambiente, reducir la pobreza y aumentar el emprendimiento. El aporte en capacidades humanas que provee la educación al crecimiento se manifiesta primordialmente a través del aumento en la productividad, al facilitar la adopción de tecnologías y procesos productivos más sofisticados y flexibles que elevan la competitividad y el potencial de crecimiento de las economías. Pero la educación dejada al mercado no es provista en niveles socialmente óptimos y se requiere gasto público que la haga llegar a toda la sociedad.

Un segundo argumento, el fundamental, no es utilitario sino ético y republicano: la educación es un instrumento central de la conformación de la convivencia colectiva que debe estar a disposición de todos, sin excepción. Independientemente de cómo cada sociedad valora de qué manera y en manos de quien debe ponerla a disposición, todos los gobiernos le dan a la educación básica el carácter de obligatorio, y algunos también la educación media, como Chile desde 2003. Al servicio de regímenes opresivos, la educación puede ser manipulada en su beneficio, pero en las naciones democráticas puede estimular la libertad, la cooperación y la convivencia civilizada. Bien concebida y administrada, la educación puede llegar, en palabras de Martha Nussman, a “formar ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos”.

Existen entonces sólidos fundamentos para masivos gastos públicos en la educación preescolar y escolar para socializar valores compartidos y permitir el acceso universal a conocimientos y competencias básicas, así como a la ciencia, las artes y humanidades. Y también para impartir a quienes están en condiciones de recibirla la enseñanza de la ciencia avanzada y la tecnología, proporcionando ayuda financiera a las personas competentes pero sin recursos en las universidades y centros tecnológicos, junto al financiamiento del bien público por esencia que constituye el conocimiento y su generación en condiciones de laicidad, pluralidad y eficiencia.

Chile ha avanzado en cobertura y logro educativos. La cobertura de la educación primaria es ahora casi universal, y los índices de logro en educación secundaria, media y superior han aumentado con rapidez. Un 64% de los jóvenes de 25 a 34 años ha completado al menos la educación media, es decir 20 puntos porcentuales más que la población de 45 a 54 años, situación más favorable que la de otros países de la región, como Brasil (50%) o México (39%). A su vez, un 11% de la población entre los 45 y 54 años ha completado la educación superior, mientras en la población de 25 a 34 años este porcentaje alcanza al 18%. Pero falta mucho: en países como Canadá y Corea, un 56% dentro de ese rango de edad ha logrado completar estudios superiores.

El gasto en educación sigue siendo bajo en los niveles escolares de básica y media en comparación con la OCDE (del orden de 4% contra 6-7% del PIB). Al mismo tiempo, la proporción de gasto privado es alta. La alta proporción del gasto educacional privado es una de las principales características del esquema educacional chileno, si se lo compara con el resto del mundo. En promedio, en los países de la OCDE el gasto público representa el 88% del gasto educacional total. En Chile, en cambio, el gasto público representa sólo el 51.4% del gasto educacional total, especialmente por el peso del gasto privado en educación superior y el desarrollo de esquemas de cofinanciamiento (como el financiamiento compartido en establecimientos subvencionados, gravísimo error cometido en 1994) aunque la inversión pública en educación se haya expandido continuamente desde 1990. Según el último informe de la OCDE en la materia, “esto indica que es necesario dedicar más fondos públicos a la educación en Chile. Debido a la alta desigualdad en el ingreso y la fuerte segregación socioeconómica de su sistema escolar, Chile necesita hacer más que otros países para ayudar a los niños con medios financieros limitados.”

Tomemos esta recomendación en serio.

Chile debe terminar con el confinamiento de los estudiantes pobres en la educación municipal y proceder, con una razonable transición, a una reestructuración del sistema escolar a) eliminando los aportes fiscales a las escuelas con fines de lucro, que hoy tienen altas utilidades, lo que es un despilfarro injustificable; b) terminando con el financiamiento compartido, y c) estableciendo corporaciones educativas públicas, de carácter regional, que administren profesionalmente las escuelas públicas y controlen la entrega siempre reversible de recursos a las escuelas no estatales sin fines de lucro a cambio del cumplimiento de estándares de calidad y no discriminación, bajo la estricta supervisión de la Superintendencia de reciente creación, pero que carece de medios reales para rectificar las malas prácticas educativas.

Chile debe además terminar con un sistema de educación superior que permite que dos tercios de los universitarios estén matriculados en entidades con, en la práctica, fines de lucro  –lo que ha permitido a unos pocos amasar considerables fortunas con recursos de los que menos tienen- y carentes de calidad y perspectivas ocupacionales, cuya perspectiva más cierta es la de cargar con un alto endeudamiento a muchos estudiantes que provienen de las familias más pobres. Los estudiantes de menos recursos deben ser apoyados mediante becas para cursar estudios en universidades públicas, que deben ser ampliadas sustancialmente y reformadas en su gobierno interno para aumentar su excelencia, y en universidades con fines públicos sin fines de lucro. Así, la educación, ahora masificada, podrá ser el canal de integración social, promoción de la convivencia republicana y factor de desarrollo que siempre debió, en lugar de mercantilizarse, apuntar a ser.

A los que legítimamente se pregunten porqué estas ideas no se promovieron antes, me permito señalarles que en mi caso las he promovido siempre, como consta en artículos y libros de larga data, aunque manifiestamente sin éxito. Ojalá la actual generación, con sus movilizaciones y justas demandas, logre los cambios sustanciales que son más que nunca indispensables.

Hacia un cambio de folio en energía

La magnitud y persistencia del rechazo al proyecto HidroAysén provocan una cierta consternación en el mundo de la empresa y de la tecnocracia, y de paso en el gobierno, que actualmente vienen siendo más o menos lo mismo. Falta de información, en el mejor de los casos, desinformación (mal) intencionada, en el peor: la respuesta estándar es que los que protestan y los que se oponen “no entienden”.  Y que habrá que seguir adelante sin cambiar nada.

Solo se ha escuchado tenuemente desde las autoridades en los temas de energía la idea de la “inviabilidad política” de persistir en la energía nuclear. Como estamos en Chile, nunca nadie dijo que se había tomado la opción de promoverla, pero más allá de los eufemismos en eso estaban (“estudiándola”)  Zanelli y Tokman y luego Piñera y Golborne.  Ahora nadie asume expresamente su eventual abandono, solo se insinúa, aunque no sin dejar puertas abiertas por si en el futuro se reabren ventanas de oportunidad. Desde el campo corporativo y tecno-burocrático se ha sostenido que lo de Fukushima está siendo exagerado. Que no hay ningún muerto por radiación directa y que otras fuentes de energía son mucho más mortíferas, como el carbón y sus miles de víctimas por explosiones. 

A pesar de su sentido común, estas afirmaciones no consideran que, como observa Stéphane Foucart, el accidente japonés no es ya solo industrial, es un “accidente de civilización”. Desde el siglo 19, Occidente se ha afirmado como la civilización tecnocientífica por excelencia, con impresionantes resultados en la innovación tecnológica como motor económico. Pero cometió el error de asimilarlo unívocamente al progreso humano, con la promesa de dominio sobre la naturaleza y de bienestar material creciente, justificando incluso las desigualdades y hasta la ausencia de libertades. El progreso técnico descontrolado terminó primando por sobre cualquier otra consideración ética, política, social o cultural.

Con el drama japonés se ha roto en alguna medida esa promesa y aumentado la desconfianza hacia creaciones científicas que pueden escapar al control humano. Y ahora Fukushima es el nuevo símbolo de las limitaciones humanas, con super especialistas que no logran prever cosas bastante simples como mantener energía de respaldo para refrigerar reactores ante un tsunami. Una cultura tecnológica avanzada como la de Japón no logró impedir que el norte de ese país esté ahora bajo la amenaza de partículas invisibles e incontrolables que emiten radiaciones tóxicas y que se dispersan según los vaivenes de los vientos y las mareas, con vastas áreas deshabitadas en estado fantasmal. Y no ha logrado que los creadores de los reactores puedan retomar su control: por ahora nadie puede acercarse a ellos bajo amenaza de muerte, dotados como están de una suerte de autonomía por varios meses y a más de dos mil grados de temperatura. Un terremoto, una tempestad, una explosión de grisú, son accidentes de la naturaleza dramáticos pero con los que más o menos se convive en tanto se entienden como fatalidades. Convivir con tecnologías y creaciones humanas que se pueden descontrolar es menos aceptable, ya sea desde los recónditos temores irracionales o desde el muy racional principio de precaución. La energía nuclear va dejando de ser una tecnología que sea posible de concebir como una aliada por las sociedades humanas.

Algo semejante es lo que empezó a ocurrir en Chile con las megacentrales hidroeléctricas, que dejan de entenderse como aliadas para la generación limpia y barata de electricidad. Se entienden, y eso no es “desinformación” sino una valoración social legítima,  como portadoras de la destrucción local irreversible de un medio ambiente digno de preservarse y como factores de alteración de miles de kilómetros de paisaje. Más aún, con todos sus medios propagandísticos Hidroaysén ha logrado ser la expresión de la arrogancia tecnocrática que la sociedad rechaza. Y también de un cierto engaño: súbitamente las objeciones a los embalses por parte de los servicios especializados -lo que al menos el gobierno anterior había respetado con creces- desaparecen con el cambio de administración. Se persiste en evaluar separadamente y más adelante el sistema de transmisión, como si no se tratara de un mismo proyecto. Y ocurre que a los chilenos, que como sabemos son bastante desconfiados,  no les gusta que los engañen, ni menos grandes empresas que en este ámbito, como en muchos otros, campean sin contrapesos reales. Muchos chilenos no conocen el detalle del proyecto Hidroaysén, pero conviven diariamente con los grandes o pequeños abusos de los prestadores privados de servicios y presumen que probablemente la situación es aquí semejante: las grandes empresas involucradas hacen más o menos lo que quieren.

Nadie cuestiona que la hidroelectricidad es una opción válida si se desarrolla con turbinas de pasada o bien se sustenta en embalses razonables que no alteren brutalmente los ecosistemas y las culturas originarias; si utiliza líneas de transmisión que no destruyan patrimonios naturales considerables; si se asocia al desarrollo local. Lo que definitivamente no es una opción respetable es seguir tratando a los chilenos como ciudadanos que “no entienden”, o reprochar a los críticos eventuales “apoyos extranjeros” cuando la empresa  bajo crítica es sumamente extranjera. Y sobre todo cuando se desecha con argumentos baladíes las energías no tradicionales y se mantiene a los hogares y a las empresas sometidas a una de las energías eléctricas más caras del mundo.

Nuestros tecnócratas debieran al menos partir por reconocer en este aspecto su fracaso si quieren volver a ser escuchados por la opinión pública: tenemos una energía cada vez más cara y más contaminante. Y no seguir con la falacia de los costos: el falso mito de que la producción eléctrica con nuevas energías renovables es más cara que la procedente de energía nuclear o de combustibles fósiles. En particular, si incluimos en los costos de producción nuclear y en las mega represas los efectos de la construcción, el procesamiento de residuos, los seguros de responsabilidad civil y de daños ocasionados por desastres y el valor de los paisajes dañados,  estas energías resultan ser mucho más costosas que otras opciones menos dañinas ambientalmente. Su costo debe compararse con la generación eléctrica con diesel. mucho más cara que la que resultaría de incorporar opciones renovables.

Las energías renovables no convencionales, de las que Chile está privilegiadamente dotado, deben ser la base de la transición hacia un nuevo modelo energético sustentable  y limpio. Ese es el enfoque que debiera tomar el gobierno y no seguir imponiendo proyectos porque "así  lo quiere el mercado". Peor aún,  Golborne ha rebajado completamente el compromiso de 20% de generación con Energías Renovables No Convencionales  en 2020 tomado por Piñera: “menos del 3% de la energía proviene de la Energías Renovables No Convencionales, y menos del 4% de los proyectos en construcción son de ENRC. Por ello, espero al terminar el mandato poder decir señores el 15% a 20% de los proyectos de generación eléctrica son renovables no convencionales". Con ese tipo de declaraciones, siendo notable el “por ello” y el "espero", no es de extrañar que tantos chilenos estén en la calle protestando contra HidroAysén, pues los ministros están para tomar decisiones conducentes a cumplir los compromisos adquiridos o bien para hacerse cargo de su modificación.

21 de mayo: anuncios, letanía y tensión

En Blog Cooperativa

Los discursos del 21 de mayo no son exactamente literatura exaltante. Aunque podría no ser así, tienen un componente de letanía que los hace poco atractivos.

Los presidentes tienen la opción de dar cuenta de su tarea y de sus programas futuros con cierta exhaustividad, y entonces resultan larguísimos, porque el Estado de Chile hace muchas cosas en muchas áreas. O bien avanzan rápido, lo que los que lo escuchan agradecen. Pero si no logran expresar visiones convocantes y delinear lo principal de la tarea de gobierno, resultan superficiales y propagandísticos.

Aunque hubo afirmaciones interesantes, no escapamos hoy a la letanía ni a la propaganda.

La reconstrucción, la economía, el empleo, la seguridad, la educación, la salud, la pobreza, la modernización del Estado fueron vistos por Sebastián Piñera con los ojos de la complacencia. A los pobladores de Dichato, en donde no hay una sola casa reconstruida, tal vez los recorrió alguna irritación.

En materia de educación superior hubo anuncios interesantes, como crear la subsecretaría de educación superior, reprogramar deudas del fondo solidario, expandir becas a la educación técnica. Pero la visión privatista es siempre la que prevalece: en vez de eliminar el Aporte Fiscal Indirecto, que canaliza recursos en base al puntaje en la PSU de los alumnos que ingresan, y por tanto valida la desigualdad en la educación superior, se anuncia que se mantiene con variaciones marginales.

Nada parecido a un plan de desarrollo de la educación estatal y con vocación pública al servicio del desarrollo del país. Una ocasión perdida.

Importantes son las reafirmaciones de la construcción de hospitales y consultorios de excelencia, el fin de las listas de espera Auge, el bono familiar de 38,5 mil pesos para 130 mil familias o bien doblar los subsidios habitacionales para terminar con los campamentos.Pero sobre el grave conflicto con el Senado respecto al postnatal no se dijo casi nada. Y sobre la eliminación parcial del 7% de cotización de salud de los jubilados, poca explicación sobre la distancia entre lo prometido y lo ofrecido en el proyecto de ley. Y sobre el multirut de empresas que inhibe la negociación colectiva, nada.

El perfeccionamiento democrático recibió algún tratamiento, reafirmando el apoyo a la inscripción automática y voto voluntario, pero no dijo nada que resuelva el conflicto sobre la restricción del voto de los chilenos en el extranjero.

Importante es el anuncio de apoyar una legislación sobre primarias para que los partidos escojan sus candidatos y el apoyo a la elección directa de consejeros regionales, así como crear el Ministerio de Cultura (y, tal vez más importante, 5 teatros regionales y 51 centros culturales) y el Ministerio del Deporte. Que se cree una subsecretaría de derechos humanos es también digno de ser saludado. Sobre uniones legales entre homosexuales, nada: en Chile los conservadores siguen ganando.

En materia de política exterior, respecto a la cuasi ruptura con Bolivia el presidente no dijo nada útil. Y respecto al conflicto con Perú, solo formalidades. Y ninguna explicación sobre el giro a una política exterior ideológica con la creación de un nuevo bloque con gobiernos de derecha en América Latina, lo que es un gran error pues debilita el vínculo necesario con Brasil y Argentina y la vocación latinoamericana que debe tener nuestra política exterior.

Con lo que subió la temperatura fue con la defensa de Piñera de HidroAysén.

Quedó claro que pone al medio ambiente enfrentado con el desarrollo y la reducción de la pobreza, lo que es otra vez un grave error. Señalar que las nuevas energías renovables no son una opción porque son hoy marginales, y así justificar las mega-represas que destruyen irremediablemente ecosistemas y paisajes, es simple mala fe intelectual.

Justamente se trata de que ¡dejen de ser marginales!

Cuando el presidente señala que descarta la energía nuclear pero no seguir estudiándola, uno no sabe a qué atenerse, salvo mantener la sospecha de que se trata de estudiar como incorporarla…

El exhorto final expresó una suerte de temor al debate, que no tiene porqué ser incompatible con cuidar la unidad y las instituciones.La alusión a Dios, fuera de lugar en un país laico.

Finalmente, la censura en la transmisión televisiva oficial a las expresiones de protesta, lamentable. Expresa más que mil palabras como algunos no creen en la democracia que Chile necesita.

Las reformas laborales pendientes

En el mes de Mayo suele relanzarse la discusión pública sobre las relaciones laborales en Chile. Prácticamente nadie se manifiesta satisfecho con el statu quo. Los argumentos de las partes son en general conocidos de antemano y no varían demasiado de año en año: el mundo empresarial insiste en que en Chile falta flexibilidad laboral y los trabajadores sindicalizados subrayan que, por el contrario, existe un exceso de flexibilidad laboral, con normas de protección a la estabilidad del trabajador insuficientes, y que además con frecuencia simplemente no se cumplen.
Por ello es interesante citar un reciente informe de la OCDE sobre Mejores políticas para el desarrollo. Perspectivas OCDE sobre Chile, 2011, que aporta una visión externa: “los indicadores sugieren que el empleo informal en Chile permanece alto en relación al estándar de la OCDE, aunque va a la baja y es menor que en la mayoría de América Latina. Cálculos basados en la encuesta CASEN sugieren que cerca de un tercio de los trabajadores chilenos no está afiliado ni contribuye a la seguridad social. La cantidad de trabajadores sin contrato cayó durante la década pasada, pero su participación en el empleo total fue aún alta, de 19% en 2009.” La OCDE establece un juicio bastante lapidario sobre el clima laboral: “las relaciones laborales en Chile suelen ser de enfrentamiento y estar viciadas por falta de confianza, factor cada vez más problemático para el desarrollo de una versión chilena de `flexiguridad`. Esto se debe en parte a la limitada afiliación a sindicatos y asociaciones comerciales. Por ejemplo, la membresía sindical representó sólo 12.5% de la población activa en 2009, y se concentra en empresas grandes y sólo en algunos sectores, en particular la minería.” Y agrega sobre el cumplimiento de las normas: “como en casi todos los países, el principal organismo de aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo, tiene recursos limitados y sólo participa en disputas reportadas y quejas específicas. Por la limitada cobertura de los sindicatos, muchos trabajadores permanecen vulnerables a las violaciones a las leyes laborales y recae en ellos la carga de verificar que la ley se aplique de manera correcta y si se pagan las contribuciones al seguro social. Las reformas recientes facilitan los procedimientos legales para llevar a juicio los casos laborales, pero es esencial un mayor reforzamiento de la Dirección del Trabajo para reducir costos y extender los beneficios a un grupo más amplio de trabajadores”.
Es importante abundar en la idea de “flexiguridad”: no se trata solo de permitir a las empresas ajustar el volumen y modalidades de empleo de la fuerza de trabajo, es decir el componente de flexibilidad indispensable para que las unidades productivas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas, sociales y tecnológicas en que se desenvuelven. También se trata de otorgar a los asalariados una capacidad de mantener sus ingresos básicos más allá de las circunstancias que viven las empresas que les proveen un contrato de trabajo, es decir el componente de seguridad en la relación laboral y en la percepción de ingresos.
Este es un caso en que deben intervenir políticas públicas concretas para que los asalariados no estén a merced del poder privado. En particular, los dueños de las empresas no pueden hacer lo que quieran si esto se traduce en un poder de dominación y en perjuicios a terceros. Su explicable aspiración a la irrestricta "flexibilidad laboral" tiene como motivación la maximización de utilidades propia de la libertad de mercado. Pero esta no es ni podría ser el único valor fundante de la regulación social moderna: la política laboral se propone disminuir las asimetrías de poder económico de mercado entre empleadores y asalariados y es siempre, inevitablemente, un conjunto de restricciones a las empresas. Los empleadores dominan la relación laboral, salvo casos y circunstancias muy excepcionales, y su poder debe ser regulado. También debe serlo el radio de acción de los sindicatos, procurando que su actividad legítima no ponga en peligro la supervivencia de la empresa ni afecte ilegítimamente a terceros. En las sociedades modernas, los actores sociales se adaptan a estas restricciones. Y la empresa asume el eventual costo económico que resulta de reconocer contrapartes sociales, como debe asumir diversos costos de producción así como la existencia de competencia y restricciones sanitarias, ambientales y de uso del espacio. El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro- de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa;  recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y por tanto no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política; étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana; atentar contra los ecosistemas; no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.

Este conjunto de reglas puede considerarse antieconómico, y de hecho así lo hace la corriente económica liberal y una parte del mundo empresarial. Incluso si este argumento se diera por bueno, debe prevalecer otra dimensión, aunque tenga un costo económico: el establecimiento de bases civilizadas de convivencia social. La abolición de la esclavitud, en su momento, también fue considerada antieconómica. Las experiencias con los resultados económicos y sociales de la negociación colectiva en el mundo son casi tan diversas como las características de sus reglas e instituciones. Lo que, sin embargo, según recalca la OIT, es un hallazgo reiterado de los estudios internacionales es la asociación entre negociación colectiva y desigualdad de ingresos. Mientras mayor la cobertura y el grado de coordinación de la negociación, menor tiende a ser la desigualdad de ingresos en una sociedad. Asimismo, estudios del Banco Mundial y de la OCDE llegan a la conclusión que una mayor cobertura de la negociación colectiva está asociada con una menor dispersión de los salarios, una menor brecha entre salarios de trabajadores calificados y no calificados, así como una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres.

Pero cabe hacerse un pregunta: reglas laborales fuertes, además de contribuir a una mayor equidad, ¿forman parte efectivamente de un enfoque antieconómico? Existen buenos  y documentados argumentos para afirmar que la creación de un clima laboral cooperativo, la formación y retención del capital humano en la empresa con normas que inhiban la alta rotación y una relación constructiva con el entorno son en el largo plazo un gran factor de aumento de la productividad, de creación de valor, de reputación corporativa frente a los consumidores y de… maximización de utilidades.  La negociación bien concebida también contribuye a la gobernabilidad, a través de acuerdos entre los actores sociales, especialmente en situaciones de crisis, y a mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional a través de diagnósticos y soluciones compartidos. La negación de la negociación colectiva por el mundo empresarial chileno, y sus expresiones irrisorias como el uso generalizado de “multirut” para segmentar al máximo las relaciones laborales, son entonces un grueso error con consecuencias de largo plazo para el desarrollo del país. Explican en medida importante los niveles de desigualdad, la baja formación de capital humano en la empresa y las tensas relaciones laborales existentes en las que nadie gana.

Pobreza y distribución del ingreso: Chile en la OCDE

La entrada de Chile en la OCDE tiene la virtud de homologar  la presentación y, esperamos, la calidad de nuestras estadísticas. Esto va permitiendo además hacer mejores análisis de la situación relativa de Chile y de sus desafíos en el camino al desarrollo. En estos días se ha conocido el informe anual de la situación social de los países miembros del organismo denominado “Society at a Glance” correspondiente a 2011. Este incluye por primera vez datos de Chile, en especial los correspondientes a gasto social, distribución del ingreso y pobreza. Con datos de 2006 para Chile y 2007-08 para el resto de los países, la OCDE confirma que Chile tiene la peor distribución del ingreso entre las 34 naciones consideradas, incluyendo México y Turquía, cuyos niveles y estructura de desarrollo son más cercanos al nuestro. El coeficiente de Gini, que oscila entre cero y uno (con el valor uno, la concentración del ingreso es absoluta en una unidad de ingreso, mientras el resto no recibe nada; con el valor cero esta se distribuye igualitariamente entre todas las unidades de ingreso) es una de las medidas canónicas en la materia y muestra un valor para Chile de 0.50, mientras el promedio OCDE es de 0.31 y el de Estados Unidos es de 0.38. La buena noticia es que la distribución del ingreso mejoró en una década, pues en 1996 el coeficiente era todavía mayor (0.53).
Algunas precisiones metodológicas que es bueno tener en cuenta: el coeficiente de Gini para los ingresos monetarios (ingresos autónomos más subsidios monetarios de los hogares, sin considerar el número de miembros) es de 0,53 en la CASEN 2006, un poco superior a lo calculado por la OCDE en base a la misma encuesta.  ¿Dónde están las diferencias? Esta entidad internacional realiza el análisis de la concentración de ingresos en base al “ingreso disponible”, que es diferente al nuestro, corregido por el tamaño del hogar con una escala de equivalencia, lo que nunca se ha hecho en Chile. Se mide el ingreso disponible como los ingresos monetarios de los hogares (sin tomar en cuenta la imputación por arriendo de los propietarios que ocupan una vivienda o la producción doméstica, como en el caso de Chile) descontando los impuestos directos (a la renta y otros) y las cotizaciones sociales de los trabajadores y considerando las transferencias monetarias. Se considera la repartición de ingresos entre las personas que viven en el seno de hogares privados (fuera de instituciones), cada uno viéndose atribuir el ingreso del hogar en que vive y el ingreso es 'ajustado' en función de un parámetro común entre países para reflejar las diferencias en las necesidades de los hogares según su tamaño (ingreso por 'unidad de consumo'). En este caso, se trata de la raíz cuadrada del tamaño del hogar: por ejemplo, las necesidades de un hogar compuesto por cuatro personas representan el doble de las necesidades de un hogar compuesto por una sola persona (la escala de equivalencia por persona es de 0,5). Se excluye los servicios en especie provistos a los hogares por el gobierno y entidades privadas, los impuestos al consumo y los ya mencionados flujos de ingresos imputados por propiedad de la vivienda. Se evita de esta manera cálculos con poca información, o directamente arbitrarios, como lo que Mideplan hace en Chile para algunos cálculos de distribución del ingreso: imputa gastos de gobierno (por ejemplo algunos de educación y salud) de carácter progresivo, pero no los de carácter regresivo (por ejemplo educación superior o pensiones), lo que permite barrer debajo de la alfombra y presentar mejores datos, pero no hacer una apreciación apropiada de la situación.
Raya para la suma: lo menos que se puede decir es que en Chile queda mucho camino por recorrer en el esfuerzo por disminuir niveles de desigualdad que no tienen nada de inevitable. El camino recorrido por los países desarrollados para disminuir la desigualdad de mercado es a prueba de desmentidos neoliberales: construir estados de bienestar modernos suficiente y equitativamente  financiados. Mientras la media de gasto público social en 2007 era de 19,6% del PIB en la OCDE (y en el caso del país con gasto social más alto, Francia, era de 28,3% del PIB), en Chile era de solo 10,6%. La mitad. Más claro echarle agua.
Una última observación: la pobreza se mide en la OCDE en términos relativos (como un porcentaje de la mediana, es decir el valor que divide en 50% y 50% la distribución de una variable, en este caso el ingreso disponible), entre otras consideraciones para evitar las arbitrariedades a la hora de definir las líneas de pobreza y de los índices de precios que miden su evolución, lo que ha dado lugar a las polémicas recientes en Chile sobre la magnitud de la pobreza. La pobreza es a la postre una posición en la sociedad más que una medición frecuentemente equívoca de necesidades absolutas y del costo monetario de su satisfacción, medidas que sin embargo será siempre útil intentar tener para abordar las carencias de los peor situados en la sociedad y desarrollar las políticas de ayuda directa hacia ellos. El hecho es que en 2007-2008 la medición de la OCDE arroja que en promedio un 11,1% de la población de sus países miembros está en situación de pobreza, mientras sus estimaciones para Chile son de 20,2% en 1996 y de 18,9% en 2006. Chile tiene una pobreza relativa que es casi el doble del promedio de la OCDE. En la década considerada por la OCDE para Chile la pobreza bajó, pero no demasiado. También aquí nos falta mucho para alcanzar los niveles promedio de un país desarrollado.
Así, tal vez podremos entrar en una etapa de polémica mejor circunscrita en estos temas siempre controversiales, sobre la base de poder comparar, para bien o para mal, nuestra evolución en base a las metodologías de consenso utilizadas en el club de los países desarrollados. El ingreso de Chile a ese club gustó a muchos, pero ahora es posible que a varios les guste menos.

Sorpresas en el debate sobre las medidas sociales de Piñera

Uno de los grandes avances de la humanidad ha sido el desarrollo de la seguridad social, desde que el conservador canciller Otto Von Bismarck en la década de 1880, en la entonces recientemente unificada Alemania, tomara nota que el desarrollo del movimiento obrero hacía aconsejable pactar con sindicatos y empleadores mecanismos de mantención de ingresos de los trabajadores asalariados, primero con un seguro contra accidentes y más tarde seguros de enfermedad, de invalidez y de pensiones. Siguieron en el empeño, con velocidades y modalidades diversas,  la mayoría de los países europeos, pero también tempranamente Uruguay y Chile (con la creación del Seguro Obrero en los años veinte y del Servicio Nacional de Salud en los años cincuenta) y otros países de América Latina y el mundo, así como los Estados Unidos de Roosevelt y su New Deal. Después de 1945, especialmente en los países industrializados, los mecanismos de protección social se generalizaron, procurando otorgar subsidios de sobrevivencia y cubrir de modo universal los riesgos de no tener de qué vivir en caso de enfermedad o desempleo y desde luego en la vejez.  Estos procesos fueron rápidamente vistos como un “camino de servidumbre” por los ultraliberales seguidores de Von Hayek y Friedman, quienes recusaron lo que veían como una peligrosa hipertrofia del Estado. Promovieron la idea del Estado mínimo, de la privatización de la seguridad social y de la focalización extrema de la ayuda a los pobres, proponiendo un sistema, en el caso de Friedman, de impuesto a la renta no progresivo que financiase como contraparte un “impuesto negativo” que debiesen recibir solo las personas con más bajos ingresos. Estas ideas y sus mecanismos fueron en parte impuestos en la etapa dictatorial de 1973-1989 en Chile y muchos las asumieron como las nuevas sagradas escrituras, en especial  la derecha y sus medios de comunicación (es decir casi todos). Otros impulsamos en los gobiernos de coalición de la Concertación, con más o menos éxito, el avance hacia nuevas formas de seguridad social universal mediante el  plan Auge, el programa Chile Solidario, el Seguro de Cesantía, la reforma a las pensiones, el programa de apoyo a la infancia, entre otras reformas parciales que hubiésemos querido más amplias, en un contexto de ausencia de mayoría parlamentaria y, para ser francos, de…oposición interna de los neoliberales de la Concertación.

La derecha en campaña cruzó algunas fronteras ideológicas y tomó “compromisos sociales” que una vez conquistada La Moneda ha querido conservar para que no sea identificado su gobierno exclusivamente con los intereses empresariales. No es una novedad mayor y ha sido el caso de muchos gobiernos de derecha que procuran conquistar y mantener mayorías. Ventajas de la democracia. Así, Piñera se comprometió a ampliar a seis meses el sistema de permiso posnatal, a eliminar el 7% de cotización obligatoria en salud para los pensionados, y a establecer un “ingreso ético familiar” en respuesta al llamado de Monseñor Goic y la Iglesia Católica a establecer un “sueldo mínimo ético”. Ha pasado el tiempo, la oposición reclamó con justicia el cumplimiento de los compromisos  electorales y el gobierno ha terminado por enviar proyectos de ley o anunciarlos. Como es su rol, la oposición parlamentaria ha saludado lo que estima son avances sociales y criticado lo que considera son limitaciones de su extensión, especialmente frente a la promesa inicial. La sorpresa, si pudiera llamarse así, ha venido por el lado de algunos ex asesores y personeros del anterior gobierno, que han querido, lo cual es respetable, pero no por eso menos criticable, tomar la actitud de oponerse desde posiciones ultraliberales -que siempre han sido las suyas, hay que reconocerlo- al gobierno de derecha.

En el caso del posnatal, Eduardo Engel, por ejemplo, ha afirmado que no está probado que su extensión a seis meses tenga beneficio alguno y que además aumenta las dificultades de empleabilidad de las mujeres, argumentos del mismo tenor que los del instituto Libertad y Desarrollo. La recomendación expresa de la OMS es, sin embargo, la que sigue: “la lactancia materna exclusiva durante seis meses y la lactancia materna continua con una alimentación segura, apropiada y adecuada se recomiendan como una política sanitaria mundial tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo”. ¿Cómo podría un progresista oponerse a ese objetivo, que tiene en un posnatal de seis meses un soporte indispensable? ¿Y por qué oponerse a la mantención de ingresos de las mujeres en el empleo durante el pleno período de la lactancia? A lo que los progresistas si se oponen es a la restricción del fuero maternal que incluye el proyecto de Piñera.

En el caso del llamado “ingreso ético familiar”, cuyos contornos exactos aún no se han definido pero que parece ser al final una ampliación de los beneficios monetarios del sistema Chile Solidario, Dante Contreras y Claudio Orrego se han opuesto a él en términos que hace tiempo no escuchábamos. Son los argumentos propios de la derecha de siempre, desde la discusión de las leyes de pobres en Inglaterra en el siglo 19 y sus casas de trabajo obligatorio, y de la derecha criolla de toda la vida: “nos parece un error apostar a acciones populistas vinculadas a la mera transferencia monetaria, sin poner un premio al que quiere trabajar. Una política de ingreso ético debe tener por primer objetivo la empleabilidad de la población, incentivando la generación de ingresos propios”. Las transferencias monetarias a los más pobres, incondicionales o de baja condicionalidad, son parte sustancial de los Estados de Bienestar modernos, incluyendo los construidos por la democracia cristiana europea, pues tienen que ver con el derecho a la subsistencia en medio de la opulencia de una parte de la sociedad. No es este el momento de cuestionarlos, sino de luchar por ampliarlos, como fue el caso de Lagos con el Chile Solidario, Bachelet con las Pensiones Solidarias y  Lula con el programa Bolsa Familia. Por lo demás, ¿de qué manera pueden generar ingresos propios los desempleados de larga duración, los niños, los ancianos? Y mientras los que pueden trabajar logran obtener un empleo, una vez agotado el seguro de cesantía, ¿deben morir de hambre? En este caso, lo pertinente no es oponerse a la ampliación de subsidios incondicionales en nombre de evitar la “dependencia” a la que se acostumbrarían los pobres, como si su pobreza no fuera incentivo suficiente para procurar mejorar su situación. Lo pertinente parece ser saludar que el programa Chile Solidario sea dotado con más recursos como expresión de un aumento de derechos, lo que no es contradictorio con reclamar programas más activos de inserción en el empleo.

En el caso de la eliminación de la cotización de salud para los pensionados, el gobierno incluyó abundantes restricciones que disminuyen mucho su alcance, lo que naturalmente le es reprochado al gobierno por la oposición, especialmente porque la promesa fue otra. Pero he aquí que de nuevo Engel y Contreras, pero también ex funcionarios como Velasco y Hunneus, firman un texto en el que recusan el financiamiento tributario de las prestaciones de salud y exclaman que “eliminar la cotización de Salud de 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo. Un sistema moderno de protección social es por esencia contributivo... Pretender operar un sistema de salud sin que los principales usuarios contribuyan es como hacer un asado de curso y exigirle al que pone la casa que también ponga la carne y el vino.” Se expresa aquí una pobre idea del altruismo y su contraparte, la reciprocidad. Pero en fin, el hecho es que muchos sistemas de salud se financian con contribuciones salariales y con…impuestos generales, que expresan la solidaridad nacional con los enfermos. La enfermedad puede alcanzar a cualquiera en cualquier momento. La probabilidad de enfermar es siempre superior a cero para todo el mundo, y la disponibilidad a pagar de todos por los que se enferman es alta, incluso cuando se es joven: los que se enferman pueden ser los propios padres. Por ello, el financiamiento tributario de la salud se practica en muchas partes. Cito un estudio comparativo de tres países, entre muchos otros (Li, 2006): “los gastos del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total en salud son en Canadá, el Reino Unido y Taiwán (países que cubre el estudio) un 70%, 83% y 64% respectivamente. La mayor parte del gasto público en salud en los países seleccionados viene usualmente de los impuestos generales, que dependen fuertemente del impuesto al ingreso, a las empresas y a los bienes y servicios”. Este trabajo cita los principios, mantenidos hasta el día de hoy en el sistema británico, ni siquiera desmantelados por Margaret Thatcher: el National Health Service fue fundado bajo “el principio de la responsabilidad colectiva del Estado hacia un servicio de salud de amplio alcance (comprehensive), el que debe estar disponible para toda la población de manera gratuita en el lugar de acceso”. Nuestros neoliberales dirán: horror y, además, impagable. Ocurre que el sistema británico induce un gasto en salud de un 8% del PIB, contra un 15% en Estados Unidos, en el que reinaba, hasta la reciente reforma de Obama, la ley de la selva del mercado. De modo que establecer una “responsabilidad colectiva del Estado en salud” es legítimo y definitivamente moderno, mediante entre otras cosas su financiamiento a través de impuestos, como ya ocurre ampliamente con la salud pública en Chile, e incluso disminuyendo las cotizaciones de los pensionados por el Estado, cuando las pensiones son, como sabemos, muy bajas. Lo que pasa es que esto obliga a pensar en otras fuentes de financiamiento para ésta y otras tareas públicas, especialmente si consideramos que las cotizaciones salariales o sobre pensiones son regresivas dado que no consideran los ingresos sobre el capital, lo que siempre resulta enojoso para nuestros neoliberales, que por sobre todas las cosas siempre quieren un Estado pequeño, aunque sea a costa del bienestar de las mayorías y de la mantención de desigualdades inaceptables. Y siempre en nombre de "la ciencia", claro, en vez de sus propias opciones y juicios de valor.

La tarea de la oposición: repensar una visión de Chile

El gobierno de derecha va mostrando signos de desgaste, propios de los intereses que representa  y de un ejercicio individualista del poder que, al parecer,  empieza a ahogar hasta a su propia coalición. La oposición debe ahora proponerse volver a ser alternativa sobre la base de rediscutir con los ciudadanos su visión de país, no pontificando sino con diálogo y cultivando la diversidad que le es propia, la que no solo no le debe impedir actuar en conjunto sino ser parte de su visión de Chile como país plural.
La izquierda progresista debe proponerse, por su parte, fundar un nuevo proyecto de transformación democrática e igualitaria en las condiciones del Chile actual que sea una auténtica mejoría respecto al modelo de capitalismo neoliberal instaurado después de 1973 y que ahora se propone remozar en nuevas condiciones el gobierno de Piñera. Y también respecto a los cambios realizados en los 20 años de Concertación. A pesar de innegables avances, esta no logró plasmar instituciones cabalmente democráticas (en ninguna democracia la minoría tiene un poder de veto como en Chile, lo que anula la soberanía popular), disminuir las desigualdades de ingresos y de oportunidades ni consagrar un Estado Democrático y Social de Derecho propiamente tal. Lo que en su momento fueron limitaciones propias de una transición pactada, que debían ser superadas en base a un proceso de acumulación de fuerzas y de persistente pedagogía política, se transformó en acomodo descarnado frente a la democracia restringida que concibió la derecha autoritaria al amparo de la dictadura militar y luego logró mantener en diversos aspectos mediante su veto a cambios constitucionales y de régimen electoral suficientes después de 1990. Esa victoria institucional, fruto de una debilidad de la convicción política y de la reconversión de algunos a la religión de los consensos e incluso en “agentes del mercado”, permitió a la derecha cautelar un poder económico cada vez más concentrado, solo compensado por contrapesos regulatorios y de política social importantes y que deben ser defendidos con energía, pero magros frente al objetivo de avanzar hacia una democracia social en forma.
 La nueva democracia a construir debe ser el espacio y límite de la acción en favor de los derechos de los que viven de su trabajo, de los derechos de la mujer, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de las nuevas generaciones a que no se destruya el medio ambiente, así como de los derechos de las minorías sexuales. Esta democracia debe ser participativa, con una fuerte democracia local y regional, en una sociedad pluralista en la que se cultive la tolerancia de las ideas ajenas y se respete las reglas del juego democrático, en el gobierno y en la oposición, con ciudadanos informados -que tengan  a su disposición medios de comunicación plurales- llamados a dirimir periódicamente las opciones e intereses presentes en la sociedad en base al principio de mayoría y de respeto de las minorías. Toda izquierda auténtica es contraria a la dominación burocrática y a la hipertrofia del Estado y defiende el ejercicio de las libertades como condición para conquistar derechos igualitarios y un orden social justo y jamás se niega al diálogo con los propios, con los cercanos y, en determinados casos, especialmente para discutir reglas del juego democrático, incluso con los adversarios.
 La visión de la izquierda moderna debe afirmar, frente a los que hicieron de necesidad virtud,  que considera obsoletas las instituciones de la transición y que luchará por una nueva Constitución con una visión de desconcentración del poder y de control por la sociedad de los órganos del Estado y del poder económico. El parlamento debe fortalecerse y componerse de un modo congruente con la orientación del ejecutivo mediante un sistema electoral que refleje a las mayorías, que represente a las minorías políticas significativas y que consagre un mecanismo de primarias para la selección de candidatos en los partidos y coaliciones. La tarea es cambiar las instituciones parlamentarias heredadas para dejar atrás el sistema de acuerdos entre las directivas partidarias para repartirse el poder (más allá de las intenciones individuales de los dirigentes: el que esto escribe puede dar testimonio al respecto), de empate y negación de la soberanía popular y de sus opciones mayoritarias. Esto ha sido una fuente de parálisis política que ha anulado la agenda de transformaciones sociales y culturales de la izquierda y de alejamiento de la opinión pública de la que debiera ser su principal institución representativa, el parlamento. A la vez, debe confiarse en el diálogo social y establecerse mecanismos periódicos y amplios de debate y acuerdo entre gobierno, trabajadores y empleadores para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.
Como parte del avance progresivo a una democracia participativa y descentralizada, una nueva Constitución debe reconocer que el espacio institucional regional y local debe robustecerse para obtener más autonomía en los asuntos que le competen, elegirse democráticamente y establecer el mecanismo de primera y segunda vuelta para elegir alcaldes y presidentes de gobiernos regionales.
La visión de izquierda moderna no puede seguir sometiéndose al veto conservador que se niega a reconocer que las mujeres tienen derechos igualitarios y además derechos que les son específicos, entre los cuales está el derecho a la interrupción del embarazo cuando así lo aconseje su salud física y mental, y desde luego en caso de violación e incesto. Los conservadores tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece más allá de sus opciones individuales en tanto no dañen a otros. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia social, sexual, de género y condición étnica no debe de aquí en adelante  ser subordinado al juego de las alianzas políticas con el centro conservador y sus vetos arbitrarios.
La izquierda moderna que ahora debe emerger debe dejar de someterse a las ideas neoliberales. Debe cesar de ser una mera defensora vergonzante de la economía de mercado, a la que algunos se han arrimado por un pragmatismo inaceptable. Nadie con convicciones de izquierda, por tenues que estas sean, es partidario de la economía de libre mercado: esa es simplemente una contradicción en los términos. Ha habido una izquierda centralizadora y burocrática: ha sido condenada por la historia. Las izquierdas democráticas han promovido una economía mixta, con un rol productor y regulador del Estado más allá de los mercados, y deben seguir haciéndolo con una visión moderna y universalista. La derecha es la que defiende el capitalismo (entendido como el dominio concentrado del poder económico sobre la sociedad y la política) y  promueve políticas neoliberales de minimización del Estado y de negación del interés general a través de la mercantilización generalizada de la vida colectiva, en la que termina prevaleciendo el más fuerte. Y a ese sistema y a esas políticas es contraria la izquierda moderna y también el progresismo de centro que defiende la distribución equitativa de la riqueza y los ingresos, la protección social frente a los riesgos y la defensa de la naturaleza. Los mercados no deben suprimirse, pero deben funcionar en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones. Cuando no es el caso, deben ser regulados y controlados por las autoridades públicas democráticas y por la sociedad organizada.
Para la oposición, reafirmar valores, contrastarlos lealmente cunado estos difieren y reconstruir una visión de un Chile plural es una de las tareas prioritarias para que el actual gobierno sea un paréntesis. Pero un paréntesis entre una larga transición imperfecta y un nuevo proceso de acelerado avance hacia una democracia social moderna. Volver a más de lo mismo no debiera tener sentido para nadie.

De Página 12

¿Días que cambiaron el mundo?

Los acontecimientos de los últimos días probablemente cambiaron bastantes cosas en el mundo. El retorno de las revoluciones populares, en este caso en el mundo árabe,  se ha acompañado de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que un tirano desequilibrado que lleva cuarenta años en el poder siga disparando contra sus ciudadanos rebeldes y siga retomando ciudades insurrectas a sangre y fuego. La decisión de la ONU es un hecho inédito que llama al optimismo, con el compromiso de no invadir pero si de evitar más sufrimientos al pueblo libio. Cuenta con el apoyo de la Liga Árabe y los países africanos y la abstención de Rusia y China, que es una luz verde. Esto  genera obligaciones nuevas para el mayor poder militar, el del occidente desarrollado, que está ahora llamado a detener una matanza de civiles y no a ampliar sus áreas de influencia y dominio en base al uso unilateral de la fuerza. Queremos creer que se perfila un orden internacional no solo basado en intereses, sino uno que también es capaz de defender a seres humanos que luchan por sus derechos básicos. Ya hubiéramos querido algo así en 1973 los chilenos que vimos con impotencia como se bombardeaba el palacio presidencial y se iniciaba una masacre con el apoyo de los Estados Unidos de Nixon, potencia que parece hacer esfuerzos, con Obama, por encarnar otros valores que los de “los colmillos y los dólares” de que nos hablaba Cortázar.
Y hemos visto la desgracia japonesa, un año después de la nuestra pero con muchas más pérdidas humanas, cuando la tierra se manifiesta y pone en evidencia nuestras fragilidades y cegueras. La advertencia es fuerte: las sociedades humanas deben hacer caso a los signos de la naturaleza. No es razonable juntar en un mismo lugar la furia recurrente de la tierra con una energía que en determinadas circunstancias, algunas previsibles y otras siempre imponderables (tengamos la humildad de reconocerlo), se puede descontrolar, por sofisticados que sean los modernos sistemas de manejo de la fisión nuclear. La central japonesa, situada a menos de 300 kilómetros de Tokio, aunque antigua era considerada extremadamente segura. El comportamiento del pueblo japonés ha sido ejemplar y el de su gobierno bastante sobrio y serio  frente a la magnitud de la catástrofe, pero convengamos que mantener seis reactores nucleares al borde del mar, expuestos a un tsunami que lo primero que provocó fue inutilizar los sistemas de refrigeración,  y  no calcular la seguridad  para un sismo de 9 grados Richter, es un inexcusable error. Y una demostración más que un pueblo y sus dirigentes pueden protagonizar por décadas un milagro económico y tecnológico notable y al mismo tiempo tomar pésimas decisiones. Lo fue entregarse a la tecnocracia y a corporaciones solo movidas por el lucro como Tepco, que ya había minimizado en el pasado reciente accidentes en sus plantas.
Sorprende, además, cuan profunda puede ser en nuestro país la negación frente a la evidencia. Empezando por un ministro Golborne que lo primero que hace al conocer el terremoto en Japón es poner en twitter unas frases que delatan sobre la marcha su defensa acrítica de la opción nuclear, sin siquiera saber que está pasando, para ante la magnitud del problema luego decir que este gobierno no ha tomado ni tomará decisión en materia de energía nuclear. Como si no estuviera encaminado a instalar en Chile reactores nucleares,  como ha revelado la empresa Suez, y el acuerdo de colaboración nuclear con el gobierno de los Estados Unidos, que se entiende no se hace por deporte, aunque se firme casi a escondidas. Esto no le impide a Golborne volver a la carga con aquello de que Chile no puede tener una “visión medieval”. Hay quienes agregan que toda tecnología, como los aviones y los autos, tienen riesgos, olvidando que aquellos son riesgos individuales, mientras este es colectivo, internacional  e intergeneracional. Y no falta el argumento de que ahora no hay que discutir “en caliente”, sino más adelante, cuando en realidad se debe razonar fundadamente precisamente haciéndose cargo de los hechos, por recientes que sean. Otra expresión del síntoma: un físico de nombre Claudio Tenreiro dijo a una semana de la catástrofe que aún no se tiene antecedentes claros sobre la crisis de Fukushima. Está clarísimo que hay una grave emergencia nuclear, pero en fin, aceptemos extremar el método científico que consiste en conluir solo en base a evidencia probada y refutable. Pero no tiene problemas en agregar, con fe de carbonero y sin mayor análisis: “este tipo de energía tiene cabida a largo plazo en nuestro país”. Sin comentarios. Como para integrarlo de inmediato a una comisión científica criolla, de esas que siempre concluyen que faltan antecedentes para lo que no me gusta y sobran para lo que me gusta. Se olvida, claro, que en democracia los gustos los definen los ciudadanos.
En enero pasado me tocó participar en un panel de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas con el físico Jorge Zanelli. Me di cuenta, con sorpresa, que quien  se declaraba  “objetivo y racional” en  el encargo recibido por el anterior gobierno de evaluar la energía nuclear,  en realidad era un acérrimo promotor de ella, que descartaba los problemas de esta opción no abordándolos para evaluarlos sino recurriendo al viejo método de caricaturizar los argumentos contrarios para de ese modo refutarlos. Ejemplos:si llegan a explotar, los reactores no lo hacen como bombas atómicas; los desechos radioactivos no perduran en esa condición millones de años sino solo trescientos; los dañados en Chernobil no fueron tantos, y así por delante.
En esa ocasión, argumenté como muchos que recelan tanto de los dogmas y de los temores primarios como de la defensa ilustrada de intereses terrenales, para sostener que Chile debe oponerse al lobby nuclear de norteamericanos, franceses y rusos - o de quien sea- pues su condición sísmica y su cultura de gestión no siempre rigurosa acentúan peligros de accidente que están lejos de ser iguales a cero. Existen eventuales descontroles de los reactores que pueden provocar emisiones radioactivas letales y graves;. El uso de combustible de uranio o plutonio, disponible solo por unas décadas más, nos pone frente a nuevas dependencias y frente a la grave responsabilidad de disponer de desechos radioactivos que se traslada a las nuevas generaciones, sin que estas obviamente puedan opinar;. La energía nuclear siempre se mezcla con el riesgo de la proliferación con fines militares, se quiera o no se quiera, especialmente por estos lados. Considero, en suma, y con mayor razón después de lo de Japón, que debe aplicarse el principio de precaución en un caso en el que tenemos alternativas disponibles. La reducción de la huella de carbono tiene otras opciones distintas a la nuclear en Chile: la hidroelectricidad sustentable, la energía solar, eólica y mareomotriz. El cuestionamiento de la civilización del hiperconsumo, válido, puede tener una versión minimalista eficaz de eficiencia energética que hay que explorar a fondo.
¿Será razonable insistir en una energía bastante cara, obsoleta y peligrosa, como si no tuviéramos ríos, radiación solar, viento y volcanes de modo privilegiado? Los costos de desarrollo de las energías no convencionales son altos pero van disminuyendo y tenemos la gran oportunidad de invitar a nuestros jóvenes científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores a ser parte de una nueva aventura tecnológica, pero amigable con la tierra en que vivimos y respetuosa con las nuevas generaciones.

Polémicas de fin de año

Termina el 2010, año difícil para los que nos situamos en la izquierda del espectro político. No se termina de asumir un cierre de ciclo histórico fruto de una derrota política grave. No emergen aún nuevas perspectivas. El desconcierto se profundiza. Ahora Camilo Escalona toma pretexto de unas memorias de Carlos Altamirano para cambiar de cancha, referirse a 1973 y esquivar el debate sobre las responsabilidades de hoy. Todo esto en nombre del pueblo y de la responsabilidad. Como se trata de dos temas muy importantes, me permito comentarlos, con la esperanza, que sabemos es lo último que se pierde, de no contribuir a las animosidades personales sino a debatir ideas y que 2011 sea el inicio de la recuperación del hoy oscurecido proyecto libertario e igualitario de la izquierda en Chile. Esa es la contribución que a lo mejor muchos de nosotros podemos hacerle al país y a los que observan probablemente desconcertados la acritud de las polémicas en curso y a los que pedimos excusas de antemano.
Primero tratemos de despejar el clima intelectual. Se puede opinar una u otra cosa de las afirmaciones de otros, eso es legítimo y alimenta la esfera pública si se hace razonadamente. Se puede ser irónico o rudo, cada uno con su estilo. Pero otra cosa es el despliegue de adjetivos descalificadores como los de Escalona al referirse a Altamirano (“arrebatos de supuesta figura universal”, “exégeta de un proceso frustrado”, “visceralidad”, “desesperación iracunda”, “llamado cerril”, “jugar a la revolución”, “azuzar la bestia para que sus dentelladas liquiden los avances sociales”, “arrastrar al sacrificio a tantos”, y me ahorro varios), que es siempre muestra de una impotencia de quien lo practica. Y otra cosa más grave es pretender tomarse para debatir el nombre del pueblo, al atribuirle al interlocutor un “profundo desprecio por lo popular”, cuando en realidad este está manifestando un desprecio por Escalona, lo que es otra cosa. Es frecuente que quien insinúa hablar a nombre del pueblo suele esconder un afán de poder ilegítimo procurando dotarse de una legitimidad basada en una dicotomía pueblo-élites. Uno podría simplemente ironizar, en este caso, con los pésimos números de Escalona en la encuesta CEP de fin de año, que lo ponen en lo más bajo de la escala de la popularidad y en lo más alto del rechazo “del pueblo”, y desde luego entre los adherentes a la centroizquierda.
Pero el discernimiento deliberativo no tiene como vara de medir los sondeos de opinión ni la popularidad, que es lo que más molesta a Escalona de los argumentos de Altamirano sobre las carencias de los proyectos de las izquierdas latinoamericanas actuales. Los argumentos son o no válidos, son o no pertinentes de acuerdo a determinados parámetros: esa es su vara de medir. Recordemos que la clase obrera alemana en un momento apoyó mayoritariamente a los nazis, lo que no honra a la primera ni hace a los segundos menos deleznables. En suma, el que no está de acuerdo con Altamirano, que lo diga y lo argumente. Pero sin insultar y en nombre propio, no del pueblo. El pueblo, la clase obrera, los trabajadores, no son el sujeto universal de ninguna emancipación, no son buenos ni malos, su conducta, cuando llegan a constituirse en sujetos colectivos, es fruto de circunstancias históricas y puede sustentar unos u otros proyectos colectivos. Y no tienen representantes predeterminados en la tierra, hayan nacido donde hayan nacido, que habilite a la descalificación del otro por su origen social, sea cual este sea, que viene siendo exactamente el grado cero de la inteligencia.
Los proyectos colectivos son los que en definitiva tienen o no sentido desde el punto de vista de la conformación del poder en la sociedad. Desde la perspectiva de un proyecto socialista, democrático y progresista (porque hay desgraciadamente socialistas no democráticos y conservadores, cuyo proyecto se remite a alcanzar el máximo de poder burocrático), se trata de organizar el sistema político y la economía de modo que prevalezcan los valores de libertad y emancipación humana, los intereses de las mayorías desposeídas de riqueza y de poder y el respeto por la tierra que nos cobija. La tarea de la política socialista es construir una alianza histórica de las clases medias, de los trabajadores y de los excluidos contra el predominio de los poderes económicos, estatales y religiosos arbitrarios. Ese proyecto es bien distinto del que se basa en dictaminar el bien y el mal en nombre del pueblo. Recordemos que ese fue el método de represión de las ideas de los terribles totalitarismos del siglo 20, que compartieron el odio a los intelectuales y a la cultura como uno de sus fundamentos. El orden soviético, que Escalona conoció de cerca, se sustentó en la identificación policial de disidencias y su catalogación como “enemigos del pueblo”. Los que no queremos nunca más muros de Berlín repudiamos las reemergencias nostálgicas de ese método y esperamos no verlo más por estos lados, y especialmente cuando se trata de figuras polémicas, honestas y que forman parte de nuestra historia como Altamirano. 

Segundo, juzgar a los individuos por su “responsabilidad” o “irresponsabilidad” en los procesos históricos es prolongar el modelo de los “amigos y enemigos del pueblo”. No es honesto plantear una discrepancia política en base a una dicotomía responsables-irresponsables, cuyo único resultado es azuzar la descalificación personal. Se puede también ironizar en este caso con las “irresponsabilidades” de Escalona, como haber sido parte del quiebre de la organización de los estudiantes secundarios; o de un intento de subordinación del socialismo chileno a la órbita soviética y de la RDA, que lo llevó incluso a una defensa de la dictadura de Videla que algunos argentinos de izquierda aún recuerdan; o de diseños militaristas cuando se debía consolidar las vías de salida política a la dictadura; o de haber planteado una candidatura presidencial distinta de la unitaria con la DC en 1989; o de haber decidido un vuelco hacia la “respetabilidad” con los poderes fácticos, aprobando la privatización de las sanitarias en el gobierno de Frei, aprobando más tarde el financiamiento de la política por las empresas, aliándose con los economistas neoliberales, abriendo una crisis interna a meses de la elección presidencial de Michelle Bachelet, estableciéndose como el monopolio excluyente de los apoyos a la presidenta, procurando destruir la figura de Ricardo Lagos, impidiendo primarias reales en la Concertación, constituyéndose en un factor de grave confrontación en la elección de 2009, negándose a todo balance de la derrota que no sea atribuírsela a Marco Enríquez-Ominami (otro” enemigo del pueblo”), pactando con Piñera un royalty minero vergonzoso para el partido de Allende, ayudando a la división opositora y del sindicalismo en el tema del reajuste de fin de año y así sucesivamente. Esas no son “irresponsabilidades”, como tampoco lo fue la acción política de Altamirano. Se trata de conductas políticas con las que se puede o no estar de acuerdo. Queda claro que yo no lo estoy y que los que no lo estamos somos minoría en el PS, lo que constatamos sin queja, pues así lo han decidido las bases socialistas, que tienen los dirigentes que eligen y por tanto se merecen. Y que eso no nos impedirá seguir, en tanto no seamos puestos en la categoría de “enemigos del pueblo”, manifestando nuestra opinión y procurando construir una alternativa a la actual conducción que tan bajo ha hecho descender al socialismo chileno, o lo que queda de él, y de paso afectado gravemente al progresismo y contribuido a la crisis de la concertación. Esta no es hoy una oposición a nada sustancial y está hoy solo concebida como paraguas de poder, carente de todo programa, lo que hunde a esta coalición en una condición cada vez más minoritaria.
Así, la conducta política responsable no es meramente individual y no se da en el aire: es aquella que articula la mayor fuerza social y política posible alrededor de un proyecto con objetivos precisos y sustentable en el tiempo y que resuelve los imperativos de la contingencia sin poner en peligro los objetivos de largo plazo, proceso en el cual por supuesto se cometen errores, porque la dirección política es cualquier cosa menos una ciencia exacta, y se debe ser capaz de discernir sobre ellos permitiendo la deliberación y la discrepancia que renuevan la capacidad de actuar. Ojalá el 2011 nos reencamine en esa perspectiva.