Sorpresas en el debate sobre las medidas sociales de Piñera
Uno de los grandes avances de la humanidad ha sido el desarrollo de la seguridad social, desde que el conservador canciller Otto Von Bismarck en la década de 1880, en la entonces recientemente unificada Alemania, tomara nota que el desarrollo del movimiento obrero hacía aconsejable pactar con sindicatos y empleadores mecanismos de mantención de ingresos de los trabajadores asalariados, primero con un seguro contra accidentes y más tarde seguros de enfermedad, de invalidez y de pensiones. Siguieron en el empeño, con velocidades y modalidades diversas, la mayoría de los países europeos, pero también tempranamente Uruguay y Chile (con la creación del Seguro Obrero en los años veinte y del Servicio Nacional de Salud en los años cincuenta) y otros países de América Latina y el mundo, así como los Estados Unidos de Roosevelt y su New Deal. Después de 1945, especialmente en los países industrializados, los mecanismos de protección social se generalizaron, procurando otorgar subsidios de sobrevivencia y cubrir de modo universal los riesgos de no tener de qué vivir en caso de enfermedad o desempleo y desde luego en la vejez. Estos procesos fueron rápidamente vistos como un “camino de servidumbre” por los ultraliberales seguidores de Von Hayek y Friedman, quienes recusaron lo que veían como una peligrosa hipertrofia del Estado. Promovieron la idea del Estado mínimo, de la privatización de la seguridad social y de la focalización extrema de la ayuda a los pobres, proponiendo un sistema, en el caso de Friedman, de impuesto a la renta no progresivo que financiase como contraparte un “impuesto negativo” que debiesen recibir solo las personas con más bajos ingresos. Estas ideas y sus mecanismos fueron en parte impuestos en la etapa dictatorial de 1973-1989 en Chile y muchos las asumieron como las nuevas sagradas escrituras, en especial la derecha y sus medios de comunicación (es decir casi todos). Otros impulsamos en los gobiernos de coalición de la Concertación, con más o menos éxito, el avance hacia nuevas formas de seguridad social universal mediante el plan Auge, el programa Chile Solidario, el Seguro de Cesantía, la reforma a las pensiones, el programa de apoyo a la infancia, entre otras reformas parciales que hubiésemos querido más amplias, en un contexto de ausencia de mayoría parlamentaria y, para ser francos, de…oposición interna de los neoliberales de la Concertación.
La derecha en campaña cruzó algunas fronteras ideológicas y tomó “compromisos sociales” que una vez conquistada La Moneda ha querido conservar para que no sea identificado su gobierno exclusivamente con los intereses empresariales. No es una novedad mayor y ha sido el caso de muchos gobiernos de derecha que procuran conquistar y mantener mayorías. Ventajas de la democracia. Así, Piñera se comprometió a ampliar a seis meses el sistema de permiso posnatal, a eliminar el 7% de cotización obligatoria en salud para los pensionados, y a establecer un “ingreso ético familiar” en respuesta al llamado de Monseñor Goic y la Iglesia Católica a establecer un “sueldo mínimo ético”. Ha pasado el tiempo, la oposición reclamó con justicia el cumplimiento de los compromisos electorales y el gobierno ha terminado por enviar proyectos de ley o anunciarlos. Como es su rol, la oposición parlamentaria ha saludado lo que estima son avances sociales y criticado lo que considera son limitaciones de su extensión, especialmente frente a la promesa inicial. La sorpresa, si pudiera llamarse así, ha venido por el lado de algunos ex asesores y personeros del anterior gobierno, que han querido, lo cual es respetable, pero no por eso menos criticable, tomar la actitud de oponerse desde posiciones ultraliberales -que siempre han sido las suyas, hay que reconocerlo- al gobierno de derecha.
En el caso del posnatal, Eduardo Engel, por ejemplo, ha afirmado que no está probado que su extensión a seis meses tenga beneficio alguno y que además aumenta las dificultades de empleabilidad de las mujeres, argumentos del mismo tenor que los del instituto Libertad y Desarrollo. La recomendación expresa de la OMS es, sin embargo, la que sigue: “la lactancia materna exclusiva durante seis meses y la lactancia materna continua con una alimentación segura, apropiada y adecuada se recomiendan como una política sanitaria mundial tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo”. ¿Cómo podría un progresista oponerse a ese objetivo, que tiene en un posnatal de seis meses un soporte indispensable? ¿Y por qué oponerse a la mantención de ingresos de las mujeres en el empleo durante el pleno período de la lactancia? A lo que los progresistas si se oponen es a la restricción del fuero maternal que incluye el proyecto de Piñera.
En el caso del llamado “ingreso ético familiar”, cuyos contornos exactos aún no se han definido pero que parece ser al final una ampliación de los beneficios monetarios del sistema Chile Solidario, Dante Contreras y Claudio Orrego se han opuesto a él en términos que hace tiempo no escuchábamos. Son los argumentos propios de la derecha de siempre, desde la discusión de las leyes de pobres en Inglaterra en el siglo 19 y sus casas de trabajo obligatorio, y de la derecha criolla de toda la vida: “nos parece un error apostar a acciones populistas vinculadas a la mera transferencia monetaria, sin poner un premio al que quiere trabajar. Una política de ingreso ético debe tener por primer objetivo la empleabilidad de la población, incentivando la generación de ingresos propios”. Las transferencias monetarias a los más pobres, incondicionales o de baja condicionalidad, son parte sustancial de los Estados de Bienestar modernos, incluyendo los construidos por la democracia cristiana europea, pues tienen que ver con el derecho a la subsistencia en medio de la opulencia de una parte de la sociedad. No es este el momento de cuestionarlos, sino de luchar por ampliarlos, como fue el caso de Lagos con el Chile Solidario, Bachelet con las Pensiones Solidarias y Lula con el programa Bolsa Familia. Por lo demás, ¿de qué manera pueden generar ingresos propios los desempleados de larga duración, los niños, los ancianos? Y mientras los que pueden trabajar logran obtener un empleo, una vez agotado el seguro de cesantía, ¿deben morir de hambre? En este caso, lo pertinente no es oponerse a la ampliación de subsidios incondicionales en nombre de evitar la “dependencia” a la que se acostumbrarían los pobres, como si su pobreza no fuera incentivo suficiente para procurar mejorar su situación. Lo pertinente parece ser saludar que el programa Chile Solidario sea dotado con más recursos como expresión de un aumento de derechos, lo que no es contradictorio con reclamar programas más activos de inserción en el empleo.
En el caso de la eliminación de la cotización de salud para los pensionados, el gobierno incluyó abundantes restricciones que disminuyen mucho su alcance, lo que naturalmente le es reprochado al gobierno por la oposición, especialmente porque la promesa fue otra. Pero he aquí que de nuevo Engel y Contreras, pero también ex funcionarios como Velasco y Hunneus, firman un texto en el que recusan el financiamiento tributario de las prestaciones de salud y exclaman que “eliminar la cotización de Salud de 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo. Un sistema moderno de protección social es por esencia contributivo... Pretender operar un sistema de salud sin que los principales usuarios contribuyan es como hacer un asado de curso y exigirle al que pone la casa que también ponga la carne y el vino.” Se expresa aquí una pobre idea del altruismo y su contraparte, la reciprocidad. Pero en fin, el hecho es que muchos sistemas de salud se financian con contribuciones salariales y con…impuestos generales, que expresan la solidaridad nacional con los enfermos. La enfermedad puede alcanzar a cualquiera en cualquier momento. La probabilidad de enfermar es siempre superior a cero para todo el mundo, y la disponibilidad a pagar de todos por los que se enferman es alta, incluso cuando se es joven: los que se enferman pueden ser los propios padres. Por ello, el financiamiento tributario de la salud se practica en muchas partes. Cito un estudio comparativo de tres países, entre muchos otros (Li, 2006): “los gastos del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total en salud son en Canadá, el Reino Unido y Taiwán (países que cubre el estudio) un 70%, 83% y 64% respectivamente. La mayor parte del gasto público en salud en los países seleccionados viene usualmente de los impuestos generales, que dependen fuertemente del impuesto al ingreso, a las empresas y a los bienes y servicios”. Este trabajo cita los principios, mantenidos hasta el día de hoy en el sistema británico, ni siquiera desmantelados por Margaret Thatcher: el National Health Service fue fundado bajo “el principio de la responsabilidad colectiva del Estado hacia un servicio de salud de amplio alcance (comprehensive), el que debe estar disponible para toda la población de manera gratuita en el lugar de acceso”. Nuestros neoliberales dirán: horror y, además, impagable. Ocurre que el sistema británico induce un gasto en salud de un 8% del PIB, contra un 15% en Estados Unidos, en el que reinaba, hasta la reciente reforma de Obama, la ley de la selva del mercado. De modo que establecer una “responsabilidad colectiva del Estado en salud” es legítimo y definitivamente moderno, mediante entre otras cosas su financiamiento a través de impuestos, como ya ocurre ampliamente con la salud pública en Chile, e incluso disminuyendo las cotizaciones de los pensionados por el Estado, cuando las pensiones son, como sabemos, muy bajas. Lo que pasa es que esto obliga a pensar en otras fuentes de financiamiento para ésta y otras tareas públicas, especialmente si consideramos que las cotizaciones salariales o sobre pensiones son regresivas dado que no consideran los ingresos sobre el capital, lo que siempre resulta enojoso para nuestros neoliberales, que por sobre todas las cosas siempre quieren un Estado pequeño, aunque sea a costa del bienestar de las mayorías y de la mantención de desigualdades inaceptables. Y siempre en nombre de "la ciencia", claro, en vez de sus propias opciones y juicios de valor.
En el caso del posnatal, Eduardo Engel, por ejemplo, ha afirmado que no está probado que su extensión a seis meses tenga beneficio alguno y que además aumenta las dificultades de empleabilidad de las mujeres, argumentos del mismo tenor que los del instituto Libertad y Desarrollo. La recomendación expresa de la OMS es, sin embargo, la que sigue: “la lactancia materna exclusiva durante seis meses y la lactancia materna continua con una alimentación segura, apropiada y adecuada se recomiendan como una política sanitaria mundial tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo”. ¿Cómo podría un progresista oponerse a ese objetivo, que tiene en un posnatal de seis meses un soporte indispensable? ¿Y por qué oponerse a la mantención de ingresos de las mujeres en el empleo durante el pleno período de la lactancia? A lo que los progresistas si se oponen es a la restricción del fuero maternal que incluye el proyecto de Piñera.
En el caso del llamado “ingreso ético familiar”, cuyos contornos exactos aún no se han definido pero que parece ser al final una ampliación de los beneficios monetarios del sistema Chile Solidario, Dante Contreras y Claudio Orrego se han opuesto a él en términos que hace tiempo no escuchábamos. Son los argumentos propios de la derecha de siempre, desde la discusión de las leyes de pobres en Inglaterra en el siglo 19 y sus casas de trabajo obligatorio, y de la derecha criolla de toda la vida: “nos parece un error apostar a acciones populistas vinculadas a la mera transferencia monetaria, sin poner un premio al que quiere trabajar. Una política de ingreso ético debe tener por primer objetivo la empleabilidad de la población, incentivando la generación de ingresos propios”. Las transferencias monetarias a los más pobres, incondicionales o de baja condicionalidad, son parte sustancial de los Estados de Bienestar modernos, incluyendo los construidos por la democracia cristiana europea, pues tienen que ver con el derecho a la subsistencia en medio de la opulencia de una parte de la sociedad. No es este el momento de cuestionarlos, sino de luchar por ampliarlos, como fue el caso de Lagos con el Chile Solidario, Bachelet con las Pensiones Solidarias y Lula con el programa Bolsa Familia. Por lo demás, ¿de qué manera pueden generar ingresos propios los desempleados de larga duración, los niños, los ancianos? Y mientras los que pueden trabajar logran obtener un empleo, una vez agotado el seguro de cesantía, ¿deben morir de hambre? En este caso, lo pertinente no es oponerse a la ampliación de subsidios incondicionales en nombre de evitar la “dependencia” a la que se acostumbrarían los pobres, como si su pobreza no fuera incentivo suficiente para procurar mejorar su situación. Lo pertinente parece ser saludar que el programa Chile Solidario sea dotado con más recursos como expresión de un aumento de derechos, lo que no es contradictorio con reclamar programas más activos de inserción en el empleo.
En el caso de la eliminación de la cotización de salud para los pensionados, el gobierno incluyó abundantes restricciones que disminuyen mucho su alcance, lo que naturalmente le es reprochado al gobierno por la oposición, especialmente porque la promesa fue otra. Pero he aquí que de nuevo Engel y Contreras, pero también ex funcionarios como Velasco y Hunneus, firman un texto en el que recusan el financiamiento tributario de las prestaciones de salud y exclaman que “eliminar la cotización de Salud de 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo. Un sistema moderno de protección social es por esencia contributivo... Pretender operar un sistema de salud sin que los principales usuarios contribuyan es como hacer un asado de curso y exigirle al que pone la casa que también ponga la carne y el vino.” Se expresa aquí una pobre idea del altruismo y su contraparte, la reciprocidad. Pero en fin, el hecho es que muchos sistemas de salud se financian con contribuciones salariales y con…impuestos generales, que expresan la solidaridad nacional con los enfermos. La enfermedad puede alcanzar a cualquiera en cualquier momento. La probabilidad de enfermar es siempre superior a cero para todo el mundo, y la disponibilidad a pagar de todos por los que se enferman es alta, incluso cuando se es joven: los que se enferman pueden ser los propios padres. Por ello, el financiamiento tributario de la salud se practica en muchas partes. Cito un estudio comparativo de tres países, entre muchos otros (Li, 2006): “los gastos del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total en salud son en Canadá, el Reino Unido y Taiwán (países que cubre el estudio) un 70%, 83% y 64% respectivamente. La mayor parte del gasto público en salud en los países seleccionados viene usualmente de los impuestos generales, que dependen fuertemente del impuesto al ingreso, a las empresas y a los bienes y servicios”. Este trabajo cita los principios, mantenidos hasta el día de hoy en el sistema británico, ni siquiera desmantelados por Margaret Thatcher: el National Health Service fue fundado bajo “el principio de la responsabilidad colectiva del Estado hacia un servicio de salud de amplio alcance (comprehensive), el que debe estar disponible para toda la población de manera gratuita en el lugar de acceso”. Nuestros neoliberales dirán: horror y, además, impagable. Ocurre que el sistema británico induce un gasto en salud de un 8% del PIB, contra un 15% en Estados Unidos, en el que reinaba, hasta la reciente reforma de Obama, la ley de la selva del mercado. De modo que establecer una “responsabilidad colectiva del Estado en salud” es legítimo y definitivamente moderno, mediante entre otras cosas su financiamiento a través de impuestos, como ya ocurre ampliamente con la salud pública en Chile, e incluso disminuyendo las cotizaciones de los pensionados por el Estado, cuando las pensiones son, como sabemos, muy bajas. Lo que pasa es que esto obliga a pensar en otras fuentes de financiamiento para ésta y otras tareas públicas, especialmente si consideramos que las cotizaciones salariales o sobre pensiones son regresivas dado que no consideran los ingresos sobre el capital, lo que siempre resulta enojoso para nuestros neoliberales, que por sobre todas las cosas siempre quieren un Estado pequeño, aunque sea a costa del bienestar de las mayorías y de la mantención de desigualdades inaceptables. Y siempre en nombre de "la ciencia", claro, en vez de sus propias opciones y juicios de valor.