Actual embajador en España llama a fundar una Federación Progresista, que incluya al PS, PPD, PRSD y a los seguidores de ME-O, y desde ahí relacionarse con la DC.
Andrea Sierra
Después de la derrota del 17 de enero de 2010, el peor camino es de la espiral de recriminaciones. Atender lo ocurrido es necesario, habrá largo tiempo para hacerlo, y lo es también asumir las responsabilidades que corresponden a una derrota de proporciones. Pero la acción política siempre debe proyectarse hacia los nuevos desafíos. Discutir sobre esos desafíos es por lo demás una manera de dar cuenta de los errores cometidos. En nuestro caso, se trata de reencaminar la situación de serio retroceso actual hacia un nuevo proyecto político. La Concertación debe redefinirse y entenderse como una expresión de alianza entre el centro político democrático y el arco de la izquierda moderna, progresista y popular, es decir una entidad con vocación mayoritaria que incluye dos grandes identidades diferentes que se unen para fines específicos. La izquierda concertacionista, luego de años de renuncia a su propia agenda transformadora en nombre de un pragmatismo de vuelo rasante y de una absorción unívoca en la función gubernamental, con buenos resultados de consolidación democrática pero finalmente un balance bastante estéril desde el punto de vista de su proyecto histórico de expansión de las libertades, de la igualdad social y del bienestar colectivo, debe reagruparse de una vez, incluyendo si es posible las nuevas expresiones polìticas que surjan a su izquierda, y abrirse a la sociedad para representar a los trabajadores y postergados de Chile que compartan los valores e ideas igualitarias y libertarias, propias del acervo histórico de la izquierda, y a las ideas ecológistas, propias de los nuevos desafíos de la condición humana. Debe revincularse a variadas formas de acción social y ciudadana y dejar de situar al Estado como su único espacio de actividad. El PS debe contribuir, una vez renovadas sus autoridades a la brevedad, a ese propósito central de desestatización y resocialización, aunque siempre estará abierta la opción de la autodestrucción o la esterilidad de las querellas y ambiciones de personas y la defensa de intereses burocráticos particulares. Las nuevas bases de un renovado proyecto político deben ser programáticas y organizativas y dar amplia cuenta del alejamiento producido respecto a las aspiraciones de la sociedad que nos ha llevado a la derrota.
1. Las nuevas bases programáticas progresistas deben ser congruentes con los valores y principios permanentes de la izquierda democrática. En primer lugar, deben reiterar que la democracia es el espacio y límite de su acción en favor de la justicia social, de los derechos de los que viven de su trabajo y de los derechos de las nuevas generaciones a que no se destruya el medio ambiente. Somos partidarios de una sociedad pluralista en la que se cultiva la tolerancia de las ideas ajenas y se respeta las reglas del juego democrático, en el gobierno y en la oposición. Los sistemas políticos son más democráticos y fuertes en su capacidad de proveer una forma de gobierno que respete los derechos individuales y colectivos cuando las opciones existentes y los intereses que representan se ponen en juego frente a los ciudadanos, llamados a dirimirlas periódicamente. Las izquierdas autoritarias no merecen ser calificadas como fuerzas de izquierda: toda izquierda auténtica defiende el ejercicio de las libertades como condición para conquistar derechos igualitarios y un orden social justo.
2. La visión de izquierda y progresista debe afirmar con energía que considera obsoletas las instituciones de la transición y que luchará por una nueva Constitución con una visión de desconcentración del poder, buscando su difusión territorial y el control por la sociedad de los órganos del Estado y del poder económico. En Chile existe un déficit de interacción de los poderes públicos, un déficit de representación y un déficit de concertación social. El parlamento debe poder jugar un rol mayor en la orientación de las políticas públicas y en su fiscalización y al mismo tiempo componerse de un modo congruente con la orientación del ejecutivo mediante un sistema electoral que refleje a las mayorías y represente a las minorías políticas significativas. La tarea es cambiar las instituciones parlamentarias para dejar atrás el sistema de empate y negación de la soberanía popular y sus opciones mayoritarias, fuente de parálisis y alejamiento de la opinión pública de su principal institución representativa. El espacio institucional regional y local debe robustecerse para tener más autonomía en los asuntos que le competen, elegirse democráticamente y establecer el mecanismo de primera y segunda vuelta para elegir alcaldes y presidentes de gobiernos regionales. A la vez, debe confiarse en el diálogo social y establecerse mecanismos periódicos y amplios de debate y acuerdo entre gobierno, trabajadores, usuarios y empresarios para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.
3. La visión progresista no puede seguir resignándose al veto conservador que se niega a reconocer que las mujeres tienen derechos igualitarios y además derechos que les son específicos. Entre estos debe ser establecido el derecho a la interrupción del embarazo cuando así lo aconseje su salud física y mental, y desde luego en caso de violación e incesto. Los conservadores tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia sexual, étnica, de género o social es parte de la reivindicación histórica del progresismo que debe adquirir de aquí en adelante toda su fuerza, y no aceptar ser subordinada al juego de las alianzas políticas con el centro y sus vetos arbitrarios.
4. La izquierda moderna debe promover una economía social y ecológica con mercados, siguiendo las experiencias socialistas democráticas de economía mixta, pero no ser meros defensores de la economía de mercado, a lo que hemos sido asimilados en la práctica, por sentido de la oportunidad, omisión o convicción, lo que ya es más grave. La derecha es la que defiende la economía de mercado en la que prevalecen los intereses oligárquicos establecidos, la concentración económica, los salarios injustos, la desigualdad de ingresos, la falta de competencia, los subsidios a los grandes empresarios, los impuestos regresivos, la no regulación ecológica, la indefensión del consumidor. Este sistema económico tiene por nombre capitalismo y los que lo defienden promueven políticas neoliberales de minimización del Estado y de negación del interés general. Y a ese sistema y a esas políticas es contraria la izquierda moderna y democrática, que defiende la distribución equitativa de la riqueza, el derecho de los trabajadores a luchar organizadamente por ella, la protección social frente a los riesgos y la defensa de la naturaleza. La visión progresista no aceptará de aquí en adelante mantener la colonización por el neoliberalismo de sus propuestas económicas y sociales por falta de convicción en su propio proyecto histórico igualitario y ambientalista. La izquierda moderna considera que los mercados no deben suprimirse, pero deben funcionar en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones. Cuando no es el caso, deben ser regulados y controlados por las autoridades públicas democráticas y por la sociedad organizada. Los mercados sirven para asignar recursos de manera descentralizada en el corto plazo, y no deben ser ahogados por burocracias incompetentes, pero no deben ser idolatrados y menos desconocidos sus límites en materia de eficiencia y de equidad, que requieren de un Estado sólido y capaz de servir a los ciudadanos con transparencia y diligencia. Porque esto es consustancial a su proyecto, la izquierda moderna cree que el peor error que se puede cometer frente a los ciudadanos que confían en ella es descuidar el carácter profesional del Estado y someterlo al clientelismo y la incompetencia, prácticas que se compromete a desterrar de sus filas.
5. El crecimiento es un medio para salir del subdesarrollo, pero debe fomentarse en el marco del ejercicio de las libertades políticas y sociales. Nuestro horizonte es construir, junto a los ciudadanos, un nuevo Estado democrático y social de derecho que garantice seguridades básicas, igualdad de derechos y oportunidades, acceso de todos a los bienes públicos, al goce de la naturaleza y a incidir en las decisiones administrativas y políticas. Esto requiere más gasto en educación y salud pública, bienes urbanos y protección de la naturaleza, y no menos como proponen los liberales y sus soluciones de mercado o de Estado subsidiario y marginal. Requiere una fuerte protección social frente a los riesgos cíclicos de desempleo y exclusión, y no menos protección para los más vulnerables. Requiere más y no menos Estado en infraestructura, formación, innovación tecnológica. Requiere incluso de un importante rol empresarial público y en todo caso de fuertes regulaciones para cautelar la explotación racional de recursos naturales, promover nuevas tecnologías, diversificar las fuentes de generación de energía, mantener el buen funcionamiento de los servicios básicos y asegurar el financiamiento de la empresa innovadora. Esto tiene un costo para la sociedad, expresado en una mayor carga tributaria, que debe ser suficiente y justa en su distribución. Pero mucho mayor es, entre otras lacras, el costo de la ruptura de la cohesión social y su secuela de menor seguridad y alto gasto en policías y prisiones. La sociedad de mercado debe ser reemplazada por una sociedad plural, con un espacio público fuerte, con ciudadanos con derechos, en el que la economía y el mercado se subordinen al interés general y a la sustentabilidad democrática, social y ambiental del desarrollo.
6. Volver a conectarse con las aspiraciones de la sociedad a través de un proyecto político que les otorgue orientación y sentido de futuro requerirá un cambio en la configuración organizativa del progresismo. Llegó la hora de desechar la dispersión que se ha mantenido en nombre de “cautelar la Concertación”, al precio de renunciar a la agenda progresista y de distanciarse de los ciudadanos. La mejor fórmula es la de una federación de fuerzas que incluya a las existentes y a nuevas expresiones políticas que se reconocen en el proyecto político progresista y están dispuestas a ser parte de su desarrollo, sin exclusiones. Esta federación debe sustentarse mediante procedimientos democráticos de representación proporcional en un consejo nacional, que delibere sobre sus bases programáticas y las orientaciones políticas en cada coyuntura, y en una dirección política conjunta que combine representatividad y pluralidad de los componentes de
7. La existencia de la federación progresista no supondrá terminar con las alianzas de gobierno con fuerzas del centro político y especialmente con
En las dos elecciones presidenciales anteriores a la de diciembre de 2009 la derecha obtuvo en primera vuelta un muy buen resultado. En 1999, con Joaquín Lavín como único candidato, alcanzó el 47,5% de los sufragios válidamente emitidos (sin contabilizar los votos nulos y blancos), situándose a menos de medio punto porcentual de Ricardo Lagos, con apenas unos 31 mil votos de desventaja. En 2005, las candidaturas de Sebastián Piñera y de Joaquín Lavín sumaron juntas el 48,6%, lo que en esta ocasión implicó superar el 46,0% de Michelle Bachelet, con una diferencia a favor de la derecha de nada menos que 186 mil votos, lo que a veces se olvida. En efecto, hace ya una década que quedaron atrás las victorias holgadas de la Concertación en primera vuelta, dirimiéndose desde entonces la contienda presidencial en la segunda vuelta electoral que prevé nuestro sistema institucional.
En enero de 2000, Joaquín Lavín incrementó su votación de primera vuelta en 143 mil votos, pero Ricardo Lagos lo hizo en 300 mil votos, sellando su victoria por una diferencia porcentual de 2,6 puntos (51,3% contra 48,7 %). Se produjo probablemente el apoyo de buena parte de los 291 mil votantes de Gladys Marín, Tomás Hirsch y Sara Larraín, mientras unos 123 mil ciudadanos se sumaron al proceso electoral en comparación a los que sufragaron en primera vuelta.
En cambio, en enero de 2006 el comportamiento fue diferente: no se incrementó mayormente la participación electoral (con solo 17 mil votos más), mientras Sebastián Piñera no logró reunir tras su nombre los votos que se habían expresado a favor de la derecha en la primera vuelta presidencial, con una pérdida de 140 mil votos. En cambio, Michelle Bachelet logró un espectacular repunte en la mencionada ocasión, sumando 532 mil votos adicionales, es decir 7,5 puntos porcentuales de votación, una cifra bastante mayor a los 375 mil votos que había obtenido el candidato del Juntos Podemos, Tomás Hirsch. Así, una parte del voto de Joaquín Lavín se transfirió hacia la primera mujer que ha llegado a la primera magistratura del país, que logró ser electa con una importante diferencia de sufragios respecto a la derecha ( 53,5% contra 46,5%).
Como vemos, la primera y la segunda vuelta tienen sus propias dinámicas, en donde la fortaleza inicial de la derecha hasta acá no se ha traducido en un crecimiento suficiente en la segunda vuelta. Pero naturalmente, cada elección es distinta, y la de hoy 13 de diciembre deparará seguramente más de alguna sorpresa, como es propio de la democracia, en la que nada está escrito hasta que los ciudadanos de pronuncian.
En los últimos años un conjunto de gobiernos han recibido en Sudamérica el apelativo de progresistas. Esta es una denominación genérica que esconde realidades muy diversas, aunque se puede distinguir dos variantes principales: la de los gobiernos del cono sur (Brasil, Chile, Uruguay), más o menos asimilables a la corriente socialdemócrata en un sentido muy amplio, siguiendo categorías más bien europeas, y los de sello refundacional que han emergido con fuerza en el espacio andino (Venezuela, Bolivia, Ecuador), mientras Argentina mantiene su sello “peronista progresista” no siempre clasificable.
Varios de esos gobiernos están recibiendo o recibirán el juicio ciudadano en elecciones democráticas. Luego de las que han tenido lugar recientemente en Uruguay (25 de octubre- 29 de noviembre) y Bolivia (6 de diciembre) este domingo 13 de diciembre se realizarán en Chile elecciones presidenciales y parlamentarias, ocasión en la que se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Más adelante tendrán lugar las elecciones de Brasil (octubre 2010) y Argentina (octubre 2011).
Mientras en Uruguay y en Bolivia se ha renovado la confianza de los ciudadanos en los gobiernos respectivos -en un caso en la coalición que gobierna desde marzo de 2005 encabezada por Tabaré Vásquez y ahora por el ex Tupamaro José Mujica y en el otro en el líder indígena Evo Morales y su partido, en el gobierno desde enero de 2006- en Chile permanece una cierta incógnita sobre el signo político de la próxima administración.
Y esto a pesar de que todos califican al gobierno que termina como exitoso y que la popularidad alcanzada por la presidenta Michelle Bachelet – señalemos que la constitución prohíbe la reelección inmediata de los presidentes, de acuerdo a la tradición del país desde 1925, cuando se eliminó la reelección por un período permitida por la constitución de 1833- es excepcionalmente elevada. Las razones de la incógnita son varias.
No debe olvidarse que la Concertación de Partidos por la Democracia, que reúne a fuerzas políticas de centro e izquierda que hasta 1973 se confrontaron agudamente y luego supieron colaborar a partir de los años ochenta para recuperar la democracia y darle un gobierno estable y mayoritario al país, va a cumplir 20 años gobernando.
Esto no se había producido nunca en la historia de Chile. En el siglo XX, ningún gobierno se sucedió a sí mismo en términos de orientación política, con excepción de los gobiernos del partido radical de los años cuarenta, en que dos presidentes fallecieron prematuramente.
La larga duración de la actual coalición se explica por la también prolongada y compleja transición a la democracia, que cohesionó a la coalición gobernante en su compromiso con la consolidación de las instituciones y el Estado de derecho, frente a una fuerte oposición de la derecha política y empresarial anclada en su apoyo al antiguo régimen, representada en el parlamento más allá de su apoyo real mediante herencias institucionales no democráticas, además de un fuerte predominio en los medios de comunicación.
Hoy, en que por primera vez se celebran elecciones con el ex dictador Pinochet ya fallecido y sin que nadie reivindique su herencia política, las razones iniciales de unidad en la coalición han perdido parte de su vigencia. Chile ya recorrió con éxito una primera etapa de recuperación de las libertades políticas que le permite contar con instituciones democráticas en funcionamiento y con el ingreso por habitante más alto de América Latina.
Admiración de las políticas fiscales
Después de un largo período de crecimiento muy superior al del período autoritario, las políticas fiscales son admiradas por su solvencia y carácter anticíclico y le permiten enfrentar en buen pie la actual crisis global. La sociedad se ha vuelto más próspera, compleja y plural y las diferencias en materia de extensión de la protección social para atacar las persistentes desigualdades de ingreso –entre las más altas del mundo- y de las libertades individuales –en Chile se penaliza severamente el aborto y no existe reconocimiento de las parejas homosexuales- se han hecho mayores.
Están en debate las vías para establecer una nueva constitución, pues la legitimidad de la constitución vigente, aunque ampliamente reformada, sigue estando en cuestión, especialmente un sistema electoral que no permite reflejar las mayorías y minorías ciudadanas ni autoriza a votar a los chilenos en el exterior. Y sigue suscitando polémicas el difícil paso de una economía sustentada en la exportación de materias primas y relaciones laborales no cooperativas a una economía basada en el conocimiento y en el diálogo social, con además menor huella de carbono y destrucción del ambiente.
Se debate como relanzar un crecimiento más dinámico, capaz de ofrecer más protección a los más pobres y más movilidad y seguridad a las clases medias en expansión, antes que pensiones, educación y salud todavía ampliamente privatizadas y con acceso determinado por el nivel de ingreso. Esto provoca un explicable malestar, a pesar de los cambios de énfasis y de las exitosas políticas de los presidentes Lagos y Bachelet y de los anteriores gobiernos, especialmente en la ampliación de derechos sociales. La sociedad se ha hecho mucho más exigente y es especialmente crítica frente a todo brote de clientelismo o de mal manejo de los recursos públicos, mientras la capacidad de respuesta de las élites y del sistema político no necesariamente ha seguido el ritmo.
La Concertación cuenta con un candidato oficial, apoyado por las directivas de los partidos de la coalición, el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000). Pero también ha emergido con inusitada fuerza, especialmente en el electorado juvenil y menos alineado en términos partidistas, un candidato disidente, el hasta hace poco diputado socialista Marco Enríquez-Ominami. En esta ocasión, el candidato de la izquierda extraparlamentaria, el ex ministro y ex embajador socialista Jorge Arrate, proviene también del oficialismo.
Frente a estas candidaturas, se erige la del único representante de la oposición de derecha, Sebastián Piñera, que probablemente, por primera vez desde 1990, obtendrá la primera mayoría relativa, aunque sin superar a la suma de las otras tres candidaturas. Es muy probable, de acuerdo a los sondeos de opinión, que la contienda democrática no se dirima este domingo, sino un mes después, en una segunda vuelta presidencial a realizarse en enero para dirimir entre las dos primeras mayorías que emerjan en la primera vuelta.
Proceso en el que las incógnitas principales serán si el contendor no derechista logrará o no reunir los votos de los dos candidatos que habrán quedado en el camino en primera vuelta y prevalecer sobre el candidato opositor y, a la inversa, si este logra o no atraer nuevos electores, sin lo cual solo habrá podido celebrar una victoria efímera.
Reproduzco traducido al español el relevante artículo de Edward Wong publicado el 27 de febrero en The New York Times, una buena síntesis de...