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Las incógnitas de las elecciones en Chile

Columna publicada en el diario El Mundo.

En los últimos años un conjunto de gobiernos han recibido en Sudamérica el apelativo de progresistas. Esta es una denominación genérica que esconde realidades muy diversas, aunque se puede distinguir dos variantes principales: la de los gobiernos del cono sur (Brasil, Chile, Uruguay), más o menos asimilables a la corriente socialdemócrata en un sentido muy amplio, siguiendo categorías más bien europeas, y los de sello refundacional que han emergido con fuerza en el espacio andino (Venezuela, Bolivia, Ecuador), mientras Argentina mantiene su sello “peronista progresista” no siempre clasificable.

Varios de esos gobiernos están recibiendo o recibirán el juicio ciudadano en elecciones democráticas. Luego de las que han tenido lugar recientemente en Uruguay (25 de octubre- 29 de noviembre) y Bolivia (6 de diciembre) este domingo 13 de diciembre se realizarán en Chile elecciones presidenciales y parlamentarias, ocasión en la que se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Más adelante tendrán lugar las elecciones de Brasil (octubre 2010) y Argentina (octubre 2011).

Mientras en Uruguay y en Bolivia se ha renovado la confianza de los ciudadanos en los gobiernos respectivos -en un caso en la coalición que gobierna desde marzo de 2005 encabezada por Tabaré Vásquez y ahora por el ex Tupamaro José Mujica y en el otro en el líder indígena Evo Morales y su partido, en el gobierno desde enero de 2006- en Chile permanece una cierta incógnita sobre el signo político de la próxima administración.

Y esto a pesar de que todos califican al gobierno que termina como exitoso y que la popularidad alcanzada por la presidenta Michelle Bachelet – señalemos que la constitución prohíbe la reelección inmediata de los presidentes, de acuerdo a la tradición del país desde 1925, cuando se eliminó la reelección por un período permitida por la constitución de 1833- es excepcionalmente elevada. Las razones de la incógnita son varias.

No debe olvidarse que la Concertación de Partidos por la Democracia, que reúne a fuerzas políticas de centro e izquierda que hasta 1973 se confrontaron agudamente y luego supieron colaborar a partir de los años ochenta para recuperar la democracia y darle un gobierno estable y mayoritario al país, va a cumplir 20 años gobernando.

Esto no se había producido nunca en la historia de Chile. En el siglo XX, ningún gobierno se sucedió a sí mismo en términos de orientación política, con excepción de los gobiernos del partido radical de los años cuarenta, en que dos presidentes fallecieron prematuramente.

La larga duración de la actual coalición se explica por la también prolongada y compleja transición a la democracia, que cohesionó a la coalición gobernante en su compromiso con la consolidación de las instituciones y el Estado de derecho, frente a una fuerte oposición de la derecha política y empresarial anclada en su apoyo al antiguo régimen, representada en el parlamento más allá de su apoyo real mediante herencias institucionales no democráticas, además de un fuerte predominio en los medios de comunicación.

Hoy, en que por primera vez se celebran elecciones con el ex dictador Pinochet ya fallecido y sin que nadie reivindique su herencia política, las razones iniciales de unidad en la coalición han perdido parte de su vigencia. Chile ya recorrió con éxito una primera etapa de recuperación de las libertades políticas que le permite contar con instituciones democráticas en funcionamiento y con el ingreso por habitante más alto de América Latina.

Admiración de las políticas fiscales

Después de un largo período de crecimiento muy superior al del período autoritario, las políticas fiscales son admiradas por su solvencia y carácter anticíclico y le permiten enfrentar en buen pie la actual crisis global. La sociedad se ha vuelto más próspera, compleja y plural y las diferencias en materia de extensión de la protección social para atacar las persistentes desigualdades de ingreso –entre las más altas del mundo- y de las libertades individuales –en Chile se penaliza severamente el aborto y no existe reconocimiento de las parejas homosexuales- se han hecho mayores.

Están en debate las vías para establecer una nueva constitución, pues la legitimidad de la constitución vigente, aunque ampliamente reformada, sigue estando en cuestión, especialmente un sistema electoral que no permite reflejar las mayorías y minorías ciudadanas ni autoriza a votar a los chilenos en el exterior. Y sigue suscitando polémicas el difícil paso de una economía sustentada en la exportación de materias primas y relaciones laborales no cooperativas a una economía basada en el conocimiento y en el diálogo social, con además menor huella de carbono y destrucción del ambiente.

Se debate como relanzar un crecimiento más dinámico, capaz de ofrecer más protección a los más pobres y más movilidad y seguridad a las clases medias en expansión, antes que pensiones, educación y salud todavía ampliamente privatizadas y con acceso determinado por el nivel de ingreso. Esto provoca un explicable malestar, a pesar de los cambios de énfasis y de las exitosas políticas de los presidentes Lagos y Bachelet y de los anteriores gobiernos, especialmente en la ampliación de derechos sociales. La sociedad se ha hecho mucho más exigente y es especialmente crítica frente a todo brote de clientelismo o de mal manejo de los recursos públicos, mientras la capacidad de respuesta de las élites y del sistema político no necesariamente ha seguido el ritmo.

La Concertación cuenta con un candidato oficial, apoyado por las directivas de los partidos de la coalición, el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000). Pero también ha emergido con inusitada fuerza, especialmente en el electorado juvenil y menos alineado en términos partidistas, un candidato disidente, el hasta hace poco diputado socialista Marco Enríquez-Ominami. En esta ocasión, el candidato de la izquierda extraparlamentaria, el ex ministro y ex embajador socialista Jorge Arrate, proviene también del oficialismo.

Frente a estas candidaturas, se erige la del único representante de la oposición de derecha, Sebastián Piñera, que probablemente, por primera vez desde 1990, obtendrá la primera mayoría relativa, aunque sin superar a la suma de las otras tres candidaturas. Es muy probable, de acuerdo a los sondeos de opinión, que la contienda democrática no se dirima este domingo, sino un mes después, en una segunda vuelta presidencial a realizarse en enero para dirimir entre las dos primeras mayorías que emerjan en la primera vuelta.

Proceso en el que las incógnitas principales serán si el contendor no derechista logrará o no reunir los votos de los dos candidatos que habrán quedado en el camino en primera vuelta y prevalecer sobre el candidato opositor y, a la inversa, si este logra o no atraer nuevos electores, sin lo cual solo habrá podido celebrar una victoria efímera.

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