¿Vaso medio lleno o medio vacío?

En El Mostrador

En estos días de fin de año se discuten balances en diversos tópicos. Dos de ellos son los tributarios y las pensiones. A la vez, permanece el debate sobre cuán neoliberal y libremercadista sigue siendo Chile desde que los Chicago Boys y el gran empresariado iniciaron una refundación de la economía y la sociedad chilenas en 1974 bajo una dictadura militar, y cuyo redireccionamiento sus representantes resisten tenazmente desde la recuperación de las libertades democráticas. Ese redireccionamiento ha sido excesivo para algunos e insuficiente para otros, entre los que me cuento, pero convengamos en que al menos ha sido parcialmente logrado en varios de sus ejes principales: los impuestos y gastos públicos y las regulaciones han aumentado, mientras el rol de las empresas públicas permanece en las áreas estratégicas, a pesar de los intentos por privatizarlas (lo que lograron con tres sanitarias durante Frei Ruiz-Tagle, pero no mucho más), con una falta de avance socialdemócrata suficiente en materia de negociación colectiva equilibrada de las condiciones de trabajo y de rol de los sindicatos y el diálogo social y de avance ambiental en la preservación suficiente de los ecosistemas.

La falta de envergadura comparativa de la carga tributaria y las desigualdades de su composición persisten en Chile, por lo que se debe seguir bregando en la materia. Pero no se debe olvidar algunos datos que denotan progresos. Según la OCDE, en 1990 los ingresos tributarios del Estado representaban un 16,8% del PIB, mientras en 2022 alcanzaron un 23,8% del PIB, 7 puntos porcentuales más, aunque lejos del 34% de promedio en la OCDE. En 2023 bajaron a un 20,6% del PIB por la caída coyuntural de la tributación al ingreso y la minera, y aumentará en 2024. El incremento ha tenido como contrapartida más gastos en pensiones, salud, educación, vivienda e infraestructura, entre otros temas sociales y productivos que han sido reforzados a lo largo del tiempo fuera de la lógica neoliberal.

Esa carga tributaria mayor se explica en buena medida por aumentos en la suma de los impuestos al ingreso, a las utilidades y a las ganancias de capital de personas y corporaciones. En 1990, este conjunto representaba un 3,9% del PIB, mientras en 2022 alcanzó un 10,4% del PIB, unos 6,5 puntos porcentuales adicionales. En 2023, la cifra bajó a un 7,2% del PIB, por las caídas coyunturales mencionadas. 

Por su parte, los impuestos indirectos a las transacciones (IVA y otros) son pagados en mayor proporción de sus ingresos por los sectores de rentas más bajas, pues no tienen capacidad de ahorro, aunque la tasa que se aplique sea pareja. En 1990, los ingresos del Estado por impuestos a los bienes y servicios representaban un 10,6% del PIB, y en 2023 llegaron a un 11,2%. Es un aumento marginal, a pesar de una tasa de IVA que pasó de 14% a 19%, pero que se acompañó, entre otras cosas, de bajas en los aranceles externos.

En materia de pensiones, cuya reforma se discute en estos días en su fase final, el logro principal es el paso de la cobertura de la pensión garantizada del 60% al 90% del universo de mayores de 65 años logrado en 2022 y ampliado en 2023 al 90% de la población en su conjunto, después de su establecimiento inicial en 40% durante el gobierno de Bachelet I. Esta pensión experimentará un incremento real de cerca de 17% de su valor por beneficiario entre febrero de 2022 y febrero de 2025, cuando subirá a 250 mil pesos. Esto ayudará a sacar de la pobreza a los mayores de 65 años si se considera la línea de pobreza por persona equivalente, concepto siempre discutible pero útil para evaluar algunas situaciones, la que alcanza hoy a 233 mil pesos en la actualidad, a comparar con el valor actual de la PGU de 214 mil pesos. La pensión garantizada debiera acercarse progresivamente al menos al 80% del salario mínimo (500 mil pesos), que es una de las razones por las cuales se requiere de una reforma tributaria progresiva más amplia, aquella que la oposición neoliberal y sus aliados en la Cámara rechazaron en marzo de 2023 votando en contra de la idea de legislar, paralizando al gobierno en la materia. 

El aumento del 6% de la cotización salarial y del tope de cotización para aumentar en el largo plazo las pensiones, que se viene planteando desde el gobierno de Bachelet II, es una respuesta a otro problema: un sistema de capitalización privada -el emblema del neoliberalismo chileno- que otorga muy bajas pensiones autofinanciadas, especialmente a las mujeres, y permite que todos los años los dueños privados de las AFP extraigan rentas improductivas de cientos de millones de dólares de las cotizaciones. Las AFP funcionan con del orden de un 100% de margen entre ingresos por cotizaciones y costos y una rentabilidad sobre activos de 33% anual, una de las actividades más privilegiadas en el país, mientras financian campañas publicitarias millonarias con las comisiones de los cotizantes para intentar quedarse con la mayor ampliación posible de su negocio en el proceso de reforma en curso.

El recaudador único de cotizaciones para ahorrar costos, como ya ocurre en el seguro de desempleo, y dejar en competencia amplia solo la función de inversión de los fondos, es parte de lo más importante en juego. También lo es el uso parcial de la cotización adicional para aumentar las pensiones contributivas actuales, compensar a las mujeres por su mayor esperanza de vida y asegurar un mínimo de pensión contributiva a los participantes del sistema de pensiones. Esto ahora se rechaza, aunque había sido propuesto en una distribución de 3% a cuentas individuales y un 3% a compensaciones por el gobierno de Piñera. Se ha abierto una pequeña puerta con la extravagancia de proponer un préstamo de largo plazo de los actuales cotizantes, planteada por la oposición. Esta se aferra en declarar un "cáncer" el pago de las pensiones actuales por los cotizantes actuales, incluso parcial, lo que no solo existe en sistemas de pensiones como el estadounidense y el de la mayoría de los países europeos, sino que es el mismo mecanismo de pago de impuestos mes a mes para financiar la PGU mes a mes. Dicho sea de paso, la generalización de este mecanismo haría imposibles los retiros desde cuentas individuales como los que conocimos durante la pandemia, pero el dogma es el dogma. 

Todo esto es lo que bloquea la derecha en su larga resistencia en todos los temas para mantener el enfoque neoliberal, en este caso tanto para defender el interés corporativo de las AFP como por ideologismo puro y simple, acompañado de la voluntad de negarle todo éxito al gobierno, aunque sea a costa de los pensionados actuales y futuros y de las familias que podrían ver aumentados sus ingresos.

Fin de año en medio de un genocidio

El viernes 27 de diciembre, "el ataque al hospital Kamal-Adwan dejó fuera de servicio este último gran centro de salud del norte de Gaza", anunció la Organización Mundial de la Salud: "las primeras informaciones indican que servicios clave fueron incendiados y destruidos durante el ataque. Sesenta miembros del personal sanitario y veinticinco pacientes están en estado crítico". El ejército israelí informó haber llevado a cabo una operación contra combatientes de Hamás cerca de este hospital ubicado en Beit Lahya. Por su parte, el movimiento palestino acusó a los soldados de haber asaltado el hospital. Esta operación ocurrió un día después de que el director del establecimiento anunciara la muerte de cinco miembros del personal en un bombardeo israelí. En su comunicado del viernes, el ejército israelí calificó el hospital como un "bastión de las organizaciones terroristas (...) utilizado como escondite".

El problema es que atacar objetivos civiles y asesinar personal sanitario en nombre de operaciones militares es calificado como crimen de guerra por el derecho internacional, que el ejército de Israel viola sin tapujos. Desde octubre de 2023, han sido asesinados en Gaza 146 médicos y más de 400 miembros del personal sanitario. Además, han sido asesinados 201 periodistas.

La pasividad internacional frente a la masacre en Gaza sostenida por el gobierno de Israel durante ya más de un año, y que suma 45 484 muertes violentas, la mayoría mujeres y niños, es impactante. Tal vez se explica, pero no justifica en absoluto, por el rechazo a las acciones criminales de Hamas contra civiles el 7 de octubre de 2023 y el secuestro de rehenes, así como por la larga lista previa de atentados criminales contra inocentes realizados por fundamentalistas islámicos radicales en Estados Unidos, Europa (y Argentina) en los últimos decenios. Existe, además, el trasfondo del justificado sentimiento de culpa occidental respecto al terrible genocidio de que fue objeto el pueblo judío por los nazis y el antisemitismo histórico, una herida indeleble en la historia moderna, y también está presente un tinte adicional de racismo respecto a los árabes. Cabe reiterar que nada de lo anterior justifica lo que sigue sucediendo día tras día en Gaza: un crimen de guerra es un crimen de guerra y un genocidio es un genocidio.

Reproduzco una entrevista a Béligh Nabli, profesor de derecho público en la Universidad París Este Créteil en el diario en Libération, que constata un consenso entre juristas, historiadores, ONG y agencias de la ONU sobre lo que ocurre en Gaza, lo que contrasta con la «creciente pasividad, casi asumida» de los Estados occidentales frente al crimen más grave definido por el derecho internacional.

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P: Numerosos juristas y ONG acusan a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. ¿Comparte usted esta afirmación?

R: Racionalmente, es una conclusión que se puede extraer, en la medida en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha reconocido un riesgo plausible de genocidio en Gaza, estipulando que eran necesarias medidas cautelares para prevenir este crimen, como el levantamiento del bloqueo, el acceso a la ayuda humanitaria y la garantía de las necesidades esenciales para la supervivencia. Es evidente que estas medidas no han sido respetadas. Por lo tanto, se puede deducir que el genocidio se está llevando a cabo. Además de los juristas, historiadores israelíes especialistas en el Holocausto, como Omer Bartov y Amos Goldberg, también respaldan la idea de que está en curso un genocidio, lo que refuerza la base jurídica e histórica de esta acusación.

P: Sobre todo porque la situación ha empeorado aún más en los últimos meses, particularmente en el norte...

R: Absolutamente. No solo no se han respetado las obligaciones definidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —ya sea por parte de Israel o de sus aliados—, sino que la situación humanitaria se ha deteriorado considerablemente. El patrón destructivo continúa, con bombardeos indiscriminados de edificios civiles y la falta de acceso a recursos vitales para los habitantes de Gaza. El último informe de Human Rights Watch subraya que estas condiciones no solo evidencian un empeoramiento de la situación, sino que también alcanzan un nivel de gravedad que lleva a calificar estos actos como genocidio.

P: ¿Qué elementos o pruebas permiten calificar las acciones de Israel como genocidio en el marco del derecho internacional?

R: En primer lugar, recordemos que existe un debate entre los responsables políticos e intelectuales sobre la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza. Algunos actores ignoran deliberadamente la definición jurídica del genocidio, reduciendo este concepto a una percepción subjetiva o política. Este enfoque, ilustrado por las posturas de ministros franceses de Asuntos Exteriores o figuras como François Ruffin, no corresponde al razonamiento propio de un Estado de derecho democrático. Francia, como signataria de la Convención de 1948 sobre el Genocidio [la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en la ONU] y del Estatuto de Roma de 1998 [de la Corte Penal Internacional], está jurídicamente obligada por estas definiciones. La definición derivada de estos tratados se basa en dos elementos. El primero es material, e incluye actos como asesinatos, bombardeos indiscriminados o la destrucción sistemática de los medios de supervivencia, que se observan actualmente en Gaza. El segundo es intencional y supone la voluntad de destruir a un grupo, total o parcialmente, debido a su identidad étnica, racial o nacional.

P: Israel justifica sus acciones en el derecho a la legítima defensa. ¿Es ilimitado este derecho?

R: En la medida en que Israel fue agredido y parte de su población civil fue víctima de masacres masivas, el Estado hebreo tenía derecho a reaccionar para proteger su territorio y a sus habitantes. Sin embargo, este derecho a la legítima defensa no es absoluto. Está regulado por las normas del derecho internacional, especialmente el principio de proporcionalidad, que exige que la respuesta sea adecuada y medida en relación con la amenaza sufrida. En este contexto, el carácter claramente desproporcionado de las acciones militares israelíes plantea cuestiones fundamentales. Incluso un ejército que actúa en el marco de la legítima defensa no puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales, incluida la prohibición de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

P: ¿Pueden considerarse cómplices de crímenes internacionales los Estados occidentales que continúan su ayuda militar y financiera a Israel?

R: La pregunta es legítima en la medida en que los aliados de Israel tienden a ignorar las obligaciones derivadas de la orden de la CIJ del 26 de enero de 2024, que reconoció el «riesgo plausible de genocidio», así como de las Convenciones de Ginebra de 1949 [que regulan el derecho internacional humanitario]. A riesgo de hacerse cómplices de los crímenes internacionales cometidos por el ejército israelí en Gaza, no solo deben cesar de transferir armas (municiones, piezas de repuesto y licencias), sino que también tienen la obligación de hacer que su aliado israelí respete el derecho internacional, tanto humanitario como penal.

P: Sin embargo, la mayoría de los Estados permanecen pasivos…

R: Una pasividad aún más impactante si se considera que contrasta con el consenso emergente entre numerosos expertos internacionales, incluidos responsables de la ONU y las ONG más importantes, para reconocer la comisión de un genocidio en Gaza por parte del ejército israelí. Se trata de un hecho histórico excepcional y de una calificación jurídica extremadamente grave, acompañado de un silencio diplomático ensordecedor. Además de la cuestión de su posible complicidad en el sentido jurídico, cuya responsabilidad podría plantearse, la responsabilidad política de las potencias occidentales, en particular de Estados Unidos, no se limita a su apoyo incondicional a Israel. Estos Estados están desmantelando y desacreditando la letra y el espíritu del sistema jurídico internacional moderno que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que ellos mismos ayudaron a construir. Ciertamente, la violación manifiesta del derecho internacional por parte de potencias occidentales tiene una serie de precedentes —el más desestabilizador fue la invasión de Irak en 2003—. Pero, en este caso, las potencias occidentales actúan casi en bloque en una postura de desafío al derecho internacional.

P: Francia ha causado estupor al afirmar que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sujetos a una orden de arresto de la CPI, podrían beneficiarse de una inmunidad…

R: Según Francia, las órdenes de arresto emitidas contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant no pueden ejecutarse debido a las inmunidades que les corresponderían como miembros de un gobierno de un Estado que no reconoce a la CPI. Esta posición carece de fundamento jurídico. La jurisprudencia de la CPI es clara al respecto: los Estados parte tienen la obligación de arrestar y entregar a las personas buscadas por la Corte, incluso si tienen el estatus de jefe de Estado o de gobierno de un país no parte de la CPI (como Israel), que no reconoce su competencia. La postura de Francia, por lo tanto, la coloca en contradicción con sus obligaciones internacionales y con una de las razones de ser de la CPI: evitar que las inmunidades de los gobernantes obstaculicen la justicia y el enjuiciamiento de los crímenes más graves.

P: ¿El derecho internacional ya no tiene ningún valor?

R: Se observan dos dinámicas preocupantes. La primera es el debilitamiento de las potencias occidentales, que durante mucho tiempo se han atribuido un magisterio moral basado en sus valores democráticos. Al asumir su pasividad, o incluso su complicidad, frente a la comisión del peor de los crímenes internacionales, el genocidio, bajo el pretexto de un apoyo incondicional a Israel, están socavando su propia credibilidad. Esta pérdida de legitimidad es aún más inquietante porque tiende a fortalecer el discurso de potencias autoritarias como Rusia y China, que denuncian la hipocresía de un Occidente que instrumentaliza el derecho internacional según sus intereses. El segundo punto es aún más alarmante: si el derecho internacional ya no desempeña su función de regulador de las relaciones internacionales, ¿qué queda? La fuerza, la relación de poder y, por ende, la ley del más fuerte. Parece que estamos entrando en una fase de regresión histórica en términos de los principios y valores consagrados por la Carta de la ONU. Esta deriva que cuestiona el Estado de derecho también se observa en el orden político interno de las democracias. El impacto del conflicto israelí-palestino se traduce en medidas liberticidas, como restricciones a la libertad de expresión y manifestación, así como en el aumento del racismo y el antisemitismo, alimentado por mentalidades débiles. Por un lado, la esencialización de los judíos los asimila a Israel; por otro, el silencio y la indiferencia hacia el trágico destino de los palestinos reflejan su deshumanización y una jerarquización implícita de la humanidad.

La xenofobia y las próximas elecciones

La posición de las derechas en materia migratoria está, en variados casos, inspirada directamente por la xenofobia, una de la peores pasiones tristes, como diría Spinoza. Pero esto ha ido más allá en el espectro político, en una especie de efecto dominó. Por ejemplo, recientemente el liberal Vlado Mirosevic expuso sobre la regularización de personas extranjeras que llevan años en Chile -planteada recientemente por el gobierno- una postura francamente demagógica: "me preocupa la utilización de esta información que van a hacer las bandas de crímenes organizados que transforman esto en un negocio y que tienen un modelo, una industria del tráfico de personas y que frente a eso lo que perfectamente podrían decir es 'miren, vengan a Chile porque después de esto el Gobierno los va a regularizar'". Precisó que "lo que me preocupa es la señal general, esto puede producir un efecto Cúcuta, y eso puede ser muy malo porque Chile ya copó la capacidad de recepción de migrantes". 

Lo más paradojal es que estas frases suelen ser expresadas por descendientes de inmigrantes que fueron objeto de los mismos comentarios sobre la capacidad de recepción de migrantes cuando llegaron sus antepasados, en este caso croatas, lo que las hace todavía más incomprensibles. 

El racismo y la xenofobia existen en segmentos más o menos significativos de las sociedades y han derivado a genocidios y masacres a lo largo de la historia -siendo la más dramática, por su extensión y modalidades, la Shoa de los nazis contra los judíos y siendo la más reciente la terrible masacre indiscriminada de palestinos en Gaza por el gobierno israelí y el sometimiento por hambre de millones de personas, todas inaceptables- pero no por eso son emociones y prejuicios menos primitivos. Más aún si se considera, en nuestro caso, la gran cantidad de familias chilenas que tienen miembros emigrados fuera del país por una u otra razón, y no quisieran verlos maltratados o expulsados en los países de acogida como proponen hacerlo con los que vienen del extranjero a Chile. En estos temas, como en tantos otros, debe prevalecer al menos un cierto sentido de la reciprocidad y de la decencia.

Por lo demás, todos los seres humanos que vivimos en Chile somos de origen inmigrante en algún punto del tiempo, incluso los pertenecientes a los sucesivos pueblos originarios que en determinados momentos de la historia humana vinieron de más al norte. También lo son los que vinieron de Europa, colonizadores o no, en distintas etapas y oleadas. La única diferencia sustancial es que unos han llegado antes que otros. Todos los que habitamos Chile somos parte de la conformación de la cultura que da lugar a la identidad nacional, hecha de diversidades y mestizajes en esta suerte de isla de confines desérticos y australes del mundo, que concentra minerales y es cruzada por valles fértiles regados por las aguas de la imponente cordillera, acompañada por "ese mar que tranquilo te baña", aunque muy tranquilo no sea. El hecho es que la nación chilena suma y mestiza poblaciones de distintos orígenes y culturas desde siempre.

Por lo demás, desde un punto de vista estrictamente pragmático, la inmigración es necesaria para el futuro del país. En la actualidad, Chile vive una baja acelerada de la tasa de fecundidad, por múltiples razones vinculadas al modo de vida y sus restricciones, incluyendo la precarización de las condiciones sociales para tener hijos de los que viven de su trabajo. Según la última estimación del INE, la tasa de fecundidad alcanza a 1.2 hijos por mujer, una de las más bajas de América Latina y del mundo (el promedio global era de 2.25 en 2023). Chile está cerca de los de menos fecundidad como Singapur, Taiwan y Corea del Sur y su tasa es inferior a la de Perú y Bolivia (2.1) y a la de Argentina (1.9). 

La tasa requerida para mantener los niveles de población es de 2.1 hijos por mujer (suponiendo que no haya migración neta y que la mortalidad no cambie). En 1955-60 la tasa de fecundidad en Chile alcanzó la impresionante cifra de 5.5 hijos por mujer, entre las más altas del mundo, mientras en 1970-75 había descendido a 3.6. En 2000-05 ya lo había hecho a 2 hijos por mujer, como fruto de la extensión de la anti-concepción y de las transformaciones culturales y socio-económicas del país. 

El hecho es que un 17,4% de los nacimientos ocurridos en Chile en 2023 correspondieron a madres de origen extranjero, por lo que sin la mayor tasa de fecundidad de esas mujeres la caída de la natalidad sería aún mayor. 

La inmigración irregular masiva y sin derechos es un problema, evidentemente. Su origen, no lo olvidemos, es en buena medida la catástrofe venezolana y sus 8 millones de emigrantes, concentrados en Colombia (3 millones), Perú (1,5 millones), Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Chile, entre otros. En cambio, la inmigración regulada y con derechos enriquece la cultura y aporta, además, voluntades adicionales de búsqueda de una vida más digna y próspera en nuestro territorio.  

Chile hoy tiene el más alto nivel de restricciones a la inmigración irregular en su historia, por lo que la situación nada tiene que ver con la insinuación a inmigrar a los venezolanos que hizo Piñera en Cúcuta por razones políticas (se supone que los extranjeros latinoamericanos votan en Chile más por la derecha) y económicas (más oferta de fuerza de trabajo presiona a la baja los salarios), desde su perspectiva. Y el gobierno actual, del que se supone Mirosevic forma parte, no tiene en absoluto la intención de favorecer el tráfico de "las bandas de crímenes organizados" sino que los persigue con resultados crecientes día a día, que el diputado liberal, hoy precandidato presidencial, debiera saludar. Y el gobierno ahora busca regularizar a un cierto número de personas por razones de seguridad y otorgamiento de derechos básicos, que les permita contribuir al desenvolvimiento nacional. 

Los que piden expulsar a los extranjeros no se detienen siquiera en pensar hacia dónde. En el caso de Venezuela,  Maduro y su gobierno rompieron relaciones con Chile, se han desentendido de sus connacionales y no les prestan siquiera servicios consulares. Menos están dispuestos a recibir expulsados desde Chile. Ya vendrán momentos mejores para Venezuela, en los que muchos volverán a su patria, y otros se quedarán aportando al país, como ya lo hacen peruanos, argentinos, bolivianos, uruguayos o brasileños, y de muchas otras nacionalidades de origen, enriqueciendo a Chile, como lo hizo en su momento Andrés Bello, el venezolano.

Es de esperar que no entremos por cálculo en la próxima etapa electoral en un festival de demagogia anti-inmigración y de asociación de los extranjeros con la delincuencia (cuya proporción no es mayor a la de los nacionales), en la búsqueda poco honorable de votos motivados por la xenofobia.

Los debates sobre el nuevo financiamiento para estudiantes de educación superior

En LT Digital

En la etapa final del actual gobierno será debatido con intensidad el proyecto de ley que crea un nuevo mecanismo de financiamiento de estudiantes de la educación superior. Éste establece descuentos en la deuda acumulada con el esquema de crédito vigente, y en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado. Para el futuro, permitirá que quienes no sean beneficiarios de la gratuidad hoy existente cuenten con una alternativa para acceder a la educación superior. No deberán pagar aranceles (excepto el décimo decil de ingresos, con copagos adicionales) bajo la obligación de retribuir el aporte estatal con un porcentaje de sus rentas posteriores, una vez se inserten en el mercado laboral. 

Este nuevo sistema ya no incluirá a la banca -que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas  a partir de un subsidio público, en un ejemplo más de “capitalismo subsidiado”- y sin tasa de interés, con un reembolso posterior. Los ingresos anuales de hasta 7,5 UTA (unos $500.000 mensuales) estarán exentos. Para los ingresos superiores a ese monto, se contempla una tasa marginal de contribución progresiva de 13% para rentas hasta 11,2 UTA y de 15% para las que las superen. La retribución no podrá exceder el 7% de los ingresos anuales, o el 8% en el caso de personas con rentas anuales iguales o superiores a 45 UTA, con suspensión en situaciones de cesantía y un tope de pago por 20 años.

Este esquema es un evidente progreso respecto al sistema hoy existente. Pero no faltan los reproches. Hay uno que es nominalista y escasamente relevante: se trataría de “un impuesto”, aunque se trata esencialmente de la devolución de un subsidio por parte del beneficiario a lo largo del tiempo. El nuevo esquema no es un impuesto a la renta, pues por definición este no está asignado a ningún fin específico, como ocurre en este caso con la devolución, aunque bajo algunos supuestos en las carreras con mayores ingresos futuros el pago sería eventualmente superior al subsidio. Esto provoca escándalo, pero se trata de reemplazar un esquema que, como el actual, aplica el cobro de un interés de 2% que encarece la devolución a todos y hace difícil el pago a los que siguieron carreras menos remuneradas. El nuevo esquema beneficia a unos más que a otros y eso se llama progresividad.

Hay quienes consideran los impuestos como una especie de pecado, más aún si son progresivos, es decir cuando paga proporcionalmente más el que tiene ingresos más altos. Pero ese es un asunto de doctrina que solo atañe a los que la defienden. El hecho es que la educación superior tienen un costo, que pagan las familias o bien el Estado a través de impuestos en el caso de la gratuidad, o a través de un fondo para los estudiantes de familias de más altos ingresos que optan por asumir en el futuro un pago diferido y con elementos de progresividad, que se retroalimentará generación tras generación. Lo que importa es si este esquema ayuda o no de manera justa a los estudiantes que opten por él.

¿Cómo se sigue?

 En La Nueva Mirada

No son pocas las dificultades, traspiés y conductas a veces erráticas de los actores políticos progresistas. Pero no deben llevar a la resignación a quienes consideran necesario mejorar el presente en lo que sea posible y procurar legar a las nuevas generaciones, con el realismo y la voluntad necesarios, una sociedad políticamente democrática, culturalmente libertaria, económicamente próspera e innovadora, socialmente equitativa y ambientalmente resiliente. Esta combinación está lejos de ser fácil de alcanzar, pero constituye uno de los horizontes posibles que vale la pena perseguir para la sociedad chilena.

Junto a diversos avances significativos, la configuración actual del gobierno no logró el cambio constitucional requerido, mantuvo una política económica innecesariamente restrictiva (con una caída de 7% del PIB del gasto público en 2022), manejó mal el reequilibrio de las tarifas eléctricas y la devolución de cobros ilegales por las Isapres, mientras fracasó en diversos temas por carecer de una capacidad de articulación social y política más efectiva y de mayoría parlamentaria. Se agregó una postura en ocasiones errática y siempre defensiva en seguridad e inmigración, asumiendo argumentos conservadores, y corruptelas y abusos de autoridad puntuales pero lógicamente rechazados por la ciudadanía. Esto se tradujo en una sanción electoral en el plebiscito de 2022, en la elección de miembros del consejo constitucional de 2023 y en las elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales de 2024, con la excepción del rechazo plebiscitario a la propuesta constitucional de la derecha en diciembre de 2023 y de la segunda vuelta de gobernadores en noviembre de 2024. 

¿Estamos, en consecuencia, en presencia de un retroceso de largo plazo de las fuerzas progresistas en Chile en el nuevo escenario del cuerpo electoral, lo que auguraría una nueva alternancia en favor de la derecha en la elección presidencial de 2025?

Nada de esto está escrito de antemano. En la segunda vuelta de gobernadores de noviembre de 2024, en 9 regiones las candidaturas conservadoras agregadas reunieron solo un 48,8% del voto válido, mientras se manifestó un apoyo de 51,2% del voto para las diversas candidaturas de centro y de izquierda. Mantener este resultado, que incluye las tres principales regiones del país, permitiría un eventual desenlace positivo para las fuerzas progresistas en la segunda vuelta presidencial de 2025.  Para eso tendría que pasar agua bajo los puentes y producirse muchas articulaciones políticas y bastantes mejorías en la gestión de gobierno y en los mensajes hacia el voto nulo y blanco, pero ese escenario no parece ser completamente irrealista.

La actual coalición de gobierno acaba de comprometerse a una proyección en la etapa siguiente, de preferencia con un solo candidato en primera vuelta elegido en primarias a mitad de año y con una sola lista parlamentaria, lo que es más difícil de lograr. Ha dado un paso unitario significativo, aunque la Democracia Cristiana ha planteado que no está dispuesta a ser parte de ninguna coalición que incluya al Partido Comunista y llamado al Partido Socialista a una “coalición chica”. Este rechazó esa opción y se mantiene en la lógica de una agrupación progresista amplia. 

La proyección de la actual coalición de gobierno, además de hacer emerger un liderazgo presidencial en primarias, debe favorecer una reforma política que consolide el principio de mayoría, fortalezca el rol de partidos debidamente institucionalizados y dé espacios a la democracia directa y al autogobierno de los territorios, incluyendo los de los pueblos originarios en el espacio nacional. Debe plantear que se restrinja los monopolios mediáticos y establezca normas más fuertes para erradicar las discriminaciones y los abusos, vengan de donde vengan y trátese de quién se trate. Y promover una mayor seguridad ciudadana basada no en la retórica vacía sino en más eficiencia contra el crimen organizado con cuerpos especializados mejor dotados y una policía de proximidad que aumente la seguridad colaborativa en los barrios, sin dejar de actuar contra las causas de la delincuencia. En estos temas posiblemente tendrá un acuerdo amplio.

Pero debe resolver dos problemas. El primero tiene que ver con la tendencia a subordinarse a la ortodoxia económica conservadora. Sus resultados en crecimiento han sido escasos, por no decir nulos, aunque se supone es su prioridad, por adherir a una política anti-inflacionaria que no consideró el carácter básicamente externo del brote de 2021-2022 y a una política de ajuste presupuestario radical antes que de aterrizaje suave que ha afectado el empleo y la informalidad. Los resultados sociales han sido más bien extra-presupuestarios, como  los positivos avances en el salario mínimo, la disminución progresiva de la jornada laboral a 40 horas y las cobranzas de pensiones alimenticias,  pero sin mayores impulsos a la negociación colectiva y a la diversificación económica (con el cierre de Huachipato como una herida y el acuerdo del litio con una excesiva prolongación del rol de SQM como otra herida), a la reforma de los seguros de salud (con el salvataje a las Isapres como una herida adicional) y un posible acuerdo muy rebajado en materia de pensiones (inferior al aceptado por Piñera en su segundo gobierno). 

Las restricciones presupuestarias no han impedido, por su parte, aumentos de la pensión garantizada universal (aunque en términos reales inferiores a las programadas), activar planes de vivienda y formular la propuesta de financiamiento de estudiantes de educación superior y saldar la deuda de los años 1980 con el profesorado. Pero con estas restricciones, junto a los traspiés en la reforma tributaria (con la aceptación de una regalía minera insuficiente,  la caída del impuesto a las grandes fortunas y un plan de aumento del impuesto a la renta a los más ricos limitado a compensar una baja de la tributación a las utilidades de las empresas), no se ha avanzado en los aportes a través de mecanismos como el “bolsillo electrónico”, una buena idea del actual gobierno que no ha quedado como mecanismo permanente de apoyo a la compra de alimentos por las familias de menos ingresos, ni en las inversiones necesarias en salud para terminar con las listas de espera, ni tampoco mayormente en el subsidio del cuidado, una vasta tarea. 

Todo esto en parte tiene que ver con la ausencia de mayoría parlamentaria y en parte con la ausencia de convicción de un sector de las fuerzas de gobierno para avanzar en estas materias. La proyección a futuro requerirá persistir unitariamente y con un mensaje fuerte en la defensa de los intereses de la mayoría social, lo que no puede dejar de incluir:

– una política económica orientada a fortalecer la inversión pública sostenible y a crear más empleos formales mejor remunerados, mediante la diversificación industrial, el uso de la inteligencia artificial para apoyar los empleos antes que sustituirlos, el fortalecimiento de las empresas públicas, la innovación en las cadenas de la transición energética y el apoyo a las empresas mipymes viables, en medio de un vasto cambio en la economía mundial que puede ofrecer oportunidades a Chile y sus regiones en las cadenas globales de transición energética si se promueven con ambición estratégica, con el ejemplo a seguir del plan del hidrógeno verde;

– una política presupuestaria que contenga el aumento de la deuda pública en base a un aumento de los impuestos a las grandes fortunas, a los altos ingresos y a la renta minera;

– una nueva fase de disminución sustancial de las desigualdades y de la pobreza, mediante una ampliación de la negociación colectiva de los trabajadores, programas especiales reforzados para los jóvenes que no estudian ni trabajan y una redistribución que parta por una devolución del IVA a los bienes básicos a las familias más necesitadas;

– un reforzamiento de la seguridad social en pensiones y desempleo, reponiendo los proyectos originales del actual gobierno, y un aumento de la cobertura y productividad de hospitales y servicios de salud primaria financiado con un fondo universal de cotizaciones que deje a las Isapres solo como seguros complementarios;

– un mejoramiento sustancial del acceso a la vivienda y al transporte público, junto a mayores equipamientos urbanos sostenibles que aumenten la calidad de vida en los barrios y avancen en la erradicación de campamentos precarios;

– una ampliación de los derechos de las mujeres, en especial en materia de aborto, de derechos reproductivos, de igualdad de remuneración y de representación en las instituciones públicas y privadas;

– una política migratoria acorde con la capacidad de integración con derechos y la expulsión sistemática de los delincuentes y traficantes venidos de otros países.

El segundo problema en la proyección de la coalición tiene que ver con los sectores de izquierda ortodoxa en los temas internacionales. La política gubernamental es la de promoción del interés nacional, de la integración latinoamericana y la no alineación respecto a los bloques que pugnan por la hegemonía mundial, junto a la activa defensa del multilateralismo y  la autodeterminación en el marco del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esta política choca con la actitud de adhesión persistente del PC chileno a la política de la Rusia de Putin, que incluye el no rechazo a la invasión a Ucrania y a la defensa de dictaduras como la de El Asad en Siria, posición muy distinta a la de la izquierda social-democrática en el mundo y también a la de los PC francés, español o kurdo, sin ir más lejos. Y choca con la defensa inexplicable de regímenes autoritarios como los de Ortega y de Maduro (el de Cuba es un caso que debe considerar las décadas de bloqueo norteamericano). El régimen de Maduro, por lo demás, no solo desconoce las elecciones sino que persigue hasta al PC venezolano, sin que el chileno diga nada. En temas internacionales, tal vez la única concordancia es la condena a las masacres de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino, que en el caso de la izquierda no alineada incluye también una firme condena al antisemitismo y a las matanzas indiscriminadas de los fundamentalistas de Hamas y asociados. En los temas nacionales y de coyuntura, en cambio, la concordancia del PC con el resto de la coalición es bastante amplia y suficiente. 

Son las paradojas de la vida política, con las que sus actores deben convivir de la mejor manera posible, aplicando un método en el que no se deje de expresar las posiciones de unos y otros -pues la izquierda en Chile es necesariamente plural- pero sabiendo manejar las diferencias en el marco de un propósito común. Este existe, pues hay tareas y desafíos que convocan y deben seguir convocando al conjunto en la etapa siguiente. Se trata nada menos que de hacer avanzar la democracia y crear un nuevo modelo económico-social de prosperidad compartida y sostenible.

La proyección de largo plazo de una alianza de izquierda, sin descuidar la capacidad de articularse a los movimientos sociales y de abrirse al centro sin subordinación a los poderes fácticos, supondrá entonces debatir para acercar posiciones o bien constatar diferencias, las que, hasta donde se puede observar, no debieran impedir lograr un amplio acuerdo progresista sobre un programa de gobierno para 2026-2030. 

¿Anticomunismo?

Hablar de si mismo no tiene mayor interés, pero en debates y posteos hay quien me señala como "cada día más anticomunista, de apoyar a Daniel Jadue a volver al PS y a la socialdemocracia". Lo que hace necesario, por aquello de "quien calla otorga", aclarar un par de cosas.

Comunista no he sido nunca y anticomunista tampoco. En la etapa final de la lucha contra la dictadura y en la transición no había acuerdo posible entre el conjunto de los socialistas y el PC, embarcado en la lucha armada, y en las mismas circunstancias sostendría la misma postura que entonces para recuperar la democracia. En una etapa ya muy diferente, al estancarse prolongadamente la transición, en 2022 apoyé a Daniel Jadue (creo que, dicho sea de de paso, Daniel ha sido víctima de un ensañamiento judicial injusto por el tema de la cuestionada administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares), y lo volvería a hacer si el mismo contexto se repitiera. En ese momento, mi partido, el socialista, al que me vinculé desde 1980 con la Convergencia Socialista, y de cuya dirección fui parte por 20 años desde 1985, estaba en una posición adaptativa e inconducente (se llegó a decir que una asamblea constituyente era "fumar opio"), privilegiando mantener posiciones en el Estado antes que hacer avanzar un proyecto político de cambios, que es su razón de ser. Había que construir una alternativa con el resto de la izquierda que acelerara la tarea inconclusa de salir de la democracia semi-interdicta de la transición y representara abiertamente los intereses de la mayoría social, empezando por persistir en la lucha por reducir sustancialmente las desigualdades y los abusos empresariales y públicos, ampliar la protección social, los derechos laborales y el control nacional sobre los recursos naturales, así como hacer avanzar la agenda feminista y el autogobierno sostenible de los territorios. Para alentar ese diseño en lo que se pudiera, renuncié al PS en 2016, con gran pesar pero considerando que ya no tenía sentido estar en un partido casi sin otro programa que permanecer en el poder.

Después de los quiebres sociales agudos de 2019, se logró una primera alianza de izquierda de cierta significación. El proceso culminó en una primaria presidencial de Chile Digno con el Frente Amplio en 2021, en la que Gabriel Boric resultara vencedor en buena lid, y luego fuera elegido jefe de Estado en la segunda vuelta presidencial. Era lo que había que hacer para evitar que la derecha siguiera en el poder o bien fuera reemplazada por una edición desmejorada de la Concertación, que ya había cumplido su rol histórico en la transición y había terminado tanto en un estancamiento clientelista y pro-empresarial como en un pragmatismo de corto plazo sin horizonte. Que, junto a diversos avances significativos, no se lograra el cambio constitucional requerido, se mantuviera una política económica ultra-restrictiva y se fracasara en diversos temas, es ya harina de otro costal y de otra evaluación.

El programa de Jadue, del que fui parte, fue una propuesta institucional y social transformadora y, a la vez, económicamente consistente. Si se quiere, incluyó rasgos "socialdemócratas" y fue en buena medida integrado en el programa de Boric. La política exterior definida fue de independencia de los bloques internacionales. Participamos en esa construcción quienes no hubiéramos aceptado aventuras económicas o la alineación con la Rusia de Putin o los caudillismos latinoamericanos, lo que, por su obviedad, no se planteó por nadie. Y, por supuesto, tampoco la alineación con los intereses imperiales de Estados Unidos (en mi libro de 2023 sobre los 50 años del golpe volví, dicho sea de paso, a describir detalladamente la repudiable, artera y documentada intervención del gobierno de Nixon-Kissinger en Chile). 

Hoy, la convicción de siempre de tomar partido por los derechos de los pueblos y la no alineación latinoamericana respecto a los bloques que pugnan por la hegemonía mundial, junto a la activa defensa del multilateralismo, de la autodeterminación soberana con respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, hace que no se pueda sino criticar la actitud de adhesión persistente del PC chileno a la Rusia de Putin, del mismo modo como en el pasado el PS de Allende, González y Ampuero se opuso a la ausencia de democracia y a las invasiones de países por la URSS. Esto incluye ahora el rechazo a la invasión a Ucrania y a la defensa de aliados como la dictadura de El Asad en Siria, posición muy distinta a la de la izquierda social-democrática en el mundo y también a la de los PC francés, español o kurdo, sin ir más lejos.

Mi partido había aceptado integrar una coalición de izquierda en 2022, junto a participar en el gobierno de Boric. Por ello me reintegré al PS en el congreso de 2023 para procurar la proyección de largo plazo de la alianza de izquierda lograda, sin descuidar la capacidad de abrirse al centro y a los movimientos sociales, siempre sin subordinación a los poderes fácticos. Era también necesario marcar distancia con un PC que acentuó su alineación internacional y la defensa inexplicable de regímenes autoritarios como los de Ortega y de Maduro. Este último, por lo demás, no solo desconoce elecciones sino que persigue hasta al PC venezolano, sin que el PC chileno diga nada. Hoy no son posibles mayores entendimientos sobre temas internacionales, salvo tal vez en la condena a las masacres de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino, que en nuestro caso incluye también una condena al antisemitismo y a las matanzas indiscriminadas de los fundamentalistas de Hamas. Todo esto no es un detalle, pues marca diferencias sobre el proyecto de sociedad que se aspira a construir.

En los temas nacionales y de coyuntura, en cambio, la concordancia con el PC es bastante amplia y suficiente.

Son las paradojas de la vida política, con las que hay que convivir de la mejor manera posible, aplicando un método en el que no se deje de expresar las posiciones de unos y otros -pues la izquierda en Chile es necesariamente plural- pero sabiendo conducir los debates y manejar las diferencias en el marco de un propósito común. Este existe, lo que no siempre ha sido el caso, pues hay tareas y desafíos que convocan y deben seguir convocando. Se trata nada menos que de hacer avanzar la democracia y crear un nuevo modelo económico-social de prosperidad compartida y sostenible, lo que aún no emerge dada la ausencia de mayorías parlamentarias y de voluntad política suficiente, lo que requiere persistir unitariamente en una defensa sistemática de los intereses de la mayoría social.