Evasión y reforma tributaria

En El Clarín de Chile

La derecha sigue bloqueando la reforma tributaria. Se agrega ahora desde personeros de gobierno la idea que más vale concentrarse en la evasión. Esto puede ser del orden del realismo político, dada la ausencia de mayoría parlamentaria. Pero lo que no cabe es hacer de necesidad virtud.

Es cierto que la evasión de impuestos, según las cifras del Servicio de Impuestos Internos, es de una enorme magnitud, nada menos que un 6,5% del PIB si se suma la brecha de cumplimiento en el IVA y en el impuesto a las empresas. Se trata de cerca de un cuarto de los ingresos tributarios potenciales determinados por ley.

Como es muy difícil llegar a una evasión cero, la meta de capturar a corto plazo la mitad estaría muy bien, lo que requeriría al menos mejorar la norma sobre evasión, ampliar el personal de los servicios fiscalizadores y sus capacidades y hacer más dura la ley, en particular levantando el secreto bancario, a lo que la oposición también se niega. Si se lograra algún acuerdo en este sentido, sería de todos modos un avance, aunque no suficiente.

Los impuestos recaudados sobre PIB representaron en Chile un 24% según la OCDE en 2022 (los ingresos del gobierno general llegaron a 25% del PIB en 2023, según los datos nacionales). Recordemos que el promedio de la presión tributaria en los países de la OCDE fue de 34% en 2022. Se requiere del orden de un 10% más de tributos sobre PIB para llegar al nivel, por ejemplo, de la presión tributaria de Nueva Zelandia (34% en 2022), o de al menos 3% del PIB sin considerar las cotizaciones obligatorias más la disminución eventual de la evasión. Siempre que se quiera, claro, que en Chile se realicen gastos en salud, educación, infraestructuras, investigación y desarrollo tecnológico, pensiones y ayudas sociales que guarden alguna relación con los existentes en los países intermedios de la OCDE en relación al tamaño de la economía, empezando por la urgencia de disminuir las listas de espera en los hospitales, aumentar la pensión garantizada y dotar más ampliamente la seguridad pública.

En esto no hay milagros. De ahí la necesidad de una reforma tributaria, además de la lucha contra la evasión, aunque su horizonte sea progresivo y se despliegue sin precipitación a lo largo de la próxima década. mientras las cifras más altas son las de 46% en Francia, 44% en Dinamarca y 43% en Austria, países en los que la desigualdad es menor que en los países con bajos impuestos, sus economías están entre las más prósperas y el bienestar comparativo de la población es elevado.

Por otro lado, se sigue insistiendo en que bastaría con aumentar el crecimiento para recaudar más, como si alguien tuviera una varita mágica para lograrlo. La leyenda neoliberal de que basta con desregularlo todo para crecer más es eso, una leyenda. Un informe encargado por el ministro de Hacienda concluyó recientemente que “por cada punto de crecimiento adicional, los ingresos fiscales aumentarían en 0,24 puntos del PIB, pero la holgura fiscal sólo lo haría en 0,16 puntos, dado el aumento que tendrían los gastos asociados a remuneraciones”. Dado que el crecimiento del PIB de largo plazo es estimado actualmente en una cifra del orden de 2% anual, si se supusiera de manera muy hipotética que un paquete de medidas de desregulación ultraliberal llegara a duplicar esa cifra, entonces habría una recaudación adicional de solo 0,3% del PIB, que no puede calificarse sino de marginal para abordar las tareas públicas mencionadas.

Lo que recalca buena parte de la literatura especializada es que más impuestos no necesariamente afectan el crecimiento, pues depende del tipo de impuestos y en qué se gastan. Algunos no modifican o muy poco la conducta de los agentes económicos (como el IVA y los impuestos indirectos) y otros lo hacen en cierta magnitud (como impuestos marginales muy altos a los ingresos del capital y del trabajo), afectando eventualmente los incentivos al ahorro y al trabajo. El tema es su magnitud, que no es inexistente, pero es abordable en una lógica de costo-beneficio.

En efecto, el impacto de los impuestos depende mucho del uso que se dé a los recursos nuevos: si se gastan primordialmente en innovación, infraestructuras, salud y educación, contribuirán al crecimiento en una magnitud mayor que el costo en crecimiento que pudieran tener los impuestos con los que se financian. Cabe además considerar que aquellos gastos públicos que cubren emergencias y la vida en la vejez aumentan la disposición a arriesgar e innovar en la vida activa, y que los gastos en redistribución progresiva de ingresos aumentan la cohesión social, lo que en ambos casos estimula el crecimiento. El argumento de que todo esto va a la burocracia no aplica por definición, desde luego, a las transferencias de ingresos, que llegan directamente a los usuarios.

Se puede afirmar con bastante certeza que los efectos balanceados anteriores son los que explican que el período de crecimiento más alto de las economías occidentales haya sido el de 1945-1975, cuando los impuestos aumentaron sustancialmente, con tasas marginales a los tramos de ingresos más altos de hasta 90%. Y que luego crecieron menos, al empezar la baja a los impuestos a los más ricos y a limitarse el Estado de bienestar en la era Reagan-Thatcher. El PIB por habitante de Estados Unidos (US$76,3 mil en 2022), con 27% sobre PIB de carga tributaria, es hoy inferior al de Noruega (US$ 78 mil, a paridad de poder de compra, mientras sin esa corrección es mucho mayor), con 42% sobre PIB de carga tributaria. En los países con altos impuestos, amplios servicios públicos y menor desigualdad, la economía y la inversión no están bloqueadas por el peso de la tributación, ni menos están llenos de desempleados que deambulan por las calles por falta de actividad privada: son aquellos con mejores resultados (ver los Índices de Desarrollo Humano respectivos).

La conclusión es que si no hay avances tributarios, simplemente el tema seguirá pendiente con alta relevancia en la agenda política futura.

 

Los marcos cognitivos y las identidades políticas

 En La Nueva Mirada

Es difícil dejar de interrogarse sobre el sentido de los discursos hoy prevalecientes en la esfera pública en Chile.

Puede ser útil partir por una cita de George Lakoff sobre los marcos cognitivos («No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político«, 2004): “Cualquier palabra como elefante, evoca un marco, que puede consistir en una imagen u otro tipo de información: los elefantes son grandes, tienen orejas flexibles y trompa, se los asocia a los circos, etcétera. La palabra se define en relación con dicho marco, y cuando negamos un marco, también lo estamos evocando. Richard Nixon lo aprendió a las malas. Sometido a una gran presión para dimitir debido al escándalo de Watergate, se dirigió a todo el país por televisión. Se presentó ante la población y dijo: «No soy un delincuente». Y todo el mundo pensó en él como un delincuente. Esto ilustra un principio básico de la teoría del marco que le servirá cuando esté discutiendo contra el bando contrario: no use su lenguaje, ya que éste resalta un marco que no será el que usted desea«. Y agrega: «los candidatos liberales y progresistas tienden a seguir los sondeos y deciden que tienen que ser más «centristas» desplazándose hacia la derecha. ¡En cambio los conservadores no se desplazan en absoluto hacia la izquierda y ganan igualmente! (…). Votan su identidad, sus valores, votan a aquel con quien se identifican.» 

Lakoff desarrolla su explicación sobre la base de la diferente manera en que las corrientes de valores progresistas o conservadores interpretan la metáfora de la nación como familia. Diferencia a quienes se apoyan en la visión del padre estricto y a los que se acercan más bien a la visión del padre protector. ¿Y cuál es la identidad progresista? Cada quien tendrá su definición, dado que es un conjunto plural, pero se vincula a la protección antes que al castigo y a la idea de considerar como universal la condición humana y su dignidad en un mundo libre de temor, miseria y discriminación, basado en la democracia, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades y la reciprocidad y solidaridad entre y al interior de las comunidades de pertenencia. En ese marco ocupa un lugar destacado la empatía, que es afectiva y también cognitiva cuando razona sobre hechos, causas, efectos y perspectivas. La identidad conservadora suele privilegiar, por su parte, la idea de supuesta autoridad jerárquica natural que estaría por encima de la deliberación sobre los hechos de la sociedad y las conductas a seguir. En el extremo, es una identidad autoritaria que cree estar en posesión de verdades tradicionales aceptadas que no pueden discutirse, llamadas a establecer las reglas, identificar los males y designar enemigos. En Chile, estos son con frecuencia el indígena y el extranjero, pero también los que los conservadores no consideran “verdaderos chilenos” desde la propia fundación de la república. Esta identidad justifica la violencia represiva y la ausencia de Estado social y usa un lenguaje imperativo, o “performativo” como diría John Austin, en favor de intereses privilegiados.  

A su vez, existen votantes con identidades más ambivalentes o en formación. Lakoff caracteriza a ese votante como biconceptual, en el que coinciden posiciones racionales y reflejos emocionales progresistas y otros conservadores. Suelen ser votantes pivotes en la construcción de mayorías. Tratar de conquistarlos con “políticas moderadas” puede ser un camino, pero será mucho más eficaz ofrecerles propuestas atractivas, creíbles y fácilmente identificables. 

En todo caso, sumarse al discurso ambiente creado por los medios de comunicación dominantes termina afirmando una visión política particular, aquella de tipo conservador que defiende privilegios. Aunque en principio no se comparta esa visión, el uso de su marco cognitivo valida la identidad que está detrás y amplifica su audiencia. 

En nuestra contingencia, cuando se repite sin cuestionarlas palabras como «crisis de seguridad«, se da por hecha una situación al menos discutible, cuyo trasfondo es intentar poner por delante una supuesta impotencia de la democracia para garantizar el orden público, el principal discurso implícito de la derecha chilena. Los hechos son otros: en los últimos años, han migrado de manera irregular a Chile, y a otras partes, grupos organizados que emplean altos niveles de violencia en los delitos que cometen y en sus ajustes de cuentas. Han hecho crecer la tasa de homicidios desde 2018, la que pasó de 4,5 por cada cien mil habitantes a 6,7 en 2022. Esta es una situación nueva y muy repudiable, que requiere nuevas herramientas policiales. Pero esto no constituye necesariamente una “crisis de seguridad”. Lo sería si las policías no hubieran logrado golpear a las bandas transnacionales y que en 2023 haya habido 82 homicidios menos que el año anterior. La meta es mantener una situación de baja prevalencia de crímenes respecto a otros países comparables (la delincuencia cero no existe) y hacerla retroceder, aunque durante este año siguen produciéndose episodios dolorosos, que revelan que la tarea sigue siendo ardua e inestable. En particular, está a la orden del día evitar que las cárceles se transformen en lugares de organización y coordinación del delito. 

Las nuevas amenazas de seguridad debieran llamar a un consenso políticamente transversal, pero la oposición ha decidido hacer de la delincuencia un caballo de batalla electoral, deseando su multiplicación para infundir sostenidamente temor en la población y atribuirle la responsabilidad al actual gobierno y a la inmigración que, por lo demás, la misma derecha estimuló en su momento. Queda fuera cualquier referencia a los gobiernos de Piñera, en los que no se avanzó mucho en medio de palabras vacías (“se acabó la fiesta de los delincuentes” y “no más puerta giratoria”). Esto debiera denunciarse con más frecuencia como una actitud reprochable, en vez de entrar en la carrera de quien es verbalmente más drástico y pide más aumentos de penas.

El hecho es que el gobierno ha fortalecido las políticas de seguridad y de control migratorio, contrariamente a lo que afirma día a día la oposición, lo que dará poco a poco sus frutos. Dejar que se afirme lo contrario o incluso dejarse llevar por la falsa idea de que el progresismo no se preocupa del tema (baste recordar la transición y como se resolvieron con eficacia los temas de seguridad para desmentirlo), no hace sino favorecer a la ultraderecha autoritaria. Y evita discutir sobre las reformas de las leyes laborales, los sistemas de salud, pensiones o acceso a la vivienda, y sobre los recursos tributarios adicionales desde los sectores de mayores ingresos que son indispensables y que la derecha rechaza en el parlamento.

También se ha puesto de moda mencionar despectivamente la palabra «permisología«, cuando en realidad se alude a regulaciones sanitarias, ambientales y sociales que son indispensables para la vida en común, aunque sean siempre perfectibles y deba buscarse en cada caso la tramitación más rápida posible, aunque no por eso menos estricta. El empresariado quisiera que estas regulaciones no existieran o fueran laxas, en detrimento del interés general, lo que debiera reprochársele en vez de sumarse al coro en su contra. 

Otro reflejo sistemático que moldea el debate público es la repetición sin más de aquello de «los expertos opinan tal cosa» para llevar agua al propio molino, sin reparar que suele tratarse de opiniones particulares de algunos expertos, frecuentemente sesgadas por intereses creados y no suficientemente basadas en evidencia. 

En suma, hoy en Chile un cierto progresismo se deja llevar por el marco cognitivo conservador en temas que aparecen muy arriba en las encuestas (las encuestas no hacen todas las preguntas necesarias y orientan las respuestas para reafirmar una visión predeterminada), tienen fuerte impacto a través de los matinales de TV y crean un amplio temor en la población. 

Peor aún, se ha terminado por ampliar un arsenal legislativo autoritario, inspirado por un creciente populismo penal. Como señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, “este enfoque de mano dura no tiene mucho sentido. La delincuencia en América Latina y el Caribe ha aumentado, a pesar del incremento de las penas y la consiguiente subida de población penal en las últimas décadas (…). Las sentencias más largas tienen poco o casi ningún impacto en la delincuencia y … tampoco suelen ser muy efectivas para disuadir el crimen. Para que una sentencia larga tenga efecto, los delincuentes deberían ser capaces de asimilar esa información y comparar racionalmente los beneficios actuales frente a los eventuales costos de ser capturados, y verse disuadidos ante la posibilidad de pasar una larga temporada en la cárcel. Pero ese tipo de comportamiento difícilmente describe a delincuentes que suelen tener bajos mecanismos de autocontrol y actuar bajo el impulso del presente.” Lo efectivo es el trabajo policial en vínculo con las comunidades y sus problemas cotidianos de seguridad y, a la vez, el reforzamiento de los medios de inteligencia tecnológica y humana contra el crimen organizado y las bandas. En cambio, el populismo penal no resuelve nada y desprotege de los abusos de poder, cuya impunidad es precisamente lo que busca la ultraderecha, lo que termina creando ambientes de polarización y violencia. 

Las palabras que se usan nunca son neutras. La izquierda y el progresismo tienen todo que ganar si ponen en el contexto de su propia identidad las propuestas de progreso de la mayoría social, incluyendo los temas de seguridad. En efecto, ¿por qué dejar de lado la importancia en el combate a la delincuencia de la protección social, que incluye abordar mejor los riesgos del desempleo, bajos ingresos y difícil acceso a la atención de salud y a la educación de calidad? ¿Por qué no poner en el centro el cuidado efectivo de la infancia y de las familias, el trabajo decente y la mano tendida a quienes sufren dificultades individuales o colectivas, o bien agresiones y discriminaciones injustificadas? ¿Por qué no reivindicar con más fuerza el espíritu de justicia y la necesaria corrección en las conductas, especialmente de las autoridades, incluyendo las policías que tienen el mandato de proteger y no el de abusar, como además lo cumple la mayoría de sus miembros? ¿Qué hacer con los 340 mil Ninis que hay en Chile entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan? ¿Por qué no enfatizar la batería de políticas educativas y de formación para el trabajo que debieran abordar un problema que es colectivo? Los enfoques de seguridad humana son los que atacan con mayor profundidad las causas socio- culturales de la delincuencia y la carencia de marcos normativos a ser respetados en medio de la disolución individualista de comunidades de pertenencia, las que deben ser reforzadas. 

No poner por delante la identidad propia históricamente construida es, siempre siguiendo a Lakoff, el camino más seguro hacia el fracaso político frente a las visiones conservadoras, aquellas que amplifican expresamente el miedo en su búsqueda de suscitar respuestas autoritarias e intolerantes a los problemas de la sociedad.

Voto obligatorio y extranjeros

En El Clarín de Chile

El gobierno debe enviar a la brevedad un veto a lo aprobado en el parlamento en materia de voto obligatorio -cuyo incumplimiento quedó sin sanción por decisión de la Cámara- con una penalidad que no debe ser en todo caso pecuniariamente onerosa. E incluir a todos los habilitados para votar, cualquiera sea su nacionalidad si cuentan con una residencia en el país de al menos 5 años.

Aquí caben dos preguntas: ¿se cree o no en la obligación cívica de votar como parte de la participación ciudadana y la educación para la democracia, lo que no coarta libertad alguna pues siempre se puede votar blanco o nulo? ¿Se valora o no la integración positiva de los migrantes que vienen a aportar y a mejorar su condición de vida o, en su caso, a buscar refugio?

Me cuento entre los que se opuso al voto voluntario, sostenido fervientemente por los nuevos aires juveniles reacios a las obligaciones cívicas, que empezó a regir en el año 2010 y hasta la segunda vuelta presidencial de 2021. Y entre los que apoyó que se restableciera en 2023, aunque los que no votaban resultaron ser más conservadores que el resto y fueron decisivos en rechazar la propuesta constitucional de 2022. Esta hubiera cambiado positivamente nuestra democracia, aunque al ser elegida por voto voluntario fue redactada por una representación parcial del país con ribetes programáticos inadecuados para una constitución que fueron acumulando adversarios hasta llevar a su derrota.

Hoy, equivocan el camino los que se dedican a triquiñuelas motivadas por el pequeño cálculo electoral haciendo voluntario el voto de extranjeros, mientras algunos proponer volver atrás en su derecho a voto, sin considerar que los habilitados a votar son solo los avecindados por más de 5 años, los que de todas maneras podrían optar por la nacionalidad chilena. Y olvidan que solo se podrá aspirar en el largo plazo a vivir en una sociedad basada en una convivencia equitativa y en la que toda la ciudadanía sea tratada con respeto y consideración, si se construye pacientemente mayorías en una democracia con reglas universales para consolidar la igualdad ante la ley y la igualdad efectiva de derechos y oportunidades.

Los extranjeros con cinco años de residencia votan en Chile desde 1988 y a nivel municipal desde 1925. También pueden hacerlo para las autoridades nacionales en Uruguay y Ecuador. Tal vez los que redactaron entonces las constituciones en Chile pensaban en migrantes europeos, que no objetaban, con un cierto dejo racista. El Chile actual tiene que pensar en una lógica de no discriminación hacia los que contribuyen con el país y pagan impuestos. ¿Por qué no podrían decidir quién gobierna y legisla, en qué y cómo se gastan esos impuestos que pagan, si viven aquí de manera permanente, cualquiera sea su origen?

No se debe olvidar que Chile lo construyeron personas como Bernardo O’Higgins, hijo de irlandés o  como Andrés Bello, venezolano, y muchos otros migrantes de los más diversos orígenes. Y que incluso los pueblos originarios vinieron en algún momento en el tiempo histórico de otras partes del mundo. No hay tal cosa como «chilenos puros»: todos somos migrantes, solo que de distintas generaciones.

El origen de la masiva ola migratoria reciente desde Venezuela fue el llamado del gobierno de Piñera para venir a Chile, basado en una motivación electoral, que supone que los migrantes son conservadores. Piñera declaró que «Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile«, mientras el ministro Pablo Longueira llegó a decir anteriormente “vénganse a Chile, ¡tenemos trabajo para todos ustedes!” y la ministra Cecilia Pérez que se seguiría recibiendo migración venezolana «hasta que el país lo resista».

Entre tanto, han aumentado los ajustes de cuenta violentos entre bandas transnacionales del delito y se ha creado una amplia alarma pública, manipulada hasta el cansancio por los opositores al actual gobierno y sus medios. La actitud responsable es que el Estado de Chile haga todo lo necesario para que la migración se produzca por cauces legales, controlando con eficacia todas las vías de la inmigración irregular, en alguna medida favorecida por países vecinos que buscan desentenderse del problema, y reprimiendo con energía las redes que trafican con ella. Esto incluye señalar con total claridad que los que definitivamente no tienen cabida como ciudadanos en Chile son los criminales, de la nacionalidad que sea. Ninguno debe ser admitido y, llegado el caso, ser encarcelado bajo aislamiento efectivo y expulsado al país de origen cada vez que sea factible.

Pero una postura firme en la materia nunca debe confundirse con la xenofobia, que es siempre una respuesta fácil y sin fundamento alguno frente a las dificultades de distinta índole en que vive la mayoría social, las que no están causadas por los extranjeros sino por el modelo económico-social vigente en el país y por el inmovilismo de la instituciones.

 

La baja de la natalidad

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En 2023 nacieron 171.992 niños y niñas en Chile. En 2014, hace una década, lo hicieron 251.011, cerca de 80 mil más. 

La tasa de fecundidad fue en 2021, según la última estimación del INE, de 1,17 hijos por mujer, mientras los requeridos para mantener los niveles de población son 2,1 hijos por mujer, sin tener en cuenta la inmigración. El 17,4% de los nacimientos ocurridos en Chile en 2023 correspondieron a madres de origen extranjero, por lo que sin la mayor tasa de fecundidad de esas mujeres la caída de la natalidad sería aún mayor. En 1955-60 la tasa de fecundidad en Chile alcanzaba la impresionante cifra de 5,5, entre las más altas del mundo, mientras en 1970-75 había descendido a 3,6. En 2000-05 ya lo había hecho a 2 hijos por mujer, como fruto de la extensión de la anti-concepción y de las transformaciones culturales y socio-económicas del país. 

En simultáneo, se produjo una fuerte disminución de la mortalidad infantil. Al inicio del siglo XX, unos 300 niños y niñas por cada mil morían antes de cumplir el primer año de vida, una de las mayores tasas del mundo. Entre 1915 y 1940 se mantuvo por sobre los 200 por mil, con luego un descenso sistemático y paulatino gracias a los programas públicos materno-infantiles y el posterior mejoramiento del saneamiento urbano, que contuvieron las enfermedades infecciosas. En 1960 alcanzó a 126 por mil, en 1970 a 66 por mil, en 1990 a 16 por mil y en 2022 a 5 por mil, según las estimaciones de Naciones Unidas. El promedio actual de América Latina es de 14 por mil y el del África Subsahariana de 49 por mil (https://childmortality.org/all-cause-mortality/data...).

Entre los nacimientos del año pasado, hay 164 de madres menores de 15 años y 6.428 entre 15 y 19 años. En 1981 se producían 69,5 nacimientos por cada mil adolescentes (15-19 años) y en 2001 todavía unos 62,5. Esta cifra se  redujo en dos décadas drásticamente a 11,9 en 2021. La proporción de mujeres que tiene su primer hijo después de los 30 años ha aumentado. Las madres de 30 y más años registraron 91.611 nacimientos en 2023. Tienden a ser aquellas con más años de educación, cuentan con empleo y están casadas. 

La población mundial alcanzó los 8 mil millones en noviembre de 2022, desde los mil millones en 1800 y 2,5 mil millones en 1950. El mayor ritmo de expansión demográfica de la historia humana se produjo en las dos décadas que siguieron a la segunda guerra mundial, con una cima de 5.3 hijos por mujer en 1963 (https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN). Desde 1973 en adelante, ese ritmo de crecimiento insostenible empezó a disminuir, aunque la población mundial aumentó en 2 mil millones de personas desde 1998. 

La ONU estima, con una probabilidad de 80%, que la población mundial llegará a un máximo de 10,3 mil millones hacia mediados de 2080, unos 700 millones menos de lo que se calculaba hace una década (https://www.un.org/.../undesa_pd_2024_wpp_2024_advance...). Si la tasa de fecundidad a nivel global rondaba los mencionados cinco hijos por mujer en los años 50 y 60 del siglo XX y llegaba a 3,3 en 1990, hacia los años 50 del siglo XXI debiera bajar a 2,1. Su media alcanza ahora a 2,25 hijos por mujer. Más de la mitad de los países está en esta situación y una quinta parte de los países registra una tasa de fecundidad por debajo de 1,4 hijos por mujer. Sin embargo, sigue siendo muy elevada en los países de menor renta per cápita. El crecimiento de la población mundial se ha concentrado cada vez más en los países más pobres, la mayoría de los cuales se encuentran en el África subsahariana. 

La ONU proyecta que a partir de los años 2080 la población empezará a declinar, hasta 10,2 mil millones hacia fin de siglo.

Bloqueo en Francia

En El Clarín de Chile

El partido de extrema derecha de Marine Le Pen alcanzó en Francia un 37% del electorado en las elecciones europeas del 9 de junio, con más de 60% de apoyo entre los obreros, que tomaron, junto a parte de la población de provincias, progresivamente el camino del rechazo al extranjero árabe y subsahariano como bandera frente a su debilitamiento social y sentimiento de abandono. Este resultado se confirmó el 30 de junio, con un apoyo de 35% a la extrema derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas que siguieron la disolución de la Asamblea. Esta fue decidida impulsivamente por el presidente Macron luego de la elección europea, cuyo segundo mandato de cinco años expira en 2027. La izquierda sumó en esa primera vuelta un total de 31% de los votos, el macronismo un 22% y la derecha tradicional un 10%, lo que en Francia se denomina el «arco republicano» que reivindica la revolución francesa de 1789 y la resistencia a los nazis y al régimen cómplice de Pétain, que está en el origen de la actual extrema derecha.

Esta fue refundada a inicios de los años 1970 por pro-nazis y ex oficiales de la guerra de Argelia, con vocación nacionalista y xenófoba. En un principio permaneció en la marginalidad, pero ha logrado un avance sistemático en los últimos 30 años, en medio de la globalización que aumentó la prosperidad promedio pero provocó nuevas desigualdades, la desertificación de los espacios rurales (y las protestas de los llamados “chalecos amarillos” de 2018-19) y una desindustrialización que cambió el mundo del trabajo. Este terminó, en medio de largos períodos de desempleo masivo, alejándose de una izquierda ahora asentada preferentemente en los sectores medios y en la población de origen inmigrante. La izquierda es fuerte en Francia y gobernó con Mitterrand, Jospin y Hollande desde los años 1980, en alternancia con la derecha tradicional de Chirac y Sarkozy. Pero el desgaste y giro hacia políticas liberales en nombre de la competitividad en la presidencia de Hollande (2012-2017) dio lugar luego a la actual presidencia de Macron. El ex ministro de Economía del último presidente socialista apareció como hombre providencial, supuestamente ni de izquierda ni de derecha, para impedir el avance de la extrema derecha y como promesa de eficacia económica y de integración europea. Con un apoyo propio no superior al 24% del electorado en 2017 y al 28% en 2022, favoreció el quiebre a su izquierda -emergieron los «insumisos» liderados por Mélenchon, una neoizquierda radical escindida de los socialistas que obtuvo un 22% en la elección presidencial de 2022, en medio del desplome de los socialistas- y también fracturó a la derecha gaullista, en beneficio propio y, a la postre, del crecimiento de la extrema derecha.

La segunda vuelta en las elecciones legislativas se realiza en Francia entre los que suman más de 12,5% de los electores. La del 7 de julio dio curso a un nuevo rechazo al partido de Le Pen, a través de desistimientos generalizados de los candidatos pertenecientes al campo de la izquierda y del macronismo que llegaron terceros. A este «frente republicano» no se sumó la derecha tradicional, aunque recibió los votos del resto, cuando era necesario en alguna circunscripción para cerrarle el paso a la extrema derecha. Esta conducta permitió relegarla al tercer lugar en número de escaños (143), muy lejos de la mayoría absoluta (289) que induce al presidente a nombrar al primer ministro que obtiene el apoyo de la mayoría de la Asamblea. Esto es propio del sistema bicéfalo de autoridades ejecutivas del sistema político francés, que da una autoridad mayor al presidente en política exterior y defensa, lo que se extiende al resto de materias cuando tiene mayoría en la Asamblea Nacional (el Senado es una cámara revisora con pocas facultades). En caso contrario, se produce una mayoría relativa inestable del campo presidencial, como la del segundo mandato de Macron hasta la reciente elección, que legisló con frecuencia recurriendo al artículo 49-3 (que permite al primer ministro aprobar una ley sin voto, siempre que no sea objeto de una moción de censura exitosa), o bien una mayoría opositora que da lugar a la «cohabitación» entre fuerzas políticas de signo distinto, como le ocurrió a Mitterrand y Chirac en parte de sus mandatos.

El resultado de la segunda vuelta del 7 de julio permitió hacer emerger una primera mayoría relativa de la izquierda, reagrupada en el «Nuevo Frente Popular» con candidaturas comunes en las 577 circunscripciones, después de un fuerte enfrentamiento en la elección europea entre listas separadas que volvió a dar a los socialistas (14%) la preeminencia sobre los «insumisos» (10%). Este frente suma, además, a ecologistas (6% en las europeas) y comunistas (2% en la misma elección). Pero la mayoría relativa (182 electos NFP más otros 13 de izquierda) no es suficiente para sostener un primer ministro en el sistema francés. Esto solo podría ocurrir mediante un pacto entre la izquierda y la segunda fuerza, el macronismo (168 electos).

El primer problema es que los «insumisos» se niegan a cualquier pacto con otras fuerzas y, además, rechazan cualquier primer ministro del Nuevo Frente Popular que no sea propio o cercano a ellos, y exigen que en todo caso no sea socialista, los que cuentan ahora con un grupo parlamentario comparable. Esto no lo aceptan los otros tres miembros del frente de izquierda por considerar que un “insumiso” o cercano no obtendría la nominación por Macron o bien sería objeto de una censura en la Asamblea a los pocos días. Esto llevó al no apoyo del PS y los ecologistas al nombre, propuesto por los otros dos partidos, de la ex diputada comunista y cercana a los «insumisos» Huguette Bello, que preside el territorio de ultramar de La Réunion, la que declinó su opción. Los tres partidos distintos de los «insumisos» han propuesto luego a la independiente Laurence Tubiana, una mujer de izquierda y ecologista que fraguó el Acuerdo de Paris de 2015 sobre cambio climático, nombre que fue rechazado por los «insumisos». La izquierda ha entrado, después de una gran performance unitaria en las legislativas, en una crisis de vetos mutuos hasta ahora sin salida.

El segundo problema es que el ala derecha del macronismo, proveniente del conservadurismo tradicional, se niega a cualquier pacto con «insumisos» y ecologistas y solo lo aceptaría con los socialistas, lo que no alcanza a fraguar una mayoría. La falta de acuerdo en la izquierda sobre una figura común para primer ministro la pone en un derrotero en el que no podrá obligar a Macron a nombrar a un jefe del gobierno de sus filas que se proponga evitar una mayoría en su contra.

Frente al vacío, se produciría la continuidad del repudiado macronismo mediante un pacto de geometría variable por un año (hasta que pueda disolverse otra vez la Asamblea Nacional) ya sea con el gobierno saliente que administre los asuntos corrientes sin legislar o con un primer ministro que cuente con el apoyo del macronismo y la derecha y la abstención de la extrema derecha. Pero esto produciría probablemente una división del macronismo. En suma, Francia se encuentra con una situación política inextricable en perspectiva por al menos un año.

 

El sentido de la lucha contra la extrema derecha

En El Clarín de Chile

La extrema derecha tiene una raigambre histórica y cultural entre quienes se caracterizan por defender los intereses de oligarquías a partir de una idea de «jerarquía humana natural», ya sea porque se pertenezca a ellas, se aspire a hacerlo o se les suponga un rol dominante en la sociedad predeterminado por creencias culturales o religiosas.

Pero agrega otros elementos al conservadurismo tradicional y, en nuestro caso, a la «cultura de la hacienda». Es una opción que busca el apoyo del mundo popular y que radicaliza la desvalorización del derecho a la dignidad e integridad de toda persona, mientras valida formas de represión contra quienes rechazan su concepción jerárquica del orden por sobre las diversas formas de cooperación social. El mundo de la extrema derecha mantiene, además, una conducta social discriminatoria, en la que se produce un síndrome de conducta machista, antifeminista, homofóbica y transfóbica. Pero su fobia preferente es contra los extranjeros, constituidos en chivos expiatorios responsables de todos los males, empezando por la delincuencia, y que quisieran ver expulsados de la nación. Hubo quienes quisieron o quieren sacarlos de la faz de la tierra con genocidios como el exterminio nazi de judíos y gitanos, la expresión más desgarradora de esta pulsión contra el otro transformada en crimen masivo, con rasgos que se evidenciaron, bajo la bandera de la defensa propia, en las masacres turcas contra los armenios a principios de siglo XX y se reproducen en la actual masacre de palestinos por el ejército israelí, por mucho que se trate de una reacción contra otra masacre inaceptable, que a su vez se origina en anexiones y cercos ilegales en una espiral sin fin.

Lo propio de la extrema derecha es no respetar las libertades ciudadanas y sociales conquistadas en duros procesos históricos, incluyendo revoluciones, y la soberanía de las naciones. Su esquema político preferido es el Estado autoritario, o en el mejor de los casos manipular las democracias, manteniendo sus formas electorales pero intervenidas por el poder económico y mediático y, de ser posible, con expresas exclusiones ideológicas. El objetivo es evitar la soberanía popular y los contrapesos a los poderes fácticos existentes. Se incrementa su incidencia, además, cuando no se producen respuestas alternativas suficientes en las ideas y proyectos sociales igualitarios y democráticos, por haberse éstos desconectado de la voluntad mayoritaria, privilegiado intereses particulares de sus liderazgos o por conductas alejadas de la «decencia común», en la expresión de George Orwell. Se produce una pérdida general de confianza, en circunstancias que, en palabras de David Brooks, «la confianza es la fe en que otras personas harán lo que deben hacer. Cuando no hay valores morales y normas compartidas, la confianza social se desploma. Las personas se sienten alienadas y bajo asedio, y, como observó Hannah Arendt, las sociedades solitarias se vuelven hacia el autoritarismo. La gente sigue ansiosamente al gran líder y protector, aquel que liderará la lucha entre nosotros y ellos, que parece darle sentido a la vida». No se puede dejar de mencionar, además, que en el siglo XX, con prolongaciones en el presente, se produjeron grandes contradicciones con su sentido original de revoluciones sociales que consagraron métodos despóticos, heredados de los sistemas políticos que combatían, y que terminaron sirviendo los intereses de nuevas oligarquías en sociedades también jerárquicas.

La extrema derecha niega en todas partes las realidades históricas. La migración es tan ancestral como las sociedades humanas. Las primeras de ellas, las cazadoras-recolectoras, fueron esencialmente nómades, terminaron por recorrer y asentarse en casi todos los rincones del mundo en decenas de miles de años y practicaron desde siempre las mezclas entre grupos humanos para, entre otras cosas, preservar la diversidad genética de una población poco numerosa antes de esparcirse por el mundo. En América Latina, los avatares de la historia han hecho a sus habitantes esencialmente mestizos, con pueblos originarios diversos y con migrantes de potencias coloniales con antepasados tanto de distintas partes de Europa como árabes y africanos subsaharianos, que fueron secuestrados para ser esclavizados por los conquistadores, como es el caso español y portugués. Sin ir más lejos, hay cerca de 5 mil palabras árabes en el idioma español.

La pulsión primitiva contra los extranjeros y los diferentes se vincula, en nuestro caso, a la influencia del clasismo oligárquico y del supremacismo blanco, que desprecia al pueblo llano y a quien se salga de su norma. Un ejemplo reciente: la senadora UDI Ebensperger, como si ella no tuviera un apellido de origen extranjero y no fuera una inmigrante de otra generación, afirmó de manera bastante delirante que «ya los extranjeros nos ganaron los jardines infantiles, tienen prioridad por sobre los chilenos, los niños que están sin colegio hoy día son chilenos, no migrantes, y ahora que ellos hagan lo que quieran con los derechos políticos, si no quieren no van a votar, aunque el voto sea obligatorio, y la multa y la consecuencia la pagan los chilenos, que sí debemos cumplir la ley». El clasismo termina siendo un espejo de conductas discriminatorias que se proyecta hacia los extranjeros, incluso por parte de quienes se inclinan a sentirse superiores o privilegiados respecto de otros, aunque su propia posición social carezca de todo privilegio.

Contrasta con los hechos ya bien establecidos por la ciencia, de la que la extrema derecha desconfía, así como de los intelectuales culpables de contradecir sus prejuicios, el reflejo pulsional frente a nuevas olas de inmigración. Algunas derivan de regímenes en descomposición, como los de Haití y Venezuela, de lo que Chile no puede sustraerse totalmente, aunque quisiera. No obstante, tiene el deber de canalizarlas racionalmente para evitar la multiplicación de tensiones sociales, así como combatir con dureza el crimen transnacional. Pero sin tomar, por tentación populista, ni el lenguaje ni la actitud propias de la xenofobia.

El hecho es que en todos los países los «nativos puros» son una mera ficción, pues el género humano y la especie homo sapiens tienen un mismo origen biológico y, además, geográfico. Es uno que está situado en África, lo que los racistas nunca quieren escuchar: el color de la piel es un mero proceso evolutivo de adaptación a los distintos medios naturales. Hay más diversidad genética al interior de cada «raza» que entre grupos con distinto color de piel o rasgos físicos o culturales comunes. Los homo sapiens no somos idénticos, pero sí muy parecidos (ver http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext…). Esa es la base de la reivindicación moderna de la igualdad en dignidad y derechos de hombres y mujeres de cualquier rincón del planeta, que por lo demás tiene una filiación con la muy antigua idea cristiana y de otras culturas de la semejanza de los humanos entre sí («Dios creó al ser humano tal y como es Dios, a su semejanza, al hombre y a la mujer») y del universalismo de su condición.

En los países de altos ingresos y también en América Latina, la extrema derecha ha ganado ahora más fuerza. La influencia de la extrema derecha se expande y radicaliza cuando las instituciones democráticas no producen resultados para las mayorías, se levantan las barreras de lo aceptable en la esfera pública y, como trasfondo, se amplían las diferencias sociales que polarizan las condiciones de vida.

Globalmente, la evolución desde los años 1980 hacia el dominio de un capitalismo financiarizado y con producción en cadenas fragmentadas espacialmente, basada en conocimientos y crecientemente en robots e inteligencia artificial, ha cambiado el predominio de la clase obrera fabril, tanto en los centros dominantes como en las periferias, reemplazada por un precariado amplio y difuso, asalariado y por cuenta propia, con predominio del poder económico y de las “clase creativas” integradas a los circuitos de creación de altos ingresos. La extrema derecha ha logrado con frecuencia cambiar el foco del descontento social desde las desigualdades de clase y entre centros y periferias a la inseguridad y la inmigración. Muchas zonas del mundo se encuentran en una fase turbulenta con un fuerte aumento de las desigualdades sociales después de la crisis de 2008-2009 y de las disrupciones de la pandemia de Covid-19, en el contexto de nuevas disputas estratégicas entre las grandes potencias y efectos crecientes de los desarreglos climáticos en las migraciones.

No obstante, la historia también produce contra-tendencias, las que vienen del pueblo llano y de las «multitudes», en la expresión de Toni Negri, y también de intelectuales y creadores y de patricios rebeldes. Sus hitos fundantes fueron las experiencias iniciales de la Grecia antigua y revoluciones como la norteamericana y francesa en el siglo XVIII, después de múltiples luchas nacionales y sociales que condujeron a la idea de los Estados democráticos y sociales actuales.

Los señoríos feudales, las monarquías hereditarias y más tarde los fascismos en el caso europeo, junto a las dictaduras latinoamericanas, asiáticas y africanas, son parte de un mismo tronco del que proviene la extrema derecha actual y sus expresiones en Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni, Le Pen o Kast.

Los tiempos en los que hoy toca vivir requieren en todas partes de resistencias y respuestas con capacidad de seguir construyendo democracias políticas, defenderlas y extenderlas hacia las esferas sociales, económicas y culturales. No hay demasiada pólvora que inventar sino redefinir las acciones sociales emancipadoras -la condición humana a defender de opresiones y subordinaciones ilegítimas permanece en el tiempo, aunque cambien sus condiciones de vida- ante las nuevas circunstancias y el acelerado cambio tecnológico y cultural, que incluye la multiplicación de los medios digitales de desinformación y el estímulo de las conductas egocentradas e insolidarias.

Los avances hacia la configuración democrática y social de las instituciones están siempre en peligro de regresión, lo que se observa en Chile permanentemente por la acción de las oligarquías dominantes, incluyendo su formalización en el proyecto constitucional del llamado Partido Republicano (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/un-proyecto…) derrotado, en buena hora, en diciembre de 2023. Nada garantiza la supervivencia y proyección de las democracias sin luchas colectivas persistentes en los espacios locales, nacionales y globales. Esto toma tiempo, en múltiples procesos colectivos de prueba y error. Ese tiempo será menor si prevalece en quienes orientan esos procesos un espíritu de responsabilidad por sobre improvisaciones, ocurrencias y retóricas no razonadas, sobre todo si, además de incongruentes, son divisivas del campo democrático o conducentes a tentaciones autoritarias. Las emociones radicalizadas per se o la mera racionalidad tecnocrática no son el camino, sino el de la persistencia de la energía, la racionalidad y las emociones democráticas y de mayorías. Estas son las que pueden producir, si son consistentes, resultados en beneficio de quienes sufren las consecuencias del patriarcado, del trabajo subordinado, de las desigualdades y las crisis, en base a su propio protagonismo.

Los enfoques emancipadores se oponen, como siempre, a los despotismos políticos y a la dominación económica depredadora del trabajo y la naturaleza, y ahora también le toca hacerlo frente a la nueva ola reaccionaria. Brasil, Colombia, México, España, Gran Bretaña y ahora Francia, con sus respectivas especificidades, han ido mostrando en el último tiempo al menos un camino con respuestas capaces de detener a la extrema derecha y preservar las democracias, condición necesaria para proyectar los nuevos avances sociales y las reducciones de desigualdades ilegítimas a que aspiran las mayorías.

 

China y la economía mundial

En La Nueva Mirada

China, la segunda economía en el mundo, lucha por mantener un crecimiento de al menos un 5% al año, después de décadas de crecimiento a un ritmo que solía ser el doble del actual. El menor crecimiento se consolidó con la recesión mundial de 2008-2009 y luego la pandemia y ha sido inferior al de la India, aunque siempre muy superior al de los países del G7. 

China está experimentando una caída en la construcción de viviendas desde 2022, que junto a la producción de acero, vidrio y otros materiales fue, además de las exportaciones industriales, el mayor impulsor del crecimiento durante décadas, con una muy elevada tasa de inversión.  Docenas de desarrolladores insolventes o casi insolventes luchan por terminar las viviendas que han prometido a los compradores. Ahora China necesita un consumo robusto para reducir el desempleo juvenil y ayudar a las empresas a lidiar con su endeudamiento. Entretanto, los hogares mantienen importantes niveles de ahorro para enfrentar contingencias, mientras ha habido pocas disposiciones concretas del gobierno para persuadirlos que reviertan una desaceleración prolongada del gasto.

Para estimular el crecimiento, se están aplicando las recetas ya probadas, es decir invertir fuertemente en el sector manufacturero, con apoyo de la banca estatal. Esto incluye una avalancha de nuevas fábricas que han ayudado a impulsar las ventas de paneles solares, autos eléctricos y otros productos vinculados a la transición energética en todo el mundo. China está dominando masivamente esos mercados. La prensa estatal alaba en particular las “tres novedades”: la energía fotovoltaica, las baterías y los vehículos eléctricos, en oposición a las “tres antigüedades”: la ropa, los muebles y los electrodomésticos de baja gama. El país está acelerando la instalación de campos de paneles solares en su territorio a un ritmo sin precedentes, tanto para salir de la dependencia del carbón como para absorber su producción: en 2023, China ha sumado 216 gigavatios de paneles fotovoltaicos, más que toda la capacidad instalada en Estados Unidos.

El nuevo programa chino tiene el lema, impulsado por Xi Jinping, de crear “nuevas y cualitativas fuerzas productivas”. Se trata de impulsar la innovación y el crecimiento a través de grandes inversiones en manufactura, particularmente en alta tecnología y energía limpia, así como un gasto robusto en investigación y desarrollo. La manufactura representa una gran parte de la economía del país, más del doble de la proporción vigente en Estados Unidos. Un 31% de la manufactura mundial proviene hoy de China, contra un 20% en 2010.

La economía china creció más de lo esperado en los primeros meses del año 2024, con un ritmo vertiginoso de inversiones en fábricas y fuertes exportaciones, luego de un cierto debilitamiento desde 2022. Esta apuesta de China por las exportaciones de manufacturas ha preocupado a muchos países y empresas extranjeras. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet L. Yellen, advirtió que inundar los mercados con exportaciones chinas perturbaría las cadenas de suministro y amenazaría a las industrias y los empleos. El canciller Olaf Scholz de Alemania ha expresado preocupaciones similares, en un contexto en que, por ejemplo, Volkswagen, la principal empresa automotora del mundo, está desarrollando fuertes inversiones en China para su producción de nuevos modelos de autos eléctricos antes que en Alemania o Europa del Este. Estados Unidos y la Unión Europea han establecidos fuertes aranceles para proteger su mercado, pero dado que los autos eléctricos cuestan la mitad en China que su precio de exportación, se mantienen competitivos disminuyendo sus márgenes. Muchas empresas chinas han estado recientemente compitiendo por reducir los precios de exportación y ganar una mayor participación en los mercados globales, incluso cuando significa incurrir en grandes pérdidas, lo que representa una gran diferencia con la maximización de utilidades de corto plazo propia del capitalismo occidental financiarizado.

¿Qué implican estos procesos para los exportadores latinoamericanos como Chile? Un primer efecto fue la caída del precio del litio, componente clave de las baterías para autos eléctricos, pero su demanda futura seguirá al alza, así como la del cobre. A su vez, las empresas que han dependido de la venta de materias primas a China para la construcción de viviendas e infraestructuras han estado observando el renovado énfasis en la manufactura de alta tecnología, pero concluyen que China inevitablemente continuará gastando mucho en infraestructura, incluidas carreteras, líneas ferroviarias y puertos.

La situación estructural es una en que tres cuartas partes de los productos importados de los que dependen América Latina, el Sudeste Asiático y África provienen de China. En Estados Unidos, afecta a más productos que las otras grandes economías (22 % de los bienes importados, frente al 14 % para la Unión Europea) debido a la desindustrialización más pronunciada y su déficit exterior persistente, permitido por el papel internacional del dólar. La mayor parte de este ascenso ocurrió durante los años 2000, alimentado por masivos flujos de inversiones extranjeras y la integración en la Organización Mundial del Comercio en 2001, con un desempeño comercial excepcional. En una década, se convirtió con creces en el primer exportador de bienes manufacturados, a niveles que solo Estados Unidos había alcanzado en la posguerra. 

Pero no se debe perder de vista que la realidad principal de la economía mundial es la interdependencia. En una globalización basada en cadenas de valor fragmentadas, la dependencia respecto a China en diversas manufacturas tiene como contrapartida una dependencia de China de insumos europeos, estadounidenses o de Asia oriental para los más avanzados, y de otros insumos y materias primas provenientes del resto del mundo, incluyendo América Latina. Aunque ya no es solo un destino de ensamblaje, China a menudo sigue siendo la última etapa antes de la entrega del producto terminado hacia el resto del mundo. Además, existen muchos otros canales de interdependencia como los intercambios de servicios, las inversiones y los conocimientos, en los que Estados Unidos y Europa mantienen fortalezas.

Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, ha presentado lo que desearía fuera un nuevo consenso en medio del ascenso de China, la crisis climática y el enojo políticamente desestabilizador de las clases medias y populares en las economías avanzadas: “en un mundo transformado por la transición energética, el dinamismo de las economías emergentes y la búsqueda de la resiliencia en las cadenas de suministro, el juego ya no es el mismo”. Adiós a los acuerdos comerciales, bienvenidos los “socios innovadores” que dan prioridad a la protección de los trabajadores, las energías y tecnologías verdes… y las ayudas estatales. Como subraya Silvie Kauffmann en Le Monde, este discurso podría haber sido escrito en Bruselas, ya que refleja preocupaciones importantes para los europeos, que no apreciaron la dimensión proteccionista de la Ley de Reducción de la Inflación, el plan estadounidense de ayuda a la transición energética en violación de las reglas de la OMC. Jake Sullivan también se dirige a China, siempre con un deseo de apaciguamiento, señalando que Estados Unidos no busca «desacoplar» las economías de ambos países sino «des-arriesgar», citando a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. 

Un tema se vuelve prioritario y más consensual entre los occidentales: la seguridad económica, que exige aminorar las dependencias tecnológicas y de materiales críticos, para no reproducir con China la trampa de la dependencia energética respecto a Rusia. Queda por determinar qué sectores deben ser protegidos. Washington, que bloquea las exportaciones de semiconductores a China -cuya producción está, en todo caso, concentrada en Taiwán y Corea del Sur- y Bruselas, no necesariamente tienen el mismo enfoque, aunque ambos han puesto elevados aranceles a la importación de autos eléctricos chinos. 

Los tres grandes actores económicos del planeta que son Estados Unidos, la Unión Europea y China buscan su lugar en los reacomodos estratégicos, sabiendo que solo pueden hacerlo en función de los otros dos. Europa no quiere estar a igual distancia entre Pekín y Washington, pues forma con Estados Unidos una alianza que la agresión rusa a Ucrania ha ayudado a fortalecer. Pero eso no impide que los europeos busquen definir su propia línea con respecto al tercer actor, China, cuyo comportamiento en la escena mundial está en parte relacionado con su rivalidad con la primera potencia, Estados Unidos. 

La rentabilidad parasitaria de las AFP

En El Clarín de Chile

Un estudio encargado por el Centro de Competencia de la UAI al economista Salvador Valdés concluye que las altas comisiones que cobran las AFP les permiten obtener una rentabilidad superior a la de casi cualquier otra actividad privada (tal vez con la sola excepción de la minería en los yacimientos más productivos). Según sus cálculos, la rentabilidad sobre patrimonio de las AFP triplica la de la banca. El retorno sobre activos de los accionistas y acreedores alcanzó un 33,3% en 2017-2022, a comparar con el promedio de 12,5% de las empresas grandes y medianas. Solo en Chile ocurre que en tres años se pueda recuperar la inversión en una actividad de seguridad social, basada en cotizaciones obligatorias de los que trabajan impuestas por el Estado. Es el llamado «modelo chileno» en acción, en realidad un capitalismo rentista que permite construir posiciones dominantes ultra-concentradas, las que en este caso abusan de los usuarios del sistema de pensiones.

En efecto, el monto de las comisiones cobradas a los usuarios alcanza a US$754 millones anuales, según los datos de 2023 recopilados por Valdés. La inercia de los afiliados -que suelen no cambiarse a la AFP con menor comisión, en un caso en el que la competencia no funciona con señales de precios como teóricamente debiera según los textos convencionales de economía- es una barrera a la entrada para nuevos competidores. Ésta podría reducirse, en opinión de Valdés, licitando periódicamente una parte de la cartera de cotizantes, lo que, conjetura, llevaría a disminuir la comisión promedio a la mitad. Dicho de otro modo, hoy se cobra en beneficio de las AFP el doble de lo que se debiera cobrar.

El proyecto del gobierno propone, por su parte, establecer un recaudador único de las cotizaciones que baje los costos para los afiliados (incluyendo los de publicidad y ventas, que no crean valor alguno) y sea de cargo fiscal. Además, propone aumentar el número y variedad de agentes inversores privados y públicos de los fondos de pensiones, a disposición de la decisión de cada afiliado, con una función que no incluiría la de recaudar y que disminuiría las barreras a la entrada en un mercado oligopólico de muy pocos actores.

El objetivo gubernamental es terminar con las utilidades excesivas. El nuevo esquema, dicho sea de paso, podría incorporar el sistema de licitaciones periódicas propuesto por Valdés, y así evitar la persistencia de la inercia frente a ofertas con menores costos en el nuevo servicio competitivo de inversión.

El gobierno también propone que la cotización adicional de 6% que prevé establecer la reforma de pensiones complemente en parte las cuentas individuales, pero en este caso alimentadas por un fondo de inversión colectiva, y también ayude a compensar los menores salarios y tiempos de cotización de las mujeres, junto a financiar un aumento de las pensiones actuales con un aporte adicional parejo de 3 UF a cada jubilado. Este factor de solidaridad se sumaría a la pensión garantizada financiada por impuestos que cubre al 90% de los mayores de 65 años, mejorando la tasa de reemplazo del último salario por la pensión. Cabe recalcar que el 6% de cotización adicional sería de cargo del empleador y no del trabajador, que mantendría la cotización para capitalización individual de 10% de su salario bruto, con un tope, más el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia destinado a mantener ingresos de los trabajadores que se accidentan o enferman, y de sus entornos en caso de fallecimiento.

Este es un esquema de reforma moderada, que no es radical como podría ser postular un sistema de reparto para la cotización del 10% -similar al que existe en Estados Unidos y en muchos otros países- pero que la derecha sigue bloqueando en el parlamento. Lo que propone la derecha es que todo, o lo principal, siga en manos de las AFP, pero ahora en un esquema expandido al incluir la cotización adicional, lo que aumentaría sus utilidades parasitarias. Una vez más, este es un caso notorio de preservación de intereses creados altamente concentrados originados en las imposiciones de la dictadura militar. Éstos mantienen inexorablemente una alta influencia en el sistema político, como también ocurre con los seguros privados de salud, las concesiones mineras y pesqueras y la actividad forestal en territorio mapuche, cuya defensa con argumentos usualmente falaces, hasta ahora exitosa, reúne a un cierto espectro no demasiado involucrado con el interés general.

 

Actividad económica: malas noticias en el trimestre marzo-mayo

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El Índice Mensual de Actividad Económica, calculado por el Banco Central, corregido de efectos estacionales y comparado con el mes anterior, cayó en -0,4% en mayo. Ya lo había hecho en -0,3% en abril y en -0,6% en marzo.

La actividad registrada en marzo-mayo fue un -0,4% inferior a la de febrero-abril, lo que constituye una tendencia preocupante. A la vez, el dato del más reciente trimestre móvil fue un 1,3% superior a la del último trimestre de 2023, gracias al crecimiento que se produjo en los dos primeros meses de 2024.

El crecimiento promedio mensual de la actividad en los primeros cinco meses es de 0,3%, es decir un 3,3% anualizado, una cifra aún positiva. No obstante, la cifra se reduce a un 0,1% sin considerar el sector minero, que es el que más ha crecido en lo que va de 2024 (un 1,6% mensual), junto a los servicios (un 0,2%) y la industria (un 0,1%). En cambio, han disminuido su actividad el comercio (-0,1% mensual) y el resto de bienes (-0,4%), que incluye la construcción.

La prensa privilegia presentar el dato del mes más reciente comparado con el de hace 12 meses, que arroja un aumento de 1,1%. Pero es preferible considerar los datos del promedio trimestral desestacionalizado, dato que pondera las fluctuaciones mensuales eventualmente volátiles y que despeja las variaciones estacionales.

Lo que cabe recalcar es que las caídas consecutivas de la actividad económica entre marzo y mayo son preocupantes. No está resultando fácil salir de la secuencia de "desborde de la demanda" de 2020-21, que empujó el crecimiento, y luego de "ajuste ultra- ortodoxo", con resultados bajos en 2022, de estancamiento en 2023 y aún inciertos en 2024.

La tasa de interés de política monetaria alcanzó a 11,25% en 2022 y parte de 2023. Desde el 19 de junio de 2024, luego de rebajas sucesivas, se sitúa en 5,75%. Dado que la inflación está anclada en un horizonte no superior a 3% anual y la economía enfrenta un riesgo de recesión, el Banco Central debiera acelerar la baja de la tasa. Esto es especialmente relevante para las constructoras y para las pymes, afectadas por la política monetaria restrictiva vigente. Junto a la baja ejecución de la inversión pública, esto llevó a la economía chilena al estancamiento en 2023 que es de esperar no prolongue en 2024.

Empleo: ¿avance o deterioro?

En El Clarín De Chile

La encuesta del INE sobre ocupación en marzo-mayo, publicada el 28 de junio, registró un aumento del empleo de 3,3% anual, a comparar con el 3,7% en el trimestre móvil anterior. Se produjo un aumento desestacionalizado de 0,1% en la creación de empleo respecto al trimestre móvil previo y de 1,7% respecto al último trimestre de 2023. Estas siguen siendo buenas cifras. No obstante, de los 297 mil empleos adicionales creados en un año, unos 157 mil fueron informales.

Los datos administrativos sobre el empleo formal que paga cotizaciones, que no son una estimación a través de una encuesta sino un dato directo, se publican con dos meses de rezago respecto a la encuesta de empleo del INE. La estadística más reciente registrada por la Superintendencia de Pensiones revela que en el primer trimestre de 2024 se produjo una caída anual del empleo formal de 0,7%, unos 48,7 mil puestos de trabajo menos. Esto indica que se está produciendo en la coyuntura un mayor dinamismo de creación de empleos en el sector informal de la economía que en el sector formal.

No obstante, las personas ocupadas informales representaron en el primer trimestre, siempre según la encuesta de empleo del INE, un 28,1% y en marzo-mayo un 28,2% del empleo total. Esta tasa alcanzaba un 29,1% en el trimestre previo a la pandemia en 2020. Los empleos informales disminuyeron en la pandemia, pues fueron los primeros afectados, y luego se recuperaron al normalizarse parcialmente el mercado de trabajo. Pero cabe recalcar que la informalidad es hoy inferior a la existente antes de la crisis del COVID-19.

Por su parte, como consecuencia de un aumento de la fuerza de trabajo de 3,1% en marzo-mayo, inferior a la del empleo, la tasa de desocupación alcanzó un 8,3% de la fuerza de trabajo, una leve caída respecto al 8,5% del mismo trimestre del año pasado. Si los datos se corrigen de las variaciones estacionales, la tasa de desocupación pasó de 8,9% de la fuerza de trabajo en el cuarto trimestre de 2023 a 8,3% en febrero-abril.

La tasa de desocupación había registrado un 7,0% de la fuerza de trabajo en 2019, antes de la crisis social y de la pandemia. Acercarse al pleno empleo supone al menos bajar del umbral de 5%. El empleo no ha crecido al mismo ritmo del PIB y su recuperación no ha sido aún suficiente para volver a una tasa de desocupación como la existente antes de la pandemia.

A su vez, en marzo-mayo la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar (el total de ocupados en relación a la población de 15 años y más) alcanzó a un 57,0%, a comparar con el 56,7% en el cuarto trimestre de 2023 y el 58,2% antes de la pandemia. Persiste un rezago significativo que abarca a un 1,2% de los mayores de 15 años, un déficit de 196 mil personas empleadas. Si se mantienen las tasas de creación de empleo actuales durante un año, lo que no es fácil, ese rezago podría absorberse. Un hecho a destacar es que la tasa de ocupación de las mujeres, que sigue siendo inferior a la masculina, alcanzó un 47,9% y está próxima a recuperarse respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

Estos datos muestran tendencias buenas y otras regulares, lo que no impide a un diario de la plaza titular el 29 de junio: «Deterioro del mercado laboral: mujeres siguen siendo las principales afectadas con el aumento del empleo informal». En ningún país normal un crecimiento de 3,3% anual del empleo, unas 297 mil personas adicionales, y una disminución de la tasa de desempleo, serían calificados de «deterioro». Tampoco es necesariamente una mala noticia que más mujeres encuentren un trabajo y recuperen una tasa de participación en el empleo como la existente antes de la pandemia, sin perjuicio de que sería mucho mejor que esos puestos de trabajo fueran formales o se formalizaran a la brevedad. Esto supone una Dirección del Trabajo mucho más fuerte, no más débil o no sujeta a la autoridad de gobierno, como quiere la oposición, que también quiere debilitar el Servicio de Impuestos Internos. Es la mala fe manifiesta del militantismo conservador, cuyo fin es atacar al gobierno y, de paso, proteger los intereses de los que no cumplen con la ley en materia de formalización del empleo y de pago de impuestos.

Los opositores afirman de manera equivocada, por otro lado, que la creación de empleo se concentraría en la administración pública. Según la encuesta del INE de marzo-mayo, se crearon ahí 88 mil puestos de trabajo en un año, un 29,6% del total. Más de dos tercios de los empleos se crearon, por tanto, fuera del sector público.

En suma, no hay un «deterioro» del mercado de trabajo, sino una resiliencia del empleo frente a la política ultra restrictiva del Banco Central y todavía muchos avances por lograr. Esto supone, en especial, que sigan bajando las tasas de interés de política monetaria y aumente la demanda agregada para dinamizar la creación de empleo formal, especialmente en las pymes y la construcción.