El paso al mundo de las relaciones económicas estratégicas

 En La Nueva Mirada

El mundo económico está cambiando a pasos acelerados. De la etapa de la mundialización, la caída de la Unión Soviética y el fortalecimiento de las cadenas globales de producción iniciada en los años 1980, con masiva producción manufacturera china de creciente complejidad, pasamos a la gran crisis financiera de 2009 y a la de la pandemia en 2020. Hoy entramos a la era de la política comercial estratégica, impulsada por la competencia general entre China, Estados Unidos y Europa. 

Entre 2017 y 2019, China gastó un extraordinario 1.7 por ciento de su producto interno bruto en apoyo industrial, más del doble del porcentaje de cualquier otro país, según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Como resultado, en 2022, China representó el 85 por ciento de toda la inversión mundial en la fabricación de energía limpia, según la Agencia Internacional de Energía. La producción dominante de China de paneles solares y vehículos eléctricos se sustenta en un desarrollo previo de las industrias química, del acero, de baterías y la electrónica, así como en grandes inversiones en líneas ferroviarias, puertos y carreteras. El dominio industrial de China se basa en décadas de experiencia utilizando el poder del Estado y su banca para inducir la inversión industrial, y al mismo tiempo fomentando una competencia entre las empresas privadas locales, no sin problemas y desequilibrios financieros. Esta política incluyó préstamos a bajo costo y terrenos baratos de gobiernos provinciales, con poca expectativa de que las empresas que estaban ayudando obtuvieran beneficios inmediatos.

Todo esto se combinó para poner a China en la posición de inundar a los países rivales con algunas de las principales innovaciones tecnológicas del siglo, los autos eléctricos y las baterías de litio de bajo costo, aunque su venta se ha vuelto coyunturalmente más lenta de lo previsto. China ahora controla más del 80 por ciento de la producción mundial en cada etapa de la fabricación de paneles solares. Las enormes economías de escala y el saber hacer tecnológico hacen más fuerte su posición competitiva, aunque haya etapas de sobreproducción y pocas utilidades, pero con la ventaja del apoyo público detrás.

Los Estados Unidos de Biden y la Europa desafiada militarmente por Rusia en Ucrania, están tratando de ponerse al día subsidiando a sus empresas locales, mientras también buscan bloquear productos chinos competidores, con Estados Unidos duplicando aranceles y Europa investigando competencia desleal. Algo de esta batalla general se vio en Chile en el caso del acero. Estos esfuerzos han logrado un avance inicial: en 2023 la participación de China en la nueva inversión en fábricas de energía limpia bajó al 75 por ciento. Entre tanto, las reglas del comercio hasta ahora conocidas van quedando atrás en beneficio de los intereses estratégicos de las naciones más poderosas, que procuran resistir la sobreproducción china.

El premio Nobel Joseph Stiglitz ha sostenido que Estados Unidos ha carecido durante mucho tiempo de una política industrial más amplia y de una estrategia coordinada. “Incluso los demócratas tenían miedo de asumir un papel más agresivo del gobierno«, dijo, «y creo que eso fue obviamente un gran error con consecuencias a largo plazo«, citado por el New York Times. 

Esta publicación señala que, desde la perspectiva de algunos economistas chinos, las quejas sobre la injusticia por parte de Estados Unidos y Europa son un signo de los fracasos de sus propios gobiernos. “La decisión de Occidente de seguir políticas económicas neoliberales fue un error estratégico, lo que llevó a la desindustrialización de sus economías y proporcionó a China una oportunidad«, según Zheng Yongnian, profesor de la Universidad China de Hong Kong. «La sobrecapacidad amenaza la viabilidad de las empresas en todo el mundo, incluyendo los mercados emergentes«, dijo por su parte la semana pasada la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet L. Yellen. “Es crucial«, agregó, «que nosotros y el creciente número de países que han identificado esto como una preocupación presentemos un frente claro y unido«.

Las tensiones geopolíticas van en aumento y asimismo las económicas, las que se alimentan mutuamente. Pero también las nuevas adaptaciones. Una parte del aprovisionamiento de materiales y bienes intermedios chinos de las empresas de Estados Unidos transita ahora por México y Vietnam, países llamados «conectores«, en donde aumenta la inversión de empresas chinas y otras asiáticas. En 2023, México reemplazó a China como principal exportador a Estados Unidos. En el caso de Europa, Marruecos es el receptor reciente de mayores inversiones chinas, incluyendo en el sector automotor, destinadas a la exportación al viejo continente, que es el mercado interior más grande del mundo.

En este contexto, Chile debe al menos acelerar el aprovechamiento de sus ventajas en cobre y litio. En cobre, el ciclo de precios altos por mayor uso y oferta global limitada será largo, lo que supone en primer lugar sacar a Codelco del marasmo en que se encuentra. El mejor desempeño económico nacional esperado para 2024 tiene que ver con la producción privada de cobre, que se incrementó en el primer trimestre en 7,7% (72 mil toneladas), mientras Codelco la disminuyó en -9,6% (-31 mil toneladas), en una crisis de producción que se prolonga. La producción de la principal compañía estatal ya había registrado en 2023 una caída de -8,4% respecto al año anterior y en 2022 otra de -10,7%. Respecto a la del año de mayor volumen, de 1,735 mil toneladas en 2011, la producción de 1,325 mil toneladas en 2023 acumula una caída de un -23,7%, lo que es grave y no es objeto de la atención pública que se merece. Es fruto de una larga desatención de las inversiones, puesta en manos de ejecutivos que no creen en la empresa pública. 

En materia de litio, están por verse los detalles del acuerdo Codelco-SQM. Más allá de sus cláusulas económicas, que deben otorgar al Estado al menos un 70% de las utilidades -lo que dependerá de los precios de referencia que se negocien- es imperativo sacar a la familia Ponce-Lerou de la propiedad de la empresa, porque fue mal habida en origen y porque intentó comprar el sistema político en su beneficio en la década pasada, dañando gravemente la credibilidad de la democracia chilena. Una democracia en forma no puede tolerar una afrenta de esa magnitud. Por su parte, los acuerdos de creación de actividad manufacturera en baterías con Corfo siguen hasta ahora sin resultados de licitación de cupos de extracción de litio contra proyectos de elaboración. Esta situación debe ser revertida con energía y aumentadas las exigencias del Estado chileno frente a las empresas chinas del sector. De otro modo el país, que representa el 0,35% del PIB mundial, seguirá sin tener nada qué decir para maximizar el bienestar nacional y establecer una estrategia de diversificación productiva, ahora en el nuevo mundo de las relaciones económicas estratégicas.

¿Por qué el financiamiento público de la educación superior es necesario?

En El Clarín de Chile

El siglo XXI se inició en Chile, luego de un incremento de los ingresos promedio en la década de 1990, con una gran expansión de la demanda por educación superior, pero con la simultánea imposibilidad de la mayoría de los hogares para pagar su costo. Se produjo una expansión del sistema de becas, del llamado fondo solidario y sobre todo del crédito bancario con aval público (CAE). Pero se hizo en unas condiciones en que se permitía vender al Estado la cartera de la banca a un precio subsidiado, en vez del usual castigo. El sistema se basa en un subsidio a la banca cuando ésta se quiere deshacer de su cartera morosa o riesgosa. Su costo ha sido equivalente a 22 nuevos Hospitales Barros Luco, 12 Juegos Panamericanos, 11 Fondos de Emergencia Transitorios por Incendios y 6.026 jardines infantiles Junji. Es el ejemplo de una política mal diseñada bajo la influencia de las supuestas bondades de las “soluciones privadas a los problemas públicos”.

El gobierno de Michelle Bachelet II, con rebelión estudiantil de por medio, estableció la política de gratuidad universitaria, que beneficia a estudiantes de familias que pertenecen al 60% de menores ingresos, y que estudian en las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Allí se colaron indebidamente universidades privadas que, en la práctica, tienen fines de lucro a través del pago de servicios privados coligados.

La suma de estas decisiones llevó a un sistema altamente privatizado (solo el 15% de la matrícula es pública, una de las tasas más bajas del mundo), muchas veces con establecimientos de calidad dudosa, pero financiado por recursos estatales y prácticamente sin obligación de servicio público. Insólitamente no se establece la no discriminación y la libertad de cátedra como obligación allí dónde hay un peso público. La Universidad Católica, por ejemplo, excluye el aborto y el divorcio de sus programas de docencia e investigación, lo que no le impide recibir cuantiosos recursos del Estado.

El sistema de educación superior en Chile tiene una maraña de legislaciones contradictorias, siendo la de 2018 un progreso (“la educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad”), pero que no se traduce aún en medidas efectivas.

A propósito del debate actual sobre condonar o no el CAE, que involucra a cerca de un millón personas, lo que cabe es repensar el conjunto del sistema. Está en juego el interés general y no solo del de sus beneficiarios directos y sus deudas adquiridas. El economista de la Universidad de California-Los Angeles, Enrico Moretti, en un trabajo exhaustivo («Workers’ Education, Spillovers, and Productivity: Evidence from Plant-Level Production Function»), concluyó que «la magnitud de los efectos externos del capital humano, estimando funciones de producción usando un set único de datos ajustados firma-trabajador», se traducen en que «la productividad de las plantas en ciudades que experimentan importantes aumentos de la proporción de graduados universitarios crece más que la productividad de plantas similares en ciudades que experimentan pequeños incrementos en la proporción de graduados universitarios». La mayor parte de la literatura especializada llega a conclusiones similares, por lo que muy pocos cuestionan que las carreras universitarias contribuyen al aumento de la productividad y al crecimiento del PIB.

Dejar esto en manos del mercado, y que accedan solo los que puedan pagar, equivale a sub-dotar al país en «capital humano». Así de simple. Y también refuerza la desigualdad. En todas partes, los hijos e hijas de familias de mayor ingreso y capital cultural tienen una ventaja manifiesta para acceder a la universidad y desenvolverse en ella. En el largo plazo, la solución de mercado no hace sino reforzar la desigualdad, por mucho que se haga redistribuciones de ingresos hacia los más pobres.

El argumento de que no hay recursos para un acceso gratuito a la universidad, con excepción de los más ricos por un buen tiempo, no es efectivo. Muchos países lo hicieron cuando su PIB por habitante era inferior al de Chile hoy. Depende de quien toma las decisiones sobre la asignación de los ingresos, como en este momento a propósito de los mayores ingresos por cobre, llamados a persistir en el tiempo por la situación del mercado mundial. Poner en competencia presupuestaria la educación superior, las dotaciones de Carabineros o las pensiones públicas no es más que un pretexto de quienes le tienen una extraña ojeriza a las nuevas generaciones y no quieren avanzar en eficiencia ni en igualdad de oportunidades. Estos son objetivos públicos que deben ser financiados de manera equilibrada, con otros, por caros que sean. Llenarse de Carabineros y vaciar las aulas universitarias de personas talentosas pero de menos ingresos, es la fantasía más reaccionaria que se pueda concebir: la de los oligarcas que no quieren en sus empresas a personas competentes pero que no son de su medio social, como antes, y todavía, no querían y quieren mujeres en puestos de responsabilidad. Nada les provoca más rechazo que una sociedad más igualitaria, aunque contribuya al interés general, incluyendo el suyo propio, mejorando la productividad de las empresas.

Fortalecer el acceso gratuito a la universidad a partir de un cierto umbral de ingreso familiar, con la meta en el tiempo de alcanzar el 90%, y que además disminuya la deuda pasada de los estudiantes menos favorecidos y cree un crédito de impuesto a la renta para los que han pagado su deuda con el fisco a lo largo del tiempo, de modo de no establecer una desigualdad adicional, es la solución razonable a un tema que se prolonga por años. Si alguien objeta que algunos de los estudiantes a los que se las ha financiado sus estudios, como los de medicina, tendrán luego altas remuneraciones, cabe señalarles que para eso está el impuesto a la renta, cuya progresividad debiera aumentar como propone el gobierno en el «pacto fiscal». Pero a esto también se niegan los neoliberales y los mentalmente colonizados por ellos.

Por eso extraña que quienes se dicen defensores de un Estado de bienestar, pero en realidad buscan, al parecer, «coaliciones chicas» que se distancien del gobierno, se hayan lanzado en picada respecto de un anuncio genérico del gobierno, calificándolo de «ofertón electoral». Se suman a la derecha sin más. Las confusiones no amainan, acompañadas de un apoyo para el liderazgo futuro de la Ministra Tohá, que es la jefa política del gabinete y cabeza, con el presidente Boric, de la política de gobierno. Alguien tendrá que explicar la congruencia de todo esto, que a primera vista no se ve por ninguna parte.

Transición energética: avances y estancamientos

En La Nueva Mirada

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la oferta de energía, la emisión de gases de efecto invernadero y el consumo interno de materiales han evolucionado a la par desde 2010, según el último informe de la OECD sobre la situación ambiental chilena, con mejores resultados en materias de óxidos de sulfuro y partículas PM 2,5 en el aire, aunque sus niveles siguen siendo gravemente dañinos para la salud humana. 

Si esta correlación entre crecimiento y emisiones no se altera, la meta gubernamental de llegar en Chile a la carbono – neutralidad en 2050 (emisiones equivalentes a la capacidad de absorción del CO2 y otros gases de efecto invernadero por los bosques y la vegetación) está muy lejana en el horizonte, incluso con un escenario de transición acelerada. De acuerdo a la OCDE, los desafíos incluyen “clarificar los planes sectoriales y regionales, mantener el plan de cerrar todas las plantas a carbón en 2040 e impulsar la generación de energía renovable. Los sectores del transporte y la construcción necesitan metas climáticas más restrictivas para impulsar más inversiones en el transporte público sostenible, así como la electrificación de vehículos y la construcción de sistemas de calefacción”. Una opción de “crecimiento verde” que no intervenga de manera sustancial en el uso de energías y la resiliencia de los ecosistemas en las industrias extractivas (agroforestal, minera y pesquera) y manufactureras, en los servicios urbanos y en los modelos de consumo de alimentos y bienes no funcionales, seguirá afectando la salud pública, la biodiversidad y las metas de emisiones. Así, el incremento de políticas activas con ahorro de energía resulta esencial en el sector productor de bienes, y en la provisión de servicios, junto a normas térmicas para las viviendas nuevas, la adecuación térmica de las viviendas usadas y el encarecimiento tributario del consumo dañino para la salud y el ambiente. Otras medidas propuestas incluyen un retiro más acelerado de las centrales eléctricas de carbón, el fomento del teletrabajo, el transporte no motorizado, la reducción del consumo de carne de vacuno, el aumento de la forestación, el manejo sostenible de bosques y el incremento de las áreas protegidas (Benavides et.al., 2021).

En este contexto, la transición a la electrificación de procesos productivos y de la calefacción y a la generación eléctrica renovable es crucial. El mayor aumento lo ostentan las tecnologías solar fotovoltaica y eólica, que han pasado en conjunto de un 0,5% de la generación en 2011 a un 36,1% en marzo de 2024, un salto notable. El 60% de la electricidad proviene ahora de fuentes renovables (24% solar, 23% hidráulica, 12% eólica, 0,5% geotérmica). La generación termoeléctrica con combustibles fósiles sumó el restante 40%. La generación en base a carbón suma un 18% y el gas natural un 19%, mientras el diesel y el petcoke, los más contaminantes, representaron solo el 0,5% y el 0,4% respectivamente. Además, en 2023 se lograron récords de energía renovable como aporte horario, llegando hasta 93,5% en octubre. De esa manera se han ido superando los problemas técnicos de interconexión y la falencia de redes de transmisión suficientes. Pero permanece el tema de la intermitencia y del «vertimiento» (excesos de generación de electricidad fotovoltaica en ciertas horas que se pierden) y de una capacidad de almacenamiento en baterías aún limitada. 

La energía geotérmica ofrece la posibilidad de una oferta continua que permitiría reemplazar parte de la generación con combustibles fósiles en las horas de menor generación renovable intermitente. Su potencial en Chile es estimado en 3.800 MW, lo que requeriría inversiones sobre los US$25 mil millones. Pero desde la inauguración en 2017 de la primera central geotérmica de Sudamérica (Cerro Pabellón, en Ollagüe, joint venture conformado por Enap y la italiana Enel), esta tecnología no se ha expandido, salvo la ampliación de 48 a 83 MW de la capacidad de la primera central. Los actores del sector aprecian un alto riesgo para nuevas inversiones, a pesar del éxito de Cerro Pabellón. Piden más seguros de riesgo y que en las licitaciones de suministro puedan competir en igualdad de condiciones. Se espera alcanzar al 2050 unos 1.000 MW de generación geotérmica, lo que supone un cambio de política en la materia, en el que a Enap le cabe un rol más activo y pasar de ser una empresa que refina petróleo a una que produce energías renovables de flujo continuo.

La perspectiva de la autosuficiencia energética en base a renovables en Chile puede llegar a lograrse, según la industria, hacia 2040, pero supone políticas e incentivos mucho más amplios que los actuales. Incluso puede extenderse a una dimensión exportadora, sin considerar aún el hidrógeno verde producido a través de energía eólica en Magallanes y solar en el norte, todavía en pañales, cuyas expectativas de exportación podrían llegar a ser elevadas, aunque los costos de transporte podrían limitar su competitividad. Un estudio de Palma-Behnke et.al (2021) y otros posteriores concluyen que, mediante acuerdos externos y un marco regulatorio apropiado, Chile podría avanzar a la exportación de energía solar y beneficiarse de un intercambio comercial transfronterizo de electricidad mutuamente beneficiosos con importaciones de Perú y exportaciones a Argentina en ciertas franjas horarias y con importantes reducciones de los costos marginales, siempre que se movilice el financiamiento de la inversión en líneas de transmisión y la gestión apropiada de los sistemas de interconexión.

Por otro lado, permanece el desafío de repensar el sistema tarifario para acelerar la transición energética. Este refleja hoy el precio pagado por la última unidad producida (costo marginal), con una fuerte influencia aún de los precios importados de los combustibles fósiles, cuyo precio se ha mantenido elevado en promedio en los últimos años. Además, las licitaciones desde 2006 para el suministro domiciliario son de largo plazo con capas sucesivas que se promedian, por lo que las caídas de costos marginales de las renovables desde 2015 no se han visto reflejados en las tarifas.

En efecto, el sistema distingue dos tipos de clientes: los libres, a quienes dado su alto nivel de consumo la ley les reconoce la capacidad de negociar sus tarifas directamente con un suministrador (generadora o distribuidora), mientras los regulados constituyen el resto. Estos se deben regir por tarifas fijadas por la autoridad, en base a criterios establecidas por ley, si cuentan con una potencia conectada de hasta 5.000 kW, aunque los clientes con potencia mayor a 500 kW pueden a optar por un régimen de tarifa regulada o libre por un período mínimo de cuatro años.   

Las tarifas de distribución para los clientes regulados son determinadas cada 4 años por la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo dependiente del Ministerio de Energía. Se componen de cuatro factores: i) los costos de generación según los «precios de nudo promedio» que fija la CNE cada 6 meses, luego de promediar y ponderar los precios de suministro eléctrico de las distintas distribuidoras obtenidos de procesos de licitación; ii) los costos de transporte de la electricidad desde los lugares de generación hasta los grandes puntos de consumo, que son una remuneración regulada de las empresas de líneas de transmisión y que fija la CNE semestralmente; iii) los costos de distribución, que son una remuneración regulada que obtienen las distribuidoras por llevar la electricidad desde la periferia de las ciudades hasta los respectivos empalmes de cada cliente dentro de su zona de concesión y que calcula la CNE cada 4 años, y finalmente iv) los costos de funcionamiento del Coordinador Eléctrico Nacional y del Panel de Expertos del Sector Eléctrico, según un cargo por servicio público que informa anualmente la CNE.

Una reforma del sistema tarifario y de acceso prioritario al suministro debe privilegiar de manera más consistente la generación renovable, por razones ambientales y porque sus costos son hoy inferiores a los de las centrales térmicas, lo que permitiría bajar las tarifas a las empresas y al público consumidor. Pero el poder cuasi monopólico de las empresas generadoras que las explotan impide los cambios necesarios, en nombre del respeto a la seguridad de la inversión. El horizonte de retiro de las centrales a carbón debiera, en particular, ser mucho más cercano que el año 2040, hoy vigente.

Entre tanto, la nueva Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas aprobada en abril ha buscado saldar la deuda a las empresas desde el congelamiento de tarifas en la pandemia, lo que implicará un encarecimiento de las cuentas de la luz. Se aplicará un cargo de 22 pesos por kw/h hasta 2027 y un cargo de 9 pesos por kw/h hasta 2035, lo que permitiría pagar los saldos deudores acumulados de 5,5 mil millones de dólares. 

Además, se «descongeló» las tarifas de distribución eléctrica de los clientes regulados para reflejar el promedio de los contratos con las generadoras. Las primeras en descongelar serán las cooperativas concesionarias de distribución y el resto de empresas lo hará desde el segundo semestre de 2024. Se creó un subsidio transitorio hasta 2026, dirigido a un millón de hogares vulnerables, con el fin de mitigar los aumentos en sus cuentas eléctricas por 120 millones de dólares (100 millones del Fondo de Estabilización de las Tarifas y 20 millones de aportes del Ministerio de Hacienda). Se estableció, además, un Mecanismo de Reconocimiento de Generación Territorial que reduce en 40% los costos de la energía a las familias que viven en zonas donde hay centrales de generación de carbón reconocidas como zonas de transición por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y Coronel).

La perspectiva para el grueso de la población, más allá de estas excepciones, es de alzas proyectadas en las cuentas de electricidad de hasta 150%, sin que se haya considerado renegociar los contratos más antiguos y caros basados en combustibles fósiles, lo que es un error de política. Esto deberá ocurrir en algún momento en el futuro próximo, salvo que se quiera mantener la paradoja de un alto precio de la electricidad en un país que ha bajado sustancialmente sus costos de generación en base a energías renovables.

¿Socialdemócratas?

En El Clarín de Chile

Se discute si son propias de la socialdemocracia las orientaciones de unos u otros actores políticos en Chile, incluyendo los dirigentes del Estado, o si han evolucionado hacia ellas.

Pero ¿qué es ser socialdemócrata? La mejor definición es tal vez la del socialdemócrata alemán Thomas Meyer: “Todas las teorías de un socialismo democrático representan un concepto igualitario de justicia, afirman el Estado constitucional democrático». Y agrega, de manera crucial, que «luchan por la seguridad del Estado de bienestar para todos los ciudadanos, quieren limitar la propiedad privada de una manera socialmente aceptable y socialmente integral, y regulan políticamente el sector económico” (The Theory of Social Democracy, Thomas Meyer y Lewis Hinchman, Cambridge, 2007; una presentación amplia se encuentra en https://library.fes.de/pdf-files/iez/07419.pdf).

Más allá de la teoría, por ejemplo en Alemania se ha moldeado el «Estado social» establecido en la Constitución gracias a la influencia de la socialdemocracia y del socialcristianismo, lo que se traduce entre otras cosas en:

a) una co-gestión en las empresas de más de 500 asalariados, con un tercio del directorio supervisor reservado a los sindicatos y trabajadores, y hasta la mitad en las de más de 2 mil;

b) casos de participación del Estado regional en la propiedad de empresas, como Volkswagen, la principal empresa automotriz del mundo, con el 12% de las acciones y un 20% del directorio en manos de Baja Sajonia;

c) una negociación colectiva obligatoria por rama y territorio, y solo con sindicatos;

d) un piso de pensiones asegurado por un sistema público de reparto con cotizaciones paritarias de empleadores y trabajadores de 20% del salario, más complementos privados;

e) un servicio de salud y dependencia universal, con un seguro médico obligatorio público que cubre al 90% de la población, independientemente de los ingresos, la edad, el origen social y el riesgo de enfermedad personal, con opciones de seguros privados regulados;

f) un sistema escolar en el que el 92% de la matrícula es pública, con 40.000 centros de enseñanza general y profesional y 798.000 docentes para 11 millones de alumnos y alumnas. Un total de 240 universidades públicas y gratuitas matriculan al 90% de los y las estudiantes. Todas las universidades de primer nivel son públicas;

g) un “sueldo ciudadano” para quienes han agotado sus derechos en el seguro de desempleo (563 euros mensuales), con obligación de buscar empleo y una formación profesional gratuita para 3,7 millones de beneficiarios.

Para financiar este Estado social, los impuestos y cotizaciones llegaban en 2022 en Alemania al 39% del PIB. Esta cifra es todavía superior en los países nórdicos, con un 44% en Noruega, 43% en Finlandia, 42% en Dinamarca y 41% en Suecia, según la OCDE. En el caso de Noruega, un importante exportador de petróleo, el Estado recauda un total cercano al 80% de las utilidades del sector, sumando su participación como accionista (el 70% de la empresa de petróleo Equinor y el 51% en todo proyecto de petróleo asociado con privados) y las regalías e impuestos.

Estas cargas no han impedido su éxito económico, desmintiendo aquello de que “a más impuestos menos crecimiento”, pues los países con modelos socialdemócratas se sitúan hoy entre los países de mayor PIB por habitante. En 2022, a paridad de poder de compra, éste alcanzaba unos 66.6 mil dólares en Alemania, 62.8 mil en Finlandia, 68.2 mil en Suecia, 77.9 mil en Dinamarca y 121.3 mil en Noruega, en este caso con el aporte adicional del petróleo, mientras en Estados Unidos llegaba a 76,3 mil dólares. En Chile, los impuestos alcanzaban el 24% del PIB en 2022 y el PIB por habitante unos 31.1 mil dólares, siempre según la OCDE, con una desigualdad sustancialmente mayor.

Los modelos socialdemócratas no son menos productivos que los de capitalismo libremercadista: la producción por hora trabajada es algo menor en Alemania que en Estados Unidos, pero es superior en Dinamarca, Suecia y Noruega. Entre 2015 y 2022, la productividad laboral ha crecido más en Suecia que en Estados Unidos. Dicho sea de paso, también ha crecido más en Chile, aunque viene de un nivel mucho más bajo. Un crecimiento de esa productividad puede reflejar ganancias de innovación y eficiencia general, un mayor uso de capital o una menor proporción en el empleo de trabajadores de baja productividad.

En suma, los países con elementos del modelo socialdemócrata han logrado, gracias a sus políticas de innovación, laborales, sociales y redistributivas, algunos de los mejores indicadores de productividad y a la vez de bienestar en el mundo, y los menores índices de desigualdad. Esa desigualdad es en esos países inferior a 0,3 en la escala de 0 a 1 del índice de Gini, mientras en Estados Unidos es de 0,4 y en Chile de 0,45.

El día en que algunos de los que se dicen socialdemócratas en Chile propongan algo parecido a lo descrito se podrá tal vez tomarlos un poco más en serio. ¿Por qué no se pronuncian a favor de que al menos las grandes empresas incluyan a las partes asalariada y territorial en las decisiones principales, y no solo a la parte accionarial, haciendo efectiva la «responsabilidad social de la empresa»? ¿O a favor de la negociación colectiva con sindicatos y por rama de las condiciones laborales y una mayor participación en las utilidades en la perspectiva de pasar del empleo subordinado a un trabajo decente y adecuadamente remunerado que favorezca la productividad? ¿O disponibles para establecer seguros públicos universales de pensiones y atenciones de salud, e impugnar los esquemas privatizados que aseguran altas ganancias a los operadores privados y bajas prestaciones a la ciudadanía? ¿O establecer ingresos básicos y de subsidio a la inserción, además de un seguro de desempleo más sustantivo?

Tal vez porque todo esto requiere, en el marco del Estado de derecho, limitar el poder económico privado y construir un esquema tributario y de cotizaciones suficiente y progresivo. Este debe ser del orden del promedio OCDE y más (lo que supone aumentarlo a lo largo del tiempo en al menos un 10% del PIB), junto a un control nacional de los recursos naturales, como en Noruega, mediante propiedad estatal o regalías que cobren su valor integral, en vez de subsidiar a grandes empresas transnacionales en nombre de favorecer la inversión. Una política socialdemócrata debe también disponerse a desconcentrar y diversificar la economía, empezando por terminar con los frecuentes abusos de posiciones dominantes en los mercados, como se observa en el reciente caso de sobreprecios de insumos médicos durante la pandemia.

El problema político central es que el poder económico hiper-concentrado aspira a la cero injerencia pública y de las comunidades en la vida de las empresas, pues postula que solo así se maximiza el rendimiento de su capital, apoyado en un arrasador dominio mediático. La disposición a confrontar esta situación no se avizora mayormente en muchos autodenominados socialdemócratas en Chile, en medio de la proclividad nacional a especular con palabras vacías. Más bien se observa en ellos una tendencia a adherir a posturas que son todo lo contrario de lo que ha hecho históricamente la socialdemocracia realmente existente.

A su vez, la perspectiva socialista va más allá de la socialdemócrata en diversos temas, como el de la superación en el largo plazo del trabajo asalariado y la socialización de diversos ingresos y actividades. Terminar con el trabajo asalariado subordinado supone pasar del «a cada cual según su trabajo» al «de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades», entendidas las primeras como el trabajo cooperativo y las segundas como las socialmente determinadas.

Se aproximan a esa formulación el sector social y solidario, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que representa el 6% del empleo en la Unión Europea y el 6,5% en Estados Unidos («non profit private organizations»), con Wikipedia como el ejemplo colaborativo de más impacto. Se agregan a estos esquemas distintos de la lógica capitalista -promovida por el liberalismo económico- la educación y atención de salud universales y gratuitas y la variedad de transferencias monetarias y subsidios a las familias con hijos y a los grupos de menos ingresos o los aportes condicionados a la búsqueda de empleo. Y también se orientan en este sentido emancipador los sistemas de ingresos universales, incondicionales y permanentes -como el de Alaska para redistribuir las regalías mineras o el de Nueva Zelandia para un ingreso igualitario para todos los adultos mayores- así como los diversos esquemas de vivienda social al margen del mercado.

Otra diferencia histórica ha sido privilegiar o no el internacionalismo, lo que provocó la escisión de la Segunda Internacional en la primera guerra mundial y mantuvo diversas disputas posteriores, aunque luego la lucha contra el fascismo en la segunda guerra mundial produjo una vasta alianza. El internacionalismo dio lugar a la no alineación y al latinoamericanismo del PS chileno. En tiempos más recientes, en algunos partidos socialdemócratas se expresaron incluso alineaciones con lógicas imperiales, como el apoyo de Blair a la invasión a Irak, que provocó la crisis de la Internacional Socialista, a la que el PS chileno adhirió en 1989. En todo caso, socialdemócratas y socialistas convergen en principio en la adhesión a la democracia y a la justicia social.

Por otro lado, la diferencia de los partidos socialistas con los comunistas es que los primeros entienden a la democracia como el espacio y límite de su acción y los segundos validan regímenes autoritarios de partido comunista único, como los de Cuba, Vietnam, Corea del Norte o China o bien de caudillos como Ortega y Maduro. Algunos comunistas adhieren actualmente a un esquema anti-occidental ultraconservador como el representado por la alianza de Putin en Rusia y los ayatollahs en Irán, como si su origen histórico no estuviera vinculado al movimiento obrero y al pensamiento crítico occidental.

No obstante, la tradición del PC chileno ha sido la de respetar la democracia, lo que ha hecho posible la cooperación en Chile de socialdemócratas, socialistas y comunistas, abiertos a alianzas con fuerzas de centro, como es la característica de la actual coalición de gobierno, más allá de sus conflictos y diversidades.

El nuevo ciclo del cobre y la producción de Codelco

 En El Clarín de Chile

La demanda de cobre pasará de 28.3 millones de toneladas en 2020 a 40.9 millones de toneladas en 2040, con una tasa de crecimiento anual del 1,9%, según una reciente investigación del Grupo CRU para la Internacional Copper Association.

El crecimiento más significativo en la demanda de cobre se espera en la India y en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por el auge en las industrias manufacturera y de construcción. La demanda de alambre de varilla experimentará allí un aumento notable debido al desarrollo de infraestructura energética. Para 2040, el alambre de varilla constituirá alrededor del 60% de la demanda total de cobre, alcanzando aproximadamente 25 millones de toneladas. Si bien el informe detalla que se espera una ligera disminución en la participación del mercado global de alambre y cable de cobre debido a la sustitución, proyecta que el cobre mantendrá una participación del 80% en el largo plazo. Esta disminución será compensada por el crecimiento en otras aplicaciones de uso final y la transición hacia la energía verde.

La investigación destaca el papel de las aplicaciones verdes en la demanda futura de cobre en la transición hacia fuentes de energía sostenible. Se espera que las bombas de calor de fuente de aire, en particular, contribuyan significativamente, con ventas proyectadas para cuadruplicarse de 13 millones de unidades en 2020 a 52 millones de unidades en 2040. Este crecimiento se atribuye a su eficiencia energética y su bajo impacto ambiental.

La producción de cobre en Chile se ha estancado y ha ido perdiendo importancia global. Hoy representa solo el 25% del mercado mundial, a comparar con el 32% de 2013. En su seno, ha perdido peso Codelco. En 1978, la producción de Codelco representaba el 84% del total nacional, el máximo nivel histórico, mientras en 1990 había bajado al 75% y en 2023 llegó a solo el 27%, su peor registro. En el año 2011 se alcanzó el máximo de producción estatal de cobre en Chile, con 1,75 millones de toneladas métricas de producción divisional de Codelco respectivamente (sin considerar sus pertenencias en El Abra y Los Bronces). Bajo la segunda administración de Sebastián Piñera, se registraron retrocesos en 2018 y 2019, un pequeño aumento en 2020 y un estancamiento en 2021. Bajo la administración Boric, se produjeron caídas tanto en 2022 (-10,7%) como en 2023 (-8,4%). La producción de 1,32 mil toneladas de 2023 es un -23,7% inferior a la de 2011, lo que es grave y no es objeto de debate público suficiente. Para los gestores de Codelco, las bajas de producción serían atribuibles a meros gajes del oficio, dado que los «proyectos estructurales» enfrentaron problemas imprevistos, lo que sería el caso de toda operación de esta envergadura. Esta argumentación es risible.

En realidad, Codelco está pagando el precio de años de falta de inversiones suficientes y bien gestionadas. Ha estado dirigida por ejecutivos que no creen en la empresa pública, con malos resultados. Esta situación requiere de un cambio en una empresa que tiende a creer que se debe mandar sola sin control de nadie, con sueldos desproporcionados de sus ejecutivos, que en vista de los resultados no parecen ser demasiado competentes como para justificarlos. El patrimonio de todos los chilenos y chilenas debe cuidarse bajo la vigilancia atenta de la ciudadanía y de sus representantes, pues producciones más bajas son menos hospitales, menos viviendas y equipamientos urbanos y menos infraestructuras sostenibles. Lo que ha ocurrido desde 2017 es simplemente inaceptable. Requiere no solo de una fiscalización democrática mucho más activa de la gestión de su tecno-burocracia sino también de inversiones más sólidas.

Un avance es lo señalado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha diagnosticado que la política de 100% de transferencia de utilidades al Fisco afectó las finanzas de la compañía, la que debió endeudarse incluso en los ciclos de precios altos del cobre. Marcel ha subrayado que la regla del actual gobierno, que autoriza a Codelco a retener 30% de las utilidades hasta 2024, da más seguridad a la compañía, los analistas, los bancos y las entidades que evalúan la situación financiera de la empresa.

La minería privada enfrenta también problemas, incluyendo la baja de la ley del mineral y las mayores inversiones necesarias para extraer la misma cantidad de cobre. La minería en su conjunto ha tenido mermas de producción, de -1,4% en 2023 respecto al año anterior y de -9,9% respecto a 2018. Pero la operación privada más grande, Escondida, aumentó su producción el año pasado. Lo propio hicieron Collahuasi y Los Pelambres. Las tres suman una producción mayor que la de Codelco.

El mejor desempeño económico nacional esperado para 2024 tiene que ver con la producción de cobre, cuyo ritmo no está vinculado, salvo episodios sociales y climáticos puntuales, a la coyuntura interna sino a la dinámica de largo plazo de expansión de las faenas y a los precios y la demanda externos. El principal producto minero y de exportación del país aumentó en términos físicos en el primer trimestre de 2024 en un 3,3% (41 mil toneladas) respecto al mismo trimestre de 2023. El sector minero privado incrementó su producción en 7,7% (72 mil toneladas), mientras Codelco, otra vez, la disminuyó en -9,6% (-31 mil toneladas).

En 2024 Chile alcanzaría una producción de cobre cercana a 5,5 millones de toneladas, unas 250 mil toneladas más que en 2023. Esto se produciría por el relevante incremento previsto de Quebrada Blanca II, que pasará de 64 mil toneladas en 2023 a unas 230-275 mil toneladas en 2024. La producción de Codelco, según la propia empresa, pasaría de 1,325 mil toneladas en 2023 a 1,390 mil en 2024, un 4,9% más. Lo que está por ver, dado el desempeño negativo del primer trimestre.

¿Hacia el fin del Estado de derecho?

En El Clarín de Chile

Por años la justicia militar fue uno de los puntales de la pretensión de impunidad en las violaciones a los derechos humanos imputables a policías y militares en la dictadura y en casos posteriores. Sucesivas reformas sacaron de ese ámbito las causas en que las víctimas de militares fueran civiles.

La extrema derecha, la derecha y ex DC conversos acaban de aprobar en la Cámara -lo que será impugnado ante el Tribunal Constitucional- que se vuelva a la legislación de la dictadura en la materia. Descalifican el rol de jueces y fiscales civiles y dan la espalda a lo que es propio de los países democráticos: ninguna corporación armada puede ser juez y parte cuando se persiguen delitos de sus miembros que exceden el ámbito policial y militar interno.

Además, parlamentarios de derecha y extrema derecha presentaron un proyecto de ley de amnistía para policías y militares condenados, investigados o procesados por delitos cometidos poco antes y durante la rebelión social de 2019, procurando dejar sin sanción a nadie involucrado en los casos respectivos, incluso en los que hubo resultado de muerte. A julio de 2023, según el Ministerio Público, se habían producido 31 sentencias condenatorias por los delitos de homicidio (un Carabinero, dos miembros del Ejército y un miembro de la Armada), cuasidelito de lesiones, apremios ilegítimos, torturas, falsificación o uso malicioso de documentos públicos e infracciones al Código de Justicia Militar. Unos 157 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden estaban a esa fecha en condición de formalizados (148 Carabineros, 7 miembros del Ejército y 2 de la PDI). De las 8.508 causas iniciadas por algún tipo de delito de las fuerzas de orden o militares durante la rebelión social, 3.729 fueron archivadas de manera provisional y se pronunciaron 21 sobreseimientos definitivos y 11 sentencias absolutorias.

Según el Ministerio Público, hubo 33 muertes durante el llamado estallido social, cuatro de las cuales se atribuyeron a agentes del Estado. Entre los otros 29 casos se encuentran los incendios de la bodega Kayser y de supermercados Líder y Alvi, además de los fallecidos en Plaza Italia por causas aparentemente accidentales en medio de las manifestaciones y la represión policial. Según el Programa Integral de Reparación Ocular del Ministerio de Salud, 453 pacientes de la red asistencial fueron atendidos por lesiones oculares producidas por la policía durante las manifestaciones, listado extendido a 460 casos totales por el INDH, una cifra inaceptable, con múltiples casos de pérdida parcial o total de la visión.

Con la amnistía y la derivación de los delitos policiales y militares a la justicia militar, lo que se pretende es que Chile deje de ser un Estado de derecho y permanezcan impunes crímenes inaceptables. Se busca que los delitos y abusos cometidos por policías y militares contra la población civil en medio de protestas sociales permanezcan sin sanción alguna, incluso cuando se cometieron contra personas que no participaron en acto alguno de violencia. Las agresiones y destrucciones de grupos lumpenizados no autorizan a los órganos del Estado a cometer crímenes en ninguna sociedad civilizada, y menos a reprimir el derecho de manifestación de manera indiscriminada, como hizo agresivamente la policía en el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que se debe procurar es perseguir y sancionar drásticamente a los causantes de destrucciones de la propiedad pública, robos y saqueos del comercio, pero proporcionales a los hechos. Aplicar penas de muerte de hecho o disparar a los ojos de manifestantes para causarles graves daños simplemente no es aceptable en un Estado de derecho.

La extrema derecha, la derecha y los ex DC conversos siguen mostrando su peor cara, en su afán de bloquear al gobierno y reprimir a la sociedad. Son la expresión de un autoritarismo militarista desenfrenado, que quiere volver por sus fueros y debe ser rotundamente rechazado por la mayoría democrática del país, como ya lo fue el 17 de diciembre de 2023. Las consecuencias de no hacerlo son demasiado conocidas en la historia reciente de Chile.

 

El gran empresariado y la reforma del sistema político

 En La Nueva Mirada

La reforma del sistema político es más que necesaria. Solo que la oposición y el gran empresariado, que son más o menos lo mismo, entienden este concepto como algo preferentemente circunscrito al sistema electoral, más dos o tres temas, para volver a algo que se parezca lo más posible al mecanismo binominal. Buscan obtener ventajas en la representación de la derecha en las instituciones y bloquear los cambios (que ahora son posibles con mayorías de 4/7 y ya no de 2/3 en el parlamento) al sistema económico-social que nos rige, en especial en materia de control público sobre la explotación de los recursos naturales (agua, cobre y minería metálica, litio, pesca, uso del suelo forestal, agrícola y ganadero), el régimen tributario y de regalías, el régimen de competencia, el funcionamiento del sistema financiero, el régimen laboral, el régimen de seguros de salud, el sistema de pensiones y los subsidios a la educación privada, entre otros temas cruciales para el desempeño económico, el bienestar de la mayoría social y la igualdad efectiva de oportunidades y derechos en la sociedad chilena. 

Esas ventajas persisten en el Senado, donde hay cinco circunscripciones que siguen siendo binominales y eligen solo dos senadores/as, pero suman el 20% del total. Con un tercio más un voto se obtiene lo mismo en escaños que con dos tercios menos un voto, lo que tiende a favorecer a la primera minoría, es decir la derecha. En otras se eligen muy pocos representantes en relación a la población, lo que también tiende a favorecer a la derecha, más fuerte en regiones poco pobladas y rurales. La guinda de la torta es la Región Metropolitana, que cuenta con solo cinco escaños: con el 40% de la población elige solo el 10% de los senadores, consagrando una insólita desigualdad del voto. Esto podría concebirse para una cámara que representara a las regiones y no a los ciudadanos, pero en ese caso no debiera tener facultades colegisladoras sino en algunas materias o solo de revisión propositiva de las leyes, como en otros países. 

Ahora la derecha quiere también obtener ventajas en la Cámara, como intentó en la propuesta fracasada del Consejo Constitucional, buscando disminuir el máximo de 8 electos por distrito. Esto no tiene otro sentido que restringir aún más la proporcionalidad de la representación, en especial hacia la izquierda, con la consecuencia de precipitar extramuros a fuerzas que deben estar representadas en la institucionalidad democrática en vez de ser empujadas a los circuitos extra-institucionales. Y si se quiere evitar la fragmentación del sistema de partidos, basta con instaurar una regla del 5% mínimo de votos para integrar las cámaras o un mínimo de parlamentarios electos, además de autorizar federaciones de partidos con disciplina de voto, junto a obligar a la renuncia a los que se cambian de tienda en el ejercicio de un cargo parlamentario. 

Pero una consideración modernizadora y equitativa fundamental es establecer la paridad de género en las cámaras. Para ello, el mejor mecanismo es la elección en listas nacionales o de macro-distritos de la totalidad o parte de los parlamentarios, hasta alcanzar al menos un 40% de un género u otro, con un voto para un hombre y otro para una mujer en cada lista. Así nadie «le quita» la representación a nadie, pues unos y otros la tendrían de pleno derecho, repartiendo en partes similares entre hombres y mujeres la representación proporcional de cada lista paritaria obtenida según el sufragio popular con igualdad del voto.

Sería positivo, además, que se termine con la figura de la acusación constitucional a ministros, que no sirve para nada que no sea la polarización política y la guerrilla contra el gobierno en ejercicio (así cabe llamar a los gobiernos, porque aquello del «gobierno de turno» tiene el problema conceptual según el cual, por definición, en democracia los gobiernos son de turno: si no fuera así, se trataría de una dictadura). Esta figura solo busca castigar personas en un juicio público sin debido proceso, con la consecuencia de irritar y polarizar la esfera política una y otra vez de manera destructiva. Debiera reservarse solo para destituir al presidente o a miembros de la Corte Suprema por manifiesto abuso de poder y prevaricación.

Y sería también positivo que los alcaldes se eligieran con un sistema de dos vueltas, como es el mecanismo vigente de elección de gobernadores regionales. Esto permite que las personas marquen su preferencia en una primera vuelta y, si no hay una mayoría relativa de 40% para alguna candidatura, se dirima la elección en una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías de la primera vuelta. Se evitaría así las negociaciones y reparticiones de candidaturas entre partidos que dan un poder indebido a las directivas y resultan irritantes para la ciudadanía y la militancia de los partidos, a las que se sustrae la decisión de seleccionar candidaturas. O bien establecer un sistema reforzado de primarias, a partir del que ya existe.

Esas serían tres buenas iniciativas reformadoras. También lo sería una cuarta reforma: si se crea el Ministerio de Seguridad, el Ministro/a del Interior debiera asumir la función de ministro coordinador del gobierno, para lo cual debiera contar con una mayoría en ambas cámaras. Si no las obtiene, el Presidente debiera poder disolverlas (o solamente la Cámara de Diputadas y Diputados si se da al Senado un rol revisor general de las leyes desde la perspectiva de los territorios, pero colegislador solo en algunas materias). La repetición de las elecciones parlamentarias (lo que la constitución de 1980 original establecía como facultad presidencial para la Cámara de Diputados y fue eliminado en la negociación de 1989) permitiría a la ciudadanía dirimir los bloqueos parlamentarios al Presidente/a cuando no cuenta con mayoría en el Congreso. Esto no beneficia a nadie -ni a la izquierda, la derecha o al centro- y solo perjudica la capacidad de gobernar y paraliza la administración del Estado. El bloqueo, en cambio, aumenta el descrédito de la democracia como forma de gobierno. Son los que están en contra de que prevalezcan «mayorías circunstanciales«, sobre todo sino no son de su preferencia, los que consideran adecuados los bloqueos y empates. Dicho sea de paso, en democracia las mayorías son por definición “circunstanciales”, dado que se conforman de manera periódica y competitiva. Si no fuera así, de nuevo se trataría de una dictadura.

Una quinta reforma significativa sería bajar los topes de gasto de campaña y establecer un piso de aporte público, lo que permitiría disminuir la influencia plutocrática del dinero en la decisión de voto, que aún permanece en niveles inaceptables y se ha agravado con la creciente concentración económica.

Las reformas mencionadas permitirían un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas, sin importar la alineación con una u otra parte del espectro político. Lograrlas en el nuevo contexto, luego del fracaso de los procesos constituyentes en 2022 y 2023, supondría, no obstante, que la derecha renuncie a su reflejo de buscar ventajas institucionales para su campo político, y detrás para el poder económico que lo sustenta, de lo que no logra desprenderse. 

El primero de mayo y la emancipación del trabajo

 En El Clarín de Chile

¿Es posible la emancipación de los trabajadores? ¿De qué hay que emanciparse? 

El trabajo es parte esencial de la vida humana en todo lo que tiene que ver con asegurar la subsistencia material y también con la creación de objetos y obras sin finalidades directamente utilitarias, en las diversas expresiones de la cultura y las artes. Ex nihilo nihil, nada viene de la nada. El trabajo, que siempre supone alguna forma de cooperación, además del despliegue de talentos individuales, es, junto a los distintos tipos de familias, el nexo social por excelencia.

Las sociedades cazadoras-recolectoras pudieron empezar a acumular reservas de subsistencia con la aparición hace más de 10 mil años de la agricultura y la ganadería, junto a la alfarería, los tejidos de fibra y el uso de la madera, piedra y metales para acumular y transportar y moler granos y otros bienes. Pero también se acentuó la lucha por el control de la tierra y los recursos y la generación y distribución de los excedentes, lo que llevó a la división estamental entre grupos dominantes y dominados, los patricios y los plebeyos a lo largo de la historia. Eso sí, con los segundos obligados a trabajar para los primeros, frecuentemente bajo coerción violenta, incluyendo la esclavitud. Y también se acentuó la subordinación de las mujeres y su relegación a las tareas domésticas, procesos que fueron más o menos legitimados por las representaciones religiosas y visiones de mundo de las jerarquías dominantes.

Y también jugó un rol decisivo la conquista imperial de otros territorios, el sometimiento de sus habitantes y la expoliación de su trabajo. Con la aparición de la navegación en gran escala hace cinco siglos, se multiplicaron las colonizaciones sucesivas en lugares cada vez más distantes, primordialmente desde Occidente. Algunas expansiones no occidentales fueron también expresión de una fuerte jerarquización, pero con un manejo racional de las reservas que aseguraba la subsistencia inclusiva, por ejemplo en el caso del imperio Inca. Por su parte, la economía mapuche fue expresión de mecanismos de subsistencia sin grandes divisiones estamentales y con un control colectivo de las comunidades de los territorios y sus recursos, en espacios amplios. Ambos tipos de órdenes sociales fueron, sin embargo, destruidos por la colonización europea basada en la violencia, el despojo de metales, tierras y recursos, el sometimiento forzado y la pauperización de las poblaciones originarias, además del efecto del traslado de gérmenes y enfermedades que ayudaron a producir un cuasi colapso demográfico e instauraron sociedades que se cuentan entre las más desiguales del mundo.

Así, a lo largo de la historia una parte cada vez mayor de quienes trabajan dejó de disponer del fruto de su trabajo y de los insumos y medios para realizar ese trabajo.

La acentuación de la división de funciones con los avances tecnológicos llevó a la revolución industrial hace dos siglos, basada en la acumulación privada ilimitada de capital. Se consolidó la dinámica de subordinación del trabajo bajo formas asalariadas, la que, luego de pasar por diversas etapas, se prolonga hasta hoy. El capitalismo se financiarizó y terminó de globalizarse a fines del siglo XX. Dejó de sustentarse en articulaciones de la producción y el consumo en escalas nacionales reguladas, como el capitalismo fordista, en beneficio de cadenas globales de producción que se deslocalizan y externalizan por el mundo buscando el mínimo costo de producción. A la vez, inducen un consumo no funcional homogeneizado y también globalizado, con graves consecuencias, además, para la alimentación humana saludable y para los ecosistemas.

Las innovaciones mayores más recientes, como el capitalismo digital de plataformas, han creado un nuevo precariado bajo una ficción semi-asalariada y sin derechos de repartidores y conductores en sociedades cada vez más urbanas. Y también, aunque en mejores condiciones, se amplía el rol de quienes sostienen las redes digitales desde distintos lugares del planeta. El creciente uso de robots e inteligencia artificial interviene, por su parte, en otros múltiples procesos de producción y provisión de servicios y los recompone, en muchas ocasiones, con un alto costo para los trabajadores que pierden sus empleos previos, aunque se creen otros empleos. El trabajo no va a desaparecer, pero se va a reestructurar, con múltiples sufrimientos humanos, bajo nuevas combinaciones de trabajo calificado y no calificado y nuevas condiciones de precariedad.

Esta evolución ofrece, al mismo tiempo, nuevas perspectivas de emancipación del trabajo para la mayoría que no puede subsistir o prosperar sin ofrecer su capacidad de trabajar para obtener un ingreso a cambio. Estas discurren por algunas vías principales.

La primera es “exógena”, y tiene que ver con disminuir desde el sistema político y regulatorio las horas obligatorias de trabajo en los contrarios salariales y asegurar un ingreso básico de vida al margen del trabajo. Esto ya ocurre parcialmente con redistribuciones desde los que acumulan capital e ingresos en gran escala, favorecidos por la gigantesca concentración capitalista existente en la actualidad, en favor del resto de la población. Pero debe acentuarse progresivamente, al aumentarse las capacidades económicas, con más aportes financiados por impuestos progresivos en bienes y servicios directos a la mayoría social para la vivienda social y el urbanismo, el transporte colectivo, la salud, la educación y los sistemas de cuidados, junto a mayores subsidios en dinero, partiendo por las asignaciones familiares a la niñez y las pensiones básicas para las personas de más edad.

La otra gran vía de emancipación de los trabajadores y trabajadoras, la “endógena”, es la de persistir en fortalecer, con la ayuda de legislaciones apropiadas, la lucha sindical desde agrupaciones de empresas, en sectores y territorios, por mejores salarios y condiciones de trabajo y por la igualdad salarial y de funciones entre hombres y mujeres. Y también la de presionar, como señalan Acemoglu y Johnson, por una evolución de la tecnología que no sustituya trabajo humano sino que lo facilite y enriquezca, dándole un vuelco social al progreso técnico en vez de acentuar el sometimiento y control jerárquico de quienes trabajan.

En el horizonte se debe mantener la perspectiva de avanzar a formas de democracia económica. Estas deben incluir el fomento de un sector de economía social y cooperativo viable, alternativo al autoempleo precario y marginal y a los caldos de cultivo de la economía ilegal en el que se desenvuelven los jóvenes que no estudian ni trabajan (400 mil hoy en Chile). Y deben incluir la participación de los asalariados en las utilidades y en una parte de la propiedad de las empresas, que habiliten formas constructivas de cogestión de las mismas.

Todo lo anterior debe complementarse con políticas macroeconómicas consistentes orientadas al pleno empleo (hoy hay 885 mil cesantes y 780 mil personas dispuestas a trabajar pero que ya no buscan empleo), que tendrán como efecto fortalecer la capacidad global de negociación de quienes viven de su trabajo. Y debe acompañarse de políticas más fuertes orientadas a integrar a quienes no logran acceder al trabajo remunerado o lo hacen de manera intermitente y precaria, junto a mayores espacios para la inserción de la mujer en el trabajo, con mejores remuneraciones y soportes equitativos en las tareas de cuidado.

Múltiples experiencias desde la Segunda Guerra Mundial demuestran que políticas de este tipo en economías mixtas no atentan contra el dinamismo económico descentralizado si están concebidas con estímulos y capacidades de gestión adecuados. Y muestran que pueden favorecer ese dinamismo, como señalan Ostry y Berg. Pero esa posibilidad nunca está garantizada sino que depende de la consistencia y persistencia de luchas sociales y políticas adecuadamente auto-organizadas y conducidas para alcanzar esos fines.