El principio de mayoría es el fondo del asunto

En La Mirada Semanal

El principio de mayoría es el fundamento básico de la democracia, es decir "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", según la señera definición de Abraham Lincoln, para quien ningún ser humano es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento.

Los "amarillos", junto a la derecha, han encabezado las descalificaciones a través de los medios tradicionales al proyecto de nueva Constitución, con argumentos que suelen no atenerse demasiado a los hechos y con una lapidaria conclusión: el proyecto es "malo" o "absurdo". Escasamente exponen algún argumento que tenga que ver con la letra de lo votado por la Convención Constitucional y más bien lo tergiversan sistemáticamente, con el evidente ánimo de provocar escándalo y temor, lo que han logrado en buena medida en algunos segmentos medios y de más edad de la población. 

Alguno ha sido más explícito sobre el fondo del asunto (no cito el nombre porque no tiene sentido personalizar) al declarar en la prensa escrita abiertamente que "no puede ser que una mayoría circunstancial, que obtuvo el 50% más uno a su favor, tenga la posibilidad de cambiar el sistema electoral, la ley orgánica del Banco Central, de la Contraloría, de los gobiernos regionales, etcétera. A mí no me parece que eso esté correcto. La principal razón de por qué eso no está ahí era porque estos temas no eran interesantes de tratar para la Convención. Es un tratamiento muy descuidado de aspectos que son muy fundamentales del funcionamiento del país. No tengo duda sobre cómo voy a votar”. 

Queda más claro que para esta corriente de opinión, calcando la posición de la derecha guzmaniana en un ejercicio de mimetismo notorio, el problema principal con la nueva Constitución es que consagra el principio de mayoría. Al respecto, la derecha tradicional ha sido más discreta, dado su récord en la materia desde la dictadura. Se infiere sin ambigüedades de lo citado que las leyes no deben nacer de la voluntad de la mayoría, como en todas las democracias en forma, sino del derecho a veto de la minoría sobre la mayoría. Y califica a las mayorías de "circunstanciales", como si eso no fuera de la esencia de la democracia, que elige representantes que solo pueden conformar una mayoría para el período acotado en que fueron elegidos. Las mayorías, en democracia, son siempre circunstanciales. 

Se le olvida al representante amarillo que el principio de mayoría es el fundamento básico de la democracia, es decir "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", según la señera definición de Abraham Lincoln, para quien ningún ser humano es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. El consentimiento del pueblo nunca puede ser unánime, simplemente porque el pueblo es diverso y plural y en la sociedad existen diferentes intereses según la posición de cada cual en ella. El consentimiento democrático debe expresarse a través de un proceso de conformación de una mayoría que oriente la toma de decisiones. Poner ese consentimiento en manos de una minoría, a través de quórum supramayoritarios, conforma un régimen oligárquico y de privilegios, no un régimen democrático, en el que en todo caso las minorías deben respetarse para que periódicamente puedan concursar para transformarse en mayoría con plenas garantías. O bien conforma una situación en el que las posiciones medianas requieren del apoyo de extremos poco racionales para alcanzar los quórums, radicalizando en vez de centrando las decisiones (ver mi columna sobre el tema). 

En un régimen propiamente democrático nunca una minoría debe sustituir a la mayoría en el ejercicio del gobierno o en la formación de las leyes sin desnaturalizar su característica principal. Otra cosa es armonizar, en el marco de la separación de poderes, la circunstancia que los regímenes presidenciales hacen posible: la existencia de un presidente y de un parlamento elegidos con mayorías de distinta orientación. No obstante, en ambos casos se trata de mayorías, no de minorías. Lo propio ocurre con el mecanismo de reforma de la nueva Constitución en materias principales: de no alcanzarse 2/3 en el parlamento (situación más probable), será la ciudadanía la que zanjará en un plebiscito aplicando el principio de mayoría.

Se exhibe en el comentario citado, por otro lado, un desprecio por los convencionales elegidos por el pueblo que parece provenir, por su virulencia, del ancestral clasismo aún prevaleciente en la cultura nacional. Esto no termina de sorprender en el caso de gente que alguna vez se proclamó de izquierda, pero que se asimiló al sistema de poder vigente en Chile por razones que son propias de su libre albedrío que a los demás no nos cabe juzgar, pero si constatar. Esto se pone en evidencia, por ejemplo, cuando se afirma sin fundamento alguno que el Banco Central, la Contraloría o los gobiernos regionales, fueron temas que "no eran interesantes de tratar para la Convención", lo cual revela que el declarante no siguió para nada los debates. La apreciación es simplemente una falta de respeto. 

También se expresa una tergiversación que van repitiendo unos y otros: se proclama como un grave defecto que la nueva Constitución no incluya un sistema electoral específico, en circunstancias que los sistemas electorales no son parte de la constitución en muchas de las democracias clásicas, pues se dejan al arbitrio de la ley, incluyendo en la constitución de 1980. Seguramente el sistema electoral que le gusta a los "amarillos" es alguna variante del binominal, pero eso no les da ningún derecho a pretender imponérselo a la ciudadanía a través de quórums elevados, que no son otra cosa, de nuevo, que el derecho a veto de la minoría. 

Este permanecerá en el caso que se apruebe el rechazo a la nueva Constitución, cuyo único efecto práctico será la permanencia de la actualmente vigente, que consagra desde 1990 el veto de la derecha sobre la voluntad popular a través de diversos mecanismos. De aquí al 4 de septiembre ¿se sustituirá por 4/7 la reforma a la actual constitución, se eliminarán los quórum supramayoritarios en la aprobación de las leyes y se terminará con un Tribunal Constitucional militante? Cada cual sabrá lo que hace frente a estas realidades. Solo cabe recordar que la derecha prometió en 1989 terminar en la primera legislatura con  los senadores designados y con el sistema binominal y que luego desconoció esos acuerdos. ¿Se puede pensar que haría ahora otra cosa?

La política monetaria y el orden social

En El Mostrador

El problema con el enfoque ortodoxo de política monetaria es que crea una dificultad persistente: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra la inflación externa.

El Informe de Política Monetaria del Banco Central de junio señala: "La principal causa del aumento de la inflación en nuestro país sigue siendo el excesivo aumento del gasto en 2021, lo que provocó una fuerte presión sobre los precios de los bienes y servicios". Esto es simplemente absurdo, pues los propios datos del Banco Central muestran que, en términos desestacionalizados, tanto el consumo de los hogares (-0,3%) como la inversión (-5,9%) han bajado en el primer trimestre. Seguirán haciéndolo por el triple efecto del fin de los retiros y de las transferencias de emergencia, la caída de los salarios reales y el propio aumento excesivo de tasas de interés por el Banco Central. 

Las presiones futuras de demanda interna no son tales y menos en el horizonte de 24 meses con la que debe operar la meta de 3% de inflación del Banco Central (una de 4% sería más pertinente en un contexto de mayor inflación externa, dicho sea de paso, ver mi columna al respecto).

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió recientemente por segunda vez, frente a las presiones inflacionarias, la tasa de interés de refinanciamiento. Con este ajuste, quedó fijada en un rango de entre 1,50% y 1,75%. El Banco Central de Chile aumentó la tasa de interés de política monetaria sucesivamente desde 0,5% en junio de 2021 a 9,0% en junio de 2022. Se podrá notar la diferencia de magnitud. En un caso, moderación para evitar una recesión. En el otro, precipitación para provocar, según su voluntad declarada, una recesión. Dos opciones, dos políticas.

Es impresionante ver que las autoridades de un Banco Central declaren que la inflación importada debe combatirse mediante una recesión que dure hasta el año próximo. Rosanna Costa declaró que “es absolutamente necesario el ajuste de la economía que vamos a tener el 2023 para que (...) converja la inflación”. El Banco Central prevé -0,5% de PIB en 2023 y le parece muy bien, sin ninguna consideración sobre el empleo y el sufrimiento económico y psíquico de las familias afectadas directamente y de los asalariados que temerán perder su empleo. 

Más aún, se permite señalar por escrito en su informe que "reducir la inflación es una tarea prioritaria para el país". La misión del Banco Central es mantener bajo control la inflación en un horizonte de dos años, no en cada coyuntura. Y punto. Ciertamente no le corresponde declarar qué es o no prioritario para el país, por mucho que contener la inflación lo sea, pero siempre en un contexto de problemas públicos diversos, entre ellos el del desempleo, los que deben ser arbitrados por las autoridades democráticamente electas y por nadie más.

Por su parte, el ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, comentó hace algunos días que las próximas alzas de tasas "es algo que el Banco Central tiene que calibrar con cuidado, porque hoy en día, como bien se señala en el IPoM, todas las presiones adicionales en el margen, todas las sorpresas de inflación que hemos tenido, son todas derivadas de los aumentos de precios internacionales, entonces eso el Banco Central no lo va a cambiar mucho con política monetaria". Este es el enfoque que debieran tener los responsables de la política monetaria.

Más ampliamente, los que creen que la inflación externa se puede impedir deprimiendo la economía, que los impuestos deben mantenerse bajos y pagados por los que menos tienen (IVA) y que el gasto social debe ser mínimo, son los mismos que luego se quejan del incremento del comercio ilegal en nuestras ciudades, y, más grave aún, de los saqueos y violencias urbanas, en un trasfondo de reclutamiento creciente de contingentes de jóvenes por el narcotráfico. Se debe evitar que se transformen en situaciones endémicas mediante una amplia batería de políticas y no en medio de una economía deprimida.  

El problema con el enfoque ortodoxo de política monetaria es que crea una dificultad persistente: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra una inflación externa que será más amplia por un período relativamente prolongado. Los miembros adicionales del consejo del Banco Central y los nuevos aspectos que debe considerar en su política monetaria previstos en la nueva Constitución, debieran ayudar a corregir esta anomalía peligrosa.

Los que solo piden orden, pero sin crear las condiciones sociales y económicas para que ese orden se produzca, no están siendo responsables con el devenir de la sociedad chilena. Es que, al parecer, consideran que no es su tema, sino simplemente el de mantener sus privilegios. De lo demás, que se encarguen el gobierno, la policía y los militares y que se las arreglen como puedan. Pero sin modificar las causas estructurales del malestar social chileno, que son primordialmente la desigualdad y los abusos de poder.

El dilema de septiembre

En La Mirada Semanal

Cuando ya termina el trabajo de la Convención Constitucional, las fuerzas políticas, con excepción de la Democracia Cristiana, han tomado posición a favor o en contra del texto aprobado. La campaña de desprestigio en la prensa de derecha parece haber agotado todos los argumentos posibles, los de buena y mala fe, y recurrido a todo tipo de emisores, por lo que ya va decantando lo que está en juego. 

El 4 de septiembre la opción en lo principal es muy simple: aprobar una nueva constitución -elaborada por representación paritaria democráticamente elegida y con representación indígena directa por primera vez en la historia- o bien mantener la actualmente vigente, en la que opera el bloqueo sobre toda legislación que atente contra los intereses del 1% privilegiado de Chile. Con la nueva Constitución, las leyes se aprobarán por mayoría simple, sin vetos de minoría, con plena vigencia de las libertades y de la separación y descentralización de los poderes públicos y con derechos fundamentales ampliados, incluyendo los de las de las minorías para que puedan optar a ser mayoría y dirigir las instituciones democráticas con plenas garantías en elecciones periódicas. 

Los que tienen dudas, legítimamente, sobre la nueva constitución, tienen dos posibilidades. La primera es votar rechazo con la esperanza de nuevas reformas de la actual constitución, La derecha, que creó y defendió por décadas la constitución de 1980, ahora la ha declarado obsoleta para atraer posibles incautos. En realidad, al llamar a votar por el rechazo ha planteado mantenerla, en alianza con los "amarillos" y algunos DC, con la vaga promesa de rebajar los quórum de reforma a 4/7 para que el actual parlamento haga algunos cambios. ¿Quién les puede creer, después de 32 años, que ahora terminarán con la prevalencia del principio de veto minoritario, que es la base de su poder y del orden institucional actual? ¿Harán esa reforma antes del 4 de septiembre? Lo que permanecerá serán las leyes orgánicas, los 2/3 existentes para reformas constitucionales en los temas principales y el Tribunal Constitucional bien atado, junto a la mantención del Senado como institución de bloqueo, dado su sistema de elección y su carácter colegislador pleno. En todo caso, ¿alguien ha visto alguna propuesta concreta de cambio constitucional por parte de la derecha? Lo que defienden es el orden actual, con cambios cosméticos.

La segunda posibilidad para quienes dudan es votar apruebo, y confiar en que las reformas constitucionales que consideren necesarias reúnan una representación suficiente para que se puedan hacer reuniendo 4/7 (el 57%) del voto en ambas cámaras en el caso de las normas que no sean las relativas a los derechos fundamentales y la estructura del Estado. O bien que éstas últimas se reformen mediante plebiscito, siempre que en el parlamento se alcance 4/7 y no se reúna 2/3 de los votos de los representantes. 

Lo ideal hubiera sido que el actual parlamento simplemente no tuviera facultades de modificación para respetar el mandato del plebiscito de 2020 y que toda la nueva constitución se pudiera modificar por mayoría simple. Pero la pretensión expresa de la derecha y parte de la ex concertación de modificar el nuevo texto constitucional, si es aprobado, antes que llegue siquiera a ponerse en práctica -y restablecer, en especial, el Senado actual- obligó a la Convención a establecer esta fórmula. Es, en todo caso, mucho más democrática para reformar la constitución en los temas medulares, pues acude al pronunciamiento ciudadano, exactamente lo que la constitución de 1980 niega. 

Los nuevos quórum de formación de las leyes permitirán aprobar normas sin vetos para beneficiar a las mayorías en todas las materias que han sido objeto de bloqueo desde 1990. Ya no habrá leyes orgánicas y de quórum calificado y el nuevo parlamento será uno que, junto con el gobierno, podrá abrir alternativas de cambio siguiendo la voluntad mayoritaria de la sociedad. Este es el punto clave en juego, y alrededor del cual giran todas las objeciones al cambio constitucional: el rechazo a la soberanía popular y paritaria y el reconocimiento de autonomías indígenas como principios ordenadores del orden político que inaugurará la nueva Constitución si es aprobada.

Esto no es sinónimo de desorden ni de irresponsabilidad. El ejecutivo conservará facultades exclusivas en materia de gasto y creación de empleos públicos, para una sana gestión económica. El parlamento podrá proponer gastos, pero la última palabra será siempre del ejecutivo, dotado de un mandato constitucional nuevo de responsabilidad fiscal, extendido a las administraciones territoriales. El desborde institucional durante Piñera, que habilitó la facultad de modificar los fondos de pensiones mediante reformas constitucionales, será ahora mucho más difícil, para que tomen nota los que critican la nueva constitución desde el ángulo de la crítica al parlamentarismo clientelista y al populismo.

Queda explicar con paciencia que la nueva Constitución no es "mala" ni "está plagada de errores" como plantean los propagandistas pedestres del rechazo, sin dar argumento sustancial alguno. El nuevo texto lo que hace es terminar con la herencia dictatorial para cerrar el negro capítulo de la imposición autoritaria sobre la voluntad ciudadana abierto en 1973 y que buscó consagrar la constitución de 1980. La opción es mantener las heridas abiertas y la inestabilidad del orden oligárquico o bien terminar de abrir un futuro plenamente democrático e innovador, por el que han luchado incansablemente diversas generaciones desde hace 50 años.

La deriva del Banco Central

En La Mirada Semanal

Persistir en una política recesiva para bajar una inflación de origen externo en vez de acomodar sus efectos económicos y distributivos y evitar una caída de la actividad y del empleo, es un error técnico o una directa intencionalidad política para dificultar el cambio institucional democrático y las reformas que el actual gobierno se propone emprender.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) percibe signos fuertes que anticipan una importante ralentización de la economía chilena, a la vista de sus Indicadores compuestos avanzados publicados el 14 de junio. Estos se proponen anticipar los signos de inflexiones del ciclo económico, El dato promedio de Chile lleva más de un año a la baja y cayó en mayo en 0,39 puntos, hasta 98,15 puntos, el segundo mayor descenso de los países miembros. Para el conjunto de la OCDE, la disminución fue de 0,11 puntos en mayo, hasta 99,88 puntos. 

A su vez, en su informe semestral de Perspectivas Económicas publicado la semana pasada, la organización calculó que el producto interno bruto de Chile crecerá este año un 1,4%, con la mayor corrección a la baja para un miembro desde el anterior estudio publicado en diciembre, con 2,2 puntos porcentuales menos. La OCDE señala en este informe que "el atraso en la recuperación del empleo y los más altos precios globales de los alimentos y la energía requerirán un soporte fiscal focalizado y temporal a los hogares más vulnerables”, y agrega adecuadamente que “una reforma fiscal que atienda los ingresos públicos estructuralmente bajos de Chile y la baja progresividad de los impuestos es necesaria para abordar las necesidades de infraestructura y sociales apremiantes. Más inversión en renovables, acopladas con una aceleración de la salida de las plantas a carbón, puede ayudar a reducir la dependencia energética y los costos. El banco central debe continuar restringiendo para asegurar que la inflación vuelva a la meta, pero a un ritmo más bajo dada la desaceleración económica".

Con matices, es lo que hemos venido sosteniendo en esta columna semanal.

Por su parte, el Banco Central postula ahora la necesidad de una recesión hasta el año próximo. Rosanna Costa declaró que “es absolutamente necesario el ajuste de la economía que vamos a tener el 2023 para que (...) converja la inflación”. El BC prevé -0,5% de PIB en 2023 y le parece perfecto. Al mismo tiempo, Costa reconoce que la aceleración reciente de la inflación es de origen externo: "a este escenario ya complejo se ha sumado un conjunto de shocks de gran magnitud, mayor persistencia y la mayoría, en lo más reciente, de origen mayoritariamente externo". Pero llega a una conclusión extraña: "por lo tanto, lograr la convergencia de la inflación en el horizonte de política exige hoy un esfuerzo adicional respecto a marzo". 

El "por lo tanto" no tiene ningún fundamento si se considera que los precios de alimentos y combustibles no van a seguir creciendo en los próximos 24 meses, salvo una catástrofe mundial que no está en el horizonte previsible. A lo más quedarán en su nivel actual o algo superior en ese lapso. Al mismo tiempo, la demanda interna está disminuyendo. Pero sobre todo, los eventuales mayores precios de bienes importados no podrán ser evitados subiendo las tasas de interés en Chile. Pretender hacerlo deprimiendo la economía es simplemente un absurdo que no se veía desde la crisis de 1929.

Dice Costa: "necesitamos resolver desbalances macroeconómicos muy importantes que siguen pendientes y tomarán más tiempo". ¿Cuáles desbalances? La economía cae, los salarios reales caen, el consumo disminuye y la inversión también (ver mi columna anterior y el informe de política monetaria del Banco Central de junio). 

El déficit en cuenta corriente es el problema más preocupante. Ha aumentado en los últimos dos trimestres (en buena parte por el incremento de las remesas de utilidades mineras al exterior), pero está financiado y no ha provocado grandes déficits en la balanza de pagos o el uso masivo de reservas (son mayores en mayo de 2022 que en 2019). La deuda externa total sobre PIB disminuyó en el último trimestre. Por su parte, la devaluación del peso respecto a su nivel de 2019, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, irá mejorando la balanza comercial, junto a la progresiva normalización de los soportes logísticos del comercio internacional.

El BC se equivoca en dos cálculos en su apreciación de la coyuntura. Primero, la capacidad instalada no está sobre-utilizada en diversas actividades de producción de bienes, si se compara los niveles actuales de producción sectorial con los previos a la crisis, mientras la provisión de servicios ha aumentado pero no tiene techos productivos rígidos en el corto plazo como la producción de bienes. Segundo, sobreestima la inflación de demanda de origen interno, al no separar los impactos de los precios externos de "segunda vuelta" (especialmente las alzas de los combustibles y los cereales). Hay un primer impacto en el IPC por el aumento del precio del bien importado repercutido de inmediato al consumidor y luego un segundo impacto al trasladarse esa alza desde el productor que lo utiliza al consumidor (es el caso de casi toda la producción de bienes que utiliza el petróleo y derivados y la producción de alimentos que utilizan harinas, aceites y azúcares), especialmente en mercados con poca competencia. En todo caso, existe la "elasticidad-precio de la demanda" y la "elasticidad-ingreso de la demanda": habrá bienes que no dejarán de ser consumidos aunque sus precios suban y/o aunque los ingresos de los hogares bajen (es el caso en buena medida del pan y los combustibles), salvo en el caso de una pérdida drástica de los ingresos familiares. ¿Esa es la intención del Banco Central con su política de alza insólita de tasas de interés?

Persistir en una política recesiva para bajar una inflación de origen externo y que es inevitable (ver el análisis de Paul Krugman), en vez de acomodar sus efectos económicos y distributivos y evitar una caída de la actividad y del empleo (como hacen los bancos centrales en EE.UU y la UE), es ya sea un error técnico o bien una construcción conceptual con una directa intencionalidad política para dificultar las reformas que el actual gobierno se propone emprender. El argumento del consejero Pablo García, según el cual el Banco Central chileno se adelantó correctamente al resto en su política restrictiva, es una falacia. Lo que ha hecho es sumar por adelantado e inútilmente una inflación inevitable y temporal con una caída del crecimiento, precisamente cuando el país debe pronunciarse sobre el mayor cambio institucional de su historia reciente. Esto es reprobable desde el ángulo que se le mire. 

Más ampliamente, esta visión ultraortodoxa anuncia una dificultad de largo plazo: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra la inflación externa, y si es posible por anticipado. Es de esperar que la incorporación de nuevos miembros al consejo del Banco Central, y los nuevos aspectos que debe considerar en su política monetaria previstos en la nueva Constitución, puedan corregir esta deriva una vez que entre en vigencia.

La economía, el empleo y la ortodoxia

En La Mirada Semanal

En todo el mundo se debate sobre una política de estabilización de precios que no produzca una nueva caída de la economía después de la recesión de 2020. En Chile, en cambio, se discute sorprendentemente mucho de lo primero y apenas de lo segundo, en circunstancias que el pleno empleo es uno de los mayores bienes públicos a ser defendidos en cualquier sociedad.

El mundo vive una etapa de crecientes incertidumbres, con la guerra de Ucrania superponiéndose a los efectos todavía persistentes de la pandemia de COVID-19. El primer impacto sanitario de 2020, que se tradujo según el FMI en una caída de -3,1% del PIB mundial, fue seguido por un crecimiento de 6,1% en 2021 y una proyección de expansión de 3,6% para este año. Una vez normalizada buena parte de la producción a escala global, se verificaron efectos inflacionarios temporales por restricciones de la oferta en diversas cadenas de suministros, en el contexto de una mayor demanda de bienes y de políticas de apoyo gubernamental a empresas y hogares (ver Brad DeLong). Se agregó desde febrero un brusco desequilibrio en el mercado de las energías fósiles y de los cereales, oleaginosas y fertilizantes por la invasión rusa a Ucrania, con importantes incrementos de precios. Estos alcanzaron en mayo un 64,9% anual en el caso del petróleo WTI y un 37,9% en el de los cereales.

En todas partes se debate ahora sobre la mejor política de estabilización. En Estados Unidos, se discute si las metas inflacionarias previas son o no pertinentes. Paul Krugman (2022), premio Nobel de economía, señala: “cualquier interesado en la política económica debiera saber que la historia de cómo se llegó a que el 2% defina la 'estabilidad de precios' es peculiar, y que el argumento para mantener esa meta está menos basada en una recta teoría económica que en casi metafísicas consideraciones acerca de la credibilidad". Agrega Krugman que “si la Fed hubiera de aplicar los estándares que prevalecieron en los años 1980, consideraría que la actual inflación es aceptable y cantaría victoria. En cambio, está poniendo una restricción en los mercados de crédito y arriesgando al menos una recesión leve para llevarnos a 2% desde el 4%. ¿Por qué? No porque haya un caso económico ineludible. Tal como Blanchard y sus coautores preguntaron en 2010: ¿son los costos netos de la inflación mucho mayores con, digamos, 4 por ciento que con 2 por ciento? No existe evidencia real de ese efecto".

Olivier Blanchard -ex economista jefe del FMI- y el propio Krugman proponen que la meta de inflación, sin los productos volátiles, se aumente a 4% en Estados Unidos y la Zona Euro, para evitar políticas contractivas sin sentido, lo que otros rechazan en nombre de la credibilidad. Lo paradojal es que los grandes bancos centrales han construido una nueva credibilidad mediante políticas no convencionales para enfrentar las dos más graves recesiones desde 1929, la de 2008-09 y la de 2020, como muestran Bhattaray y Neely (2022), con el trasfondo del “estancamiento secular” como principal problema económico de más largo plazo. Han sido, además, reacios a decidir aumentos bruscos de la tasa de interés.

En el caso de Chile, no existe ningún argumento racional -dada la fuerte exposición a los impactos de los precios externos por el grado de apertura de la economía- para que la meta de inflación (sin bienes volátiles) no sea también de 4% en un horizonte de 24 meses. Hoy la meta de inflación en Chile ya es discrecionalmente de 3%, y no de 2%, como en Estados Unidos y la Zona Euro, precisamente por esa razón. En todo caso, no le corresponde al Banco Central establecer las metas de inflación, que deben ser congruentes con las de empleo, de modo de no precipitar a la economía en frecuentes recesiones. Le corresponde fijar las metas de inflación a la autoridad democráticamente electa, la que debe responder por ellas, como ha subrayado el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, quien agrega que "el banco central debe demostrar regularmente que está persiguiendo apropiadamente sus metas mandatadas". A este solo le corresponde formular y ejecutar autónomamente la política monetaria para contribuir a alcanzar esas metas.

En los últimos meses destaca la ortodoxia del Banco Central en el manejo de la recuperación. Se ha producido una sorprendente reacción frente a los hechos medulares de la coyuntura, es decir los aumentos de precios por interrupciones temporales en algunas cadenas globales de suministro y luego una crisis aguda de los precios internacionales de los combustibles y de los alimentos. Esta inflación importada inevitable ha sido tratada como si fuera una inflación de origen interno por exceso de demanda, la que requeriría una recesión correctiva y no una corrección específica de sus efectos distributivos. No hay evidencia de una “economía sobrecalentada”, pues la producción de bienes se encuentra en promedio en abril de 2022 por debajo de la de 2018. Los servicios han experimentado una expansión importante, pero muestran menos límites de capacidad instalada para su provisión.

Si bien la inflación alcanzó en mayo un 11,5% anual, aumentaron en 14,0% los precios de los bienes sujetos al comercio internacional en la canasta de consumo. La tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 9,0% anual, lo que se explica en parte porque los aumentos de precios de los combustibles, a pesar del aplazamiento de su efecto por el mecanismo de estabilización, han impactado en toda la economía. El fuerte efecto en el consumo en 2021 de los retiros de fondos de AFP y de los ingresos de emergencia están, por su parte, en retirada y no alimentarán la inflación futura, mientras los salarios reales vienen cayendo desde octubre pasado (en abril la variación anual fue de -2,3%).

Índices Trimestrales Móviles de Actividad Económica y Ocupación (enero 2019=100), enero 2020-abril 2022

Fuente: a partir de Banco Central e INE.

El resultado es que tendremos con una alta probabilidad otra recesión evitable en 2022. Esto ocurrirá gracias a los aumentos sistemáticos de las tasas de interés de política monetaria por el consejo del Banco Central (pasaron de 0,5% a 9% en un año). La entidad considera sin matices que deben seguir subiendo, pues "la economía está retrocediendo a una velocidad menor que la esperada, ligado a un consumo que se ha mantenido en niveles elevados”. Esta afirmación es sorprendente si se considera que el consumo desestacionalizado de los hogares ha variado en -0,6% en el cuarto trimestre de 2021 y en -0,3 en el primer trimestre de este año. Un segundo factor recesivo es el ajuste fiscal de -25% (-8% del PIB) programado para 2022 por el gobierno anterior, una "política de shock" a lo Milton Friedman que no tiene justificación alguna. Esta combinación de políticas no logrará controlar la fuerte inflación importada que durará, desgraciadamente, durante un cierto tiempo por los avatares de la situación internacional, pero terminará por afectar de manera importante la actividad e impedir una aún incompleta recuperación del empleo.

Hay dogmas que tienen larga vida, en este caso el que lleva a rechazar la idea que las economías pueden funcionar sin graves costos con un cierto nivel de inflación temporal, con las debidas compensaciones a la pérdida de poder adquisitivo de las personas y grupos de menos ingresos. El suplemento de la asignación familiar que compensa el aumento del precio de los alimentos básicos decidido por el gobierno actual va en la línea adecuada, así como la distribución en el tiempo del aumento de los precios de los combustibles y de la electricidad, junto a congelar la tarifa de transporte público.

Una recesión interna no va a evitar el aumento de los precios importados. Es un error técnico o una intencionalidad política considerar sin más trámite que es necesario debilitar la actividad productiva y provocar efectos negativos en las pymes y en el empleo. El argumento de la necesidad de “desanclar” las expectativas de una espiral de salarios-precios es válido, pero siempre y cuando se observen síntomas en la materia. No es el caso en el Chile actual. La ocupación suma en febrero-abril de 2022 unas 280 mil personas menos que en el trimestre de mayor actividad previa en 2020 (y 165 mil menos en el caso de las mujeres). Los desempleados totales suman 1,5 millón de personas. El empleo informal es de 27,2% y abarca 2,4 millones de personas, según el INE.

La ortodoxia ya provocó en 1999 y 2009 (y en otras circunstancias en 1975 y 1982-83) caídas evitables de la actividad económica. Lo que subyace es el postulado de "la necesidad de un ajuste después de los excesos de gasto", en este caso después de los retiros de ahorros previsionales y los ingresos de emergencia que estimularon fuerte pero temporalmente el consumo. Se encuentra muy pocas razones técnicas válidas y mucho de una apreciación elitaria y moralizante sobre las circunstancias que enfrenta la economía y la sociedad en el Chile de hoy.

Lo que el país ha vivido es una crisis inédita en 2019 por la acumulación de las fracturas sociales, seguida de la grave pandemia que ha afectado al mundo, junto a un desborde institucional posterior que llevó a los retiros desde AFP y a fuertes déficits fiscales. La crisis llevó a la búsqueda de una redefinición del marco institucional y del pacto social, empezando por provocar una alternancia en el gobierno. Estos procesos deben ser protegidos y no obstruidos por políticas que podrían llevar a un nuevo clima de crisis social, lo que tiene sin cuidado al mundo de la ortodoxia. El consumo requiere de un aterrizaje suave y de la mantención de políticas redistributivas, no de deterioros bruscos e indiscriminados que afectan el empleo. Simplemente el pleno empleo no es relevante para este enfoque, aunque se trate de uno de los mayores bienes públicos a ser defendidos.

¡No lo permito!

En La Mirada Semanal

En estos días siguen divulgándose expresiones excesivas sobre la nueva constitución. Llama la atención que los calificativos más furibundos no necesariamente provengan de la derecha tradicional, sino de personeros que se suponía pertenecían a otros mundos. En definitiva, los conservadores de distintas tendencias se atrincheran, con amplio apoyo mediático, en el intento de mantener el veto minoritario sobre la voluntad popular.

Matías Walker, por ejemplo, habla de “autoritarismo constitucional”, “retroceso democrático” y que “lo que está saliendo de la Convención atenta contra los principios democráticos más básicos”, sin lo que se parezca a una sombra de argumento racional. Javiera Parada declara que “no he leído todavía el borrador”, lo que no le impide señalar que “creo que este borrador nos acerca más, lamentablemente, al nuevo constitucionalismo latinoamericano que es el constitucionalismo bolivariano que a una constitución moderna”. Y asegura que “cuando no quedan bien dibujados los sistemas políticos el riesgo del autoritarismo o de la ingobernabilidad permanente como vemos en el caso del Perú están a la vuelta de la esquina”.  Notable juicio de oídas sobre algo que no se ha leído (para qué decir estudiado). Una pequeña precisión: la constitución vigente en Perú es la de Fujimori, personaje no exactamente bolivariano. En todo caso, Parada deberá explicar cómo una ex activista de la Asamblea Constituyente (AC) terminará, como parece anunciar, votando por mantener la constitución actual, luego de haber criticado, con razón, un sistema de vetos de la voluntad mayoritaria que anula la vigencia de derechos sociales básicos, como ha subrayado con buenos argumentos y una nutrida experiencia en la materia Nicolás Eyzaguirre.

Por su parte, Jorge Correa opina que “este texto pone en riesgo la democracia, traba el crecimiento, hace improbable el buen gobierno y debilita la capacidad del Estado para enfrentar la violencia”. Nada menos. Como para salir arrancando. Pero el argumento es singularmente débil: “la Constitución se puede modificar en los mismos términos que una ley, salvo aquellas que alteren sustancialmente el régimen político, el periodo presidencial, el diseño del Congreso y su duración, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales y el capítulo sobre reforma constitucional”. Y agrega: “solo esos temas quedan blindados como propiamente debe ser en una Constitución porque se aprueban como una ley, pero deben ir a un referéndum a menos que sea aprobada por 2/3. Todo el resto del texto constitucional es, en lo sustantivo, una ley y se puede modificar igual que una ley”. Solo esos temas…En este caso, Jorge Correa deberá explicar por qué nada de lo catastrófico que enuncia fue considerado como tal en el largo recorrido de la Constitución de 1925, que contemplaba su reforma con “el voto conforme de la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio”. Era una norma algo más exigente que el voto de mayoría de los presentes que incluye el actual proyecto constitucional, pero sin las excepciones de quórum más alto (2/3) o plebiscito en materia de derechos fundamentales y de estructura básica del Estado que contempla el borrador. El propio presidente Frei Montalva usó este mecanismo para reformar el derecho de propiedad en la Constitución y permitir la reforma agraria que llevó adelante en su gobierno.

El tema de fondo es que la constitución posiblemente dejará de ser una “máquina de prohibir” el ejercicio de la soberanía popular y de hacer inefectivo el principio de mayoría, como hasta ahora.

Esto viene de muy atrás. Permítaseme una pequeña digresión. La monarquía parlamentaria de Polonia – la primera en el mundo – estableció en 1573 el “liberum veto“, mecanismo de imposición del poder de la aristocracia sobre la representación ciudadana (por mucho que aún fuera bastante restringida). Este consistía en una modalidad de votación mediante la cual cualquier miembro del Sejm (senado de la aristocracia de Polonia-Lituania) podía oponerse a una decisión de la asamblea mediante veto o suspensión de las deliberaciones, declarando en alta voz la expresión polaca Nie pozwalam! (“¡no lo permito!”). Bastaba un solo voto de algún miembro de la aristocracia que participaba en el Sejm por derecho propio.

Como señala la escritora mexicana de origen polaco Elena Poniatowska en el prólogo a su nueva novela, El amante polaco, “cualquier moción de un diputado a favor de las clases más olvidadas o del aumento de impuestos a los grandes señores era aniquilada por esta restricción. De todas las costumbres y tradiciones sármatas, ninguna peor que ese veto que mantenía a Polonia débil y anquilosada. Amparada por él, la nobleza conservadora olvidó enseñar a leer, proteger, curar y luchar contra plagas y epidemias, y se negó a dar oportunidades a los que nacían desheredados. Muchos polacos de la clase alta jamás abrían un libro, por lo tanto, su conciencia social no llegaba muy lejos y las reformas iniciadas por el joven rey Poniatowski —quien subió al poder a los treinta y dos años (Catalina a los treinta y tres)— irritaron a los nobles de la szlachta, los propietarios de tierras, castillos y privilegios feudales”. La crisis final de la monarquía polaca bajo veto aristocrático terminó con su supresión como nación independiente en 1795 en manos de Rusia, Prusia y Austria. Esa es una de las lecciones de la ceguera histórica de la nobleza polaca (de paso comento, para la pequeña anécdota de la que surge un interés por la historia polaca, ser descendiente, como Elena Poniatowska, de una de sus miembros, Alma Tomachevska, emigrada a Chile en 1880).

Como en Polonia, el veto de clase se ha expresado bajo múltiples formas en diversos regímenes políticos a lo largo de la historia. Su superación es lo que algunos en las elites dominantes en Chile no pueden concebir, bajo la larga influencia del “peso de la noche” portaliano y de la dictadura de casi dos décadas iniciada en 1973. Pero la fuerza de la historia ha estado marcando la necesidad del fin de los vetos de minoría y el inicio de una fase democrática en el que las mayorías periódicamente elegidas manden, junto a minorías que tengan sus derechos fundamentales protegidos, incluyendo el de procurar transformarse en mayoría con plenas garantías.

Nada de eso está amenazado por el proyecto de nueva Constitución. Sostener que atenta contra “los principios más básicos de la democracia” es una tergiversación sin fundamento alguno, marcada por una pasión furibunda y una falta de objetividad notoria.

En cambio, los balances iniciales con apreciaciones ponderadas de personas como Carlos Peña y Raphael Bergoeing debieran inspirar a tanto “amarillo” falto de serenidad.

Por lo demás, cabe tener presente que las definiciones constitucionales son importantes para la dinámica de las sociedades, pero no resuelven por sí mismas las fracturas históricas, las debilidades institucionales y los conflictos económicos, sociales, territoriales y culturales que las hacen difíciles de gobernar. Tampoco será el caso de Chile, cualquiera sea el resultado del proceso constituyente. Pero el nuevo proyecto constitucional, si es aprobado, ayudará a que las instituciones y el sistema político al menos estén en mayor sintonía con la voluntad popular y con las nuevas generaciones y su lenguaje. Y gocen de una renovada legitimidad, hoy por los suelos. Es lo mínimo que se puede pedir para avanzar a una gobernanza plural efectiva, de modo que el sistema político en Chile no termine por zozobrar en manos de lo que Máriam Martínez-Bascuñán llama “la impotencia de la democracia” frente a las estructuras de poder constituido. Lo que está en juego es un futuro que prolongará el divisivo orden oligárquico chileno vigente o bien abrirá la posibilidad de transitar a un orden más justo e inclusivo, y por eso más pacífico en el largo plazo.

Malas noticias: variación del Imacec desestacionalizado de -0,3% en abril

Se ha dado a conocer el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril. La prensa destaca, a pesar que el comunicado mensual del Banco Central entrega más información, solo la variación del índice de actividad entre el último mes registrado y el mismo mes del año anterior. Esta comparación intertemporal no refleja necesariamente la situación de la actividad, pues ambos meses pueden estar puntualmente fuera de la tendencia.

Por eso lo más recomendable es tomar el dato corregido de variaciones estacionales y hacer comparaciones mensuales y trimestrales respecto al período inmediatamente anterior para evaluar adecuadamente la evolución coyuntural de la economía. En un mes o en un trimestre el índice de actividad puede aparecer subiendo, pero darse el caso que en realidad ha estado bajando -o viceversa- si se toma en cuenta la variación estacional cíclica.

Vistas así las cosas, el Imacec desestacionalizado del primer trimestre del año mostró, con los datos actualizados, una caída de -0,7% respecto al último trimestre de 2021, empujada por una disminución en la producción de bienes y en el comercio (las cuentas nacionales del primer trimestre registraron una caída del PIB desestacionalizado trimestral de -0,8%, según fue comentado en https://gonzalomartner.blogspot.com/.../se-confirma-caida...). Por su parte, el índice de abril registró una caída de -0,3% respecto al mes previo debido a una disminución de la actividad minera e industrial y un estancamiento en la de servicios. La excepción fue un repunte del comercio.

En trimestres móviles, se observa un aumento de 0,2% en el de febrero-abril respecto al de enero-marzo, dado el aumento mensual de 1,4% en marzo y la caída de - 0,5 en febrero, que se agregan al dato de -0,3% de abril.