"Tengo una duda, ¿qué genera más pobreza, el capitalismo o el socialismo?"

En una red social se me ha formulado la pregunta mencionada, lo que da pie para reflexionar al respecto, más allá de razonamientos binarios. 

¿Dónde hay menos pobreza?

La evidencia muestra que los grupos sociales subordinados están en una mejor posición absoluta (niveles de ingreso y acceso a bienes y servicios) y relativa (nivel de desigualdad respecto a los grupos de altos ingresos) en la actualidad en economías de tipo mixto con sindicatos protagonistas de una negociación colectiva amplia de las condiciones de trabajo y elevados sistemas de tributación-transferencias, especialmente las nórdicas y otras europeas. Esto ha sido fruto de décadas de esfuerzos productivos y sociales y de avances, retrocesos y adaptaciones. Se trata de economías que han mantenido niveles salariales altos y sistemas de redistribución de ingresos y amplios servicios públicos sin que eso afecte su competitividad internacional. Esta articulación entre Estado, sociedad, mercados y economía mundial permite a los peor situados acceder a un mayor bienestar que el prevaleciente en los países del capitalismo salvaje, incluyendo una de las economías de más alto PIB por habitante como la de Estados Unidos (ver los indicadores de la OCDE y del PNUD). Por su parte, la superación reciente más rápida y vasta de la condición de pobreza absoluta de la mayoría de la población es la experimentada por China desde la década de 1980, mientras Cuba, en medio de penurias generalizadas, presenta indicadores sociales superiores a los de países capitalistas del mismo o mayor nivel de PIB por habitante.

Las caras del capitalismo

La evidencia también muestra que el capitalismo ha sido el sistema económico más dinámico de la historia, pero que se basa en una desigualdad estructural entre categorías sociales y en la depredación de la naturaleza. Es un sistema que se puede definir como el de predominio de la acumulación de capital (Wallerstein), con la consecuencia de una gran expansión productiva sujeta a ciclos y que, al mismo tiempo, produce una concentración económica en gran escala. Su característica principal es que subordina el trabajo (que no tiene control sobre sus medios y frutos), el bienestar colectivo y la resiliencia de los ecosistemas a la búsqueda privada de utilidades y rentas. Este predominio ha sido históricamente morigerado con mayor o menor intensidad desde las luchas sociales y la construcción de poderes estatales compensatorios, las que han dado lugar a redistribuciones salariales y a políticas desconcentradoras mediante Estados de bienestar social, aunque periódicamente son puestos en cuestión por la presión de la acumulación de capital y la magnitud de su poder en las sociedades y los sistemas políticos. 

Diversas economías occidentales han sido moldeadas durante décadas por intervenciones de tipo socialdemócrata. Estas corrigen en parte la distribución desigual del ingreso y del poder económico propia del capitalismo, y en parte también favorecen su productividad mediante la socialización de la educación, las prestaciones de salud, el acceso a la vivienda y al transporte y a ingresos de reemplazo en caso de desempleo y enfermedad. La socialdemocracia clásica surgió de las prolongadas experiencias gubernamentales nórdicas de pacto social con sindicatos fuertes, de la influencia del laborismo británico en la posguerra y de las definiciones de Bad-Godesberg de la socialdemocracia alemana (el Estado donde sea necesario, el mercado donde sea posible) y su llegada al gobierno a partir de 1969, junto a la experiencia española de Felipe González. En los albores del siglo XXI, buena parte de la socialdemocracia derivó, sin embargo, hacia enfoques social-liberales, especialmente con Tony Blair en Gran Bretaña y Gerard Schröder en Alemania, que implicaron algunos retrocesos de los Estados de bienestar. La socialdemocracia clásica pudo funcionar en contextos de mercados laborales formales y de acuerdos entre agentes sociales representativos, con sistemas de cotizaciones obligatorias que sostienen la seguridad social. No es el caso de América Latina, con un empleo informal que va del 30% al 70% según los países, con sindicatos débiles en el sector privado y con financiamientos de las prestaciones sociales que deben provenir preponderantemente de los impuestos. Los sistemas políticos en el continente, bajo frecuente influencia oligárquica, suelen mantener impuestos bajos y regresivos (ver los datos comparativos de la CEPAL y la OCDE).

En paralelo, la división internacional del trabajo se fue orientando, desde el fin en los años 1970 de la edad de oro del capitalismo industrial fordista de posguerra (con aumentos de productividad acompañados de incrementos salariales que dinamizaron el consumo masivo), hacia la consolidación de cadenas globales de valor y más tarde la creación de un "capitalismo de plataformas" basado en las tecnologías de la información e internet. En esas cadenas globales se ha concentrado la expansión de la producción de bienes y abarcan hoy el 70% del comercio mundial. China logró desde los años 1980 una inserción industrial privilegiada en ese proceso de globalización en base a una combinación de planificación estatal, estímulo de la inversión extranjera, expansión de empresas públicas y apertura a los mercados internacionales, con una cierta liberalización de los mercados internos. Las grandes empresas estatales chinas se encuentran hoy entre las más importantes del mundo (incluyendo a tres de las diez mayores empresas globales por ventas, según Fortune). El resultado ha sido un aumento general de ingresos de la población de China en un tiempo histórico extremadamente breve y una salida masiva de la pobreza absoluta. Ya se habían desarrollado previamente capitalismos exitosos creados por un Estado intervencionista en diversos lugares de Asia, primero en Japón y luego Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singapur, mientras posteriormente Vietnam ha seguido los pasos de China.

Por su parte, los capitalismos periféricos tradicionales en América Latina, Africa y Asia siguieron limitándose a la producción de materias primas y de insumos para las cadenas productivas globales, con frecuencia en base a bajos salarios, baja elaboración industrial y alta carga ambiental en la extracción de recursos naturales, con intervenciones estatales mínimas, especialmente en la etapa del neoliberalismo del Consenso de Washington de fines del siglo XX. Han sido mantenidos por grupos dominantes de conducta rentista en posiciones subordinadas en las relaciones centro-periferia, heredadas del pasado colonial o de la posguerra y luego reconfiguradas en la etapa de globalización financiarizada contemporánea. Dicho sea de paso, el capitalismo chileno se puede caracterizar hoy como un híbrido entre el social-liberalismo y el capitalismo salvaje, lejos de lógicas socialdemócratas con impuestos altos y sindicatos fuertes o Estados desarrollistas con políticas industriales activas de estilo asiático.

Las limitaciones de la centralización económica

Las experiencias de centralización económica a partir de la revolución rusa de 1917 -conocidas como socialismo real- permitieron progresos sociales en sus fases iniciales, pero sin dinamismo suficiente en el largo plazo, lo que provocó su colapso endógeno en la década de 1990. 

Karl Marx había definido el socialismo y el comunismo en el siglo XIX como un proceso en el que los trabajadores se asocian libremente al abolirse la propiedad privada de los medios de producción y desaparecer la condición salarial, con dos fases distributivas. La primera era aquella en la que la asignación de recursos debía regirse por la regla de "a cada cual según su trabajo". La segunda sería aquella en que la regla distributiva sería "de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades", una vez desarrolladas suficientemente las fuerzas productivas. Este enunciado genérico no se acompañó de una precisión mayor de sus mecanismos de aplicación, los que Marx entendía debían desarrollarse en las dinámicas históricas específicas. Esta manera de concebir una vida social emancipada resultó a la postre de difícil aplicación práctica y terminó bifurcando en la historia hacia regímenes burocráticos de partido único (cuya máxima expresión es hoy día la dinastía de Corea del Norte, mientras en el pasado lo fue la URSS) o hacia capitalismos reformados.

La URSS derivó, en efecto, en un capitalismo de Estado. Paul Mattick afirmó adecuadamente que "hay naturalmente diferencias entre el capitalismo de empresas privadas y el capitalismo de Estado. Pero involucran a la clase dominante, y no a la clase dominada, cuya posición social permanece idéntica en los dos sistemas". Para Cornelius Castoriadis, "la presentación del régimen ruso como 'socialista' -o como teniendo alguna relación con el socialismo- es la mayor mistificación conocida de la historia". Lo es aún más la simpatía de algunos con el capitalismo oligárquico de Putin, heredero de la URSS. Los actuales sistemas estatales de China y Vietnam, dirigidos por partidos comunistas sin competencia democrática, son en realidad regímenes de rasgos autoritarios que gestionan un capitalismo mixto dinámico.

La existencia de mercados, por su parte, no es sinónimo de capitalismo, pues lo precede en la historia, como subrayó el historiador Fernand Braudel. Además, sociedades no capitalistas pero con mercados que asignan recursos en determinadas áreas son perfectamente concebibles. El socialismo moderno se puede definir hoy como aquel sistema en el que se produce desde la sociedad y el Estado una orientación de la economía hacia fines sociales y estructuras distributivas equitativas, conducentes a una igualdad efectiva de oportunidades de autorrealización. No tiene por qué definirse por la estatización de todos los medios de producción, en una lógica de mera oposición al capitalismo y al mercado, ni menos traducirse en un régimen de partido único (lo que los fundadores del socialismo nunca propusieron). Pero tampoco se puede asimilar a un capitalismo reformado que conserva estructuras de desigualdad y exclusión social. 

Hacia una economía del interés general

Se puede considerar superior a las distintas variantes de capitalismo y a los regímenes burocráticos aquel sistema social basado en un "ethos conductual de cooperación" (John Roemer) que pueda incluir a) un régimen político plural de democracia representativa para decidir ciertas cosas y directamente participativa para decidir otras, que garantice derechos fundamentales, sea paritario y respete la diversidad y b) un régimen de economía mixta de interés general, en el que cada cual pueda "vivir bien una vida buena", en la expresión de Ronald Dworkin. Esto requiere que prospere la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición, y se haga efectiva la responsabilidad que debe tener toda persona sobre su propia vida para conseguir que prospere, con resultados eventualmente distintos de acuerdo a las preferencias y opciones no socialmente condicionadas. Las acciones públicas deben permitir acceder a todos los miembros de la sociedad a una base de resultados en ámbitos de la vida humana como el acceso a un hábitat adecuado, a ingresos mínimos, a la atención de salud, al goce del medio ambiente y de los bienes comunes, a la educación, a la formación continua y a las diversas expresiones del conocimiento y de la cultura. 

Una agenda de igualdad efectiva de oportunidades debe incluir la corrección de las barreras que impiden la igualdad de acceso a distintas posiciones sociales, pero puede no ser una condición de justicia distributiva suficiente en la sociedad. Debe, siguiendo a Gerald Cohen, completarse con la reciprocidad comunitaria, definida como el principio “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad, como sostiene Philip Pettit, o de burocracias estatales que desvíen la acción colectiva en su propio beneficio, como sostiene Isaac Deutscher.

Una economía mixta de interés general es la que subordina la acumulación de capital a fines sociales y ecológicos en cada sociedad. El interés general se puede definir, siguiendo al jurista Didier Truchet, como una noción que "designa siempre las necesidades de la población, o para retomar la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 'la necesidad pública': es de interés general lo que esas necesidades comandan o permiten en un lugar dado y en un momento dado". En ese sentido, puede llegar a ser una superación del capitalismo como acumulación y concentración ilimitada de recursos económicos si incluye la participación de los asalariados en la empresa, en las que las utilidades se reparten entre el trabajo y el capital aportado. Y requiere contener en límites socialmente determinados las diferencias de ingreso y riqueza que resulten del proceso económico, mediante mecanismos de tributación-transferencias de redistribución y, como hemos postulado, limitando las grandes herencias. 

Una economía para el interés general debe ser mixta y plural en tanto incluya ámbitos socializados y otros regulados con mercados descentralizados. Debe proponerse hacer crecer ciertas cosas y decrecer otras, con una base productiva dinámica que incluya empresas públicas estratégicas, empresas privadas con fines de lucro, empresas privadas con fines múltiples y empresas y actividades de economía social y solidaria. A esta estructura de agentes económicos se le puede llamar democracia social y ecológica (ver el libro "Esto no para más") o economía del bien común -en la expresión del Nobel Jean Tirole- o como se quiera. Contiene elementos, experiencias y componentes que ya existen parcialmente en la actualidad o que en están en perspectiva de ser desarrollados, especialmente en las transiciones ecológicas y energéticas en curso. Las corrientes socialistas centralizadoras privilegiarán las empresas públicas, las socioliberales las empresas privadas reguladas y las sociodescentralizadoras la economía social y solidaria, en el entendido que el libre juego democrático permitirá que las corrientes liberales defiendan la desregulación de los mercados y su consecuencia, el predominio del capitalismo salvaje.

Este carácter mixto requiere de la planificación democrática, incluyendo la incidencia en precios clave de la economía como los salarios mínimos, las tasas de interés, el tipo de cambio, las tarifas de servicios básicos y el precio de emisión de gases con efecto invernadero, así como de la provisión estatal (aunque no necesariamente mediante producción estatal) de bienes comunes -ambientales, sociales y culturales- así como la de bienes de consumo colectivo o con efectos colectivos sustanciales (externalidades). Y también requiere de mercados que aseguren los múltiples intercambios descentralizados y desconcentrados necesarios para la producción de bienes y servicios útiles a la sociedad, en procesos que estimulen la innovación y la eficiencia con el límite de hacer posible un creciente bienestar equitativo y sostenible. Esto supone el análisis de "las situaciones en las que el interés individual es compatible con esa búsqueda del bienestar colectivo y aquellas en las que, por el contrario, constituye un obstáculo", en palabras de Tirole, dando lugar a las respectivas regulaciones públicas.

En todo caso, será indispensable planificar con lógica de economía de interés general (y no de "mano invisible del mercado") una acción sistémica de control del cambio climático que ha provocado el capitalismo (reitero, aquel sistema en el que predomina el capital concentrado en gran escala y su lógica de acumulación por sobre el trabajo, el bienestar colectivo y la resiliencia de los ecosistemas) progresivamente desde la revolución industrial, además de la polarización social que le es intrínseca. Y así evitar que la persistencia de la acumulación descontrolada de capital se transforme en un proceso catastrófico para la propia supervivencia humana.

Buenas noticias: aumentó el empleo en febrero-abril

La creación de empleo se mantuvo a un buen ritmo en el trimestre móvil de febrero-abril de 2022, según la encuesta de empleo del INE: se sumaron 157 mil puestos de trabajo en la economía en relación al trimestre final de 2021, un 0,4% más (y un 0,8% más descontando el efecto estacional). En un año, se han creado 731 mil empleos, un 9% más. Pero el empleo total es aún inferior en 280 mil personas al existente en el trimestre de mayor actividad previa en 2020 (y de 165 mil en el caso de las mujeres). 

Desde otro ángulo de análisis, el empleo es inferior en 187 mil personas respecto al volumen del trimestre de mayor actividad corrigiendo los efectos estacionales (julio-septiembre de 2019). Por su parte, la tasa de ocupación, es decir la población ocupada en relación a la población en edad de trabajar, alcanzó a 55,1%, mientras el mejor registro previo a la crisis de la pandemia de COVID-19 (noviembre 2019-enero 2020) fue de 58,6%. En el caso de las mujeres, los datos respectivos son de 45,4% y de 48,9%. Este es el mejor indicador sintético de la situación del empleo y revela la persistencia de un retraso en la normalización después de la crisis, para no mencionar metas más exigentes de aproximación al pleno empleo, que debe ser siempre el horizonte principal de la política macroeconómica.

Estructura del empleo

El empleo dependiente ha crecido en 560 mil empleos adicionales en un año. El empleo independiente creció en 166 mil unidades.  Los sectores que siguen creando empleo en 2022 son de los de servicios como los de restaurantes y hoteles, las actividades financieras, inmobiliarias y profesionales, la salud y el servicio doméstico. No es el caso de la producción de bienes, salvo algo en la minería.

El empleo asalariado formal alcanzó unos 5,87 millones de personas en diciembre-febrero, último dato disponible del registro administrativo (a cargo de la Superintendencia de Pensiones) de dependientes cotizantes en la seguridad social. Este tipo de empleo representa unos 2/3 del empleo total y creció en 0,1% respecto al trimestre previo. Ya se había recuperado totalmente a partir del primer semestre de 2021 y ha experimentado incluso un incremento de 321,3 mil unidades respecto al nivel previo a la crisis hace dos años.

Por su parte, el empleo informal sumó el 27,2% del total de 8,84 millones de personas ocupadas, según el INE. 

El desempleo

La tasa de desempleo desestacionalizada permanece en 7,6% desde hace cuatro trimestres móviles (los terminados en enero hasta abril). La tasa de desempleo ampliada pasó de un 15,3% en el último trimestre de 2021 a un 15,2% en el trimestre febrero-abril de 2022. Esta incluye a las personas que desean trabajar aunque no estén buscando activamente un empleo. Es una tasa más representativa que la de desempleo, que solo considera a los desempleados que buscan trabajo. Había alcanzado un 30% en el momento más álgido de la crisis y experimentó luego una caída persistente.

La población desempleada sumó 742 mil personas, mientras las personas inactivas pero dispuestas a trabajar (la llamada fuerza de trabajo potencial) sumaron otras 794 mil, totalizando más de 1,54 millón de personas en situación de desempleo. Hace dos años, antes de la crisis, la cifra alcanzaba a 1,46 millón de personas. Este desempleo afecta hoy a unas 800 mil personas adicionales y explica la presión que ejerce el comercio ambulante informal en las calles, entre otros fenómenos.

Los pagos por Seguro de Cesantía beneficiaron a 152,1 mil personas en marzo (último dato disponible), número inferior al de 160,9 mil personas de febrero. Se ha producido una caída sistemática de estos pagos desde que alcanzó cerca de 600 mil en septiembre de 2020, con una fuerte disminución desde septiembre de 2021. Este dispositivo mantiene, como se observa, una baja cobertura del universo de desempleados.

Constitución y políticas económicas

En La Mirada Semanal

El debate sobre la nueva Constitución en materias económicas ha ido bajando de decibeles y la mayor parte de los comentaristas internacionales saluda que Chile haya encaminado una salida a la profunda crisis social y política de 2019 mediante un proceso constituyente participativo.

Este ha dado lugar a un borrador de texto constitucional que no contiene medidas extremas o que no se conozcan en otros ordenamientos institucionales democráticos en el mundo. No obstante, persisten voces empresariales internas, y de los representantes de sus intereses, que insisten en la “incertidumbre” que sobrevendría de aprobarse la nueva Constitución. Uno se pregunta: ¿no es acaso la economía de mercado esencialmente incierta? ¿Quién sabe a cabalidad cuál será el valor del dólar, o del cobre, o de las tasas de interés, o de los salarios reales o de la inflación externa e interna en unos meses más? ¿O de los retornos empresariales y del trabajo en cualquier horizonte de futuro que se quiera analizar? A lo más se puede conjeturar escenarios. Dado lo importante que son las expectativas en economía, más vale hacerlo de manera razonada. Tiene poco sentido ensombrecer sistemáticamente los panoramas futuros e insuflar miedo a la población con el objeto de crear un clima adverso a los cambios. Esto se revierte a la postre contra sus propios intereses. ¿Y no consiste acaso la democracia en que no se sabe cuánto durará un gabinete, qué políticas se llevarán a cabo exactamente frente a coyunturas sobrevinientes o quién gobernará en el próximo período, en los llamados peyorativamente “gobierno de turno”? Menos mal que lo son, pues si no estaríamos en presencia de una dictadura.

También aparecen tergiversaciones desde fuera. En esto destacan las del Wall Street Journal. En la prensa conservadora actual se suele hacer afirmaciones sin fundamento, incluyendo la internacional. En este caso, se afirma que “si la campaña del “no” (del rechazo) fracasa, la economía chilena de alto rendimiento de las últimas tres décadas podría encaminarse a un nivel de mediocridad similar al de sus vecinos Bolivia y Argentina“.

La evidencia (en este caso tomada del World Economic Outlook Database del FMI) muestra que la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1990 y 2019, en los 30 años anteriores a la pandemia, fue similar en Chile (4,5%) y Bolivia (4,1%), y agreguemos también en Perú (4,2%). En cambio, si no se considera la década de 1990, entre 2000 y 2019 este crecimiento fue superior en Bolivia (4,2%) que en Chile (3,7%). Lo propio ocurrió entre 2010 y 2019 (4,7% para Bolivia y 3,2% para Chile). Recordemos que en la última década predominaron en Chile los años de Sebastián Piñera y que en Bolivia gobernó Evo Morales entre 2006 y 2019. Para registro.

Por otro lado, en las dos últimas décadas la evidencia indica que Perú creció bastante más que Chile, aunque esto contradiga el prejuicio según el cual se supone que Chile es superior a Perú en todo y para qué decir que Bolivia, en donde además gobernó un indígena que nada menos que nacionalizó el petróleo y el gas, entre otras heterodoxias que le permitieron recanalizar socialmente la renta proveniente de los recursos naturales del país y al mismo tiempo impulsar un persistente crecimiento.

Por su parte, Argentina creció efectivamente menos que Bolivia y Chile, lo que se acentuó notoriamente en la última década. En buena parte de ella gobernó el liberal Mauricio Macri (2015-2019) con mediocres resultados, también para registro.

Tasas de crecimiento anual del PIB (%)

Fuente: World Economic Outlook, IMF.

Entonces, siguiendo la lógica que mide el progreso de los países a partir de las tasas de crecimiento del PIB, como hace el Wall Street Journal, al parecer lo conveniente para Chile sería “encaminarse a un nivel de mediocridad similar” al de Bolivia.

Convengamos, en cambio, que lo razonable es no analizar los temas económicos con prejuicios que dan la espalda a los hechos (el llamado “sesgo de confirmación”). Se debe partir por constatar el mejor desempeño económico relativo en materia de crecimiento del PIB de Bolivia -que parte de más abajo en el PIB por habitante- durante los gobiernos de Evo Morales en comparación con Chile y Argentina. Y más recientemente también con Perú. Y que Chile ha bajado su tasa de crecimiento en las últimas dos décadas, sin poder mantener el récord de la década de 1990 al retornar la democracia, por lo que requiere repensar su modelo productivo y crear nuevas palancas de aumento de la productividad y del bienestar colectivo. Eso es lo que sugieren los datos (los de PIB y otros, como los que acaba de compilar la OCDE para Chile en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030). A partir de ahí, se podrá opinar lo que se quiera, pero al menos considerando de qué se está hablando.

También se podrá constatar que la nueva constitución no es incompatible con políticas liberales -con excepciones más que razonables en algunas materias sociales, ambientales y de uso de recursos naturales- o bien social liberales, o socialdemócratas o transformadoras de las estructuras productivas y distributivas. Todo conjunto de políticas, cualquiera sea su orientación, se podrá canalizar por la vía de la ley, en tanto los gobiernos elegidos dispongan de mayoría parlamentaria. Si no es así, deberán componer sus legislaciones con el parlamento. Esto incluye reformas a la Constitución a partir de 2026, pues ya no será pétrea.

¿No es en mecanismos de gobierno de este tipo en lo que consiste la democracia? La perspectiva efectiva de Chile es que está cerca de lograr por primera vez en su historia un sistema de gobierno emergido de un proceso constituyente plural, democrático, paritario y con escaños reservados indígenas. De aprobarse, la mayoría del pueblo determinará en elecciones periódicas -con igualdad de oportunidades de competencia entre los distintos proyectos políticos- la orientación de la acción gubernamental, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales de la ciudadanía y con una mayor autonomía territorial e indígena. No hay ni “autocracia”, ni “desmembramiento del Estado” ni “indigenismo”. Solo una democracia plural actualizada para el siglo XXI.

Esto es lo que en lo fundamental garantiza la nueva Constitución. Y es a lo que no se resignan los conservadores y sus aliados “amarillos”. No les resulta concebible que en un país como Chile, de tan arraigado y naturalizado dominio oligárquico, empiece a primar desde 2026 sin vetos de las minorías aquello que se denomina -desde la revolución francesa y las independencias latinoamericanas- la soberanía popular y nacional republicana.

Preguntas

¿Qué sentido puede tener balear un bus de trabajadores forestales en desplazamiento y dar muerte a uno de ellos, Segundo Catril Neculqueo? 

Si el proyecto del grupo que disparó fuera, supongamos, "resistir y derrotar al Estado chileno en nombre del pueblo mapuche", ¿por qué atacar con fuego nutrido a trabajadores mapuche indefensos?

¿Qué "control territorial" puede resultar de un acto de tamaña irracionalidad -del que se desliga la propia CAM, aunque lo promueva quiméricamente a través de sabotajes a las empresas forestales- y que no hace más que alimentar la campaña para mantener e incrementar una represión indiscriminada y violenta en la Araucanía o Wallmapu? ¿Y abonar la campaña contra la creación de entidades autónomas de los pueblos originarios y la consagración de sus derechos colectivos que contemplará la nueva Constitución si es aprobada? 

Tal vez llegó el momento de preguntarse: ¿para favorecer qué intereses actúan estos grupos armados constituidos alrededor de acciones irracionales que terminan siendo de índole criminal, sin proyecto político discernible que no sea el de hacer fracasar la construcción de una salida política e institucional a la secular situación de discriminación del pueblo mapuche? 

¿Por qué se empeñan en mantener una "estrategia de la tensión" desestabilizadora de la democracia y en darles pretextos s las amenazas golpistas como la del ex comandante en jefe de la Armada y de la ultraderecha civil? Cuando peor ¿mejor?

Maniobras

Es un tanto burda la idea de la UDI y de Elizalde y asociados de "abrirse" a terminar con los 2/3 para que el actual parlamento pueda reformar la actual y la nueva Constitución.

Esto ocurre en el momento en que se perfila en las normas transitorias de la Convención que se mantengan para el actual parlamento los 2/3 con los que el proceso constituyente tuvo que aprobar las nuevas normas. El propósito es que la nueva carta fundamental entre en vigencia plenamente sin intervención de los actuales parlamentarios -elegidos según las normas de la constitución vigente por órganos que van a cambiar de composición y roles- hasta 2026.

El objetivo de la UDI, Elizalde y compañía es, en cambio, trasladar desde la Convención al actual parlamento la redacción final de la nueva Constitución, si obtiene la mayoría el 4 de septiembre, y esto antes que entre plenamente en vigencia en 2026, y a pesar de haber sido aprobada por el pueblo. Los actuales parlamentarios podrían entonces anular -construyendo una coalición conservadora de amplio espectro, hoy mayoritaria en el actual Congreso- con mayoría simple todo lo hecho por la Convención por 2/3. Por parte de la UDI se entiende, pero lo de Elizalde ¿no es un poco mucho en su pertinaz intento de mantener a toda costa el Senado (contra la opinión histórica en la materia de la izquierda y el socialismo chileno) y su posición de corto plazo en él?

Lo lógico es que la nueva Constitución pueda reformarse por mayoría simple (o mediante plebiscito si no reúne 2/3 en las disposiciones fundamentales, según lo actualmente aprobado) desde que empiece a regir el nuevo parlamento. Las reformas que se quieran hacer a y con la nueva normativa, como será propio de la nueva dinámica democrática, deben poder producirse con un Congreso de los Diputados elegido en base a distritos que reflejen la igualdad del voto en proporción a la población, paritario y con escaños reservados, junto a la nueva Cámara de Regiones. Si no, todo lo hecho sería una simple pérdida de tiempo y un engaño manifiesto, con consecuencias sociales y políticas impredecibles.

Recordemos que los de la UDI se "abrieron" en 2005 a terminar con los senadores designados y vitalicios cuando la suma de los expresidentes empezaría a dar los quórum necesarios para las reformas en el Senado. Siempre se puede contar con estas astucias de quienes defienden sus ilegítimos privilegios de poder. Todas las maniobras que están tramando los que quieren que todo cambie para que nada cambie no hace sino hablar muy mal de ellos pues rebajan y desprestigian una vez más la política chilena ante la ciudadanía.

Las propuestas de nuevas normas constitucionales en economía

En La Mirada Semanal

En el borrador de la nueva Constitución, que será sometido a una redacción final armonizada y luego a la consideración de la ciudadanía el 4 de septiembre, se incluye normas que permitirán caminar a un modelo de desarrollo distinto al de tipo concentrador y depredador y con espacios mínimos para las políticas redistributivas y de protección ambiental actualmente vigente. 

Desde el punto de vista del mundo empresarial conservador, ya no tiene mayor sentido el alegato de grandes peligros que emanarían de la nueva Constitución. En efecto, se consagran derechos sociales pero con responsabilidad fiscal, así como el deber de protección de los bienes comunes sin pronunciarse en demasía sobre políticas específicas que se remiten a la ley. El derecho de propiedad se mantiene, pero sujeto al interés general y con expropiaciones eventuales con las debidas indemnizaciones. 

Las nuevas normas introducen avances notorios respecto al ordenamiento actual, los que dan perfil a la definición de un “Estado democrático y social de derecho” que preside la nueva Constitución.

En especial, se aprobó que "el rol económico del Estado se fundará" en "los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico", por lo que "el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine". Se destaca que el Estado "debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados" y que "fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular".

En materia de política monetaria, se estableció que el Banco Central será un órgano autónomo “para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Deberá, eso sí, considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley", mientras “al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno". Se preserva así una autonomía de la política monetaria, pero en un marco de objetivos más generales a ser respetados.

En materia laboral, se estableció que "toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección” y que el Estado “garantiza el trabajo decente y su protección”, es decir “el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital". Además, postula prohibir “toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante". Por su parte, "las organizaciones sindicales son titulares del derecho a la negociación colectiva”, mientras "la Constitución garantiza el derecho a huelga”, con limitaciones “para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población”. 

En materia ambiental, se aprobó que "todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado", que "el Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental" y que "todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida, en la forma que determine la ley". Se agregaron normas de protección de los bienes comunes naturales y de áreas protegidas, junto a humedales, bosques nativos y suelos.

En el tema minero, se retomó lo establecido en la nacionalización de 1971, y que permaneció en la de 1980, pues la Convención despachó al borrador de nueva Constitución el artículo que señala que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas". A su vez, se detalló que “la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”. De esta forma, ya no tendrán base constitucional las concesiones indefinidas que hoy anulan la propiedad pública de los recursos minerales. Además, "El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros". 

En materia de aguas, la Convención Constitucional aprobó que "El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza" y que el "Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas". 

Se agregó que será deber del Estado "asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables".

Estas y otras normas económico-sociales son fruto de décadas de debates en el país y constituyen normas de sentido común y un nuevo consenso razonable para el siglo XXI. No atentarán contra la actividad económica, como los medios dominantes han querido presentarlas. 

¿Qué impacto previsible tendrán estas normas en “el mercado”? Morgan Stanley cree que el contenido del texto llevaría a que “Chile se enfrentaría a una mayor carga fiscal y a un mayor control regulatorio sobre las empresas, especialmente en lo que se refiere al frente medioambiental. Sin embargo, en consonancia con nuestra opinión de siempre, no vemos indicios de elementos potencialmente perturbadores para el marco de la política macroeconómica del país", pues "las propuestas más extremas han sido rechazadas por el pleno". Esta entidad de evaluación de riesgos cree que las nuevas definiciones seguirán “promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo".  En cambio, J.P. Morgan postula que se “genera una institucionalidad más débil para el país, considerando el nuevo sistema político (unicameral), la mayor cantidad de leyes ahora sujetas solo a mayoría simple, una ley de expropiación algo más débil y de independencia del Banco Central, entre otras cosas". Esta entidad incurre en juicios de hecho erróneos, como un supuesto unicameralismo, pero indicó que, tras sostener reuniones con clientes europeos, “la mayoría manifestó una visión constructiva sobre la bolsa chilena”.

Como se observa, las grandes catástrofes anunciadas en materia económica en el borrador de nueva Constitución son a la postre percibidas de otra manera. A pesar de las encuestas negativas, los actores políticos y económicos parecen pensar que el nuevo texto se aprobará en el plebiscito de salida y que deberán adecuarse a un nuevo contexto normativo sin mayores dramas.  También lo hace a su manera el diputado de derecha Diego Schalper, solo que para señalar que “seré el primero en ingresar un proyecto para restituir la constitución anterior”, evidenciando que aquello de que para ese sector la constitución de 1980 sería un asunto del pasado no es más que un volador de luces. 

Se confirma caída del PIB en el primer trimestre

El Banco Central ha publicado hoy las cuentas nacionales del primer trimestre. Se registra una caída de -0,8% (-2,4% en ritmo anual) de la actividad medida por el Producto Interior Bruto respecto al trimestre anterior, sin considerar las variaciones estacionales. Esta caída es mayor que la registrada en los índices mensuales (Imacec) previamente estimados y es la primera desde la gran crisis pandémica del segundo trimestre de 2020 y desde la caída del cuarto trimestre de 2019 por la rebelión social. Caen en lo que va de 2022 la agricultura, la pesca, la minería, la industria y la construcción en la producción de bienes, así como el comercio en los servicios, siempre en términos desestacionalizados. Solo crecen todavía de manera significativa los servicios personales, en los que se ha concentrado el gasto en consumo en el período reciente, además de lo bienes básicos. El consumo total de los hogares cayó en -0,3%, disminución que seguirá en los próximos trimestres por el fin del tercer retiro desde las cuentas previsionales y la caída de los salarios reales. La formación bruta de capital fijo (la inversión sin variación de existencias) cayó en -5,9%, como era de esperar por el alza persistente de las tasas de interés.

Sigue su curso la perspectiva de una recesión expresamente provocada por la política monetaria y fiscal, como hemos venido advirtiendo. Se ha producido un aumento muy sobredimensionado de la tasa de política monetaria hasta 8,25% por el Banco Central (las tasas comerciales de los bancos se aproximan al 30% anual, dificultando considerablemente la actividad de las pymes), mientras opera una contracción presupuestaria de -25% dejada por el gobierno anterior (el gasto público representó del orden de 30% del PIB en 2021).

El punto decisivo de política económica es que no tiene sentido combatir la inflación siguiendo una política ultra-ortodoxa, la que desde luego no practican los grandes bancos centrales del mundo, que está provocando en Chile una contracción generalizada. El objetivo es comprimir como sea un consumo de los hogares que se expandió fuertemente en el segundo semestre de 2021, pero que ya viene en disminución. En efecto, está crecientemente afectado por la fuerte inflación importada y por menores ingresos de las familias, mientras solo los que reciben asignación o subsidio familiar serán, por el momento, objeto de una compensación por el alza de alimentos, junto al congelamiento de las tarifas del transporte público.

Sigo planteando la siguiente pregunta: ¿tiene sentido provocar una recesión brusca e inútil -la inflación importada simplemente no depende de la política monetaria y fiscal doméstica- al iniciarse un gobierno que se propone realizar transformaciones estructurales y en medio de definiciones constitucionales cruciales para el futuro del país? Para algunos evidentemente es el caso, pues su interés es que ambos procesos fracasen. Para el interés general, sin embargo, puede resultar desastroso.

Fin de etapa

En El Mostrador

El borrador de nueva Constitución pasó ahora a la fase de ordenamiento y mejor redacción. Se ha cumplido una etapa histórica en el país, con el trasfondo de dar respuesta a la rebelión de 2019,  lo que dará paso a un nuevo orden institucional si obtiene la validación ante la ciudadanía. 

Los opositores a la nueva Constitución han abandonado por el momento el terreno económico y social, porque no hay propuestas constitucionales en el borrador que no sean razonables y un progreso respecto a lo existente. En efecto, consagra derechos sociales según los recursos disponibles, con responsabilidad fiscal, así como el deber de protección de los bienes comunes. No se pronuncia en demasía sobre políticas específicas, las que se remiten a la ley. El derecho de propiedad queda protegido, pero sujeto al interés general y con eventuales expropiaciones con las debidas indemnizaciones. Sin embargo, los anti nueva Constitución siguen su discurso sobre imaginarias incertidumbres terribles y se inflaman en la descalificación incansable del nuevo sistema político y de distribución del poder que se va delineando. 

Entre los impugnadores más extremos destacan los inefables Cristián Warken, para quien se está estableciendo una "autocracia", o Andrés Velasco, para quien "esta Constitución es el sueño erótico de Jaime Guzmán, al dejarlo todo amarrado a la pinta". Nada menos. Lo absurdo de sus afirmaciones (y aburrido a estas alturas) contrasta con que se está eliminando en el borrador de la nueva Constitución los enclaves autoritarios y los bloqueos de minoría, a la vez que se preserva el derecho de las minorías a transformarse en mayoría, junto con cautelar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Su tesis es que eso solo se logra si se establece mecanismos múltiples de veto de la minoría sobre la mayoría. Esto no solo quita legitimidad y sentido a las decisiones democráticas, sino que crea una gobernanza ineficiente, al ser un factor de parálisis de la modificación del statu quo, cualquiera éste sea. Así no progresan los países. 

Como señala el constitucionalista Javier Couso, en lo aprobado hasta ahora no hay nada que se asemeje a facilitar la entronización perenne de un caudillo en el poder, a terminar con el principio de legalidad y la separación de poderes en la administración de justicia o a fragmentar el Estado. En cambio, se consagra que las mayorías periódicamente establecidas en elecciones populares orientarán la política pública, que los tribunales disminuirán su corporativismo en la carrera de los jueces y que existirán autonomías territoriales y de los pueblos originarios en el marco del Estado nacional. Todo lo cual es propio de muchas constituciones democráticas. 

Lo importante es no perder la perspectiva. Están a la cabeza de la oposición al cambio constitucional los que defienden el orden oligárquico vigente. Se podría considerar que se utiliza por nuestra parte esta noción con fines retóricos, pero aludimos de manera precisa aquel orden que se rige por el principio de bloqueo de la voluntad mayoritaria por parte de una minoría que concentra una parte determinante del poder económico y político en su propio beneficio (ver "Oligarchy", Jeffrey Winters, Cambridge University Press, 2011). Lo que se propone la minoría dominante es preservar los privilegios del poder económico y social en un país que se transformó desde la dictadura de 1973-1989 en uno de los más desiguales de América Latina y del mundo. Dado el funcionamiento del sistema político, esta realidad de polarización de riqueza e ingresos y de percepción y realidad de abusos cotidianos, no se ha modificado en aspectos sustanciales desde 1990 -aunque con avances sociales y de nivel de vida significativos- hasta que entró en una crisis terminal en 2019. Todo esto es lo que está llamado a quedar atrás.

Los opositores al cambio utilizan de manera estentórea los diarios y canales de TV que son parte de ese poder oligárquico en Chile. El pretexto conceptual es que no se estaría estableciendo contrapesos para impedir una supuesta concentración estatal del poder por quien conquiste el gobierno a través de elecciones. Lo que está detrás de esta postura es la pretensión extemporánea de mantener trabas institucionales en la formación de la ley para evitar, por ejemplo, tributos progresivos, legislaciones protectoras del trabajo o el fin de la privatización de los sistemas de protección social. Se aferran a intentar mantener quórum altos de aprobación de leyes en la cámara representativa de la voluntad popular, una segunda cámara revisora que no exprese la igualdad del voto sobrerepresentando a las regiones rurales conservadoras y mantener una tercera cámara de revisión obligatoria de constitucionalidad compuesta de modo que favorezca sus intereses. 

Están en la escena pública, además, los que no son parte de los intereses directos de la minoría oligárquica pero que se han amoldado para su beneficio al orden actual. Y que sostienen desde diversas tribunas la falsa idea según la cual el avance a una democracia basada en el principio de mayoría abriría la puerta al populismo, la inestabilidad y el estancamiento económico. No obstante, es precisamente la ausencia de respuestas efectivas y razonables a una demanda de mayor protección social y de orden público y a perspectivas de mejoría de las condiciones de vida de la mayoría lo que alimenta los populismos y las violencias. 

Esta corriente consolida cada vez más una alianza abierta con los intereses oligárquicos, que viene cultivando desde hace tiempo en nombre del realismo en el ejercicio del poder. Tal vez percibe que su rol de ser parte (aunque subordinada) del bloque de poder cambiará indefectiblemente en un nuevo orden político plenamente democrático, con lo principal de las instituciones elegidas de manera proporcional, paritaria y con representación de los pueblos originarios. Este grupo es el que obtiene una mayor resonancia mediática, pues la derecha pura y dura tiene demasiado pocas credenciales democráticas por sus vínculos históricos con la dictadura y con el poder económico. Incluye a aquella parte de las "elites post 90" que ha llegado a preferir abiertamente no cambiar las cosas, mientras otra parte ha mantenido la aspiración a construir un orden democrático con justicia social, es decir permanece fiel a la promesa de 1989, agregando ahora la aspiración a una sólida sostenibilidad ambiental. La primera se está sumando al fuerte error de no considerar que mantener el orden oligárquico es precisamente una fuente de conflicto y descomposición social persistente. Desde sus anteojeras y distancias, no termina de convencerse de las virtudes de un esquema institucional que sea al menos razonablemente representativo de la voluntad mayoritaria y necesariamente mucho más equitativo e integrador de la diversidad del país y de su pluralidad de voces. 

El fondo del asunto es que Chile deberá optar el 4 de septiembre por cambiar o no las fuentes del poder político -la voluntad mayoritaria de la ciudadanía o la influencia decisiva de minorías económicamente dominantes- y la naturaleza de los intereses que promueven o preservan las instituciones que conforman la República.

 

Estridencias

En La Mirada Semanal

La libre expresión en la Convención ha producido una creciente furia en una parte de las élites dominantes, a las que ya no les interesa lo que se está escribiendo como texto constitucional y han entrado en una suerte de batalla campal -con rechazos y terceras vías por doquier- contra todo lo que ahí se discute para crear democráticamente instituciones que dejen atrás el orden oligárquico.

En una columna reciente sobre la Convención Constitucional un intelectual de derecha, Hugo Herrera, que parecía serio y constructivo en sus reflexiones sobre el sentido de la República y el rol de la política, escribe ahora palabras especialmente estridentes: “el tono lo han puesto los payasos, en sus dos frecuencias: ora como disfrazados, cantores intempestivos, votantes de ducha, un fraudulento Rojas Vade; ora como jurisletrados y operadores de visión tan consistente como sectaria. A todo evento, son payasos lamentables. Pues están comprometiendo los destinos de la patria, la oportunidad de realizar la requerida discusión terapéutica y producir esa primera “cosa común” que requiere nuestra República. El lugar desde el cual comenzar una historia compartida. Algo que, en sus egos anecdóticos, inflados, fanáticos, los payasos son probablemente incapaces de sentir.”

Cito estas palabras como ejemplo de hasta donde la campaña mediática anti Convención -no se puede calificar de otro modo- puede llegar en materia de excesos verbales y de insultos, en este caso descalificando, además, la noble profesión de payaso (nada menos que el que hace reír a niños y adultos). Todo esto ocurre en el contexto de la historia política del país, que incluye la violencia extrema que la derecha propició de manera destemplada desde los años sesenta, buscando como fuera (Jarpa, Guzmán, et. al) un golpe de Estado que restableciera el orden oligárquico. Las consecuencias son conocidas, por lo que se podía presumir que una persona que como Herrera buscaba crear un nuevo estilo cuidadoso y analítico a la hora de expresar su visión conservadora era una contribución a la deliberación colectiva.

Pero no, otra vez estamos ante la inflación de las pasiones, siempre mucho más peligrosas para las sociedades que la lucha entre intereses contrapuestos, siguiendo la distinción de Albert Hirschman (“quienes estaban implicados en estas violentas transformaciones serían, cuando la ocasión lo propiciara, apasionados: apasionadamente furiosos, temibles, resentidos”) o aquella de John Maynard Keynes, según el cual “es preferible que un hombre tiranice sobre su cuenta bancaria que sobre sus compañeros-ciudadanos”.

Me he preguntado recurrentemente sobre el por qué de esa actitud pasional de la derecha chilena. Cabe pensar, siguiendo la diferenciación de clases en la Roma antigua, que hay una lógica patricia que se inflama frente a los plebeyos ante cualquier reivindicación emancipadora, conducta que es muy propia de las oligarquías latinoamericanas hasta el presente. Pareciera tratarse de un miedo del segmento dominante y de sus entornos originado en la colonia, más o menos inconsciente y transmitido de generación a generación, que teme que sus apropiaciones -la prosaica y violenta conquista de tierras y minas y la subordinación extrema del trabajo- se reviertan contra ellos por quienes las han sufrido. De ahí su férrea lógica autoritaria, con frecuencia siguiendo lo expresado por Diego Portales en una carta de 1834: “de mí sé decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas”.  El resultado es enfrentar la mera existencia del mundo popular y marginal con una sola consigna: represión. Represión contra cualquier insubordinación, por minúscula que sea, y las penas del infierno contra los transgresores proletarios de la ley. Esto incluye, claro está, la restricción y descalificación de la palabra de los plebeyos y de sus aliados intelectuales. Y también la difusión de la maledicencia en su contra, con un trasfondo cultural propicio a esa práctica.

Esta palabra plebeya y en ocasiones irreverente es la que ahora se expresa en la Convención y le produce cada vez más furia a las elites dominantes, a una parte de las cuales ya no le interesa lo que se está escribiendo como propuesta constitucional final, la que se perfila de modo razonable e innovador. Se remiten solo a descalificar lanza en ristre todo lo que ahí se discute.

Se ha llegado a propuestas risibles, como la de Sebastián Edwards que plantea adoptar la “constitución de Bachelet” (es un texto que dio a conocer la Presidenta una semana antes de dejar el gobierno sin que haya sido discutido por ninguna instancia) como “interina” y que otra Convención sea mandatada para llegar en “30 meses a hacer un buen trabajo. Si en ese momento el nuevo borrador llegara a rechazarse en un Plebiscito, el texto de Bachelet pasaría a ser permanente“. Todas las fantasías son válidas con tal de que no avance una Constitución emanada de los representantes de la soberanía popular, con normas aprobadas por 2/3 de los miembros de una Convención instalada por mandato del 80% de la ciudadanía. Insólito.

Se puede entonces enunciar una hipótesis: el debate de los convencionales, que ha liberado la palabra diversa y la capacidad de imaginar un país distinto, ahora incluye a personas que no provienen de la política tradicional ni de las clases dominantes y sus representaciones, lo que no solo es calificado estéticamente como algo de mal gusto por éstas, sino que les vuelve a desencadenar sus ancestrales pasiones virulentas contra quien se oponga a la sociedad de privilegios. No parecen ser capaces de reponerse del cuestionamiento por la mayoría de privilegios que no pertenecen a ningún orden natural de las cosas y reemergen las pasiones que vienen de su propia recóndita identidad. No se dan cuenta, con su tradicional ceguera, que esa liberación de la palabra es precisamente la alternativa a la anomia violenta de las barricadas, que por lo demás tanto condenan.

Esta es una razón más para avanzar democráticamente a la “nueva cosa común” a la que alude Herrera, solo que ya no será impuesta desde arriba mediante vetos por las minorías dominantes tradicionales. Se trata ahora de avanzar a un nuevo orden político, social y cultural, a un país de la soberanía popular y de la libre expresión de ideas y proyectos, que será probablemente mucho más pacífico, razonable y creativo que aquel de las desigualdades, fracturas y violencias que históricamente ha producido el orden oligárquico en Chile.

La inflación, la actividad y el empleo

En La Mirada Semanal

El nuevo gobierno se ha iniciado con desafíos políticos variados, pero además con una situación económica que no es fácil en materia de inflación, actividad y empleo. Existen márgenes para una política compensatoria activa que evite una nueva recesión y sus graves consecuencias sobre el nivel de vida de la mayoría social.

Chile ha vivido, como el resto del mundo, una aceleración de la inflación desde 2021 y enfrenta ahora el peligro de una recesión a raíz de la política monetaria contractiva y un enorme ajuste fiscal.

El consumo de los hogares -el principal componente de la demanda agregada- se recuperó muy rápido después de la crisis profunda del segundo trimestre de 2020. Esto fue fruto de la inyección de cerca de 19 mil millones de dólares por el primer retiro desde los fondos de pensiones entre julio de 2020 y julio de 2021, de 15,6 mil millones por el segundo retiro entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 y de 14,4 mil millones por el tercer retiro entre abril 2021 y abril de 2022. La inyección de recursos desde los ahorros previsionales representó una suma del orden de 9% del PIB de 2020 y 2021, un hecho de grandes proporciones, junto a un aumento del déficit fiscal de -2,9% del PIB en 2019 a -7,6% en 2020 y a -7,7% en 2021. El consumo llegó a crecer en 20% en 2021, impulsando un inusitado crecimiento del PIB de 12% el año pasado, junto a un poco sostenible incremento de 35% del volumen de importación de bienes. Aunque no todos los retiros fueron a consumo -una parte se mantiene en instrumentos de ahorro- este impulso de demanda, frente a restricciones puntuales de oferta por los efectos de la pandemia de COVID-19, presionó una parte de los precios internos a partir del segundo semestre de 2021.

Pero hay un fenómeno principal en materia de canasta básica de consumo: el IPC de bienes sujetos al comercio internacional llegó en marzo a 11,5% anual, mientras el de producción interna alcanzó un 6,9% anual (el aumento de precios de bienes y servicios producidos en Chile también está influido en parte por los precios externos de sus insumos). Los combustibles han aumentado su precio en 18,9% en un año en Chile. Esta cifra es todavía muy inferior al incremento internacional: el barril de petróleo WTI se cotizó en 101,7 dólares en abril de 2022, contra 52,1 en enero de 2021. Los alimentos han sufrido también grandes alzas de origen importado. El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en marzo de 2022 en un nivel que es un 33,6% superior al de un año atrás. El brusco salto de marzo respecto a febrero por la invasión a Ucrania fue de nada menos que de un 12,6 %, lo que llevó el índice al nivel más elevado desde 1990 y a nuevos máximos históricos en los precios de los aceites vegetales, los cereales y la carne, mientras también subieron notablemente los precios del azúcar y los productos lácteos.

El impacto en Chile es directo. A marzo, el aumento anual de precios de los alimentos y bebidas ha sido de 13,1%, según el INE. Un ejemplo ilustrativo: más del 90% del aceite de cocina es comprado en el exterior (cerca de 60% es aceite de soya y un 25% aceite de maravilla), pues solo se produce aceite de oliva y algo de aceite de canola (raps). En un año, el aceite de soya aumentó su valor internacional en un 43,9%, el de maravilla en 47,9% y el de canola en 65%. El precio interno del aceite vegetal subió a marzo en un 32% anual, por lo que mantiene un retraso respecto del valor internacional.

¿Qué pueden tener que ver los retiros y el IFE de 2021 o el gobierno de Boric en el aumento del precio de los alimentos o de los combustibles, como repiten sin cesar diversos medios de comunicación? Nada. Sin perjuicio de la mencionada expansión de la demanda de consumo que ya llega a su fin, lo que principalmente está ocurriendo es la repercusión del aumento de los precios externos de bienes básicos. Importar es hoy mucho más caro que hace un año, lo que se transmite en olas sucesivas a la mayoría de los precios en la economía (este fenómeno no se menciona siquiera en la presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, lo que revela un sesgo cognitivo bastante insólito). No ayuda, además, que el valor del dólar haya pasado de un promedio de 759 pesos en 2021 a uno de 809 pesos en el primer trimestre de 2022, encareciendo aún más (en 6,6%) las importaciones.

¿Qué se puede hacer? El consumo ya se está contrayendo por agotamiento de los retiros, lo que se acelerará a partir de mayo, y el fin del IFE en noviembre pasado. Las fuentes del exceso parcial de demanda frente a una oferta con problemas que se arrastran por la pandemia han desaparecido o están en vías de hacerlo, por lo que la política de aumento de tasas del Banco Central no hará sino contribuir a provocar una recesión. No hay tal cosa como un desbalance generalizado de la demanda respecto a las capacidades de la oferta ( ver mi columna al respecto). Lo que no se debe hacer es contraer la economía, como se propone expresamente el Banco Central siguiendo un errado (¿e interesado?) diagnóstico. Una recesión podría, se supone, hacer que la gente consuma aún menos y obligue a los supermercados, comercios y ferias a mantener o bajar los precios. Esto es muy dudoso, salvo que a punta de aumentar el desempleo y hacer bajar los salarios se llegue a un completo deterioro de la situación económica de los hogares. Este tendría que ser mayúsculo para hacer retroceder la repercusión en Chile del aumento de los precios externos. No por casualidad la inflación en Chile es similar a la de Estados Unidos y la Unión Europea. El resultado más probable de la política macroeconómica en aplicación será la mantención inevitable por un período de la inflación importada, pero acompañada de una recesión.

Ya el Imacec desestacionalizado del primer trimestre del año registró una variación de -0.4% respecto al último trimestre de 2021. Si esto vuelve a ocurrir en el segundo trimestre, estaríamos en presencia de una nueva recesión. Es de esperar que esto no suceda. Sin embargo, con una tasa de interés para los préstamos del Banco Central que pasó de 0,5% a 7% en nueve meses y que aparentemente seguirá subiendo,  no hay muchas razones para ser optimistas. A esto se agrega la caída del gasto público de 25% en 2022, un ajuste injustificado programado por el gobierno anterior.

Algunos efectos ya se hacen sentir. La población desempleada alcanzó 744 mil personas en el primer trimestre, mientras las personas inactivas pero dispuestas a trabajar sumaron otras 850 mil. Esto suma cerca de 1,6 millón de personas en situación de desempleo. Hace dos años, al iniciarse la crisis, la cifra alcanzaba a 1,46 millón de personas. Según el INE, han aumentado en el primer trimestre de 2022 en 75 mil las personas desempleadas más las potencialmente activas desde el último trimestre de 2021.

Frente a la inflación externa, el gobierno adecuadamente congeló el precio del transporte, lo que implicó subir el subsidio público a los operadores privados. Y amplió la contención de las alzas de los precios de los combustibles, con la consecuencia de que cuando bajen los precios mundiales, lo que ocurrirá en algún momento, lo harán más lentamente en Chile. Una idea como bajar el IVA de los alimentos tiene el problema de que no se repercute en bajas de precios en mercados oligopólicos como los nuestros, por lo que sería un regalo a los que producen, importan y venden y no para los que consumen. Establecer un control de precios temporal (lo practicaron los derechistas Nixon y Giscard en los períodos altos de inflación en los años setenta) nos encuentra sin institucionalidad para hacerlo.

Lo que cabe es compensar la inflación de alimentos y combustibles con ayudas directas a las familias que lo necesiten y que se renueven o no según evolucione la situación, lo que ya empezó a hacer el gobierno (ver mi columna anterior). Y se requiere aumentar fuertemente la vigilancia de precios no competitivos y las colusiones en los diversos mercados. Por ejemplo, es cuestionable que el precio del aceite de cocina en Chile sea en dólares casi el doble del que prevalece en Argentina, de donde proviene buena parte de las importaciones por vía terrestre. La protección de los ingresos de la población más vulnerable debe, así, garantizarse a través de las transferencias ya iniciadas, las que deben ampliar progresivamente su monto y cobertura, y a través de una mayor vigilancia de los oligopolios en los mercados.

A los que aluden el peligro de deterioro adicional de la situación fiscal, cabe señalarles que la deuda pública bruta es de 36% sobre PIB, una de las más bajas del mundo (recordemos que la norma de la Unión Europea es de 60% sobre PIB, ampliamente incumplida hoy), lo que otorga márgenes suficientes para una política compensatoria activa que evite una recesión y sus graves consecuencias sobre el empleo y los ingresos. El aumento previsto de 32% en la inversión pública en 2022 va en el sentido adecuado y es de esperar que se transforme en una palanca de sustentación del empleo, junto a una política monetaria y fiscal que deje de orientarse a producir una recesión inútil y altamente costosa para la mayoría.