El programa y la agenda del nuevo gobierno

 En La Mirada Semanal

Es propio de los procesos políticos que luego de la elección de un nuevo presidente se prolongue el debate (y la disputa) sobre su agenda a partir de los compromisos de campaña. En Chile se agrega una fuerte presión mediática, dado el amplio control de los medios televisivos y escritos por grandes grupos económicos interesados en determinar esa agenda, especialmente en materia institucional, tributaria y laboral.

Hay quienes desde una respetabilidad académica incursionan en política para defender sus puntos de vista, lo que es legítimo. Pero algunos son bastante audaces, al declarar, por ejemplo, que “Boric habló de priorizar y eso significa que habrá proyectos importantes que no se van a poder realizar“. Priorizar es que unas cosas se realicen primero que otras, o con más intensidad y extensión que otras, lo que es de la esencia de la actividad de gobernar. Pero priorizar es una cosa, y eso lo hacen los presidentes y sus coaliciones con los datos de la realidad, y descartar es otra cosa bien diferente.

Se postula, además, que los no nombrados “proyectos importantes” deben quedar como tarea para un gobierno posterior.  El problema es que no tiene mucha lógica hablar de cosas que harán o no otros gobernantes en el futuro. Parece bastante obvio que todo compromiso democrático debe ser por el período gubernamental de que se trate y que lo demás es materia de la ignota evolución futura. De ella nadie se puede hacer cargo por anticipado, lo que no obsta que sea recomendable que las acciones de corto plazo se realicen considerando sus impactos positivos y negativos en el mediano y largo plazo.

El fondo del asunto parece ser otro: hay quienes, incluso algunos que votaron contra la ultraderecha por convicción democrática, tienen su propia agenda y se apoyan en la siempre existente restricción fiscal o la ausencia de aprobación del gran empresariado -a la que algunos tienen pánico escénico- para recomendar no hacer transformaciones significativas. Postulan que no se debe cambiar nada importante en la regulación de los mercados, en los sistemas de provisión de bienes públicos y en la creación de incentivos a la diversificación productiva. Creen (se trata de una suerte de fe metafísica) en las soluciones de mercado y privadas a los problemas públicos y se apoyan en una teoría también metafísica de los “incentivos-que-deben-estar-puestos-de-manera-correcta” que ignora los comportamientos reales de individuos, instituciones y colectivos y no prestan demasiada atención a los resultados. Y suelen ser indiferentes a la idea que las personas tienen derechos y que garantizarlos tiene costos que se deben asumir, con el debido financiamiento. Por eso Boric propone una reforma tributaria significativa, la que es tanto una expresión de prudencia fiscal (al buscar evitar consagrar gastos permanentes sin los respectivos ingresos permanentes), como de vocación por una mayor justicia en los aportes a las tareas comunes y por hacer efectivos los derechos nominales de las personas.

A quienes leer cosas que no vengan de la tradición neoclásica les provoca escozor, se les puede sugerir la lectura de “La Economía del Bien Común”, del premio Nobel Jean Tirole, que viene de esa tradición pero sin dogmatismos, en especial sobre los incentivos y los fines sociales de la economía:  “ya sea que seamos políticos, empresarios, asalariados, cesantes, trabajadores independientes, altos funcionarios, agricultores, investigadores, sea cual sea el lugar que ocupemos en la sociedad, todos reaccionamos a los incentivos a los que nos enfrentamos. Estos incentivos —materiales o sociales—, unidos a nuestras preferencias, definen nuestro comportamiento. Un comportamiento que puede ir en contra del interés colectivo. Esa es la razón por la que la búsqueda del bien común pasa en gran medida por la creación de instituciones cuyo objetivo sea conciliar en la medida de lo posible el interés individual y el interés general. En este sentido, la economía de mercado no es en absoluto una finalidad. Es, como mucho, un instrumento, y un instrumento muy imperfecto, si se tiene en cuenta la discrepancia que puede haber entre el interés privado de los individuos, los grupos sociales o las naciones y el interés general”.

Pero no falta la gente con certezas inconmovibles en contra de la modificación del Estado mínimo y mercado máximo que está en la agenda de promoción del bien común del próximo presidente. Suele sentirse llamada a esparcir la buena nueva del pensamiento correcto. Lo que cabe es admitir que en economía y en política hay distintos intereses y puntos de vista, por lo que la deliberación sobre las ventajas y desventajas y sobre los eventuales efectos no buscados pero adversos de cada propuesta en base a evidencias, debiera ser el signo distintivo de los debates, en vez de insistir en que la palabra final deben ser los dogmas controvertidos de la economía convencional.

Hay quienes sostienen, en particular, que los compromisos de Boric provocarán una parálisis de la inversión. Se refieren al eventual efecto sumado de un nuevo régimen previsional mixto, la negociación colectiva por rama, la jornada laboral de 40 horas, aumentar el salario mínimo, establecer una regalía minera y mayores impuestos a las ganancias de capital y a los altos patrimonios. Propugnan que ninguna de estas cosas se haga o a lo más se realicen modificaciones marginales.

Lo que en macroeconomía se denomina “función de inversión” es siempre objeto de controversias. Pero se puede sostener que la inversión pública depende de decisiones gubernamentales según las disponibilidades presupuestarias y que la inversión privada depende de la rentabilidad esperada de los proyectos en horizontes temporales dados (considerando costos, ingresos y una determinada tasa de descuento) y en previsiones razonadas de la demanda futura de los bienes y servicios adicionales a ofrecer porque les resulta beneficioso hacerlo.

Precisemos que el último dato sobre inversión (FBCF) indica un crecimiento anual en el tercer trimestre de 2021 de 29,8% y un crecimiento desestacionalizado respecto al trimestre previo de 12,0%. Los datos de inversión extranjera en 2021 son también muy dinámicos. Se comprenderá que los agentes económicos no son ingenuos y han hecho sus cálculos en materia de costos laborales y tratamiento tributario futuro incluyendo los cambios enunciados por el programa de Gabriel Boric. Seguramente han evaluado que en el entorno de Boric nadie está proponiendo ahogar la inversión, sino estimularla, incluyendo un fuerte programa de inversiones verdes y en infraestructura desde el sector público, en un contexto de captación pública de la renta sobrenormal (especialmente minera, para aprovechar para Chile y su futuro el ciclo alcista del cobre), de mayores equilibrios sociales y de estímulo de diversificaciones productivas sostenibles. La mayoría de esos actores entiende, aunque eventualmente no los comparta, que esos cambios son urgentes en la sociedad chilena y que no tienen por objeto establecer un régimen chavista o algo semejante. Y también entienden que los que no inviertan por razones políticas serán desplazados, en las condiciones del mundo de hoy, por otros actores.

Por otro lado, efectivamente hay quienes piensan que los problemas públicos deben tener soluciones públicas de acuerdo a mandatos democráticos periódicos, con transparencia e inclusión activa de la sociedad civil, además de los órganos del Estado, cuando sea pertinente (lo que es casi siempre el caso). Pero distinguiendo, no obstante, la inclusión de la mera promoción de intereses corporativos que chocan con el interés general. Esta es la lógica de un Estado social y democrático de derechos, que da lugar a una economía mixta, cuyos principios probablemente consagrará en lo principal la nueva Constitución (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/la-discusion…). Su fin es promover una prosperidad común y sostenible, lo que requiere salir de la preferencia por las soluciones privadas a los problemas públicos y sus AFP, Isapres, educación de mercado, ausencia de derechos laborales y una larga lista de instituciones y políticas económicas cuyo funcionamiento agobia por décadas a la mayoría social. Esta ha expresado en 2020 y 2021, en la calle y en las urnas, una voluntad de producir cambios y elegido autoridades para llevarlas a cabo. Su tarea debe ser respetada.

¿Es posible construir una nueva normalidad?

En La Mirada Semanal

La victoria de Boric permitirá dejar atrás una etapa muy difícil para la sociedad chilena, en la que la polarización social y política llegó a niveles extremos, pues se ha terminado por configurar una nueva opción de cambio, con un soporte de largo plazo en la nueva Constitución y en una nueva coalición de izquierda.

Gabriel Boric ganó holgadamente, después de muchas tensiones e incertidumbres, la elección presidencial de 2021 y con la mayor participación desde que existe voto voluntario. El de Boric es un logro impresionante: supo pasar del 26% al 56% de los votos entre una y otra vuelta presidencial. Son unos 2,8 millones adicionales a los 1,8 millones obtenidos en primera vuelta. Solo una parte de ellos vinieron de Provoste, Enríquez-Ominami y Artés, cuyas candidaturas sumaron 1,4 millones en noviembre.

La primera vuelta había sido un balde de agua fría. La suma de Kast, Sichel y Parisi daba una ventaja teórica a Kast de 500 mil votos sobre Boric. En principio, una situación irremontable. La victoria de Boric parece haberse debido a una intensa e inédita movilización de todas las generaciones opuestas al pinochetismo, aunque en especial a la de una nueva generación, con fuerte presencia de mujeres, que quería cambios y no estaba dispuesta a retroceder a lo peor del pasado. Salió a votar desde el mundo popular y de clases medias como nunca antes, junto al aporte de base de las fuerzas democráticas y de izquierda tradicionales y de buena parte del voto DC. Se produjo una combinación de la adhesión a un perfil personal y a un programa de cambios y sobre todo el rechazo activo al retroceso a tiempos oscuros.

La victoria de Boric permitirá dejar atrás una etapa muy difícil para la sociedad chilena, en la que la polarización social y política llegó a niveles extremos. Piñera logró ganar por segunda vez la mayoría en 2017 con el apoyo de solo el 27% de los votantes habilitados, en medio de una gran abstención de los jóvenes y de una parte sustancial del mundo popular, que consideró que, a esas alturas, daba lo mismo quien gobernara. Primó en la mayoría social una percepción según la cual se había impuesto en la centro- izquierda política la lógica de “hacer de necesidad virtud” y consagrado la resignación y la incapacidad para realizar cambios. Pero el gobierno de Piñera II, que no olvidemos intentó en su primer año una reforma tributaria regresiva, una aún mayor flexibilización laboral y una reforma previsional que consolidaba a las AFP, terminó de condensar los malestares y de precipitar una rebelión popular de una envergadura inédita, y luego mostrar una incapacidad para gestionar la pandemia y otorgar los apoyos sociales necesarios, aunque terminó con un buen récord en vacunaciones y con un gasto público sobredimensionado en 2021.

Esto llevó inevitablemente a una recomposición del paisaje político y a la emergencia de nuevas fuerzas y coaliciones y, a la postre, a un camino de ruptura con la inercia neoliberal y la mercantilización generalizada de la sociedad y con su soporte institucional, la democracia restringida. Del fracaso de la derecha debía surgir una nueva alternativa de izquierda amplia y plural, que dejara atrás las connivencias con el gran empresariado de la combinación de centro- izquierda y que no siguiera poniendo su destino en manos de un centro que boicoteaba los cambios desde adentro. Lo que ocurrió no sin dificultades, como toda construcción de una nueva alternativa política, y se consolidó en la primaria Boric-Jadue y en la candidatura presidencial de Gabriel Boric a la cabeza de Apruebo Dignidad.

Entretanto, terminó de derrumbarse la ex-Concertación, con un PS en 5%, una DC y un PPD en 4% y un PR en 2%, aunque estas fuerzas conservan un poder parlamentario y territorial importante. Apruebo Dignidad obtuvo el 21% de los votos en diputados y el Nuevo Pacto Social un 17%, pero ambas coaliciones eligieron 37 diputados cada una, por lo que una alianza estable de gobierno entre ellas, dadas las realidades parlamentarias, no deberá excluirse, junto a acuerdos puntuales con otras fuerzas.

No se debe dejar de subrayar que también reemergió, frente a la persistencia de una minoría destructiva asimilable a las barras bravas, la suma del fantasma del pinochetismo y una extendida demanda por orden desde el trasfondo autoritario y conservador de una parte de la sociedad chilena. Esta ola de opinión desplazó a la derecha tradicional en la primera vuelta. En realidad, detrás de Kast estuvo en lo principal la propia UDI, la que promovió un recambio hacia la ultraderecha ante el fracaso de Piñera (y de los poco creíbles acercamientos al centro de Lavín). La derecha fue de fracaso en fracaso electoral, pero las divisiones de la izquierda le permitieron empatar el Senado en noviembre pasado. Cuando la derecha junta el segmento autoritario-conservador de la sociedad con el segmento aspiracional-libremercadista tipo Parisi, logra mayorías. O muy buenas votaciones, como de la de Kast.

Así, se ha terminado por configurar trabajosamente una nueva opción de cambio, con un soporte de largo plazo en la nueva Constitución a partir de septiembre y en una nueva coalición de izquierda que debiera consolidarse y proyectarse en el tiempo como una opción estable, plural y democrática de representación popular con capacidad de gobierno. Con el resultado de la elección presidencial, el país reafirmó el camino de la refundación institucional. Esta palabra horripila a unos cuantos. En efecto, connota la idea de cambiar de fundaciones y de fundamentos, que es precisamente lo que hay que hacer. Esta refundación, expresada en una nueva Constitución que ya no estará sujeta al veto oligárquico y que debiera obtener la validación popular mayoritaria el próximo año en el plebiscito de salida, permitirá inaugurar un régimen político democrático propiamente tal y consagrar un Estado social de derecho. Es decir, permitirá avanzar a la también necesaria refundación socioeconómica, es decir a una nueva articulación de Estado/mercado/sociedad, de capital/trabajo asalariado/trabajo doméstico y de crecimiento/redistribución/sostenibilidad, aunque muy gradualmente a raíz del resultado parlamentario de noviembre.  Y en un contexto en que la mayoría de la Convención no reivindica un horizonte de estatización generalizada de la economía, sino el de consolidar una economía mixta moderna y dinámica, con regulaciones desconcentradoras y redistributivas y una protección efectiva del trabajo, de las mujeres y de los ecosistemas.

Gabriel Boric, en su discurso del 19 de diciembre, terminó de delinear el proyecto de consagrar una institucionalidad plenamente democrática, más participativa y descentralizada y que respete la autonomía de los pueblos originarios; el de un progreso social persistente en el que los frutos del esfuerzo productivo se comparten más equitativamente mediante un sistema tributario más progresivo y relaciones laborales más simétricas, con un esfuerzo sustancial para que nadie se quede atrás y carezca de un nivel básico de ingresos y de protección; el de un creciente espacio para la diversificación productiva innovadora y para un mayor rol de las pequeñas empresas y de la economía social y solidaria; el de una sociedad que no solo cuida mejor a sus segmentos más vulnerables sino que también respeta a la naturaleza y al mundo animal, cambiando el modelo de producción y de consumo hacia la circularidad y las bajas emisiones.

Aunque nada esté garantizado, Boric está expresando una voluntad política de avanzar a que las alternancias políticas en el gobierno no destruyan los progresos previos ni la convivencia en la diversidad, lo que intentó la extrema derecha y por lo que, en buena hora, fue derrotada el 19 de diciembre. Una gestión gubernamental responsable pero sistemática en las transformaciones tiene una buena posibilidad de mantener a raya por un largo tiempo a esa extrema derecha y construir una nueva normalidad democrática.

Significados del voto por la extrema derecha

En La Mirada Semanal

El voto por la extrema derecha tiene tiene un pretexto usual, el del anticomunismo, pero supone asumir determinadas posiciones en materia de derechos humanos y de conductas cívicas que no son compatibles con las reglas democráticas ni con la decencia en la convivencia colectiva.

La alineación de la derecha tradicional con la ultraderecha ha sido rápida y prácticamente sin condiciones, pues han convivido juntas durante mucho tiempo, primero en el pinochetismo y luego en la oposición a la Concertación y a la Nueva Mayoría. Por su parte, las personas que se declaran “equidistantes” y anuncian que no se pronunciarán suelen ser ex concertacionistas que han terminado tristemente haciéndose cómplices de la ultraderecha y de la herencia pinochetista. Otros, incluso exministros DC, derechamente se pronuncian por apoyar a Kast, aludiendo hacer sopesado pros y contras. 

En ese ejercicio, entre los argumentos en contra de un eventual gobierno de Gabriel Boric seguramente habrá aparecido el de la presencia del PC en su coalición, lo que haría peligrar la democracia. Se trata de una evidente falacia. Con dos senadores (de un total de 50) y 12 diputados (de un total de 155) la influencia parlamentaria del PC es limitada, como también lo es a nivel social y territorial, suponiendo que fuera perniciosa. A muchos nos gustaría que el PC chileno deje de apoyar regímenes de partido único o que no respetan las libertades civiles y políticas en nombre de la legítima condena al intervencionismo norteamericano. Pero no se puede desconocer que su conducta en la historia de Chile y recientemente su participación en el gobierno de Bachelet II muestra un compromiso democrático en la práctica sin fallas, que es lo que importa, a la vez que aporta una saludable voluntad de cambio social que muchos compartimos. Para que las cosas sean todavía más claras, Gabriel Boric deberá gobernar por la fuerza de los números con un acuerdo parlamentario, y eventualmente gubernamental, entre Apruebo Dignidad y la ex Concertación. Así de simple. 

Si el argumento ya no es solo el del anticomunismo, sino el de que Boric representaría el desborde de la violencia urbana y de la delincuencia, cabe recordar que estos fenómenos han recrudecido hasta la saciedad en el actual gobierno de derecha. No hubieran sido imaginables en el gobierno de la Nueva Mayoría, del que formaba parte el PC, sin ir más lejos. ¿Puede alguien argumentar seriamente que la inestabilidad y la polarización social no aumentarían en un eventual gobierno de Kast? Salvo que se considere, claro, que en realidad solo se trata de una agitación de extrema izquierda venida del Foro de San Pablo, la que se solucionaría con más represión. Esto solo revelaría una vez más una muy limitada capacidad de comprensión de la realidad del país, que requiere reconstruir sus fundamentos socio-económicos para reencontrar con equidad una paz social necesaria.

Por lo anterior, la falta de compromiso con la democracia de los ”equidistantes” y de los "reconvertidos" a Kast es simplemente abismante. Pero cabe señalarles, adicionalmente, que tendrán que asumir tres consecuencias al apoyar a un eventual gobierno de la ultraderecha.

En primer lugar, se harán cómplices del intento de Kast de anular la Convención Constitucional, de poner fin a libertades personales esenciales y de remilitarizar el país, con consecuencias impredecibles. Kast ha reiterado que buscará facultades presidenciales permanentes para detener personas en lugares distintos de las cárceles, interceptar la correspondencia e involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales. Esto último la actual constitución no lo permite sino en determinados Estados de Excepción. 

En segundo lugar, se harán cómplices de acciones reñidas con la más elemental decencia. Si Kast se arroga en campaña unas funciones de juez y de catón moral que nadie le ha otorgado, imaginemos lo que podría ocurrir si llegara a gobernar. El tono y el contenido de mentiras e insinuaciones de Kast sobre supuestos usos de drogas y actos de “abuso y acoso” han sido insólitos, del estilo de "agradezco que Gabriel Boric haya reconocido que hubo una actitud impropia y que haya pedido perdón". La manipulación sin pudor permitió a Kast cumplir con su objetivo de denostar a su adversario mintiendo y actuando con la peor mala fe, mostrando que no tiene cánones morales en el debate público. En las sociedades civilizadas, es una justicia independiente la que actúa frente a hechos punibles, según reglas preestablecidas, y no algún matón de turno que acusa a diestra y siniestra buscando ventajas de campaña, al estilo de Trump y Bolsonaro, a los que Kast defiende.

En tercer lugar, se harán cómplices del apoyo de Kast a Krassnoff (condenado a 820 años de cárcel) poniendo en duda el trabajo de la justicia, lo ha mostrado como una persona capaz de justificar los peores crímenes. En todo caso, ¿qué se puede esperar de los que siguen justificando, a pesar de palabras ocasionales poco sinceras, la suma de un golpe de Estado, el bombardeo de La Moneda, miles de asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, exilio masivo durante más de una década y media? Kast forma parte de los que siguen considerando que la izquierda era su enemiga y que debía ser masacrada. Y que Krassnoff hizo bien su trabajo de asesino en serie. ¿Alguna duda de que volverían a repetirlo los unos y a justificarlo los otros? El hijo de un oficial alemán afiliado al partido nazi, como Kast, debiera tener al menos más cuidado al exculpar sin más a un criminal como Krassnoff. 

En este contexto, menos mal que la gente de bien existe, porque sus conductas son las que hacen vivible el mundo y hacen posible una convivencia sostenible en nuesto país. El británico George Orwell las denominó “decencia común”. El canadiense Michael Ignatieff ha llamado "virtudes cotidianas" a aquellos valores que están presentes en todas partes como la lealtad, la confianza y la contención, constatando que cierto orden moral siempre nace de la necesidad de creer que la vida tiene un sentido más allá de la lucha sin escrúpulos por la supervivencia. Esto contrasta con aquella visión de la vida que ve perversiones a erradicar por doquier, que es propia de Kast y sus seguidores (ejemplo de sus afirmaciones paranoicas: "la ideología de género" es "maléfica" y "más perversa que el comunismo"). 

Esta visión y sus pulsiones son las que llevan a no trepidar en ejercer y justificar la violencia institucionalizada y en transformar en enemigos a los adversarios que defienden otras ideas y otros intereses que los suyos. Que lleguen al gobierno es lo que debe evitarse en Chile el 19 de diciembre.

La indispensable modernización del Estado

En El Regionalista

Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la sensibilidad ciudadana mayoritaria sobre el tema, lo que habla bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. La arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, los abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecientan, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos.

Nadie puede garantizar que entre miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no haya quienes realicen actos corruptos. Tampoco algo así se puede garantizar que no ocurra en el sector privado, o en las organizaciones sin fines de lucro. La codicia es parte de la conducta de muchos seres humanos. Lo que sí el gobierno –y los responsables de cualquier organización que administra recursos de otros- puede y debe hacer es garantizar la actitud de perseguir sin demora y con todo el peso de las normas y de la ley cualquier acto de desvío para fines particulares de los recursos de los demás. A ello debe agregarse, porque entre otras cosas suele involucrar recursos muy cuantiosos, el castigo de todo trato de privilegio respecto de intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusas para conductas reñidas con el interés público.

En primer lugar, junto con revalorizar la virtud cívica, reemplazada en las últimas décadas por el desembozado predominio del afán de lucro, el mejor remedio es y seguirá siendo que muchos ojos miren la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento, de la que pocos se privan. Sin embargo, a la larga se gana más de lo que se pierde. Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas. ¿Por qué no acudir más a la sociedad civil, fortaleciendo los comités de usuarios, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones en cada órgano público, especialmente los que gestionan fondos concursables o directamente asignables? 

En segundo lugar, se deben disminuir las «oportunidades de corrupción» y, en especial, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas, sin expresión de causa). Se requiere vigilar con extremo celo las licitaciones, mejorando el sistema de compras públicas y dando más espacio a las pymes. Falta mucho por avanzar en las licitaciones de obras públicas y en el área municipal, donde las licitaciones de recolección de basura y otros servicios urbanos dejan mucho que desear, por decir lo menos. 

Pero el Estado no solo debe perseguir la corrupción en su seno, sino avanzar sustancialmente en los principios de profesionalismo y respeto de la diversidad para asegurar el mejor uso posible de los recursos colectivos.

Por ello, en tercer lugar, se debe modificar la complejidad y opacidad de las fijaciones tarifarias, que tienen enfrascadas al Estado chileno en frecuentes juicios por cientos de millones de dólares con empresas reguladas que buscan todos los resquicios posibles para Incrementar sus utilidades a costa del consumidor.

En cuarto lugar, se debe reemplazar de una vez el favoritismo por el mérito en el nombramiento de cargos públicos profesionales. La igualdad de acceso a los cargos públicos es un principio democrático que ha perdido fuerza en Chile, o que más bien nunca tuvo mucha fuerza en un Estado tradicionalmente prebendario. No olvidemos que ya formaba parte de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Permítasenos citar parte de su artículo 6, respecto del cual hay poco que agregar para fundar la sana doctrina democrática en la materia: «La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir a su formación personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y de sus talentos». La violación del principio de igualdad ante la ley, que incluye la igualdad de acceso a los empleos públicos, provoca universalmente en el mundo moderno la mayor de las irritaciones ciudadanas contra los gobernantes y es el factor principal de su deslegitimación, que en determinadas circunstancias arrastra la de la democracia en su conjunto («que se vayan todos»). En democracia, los gobernantes son elegidos, o debieran serlo, para llevar a cabo un programa de acción. Para ello deben poder trabajar en los puestos de liderazgo del gobierno con colaboradores de su confianza, en el sentido que comparten el mandato popular de realizar un programa y están exclusivamente motivados por su realización, nombrados discrecionalmente (y siendo en todo momento removibles) por el jefe de gobierno de cara al público. Estos deben poder contratar pequeños equipos de apoyo técnico y político que expresamente entren y salgan con ellos de los gabinetes de los ministerios.

El resto de los empleos públicos, en una democracia moderna, debe ser de carácter profesional, no sujeto a discrecionalidad y menos a persecución política. Para ello se inventó el sistema de plantas, en el que los funcionarios no pueden ser removidos sino por mal desempeño, y en ningún caso por sus opiniones o convicciones. Y el ingreso y los ascensos deben realizarse mediante evaluaciones objetivas, anónimas, basadas exclusivamente en el mérito y no en el pago de favores o la constitución de clientelas. Este último es el camino más directo al desvío de recursos públicos, a la ineficiencia y la mediocridad en detrimento del mandato de servir a los ciudadanos. Asegurar normas objetivas de acceso y promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, debe hacerse además sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son una de las fuentes principales del clientelismo que se ha instalado en nuestra administración. Debe recalcarse que el Estatuto Administrativo señala como norma general que en cada servicio público no más del 20% de los recursos humanos debe ser a contrata, lo que es materia de modificación cada año en la Ley de Presupuestos en muchos casos. ¿Por qué no obligar en lo sucesivo a cada responsable público a una justificación anual exhaustiva frente al parlamento de la derogación de la regla general?

El cuerpo de funcionarios debe ser reclutado mediante estricto concurso de oposición, anónimamente, con movilidad horizontal. Su función debe ser ejecutar eficazmente las políticas impulsadas por la autoridad que responde ante los ciudadanos y contribuir técnicamente a su diseño. Por tanto, su carrera no debe llegar hasta la cima de la jerarquía estatal, salvo que cuente con la confianza presidencial, cima que debe ser ocupada por las razones expuestas por personas mandatadas directa o indirectamente por la soberanía popular. Los funcionarios de carrera deben poder trabajar con gobiernos de un signo u otro, siempre que sean competentes. La consecuencia es que se debe restringir drásticamente en Chile los cargos de confianza política y limitarlos a no más de unas 300 posiciones directivas (con sus respectivos colaboradores directos) en el gobierno central. 

Un anuncio tardío

En La Tercera

Sebastian Piñera, a días de la segunda vuelta de la elección presidencial, anunció lo que tiene un amplio consenso desde hace mucho tiempo (dicho sea de paso, se hubiera evitado muchos problemas si lo hubiera hecho al iniciar su administración): establecer una pensión garantizada para el 90% de los mayores de 65 años. Esta se extendería incluso a los que aún trabajan y reemplazaría la pensión básica y los aportes solidarios parciales actuales. El gobierno anunció un valor de 185 mil pesos mensuales como aporte directo para quienes estén dentro del 80% de menos ingresos (menos de 620 mil pesos por persona), mientras que para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% el monto disminuiría hasta cero.

El nuevo proyecto gubernamental reemplaza el propuesto por Piñera a fines de septiembre, que incluía una cobertura más baja y un monto por persona algo inferior. Ahora el gasto adicional previsto pasa de 0,4% a 1% del PIB para cubrir a 2,3 de los 2,5 millones de personas mayores de 65 años. El Pilar Solidario suma actualmente del orden de 1,1% del PIB, con un aporte complementario de la pensión autofinanciada para 1,2 millones de personas y una pensión básica para cerca de 600 mil, con una cobertura total de 1,8 millón de personas. El anuncio del 9 de diciembre llevaría a 2,1% puntos del PIB el costo presupuestario total de la pensión básica financiada con impuestos. Según el gobierno, la mitad se financiará con exenciones, cuya eliminación respecto al proyecto de septiembre deberá ampliarse para que las cifras cuadren, mientras la otra mitad se cubrirá con lo ya presupuestado en la ley corta y la ley larga de pensiones presentadas previamente al Congreso y que no prosperaron.

Estas cifras ya son una mejor base para seguir avanzando hacia una pensión mínima digna que cubra a toda la población mayor, como ocurre en los estados de bienestar decentes. Son un avance para los más vulnerables de la sociedad, fruto de largas luchas, sin perjuicio de futuras ampliaciones y del cambio del sistema de pensiones contributivas. Kast propone consolidar el sistema de AFP con un 4% adicional progresivo de cotizaciones de cargo del trabajador y Boric un nuevo sistema sin AFP que combine cuentas individuales de inversión colectiva con un pago de pensiones “sobre la marcha” para aumentar las actuales jubilaciones. Esto requeriría un aumento progresivo de 6% de las cotizaciones, pero en este caso de cargo del empleador.

El monto de la pensión universal debiera llevarse desde marzo a 250 mil pesos al menos, como propone Gabriel Boric, lo que implicaría que, dado que el ingreso mediano de los ocupados es de 420 mil pesos (2020), la tasa de reemplazo de la remuneración por la pensión sería en rasgos gruesos de un 60% y más para la mitad de la población de menos ingresos. Este gran avance social implicaría un gasto adicional de 0,7% del PIB. El próximo gobierno deberá asegurar la estabilidad fiscal y financiar los avances sociales eliminando más exenciones injustificadas y subiendo el impuesto a la renta y al patrimonio al 1% más rico de la población, junto a cobrar lo que corresponde por el uso privado de los recursos de propiedad común. Pero avanzar conceptualmente hacia una pensión universal, aunque sea de un monto aún bajo, es un logro que se debe consolidar de inmediato por el actual Parlamento.

La elección presidencial y el centro

En La Mirada Semanal

Si entre las opciones en disputa hay quienes rechazan la democracia, la equidistancia es complicidad con el autoritarismo. Es lo que les ocurre hoy en Chile a los que llaman a abstenerse en nombre de la moderación centrista en la segunda vuelta presidencial: se transforman en cómplices de la extrema derecha cuyo compromiso con la democracia es de fachada.

Tanto la proximidad de una segunda vuelta presidencial incierta como el empate en el Senado que enfrentará el próximo gobierno, vuelven a poner en el tapete el tema del “viraje hacia el centro”. Se trata del antiguo aserto según el cual “las elecciones se ganan en el centro” (está demostrado al menos desde Margaret Thatcher que no siempre es así y que lo central es la capacidad de movilización alrededor de un líder y su propuesta según las demandas de la sociedad) y que en todo caso “se debe gobernar en el centro”,  porque eso expresa prudencia, el mayor valor en política según algunos. La prudencia, no obstante, no debe dar lugar a mantener el statu quo, en nuestro caso un orden social estructuralmente desigual. 

Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, distingue en este sentido el centrismo zombi, el centrismo procedimental y el centrismo posicional, El primero es uno “que ya no ofrece ninguna orientación política genuina a sus adherentes”, pues es un remanente de la guerra fría y de la equidistancia de los extremos ideológicos. Constata Mueller que ese centro zombi acaba de ser derrotado en Alemania con los temas de siempre, como la denuncia de que la izquierda se aliará a los herederos del comunismo y llevará el país por caminos sombríos. Esto simplemente no calzó con la imagen de seriedad del socialdemócrata ministro de Finanzas Olaf Scholz, que ganó la primera mayoría. Lo propio ocurrió en Chile en la primera vuelta con el discurso de Yasna Provoste, según el cual Gabriel Boric sería una figura débil manipulada por los comunistas, y obtuvo una baja votación, a pesar del apoyo de los partidos de la ex Concertación.

El centrismo procedimental es el que emana de las realidades parlamentarias: “los políticos están obligados a practicar el arte de la concesión, sobre todo en una era en la que las mayorías claras en las cámaras legislativas se han vuelto infrecuentes. La fragmentación (sea institucional o política) obliga a los políticos a adoptar lo que el filósofo neerlandés Frank Ankersmit califica como una escrupulosa falta de principios (principled unprincipledness), para que la democracia funcione”. Pero el tema es cómo se construyen los pactos parlamentarios y si dan lugar o no a gobiernos incoherentes que terminan perdiendo todo apoyo. Advierte Mueller que el centrismo procedimental no tiene sentido cuando los adversarios políticos no respetan los procedimientos. Y tampoco los aliados, como ha sido el caso en Chile, cuando no respetan los pactos de gobierno. Ahora, el resultado de la reciente elección parlamentaria llevará inevitablemente, en el caso en que gane Gabriel Boric la elección presidencial del 19 de diciembre, a un pacto parlamentario -y eventualmente de gobierno- entre Apruebo Dignidad y la ex Concertación. Este ejercicio, que se hace indispensable dado el resultado parlamentario en las urnas, puede realizarse sobre bases bastante sólidas dada la similitud en muchos aspectos de los programas de Jadue, Narváez y Provoste con el de Boric, que tiene ahora la responsabilidad de sintetizarlos.

Por su parte, sostiene Mueller ,“para los centristas posicionales la equidistancia entre los extremos políticos es prueba de pragmatismo y «no ideología»(…) Su postura de «ni a la izquierda ni a la derecha» implica una forma de gobierno abiertamente tecnocrática. El supuesto es que para todo desafío político siempre hay una respuesta racional excluyente, lo que por definición permite tildar de irracional a cualquier crítico”. Pero la negación del pluralismo democrático implícita en esta postura puede provocar una contrareacción social intensa. Concluye Mueller que “el centrismo procedimental y el posicional dependen del buen funcionamiento de la democracia, y ambos pueden ser peligrosos en países que padecen una polarización política asimétrica (…) Si un partido rechaza la democracia, la equidistancia es complicidad.”

Es lo que les ocurre hoy en Chile a los que llaman a abstenerse en nombre de la moderación centrista en la segunda vuelta presidencial: se transforman en aliados de la extrema derecha, cuyo compromiso con la democracia es manifiestamente de fachada. Su candidato intenta en la segunda vuelta presidencial borrar con el codo parte de lo que escribió con la mano en su programa en la primera vuelta, especialmente lo más impopular. Esto no obsta respecto a lo principal: Kast, que cultiva formas afables, es expresamente un ultraderechista misógino (“la ideología de género” es “maléfica” y “más perversa que el comunismo”), homofóbico (se opone al matrimonio igualitario), clasista (defiende bajar los impuestos a los ricos y mantener relaciones del trabajo desiguales), discriminador respecto a los derechos de los pueblos indígenas (se opone a su reconocimiento constitucional) y defensor de las peores violencias en la historia de Chile y de la dictadura de Pinochet (niega, sin ir más lejos, la culpabilidad judicial del asesino en serie Krassnoff y disculpa abiertamente las violencias represivas durante la rebelión social de 2019), mientras promueve y justifica tanto la represión de la protesta popular como la radicalización ultraliberal del funcionamiento económico. Es un fiel representante de una oligarquía que no trepida en basar su poder en el abuso sistémico sobre la mayoría. Por obtener unos votos más, llegó incluso a relativizar las resoluciones de la justicia sobre los deberes económicos de los padres con sus hijos, como si no se tratara de una obligación a cumplir sin más discusión en cualquier sociedad decente.

Después de cuatro años de Piñera, en los que estalló la olla a presión social, la pandemia se abordó privilegiando la continuidad de los negocios y el presidente terminó imputado por cohecho, el azaroso camino democrático de Chile y la lucha por una sociedad y una República decentes debe seguir su curso. No debe retroceder en nombre del restablecimiento de un orden arbitrario y autoritario, que no es sino el orden de los cementerios que Chile conoce bien.

Para las fuerzas que se oponen al giro hacia la extrema derecha, lo pertinente es situarse en el centro de los problemas de la sociedad a la hora de construir respuestas políticas de amplio espectro. Y no buscar una supuesta equidistancia respecto a esos problemas, como la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la equidad social y de género y de la sostenibilidad ambiental, donde no caben posiciones “intermedias”. Los arcoiris y los matices son relevantes en múltiples aspectos de la vida social y política, pero hay determinadas cuestiones fundamentales que no admiten indefiniciones. Salvo que se tenga una posición que no se quiera asumir como tal y se recubra de equidistancia, centrismo y moderación, pero que no es sino complicidad.

Sobre el pueblo y las élites

 En La Mirada Semanal

No se debe descalificar a nadie por sus percepciones, enojos y reproches a la política tal como existe hoy. Al contrario, se debe acoger a todo el que quiera un cambio sobre la base de convicciones democráticas y libertarias.

Se ha producido un cierto debate sobre las razones del voto popular hacia la extrema derecha, que con Kast expresa lo peor del dominio oligárquico de hoy y de las violencias de la dictadura en el pasado. Y hacia un candidato como Franco Parisi, que no estuvo en el territorio nacional en la campaña, pidió asilo político en Estados Unidos y debe enfrentar impagos por paternidad y una querella por asuntos inmobiliarios nada edificantes.

Hay un voto popular conservador, anclado en tradiciones religiosas de distinto tipo o bien en la adhesión al autoritarismo y a la dictadura militar, que persiste en el tiempo y que Kast recompuso. Tiene más relevancia en ciudades pequeñas y entornos rurales, especialmente en el sur. Y hay un voto de protesta, predominantemente masculino y del norte, que adhiere al discurso anti-partidos y a un cierto desenfado antisocial, que ha canalizado Parisi.

Cada cual tiene el legítimo derecho a hacer los juicios morales que le parezca al respecto. Personalmente me atengo al principio de Vox Populi, Vox Dei. Si muchos votantes adhirieron a la derecha o a opciones volátiles, es porque en la izquierda no logramos/pudimos/supimos llegar a ellos, representar sus esperanzas y conectarlas con nuestro proyecto de sociedad.

Lo que cabe es hacer, eso si, una referencia a las consecuencias de la conducta de una parte de las élites de izquierda, que se supone representan los anhelos populares por mayor justicia e igualdad en una sociedad fuertemente desigual. ¿Qué se puede pensar cuando una parte minoritaria pero significativa de ellas simplemente se cambió de bando en nombre de los cambios efectivamente exprimentados por la sociedad y que harían que ahora todo fuera distinto y que la izquierda es un concepto obsoleto? ¿O cuando otra parte se acomodó al poder del dinero y se transformó en su servidor y/o buscó financiamientos electorales o medios de vida en la gran empresa, aún cuando se estableciera el financiamiento público de las campañas? ¿O cuando otra parte de ellas pasó de ideas progresistas a ideas neoliberales y a la defensa del orden existente, calificando los cambios necesarios como “fumar opio“? ¿O cuando hay partidos que fueron condescendientes con la influencia local del narcotráfico? ¿O cuando se observa una sobrecarga de narcisismo que se acomoda a las posturas e impulsos emocionales del momento con tal de estar en la escena mediática y política?

Parte del distanciamiento del pueblo con las élites y las representaciones de la izquierda y su refugio en el abstencionismo o en fórmulas rayanas en el desparpajo se explica por el comportamiento descrito.

Por supuesto han permanecido fieles a sus convicciones y honorables en sus conductas la gran mayoría de las elites y militancias políticas, sociales y culturales de la izquierda en su amplio sentido, es decir el de individuos y grupos sociales que consideran que la sociedad debe ser más justa y no basarse en la preservación de privilegios oligárquicos, en el sometimiento de los que viven de su trabajo, en el patriarcado y en la expoliación de la naturaleza. Pero su tarea se ha visto cuestionada por las conductas mencionadas. La apelación a la memoria de las luchas de otras épocas y a un proyecto de cambio con otros valores que los del mercado y el individualismo sigue presente, con nuevas identidades colectivas y otras estructuras sociales subyacentes. Pero siempre postulando que la solidaridad y la justicia, plasmadas en instituciones y prácticas sociales que hagan posible reproducirlas establemente, son indispensables en toda sociedad decente.

«No fundamos el Estado con el objetivo de que una sola clase de ciudadanos sea excepcionalmente feliz, sino de que lo sea al máximo toda la sociedad.» ¿Es esta otra frase polémica más para situar lo que está en juego en la segunda vuelta del 19 de diciembre? No, es una cita de Platón en su texto “La República”, en el año 370 antes de nuestra era. Las sociedades desde siempre enfrentan el dilema de una acción pública destinada a favorecer el dominio de oligarquías, casi siempre patriarcales, recubierto de tradición y orden, o bien el interés general, que incluye el de la mayoría social y el de las mujeres. También es hoy, efectivamente, el dilema crucial de Chile.

No hay sociedades perfectas, pero si unas más justas que otras, o al menos unas más decentes que otras. La nuestra definitivamente debe encaminarse a ser más justa y más decente, es decir una en la que las retribuciones para vivir provengan del trabajo y no de los privilegios o del abuso, en que nadie quede desprotegido en el camino y se respeten universalmente los derechos, por difícil que sea la tarea en cada etapa.

Una vasta alianza plural se está ahora conformando, en buena medida auto- organizada, para que triunfe Gabriel Boric frente a Kast en la elección crucial del 19 de diciembre, es decir la continuidad democrática sobre una extrema derecha desenfadada, que busca hacer regresar al país al autoritarismo para mantener los privilegios, las discriminaciones y el dominio oligárquico sobre los intereses de la mayoría. Luego se verá como esa alianza se tranforma en capacidad de gobernar de manera seria, responsable y dialogada los cambios indispensables que el país requiere.

Pero esa acción colectiva no debe descalificar a nadie por sus percepciones, enojos y reproches a la política tal como existe hoy. Al contrario, debe acoger a todo el que quiera un cambio sobre la base de convicciones democráticas y libertarias, liderado ahora por una nueva generación.