Pactos y medidas de urgencia

En La Mirada Semanal

Es difícil pensar que la idea de Sebastián Piñera de proponer un pacto para enfrentar la pandemia y sus consecuencias en los próximos dos años, después de meses de no hacerse caso más que a sí mismo, no tenga que ver con sus crecientes dificultades. Se ha puesto ya en evidencia el fracaso de su estrategia que no puede sino calificarse de “pro-economía” frente a la pandemia en curso. El resultado ha sido la aceleración de los contagios y muertes. Las declaraciones del ministro de salud sobre el hecho que “las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero se han derrumbado como castillo de naipes” y el “navegamos en una suerte de oscuridad” han sido sorprendentes e inquietantes.

No obstante, el país necesita una acción disciplinada y coherente para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. La deliberación pública, aunque sea tardía, sobre un mínimo básico de acción colectiva es indispensable, más allá de las intenciones de Piñera. Si se produce un acuerdo, tanto mejor. Si no, por lo menos las posiciones quedarán más claras.

En este sentido, no se debe perder la esperanza de un acuerdo amplio sobre la mantención de las medidas sanitarias de protección mientras sea necesario, incluyendo cuarentenas estrictas, exámenes generalizados de los grupos de riesgo, rastreo de nuevos casos, seguimiento de la cadena de contactos y acogida de los contagiados que lo requieran en establecimientos especiales, aumentando el rol de la salud primaria, fortaleciendo el sistema sanitario y el uso de todos los establecimientos hospitalarios y clínicas sin discriminaciones, mejorando las condiciones de trabajo y protección de los equipos de salud en todos los niveles.

Es, además, urgente aumentar el apoyo a las familias sin ingresos. Se debe llevar el Ingreso Familiar de Emergencia a un nivel equivalente a la línea de pobreza para el 60% de familias de menos ingresos entre junio y agosto y aumentar la pensión básica solidaria hasta 165 mil pesos para todos los beneficiarios. El mecanismo de suspensión de empleo debe incluir la reposición total o parcial por el gobierno de los recursos de las cuentas del seguro de cesantía utilizados para este efecto y poder enfrentar los eventos posteriores de cesantía o la prolongación de la suspensión temporal de contratos.

Para financiar las medidas mencionadas se debe establecer, como han propuesto López y Sturla, una contribución de emergencia de los 6 mil súper ricos que existen en Chile por un monto de 1,5% a 3% de su patrimonio y sumar un aporte de 6 mil millones de dólares por una vez. Esta medida debe sumarse al uso de las reservas fiscales y el endeudamiento a bajas tasas de interés que hoy está disponible para Chile.

Una medida adicional de apoyo a los ingresos que rompería positivamente esquemas considerados intocables sería la de suspender las cotizaciones obligatorias a las AFP, permitir el retiro de un 30% de los fondos acumulados y concordar un nuevo sistema previsional mixto (con cuentas individuales de derechos previsionales, un fondo para garantizar un piso de pensión contributiva equivalente al ingreso mínimo y apoyar las pensiones de las mujeres, junto a un fondo de capitalización colectiva) que opere a partir de 2021.

Para impedir un agravamiento todavía mayor de la situación del empleo, se debe aumentar las garantías públicas al programa de créditos de emergencia y obligar a los bancos a atender a las micro y pequeñas empresas y otorgarles créditos a tasas no comerciales según ventas de los tres meses previos, como está previsto en la ley FOGAPE que no se cumple. Y se debe condicionar las garantías públicas a compromisos de empleo, sin retiro de dividendos (manteniendo la ley aprobada) y dejando fuera a las empresas cuyos dueños operan con paraísos fiscales. Y también condicionar la garantía pública de crédito en el caso de las grandes empresas a la entrada equivalente en el capital corporativo.

Un acuerdo para la emergencia debe rechazar, eso sí, cualquier cambio en el itinerario electoral y preparar las condiciones para un pronunciamiento seguro (incorporando el voto por correo y electrónico) en octubre próximo sobre la Convención Constituyente, pues el país no puede postergar la resolución de sus problemas institucionales.

Canastas para un país en punto crítico

En La Tercera

La situación sanitaria y económica del país se encuentra en un punto crítico. En un momento en que la palabra clave es la reciprocidad (si yo me cuido te cuido, si tu te cuidas me cuidas), debieran funcionar consensos y una gran unidad para contener la pandemia con una fuerte disciplina colectiva. Y también pactar medidas eficientes (al menor costo) y eficaces (con la cobertura necesaria) para aminorar sus efectos económicos.

Pero, ¿cómo no levantar una voz crítica cuando las autoridades trataron desde el 15 de abril, en pleno desarrollo de la pandemia, de producir un retorno al trabajo por evidentes presiones empresariales sumadas al voluntarismo gubernamental? ¿O cuando el grueso de los recursos fiscales se destina a aliviar a las grandes empresas sin compromiso de mantención de los empleos, no fluye el crédito de emergencia a las Pymes, la suspensión de contrato laboral se financia con los fondos de cesantía de los trabajadores o los apoyos en ingresos a las familias son mínimos? ¿O cuándo el gobierno apenas dialoga con sus alcaldes, que lo obligaron a tomar las primeras medidas de precaución, con su comité de expertos o con el Colegio Médico, para no hablar del Parlamento? ¿O cuándo sus ministros comentan las dificultades o no se hacen cargo de ellas, como si no estuvieran a cargo de evitar una depresión económica que amenaza a la sociedad chilena y especialmente a sus categorías sociales más vulnerables?

Lo más reciente es que el gobierno decidió distribuir canastas de alimentos por 100 millones de dólares. Prefirió esta solución efectista y paternalista -símbolo del clientelismo político-, en vez de aumentar el muy precario apoyo monetario a las familias sin ingresos que las preserve del hambre y dinamice los circuitos de almacenes de barrio y ferias. El Ingreso de Emergencia se entregará por tres meses “reduciéndose de manera gradual a la espera de que estos hogares puedan retomar sus fuentes de ingresos”, según dice el gobierno. Su monto inicial de 65 mil pesos ya está por debajo de la línea de pobreza.

Toda persona con algo de formación en microeconomía sabe, además, que con la entrega de apoyos en especie se producen efectos de sustitución: lo que viene en la caja de alimentos dejará de ser adquirido por la familia y ésta tendrá un monto equivalente de dinero disponible. Por eso es más simple entregar dinero directamente. Bienvenida sea la ayuda de las cajas de alimentos ante un panorama tan crítico para tantas familias, aunque para más de alguna se parecerá a una humillación y así lo expresarán. Pero no puede dejar de subrayarse que existen mejores mecanismos para el acceso gratuito a alimentos. Sin ir más lejos, en Estados Unidos (https://www.usa.gov/espanol/asistencia-alimentaria), los vales de alimentos distribuidos por el gobierno desde hace décadas se presentan en los supermercados y almacenes para retirar productos básicos. ¿Por qué no se aplicó aquí? Lo más eficiente es la entrega directa de subsidios monetarios o, por último, las tarjetas para compra de alimentos.

El hecho de fondo es que deberá reforzarse mucho más el apoyo a las familias sin ingresos. El gobierno argumenta que “no se puede usar de una vez todos los cartuchos”, argumento que no se sostiene frente a la urgencia de evitar el hambre. La suspensión o destrucción de empleos formales e informales avanza a pasos agigantados, sin que, incomprensiblemente, se use las reservas fiscales y la opción de endeudamiento a tasas bajas que el país tiene a disposición para sostener los consumos básicos de todos. Ya no se puede esperar más tiempo para actuar con la envergadura necesaria.

"Nuestro objetivo es que las empresas no despidan trabajadores"

En La Mirada Semanal

El título de esta columna proviene de una frase del ministro del Trabajo de Dinamarca, Peter Hummelgaard. Nada semejante se ha escuchado por parte de las autoridades de nuestro país.

Dinamarca frente a la pandemia – con la gestión de la primera ministra, Mette Frederiksen – subsidió a las empresas para que mantuvieran la planilla salarial, reembolsando 75%de los salarios de los trabajadores que de otro modo hubieran sido despedidos por pérdidas causadas por el Covid-19. El trabajador no está autorizado a trabajar mientras su salario sea subsidiado. Los autoempleados que contratan hasta 10 personas han visto compensado el 90% de su ingreso perdido por la pandemia, cuando este ha caído más de 30%. El gobierno decidió, además, subsidiar entre 25% y 80% de los costos fijos de las empresas que esperan una caída significativa de ingresos por la pandemia, en proporción a la magnitud de la caída esperada. Las empresas que han sido obligadas a detener su actividad por razones sanitarias han visto subsidiados todos sus costos fijos. La contrapartida fue no distribuir dividendos, recomprar acciones o utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos. Las actuales medidas de desescalada progresiva de las restricciones sanitarias van a permitir a las empresas danesas volver rápido al uso de su capacidad llegado el momento.

Nada de esto ocurrió en Chile. Aquí se decidió utilizar un mecanismo de suspensión del contrato de trabajo y de activación del seguro de cesantía, utilizando los recursos existentes en las cuentas de los trabajadores -los que no estarán disponibles para eventuales pérdidas futuras del empleo- pero manteniendo las normas de despido “por necesidades de la empresa”.

A la postre, hubiera sido mejor desde el punto de vista de la protección del empleo limitarse al mecanismo de disminución de jornada -también aprobado en la misma legislación que autorizó la suspensión temporal de contrato y que prácticamente no se está usando- pero con un subsidio de al menos la mitad de la diferencia con el salario vigente. Esto hubiera evitado en parte la ola de despidos que se está produciendo.

Tuvo que estallar el escándalo de la distribución de cientos de millones de dólares de dividendos a los accionistas de Cencosud (subrayemos que la excusa del interés de los pequeños accionistas es bastante poco honorable, pues la distribución de dividendos se podría haber limitado a ellos) para que el Congreso empezara a legislar condicionando el uso de la suspensión de contrato, a pesar de la posición temprana de algunos parlamentarios para establecer ese condicionamiento. La respuesta del ministro de Hacienda Briones, aparte de palabras de buena crianza lamentando la actitud de Cencosud, es que la prohibición de la distribución de dividendos aprobada por el parlamento va a aumentar los despidos. Para evitarlo, el ministro de Hacienda sabe bien que hubiera bastado, por ejemplo, condicionar la suspensión del pago provisional mensual del impuesto a las utilidades a la mantención del empleo en la empresa.

Todos sabemos que este es un gobierno de los grandes empresarios y que actúa en consecuencia. Pero también sabemos que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras y que no actúa en consecuencia. Lo que ocurre es muy simple: un sector de ella apoya el enfoque y las medidas del gobierno y deja al resto en minoría. Lo que pasó con el “ingreso familiar de emergencia”, manifiestamente insuficiente si se considera las capacidades de uso de reservas fiscales y de endeudamiento a bajo costo, auguró tal vez una actitud un poco más a la altura de la defensa necesaria de la mayoría social en esta crisis. Pero a la postre la exigencia opositora se limitó apenas a proponer subir el subsidio a 80 mil pesos por tres meses para el 60% de menos ingresos, frente al monto de 43 mil a 65 mil pesos y decrecientes planteado por el gobierno, con un costo de 800 millones de dólares. Finalmente, el gobierno hizo ajustes menores y la oposición terminó votando a favor. En el parlamento chileno no se observa tampoco, ni de lejos, algo que se parezca a las negociaciones de Nancy Pelosi con el gobierno de Trump en Estados Unidos.

El pretexto del gobierno de Piñera fue que tiene que reservar recursos para más adelante, aunque la crisis de ingresos de millones de familias es ahora y el derrumbe de la demanda de consumo ya está provocando un enorme daño a la economía que será difícil de recuperar. Recordemos que solo la suspensión del Pago Provisional Mensual en el impuesto a las utilidades de las empresas decidido en abril cuesta 2.400 millones de dólares y la del impuesto de timbres y estampillas a los créditos otros 600 millones de dólares. Ahí no había que reservar nada para más adelante.

Lo que hace el gobierno y la pasividad de una parte de la oposición no están a la altura del manejo de la economía para evitar una depresión. Ni menos del problema de las familias de menos ingresos, especialmente las que tienen que salir a buscar el sustento diario mediante el trabajo informal y que aumentan su riesgo de contagio, con la consecuencia adicional de que se disminuye el control de la pandemia. 

El gobierno parece instalarse en la idea de seguir actuando en la improvisación del día a día, con el riesgo de llegar sistemáticamente tarde en vez de anticiparse a los efectos devastadores de la crisis sanitaria y económica que nos afecta. Lo único en lo que trató de anticiparse fue en una vuelta fallida a la actividad económica plena, bajo el rótulo de “nueva normalidad”, rápidamente devenida en “retorno seguro”, bastante antes de que se alcanzara la cima de contagios. El resultado fue ampliar la pandemia en la Región Metropolitana y otros territorios, que obligó a más medidas de cuarentena estricta retrasando cualquier idea de normalización parcial de la actividad.

Lo que era previsible

Las comunas de Santiago habitadas por personas de menos ingresos ya han entrado en una etapa de aceleración del contagio por Covid-19. Esto iba a pasar de modo previsible por una razón muy sencilla: aunque el virus se importó básicamente por viajeros residentes en los barrios altos, la necesidad económica de salir a buscar el sustento diario por parte de quienes lo obtienen mediante trabajos formales e informales iba a hacer mucho menos efectivos los resguardos decretados en las comunas de menos ingresos. Por eso, cuando se habló de nueva normalidad y de retorno seguro, la equivocación fue muy grande: el contagio masivo estaba en pleno desarrollo y apenas empezando para un sector mayoritario de la sociedad, lejos de cualquier cima.

Por eso propusimos, a riesgo de ser tachados de populistas por los ignaros aficionados a la descalificación fácil, un mecanismo generalizado de mantención de ingresos salariales y una renta por al menos tres meses para las familias de bajos ingresos equivalente al ingreso mínimo de 300 mil pesos o a la línea de pobreza por hogar. Esta era la única manera de lograr que la gente que vive al día de su trabajo no se desplazara arriesgadamente para subsistir y se mantuviera en las casas para resguardar su salud.

El costo de estas medidas es muy alto, pero como acaba de señalar el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible -que reúne a decenas de economistas de oposición-, las posibilidades de financiarlas razonablemente están disponibles. Cuando el gobierno dice que está en el límite fiscal y monetario, se equivoca, pues el uso de las reservas fiscales y el endeudamiento adicional a bajo costo, como acaba de demostrarse con la emisión reciente de bonos gubernamentales, es perfectamente viable.

El argumento de que con esto se grava a las nuevas generaciones es materia de controversia entre economistas desde hace mucho tiempo. El argumento keynesiano que cabe poner por delante es el siguiente: un endeudamiento público que permite proteger el grueso de los activos productivos existentes, directamente y por la vía de preservar la demanda, tendrá la capacidad de ser sostenido por la actividad económica futura en plazos largos, pues los estados no quiebran, salvo situaciones límites de las que estamos lejos. La alternativa es dejar que se destruya masivamente tejido productivo, lo que nos empobrecerá como sociedad y hará más difícil incluso abonar las deudas ya contraídas.

Agreguemos que, además del costo humano terrible, el costo del derrumbe de la demanda interna para la economía será mayor que el de una política fuerte de sostén de la capacidad de consumo. En vez de adoptar las medidas rápidas y de volumen suficiente que lo hubieran permitido, se optó por la clásica política de un gobierno de grandes empresarios y de economistas a su servicio: destinar el grueso de los recursos a las empresas grandes con exenciones tributarias y créditos, pero con mecanismos de difícil acceso para las micro y pequeñas empresas, que representan un 45% del empleo formal.

Se decidió, además, sostener ingresos laborales suspendiendo contratos y usando los fondos de cesantía de las cuentas de los trabajadores, manteniendo las reglas pro-empresa de despido y de distribución de dividendos, en medio de una falta de agilidad de la administradora privada del seguro de cesantía y de la expansión de los despidos.

La política de subsidios a las personas y familias de menos ingresos, que debiera haber sido una prioridad, ha consistido en entregar un bono escuálido y concebir un ingreso familiar de emergencia de monto bajísimo y decreciente por tres meses para los trabajadores informales. Este mecanismo está trabado en el Congreso, cuya mayoría parece que por fin se tomó la molestia de decirle al gobierno que no tiene apoyos para un política tan sesgada social y económicamente, como una minoría aislada ha intentado subrayarlo desde el principio.

La conclusión es que no es tolerable que en esta enorme crisis -el gobierno insiste en que el PIB caerá solo 2%, cuando es evidente que la recesión será mucho mayor- se distribuya las indispensables ayudas públicas de manera completamente desequilibrada entre capital y trabajo. Además de ser socialmente injusta, esta política es dramáticamente ineficiente en lo económico para enfrentar una crisis de tan amplia magnitud.