ARGUMENTOS: EL BLOG DE GONZALO MARTNER

En Cooperativa.cl El dictamen de la Dirección del Trabajo - que establece la continuidad del vínculo laboral pero no de las remuneraciones en caso de cuarentena y toque de queda - plantea de lleno el tema de la protección de los trabajadores en esta crisis. Los que prestan servicios a personas bajo cuarentena no podrán ir al trabajo y no recibirán remuneración, salvo que el empleador acceda a hacerlo. Solución, legislar a la brevedad la obligación del contratante de servicios personales de mantener la remuneración mientras dure una cuarentena que impida asistir al trabajo. En el caso de las empresas que han disminuido total o parcialmente su actividad y sus ventas, cabe insistir en que el parlamento lleve al gobierno a aprobar un sistema de apoyo directo a la mantención del empleo y del pago de salarios total o parcial financiado por el fondo solidario del seguro de cesantía por tres meses, sin disminución de las remuneraciones, cuando una empresa enfrente una disminución

En El Ciudadano Además del peligro sanitario, se nos viene encima una amenaza de recesión. El Gobierno reaccionó con un fuerte paquete fiscal el 19 de marzo que padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión por el lado del gasto, en que la prioridad de las prioridades debe ser que no falten recursos para adquirir implementos para la emergencia y para realizar las inversiones indispensables en el sector público de salud. En realidad, más bien se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades empresariales y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño. La «suspensión del pago» del Pago Provisional Mensual por tres meses, que es un anticipo mensual del pago anual al impuesto a las utilidades tributables de las empresas proporcional al volumen de ventas, costará US$ 2.400 millones (cerca de 1% del PIB). Pero no se prioriza por tamaño de empresa ni

En La Tercera.com El significativo paquete fiscal anunciado por el gobierno el 19 de marzo frente a la amenaza recesiva que se cierne sobre la economía chilena padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión para que no falten recursos en el sector público de salud, que debe ser la prioridad de las prioridades, pero si se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño. La “suspensión del pago” del PPM por tres meses (anticipo mensual en función del volumen de ventas del pago al impuesto a las utilidades tributables de las empresas) costará US$ 2.400 millones, sin que se priorice por tamaño de empresa ni sector (el sector exportador no minero en buena medida tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso), ni se especifique condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. La reducción

En El Mostrador En el contexto de la lógica de amedrentamiento que algunos personeros de la derecha empiezan a utilizar para intentar impedir que en el plebiscito constitucional del 26 de abril se apruebe reemplazar la actual Constitución, ya apareció aquello de que la izquierda se propondría poner en cuestión el derecho de propiedad. Una de las preocupaciones históricas de la izquierda es la democracia económica. Pero hace ya mucho rato (en el caso chileno con el programa de 1947 del PS, redactado por Eugenio González y la posterior tesis de las áreas mixtas de la economía) la izquierda democrática desechó el modelo de centralización económica estatal. Existe aquí una doble dimensión. Primero, por razones de democracia, lo que subrayó la socialdemocracia europea desde la tradición reformista a principios del siglo XX. Desde Bad Godesberg (1959,) la socialdemocracia alemana planteó la tesis del "mercado donde sea posible y el Estado donde sea necesario". Pero tam

En Cooperativa.cl Se cumplen treinta años del inicio del gobierno del presidente Aylwin y de la transición, en medio de un proceso político que tiene como unos de sus emblemas “no son treinta pesos, son treinta años”. Hacer un balance ecuánime no es hoy muy sencillo .  Partamos por señalar que el intento de manipulación de la fecha por el gobierno de Sebastián Piñera es bastante inicuo, si se considera que el suyo es el gobierno de la UDI y RN, que apoyaron en 1988 la continuidad de una dictadura y luego por 30 años se negaron sistemáticamente a producir el levantamiento de los candados antidemocráticos de la Constitución del 80. Hasta el punto en que esa negativa culminó en la rebelión de octubre de 2019.  El fin extremadamente tardío de los senadores designados (2005) y del sistema binominal (2015), pero manteniendo hasta hoy los altos quórum de aprobación de leyes (hasta 4/7) y reformas (hasta 2/3) y un Tribunal Constitucional partisano, no habilitan a la derecha chilen

En La Mirada Semanal Vivimos una etapa de reconstrucción de los sentidos de la convivencia colectiva en Chile, en medio del conflicto político y social en el que se despliegan defensas de intereses y pasiones con dosis altas de irracionalidad. Se puede conjeturar que este ha sido el precio a pagar por la incapacidad de diversos grupos dirigentes de la sociedad para honrar la promesa de construir una democracia en forma en el sistema político, para dejar atrás la dictadura y lograr “crecimiento con equidad”. Ambos procesos han estado condicionados desde 1990 por los intereses de una minoría económica que amplió su poder y que utilizó con inteligencia los enclaves institucionales y la cooptación del sistema de partidos. Esta minoría logró mantener en su beneficio un modelo de aceleración y a la vez extrema concentración del crecimiento en el 1% más rico, junto a una amplia precariedad del empleo, bajas remuneraciones y pensiones, discriminación de la mujer en la vida económica, mal