Los trabajadores merecen ser protegidos

En Cooperativa.cl

El dictamen de la Dirección del Trabajo - que establece la continuidad del vínculo laboral pero no de las remuneraciones en caso de cuarentena y toque de queda - plantea de lleno el tema de la protección de los trabajadores en esta crisis.

Los que prestan servicios a personas bajo cuarentena no podrán ir al trabajo y no recibirán remuneración, salvo que el empleador acceda a hacerlo. Solución, legislar a la brevedad la obligación del contratante de servicios personales de mantener la remuneración mientras dure una cuarentena que impida asistir al trabajo.

En el caso de las empresas que han disminuido total o parcialmente su actividad y sus ventas, cabe insistir en que el parlamento lleve al gobierno a aprobar un sistema de apoyo directo a la mantención del empleo y del pago de salarios total o parcial financiado por el fondo solidario del seguro de cesantía por tres meses, sin disminución de las remuneraciones, cuando una empresa enfrente una disminución importante de sus ventas. El gobierno debe inyectar los recursos necesarios a ese fondo, los que deberán recuperarse posteriormente con cotizaciones adicionales al 2,6% de aporte empresarial distribuidas en el tiempo.

Adicionalmente, el gobierno debe subsidiar selectivamente aquellos costos fijos empresariales que ayuden a evitar las quiebras y la explosión del desempleo, empezando por las cotizaciones obligatorias y el pago de servicios básicos.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia y los sin contrato, cabe un subsidio por tres meses equivalente al ingreso mínimo y no los 50 mil pesos por una vez que ha logrado hacer aprobar el gobierno en el parlamento.

Las medidas reseñadas se pueden financiar en parte con el uso de las reservas fiscales, un endeudamiento adicional y con no hacer efectiva la suspensión del pago del Pago Provisional Mensual a las utilidades de las empresas planteada por el gobierno, cuyo costo es de 2 400 millones de dólares (cerca de 1% del PIB), y con limitar a la pequeña empresa la exención por seis meses del pago del impuesto al crédito.

El PPM se indexa sobre las ventas, por lo que las empresas sin ventas o con ventas disminuidas prácticamente no recibirán el beneficio, mientras sí lo harán las grandes empresas que no están siendo afectadas (supermercados y sectores exportadores, en particular). Debe además congelarse las tasas de interés por tres meses para los créditos al consumo y al capital de trabajo de las pymes.

Se trata de actuar con criterios de justicia social, es decir de no subsidiar a los que menos problemas tienen y de ayudar a los más necesitados, y también de realizar una buena gestión macroeconómica que evite una depresión.

Es hora que la oposición en el parlamento haga su trabajo y no acepte las medidas del gobierno que protegen a la gran empresa no afectada y oriente los recursos hacia la mantención de las remuneraciones y asegurar la continuidad del funcionamiento económico y del empleo. Chile puede hacer otra cosa que lo de siempre: favorecer a la gran empresa a costa de los trabajadores y precipitar crisis y explosiones de cesantía por incompetencia y dogmatismo de las autoridades económicas.

A partir de abril la situación social se hará dramática de no mediar medidas urgentes y contundentes como las mencionadas. El gobierno no puede seguir reaccionando sistemáticamente detrás de los hechos. Lo importante y urgente es no colapsar los ingresos de las familias y de ese modo ayudar a la mantención del empleo y de la actividad de las empresas y por cuenta propia.

Sería altamente recomendable, en todo caso, que los que se niegan a tomar medidas como las mencionadas después no se declaren sorprendidos por los rebrotes de las rebeliones sociales que se produzcan por la inacción pública y/o por gobernar para los privilegiados y dejar en el abandono a la mayoría social.

El paquete fiscal de Piñera: a la medida de las grandes fortunas

En El Ciudadano

Además del peligro sanitario, se nos viene encima una amenaza de recesión. El Gobierno reaccionó con un fuerte paquete fiscal el 19 de marzo que padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión por el lado del gasto, en que la prioridad de las prioridades debe ser que no falten recursos para adquirir implementos para la emergencia y para realizar las inversiones indispensables en el sector público de salud. En realidad, más bien se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades empresariales y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño.

La «suspensión del pago» del Pago Provisional Mensual por tres meses, que es un anticipo mensual del pago anual al impuesto a las utilidades tributables de las empresas proporcional al volumen de ventas, costará US$ 2.400 millones (cerca de 1% del PIB). Pero no se prioriza por tamaño de empresa ni por sector (el sector exportador no minero, por ejemplo, tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso). Tampoco se especifica condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. ¿Será un regalo a las empresas en dificultades y a las otras también? Sí lo es la eliminación por 6 meses del impuesto de timbres y estampillas que se aplica a los créditos, que tampoco está focalizada y costará US$ 420 millones. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil, en cambio, está algo más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un diferimiento fiscal estimado de US$ 1.500 millones. En el mismo sentido va el pago en julio, en vez de en abril, del impuesto a la renta de 140 mil pymes, por otros US$ 600 millones.

La concentración de la actividad económica más rentable es de tal magnitud en Chile que el grueso de las utilidades tributables y las operaciones de crédito provienen de la gran empresa. En ella se concentrará el apoyo en rebajas y exenciones tributarias.

En cambio, la mantención de los salarios en las empresas que experimenten una suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador en el seguro de cesantía. El sistema vigente establece al activarse el pago de un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, en una escala degresiva en los meses siguientes hasta el agotamiento del fondo acumulado. En caso de insuficiencia de los recursos de la cuenta individual, se activa un aporte del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Se prevé un suplemento de recursos para este fondo de hasta US$ 2 mil millones.

A esto se agrega una flexibilización laboral que permitirá disminuir hasta un 50% de la jornada de trabajo, previéndose un pago compensatorio para cubrir hasta un 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Esta falta de compensación completa del salario al menos por un período va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados, pero además disminuyendo el consumo de los hogares, con significativos efectos recesivos posteriores.

Lo que más llama la atención es que el apoyo previsto para dos millones de personas que viven del autoempleo es irrisorio, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto es de 13.155 pesos por carga familiar. Este gasto será de US$ 130 millones, a comparar con los mencionados US$420 millones que costará solo la suspensión del pago de impuesto a los créditos. También llama la atención que se establece un fondo de US$ 100 millones para atender las caídas de ventas del micro comercio local a través de los municipios, lo que también es irrisorio.

Un plan alternativo, y no necesariamente más caro, debiera incluir medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades temporales permanezcan contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía en proporción a la disminución de la jornada, con un tope para los salarios más altos. En caso de despido inevitable, el seguro de cesantía debiera partir con el salario completo en los tres primeros meses, siempre con un tope. Segundo, que algunos costos fijos de las empresas sean subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplique un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo.

El problema es que el Gobierno prefirió mecanismos que sobre todo protegerán las utilidades de las grandes empresas. Somos todos iguales, pero unos más que otros.

Las medidas económicas del gobierno

En La Tercera.com

El significativo paquete fiscal anunciado por el gobierno el 19 de marzo frente a la amenaza recesiva que se cierne sobre la economía chilena padece de un problema de composición. No se observa mucha precisión para que no falten recursos en el sector público de salud, que debe ser la prioridad de las prioridades, pero si se constata que los apoyos fiscales irán primordialmente a la gran empresa. El plan gubernamental privilegia proteger las utilidades y estas se concentran en términos absolutos en las empresas de mayor tamaño.

La “suspensión del pago” del PPM por tres meses (anticipo mensual en función del volumen de ventas del pago al impuesto a las utilidades tributables de las empresas) costará US$ 2.400 millones, sin que se priorice por tamaño de empresa ni sector (el sector exportador no minero en buena medida tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso), ni se especifique condiciones ni plazo de devolución de lo no recaudado. La reducción a cero del impuesto de timbres y estampillas que se aplicará a los créditos por seis meses no está focalizada y costará US$ 420 millones. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil en cambio está algo más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un diferimiento fiscal estimado de US$ 1.500 millones. En el mismo sentido va el pago en julio en vez de en abril del impuesto a la renta de 140 mil pymes, por otros US$ 600 millones.

Lo que no parece tener justificación es por qué no se hizo una focalización y calendario de devolución de los pagos suspendidos de la recaudación mensual de las utilidades de las empresas y del impuesto a los créditos que no se cobrará en un semestre. La concentración de la actividad económica más rentable es de tal magnitud en Chile que el grueso de las utilidades tributables y las operaciones de crédito provienen de la gran empresa. En ella se concentrará el apoyo en rebajas y exenciones tributarias.

En cambio, la mantención de salarios en empresas con suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en su cuenta individual por el propio trabajador, con un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, en una escala degresiva complementado en caso de agotamiento de los recursos de la cuenta individual por el fondo solidario de cesantía. Se prevé un suplemento de recursos de hasta US$ 2 mil millones. La flexibilización laboral hasta 50% de la jornada de trabajo con un pago compensatorio para cubrir hasta un 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados pero además disminuyendo el consumo de los hogares, con significativos efectos recesivos posteriores.

Lo que más llama la atención es que el apoyo al autoempleo para dos millones de personas sin empleo formal es muy bajo, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto es de 13.155 pesos por carga familiar, con un gasto de US$ 130 millones (a comparar, por ejemplo, con los US$420 millones que costará la suspensión del pago de impuesto a los nuevos créditos por 6 meses). Además, se establece un fondo de US$ 100 millones para atender caídas de ventas del micro comercio local por los municipios, lo que es muy insuficiente.

Se podían concebir medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades permanecieran contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía, con un tope para los salarios más altos. Segundo, que algunos costos fijos de las empresas fueran subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplicara un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo.

El gobierno prefirió mecanismos que primordialmente protegerán las utilidades de las empresas formales, con el grueso de los apoyos que se dirigirán a las más grandes.

El derecho de propiedad y la democracia económica

En El Mostrador

En el contexto de la lógica de amedrentamiento que algunos personeros de la derecha empiezan a utilizar para intentar impedir que en el plebiscito constitucional del 26 de abril se apruebe reemplazar la actual Constitución, ya apareció aquello de que la izquierda se propondría poner en cuestión el derecho de propiedad.

Una de las preocupaciones históricas de la izquierda es la democracia económica. Pero hace ya mucho rato (en el caso chileno con el programa de 1947 del PS, redactado por Eugenio González y la posterior tesis de las áreas mixtas de la economía) la izquierda democrática desechó el modelo de centralización económica estatal. Existe aquí una doble dimensión.

Primero, por razones de democracia, lo que subrayó la socialdemocracia europea desde la tradición reformista a principios del siglo XX. Desde Bad Godesberg (1959,) la socialdemocracia alemana planteó la tesis del "mercado donde sea posible y el Estado donde sea necesario". Pero también lo hizo Trotsky desde la tradición revolucionaria, al subrayar antes de ser asesinado que el régimen estalinista de partido único y la ausencia de toda autonomía posible por la estatización generalizada de la economía no hacían posible ninguna forma de democracia, lo que ya Rosa Luxemburgo había planteado en 1917. Y segundo, existen razones de eficiencia, por la imposibilidad de asignar centralizadamente precios y cantidades en economías complejas, entre otras razones por la ausencia de capacidad de recolección de la información suficiente por cualquier ente planificador.

No obstante, la izquierda democrática viene reflexionando cada vez más intensamente sobre la necesidad de alternativas frente a la brutal concentración de la propiedad en el capitalismo contemporáneo. Sus diversas corrientes postulan unas u otras formas de democracia económica en regímenes con mercados pero sin especulación financiera y rentista, con un fuerte rol de la economía social y solidaria sin fines de lucro y con empresas públicas estratégicas y en servicios básicos que coexistan con empresas con fines de lucro y/o fines múltiples, pero reguladas social y ambientalmente.

Esto supone la planificación estatal de la provisión de bienes públicos y la fijación de ciertos precios clave (tasa de interés de política monetaria, salario mínimo, tarifas de monopolios naturales y bienes de interés público como medicamentos, tarifas de emisiones de carbono), combinados con mercados regulados y desconcentrados en los que los agentes económicos y las personas paguen impuestos progresivos.

Pero una nueva Constitución no debe proponerse consagrar elementos de política económica que deben quedar para las definiciones democráticas periódicas que orienten la acción de los gobiernos. Y debe reemplazar por completo la pretensión de la Constitución de 1980 de definir un modelo económico particular, que expresó los equilibrios entre la derecha conservadora tradicional, la derecha neoliberal emergente y la jerarquía militar de la época, y que ha experimentado muy pocas modificaciones desde entonces, configurando un orden económico con un fuerte sesgo oligárquico.

El nuevo orden económico constitucional debe considerar que, entre los tratados ratificados por Chile, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, cuyas normas prevalecen por sobre el derecho interno, y así deben seguir haciéndolo en una nueva Constitución. El Pacto de 1966 ofrece un conjunto de definiciones equilibradas en materia de propiedad privada e intervención del Estado en la economía, que deben ser recogidas en la nueva Constitución.

La Constitución debe partir por reconocer en estas materias el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, con una repartición equitativa y de carácter progresivo de las cargas públicas y de los impuestos. Debe reconocer el derecho a la libre iniciativa económica, pero con límite en el interés general.

En materia de propiedad, siguiendo la lógica del Pacto de 1966, toda persona debe tener derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos y a disponer de ellos, y a legarlos sin perjuicio de las obligaciones tributarias que la ley establezca, sin que nadie pueda ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y con una justa indemnización. El uso de los bienes debe ser regulado por ley, en la medida en que resulte necesario para el interés general. La ley debe además garantizar un alto grado de protección a los consumidores.

Aunque la actual Constitución recoge lo formulado en materia de recursos naturales en la reforma de 1971, debe reiterarse, de acuerdo al contenido del Pacto de 1966, que el pueblo de Chile dispondrá libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco. Esto supone el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, del mar, mineros y del espectro radioeléctrico, mientras la ley debe establecer las regalías, por el aprovechamiento de los recursos naturales. Las aguas deben declararse bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares.

Resulta importante para un orden público económico democrático que las empresas públicas sean creadas por ley, pero sin cuórum calificado, y debe reconocerse el derecho del Estado de adquirir y mantener participaciones en empresas regidas por el derecho comercial en las condiciones previstas por este. Al mismo tiempo, debe reconocerse el derecho a la propiedad cooperativa y sin fines de lucro.

Debe, además, reconocerse, lo que está ausente de la actual Constitución, el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren una remuneración que proporcione a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual y condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.

Junto a ello, debe reconocerse el derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo; a igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; al descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como a la remuneración de los días festivos.

El Pacto de 1966 reconoce el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales; el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las prescritas por la ley, y que sean necesarias en una sociedad democrática, así como el derecho de huelga ejercido de conformidad con la ley. Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social y a recibir una pensión por discapacidad o edad avanzada, con especial protección a las madres durante un periodo, antes y después del parto, y protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, correspondiendo a la ley establecer los límites de edad por debajo de los cuales queda prohibido y sancionado el empleo infantil.

La nueva Constitución debe también adecuarse a derechos de nueva generación, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sin daño para la salud, así como a la protección de la naturaleza que provee los servicios ecosistémicos fundamentales para la sustentabilidad de la actividad económica, fortaleciendo el recurso de protección vigente. Por su parte, en esta área deben expresarse de modo especialmente relevante los deberes de los ciudadanos, y establecerse que toda persona tiene el deber de participar en la protección y mejoría del medio ambiente y el deber de contribuir a la reparación de los daños que cause al mismo.

Otra materia de controversia es la de los órganos autónomos. La Constitución debe dejar al legislador su regulación y alcance, y remitirse a señalar que las instituciones fiscalizadoras y el Banco Central deben ser regulados por la ley, asegurando su independencia decisoria en determinadas materias en coordinación con el Gobierno, en un contexto de control democrático de la generación de sus autoridades colegiadas y de su desempeño.

Lo que no debiera ser materia de controversia es que la nueva Constitución mandate al legislador para establecer una muralla china entre los intereses económicos particulares y el proceso legislativo y para penalizar el cohecho y toda forma de corrupción.

De ganar el Apruebo a una nueva Constitución redactada por una convención íntegramente elegida, ¿terminará la convención aprobando por dos tercios un régimen de propiedad como el de Corea del Norte? Este tipo de fantasías son francamente ridículas. En cambio, lo que se avizora en el horizonte es la necesaria garantía de una futura vigencia plena de derechos económicos y sociales, dejando al legislador y a la acción democrática de gobierno –ojalá en el marco de un régimen semipresidencial en el que el Gobierno emane y sea responsable ante el Parlamento– la determinación de los medios para hacerla efectiva.

Treinta años después

En Cooperativa.cl

Se cumplen treinta años del inicio del gobierno del presidente Aylwin y de la transición, en medio de un proceso político que tiene como unos de sus emblemas “no son treinta pesos, son treinta años”. Hacer un balance ecuánime no es hoy muy sencillo. 

Partamos por señalar que el intento de manipulación de la fecha por el gobierno de Sebastián Piñera es bastante inicuo, si se considera que el suyo es el gobierno de la UDI y RN, que apoyaron en 1988 la continuidad de una dictadura y luego por 30 años se negaron sistemáticamente a producir el levantamiento de los candados antidemocráticos de la Constitución del 80. Hasta el punto en que esa negativa culminó en la rebelión de octubre de 2019. El fin extremadamente tardío de los senadores designados (2005) y del sistema binominal (2015), pero manteniendo hasta hoy los altos quórum de aprobación de leyes (hasta 4/7) y reformas (hasta 2/3) y un Tribunal Constitucional partisano, no habilitan a la derecha chilena para reclamarse de la democracia y su consolidación. Peor aún, este sector político ha logrado mantener hasta ahora sus privilegios, pero al precio de desprestigiar la propia idea democrática, especialmente ante las nuevas generaciones. O al menos ha puesto en duda la capacidad de la democracia para resolver los problemas de las mayorías. 

Pero es absurdo afirmar que desde 1990 no se han producido avances democráticos y sociales. No vivimos en una dictadura como la de 1973-90 sino en una democracia “semi-soberana” (Huneeus), en la que existen libertades y un Estado de derecho (muy perfectible), en la que las autoridades se eligen periódicamente y son controladas por la prensa y los tribunales y en la que existen poderes municipales y regionales democráticos. Este proceso de democratización no debe quedar oscurecido por el grave retroceso a que ha llevado el actual gobierno al decretar el Estado de emergencia en octubre pasado y validar una represión de las Fuerzas Armadas en un período, y de Carabineros permanentemente, lo que es inaceptable y busca impedir el derecho a manifestarse y a oponerse al gobierno. Es la policía la que en muchas circunstancias provoca antes que controla a los grupos que producen destrucciones, mientras es sorprendentemente ineficaz para prevenir o llevar a los tribunales a la delincuencia organizada, tribunales que en muchos casos no están cautelando los derechos básicos de las personas. 

Pero no debemos olvidar que, a pesar de la lentitud de los tribunales e insuficiencias variadas en la aplicación de las penas, la justicia sigue persiguiendo y condenando a los criminales violadores de derechos humanos en la dictadura, cuyas penas se cumplen en la mayoría de los casos mediante privación de libertad. Y que entre los avances progresistas en materia de libertades se cuenta desde 1994 la despenalización del adulterio femenino; desde 1998, el fin de los hijos ilegítimos; desde 1999, la despenalización de la sodomía; desde 2004, la ley de divorcio; desde 2015, la ley de Acuerdo de Unión Civil; desde 2017, la ley de despenalización del aborto en tres causales, y desde 2018, la ley de Identidad de género. 

Los ingresos de las familias, el empleo y los mecanismos de protección social han aumentado desde 1990 más que en cualquier otra etapa de la historia de Chile y la producción ha crecido al doble que en dictadura. Pero hay insuficiencias múltiples y en algunos casos graves. La economía se ha concentrado enormemente, los derechos de los trabajadores y los consumidores son inexcusablemente limitados, la precariedad es el signo principal del mundo del trabajo, mientras no se ha producido una diversificación industrial y de innovación para salir de una especialización productiva limitada a la extracción y baja elaboración de materias primas, sin protección suficiente del medio ambiente, lo que se explica por la influencia del gran empresariado rentista en el parlamento y en los medios de comunicación. 

Esto no ha impedido que los avances sociales hayan sido significativos. La esperanza de vida al nacer, que refleja en buena medida las condiciones de vida de la mayoría de la población, pasó de 73,7 años en 1990 a 80,2 años en 2019, es decir un aumento de 6,5 años, una de las tasas más altas de América Latina (levemente por debajo de Costa Rica), cifra que supera a la de Estados Unidos, cuya esperanza de vida al nacer aumentó en solo 4 años en el mismo período y pasó de 75,3 años en 1990 a 78,9 en 2019, según la Organización Panamericana de la Salud. La tasa de mortalidad de los niños menores de un año (un indicador directo de pobreza) pasó de 16,0 en 1990 a 7,1 en 2017 por cada 100 mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad por homicidios (un indicador directo de criminalidad) pasó de 10,2 en 2000 a 7,5 en 2016 por cada 100 mil habitantes en el caso de los hombres y de 1,4 a 1,1 en el caso de las mujeres. 

Sin embargo, estos avances notorios no deben dejar de considerar la insuficiencia de las pensiones y de los servicios públicos de salud y educación, así como el lento avance en la desconcentración de la distribución del ingreso monetario. La desigualdad de ingresos sigue siendo una de las mayores de América Latina y del mundo, aunque bajó de un coeficiente de Gini de 57,2 en 1990 a uno de 46,6 en 2017. El de Argentina es de 41,2 y el Uruguay de 39,5 (datos del Banco Mundial), países con un PIB por habitante cercano al de Chile. Mantener esa situación de desigualdad ha reflejado la persistencia del poder político y mediático de la oligarquía económica. 

Estamos después de 30 años ante la evidencia de un sistema político en el que el peso de la derecha y del financiamiento ilegal de la política no han permitido que se hagan realidad las opciones mayoritarias en materia de impuestos, reglas laborales, control de recursos naturales, educación y salud públicas, entre otros temas cruciales. Debe producirse un proceso indispensable de regeneración democrática. Además del control oligárquico, la acción política en la post dictadura devino en prácticas generalizadas de “extractivismo”. Para muchos de sus actores, la política es hoy el espacio social en el que insertarse para obtener cargos públicos o bien intermediar lucrativamente con el capital privado. Otros no hicimos lo suficiente para impedir la creación de maquinarias burocráticas de extracción de recursos desde la política en detrimento del interés general. Por eso era y es indispensable romper con esas prácticas para proyectar los valores democráticos y crear una nueva institucionalidad que permita la expresión de los intereses de la mayoría social en el gobierno del país. 

El veto oligárquico sobre la democracia y su degradación clientelística, junto a la persistencia de desigualdades y de deterioros ambientales inaceptables, es lo que tiene que abordar ahora el proceso de cambios políticos y sociales. Treinta 30 años después, la historia sigue su curso.

Sobre las élites

En La Mirada Semanal

Vivimos una etapa de reconstrucción de los sentidos de la convivencia colectiva en Chile, en medio del conflicto político y social en el que se despliegan defensas de intereses y pasiones con dosis altas de irracionalidad. Se puede conjeturar que este ha sido el precio a pagar por la incapacidad de diversos grupos dirigentes de la sociedad para honrar la promesa de construir una democracia en forma en el sistema político, para dejar atrás la dictadura y lograr “crecimiento con equidad”.

Ambos procesos han estado condicionados desde 1990 por los intereses de una minoría económica que amplió su poder y que utilizó con inteligencia los enclaves institucionales y la cooptación del sistema de partidos. Esta minoría logró mantener en su beneficio un modelo de aceleración y a la vez extrema concentración del crecimiento en el 1% más rico, junto a una amplia precariedad del empleo, bajas remuneraciones y pensiones, discriminación de la mujer en la vida económica, mal funcionamiento de los servicios de transporte, de salud y de educación, segregación urbana y daño ambiental generalizado. Esto terminó en el paso de la lucha más o menos estructurada de intereses de grupos y sectores, pero en una institucionalidad que representó cada vez menos los intereses de la mayoría social, al desencadenamiento de las pasiones, siguiendo la distinción clásica de Albert O. Hirshman. Y ha puesto en cuestión el rol de los grupos dirigentes tradicionales, especialmente por los más jóvenes, y también favorecido un generalizado discurso anti-élite.

La noción de élite (minoría selecta o rectora, según la Real Academia Española) proviene en origen de Wilfredo Pareto (“individuos que ejercen funciones dirigentes”) y de autores próximos al fascismo como Gaetano Mosca. Junto al concepto cercano de “clase política” (Robert Michels), ha servido para alimentar el rechazo a la democracia, a los/las intelectuales y a los hombres y mujeres del mundo de la cultura. Su paradigma es hoy Trump, que se hizo elegir denunciando a la élite para luego gobernar con y para la oligarquía económica. Y se usa en Chile, en la actualidad, con una variante específicamente criolla, en la que se pone en el mismo saco a los ultra- ricos y a toda persona que destaque en algo, los “de arriba” contra los de “abajo”. Podemos y debemos hacer algo mejor que identificarnos con la ideología de las barras bravas.

A los que ejercen el poder económico, llamémoslos por lo que son: oligarquía económica. A los dirigentes políticos de la transición que se hicieron neoliberales, llamémosles reorientados, sin ánimo de ofender a nadie (por lo demás, todos tienen derecho a cambiar de ideas ….y otros a mantenerlas, lo que suele molestar a los primeros). Esta es una modesta proposición de uso del lenguaje para no mezclar a galgos y podencos. El uso chileno actual de la palabra élite es equivalente a atribuir todos los males posibles a quien ejerza o haya ejercido algún poder o provenga de sectores sociales que tradicionalmente lo ejercen, independientemente de lo que opinen o hagan, para bien o para mal, todos confundidos como en el tango Cambalache. No viene de la gente común, viene de medios de comunicación interesados en mezclarlo todo para que no se ponga en evidencia a los verdaderos dueños del poder: la oligarquía económica y sus representantes y aliados. Y que se esconden detrás de otros, con mucho éxito, para salir de cualquier debate e indagación que permita identificar su poder y el modo en que lo ejerce. Lo que no tiene sentido es ser parte de una descalificación general que mezcla todo con todo.

La afirmación de algunos es que cabe descalificar a la élite como aquellos que han ejercido el poder gubernamental de manera despótica en los últimos años. Otros ponen el acento en la proveniencia social homogénea del personal político. ¿Por qué no llamar déspotas y no élite a los que gobiernan de manera despótica? ¿Y constatar que los políticos de derecha, centro e izquierda no son lo mismo entre los que han ejercido el poder gubernamental desde 1990, aunque, como en toda sociedad desigual, hay una tendencia a una sobre-representación de quienes provienen de grupos sociales con mayor capital cultural y simbólico (en la terminología de Pierre Bourdieu)?

Cabe incluso destacar que los grandes de la cultura son la mejor élite de Chile, si aceptamos la definición de la RAE. ¿Qué mejor minoría selecta de la que podamos estar orgullosos que las figuras de Mistral y Neruda, sin ir más lejos? Ellos provenían de hogares comunes de territorios alejados y tuvieron que batallar contra los poderes conservadores existentes en su época y desarrollaron su arte como chilenos/as universales de un inmenso talento. Mistral fue maltratada por eso y Neruda lo fue en parte de su vida. Otros lo hicieron en ruptura con su origen oligárquico, como Huidobro. Lo que importa no es de dónde se viene, sino las opciones que se toman en la vida. Y así muchos ejemplos de “minorías selectas o rectoras” en los distintos dominios del saber, el arte, la cultura, la educación y las diversas expresiones de la condición humana que son fuente de inspiración y de construcción de las identidades colectivas, que la descalificación generalizada “a las élites” y su asimilación abusiva a las élites económicas se lleva en su fragor.

Hay otro problema en este debate: se estigmatiza el uso excluyente del poder. Por definición el poder tiene una dimensión excluyente para ser tal. El desafío es que también tenga dimensiones incluyentes y sea usado civilizadamente para algo que se aproxime a promover el interés general. Ejemplo: el entrenador de fútbol al hacer su equipo ejerce poder y excluye jugadores, que suelen quedar enojados. El tema es si ese ejercicio viene desde las capacidades y se usa con criterio para hacer ganar el equipo, o viene desde las influencias indebidas y del privilegio para hacer jugar a amigos, recomendados o parientes. En el ámbito político, lo esencial es saber distinguir de dónde proviene el poder, cuáles son sus fundamentos estructurales, cómo y para quien se ejerce. En particular, si se usa a favor o en contra del poder económico y su concentración, a favor o en contra del respeto a los derechos de las personas y los intereses de la mayoría social, a favor o en contra del interés general de corto y largo plazo o del interés particular y el de clientelas manipulables.

En suma, el ejercicio del poder, por legítimo que sea, siempre es problemático pues suele derivar, sobre todo si se personaliza o concentra prolongadamente en grupos restringidos, hacia su abuso. Por eso los procesos civilizatorios que limitan el poder de las clases históricamente dominantes son tan cruciales para erradicar las violencias en la vida colectiva. La democracia es una parte fundamental de los procesos civilizatorios modernos. En efecto, su rol es originar, aunque lo haga de manera imperfecta y siempre mejorable, el poder por el pueblo, orientar su uso de acuerdo a lo comprometido ante ese pueblo por los gobernantes de turno elegidos -esa es otra expresión que se usa peyorativamente, pero menos mal que son de turno porque si no serían dictadores- y, a la vez, ser controlado por el pueblo y sus representantes periódicamente.

Criticar a todo el que tenga un poder de cualquier índole o provenga de un medio con más poder relativo o a quien quiera tenerlo, y mezclarlo todo en una juguera sociológica indistinta, en vez de valorar o criticar, según sea el caso, a quienes efectivamente lo ejercen en los diversos ámbitos de la vida social, nos está llevando a lo que estamos viendo: la completa dispersión de los posibles contra-poderes frente al poder básicamente unificado de la oligarquía económica y sus representantes y aliados. Esto es precisamente lo que permite a esta oligarquía mantener sus inaceptables privilegios y la concentración desigual de la riqueza, pero que ha terminado dando origen al desencadenamiento de las pasiones y de la rebelión social en Chile por el abuso de privilegios institucionales indebidos.