Voces La Tercera
La calidad de las encuestas de opinión pública en Chile deja bastante que desear. El sondeo semanal que realiza una empresa por lo menos dejó de mezclar llamadas telefónicas con salidas a la calle, pero ostenta una tasa de respuestas por celular de solo 22%. Luego pondera las respuestas obtenidas por cuotas de sectores representativos de la población, lo que es un buen procedimiento que da razonables resultados predictivos en otros países, pero esto impide calcular márgenes de error al no tratarse ya de una muestra aleatoria, lo que la empresa de marras presenta igual sin fundamento estadístico alguno. Se echa de menos una regulación, como en otros países, de la presentación de los resultados de encuestas.
No obstante, hay un hecho que se repite en el mencionado sondeo y en otros: parece registrarse una caída sustancial de las opiniones favorables sobre Sebastián Piñera y su gobierno. Diversos comentaristas mencionan, a partir de ahí, la idea de una paradoja entre una baja de la popularidad presidencial y el buen desempeño de la economía. El problema es que ese desempeño no es tan dinámico como se lo presenta.
El Imacec (índice mensual de actividad económica) de junio aumentó en 4,9% respecto al mismo mes del año pasado, una muy buena cifra. Pero para evaluar la coyuntura económica lo adecuado es tomar trimestres más que meses y despejar los valores estacionales, que son importantes en la agricultura, la construcción y otras actividades. Así, el Imacec desestacionalizado del primer trimestre de 2018 (último de Michelle Bachelet) creció respecto al trimestre anterior a un ritmo anual superior al 4%, en el contexto de la tendencia más dinámica que la economía venía presentando desde la segunda parte del año pasado, coincidiendo con mayores exportaciones. Se había iniciado entonces una tardía pero clara recuperación del bajo crecimiento que ensombreció el panorama económico desde el segundo semestre de 2013. Al terminar el gobierno de Sebastián Piñera, se inició el colapso de la inversión minera y un estancamiento de las exportaciones. Esto no fue compensado consistentemente con inversión pública ni esfuerzos de diversificación, especialmente con la equivocada política ortodoxa del ministro Valdés. Este bajó durante tres años seguidos la inversión pública y estancó el gasto en investigación y desarrollo, que son importantes palancas de estímulo del crecimiento, junto a un tipo de cambio competitivo. Ahí se sitúa la falta de política de crecimiento del gobierno anterior y no en las indispensables reformas sociales, las que en cualquier caso podrían haber sido más claras y rápidas y fueron disminuidas por la oposición interna y externa al gobierno y por el Tribunal Constitucional.
Se constató en definitiva un efecto negativo sobre los equilibrios fiscales tanto por el bajo crecimiento como por rendimientos recaudatorios de una reforma tributaria a la postre bastante limitada, aunque de todos modos muy costosa políticamente y complicada administrativamente para las empresas. Fue favorable para las Pymes y para quienes vieron disminuida inexplicablemente de 40% a 35% la tasa de impuesto en los tramos más altos de ingresos, como si en Chile no hubiera una gigantesca desigualdad que se reproduce año a año. Pero no fue demasiado favorable para la recaudación. Finalmente se registró un deterioro de los índices de endeudamiento sobre el PIB y una cierta merma en la calificación de riesgo por las agencias externas, aunque permanecen muy razonables.
El problema ahora es que la recuperación muestra algunos signos de fatiga. El Imacec promedio desestacionalizado del segundo trimestre creció un 0,7% respecto al anterior (a un ritmo inferior a un 3% anualizado), bastante menos que el 1,1% registrado en el primer trimestre. Estamos ante un crecimiento coyuntural a la baja. Por su parte, el empleo creció en 2,2% en el primer trimestre y en 2,1% en el segundo trimestre respecto al mismo período del año anterior, con una leve pérdida de dinamismo, y en todo caso a un ritmo inferior al crecimiento de la fuerza de trabajo. Así, la tasa de desempleo, siempre en términos desestacionalizados, subió desde un 6,8% de la fuerza de trabajo en el trimestre enero-marzo a un 6,9% en el trimestre abril-junio.
El actual momento puede ser solo un bache. Pero por ahora se observa que la economía se está de nuevo desacelerando, y no al revés, como publicitan las autoridades. El menor dinamismo debe estar incidiendo en la caída de la popularidad del gobierno, a lo que habrá contribuido la seguidilla de errores políticos presidenciales y ministeriales de diversa magnitud, como por ejemplo el hermano embajador, los bingos para arreglar escuelas y un ministro de Economía recomendando invertir en el extranjero.
Este gobierno lleva poco tiempo y ojalá la economía se recupere, pero para eso no bastan las declaraciones exitistas. Hay que partir por reconocer que hay ciertas dificultades. Es recomendable que el Banco Central baje la tasa de interés de referencia y el gobierno aumente la inversión pública. Y que además estimule el crecimiento de las remuneraciones, que viene en una fuerte caída, y por tanto aumente más el salario mínimo que lo que se propone y mire más la demanda agregada y menos el costo salarial para un segmento de empresas que no emplea más que una baja proporción del empleo total. Esto es necesario porque el contexto externo se ha vuelto más errático y se ha provocado una recaída del precio del cobre, aspectos de la coyuntura que, junto a los salarios reales estancados, han enfriado la economía y obligan a tomar nuevas iniciativas por el lado de la demanda.
Pero las cegueras ideológicas del gobierno y la presión empresarial lo llevan, más bien, a pensar en un “shock de oferta”, es decir en reformas liberalizadoras del mercado de trabajo y desregulaciones ambientales supuestamente para favorecer la inversión privada en algún plazo incierto. Esto es “economía vudú”, en palabras del premio Nobel Paul Krugman, que en nada reactivará la economía. La inversión privada depende hoy en Chile sobre todo de las perspectivas de los precios y demanda de los bienes de exportación y de la demanda interna de empresas y familias. Las liberalizaciones previstas harán perder aún más poder al mundo de los asalariados, que constituyen el 70% del empleo. Peor aún, concentrarán más los ingresos y el consumo y deteriorarán más el medio ambiente. ¿No son estos problemas suficientemente graves en el país como para aumentarlos por equivocados prejuicios ideológicos y la presión de intereses particulares?
