ARGUMENTOS: EL BLOG DE GONZALO MARTNER

En Voces La Tercera ¿Por qué destituyó el gobierno a Francisco Huenchumilla?¿Para dar una señal desde la autoridad a los dueños de camiones y terratenientes de que se actuaría con “mano dura” frente a las acciones de violencia contra propiedades y medios de transporte atribuidas a grupos mapuche en La Araucanía? Si esa fuera la interpretación adecuada, no sirvió de mucho. Escuchar a los dirigentes “multigremiales”de La Araucanía y ver los tuits de Andrés Allamand y las declaraciones de Hernán Larraín nos terminaron trasladando igual, por momentos, al pasado conflictivo del Chile de décadas atrás. La historia de la República es, contrariamente a la leyenda, una historia con muchos componentes de violencia, incluyendo guerras civiles sangrientas y guerras étnicas aún más sangrientas. Las clases terratenientes tradicionales se constituyeron en base a la ocupación por la fuerza de territorios que no les pertenecían, ya sea por ser parte ancestral de los espacios en que evolucionar

En Voces La Tercera La discusión sobre el régimen político que nos rige gira alrededor de un equívoco sobre lo que sería su antítesis, el régimen parlamentario. En nuestra historia se conoce como tal a aquel régimen que funcionó entre la guerra civil de 1891 y la puesta en vigencia de la constitución de 1925, que daba al Congreso facultades para aprobar “leyes periódicas” y censurar ministros, en un juego de influencias de los caciques oligárquicos y sus intereses particulares, condicionando el voto de cada ley en el parlamento. Se trataba más bien de un presidencialismo clientelizado antes que un verdadero régimen parlamentario, que terminó en una crisis política y sucesivos golpes de Estado. Este modelo tiene poco que ver con los regímenes parlamentarios propiamente tales. En ellos, más allá de sus diversas variantes, cuando un partido tiene mayoría en el parlamento, nombra al primer ministro y debe sostener sus proyectos de ley, especialmente el presupuesto,  bajo pena de que

Leemos en la prensa que ninguna empresa del Transantiago -entiéndase bien, ni siquiera una- “alcanza el nivel mínimo de calidad exigido por el gobierno”,  y que se constatan caídas en los índices de frecuencia (cantidad real de buses dispuestos por cada empresa en sus recorridos) y regularidad (cumplimiento del intervalo entre buses de un mismo recorrido). Este es un servicio público regulado por el Estado y profusamente financiado por éste, además del pago de una elevada tarifa por el usuario, pero que no cumple con un nivel mínimo de calidad. El necesario cambio que debía hacerse al sistema de transportes de Santiago se diseñó sobre la base de dos dogmas: no debía subsidiarse y el transporte de superficie debía dejarse en manos de privados. El primer dogma murió de muerte natural a breve plazo, pero el segundo persiste. Y es un ejemplo emblemático del milagro del  “liberalismo subsidiado”. ¿No tenía acaso más sentido reformar el sistema de transporte público fortaleciendo el