Columna en La Tercera Digital
La Presidenta Bachelet ha puesto en funcionamiento su segundo gobierno y avanzado en sus compromisos iniciales. Al cabo de los primeros cien días se podrá hacer un balance, que se aprecia bastante bien encaminado.
No obstante, debiera tal vez haberse trazado una línea divisoria más clara en el nombramiento de autoridades que deben responder por la aplicación del programa del nuevo gobierno – y que es indispensable que reemplacen a las del anterior gobierno, aunque algunas incomprensiblemente no lo han sido, como los responsables de la Comisión Nacional de Acreditación o de la Agencia de Cooperación Internacional- y los funcionarios de carrera, que deben asegurar la continuidad de la tarea de la administración del Estado. Es demasiado el personal público que nuestro ordenamiento jurídico permite que sea despedido por las autoridades sin expresión de causa, junto a la excesiva extensión de la condición contractual que se presta para discriminaciones y para el clientelismo. En muchos casos ni siquiera se trata de favoritismos de partido, desde luego reprobables, sino de grupos afines que copan parte de los órganos de la administración, lesionando la eficacia pública, retardando la puesta en marcha del programa de gobierno y perturbando la continuidad de la acción gubernamental. Las personas que cumplen funciones profesionales y son competentes debieran permanecer en sus cargos aunque cambie el gobierno, pero estamos lejos todavía de tener una administración profesional, mientras el oneroso sistema de Alta Dirección Pública ha demostrado ser bastante inútil en este sentido por las deficiencias en su diseño. No distingue de modo pertinente el dominio de la confianza presidencial junto a la responsabilidad política en el diseño y dirección de políticas y programas, del dominio del profesionalismo en el acompañamiento y la ejecución de los mismos.
Tarea pendiente no solo para este gobierno sino para el país, que debiera dotarse de una función pública competente y profesional a un ritmo más acelerado.
En materia de compromisos programáticos en el área política, aunque no estaba originalmente previsto, se ha enviado una reforma al sistema electoral binominal tempranamente, para darle curso a la antigua aspiración de darle mayor representatividad al parlamento, bloqueada por los conservadores. Ahora nadie puede levantar los ya clásicos pretextos de proximidad de próximas elecciones y otros de la especie. La oposición ultramontana de la UDI ahora raya en el ridículo: critica la reforma al mecanismo binominal porque no aumentaría la proporcionalidad de la representación… En fin, cuando de defender ventajas constituidas se trata, todos los argumentos parecen válidos. La nueva Constitución será tarea para el segundo semestre, aunque se abre paso la idea de dirimir el tema mediante una consulta plebiscitaria autorizada por el Congreso.
Hasta ahora el más relevante compromiso cumplido en el área económica es el envío de la reforma tributaria. El inicio de su tramitación parlamentaria ha suscitado un importante revuelo, en circunstancias que había sido detallada en el programa de la actual presidenta y la persona a cargo es la responsable de su diseño. Parece del todo natural y lógico que la lleve adelante desde las primeras semanas de gestión. Su médula es aumentar parcialmente la tributación de las utilidades de las empresas grandes y medianas, así como la de las ganancias de capital, junto a eliminar el DL 600 que asegura una invariabilidad tributaria a la inversión extranjera. Se argumenta que esto perjudica la inversión, como siempre hacen los economistas liberales ante cada reforma tributaria sin que nunca se cumplan sus predicciones catastróficas. Pero el incremento apenas viene a compensar en parte el gasto fiscal en bienes públicos que hace posible que esas utilidades existan. Por lo demás, éstas podrían ser mayores en el futuro si se invierte la mayor recaudación, como contempla el programa del nuevo gobierno, en más bienes públicos que acrecientan las capacidades humanas en el país. Esto está más que demostrado por la trayectoria de las economías hoy desarrolladas, la mayoría de las cuales mantenía cargas tributarias y gastos en educación mucho más altos que los nuestros a similar nivel de ingreso por habitante. Por lo demás, una buena parte del capital corporativo opera en Chile con rentabilidades sobre-normales originadas en prácticas monopólicas y en el uso cuasi gratuito de recursos naturales, cuya tributación debiera en realidad ser mucho mayor sin que se inhiba la inversión. En especial, al omitirse el aumento de la tributación minera en el diseño de la reforma, por ejemplo aumentando el impuesto adicional de 35 a 40%, se ha cometido un grueso error, como al dar una señal equívoca al rebajarse de 40 a 35% el impuesto para los ingresos superiores a 6 millones de pesos al mes. Ambas tasas debieran unificarse en 40%, permitiendo tanto recaudar más sobreutilidades mineras (¿alguien piensa seriamente que se van a ir a otra parte las empresas mineras que han tenido una utilidad de 77% anual promedio entre 2005 y 2011?) como reforzar la progresividad en el impuesto a la renta.
Por su parte, gravar las emisiones de gases por fuentes fijas o el uso de diésel, que contribuyen al cambio climático, es simple buen sentido. Este tipo de gravamen debiera ser incluso mayor para inducir una transición hacia las energías renovables no convencionales, de las que Chile dispone en abundancia a un costo de uso cada vez más competitivo. Gravar más el consumo de alcohol y bebidas con azúcar va en beneficio de la salud de la población y no debiera tampoco ser objeto de objeciones de principio. Donde la reforma presenta otros problemas, en cambio, es en su plazo de aplicación y en su monto. A lo menos la reforma educacional y los cambios en salud y pensiones presionarán por recursos que sería sensato tener a disposición durante este gobierno. Descontemos el 0,5% de PIB que se supone se obtendría por la vía administrativa, lo que es difícilmente cuantificable. Nos queda un 1,9% de PIB que estará disponible hacia 2017 por las modificaciones legales. Pero solamente la reforma educacional cuesta mucho más que esa cifra, si es que se aborda el reforzamiento prioritario del nivel preescolar, el fin del financiamiento escolar compartido y la mejoría del acceso a la educación técnica y a las universidades. El Ministro de Educación se encuentra trabajando en la reforma, sin aún diseños nítidos, pero con un encomiable afán de diálogo que rendirá sus frutos en las próximas semanas y que se traducirá en un formato bastante gradual por los recursos que se avizora tendrá a su disposición.
Comentarios