Una breve aproximación a las clases sociales en Chile a partir de la Encuesta Suplementaria de Ingresos

 

Centro de Políticas para el Desarrollo

Facultad de Administración y Economía

Universidad de Santiago de Chile

Documento de trabajo 2023-3 (septiembre)

https://mgpp-usach.blogspot.com/2023/09/una-breve-aproximacion-las-clases.html?view=magazine

La historia y la declaración de los presidentes sobre los 50 años del golpe

En La Nueva Mirada

El presidente Boric y los expresidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera han emitido el 7 de septiembre una declaración cuyo sentido es proyectar un consenso democrático. El resultado es más bien desconcertante.

Llama la atención que en la misiva no se condene el golpe militar y se haga solo una afirmación según la cual los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, y no con menos. Es una alusión muy importante a lo formulado por Abraham Lincoln, pero bastante poco a la altura del hecho ocurrido hace 50 años: el derrocamiento violento del gobierno democráticamente elegido, el bombardeo de La Moneda y de la residencia presidencial y finalmente la muerte del presidente Salvador Allende por propia decisión, para preservar la dignidad de un cargo conferido por el pueblo y que decidió no entregar a los golpistas. Nada de esto se menciona. Hacerlo no es intentar imponer un punto de vista. Al revés, no hacerlo es no querer asumir hechos históricos altamente reprobables e inaceptables en el pasado, el presente y el futuro. En silenciarlos persisten las distintas variantes de la derecha chilena, que además esconden su responsabilidad en la conspiración multiforme desde el 4 de septiembre de 1970, incluyendo llamados a los cuarteles, bombas terroristas y de sabotaje, paralizaciones de actividades, huelgas patronales, acaparamiento de productos y todas las variantes de una incesante insurrección civil, financiada por la CIA por orden directa del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, con un solo objetivo: derrocar al gobierno elegido por la ciudadanía. Y después apoyar una dictadura sangrienta por más de 16 años.

Quedarse en afirmaciones sobre el respeto genérico de los derechos humanos fue seguramente el precio para obtener la firma de un ex-presidente de derecha, que, aunque no expresa a la derecha más dura, ha afirmado que el golpe no era evitable y ha reiterado no estar dispuesto a condenarlo. En realidad, estuvo a favor de que se realizara, aunque no lo reconozca. Esto hacen muchos otros que posan de demócratas, los que todavía aluden, cuando se les pregunta por su apoyo a un hecho tan grave y de tan nefastas consecuencias, un plan de golpe de la izquierda y un plan zeta para matar gente que simplemente no existieron.

La pregunta clave que queda sin respuesta sigue siendo: ¿puede un demócrata apoyar un golpe de Estado? No parece tener sentido seguir dando oxígeno a la peregrina idea de que «el golpe era inevitable«, pero que luego no debían violarse los derechos humanos, como si ambas cosas fueran separables. Los consensos son importantes en determinadas circunstancias, siempre que no diluyan, como en este caso, los compromisos democráticos básicos, que deben incluir siempre la condena del recurso a los cuarteles y al golpismo militar.

A su vez, la afirmación según la cual en los 140 años previos a 1973 hubo democracia «casi sin interrupción» no refleja una historia de periódicas convulsiones políticas, con la cuestión social y la cuestión democrática en el centro de una sociedad basada en la polarización económica.

Esto proviene de la sociedad neocolonial que se consagró después de la independencia mediante la guerra civil de 1829-30, en la que los conservadores, representantes de la propiedad oligárquica de la tierra y de las minas y de la burguesía comercial, aplastaron a las fuerzas liberales y democráticas de los territorios, partidarios de ciertas libertades, de la abolición del mayorazgo y de una mayor autonomía política. Ya la independencia había estado marcada por conflictos entre patriotas, que incluyó el asesinato de Manuel Rodríguez, cuyo cuerpo está aún desaparecido, y el fusilamiento de los hermanos Carrera. La orden vino de Bernardo O’Higgins, que terminó destituido y exiliado en 1823, no sin antes sufrir resistencias de los criollos a la abolición de los títulos nobiliarios, en lo que insistió, y de los mayorazgos de tierras, lo que ocurrió recién en 1852. Las violencias siguieron con la «guerra a muerte” entre 1819 y 1827 en el sur de Chile contra los realistas y luego contra grupos de bandoleros, recién derrotados en 1832. Esto no impidió que el constructor del orden oligárquico en los años 1830, el ministro Diego Portales, fuera asesinado en ejercicio de su cargo en 1837 fruto de una rebelión militar.

Se dictó la constitución de 1833 con la firma de cuatro «mayorazgos» (Aldunate, Irarrázaval, Correa y Larraín) y de un «título de Castilla» (el ex conde Alcalde), la que habría de durar hasta 1925. Se consolidó en el siglo XIX una república oligárquica basada en el inquilinato semi- feudal y la transhumancia del peonaje en los campos, con ciudades de comerciantes y banqueros, artesanos y obreros asalariados y ya vastos grupos marginados y precarios, además de los campamentos mineros. El pueblo llano vivió en todas partes en una condición de explotación y miseria, que sostenía los lujos de los grupos dominantes. Por su parte, los pueblos originarios fueron objeto del despojo de la mayor parte de sus tierras y de la represión de su cultura, lo que se aceleró a partir de la legislación de 1883. Este régimen excluyente, con cuerpos electorales restringidos a los propietarios y manipulados por los presidentes, tuvo como contrapartida rebeldías y guerras civiles regionales como la de 1851 y la de 1859, ambas contra Manuel Montt.

Un hito fundamental del siglo XIX fue el gobierno de José Manuel Balmaceda. Aunque lejos de los intereses populares (en 1890 enfrentó la primera huelga general obrera en Iquique), su acción fue decisiva en la separación de la Iglesia y el Estado y en el uso de los recursos naturales para el desarrollo nacional. Su plan primordial fue, luego de la guerra del Pacífico que anexó a Chile la explotación del salitre, limitar la presencia de capitales extranjeros en ella, crear el ministerio de Industria y Obras Públicas e invertir los considerables excedentes en infraestructuras y en educación. Esto incluyó la estatización y extensión del ferrocarril en más de mil kilómetros y la construcción de puertos, puentes y caminos, así como de cientos de escuelas, la creación del Instituto Pedagógico y el Internado Nacional y la construcción de la Escuela de Artes y Oficios, junto a un intento de limitar el despojo territorial mapuche. Todo esto suscitó una virulenta campaña en su contra de la oligarquía conservadora y sus aliados británicos, que corrompieron directamente a miembros del Congreso. El gobierno de Balmaceda fue vencido por las fuerzas militares insubordinadas apoyadas por la mayoría del Congreso en 1891 en una sangrienta guerra civil, que fue bastante más que una «casi interrupción» de la democracia, con más muertes violentas que en la guerra del Pacífico. El presidente Balmaceda, finalmente asilado en la embajada de Argentina, decidió suicidarse para evitar que sus cercanos y sus seguidores siguieran siendo masacrados, como lo fueron los jefes del Ejército Orozimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca por la Armada, cuyos cadáveres fueron expuestos desnudos al escarnio. El entierro de Balmaceda fue clandestino, envuelto en un saco y llevado al cementerio de madrugada en una carreta a una tumba anónima para evitar laceraciones a su cuerpo.

En los albores del siglo XX, la respuesta a la «cuestión social» se expresó en las masacres de obreros de 1905 en Valparaíso; de 1906 en Antofagasta; de 1907 en la escuela Santa María de Iquique; de 1912 contra una comunidad Huilliche en Forrahue; de 1920 en Punta Arenas; de 1921 en la oficina salitrera de San Gregorio y la de 1925 en las oficinas de Marusia y de La Coruña. A su vez, se produjeron rebeliones sociales violentas en 1903 en Valparaíso y en 1905 en Santiago.

La intervención militar fue también parte del paisaje político. En 1924 la insubordinación castrense llevó a la renuncia del presidente Arturo Alessandri. Desde el 11 de septiembre de ese año, el general Luis Altamirano presidió una breve junta militar hasta que fue derrocado en enero de 1925 por otra junta, con Carlos Ibáñez de ministro de Guerra. Alessandri fue brevemente repuesto en la presidencia hasta diciembre de 1925 y luego reemplazado por Emiliano Figueroa hasta 1927, cuando Ibáñez tomó directamente el poder. Alessandri permaneció en el exilio hasta 1932. Chile vivió un período de golpes y dictaduras con el militar Ibáñez como figura central, hasta que éste fue obligado a dejar el poder en 1931 y partió al exilio a Argentina. La normalidad democrática se restableció recién con la elección de fines de 1932, que ganó otra vez Arturo Alessandri. Estos ocho años, de nuevo, fueron bastante más que una «casi interrupción» de la democracia.

Los hechos de represión militar y policial también fueron parte de la historia posterior. Se produjeron masacres en 1934 en Ranquil contra campesinos; en 1938 en pleno centro de Santiago contra jóvenes pro-nazis ya rendidos, por orden personal de Arturo Alessandri; en 1946 en la Plaza Bulnes; en 1962 en la población José María Caro; en 1966 en el mineral de El Salvador y en 1969 en una población en Puerto Montt. Entretanto, en 1957 se había producido el episodio de violencia urbana del 2 de abril en la capital.

Los intentos golpistas también siguieron produciéndose después de la crisis de 1924-32. En agosto de 1939, el general Ariosto Herrera intentó un golpe contra Pedro Aguirre Cerda. En septiembre de 1948, Ibáñez intentó un nuevo golpe, esta vez con el jefe de la Fuerza Aérea contra González Videla. En 1955, un grupo militar intentó sin éxito un autogolpe en favor de Ibáñez.

En 1969, se produjo un intento de golpe del general Viaux contra el presidente Frei y en 1970 otro intento de golpe del mismo general, con apoyo directo de la CIA, para impedir que asumiera como presidente Salvador Allende. Luego vinieron permanentes conspiraciones y el intento de golpe del 29 de junio de 1973, poco antes de la estocada final contra el régimen democrático del 11 de septiembre, con una flota norteamericana en las costas de Valparaíso coludida con la Armada chilena. Tampoco debe olvidarse que el golpismo terminó con la vida de un comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider, y de un excomandante en jefe, el general Carlos Prats, representantes de la oficialidad respetuosa de la constitución y de la primacía del poder civil.

En el sistema político, fue sistemática la conformación de alianzas políticas y sociales anti-oligárquicas, con los hitos del Frente Popular industrializador de 1938-41, del gobierno reformista de Eduardo Frei en 1964-70 y del gobierno transformador de Salvador Allende de 1970-73, cuya coalición ya había estado cerca de ganar la elección de 1958. Lo que en Chile no podía seguir era el dominio oligárquico, no los intentos por sustituirlo por estructuras económicas que permitieran una mayor equidad social y distributiva en marcos democráticos.

Una parte importante de la izquierda pensó (pensamos) que debían seguirse vías revolucionarias ante la reacción interna y externa a los cambios, que resultó efectivamente abrumadora, pero estas vías se desconectaron de los procesos populares mayoritarios y no constituyeron una respuesta útil frente al asalto a la democracia, a pesar de su heroísmo y sacrificio posterior. A su vez, como señaló el programa socialista de 1947, todo proyecto emancipador no puede ser calificado de tal si no incluye a la democracia (la formal y la real, porque no hay segunda sin primera) como su fundamento. El derecho a la rebelión y a la defensa ante la opresión no debe llevar a despotismos, aunque se ejerzan en nombre del pueblo.

Como Balmaceda, Allende puso fin a su vida el 11 de septiembre de 1973, en un acto de no rendición ante los golpistas, en el que prevaleció la dignidad personal para evidenciar un rechazo moral al militarismo y al uso ilegítimo de la fuerza, después de resistirla desigualmente por horas. Con el sacrificio de su vida, buscó, además, preservar la continuidad histórica de un proyecto popular en el que creía firmemente. El presidente Allende nunca estuvo dispuesto a renunciar a los cambios, por vías democráticas, que consideraba indispensables para Chile, como la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la socialización de una parte estratégica de la economía, con la meta de afianzar el progreso social en el país y la independencia nacional.

Balmaceda y Allende son los dos presidentes que en nuestra historia fueron desplazados por el militarismo, la violencia y la furia oligárquica, pero que honran nuestra república porque pusieron por delante el interés social y nacional. Y que sacrificaron su vida en el intento y no necesitan, para que esta verdad histórica primordial prevalezca, de declaraciones con miradas equívocas sobre el pasado. La democracia siempre fue frágil en Chile por estar amenazada por los intereses oligárquicos, aunque fuera más fuerte que en otras partes gracias a la organización popular y a un cierto espíritu cívico afincado en la cultura nacional. Su defensa y proyección sigue siendo hoy, como en el pasado, una tarea de todos los días para avanzar a un país con mínimos civilizatorios consolidados y, en tanto alternativa a la desigualdad injusta y depredadora, a una sociedad basada en protecciones y equidades básicas para las actuales y las futuras generaciones.

Mi golpe de 1973

Un día de agosto de 1973 mi padre, ministro de Planificación del presidente Allende desde noviembre de 1970 y su colaborador y amigo desde los años 1950, entró a mi pieza para entregarme una cantidad modesta de dinero pero considerable para un joven de 16 años como yo, y me dijo:

- Las cosas se pueden poner difíciles, es necesario que tengas algún dinero por si acaso.

- ¿Cómo así?, pregunté.

- No sabemos qué puede venir.

Yo había ingresado al MIR en 1972, influenciado por la figura de Ernesto Guevara, después de una etapa de trabajos voluntarios con los jóvenes socialistas. Mi padre sabía que yo cumpliría con mis deberes militantes. No muchos días antes, conversando en la noche en familia en la pieza de mis padres sobre la hipótesis de un golpe de Estado, mi padre nos relató que conversando el tema con Allende este le había dicho: "esto va a ser terrible, aquí hay un odio muy grande en contra nuestra".

Pudimos constatarlo el 2 de septiembre de 1973. Me encontraba leyendo, a eso de las doce de la noche, en la sala de estar de la casa familiar, que daba hacia un antejardín y al muro que linda con la calle Los Misioneros, en Pedro de Valdivia Norte. En un momento me levanté y salí a un pasillo de gruesos muros más adentro de la casa, antes de las piezas de hermanos y padres. Entonces escuché un sorpresivo y enorme estruendo: habían estallado cuatro cargas de explosivo de tipo amongelatina en el antejardín, a metros de distancia del sofá donde me encontraba diez segundos antes. Según confirmaríamos mucho después, había sido Patria y Libertad quien puso la bomba en nuestra casa. Los cinco miembros de la familia nos dimos la voz para constatar que estábamos bien, y nos fuimos aproximando incrédulos a observar los destrozos de los grandes ventanales de la sala de estar que habían estallado. El lugar donde había permanecido sentado durante un par de horas hasta momentos antes de la explosión estaba ahora lleno de astillas punzantes de vidrio, algunas enterradas en la madera, junto a diversos objetos destrozados o caídos.

Mi padre llamó de inmediato por teléfono al presidente Allende para avisarle del hecho, lo que hizo breve y sobriamente. No había esa noche guardia policial, como teníamos intermitentemente desde que mi padre fue nombrado ministro. Al cabo de unos quince minutos llegó el presidente Allende, acompañado por el ministro secretario general de Gobierno de entonces, Fernando Flores, con quien se encontraba reunido al enterarse de la noticia, y con sus guardias personales. Luego llegó la Policía de Investigaciones y personal de Carabineros. El presidente entró por la cocina de nuestra casa, donde lo recibió mi padre, y a la entrada del pasillo que distribuía el acceso a las piezas, en un espacio estrecho, nos saludó al resto de la familia. Fue cariñoso con mis padres y mis hermanos. Me dijo con voz fuerte y tensa, sabedor de que había estado a segundos de estar expuesto a la bomba, lacónico:

- ¿Cómo está?

- Bien, presidente.

Yo estaba un tanto conmocionado, claro, pero consciente de mi buena suerte, e impresionado de estar con el presidente Allende en esa circunstancia. Él estaba con el semblante grave. Había perdido semanas antes a su edecán naval baleado por la ultraderecha, el capitán Araya, y ahora por primera vez se atentaba con bomba contra uno de sus ministros, en su casa y con su familia.  Estábamos en la pequeña cocina, pues el espacio del estar y el comedor estaban inutilizados por el estrago de la bomba. El presidente le dijo enérgicamente a un oficial de la policía de investigaciones:

- Si descubren a quienes hicieron esto, no tengan contemplaciones. ¿Entendido? Sin contemplaciones. Partan de inmediato.

Lo que hicieron, con ademán de desconcierto en el rostro, pues la escena había sido fuerte. Por supuesto no se trataba de una orden literal, no era ese el talante de Allende, y creo más bien que quiso expresar su enojo de manera perentoria y su voluntad de no dejar el hecho impune, pues Allende tenía un alto sentido de la lealtad con sus colaboradores. 

Al Carabinero que se apersonó desde el retén situado a pocas cuadras, una vez que le preguntó si había guardia previa, y ante la negativa como repuesta, el presidente Allende le dijo:

- Usted se queda de guardia de inmediato, es una orden del presidente de la República.

Al cabo de un rato, el presidente se retiró. Moriría nueve días después en el Palacio de la Moneda, en una gesta heroica que significó la condena moral irremontable de los usurpadores del poder democrático.

Luego recibí un llamado telefónico del entonces estudiante de sociología y por esos días asistente del Intendente de Santiago, mi amigo Sergio Riffo, que supervisaba las actividades de los estudiantes secundarios del MIR hasta hacía unos pocos meses, quien con voz cálida me transmitió su solidaridad y aliento. Fue la última vez que hablé con él, pues desapareció a los 23 años en manos de la DINA en 1975. 

A la mañana siguiente, ya no estaba el Carabinero haciendo guardia. Nuestra sospecha es que los Carabineros del retén del barrio estaban más cerca de los grupos civiles violentos de la ultraderecha y de los llamados Protecos que agrupaban a los vecinos derechistas, que del gobierno constitucional al que debían obediencia. 

***

El día posterior al bombazo en nuestra casa familiar, se discutió una vez más en una asamblea de mi colegio la entrada en paro que promovía la oposición. Con mis amigos habíamos logrado que no se declarara una paralización de actividades. Me presenté en la asamblea, y ante los argumentos de alumnos de derecha de que el gobierno promovía la violencia y que eso justificaba entrar en un paro indefinido hasta su derrocamiento, pedí la palabra para argumentar que el caso era al revés, y que a mayor abundamiento mi familia había sufrido en la noche anterior un atentado con bomba. Muchos de los presentes en la sala aplaudieron, escena que no olvido hasta hoy, encajando la idea de que preferían verme muerto.

Ese era el clima que se vivía en ese momento. Me retiré de la asamblea y dirigí a las oficinas de la dirección del colegio, momento en que tuve un altercado al subir las escaleras con el inspector general, Monsieur Coti, un exmilitar francés de no muy buenas pulgas y menos luces, pero logré hablar con el rector para señalarle que su deber –se trataba de un liceo con autoridades nombradas por el gobierno francés- era mantener funcionando el colegio más allá de las presiones de los estudiantes de derecha.

Fueron días muy tensos, e incluso sentí en ocasiones que era objeto de seguimientos al volver tarde a mi casa en las noches. Pensé en comprar una pistola y mientras tanto me desplazaba en ocasiones con unos palos cortos para protegerme, lo que era bastante inútil, claro está, entre otras cosas porque no sabía usarlos. Pero no alcancé a andar armado, máxime cuando tampoco tenía la menor idea de cómo usar una pistola y no era esa mi inclinación personal. Jamás en la vida me he trenzado a golpes con nadie, salvo algún empujón en el colegio o en alguna pichanga de fútbol. Siempre he creído en la palabra y no en la fuerza bruta, aunque la autodefensa sea siempre legitima, y pensé que se hacía necesaria más que nunca en esos momentos extremos de polarización y odiosidad. Mediante el diálogo y la actitud de las autoridades del colegio, se evitó el paro hasta el final. Pero no pude volver más al colegio, en el que cursaba mi último año escolar. Terminé haciendo el bachillerato francés para entrar a la universidad en París entre Caracas y la isla de la Guadeloupe. Cosas del destino.

El martes 11 de septiembre me dirigí como todas las mañanas a mi liceo. Al salir de la casa con mi hermano menor no supimos nada particular. Mi padre no tuvo información temprana del golpe. Al entrar a la Alianza Francesa, ya la noticia se había esparcido. El ambiente estaba alterado y no entré a la clase de física. Intercambié brevemente palabras con mis amigos y les dije que me dirigiría hacia el Instituto Pedagógico, que era el lugar de concentración previsto para esta eventualidad por la estructura militante a la que pertenecía. Era evidente que en esta ocasión –después de muchas falsas alarmas en los meses previos y una intentona efectiva pero fracasada el 29 de junio- la hora era grave. Como muchas veces en mi actividad política posterior, no quise arrastrar a nadie a algo de lo que yo, sin embargo, no me sustraería. Traté de ubicar a mi polola, pero no la vi, aunque su condición de hija del agregado científico de la embajada de Francia la ponía a buen resguardo. Hablé con mi hermano Ricardo, iba a cumplir doce años por esos días, y quedamos con el alma en vilo que se iría donde unos amigos que vivían cerca hasta comunicarse con nuestros padres. Luego sería recogido por un solidario primo e iniciado unas jornadas azarosas con madre. Me dirigí a la salida del colegio, pero no me dejaba salir el mentado inspector general. Le hice ver que había un golpe de Estado en curso, que mi seguridad y la de mi familia estaban en juego, y que no se interpusiera. Tuve que hacerlo a un lado, dio orden de cerrar la puerta, y salté por encima de la reja del colegio que había sido el mío desde los cuatro años, con el pulso acelerado y el sabor de la contrariedad, en el inicio de una mañana a esa hora todavía luminosa. No volví a pisar ese lugar sino muchos años después.

***

Me demoré bastante en llegar a dedo al Instituto Pedagógico. Dudé en ir a mi casa a ver qué pasaba con mi familia, pero hice bien en no hacerlo pues los puentes de acceso a nuestro barrio ya estaban copados por militares. A las nueve de la mañana la situación en la entrada del recinto universitario era confusa, pero rápidamente nos agrupamos los del MIR y el FER. La noticia era la inminencia de la llegada de los militares a rodear el campus. Ante el poco sentido de encerrarse en un lugar del que no podríamos movernos, conducidos por nuestro jefe, Aníbal (Sergio Reyes, desaparecido desde 1974), y los miembros de la jefatura Jiménez (Carlos Ominami) y César (Ricardo Pizarro), presidente de la Federación de Estudiantes Vespertinos, decidimos encaminarnos al cordón industrial Macul. Éramos unos treinta estudiantes universitarios y secundarios caminando hasta la industria Paños Continental. Llegamos a la industria, entonces intervenida y bajo administración gubernamental, pero no ingresamos porque a los que ahí estaban no les pareció una buena idea. Se produjo entonces un dialogo en la calle, que observé a la distancia, de nuestros jefes con una patrulla de Carabineros que se hizo presente, escena un poco peculiar, pero a esa hora nadie sabía bien, ni ellos ni nosotros, de que se trataba exactamente lo que estaba en curso. Jiménez me comentó al pasar que la recomendación de los oficiales fue que nos retiráramos de ahí en términos más o menos amistosos. Lo que hicimos. Y decidimos dirigirnos ahora a la población Santa Julia, donde el MIR tenía algunas bases de militancia poblacional, distante algunas cuadras. Llegamos ya menos de una veintena a la esquina de la avenida Macul, una arteria importante y transitada, con la calle Los Guindos, a eso de las once de la mañana. Estábamos en la mitad de la calle, francamente sin saber qué hacer. Llegó al lugar el encargado militar del GPM 3, el "Turco Mario", que más tarde se hiciera humo y no sabríamos más de él y por tanto salvaría su vida, en buena hora, y el "Topaloma" su ayudante en estos menesteres, de una gran simpatía, Mario Maureira, detenido y desaparecido en 1976. Traían algunas escopetas y dos metralletas Mercati argentinas, de muy poca calidad y sin gran munición. Esta escena en plena calle de unos cuantos jóvenes que discurrían sobre que podían hacer, debe haberle inspirado alguna conmiseración a una vecina del lugar, que se acercó a nosotros y nos dijo:

- Soy del Partido Radical, veo que no tienen dónde ir, vengan a mi casa.

Lo que aceptamos, a falta de alternativas. Su dueña se trasladó con sus hijas a otro lugar cercano, y ahí nos instalamos encabezados por la jefatura del GPM 3 y una "masa armada" un tanto menguada, dispuestos a realizar acciones de resistencia. Era una vivienda de dos pisos y unas pocas piezas, en las que nos instalamos unos quince miembros del MIR, ninguno mayor de 25 años. Esta mujer, de la que nunca más sabría, tendría unos cuarenta años, dos hijas y un gran temple. No sé qué pensó al tomar un riesgo semejante. Tal vez la imagen de esos jóvenes decididos le provocó esa reacción. Venía cada cierto rato a traer noticias y provisiones. Ella encarnó el heroísmo anónimo que tantas veces enfrentó situaciones difíciles solidariamente en los años terribles que siguieron.

César me pidió que lo acompañara en su auto (era algo mayor y disponía de un vehículo familiar) a una “casa de seguridad” en la zona, en la que había que armar granadas artesanales. A esa hora el día límpido se había cubierto de nubes y declinado hacia una lluvia primaveral. Se combatía en La Moneda y en diversas partes de la ciudad y se derrumbaba nuestra democracia.

Estuvimos en la tarea varias horas unos tres compañeros. Se trataba de introducir nitrato de plata en unos tarros de café recubiertos de plomo y metralla y luego atornillar una espoleta hecha con un mecanismo en base a fósforos. Hicimos la tensa tarea sin sobresaltos y volvimos a nuestro lugar de reunión en Macul con un pequeño cargamento de granadas listas para ser usadas.

Allí el clima era de pesadumbre, ya se conocía la noticia del bombardeo de La Moneda y de la muerte del presidente Allende, transmitida por la televisión de la que disponía nuestro improvisado "cuartel general de la zona oriente de Santiago". Escuché un "bando" que instaba a entregarse a las autoridades militares a una serie de dirigentes de izquierda y de miembros del gobierno de Allende, bajo pena de persecución por "aire, mar y tierra”. El hecho es que en la lista que escuché se encontraba mi padre. Me provocó una sensación de alivio. Me dije que estaba entonces vivo y libre, lo que en realidad no era el caso para varios de la lista que ya habían sido apresados a esa hora, pero en el momento me sirvió de aliento frente a la inquietud que me embargaba: ¿dónde estaría mi padre? ¿habría ido a La Moneda? Solo tenía claro que mi padre no se entregaría y que ya vería manera de saber de él.

Cayó la tarde. Llegó uno de nuestros miembros de la jefatura y nos informó que había podido establecer un contacto telefónico con "el Bauchi" (Bautista Van Schouwen, torturado hasta la muerte y desaparecido en diciembre de 1973).  Su instrucción había sido: "hagan barricadas de dispersión". Nos miramos los presentes con silencioso desconcierto.

Nos pareció poco practicable lo de las barricadas de dispersión. Se empezó a planear en cambio el ataque a un retén de Carabineros cercano, con un mapa desplegado en una mesa. Me preguntaron si podía hacer de chofer operativo, a lo que dije que sí. Para mis adentros me dije "qué diablos, veremos", pues mi experiencia de manejo de autos con 16 años y sin licencia de conducir era más bien escasa. Entre tanto sonaba un repiqueteo de tiros sistemáticos a poca distancia de donde estábamos. Al caer la noche no lográbamos entender exactamente qué pasaba, pero nos dábamos cuenta de que se trataba de un enfrentamiento en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, situada a pocas cuadras. Aníbal decidió cambiar el ataque al retén por una intervención en la situación del recinto de Carabineros. Había que averiguar quiénes resistían para ir en su ayuda y quienes atacaban. Me plantearon que fuera parte del grupo que saldría a averiguar la situación. Les dije esta vez que no me parecía una buena idea porque estábamos en toque de queda y cualquier control se toparía con mi cédula de identidad con el nombre igual al de mi padre requerido en la lista de la junta militar. Y salir sin identificación tampoco parecía muy recomendable. A los jefes les pareció razonable y salieron otros compañeros, sin que lograran aproximarse mucho al sitio del suceso ni lograr una apreciación más clara de la situación. Pasó la noche sin que pudiéramos hacer nada. A la mañana siguiente, me dijeron que me cortara el pelo largo que usaba entonces, porque podría ser peligroso en “situaciones de fuego”. Entretanto pasaban patrullas militares y en un momento se estacionó en la esquina un bus de Carabineros por largo rato. Es posible que alguien hubiera sospechado de nuestros movimientos. Permanecimos con gran tensión esperando el asalto. Al cabo de un par de horas se retiraron. Fueron saliendo varios grupos de a dos o tres de los nuestros a lanzar nuestras granadas artesanales a patrullas militares. Las granadas no funcionaron. Entre medio, en la televisión apareció la noticia del allanamiento de una casa en la que se encontraron materiales explosivos: era aquella en la que había estado el día anterior. 

En la tarde del día 12 fuimos evacuando la casa de la señora radical, en medio del toque de queda. Caminamos más adentro hacia la población Santa Julia, yo con cuatro granadas en los bolsillos de mi chaqueta de escolar y con la adrenalina alta. Nos acogió una pareja de pobladores, que también se trasladó a otro lugar. En su modesta casa permanecimos en la noche del 12 y el día 13 con mucha tensión, con el Pampa y el Titi, Miguel Ángel Acuña Castillo y Héctor Garay Hermosilla, estudiantes del liceo 7 detenidos y desaparecidos en 1974, y con cada vez menos posibilidades de hacer algo. Escuché con estupor por la radio los mensajes de apoyo al golpe militar de Sergio Onofre Jarpa a nombre del Partido Nacional y de Patricio Aylwin a nombre de la Democracia Cristiana.

El grupo decidió dispersarse al día siguiente y pasar a la clandestinidad como se pudiera, al cabo de tres días de intentar resistir. Me despedí de mis compañeros, a varios de los cuales no vería más, pues les esperaba la muerte unos meses o años después. Salí a llamar por teléfono en las cercanías para tratar de saber algo de mi familia. En una cabina telefónica hablé con un amigo, sin lograr averiguar mucho. Miré hacia un lado y vi un soldado en una patrulla detenida a unos diez metros, con unos cuellos naranjos que usaban, apuntándome con un fusil. Les debe haber llamado la atención un liceano con uniforme y el pelo cortado de manera un tanto extraña. Seguí hablando por teléfono, y finalmente la patrulla siguió su camino, para mi gran alivio. 

Me fui caminando largamente por calles interiores de Nuñoa hacia la casa de un tío, que no me recibió muy bien, pensando en conectar con mis padres, lo que logré después de varias peripecias. Mi padre ya estaba a salvo en la embajada de Venezuela, donde permanecería 9 meses sin salvoconducto antes de iniciar un largo exilio. Pasé por el Estadio Nacional en mi recorrido. Los movimientos me parecieron extraños. Ignoraba que ya era un campo de concentración, por el que pasarían presos varios de mis amigos, como Milton Lee, Ramón Barceló, Maité Albagly, y quien más tarde sería mi suegro y abuelo de mis hijos, Vicente Sota. La tragedia iniciaba su largo recorrido. 

Más sobre Allende, los 50 años y los desafíos actuales

En La Nueva Mirada

Se ha sumado el expresidente Sebastián Piñera a la justificación del golpe militar de 1973 en los siguientes términos: «el Golpe de Estado no era evitable» y el propósito de la izquierda era por cualquier medio establecer “una dictadura marxista”. El mensaje está claro: la derecha en todas sus versiones sigue defendiendo el golpe militar 50 años después, y lo hace tergiversando.

El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios sociales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática. Esto ocurrió desde el primer hasta el último día de su administración. Otra cosa es que a la postre una mayoría del parlamento, e instituciones politizadas por la oposición, se sumaran con entusiasmo a declarar lo contrario, sin que les pasara absolutamente nada. Existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes. El que diga lo contrario simplemente falta a la verdad. Los que llegan a reconocer este hecho, señalan que en cualquier caso el propósito del gobierno de Allende era terminar con la democracia y que eso era lo que había que impedir mediante un golpe militar, como una especie de mal menor. Esto no tiene sustento alguno en los hechos, que muestran, antes bien, que el gobierno de Estados Unidos, aliado a la derecha civil y militar, se propuso impedir, sin éxito gracias la conducción no freísta de la DC de la época, que Allende llegara siquiera a asumir el gobierno. Más aún, el presidente Allende se aprestaba a convocar un plebiscito el 11 de septiembre de 1973 para permitir una salida democrática a la crisis, es decir todo lo contrario de lo que la derecha afirma.  

El tema de fondo es que el gobierno de Allende se propuso emprender reformas estructurales a la economía y la sociedad chilena. Estas incluyeron en primer lugar la nacionalización del cobre, aprobada por la unanimidad del parlamento, para que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en un mayor bienestar social de sus habitantes, y dejaran de ser rentas transferidas al exterior. Esto se logró, a pesar de su reversión parcial posterior. Y en segundo lugar, se propuso poner fin al latifundio y al inquilinaje con la ley de 1967, rémora social y productiva que desapareció del mapa económico chileno, pero a la postre no en beneficio del campesinado sino de una revolución empresarial exportadora exitosa, luego de una represión inicial brutal. Estos son legados del gobierno de Allende que la derecha se niega a reconocer.

Lo que fue más problemático y polarizador, como se reseña en mi libro recién publicado por LOM sobre los 50 años del golpe de 1973, fue la nacionalización de la banca y la creación de un sector industrial y de distribución estatal, pero sin un diseño que tuviera un consenso al interior del gobierno ni de la sociedad. La expansión inorgánica de este sector produjo un desborde en la puesta en práctica de la reactivación de corto plazo, basada en una expansión salarial que debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas. La meta de participación de los salarios en el producto programada para 1976 se alcanzó en 1971. Al excederse ese objetivo, se produjo una espiral precios-salarios alimentada por intervenciones de empresas y explotaciones agrícolas bajo la presión «desde abajo» de cambios en la propiedad, incluyendo el mundo mapuche en la zona de Cautín.

Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria de 1967 y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por una parte de la izquierda y de los grupos escindidos de la DC, que hacía equivaler socialismo a poner cualquier empresa que se pudiera en manos del Estado. El plan gubernamental no era ese, sin embargo, sino la conformación de un sector acotado de 91 empresas públicas que sustentaran un nuevo proceso de expansión productiva, como ya lo había hecho la creación de empresas por la CORFO en décadas previas. Tampoco se trataba de eliminar el mercado, sino de construir una amplia planificación del esfuerzo de inversión pública y privada para un mayor desarrollo de largo plazo.

Pero la intervención de empresas de distinto tamaño no programada pero validada por decretos de continuidad de abastecimiento, se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario y de rupturas de abastecimiento, en medio de un amplio aumento del consumo y una menor oferta por una menor producción y el estrangulamiento de la capacidad de importar logrado por Estados Unidos. Esta fue la represalia por la expropiación del cobre con descuento en la indemnización por utilidades excesivas pasadas. Se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa sistemática de la oposición en el parlamento. Aprobar gastos, pero no los ingresos propuestos por el gobierno, sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político. Sin embargo, es lo que hicieron la derecha y la DC en la época, junto a una estrategia de parálisis progresiva del país, con atentados con bombas realizados por la extrema derecha civil con apoyo de la inteligencia de la Marina y con paros y huelgas estimulados por la cúpula empresarial y financiados por Estados Unidos.

En paralelo, la «revolución desde abajo» hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico luego del impulso transformador inicial de 1971. Se ha puesto poco el acento en la magnitud de ese proceso social en el período de 1967-1973, como hace el importante libro de Peter Winn, «La revolución chilena» (LOM, 2013). Este proceso era legítimo, y en todo caso una realidad. Pero debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado con una conducción firme de los partidos de gobierno. Pero se dividieron en este tema, que era crucial en las condiciones chilenas, con un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado en lo económico por Estados Unidos con efectos devastadores, aunque algunos insistan todavía en querer minimizarlos, y sin nada que se pareciera a un apoyo sustitutivo como el soviético brindado a Cuba, cuya situación geo-estratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba demasiado a Allende, más allá de la buena crianza con el PC chileno, importante entre los PC occidentales, entre otras cosas porque su modelo político y económico era sustancialmente diferente a la ortodoxia soviética.

Una parte de la coalición de gobierno sostenía una difusa estrategia de «acumular fuerzas para la toma del poder«, poniendo empresas de todo tipo bajo control gubernamental, pero sin un diseño sobre su funcionamiento y su coherencia productiva de conjunto, en oposición a buena parte de los equipos económicos de gobierno y del propio presidente Allende. Este era un sector crítico de la democracia parlamentaria y que se sentía cómodo con el modelo cubano, pero sin tomar en cuenta que las condiciones eran sustancialmente diferentes. No por casualidad Ernesto Guevara tuvo para Chile y Uruguay un diseño de bases logísticas, pero nada que se pareciera a que estos países fueran incluidos en procesos de lucha armada, la que en cambio favoreció en Brasil, Perú, Bolivia y Argentina para desplazar a dictaduras militares.

El presidente Allende fue un conductor político que realizó ingentes esfuerzos por estabilizar la situación política, buscando desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales, en lo que el PS y el PC no le acompañaron, cometiendo un fuerte error político. En simultáneo, buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al gobierno en 1970. No debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito, que no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973. El golpe militar si era evitable.

El freismo le negó todo acuerdo al presidente Allende durante su gobierno, lo que reafirmó cuando recuperó el control del partido en 1973. Privilegió desde el primer momento el golpe de Estado, en alianza con Estados Unidos y la derecha, que pensaba le permitiría en breve plazo volver al poder en condiciones de control represivo de la izquierda. Tampoco ayudó al esfuerzo político del presidente Allende la reticencia de la dirección del Partido Socialista, que no ofreció una opción alternativa que no fuera una radicalización sin soporte en alguna fuerza militar propia de alguna significación (tampoco la tuvo el MIR) y sin que estuvieran preparando insurrección alguna, como si lo hicieran Montoneros y ERP en Argentina. En paralelo, el presidente Allende se empeñó en estabilizar la situación económica, pero sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y la ampliación de un núcleo de empresas industriales socializadas que permitiera sostener un proceso de crecimiento que redundara en el largo plazo en aumentos del bienestar de la mayoría social. Se debía estabilizar el proceso de cambios, contener las desorganizaciones productivas que son propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada, como la pronosticada por Michal Kalecki décadas antes en condiciones de este tipo.

Pero se produjo el mencionado desborde político y social, con graves consecuencias, pues redundó en un aumento del apoyo social a un golpe de Estado. Se llegó a unas 500 empresas intervenidas, en las cuales las planillas salariales aumentaron y fueron financiadas con emisión monetaria. La suma del boicot empresarial financiado desde Estados Unidos, el fin del crédito externo y la espiral precios-salarios llevaron a una situación paradojal: el consumo popular aumentó sustancialmente respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de dificultad cotidiana en el abastecimiento, con la correspondiente erosión del apoyo social. Esto movilizó en contra del gobierno a amplios sectores medios y disminuyó la adhesión al gobierno, aunque se mantuvo en 43% del electorado en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% en la elección municipal de 1971 y el 36% en la elección presidencial de 1970. El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el freismo (con los generales Arellano y Bonilla incluidos), lo que terminó en la renuncia del general Prats, la posterior traición de Pinochet y la culminación del control ilegal de la Armada por Merino y de Carabineros por Mendoza.

¿Qué se puede pensar 50 años después? Lo medular de la pugna histórica chilena permanece en las actuales circunstancias, en las que la meta de la derecha no es ahora derrocar al gobierno sino inmovilizarlo y desacreditar sus propósitos. El discurso oligárquico pretende, como siempre, dejar establecido que deben quedar fuera del horizonte de posibilidades de la acción política aquellas transformaciones que recuperen para el país sus recursos naturales y otorguen al Estado un rol económico más significativo en beneficio del trabajo y de los sectores más pobres y marginados de la sociedad. La economía debe organizarse alrededor de los intereses del capital y las políticas sociales deben subordinarse a ellos. Punto y aparte.

El problema es que lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas. Ese es el sentido profundo de la rebelión de 2019, que volvió a poner en cuestión el dominio oligárquico y la concentración económica en Chile, y su traducción en desigualdades y abusos cotidianos.

En 2019-2021 se vivió la secuencia de una nueva «revolución desde abajo«. Esta se tradujo incluso, en este caso refrendada por 2/3 del parlamento, en un golpe al corazón del modelo privatista de seguridad social, mediante los retiros de recursos desde los fondos de pensiones. Así como ocurrió con los reajustes salariales y las ocupaciones de empresas bajo la Unidad Popular, el gobierno de Piñera perdió parte del control de la política económica. Pero según las cifras del Banco central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. En 2021, en la salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares aumentó en 21% y el consumo de gobierno en 14%, con lo que la demanda interna aumentó en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Como se observa, la tan criticada política económica de la UP no tuvo la intensidad expansiva del último año de Piñera II, ya desbordado. La diferencia, crucial, es que el bloqueo externo en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y una alta inflación. Esto reafirma una vez más la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada para llevar a cabo cualquier proyecto de cambio progresista.

La derecha ha logrado hasta aquí mantener a raya las amenazas a los cambios del orden oligárquico que despuntaron en el proceso constituyente iniciado en 2020, a pesar de perder el gobierno en 2022, aunque no el parlamento. Logró, usando todos sus dispositivos comunicacionales e institucionales, derrotar el proyecto constitucional de la Convención y transformar la rebelión social en la idea de una amenaza delincuencial desbordada. Y también anular al nuevo gobierno, con una estrategia de promoción del miedo a la delincuencia y a la inmigración. Esta ha sido efectiva para inclinar hacia la extrema derecha a sectores medios y populares, estimulando un apoyo primitivo al orden represivo y a la xenofobia. La derecha ha logrado cambiar la agenda pública y relegado los temas de desigualdad y abuso. Además, ha bloqueado desde el parlamento, sin gran costo político hasta ahora, reformas progresistas como la tributaria, de pensiones o la de seguros de salud, de gran importancia para la mayoría social. Pero su piedra de tope será su probable derrota en el plebiscito constitucional de diciembre de 2023, que tal vez permitirá al gobierno actuar en mejores condiciones para retomar la iniciativa política y su propia agenda.

Derrocamiento y persistencia de un proyecto histórico

 En El Mostrador

A medida que se acerca el 11 de septiembre de 2023, arrecian las descalificaciones al proyecto histórico de la izquierda derrocado por la fuerza militar hace 50 años. La derecha insiste con todos sus medios en descalificar la experiencia de 1970-73, tanto en su contenido transformador como en la vigencia del ejemplo de consistencia, consecuencia y dignidad de su conductor, Salvador Allende. Para la derecha es insalvable que Allende, como Balmaceda, no se rindiera ante la fuerza y que decidiera pagar con su "vida la lealtad del pueblo”. Por eso insiste en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia.

Los argumentos más ilustrados oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto. El Presidente Allende no fue un incompetente que se perdió en un laberinto creado por él mismo, como pretenden presentarlo algunos, sino que fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles cambios indispensables en la sociedad chilena y, a la vez, estabilizarlos en determinados límites.

Buscó desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió, nada menos que la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la conformación de un área bancaria e industrial socializada. En esa idea, el PC y el PS no lo acompañaron, cometiendo un error estratégico, mientras el PS y la izquierda radicalizada estimularon la “revolución desde abajo” que, siendo legítima en sus motivaciones, no debía ser conducida hacia desbordes salariales y ocupaciones de unidades productivas financiadas por emisión monetaria, sino hacia una nueva estabilidad que cautelara la alianza con los sectores medios para enfrentar la reacción implacable de los afectados por los cambios iniciales.

Estos eran el límite necesario de esa etapa histórica y no dimensionarlo fue el error de la izquierda radical de la época. Estados Unidos cortó el crédito externo y estranguló las importaciones, mientras en el Parlamento la oposición aprobaba los reajustes sin los ingresos para financiarlos, alimentando el déficit fiscal y la inflación. La economía chilena “gritó”, como fue la orden dada en 1970 por Nixon a la CIA.

El Gobierno de la Unidad Popular quedó preso en la lógica implacable de la Guerra Fría y no pudo controlar el desborde expansivo de la demanda que se volvió en su contra. Esto erosionó el apoyo al Gobierno, aunque se mantuvo en 43% en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% de la elección municipal de 1971 y el 36% de la elección presidencial de 1970, y sobre todo irritó y movilizó en su contra a amplios sectores medios que prestaron apoyo social al golpe de Estado de 1973, y en buena medida inmovilizó al resto.

El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el freísmo (a través de los generales Arellano Stark y Bonilla), lo que culminó en la renuncia del general Prats y la posterior traición de Pinochet, a pesar de que dos de los cuatro comandantes en Jefe (los de la Armada y Carabineros) se mantuvieron hasta el 11 de septiembre leales a la Constitución y al Presidente Allende.

Allende actuó frente a un plan de derrocamiento interno y externo poderoso y sistemático. Buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al Gobierno en 1970, logro histórico contra la expresa intervención violenta de Estados Unidos y la voluntad conspirativa de la derecha y del freísmo DC, que las circunstancias le impidieron proyectar. Pero no debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito, que no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973, y que hubiera salvado con una cierta probabilidad de éxito los cauces democráticos chilenos y, a lo mejor, dado tiempo a una recomposición de una izquierda que hubiera procesado sus radicalizaciones inconducentes.

Hace 50 años se produjo un derrocamiento (es el subtítulo de mi libro recién publicado sobre el tema) de un Gobierno legítimo y democrático, seguido de una represión violenta y prolongada, pero no un fracaso del proyecto histórico de la izquierda. Este siguió adelante bajo otras formas, a partir de un espíritu de resistencia que se inscribe en décadas de luchas republicanas, sociales y libertarias.

Desde luego se mantiene la vigencia de sus fundamentos, que fueron y siguen siendo la búsqueda histórica de una sociedad democrática con justicia social y con recuperación para el país de sus recursos naturales. Hay dimensiones adicionales, como el énfasis igualitario en materia de género y el respeto a las disidencias, junto a la urgente tarea de la sostenibilidad ambiental. Pero no son dimensiones sustitutivas de las previamente existentes. No se sustituye así no más la aspiración colectiva a las libertades y a una democracia plena, basada en la soberanía popular y la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto de las minorías, ni la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos y a la reciprocidad comunitaria y solidaria.

El instrumento principal para lograr esos objetivos tampoco ha variado tanto: es la construcción estable de una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro y de proveer estabilidad política. Es lo que, no sin dificultades, se esboza en el actual Gobierno, que expresa la emergencia de una nueva generación de izquierda.

Es esa vigencia la que precisamente irrita tanto a la derecha, a pesar de la victoria de la contrarreforma en 1973 mediante violencias prolongadas. La radical restauración del dominio oligárquico fue efectiva, aunque no definitiva, y ha tenido que aceptar modulaciones híbridas a lo largo del tiempo que pueden bascular a un Estado social de derecho. No siguió ya siendo sustentada en la hacienda y su cultura autoritaria, sino en grupos financieros hiperconcentrados y en la cultura del individualismo mercantil y la ilusión de la movilidad social mediante el crecimiento económico.

Este se agotó hace más de una década y dio lugar a la vasta rebelión de 2019, a un proceso constituyente y al desplazamiento de la derecha en 2021, aunque se haya recompuesto en 2022 con su victoria contra el proyecto constitucional de la Convención. Pero sus reflejos autoritarios no le permiten concebir otra cosa que una implacable oposición al actual Gobierno y presentar el orden oligárquico como si fuera la normalidad. Y esa pretensión es la que sigue fracasando irremediablemente 50 años después.

El régimen político y el deterioro de la gobernanza en Chile

 En La Nueva Mirada

En estas semanas se han constatado dos cosas: la oposición destituye ministros y la Corte Suprema fija tablas de factores y topes a las primas de los seguros de salud. Esto es profundamente anómalo desde el punto de vista de una gobernanza (definida como «todos los procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas mediante los que se deciden y regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad«) que sea razonable y mínimamente coherente.

El nuestro es un régimen presidencial, con Estados Unidos como referencia original. Pero en ese país el parlamento no destituye ministros, aunque deben ser confirmados por el Senado antes de entrar en funciones, lo que es más lógico (más de mil posiciones gubernamentales requieren de la confirmación del Senado, mediante informes previos y audiencias públicas, además de la nominación presidencial). En Chile esto existió en el pasado para la nominación de generales y almirantes y embajadores, y se mantiene para la nominación de jueces de la Corte Suprema. La figura de la acusación constitucional chilena a ministros y autoridades nombradas por el presidente es un problema. Se inventó en el siglo XIV para impugnar a los colaboradores del rey inglés, dado que eso no podía ocurrir con el soberano que los nombraba. Se incluyó en las cartas de 1828 y 1833. El procedimiento servía como amenaza al ejecutivo en el siglo XIX, aunque con poco uso efectivo, y permitía realizar ajustes ministeriales para el reparto de poder entre los grupos oligárquicos. Mientras duró, 6 fueron acogidas, pero solo en el contexto de la guerra civil de 1891, que se desencadenó por un bloqueo parlamentario al presupuesto del presidente Balmaceda. La post confrontación dio lugar a la llamada «república parlamentaria«, con frecuentes cambios de gabinete, pero sin destituciones de ministros. Bajo la constitución de 1925, más presidencialista, se produjeron 4 destituciones de ministros hasta el período del presidente Allende, en cuyo gobierno hubo abusivamente 7 en breve tiempo.

En la autoritaria constitución de 1980 se estableció que la destitución se acompañara de una pérdida de derechos cívicos por 5 años para ministros, jueces, generales o almirantes e intendentes, en una figura más grave. Pero ya en mayo de 1994 se produjo el primer intento de ser usado contra los ministros Foxley y Hales, sin éxito, como parte de una lógica de hostigamiento parlamentario. Desde 1990, se han producido 3 destituciones (que afectaron a los ministros de educación Provoste y más tarde Bayer, en una especie de empate, y Chadwick, este último cuando ya estaba fuera del cargo de ministro del Interior y por tanto de su responsabilidad política en la represión inicial de la rebelión de 2019, lo que ilustra lo absurdo del mecanismo, pues para las responsabilidades penales en un Estado de derecho están los tribunales de justicia). Con el paso del tiempo, y dada la situación frecuente de ausencia de mayoría parlamentaria de los presidentes, la amenaza de la proscripción por 5 años lleva a la renuncia de ministros, como ahora en el caso de Giorgio Jackson, no obstante que gozan de su confianza y no han violado en nada la constitución.

El mecanismo de destitución parlamentaria a autoridades del Estado puede tener sentido para una situación de grave crisis, en que por ejemplo la figura presidencial se sitúe de manera manifiesta fuera de la constitución y no respete la separación de poderes y los derechos humanos, o autorice hacerlo a sus subordinados. Estos están en funciones por su decisión y bajo su responsabilidad, por lo que no tiene sentido que el parlamento acuse y destituya a los subordinados propiamente tales. Por eso la figura no existe en Estados Unidos, pero sí la de la destitución del presidente (el impeachment), lo que dada su gravedad nunca ha prosperado, incluso en dos ocasiones contra Trump. Tiene sentido, por su parte, mantener la capacidad del parlamento de destituir a figuras como los jueces o al contralor si tienen conductas de prevaricación o corrupción, pues su permanencia o no en el cargo no depende del poder ejecutivo y no pueden quedar sin la posibilidad de ser removidos. La destitución de ministros y autoridades ejecutivas, en cambio, produce un incentivo para que una mayoría parlamentaria opositora radicalizada no deje gobernar al presidente, hostilizando a sus equipos, además de bloquear su programa de gobierno.

El problema de fondo es la ausencia de correspondencia entre la mayoría parlamentaria y la orientación del gobierno. El sistema político chileno debe sentarse a meditar un rato y constatar que se debe evolucionar hacia un régimen distinto al actual, que a la larga fomenta la inestabilidad y las crisis, como lo sostuvieron décadas atrás Juan Linz, Arturo Valenzuela y otros cientistas políticos (Las crisis del presidencialismo, 1997). Nada de esto forma parte de las discusiones del Consejo Constitucional en funciones, dicho sea de paso.

En Chile, la estabilidad y coherencia del sistema político mejoraría si un primer ministro, nombrado por el presidente, es quien detenta la responsabilidad de gobierno. Si el primer ministro pierde la confianza del parlamento mediante un voto de censura, cae junto a todo el gobierno, con la condición que su destitución se acompañe de su reemplazo por otra figura previamente acordada por una mayoría parlamentaria (que puede corresponder o no a la orientación política del presidente). Si ese acuerdo no existe, el presidente debe convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Este debe ser, como jefe de Estado, el garante de la independencia y la unidad nacional y del funcionamiento regular de las instituciones, siendo además el comandante de las fuerzas armadas y quien representa al país. Debe aprobar las nominaciones de ministros y otros cargos a propuesta del primer ministro, quien es el jefe del gobierno, y ejercer un poder de veto, en ciertas condiciones, a determinadas legislaciones, que en última instancia sean dirimidas mediante plebiscito. Sistemas de este tipo funcionan bastante bien en los países europeos donde no hay monarquías o en grandes democracias como la India. En las monarquías constitucionales, el sistema político es directamente parlamentario.

Lo de la Corte Suprema legislando, del mismo modo que el Tribunal Constitucional legislando, son anomalías que se producen en Chile y deben cesar en un nuevo ordenamiento institucional. Los tribunales no están llamados a legislar, sino a aplicar o hacer aplicar la ley o controlar su constitucionalidad en ciertas condiciones. La tendencia reciente a legislar del poder judicial, sin embargo, deriva del bloqueo parlamentario que genera el sistema político y que judicializa regulaciones como la de los seguros de salud, que les corresponde fijar a los poderes ejecutivo y legislativo elegidos por la ciudadanía.

Si no se aprueba el proyecto del Consejo Constitucional dominado por la extrema derecha, como es probable que ocurra en diciembre próximo, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública -extendido a una reforma constitucional que desde agosto de 2022 solo requiere de 4/7 del parlamento para ser aprobada- podría conferirle al ministro del Interior la condición de Primer Ministro, sujeto a pérdida de confianza parlamentaria, y terminar de ese modo con las acusaciones a ministros particulares que solo alimentan una suerte de guerrilla sin sentido que paraliza la gestión pública. Lo que cabe es establecer un mecanismo de solución racional a las crisis políticas en vez de la parálisis pública.

Cabe también hacer notar que la toma de decisiones económicas por una mayoría de 2/3 del parlamento en 2020 y 2021, con el objeto de autorizar retiros desde los fondos de pensiones bajo la forma de una reforma constitucional, fue un acto de desgobierno económico. Para hacer frente a la explosión del desempleo y la caída de la demanda de 2020, el gobierno debió haber aumentado el déficit fiscal mediante transferencias a las familias que fueron tardías y usado la posibilidad de retiros de fondos acotados desde las cuentas de AFP (como lo hizo en el segundo retiro que patrocinó, y también desde las cuentas del seguro de desempleo), pero en el marco del respeto de la iniciativa legal exclusiva del gobierno en materias fiscales y con un programa financiero ordenado. Si el parlamento no da la confianza al gobierno en su gestión económica, el mecanismo del voto de censura al primer ministro es el que debe funcionar, en vez de un desborde institucional de proporciones que no debe volver a repetirse. Que la expansión del consumo y de la demanda interna que provocaron los retiros no hayan tenido los efectos catastróficos que algunos anunciaron, es harina de otro costal, el del debate macroeconómico. Una política expansiva en una situación que requiera reactivar la economía, o bien abordar la carencia de ingresos de muchas familias en medio de una crisis, no puede ser fruto de un desborde institucional, bajo la ficción de una reforma constitucional, sino de una política económica responsablemente programada por un gobierno que cuenta con una mayoría parlamentaria para realizarlo.

Notas sobre la coyuntura económica en el segundo trimestre

En el blog del Centro de Políticas para el Desarrollo

¿Qué hay del capitalismo?

En La Nueva Mirada 

El presidente Boric provocó un cierto revuelo al afirmar en una entrevista a la BBC que: «el capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas en la sociedad. Pero no creo que puedas simplemente derrocarlo si no propones una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente (….) Todos los cambios que perduran en el tiempo deben ser progresivos y deben contar con mayorías sólidas, y tienes que construir esas mayorías sólidas que no son fáciles de construir". El post-capitalismo se puede concebir como la combinación de una a) "economía mixta reforzada" en la que conviven empresas estatales estratégicas, otras de economía social y cooperativa y empresas privadas con fines de lucro pero que operan con mercados desconcentrados y regulados social y ecológicamente y con participación de los trabajadores en formas de democracia económica; b) un "Estado social" que provee bienes públicos y redistribuciones a través de impuestos progresivos y transferencias y c) un "Estado económico" que gestiona de manera contracíclica una demanda suficiente y dinamiza, diversifica y hace sostenible la oferta con un sistema de investigación y desarrollo tecnológico robusto y subsidios selectivos para industrias y servicios nacientes e innovadores.

En efecto, el capitalismo no resuelve bien los problemas sociales si se lo caracteriza, siguiendo las definiciones de Braudel y Wallerstein, como aquel sistema económico que se organiza alrededor de la acumulación ilimitada de capital y la producción por agentes privados concentrados (monopólicos u oligopólicos) que construyen mercados asimétricos para maximizar sus utilidades y que procuran expandirse a todos los ámbitos de satisfacción de necesidades. El capitalismo ha dominado históricamente la producción material cotidiana de tipo familiar y de pequeña escala y también la vida económica organizada mediante intercambios monetarios de mercado con agentes atomizados, pues superpone a estos primeros dos pisos uno de «contramercados» (como los llama Fernand Braudel en «La dinámica del capitalismo«, 1985), que concentra la apropiación del excedente económico con economías de escala y el dominio de las finanzas.

Branko Milanovic, en un muy interesante texto («Capitalism, Alone, The future of the system that rules the world», Harvard University Press, 2019) define el capitalismo como «el sistema donde la mayor parte de la producción es realizada con medios de producción de propiedad privada, el capital contrata trabajo legalmente libre y la coordinación es descentralizada. Adicionalmente, para agregar el requisito de Joseph Schumpeter, la mayor parte de las decisiones de inversión son hechas por compañías privadas o empresarios individuales«. Pero, dada la necesaria conexión con las condiciones institucionales y de poder de los intercambios, hace una distinción muy discutible entre un «capitalismo liberal-meritocrático«, que sería el del Estados Unidos actual, y el «capitalismo político«, que sería el de China y Rusia.

En todo caso, el capitalismo occidental ha mostrado una gran capacidad de hacer crecer la economía desde 1870 (siguiendo a Brad DeLong en «Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century«, Basic Books, 2022), pero no permite estabilizar una sociedad equitativa y sostenible. El capitalismo es la economía privada concentrada y monopolística, que ha perdurado porque, aunque experimenta periódicamente crisis y fluctuaciones, absorbe y/o crea las innovaciones tecnológicas, con frecuencia financiadas por el sector público, y construye economías de escala a nivel global desde hace siglos, en una lógica de centros y periferias. Esto ha permitido a diversas sociedades aumentar sustancialmente la productividad del trabajo, los empleos y los ingresos medios, aunque siempre en condiciones de heterogeneidad de agentes y de resultados económicos que conducen a sociedades duales y fragmentadas.

El capitalismo exhibe, en este sentido, dos grandes problemas sistémicos:

1.Es fuente de inestabilidad permanente. Lo es en primer lugar en la relación laboral, en donde el trabajo es un costo a minimizar y ojalá sea individualmente prescindible en cualquier momento. En términos macroeconómicos, no funciona bien sin el indispensable acople con un «Estado proveedor de bienes públicos» como la seguridad, las infraestructuras y la ciencia, y en parte la educación y la salud (que la economía neoclásica llama «fallas de mercado«), cuya provisión en escala insuficiente lo hace menos dinámico. Tampoco funciona bien sin el acople con un «Estado regulador» que cautele la expansión de la demanda agregada y la estabilidad de la moneda y las finanzas, así como de las condiciones del comercio, la competencia y la provisión de fuerza de trabajo sana y calificada. El capitalismo, cuando no logra la articulación de los aumentos de productividad con los aumentos de ingresos del trabajo, y opera solo con una lógica global desacoplada de las condiciones del consumo, produce inestabilidad macroeconómica, aunque genere de manera cíclica empleos e ingresos. Necesita al menos algunos de los componentes de una economía mixta para proveer estabilidad a su proceso de acumulación, por lo que siempre vive en una tensión con el resto de la sociedad, entre otras cosas por su renuencia a contribuir a financiarlos. Por su parte, el predominio del capitalismo financiarizado produce burbujas de activos y desestabilizaciones y crisis de ámbito global, que lo obliga a convivir con reglas multilaterales que procuran, imperfectamente, asegurar una coherencia básica a la economía mundial en medio de la globalización acelerada del comercio, las inversiones (aunque estas se reorientan en parte a los centros en la actualidad para una mayor autonomía de suministros), las finanzas y las migraciones. La economía mundial capitalista está conformada por centros dominantes tradicionales y otros emergentes (desde el Asia en las últimas décadas), pero siempre con periferias subordinadas a las necesidades de la conformación de las cadenas globales de valor. En ellas las periferias se llevan la peor parte en materia económica, social y ambiental, aunque no están, en la mayoría de los casos, en condiciones de sustraerse a la dinámica del capitalismo financiarizado global.

2) Es inequitativo y concentrador en lo económico, desigual en lo social y depredador en lo ambiental. Por eso su relación con las sociedades, más allá de aceptar en mejor o peor grado los mecanismos de provisión de bienes públicos y de regulación de los mercados de bienes y factores de producción, es siempre conflictiva. Este es el caso de la tendencia a la manipulación del consumidor y la oligopolización de los mercados (ver la contundente caracterización en «La economía de la manipulación«, de los premios Nobel George Akerlof y Robert Schiller, 2016), así como de la transgresión del trabajo decente y de su remuneración justa -con mínimos que la economía puede sostener y con retribución apropiada del aporte del trabajo a la producción- sobre todo en las crisis cíclicas internas o globales (ver «El precariado: una nueva clase social«, de Guy Standing, 2013). Lo propio ocurre en materia de respeto por el medio ambiente y los entornos espaciales en que se desenvuelve la actividad económica. El problema básico del capitalismo es que solo le interesa la maximización del rendimiento del capital, como su nombre lo indica. Esto crea las resistencias sociales y culturales a este sistema y la demanda por transformaciones socializadoras, y no la conspiración de algún grupo con tal o cual ideología. La tensión social que crea el capitalismo ha llevado a la emergencia desde la segunda guerra mundial de los llamados Estados de bienestar en Europa y Estados Unidos, y en parte en el resto del mundo, con distintos resultados, evoluciones y adaptaciones frente a la globalización.

Las alternativas deseables al capitalismo pasan en primer lugar por reforzar y regular los dos primeros pisos de la economía y restringir el tercero. La política económica debe partir por cambiar su indicador de referencia, como sostiene Thomas Piketty: «El producto interior bruto debe ser sustituido por la noción de renta nacional (lo que implica deducir todo el consumo de capital, incluyendo el capital natural), el foco de atención debe estar en cómo se distribuye y no en los promedios, y estos indicadores de renta (indispensables para construir una norma colectiva de justicia) deben complementarse con indicadores ambientales adecuados (en particular en lo que respecta a las emisiones de carbono)«. Y adoptar indicadores no monetarios de bienestar (como la «pobreza multidimensional») para evaluar las brechas sociales y las políticas llamadas a reducirlas.

La transformación productiva de largo plazo requiere de políticas de estímulo de la producción de cercanía y los intercambios de reciprocidad del primer piso material de las sociedades (economía familiar e informal y economía social y solidaria), así como de los intercambios de mercado regulados y no asimétricos de un segundo piso económico (con producción y consumo sostenibles y con diversos agentes descentralizados y estatales) que incorpore el progreso técnico, las economías de escala y la articulación beneficiosa en cadenas globales de suministro de bienes intermedios y finales.

Es posible concebir una sociedad en la que el capitalismo, el tercer piso, deje de ser dominante, pero no reemplazado por decreto mediante la centralización económica en manos del Estado. Esta fórmula termina siendo incompatible con la democracia en beneficio de burocracias dominantes y con una asignación de recursos que no permite suficientemente la innovación y el dinamismo al no contemplar intercambios descentralizados. Una sociedad post-capitalista o parcialmente post-capitalista, parte del capitalismo realmente existente y avanza a nuevas articulaciones económicas e institucionales. Debe basarse en una «economía mixta reforzada«, siempre con empresas autónomas en sus decisiones, pero mejor reguladas social y ambientalmente, con o sin fines de lucro o con fines combinados. Esta «economía mixta reforzada» debe estar en interacción con un «Estado social«, proveedor de redistribuciones equitativas de amplio espectro y de bienes públicos financiados con impuestos a las transacciones, los ingresos y los patrimonios sujetos al principio de progresividad. El «Estado social» está llamado a asegurar, por razones de eficiencia y equidad en el funcionamiento económico, el acceso universal -y ya no solo selectivo según el nivel de ingresos de mercado- a la educación, la atención de salud, la vivienda y el urbanismo sostenibles, así como a sistemas de pensiones y redistribuciones tributarias y transferencias que permitan ingresos básicos universales a lo largo de la vida.

El post-capitalismo requiere, también, de un «Estado económico reforzado«. Este debe ser no solo regulador de los mercados para evitar depredaciones ambientales, abusos de monopolio y de las condiciones del trabajo. Debe asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de ahorro y de provisión de moneda y crédito para el financiamiento de largo plazo y el acceso a mercados y a transferencia tecnológica a todo el espectro de empresas. Además, debe proponerse asegurar, regulando las condiciones de trabajo y la demanda agregada, el trabajo decente y el pleno empleo. Su tarea debe ser estimular una innovación tecnológica al servicio de las necesidades humanas junto al apoyo a la resiliencia de los ecosistemas y a la preservación y expansión de los bienes comunes. Debe orientar en el largo plazo la diversificación productiva que distribuya mejor en los territorios las actividades y mejore las condiciones del vínculo con la economía internacional. Esto supone asegurar producciones estratégicas y, por lo tanto, gestionar empresas públicas selectivas, y sistemas amplios de innovación y desarrollo tecnológico.

También debe contemplar la introducción de formas de democracia económica en las empresas maduras, con incidencia de los trabajadores en la orientación y resultados de su actividad y con una fuerte limitación de la herencia de activos económicos, siempre siguiendo a Thomas Piketty.

Así, la alternativa a la privatización y mercantilización general de las actividades económicas y sociales, según postula el neoliberalismo, es el proyecto de transformación socializadora de la economía mediante el gobierno social y ecológico de los mercados. Este tipo de sociedad post-capitalista no tiene que ver con la centralización estatal a ultranza en manos de la dictadura de un partido único o de una dinastía como en Corea del Norte ni el dominio de un grupo sobre un Estado rentista y extractivista que desorganiza la economía y restringe las libertades como en el régimen de Maduro en Venezuela. Esas son caricaturas de los defensores del libre mercado y del capitalismo.

En conclusión, la superación del capitalismo no implica eliminar los mercados, sino restringirlos social y ambientalmente y hacerlos simétricos y competitivos en los ámbitos en que son útiles al incremento del bienestar de la sociedad. Ni tampoco eliminar las empresas con fines de lucro, siempre que estén sujetas a las regulaciones mencionadas, no concentren la economía ni se extiendan a los ámbitos sociales y personales en los que el lucro no debe existir. La finalidad del proceso de desplazamiento del capitalismo es aumentar gradualmente el bienestar equitativo y sostenible de la mayoría social. Pero eso ocurrirá o no según lo vayan determinando y permitiendo los consensos democráticos y las capacidades institucionales de las organizaciones estatales y económicas sin fines de lucro. No se hace por decreto ni de un día para otro.

¿Quo vadis socialismo democrático?

En El Mostrador

Las ideas y soluciones socialistas a los problemas de Chile ya no se impulsan demasiado por quienes debieran hacerlo. ¿De qué hablamos? De las soluciones orientadas a la satisfacción racional de necesidades humanas mediante diversas formas de acción colectiva, la estatal y la multiforme de la sociedad civil. Son las que no se limitan a ofrecer bienes y servicios a ser comprados por consumidores individuales según su poder adquisitivo y ofrecidos por empresas que solo buscan maximizar utilidades.

No obstante, en muchos temas actuales son las soluciones con mayor potencialidad para avanzar a un bienestar equitativo y sostenible, compatible con una economía dinámica. Hay que constatar que en el socialismo democrático institucional (el PS, el PPD, el PR y otros partidos que se reclaman de esa corriente de ideas) prevalece más bien desde hace ya lustros la discusión de parcelas de poder administrativo por sobre la discusión de ideas. No se conoce algún congreso programático reciente de ese sector, pues ya no parecen abundar los intelectuales, esas personas que tienen la manía de tratar de pensar los dilemas de la sociedad y que son siempre un tanto molestosos para las rutinas de las luchas de poder. Y lo son especialmente cuando ejercen el poder, porque se les ocurre nada menos que tratar de cambiar el curso de las cosas.

Por si a alguien le sirve, cito a Thomas Meyer, un intelectual de la socialdemocracia alemana: “Todas las teorías de un socialismo democrático representan un concepto igualitario de justicia, afirman el Estado constitucional democrático, luchan por la seguridad del estado de bienestar para todos los ciudadanos, quieren limitar la propiedad privada de una manera socialmente aceptable y socialmente integral, y regulan políticamente el sector económico”.

Agreguemos que ese espíritu igualitario implica una lucha frontal contra el patriarcado que corroe históricamente nuestras sociedades. Y que la regulación de la economía desde la esfera política implica proponerse, en beneficio de una economía mixta y de un Estado democrático y social de derecho, desplazar con rigor y persistencia el dominio del capitalismo sobre los mercados. El capitalismo financiarizado domina los mercados y concentra sistemáticamente los ingresos y la riqueza, subordina el trabajo y orienta el progreso tecnológico al servicio del lucro y el consumo no funcional, antes que a satisfacer de manera social y ecológicamente sostenible las necesidades humanas primordiales. Y por ello tiene al mundo inmerso en cada vez mayores desigualdades, así como incertidumbres y vigilancias tecnológicas y desarreglos climáticos y ambientales. Pero no hay que confundir capitalismo con mercados, que existen desde mucho antes que el capitalismo y que son indispensables para una asignación de recursos flexible y dinámica, siempre que sean debidamente regulados y no invadan, como quisiera el neoliberalismo rampante, las muchas esferas de la vida social en las que no deben existir.

Desplazar gradualmente el dominio capitalista hiperconcentrado de la economía requiere fortalecer una lógica de gobierno social y ecológico sobre los mercados. Y requiere reestructurarla, lo que debiera ser el consenso programático de todo socialismo democrático, mediante:

1) la reorientación de la producción hacia una mayor eficiencia y productividad pero con empleo decente y energías limpias;

2) la redistribución que asegure mínimos universales de condiciones de vida y límites a la desigualdad de ingresos y riqueza;

3) la protección social del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos y el acceso universal a la educación de calidad;

4) la democracia económica, con participación de los trabajadores en la orientación y las utilidades de las empresas y una expansión de la economía social y solidaria en y al margen de los mercados;

5) La inversión en ciudades e infraestructuras verdes, en consumo saludable y en recuperación y resiliencia de los ecosistemas.

Las metas principales deben ser en Chile consagrar a la brevedad un orden democrático no intervenido por la oligarquía, disminuir la desigualdad al nivel de los países nórdicos en una década y alcanzar la carbono neutralidad hacia 2040. Y si alguien sostiene que eso no es realista, la respuesta es que el orden actual (una democracia no soberana y un régimen económico de carácter híbrido) no está basado en la naturaleza de las cosas sino en decisiones que resultan de las relaciones sociales de poder y moldean la historia de los países en un determinado sentido. Y que pueden ser modificadas por fuerzas que se lo propongan si construyen mayorías suficientes.

Muchos de los que se reclaman de la socialdemocracia o del socialismo democrático hoy día en Chile piensan que se debe hacer cualquier cosa menos concretar los objetivos citados. Algunos son derechamente liberales económicos y tal vez liberales políticos, de vez en cuando, porque esa es la ecuación que acomoda al poder oligárquico prevaleciente. Tienen bien poco que ver con los socialistas e izquierdistas democráticos, socialdemócratas, libertarios, cristianos progresistas, feministas y ecologistas que conforman la izquierda plural no ortodoxa de ayer y de hoy. Los de distintas generaciones debieran reagruparse poco a poco si es que privilegian objetivos comunes.