La invasión a Ucrania y las alineaciones internacionales

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Al condenar el intervencionismo norteamericano en América Latina, incluyendo el golpe de Estado de 1973 en Chile, así como el bloqueo por décadas a Cuba y desde 2019 a Venezuela, hay quienes creen que su deber es, además, apoyar todo lo que se oponga a Estados Unidos. La animadversión antinorteamericana, emocionalmente comprensible para todo chileno de izquierda, no debe llevar a desvaríos sin sentido, como la condescendencia con el actual arco de alianzas de la autocracia neoimperial rusa, incluyendo a las teocracias de Irán y Afganistán. Hay quienes incluso se suman a Vladimir Putin en su crítica cultural global a los países occidentales, olvidando que tanto la democracia como el socialismo y el progresismo son creaciones sociales e intelectuales que provienen de esos países. Para algunos prevalece el “cualquier cosa menos Estados Unidos” y su consecuencia mecánica: alinearse con los Maduros, Ortegas, Putines y Ayatolas de este mundo.

Aclaro que comparto la visión de quienes se han opuesto desde siempre a las políticas imperiales norteamericanas, incluyendo la que Estados Unidos ha mantenido desde la doctrina Monroe y el corolario Roosevelt hacia América Latina, que le llevó a emprender múltiples invasiones y a destrozar democracias como la chilena. Pero esta visión no es ni “anti” ni “pro” norteamericana per se, sino que juzga los temas internacionales caso a caso desde la no alineación y se orienta por la Carta de las Naciones Unidas, la voluntad de preservación de la paz entre las naciones, de la dignidad de la vida y el respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Resulta, entonces, totalmente incongruente desde esa perspectiva apoyar a Vladímir Putin en su invasión a Ucrania hace un año. Se trata de un líder reaccionario, aliado a los grupos de oligarcas que dominan la economía, que reivindica a los zares y la Gran Rusia imperial y que ahora ha invadido un territorio como Ucrania que considera propio, a pesar de que Rusia reconoció expresamente su independencia y sus fronteras al firmar los tratados de 1994 y 1997.

El reproche antinorteamericano y antieuropeo en este caso es que el colapso interno de la Unión Soviética en 1991 indujo influencias occidentales ilegítimas sobre naciones históricas que recuperaron su independencia, como los países bálticos (Lituania, Estonia, Letonia, soberanos desde 1918) y Moldavia, integrados a la URSS en 1940 después del Pacto Mólotov-Ribbentrop de 1939, más Bielorrusia y Ucrania, en el oeste próximo a Europa, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán  el sur del Cáucaso y el este cercano a Asia. Y sobre otras que dejaron de ser tuteladas por la URSS, como ocurría desde la segunda guerra mundial, como Polonia, Hungría (invadida en 1956), Bulgaria, Checoeslovaquia (invadida en 1968 y que se dividió en Chequia y Eslovaquia), Rumania y diversas nuevas naciones de los Balcanes, que se sumaron en los años siguientes a la Alianza Atlántica compuesta por Europa Occidental y Estados Unidos, fraguada en la guerra fría contra la URSS. Pero esos países lo hicieron en uso de su soberanía recuperada y luego del pronunciamiento democrático de sus pueblos, sin mediar invasiones ni nada semejante. Los alegatos rusos sobre una influencia imperial histórica chocan contra el principio de autodeterminación de los pueblos.

No obstante, uno de los componentes no formales del nuevo equilibrio era que la presencia militar de la OTAN no debía extenderse a Ucrania ni a Bielorrusia, por su cercanía geográfica con la nueva Federación Rusa, a pesar de que ambos países fueron fundadores de Naciones Unidas como Estados independientes (aunque en la práctica no soberanos). La contrapartida del reconocimiento ruso de la soberanía ucraniana, incluyendo la península de Crimea, fue el retiro de los arsenales nucleares (un tercio de los existentes entonces en el mundo). Bielorrusia ha mantenido un régimen autoritario prorruso, pero Ucrania se inclinó al cabo del tiempo por buscar integrarse a la Unión Europea, lo que esta entidad demoró, hasta hace poco tiempo, para mantener una perspectiva de entendimiento paneuropeo con Moscú, mientras Alemania desarrolló una completa dependencia del gas ruso y múltiples relaciones económicas con Rusia, hoy puestas en cuestión por la invasión a Ucrania. La OTAN, en todo caso, no consideró ni considera hoy la inclusión de Ucrania en esa alianza militar para preservar un eventual entendimiento futuro con Rusia.

Ucrania vivió una crisis política en 2014 y una represión sangrienta de las manifestaciones populares proeuropeas, que culminó con la fuga no muy digna a Moscú del presidente prorruso, con una rápida normalización posterior de la democracia ucraniana en medio de una guerra interna con las provincias separatistas del este del país apoyadas por Rusia, hoy anexadas por la fuerza. Putin considera que nada de esto es expresión de una voluntad popular que se ha inclinado soberanamente hacia la pertenencia a Europa, sino un golpe de Estado promovido por los servicios secretos occidentales. Y decidió que iba a considerar a Ucrania en su conjunto, y no solo el este, como territorio histórico ruso a ser reconquistado y anexado progresivamente mediante el uso de la fuerza, desconociendo los tratados firmados después del fin de la Unión Soviética.

Esto no solo pone a Rusia contra el derecho internacional, y ha llevado a Finlandia y a Suecia a abandonar su neutralidad para incorporarse a la OTAN, fortaleciéndola, sino que vuelve a poner la guerra en Europa como método de resolución de las ancestrales y sangrientas disputas territoriales. A la vez, afianza la alianza entre Estados Unidos y Europa y liga el destino de Rusia a China, de la que pasará a depender en muchas dimensiones, empezando por la venta de su petróleo y gas. El sentido estratégico de este enfoque para Rusia es al menos discutible.

Putin divide ahora, además, al mundo en dos: “el de los valores tradicionales y el de los valores neoliberales”, en su búsqueda de alianzas con Irán y Turquía. Califica a la cultura occidental como “depravada” y rechaza el matrimonio igualitario y los colectivos LGTBI, que tienen en Rusia la prohibición legal de expresarse. En su último discurso a la nación, Putin ha llegado a decir: “Mirad lo que están haciendo con sus propios pueblos. La destrucción de la familia y de la identidad cultural y nacional. La perversión, el abuso de los niños, incluso la pedofilia, son norma, norma de vida. Y los sacerdotes son obligados a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo”. Rara vez se escuchan discursos tan reaccionarios en un jefe de Estado.

Los de la izquierda prorrusa contestan con el antiguo expediente de desplazar el argumento: más allá de Putin, lo que pasa es que Zelenski es un “neonazi” y por eso se justifica que Ucrania sea invadida. Esto es ridículamente falso, tratándose de un presidente emanado de elecciones libres, ruso parlante y proeuropeo, con un parlamento pluripartidista que lo controla, incluyendo partidos prorrusos. Es además un judío con parte de su familia exterminada en el Holocausto y cuyo abuelo fue un coronel del Ejército Rojo que luchó contra los nazis, al que Zelenski rindió homenaje como primer acto de gobernante. Y si lo fuera, lo que manifiestamente no es el caso, no se puede considerar como una causal para invadir a otro país y anexar partes de su territorio. Hoy Italia es gobernada por una mujer de ideología neofascista, pero eso no quiere decir que entonces ese país deba ser invadido.

Más vale usar un cierto método para orientarse en estos asuntos: estar siempre más cerca de los gobiernos democráticos, por imperfectos que sean, antes que de las dictaduras, como sea que se autodenominen, pues las dictaduras terminan invariablemente con la dominación ilegítima de una minoría sobre sus pueblos. Se puede admitir casos en que los países deban defenderse de agresiones y restringir algunas libertades temporalmente. Y también que es muy problemático que en diversas democracias gobiernen establemente sendas plutocracias capitalistas, como es en buena medida el caso de Estados Unidos, con una frecuente lógica de expansionismo económico agresivo.

Pero esas democracias incluyen una dinámica que, al elegir a los gobernantes de manera competitiva, logra límites a la sola búsqueda de hegemonía (la descolonización europea, los acuerdos de desarme nuclear, la normalización de Estados Unidos con China o el reciente intento de distensión de Obama con Cuba son ejemplos, aunque nunca exentos de consideraciones estratégicas). E internamente permiten mantener la separación de poderes para una cierta garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía, ir avanzando en la paridad de género, el respeto a las minorías, a las diversidades humanas y a las diferentes culturas, junto a dotar de sistemas de protección a los que viven de su trabajo.

Más cercanas aún se pueden considerar las democracias que han construido Estados de bienestar y mecanismos de redistribución de los ingresos y la riqueza, es decir, socializan aspectos de la vida en común para un mayor bienestar de la mayoría social. Y todavía mejor si avanzan ahora a la preservación de la naturaleza y la lucha contra el desorden climático, lo que no es el caso de Rusia y lo es de manera insuficiente en el de China. Esa es una escala de simpatías internacionales que podría ser digna de utilizarse.

Mencionemos, además, que ser parte de una nación independiente conlleva el derecho a no subordinarse a ninguna otra nación en particular, lo que se traduce en la idea de la no alineación como fundamento de la política exterior. No obstante, esta debe ser activa en la defensa de principios universales. Si bien cultivar las raíces propias tiene sentido, lo que lleva a propiciar en nuestro caso la cooperación latinoamericana, la condición humana y la defensa de su dignidad son, más allá de fronteras, de carácter universal.

Envenenar un Nobel, envenenar un país

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Pablo Neruda tuvo un recorrido singular con su país. Fue primero reconocido como una de sus voces de alcance universal, y apoyado por la democracia como funcionario diplomático. Pero luego fue parte de las tragedias del siglo XX en Chile. Ya siendo Senador, fue objeto de persecución y exilio por González Videla al ilegalizar el PC, que había ayudado a elegirlo presidente, incluyendo el aporte de Neruda ("el pueblo lo llama Gabriel"). En 1972 fue recibido de manera multitudinaria luego de obtener el Premio Nobel de Literatura el año anterior, en la huella de la insigne Gabriela Mistral. Pero ahora se confirma que, a los pocos días del golpe de Estado de 1973, fue envenenado, presumiblemente por agentes de la dictadura recién entronizada a sangre y fuego.

¿Por qué buscar asesinar a un hombre enfermo? ¿Para qué destrozar sus lugares, como pude verlo con estupor en la Sebastiana en Valparaíso, compartida por Neruda con Maria Martner y Francisco Velasco? Existe una explicación inmediata. La junta militar pensó que su palabra podía ser devastadora. Había tomado la decisión de viajar a México. Una inyección sospechosa le fue aplicada en una clínica y falleció el 23 de septiembre de 1973. Su chofer, que conoció el hecho, fue encarcelado en el Estadio Nacional.

También hay un contexto global en el que todo esto ocurre: la decisión de Nixon-Kissinger en 1970 (otra habría sido la actitud norteamericana con un presidente demócrata como Carter, que asumió en 1976) de impedir a toda costa que tuviera lugar la experiencia socialista en democracia de Salvador Allende. El argumento, expuesto en las memorias de Kissinger, y que hoy suena especialmente delirante, fue que había que evitar sus efectos posibles en Italia y Francia, que contaban con izquierdas que se podían inspirar en coaliciones como la de Allende y debilitar a la OTAN en plena guerra fría. Había que “hacer chirriar” la economía, en palabras de Nixon, fomentar una insurrección civil contra el gobierno democráticamente constituido y derrocarlo militarmente a la brevedad.

Internamente, la oligarquía tradicional y la derecha política —que tenía en su seno antiguos partidarios de instaurar una dictadura militar en Chile, como el grupo de Jorge Prat, Jarpa y otros— se volcó a pedir a Nixon-Kissinger su intervención para que Allende no llegara siquiera a asumir el gobierno. Agustín Edwards se entrevistó con ambos, y con el jefe de la CIA Helms, a días de haber ganado Allende la elección en 1970, con el fin expreso de obtener una intervención clandestina en Chile, pidiéndole a una potencia extranjera que hiciera todo lo posible por impedir que asumiera el gobierno democráticamente electo de su país. La coincidencia de intereses fue inmediata y Nixon ordenó una operación encubierta que terminó en el intento de secuestro y finalmente asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider. El diseño era aparentemente evitar que el Congreso ratificara la elección de Allende y nombrara a Alessandri, quien renunciaría y permitiría la reelección de Frei Montalva. o directamente intronizar una dictadura militar de ultraderecha. La actitud de Frei y de la derecha de la Democracia Cristiana en esos días frente a este plan tiene zonas grises, pero se sabe a ciencia cierta que mantenían desde los años sesenta vínculos y financiamientos de la CIA. A la postre, buscaron y obtuvieron el derrocamiento violento de Allende en 1973, aliados a la derecha civil, empresarial y militar y a militares cercanos que organizaron el golpe, como Arellano y Bonilla. El financiamiento norteamericano de todo el proceso insurreccional fue revelado por el Senado de Estados Unidos en el Informe Church.

El hecho es que Frei se negó a una salida democrática basada en un plebiscito y rechazó incluso reunirse con Allende, enviando a Aylwin a reuniones infructuosas, ante la petición en ese sentido del Cardenal Silva Henríquez y del General Prats, comandante en jefe del Ejército. El argumento esgrimido para negarse a un acuerdo es que prevalecía un desborde incontrolado del PS, el MIR y supuestas milicias extranjeras inexistentes, como reconoció mucho más tarde el propio ex presidente Aylwin en sus memorias. El general Prats se sorprendió con la expresa renuencia del entonces presidente del Senado para buscar una salida negociada a la crisis, con una ausencia de disposición a colaborar que Frei le manifestó en su casa en septiembre de 1970 a Allende en persona, aludiendo que su partido, el socialista, no le dejaría gobernar en los marcos de la democracia.

El hecho es dramático: estaba tomada desde mucho antes la fatal decisión de generar como fuera una crisis que llevara a un golpe militar, con un repliegue inicial y generación de tierra arrasada llamado “estrategia de los mariscales rusos”. La coalición insurreccional ya logró un primer éxito parcialmente en octubre de 1972 —con una paralización del país durante semanas— pero luego prevaleció el calendario electoral democrático. En marzo de 1973, el gobierno obtuvo el 44% de los votos en la elección parlamentaria, a pesar del agobio inflacionario y la escasez de productos en medio del bloqueo norteamericano y de perturbaciones productivas provocadas por el boicot interno, la reforma agraria y la creación de un sector industrial y comercial estatal con alta improvisación y desbordes en su ámbito de aplicación. A esto se sumó una fuerte presión salarial que expandió la demanda y la capacidad de consumo popular más allá de las capacidades productivas y de las divisas disponibles. Al no lograr una mayoría de dos tercios en el parlamento, la coalición golpista se volcó —incluyendo una vergonzosa declaración de ilegitimidad del gobierno por la DC y la derecha en la Cámara de Diputados— al violento desenlace del 11 de septiembre de 1973, precedido de una intentona el 29 de junio.

El plan del presidente Allende era dar curso a un plebiscito sobre las áreas de propiedad que dirimiera la crisis, con una elección presidencial posterior en caso de perderlo (Allende pensaba en el general Prats como candidato, ya como civil, de una coalición amplia, a lo que probablemente no es ajeno su asesinato en el exilio en Buenos Aires en 1974). Pero no encontró eco en la oposición a tiempo y tampoco en el Partido Socialista y otros partidos de gobierno. El PS se encontraba muy distanciado del presidente Allende, con una crítica global a su proyecto político (expresada en una larga carta final que no llegó a ser enviada al presidente). Pero no estaba planeando alguna acción insurreccional, más allá de la retórica de algunos grupos, sino a lo más providencias defensivas de muy bajo alcance, como se demostró poco después. Las reuniones de líderes de la izquierda con marineros a petición de ellos fueron para defender el orden constitucional, no para atacarlo, y así sucesivamente. Hay un hecho de perogrullo que los defensores del golpe se niegan a reconocer: nadie tenía tanto interés como la izquierda en mantener viva la democracia, consolidar los cambios sociales y evitar las consecuencias de una confrontación armada. Hay quienes dudan de la existencia de la propuesta de plebiscito del presidente Allende, que dramáticamente estuvo a punto varias veces de ser anunciado en los días previos al golpe, el que además se adelantó por esa razón. Sus detalles y partícipes, que conozco bien pues incluyen a mi propio padre, ministro del presidente Allende, están descritos con precisión por Joan Garcés, asesor directo del presidente.

Pero sigue habiendo algo insuficiente en toda esta explicación. ¿Por qué la oposición se negó a una salida mediante un plebiscito? ¿Por qué bombardear una y otra vez La Moneda con aviones de combate, defendida por unas 30 personas?

Al frente lo que había era una izquierda con unas pocas armas sin mayor parque, llevadas a un cordón industrial en Vicuña Mackenna y una población del sur de Santiago por el PS y sin quienes supieran usarlas, así como al bajo de Valparaíso por las alcantarillas. El MIR, movimiento al que pertenecí en la adolescencia, no disponía sino de muy pocas armas, que además no pudo utilizar el día del golpe por carecer de un plan preciso y de movilidad logística, y solo logró crear pequeños enfrentamientos en Santiago y Valdivia, con unas pocas armas de fuego y granadas hechizas, como las que estuve ensamblando el 11 de septiembre, muchas de las cuales no funcionaron. El PC no usó armas en esa fecha e internó cantidades significativas solo años más tarde. La lucha armada sí se hizo efectiva por parte del MIR y el PC, sin éxito y con grandes sacrificios humanos, pero para actuar legítimamente contra la dictadura, lo que es harina de otro costal.

Se impuso rápidamente por Pinochet la tesis de “metas y no plazos”, aunque Leigh se rehusó a una prolongación indefinida de la dictadura y fue destituido de la junta militar por ello en 1978, cuando el Ejército sometió a la Fuerza Aérea con el concurso de Matthei. Lo que triunfó fue un proyecto de restauración oligárquica que iba mucho más allá que desalojar por la fuerza un gobierno: se trataba de sacar del sistema político a las fuerzas impulsoras de las reformas agrarias, nacionalizaciones del cobre, áreas de propiedad social y participación popular directa en las decisiones. Más aún, se trató de cuestionar la propia idea de un Estado desarrollista, como el que se fue construyendo desde el primer alessandrismo y el Frente Popular. Para conducir esa refundación con apoyo de la cúpula militar, estaba disponible el grupo gremialista ultraconservador y el de los Chicago Boys.

Pero en definitiva hay una dimensión que sigue excediendo todas estas explicaciones. Volvamos a Neruda: ¿Por qué buscar asesinar un premio Nobel? Y agreguemos, a riesgo de quedarnos cortos: ¿Por qué asesinar brutalmente a Víctor Jara, preso e indefenso? ¿Por qué masacrar con corvos e incluso sacarles los ojos a prisioneros ya condenados a penas menores por consejos de guerra? ¿Por qué no solo derrotar sino que buscar exterminar a la izquierda, lo que se organizó de manera sistemática con la Caravana de la Muerte primero y la DINA después, con plenos poderes sobre la vida y la muerte, incluso de altos oficiales como el general Lutz? ¿Por qué las más de tres mil ejecuciones y desapariciones, incluyendo 205 niñas, niños y adolescentes, las horrorosas torturas, los abusos sexuales, las crueles desapariciones de cuerpos lanzados al mar o desenterrados para una segunda desaparición? ¿Por qué llegar en 1980 al degollamiento del sindicalista Tucapel Jiménez y el propio envenenamiento del ex presidente Freí Montalva, como ha confirmado la justicia, personas que habían apoyado el golpe?

Está en primer lugar la crueldad y paranoia del dictador. Pero debemos asumir que en la sociedad chilena afloró la violencia histórica de las clases dominantes, más allá de todo el cuestionable diseño del proyecto que encarnaba el gremialismo y los economistas de Chicago, por tortuoso e inaceptable que fuera. Muchos dirán que cada sociedad tiene su historial de violencias, e incluso mucho mayor que el de la sociedad chilena. La diferencia es que aquí se busca negarla o, peor aún, justificarla hasta el día de hoy, intentando hacer aparecer los errores de las víctimas como responsables de los horrores de sus victimarios, en una distorsión moral inaceptable.

Hay, en efecto, una violencia recóndita y oscura en nuestra historia que probablemente viene desde tan atrás como la colonización española, que marcó en todos los ámbitos la lenta conformación de la nación chilena, incluyendo la crueldad de sus procedimientos. El despojo de tierras y los intentos de esclavización como mano de obra gratuita o sujeta a un impuesto colonial, suscitaron la sacrificada y exitosa resistencia mapuche, al precio de muchas víctimas. Pero también de la muerte en batalla de dos gobernadores españoles (Pedro de Valdivia en 1553 y Martín Oñez de Loyola en 1598), hecho inédito en América Latina. Esta lucha se encaminó, también de manera muy inusual, hacia un acuerdo con la corona española, pues sucesivos “parlamentos” mantuvieron una paz estable digna de imitarse en la actualidad, solo rota por la oligarquía criolla a fines del siglo XIX al reiniciarse los despojos de tierras.

La violencia histórica incluye hechos como el asesinato por la espalda del patriota Manuel Rodríguez, el primer desaparecido, y el fusilamiento de los hermanos Carrera. La orden vino de O’Higgins, que vengó mediante el crimen ofensas y rivalidades. Las violencias siguieron Las violencias siguieron con la "guerra a muerte", como llamó Vicuña Mackenna a la cruenta etapa final de la lucha por la independencia entre 1819 y 1827 en el sur de Chile contra los realistas liderados por Benavides, Picó y Seniosaín, y luego contra los bandoleros Pincheira derrotados en 1932, con la guerra civil de 1829-1830 y la sangrienta victoria conservadora sobre los liberales, luego con el asesinato de Portales en 1837 en una rebelión militar contra la declaración de guerra a Perú y Bolivia, las guerras civiles de 1851 y 1859 contra el conservador Montt, y la de 1891 contra Balmaceda, en la que estuvo en juego el uso de los excedentes del salitre. La contienda terminó con los cuerpos de los comandantes del Ejército lacerados y amarrados a la parte frontal de una locomotora por la Marina vencedora, exponiéndolos cruelmente al entrar a Valparaíso, como consigna el Coronel Varela en sus memorias. Y con el suicidio del presidente Balmaceda para evitar que siguiera la masacre de sus seguidores. Su entierro fue clandestino, envuelto en un saco y llevado al cementerio de madrugada en una carreta, para evitar laceraciones a su cuerpo. Y luego, en el siglo XX, se produjeron las masacres de obreros de 1905 en Valparaíso, de 1906 en Antofagasta, de 1907 en la escuela Santa María de Iquique, de 1912 en Forrahue contra una comunidad Huilliche, de 1920 en Punta Arenas, de 1921 en la oficina salitrera de San Gregorio, de 1925 en las oficinas de Marusia y de La Coruña, de 1934 en Ranquil contra campesinos, de 1938 en pleno centro de Santiago contra jóvenes pro nazis ya rendidos por orden personal de Arturo Alessandri, de 1946 en la Plaza Bulnes, de 1962 en la población José María Caro, de 1966 en el mineral de El Salvador, de 1969 en Puerto Montt, lo que desemboca en las violencias de 1973-1989.

En la perspectiva de esta secuencia, se puede concluir que el país vivió entre 1994 y 2019, una vez controladas las asonadas pinochetistas y la acción de grupos armados de extrema izquierda, una época relativamente pacífica y con la menor intervención militar en la historia de la República, de lo que las nuevas generaciones, tan prestas a la descalificación del pasado reciente, debieran tomar nota. La rebelión popular multiforme de 2019, originada en la resistencia de la vieja y nueva oligarquía a disminuir las desigualdades y abusos, fue, en cambio, enfrentada con una represión mórbida, la que apuntó a los ojos de los manifestantes pacíficos y no pacíficos, en una actitud otra vez criminal (ahí están las numerosas víctimas, mientras puedo señalar que en una ocasión en Plaza Italia-Dignidad una bomba lacrimógena disparada verticalmente por un oficial pasó a centímetros de mi cabeza).

Se ha avanzado en conocer la verdad de la represión dictatorial (comisiones Rettig y Valech) y en someter a la justicia y condenar a múltiples responsables de crímenes, incluyendo los más recientes. Pero no se ha procesado como sociedad la violencia ancestral y la contemporánea. Peor aún, algunos todavía intentan justificarla, incluyendo el golpe de hace 50 años.

Nunca es tarde para procesar estos aspectos de nuestra historia, especialmente en una fecha simbólica. Y debe considerarse como emblema de la crueldad inexcusable la que atentó contra uno de nuestros mayores creadores, el Premio Nobel Pablo Neruda. Nuestro poeta fue calificado por Gabriel García Márquez como el más grande del siglo XX en cualquier idioma. No obstante, para nuestra vergüenza como nación, al término de su vida fue envenenado por orden de quien consideró a un insigne compatriota, militante, pero pacífico y amante de la vida, como un enemigo que debía ser exterminado. Al envenenarlo, envenenó a toda la sociedad. Eso es lo profundamente inaceptable de la tragedia de la violencia sectaria en la historia de Chile, que debemos esforzarnos en dejar atrás para siempre. El momento constituyente actual debiera terminar de consagrar, en homenaje al poeta y a todas las víctimas, el declarado respeto de los derechos humanos como fundamento de la República.

Las revoluciones y sus tragedias

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A propósito de la expulsión de 222 presos y presas por razones políticas en manos de la dictadura de Ortega-Murillo, cabe preguntarse qué pasó con la revolución nicaragüense, esa que reunió a un pueblo en una lucha insurreccional heroica contra una dictadura familiar entronizada desde 1937 y que culminó con éxito en 1979, dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La contrarrevolución, con ingente apoyo norteamericano, no le hizo la vida fácil a la novel revolución, que mantuvo su promesa democrática y terminó derrotada en las urnas al cabo de una década. Esa derrota fue aceptada por el sandinismo, pero manteniendo el control de la policía y el ejército y al precio de una “piñata” que llevó a una parte del FSLN a la apropiación privada de bienes públicos. Otro sector, encabezado por Sergio Ramírez y Dora María Téllez, inició el rumbo de una disidencia de izquierda y democrática.

Daniel Ortega, uno de los comandantes de la revolución, logró poner fin al carácter colegiado del FSLN y terminó haciéndose con el poder luego de perder las elecciones de 1996 y 2001 y de ganar las de 2006. A pesar de una prohibición constitucional expresa, desde entonces ha sido reelegido en tres ocasiones, luego de obtener el control del poder legislativo y judicial mediante compromisos espurios con sectores de la derecha, de la Iglesia y del empresariado. En la última reelección, la de 2021, luego de la represión a las manifestaciones populares de 2018 que costó 350 muertos, se llegó a la caricatura tragicómica del encarcelamiento de todos los candidatos presidenciales opositores, los mismos que ahora Ortega expulsó y despojó de su nacionalidad acusándolos de “traidores a la patria”.

Ya no hay en el clan Ortega ideología alguna ni proyecto de sociedad que no sea el control y conservación del poder, que incluye la propiedad en manos de sus hijos y familiares de los principales canales de televisión y de diversas áreas de la economía, en uno de los países más pobres de América Latina. Salvo uno, los comandantes del FSLN de 1979 aún vivos no apoyan a Ortega. El legendario guerrillero y ex ministro de planificación Henry Ruiz considera, en una entrevista de 2019, que hay “una dictadura desgraciada liderada por Ortega" que es "la antítesis más horrible" de la revolución de la cual fue parte. “La revolución era para acabar con el somocismo, pero fuimos condescendientes con la corrupción que se daba en el gobierno, con el culto a la personalidad. Sobre el somocismo se montó el orteguismo. Daniel Ortega es un producto de lo que no fue la revolución".

El siglo XX fue testigo de la involución de algunas de las mayores revoluciones sociales hacia regímenes despóticos como espejo de los que derrocaron. La revolución rusa de 1917 devino en un régimen que no fue la dictadura del proletariado sino la de un partido único sobre el proletariado y, peor aún, en un régimen de despotismo del jefe de ese partido, Stalin, como un espejo del despotismo los zares. No trepidó en asesinar a casi todos los dirigentes de la revolución de octubre y a millones de personas para obtener el control autoritario de la economía y la sociedad y construir así un régimen burocrático que le sobrevivió pero terminó por colapsar por su propia ineptitud en 1991, aunque volvió a reconstruirse como régimen despótico y de agresión territorial por su actual gobernante, Putin.

La revolución sandinista evolucionó progresivamente en el siglo XXI, por su parte, hacia un régimen de dictadura familiar, con un nuevo clan que controla la totalidad del poder, como espejo caricatural del clan Somoza. Se cumplió en Nicaragua la ley de la historia según la cual si las instituciones políticas no evolucionan hacia la democracia (lo que pareció ocurrir cuando el sandinismo aún colegiado aceptó su derrota ante Violeta Chamorro en 1990 en las urnas) entonces las revoluciones sociales que se alzaron originalmente contra el orden oligárquico tradicional se transforman en nuevos órdenes autoritarios en manos de nuevos caudillos.

Una vez más la conclusión es que el socialismo, como movimiento emancipador del trabajo y la cultura dotado de un proyecto de sociedad basado en libertades efectivas y en la justicia distributiva, solo puede florecer sin desmentirse a sí mismo en un régimen democrático que acepta la alternancia política. Su tarea histórica es hacer efectivos los derechos civiles y políticos junto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos, con los deberes ciudadanos respectivos. Si esta tarea no se lleva adelante con la adhesión de la mayoría y en base a reglas racionales democráticamente establecidas y controladas, entonces tendrá pies de barro. Los enemigos de la democracia social y la intervención extranjera se combaten primero políticamente y con las armas de la ley, según el principio de la legítima defensa, y no con violencias arbitrarias. Sus adversarios, además, deben poder concursar por el poder y obtenerlo si logran la mayoría en alguna elección periódica. La historia enseña que las alternancias democráticas hacia la derecha no consiguen regresiones en materia de conquistas logradas por la mayoría social sino en el margen. Además, los pasos a la oposición permiten a las izquierdas desburocratizarse e interpretar mejor a la sociedad, y así volver a concursar ante la soberanía popular con legitimidad, propuestas y liderazgos renovados.

Esos son los procesos de representación y síntesis de los intereses de la mayoría social que son propios de las izquierdas plurales, que no buscan el poder para sí mismas sino para consolidar la democracia y la igualdad de derechos y oportunidades efectivas como orden social. Solo respetando esos procesos cumple con su finalidad última: avanzar hacia un bienestar colectivo equitativo y sostenible que permita tratar a todos con igual consideración y obtener los mayores grados posibles de libertad y de autonomía personal en las condiciones existentes en la sociedad. Esa es su razón de ser, y no buscar el poder para grupos que luego se autonomizan, actuando en nombre del pueblo pero al margen del pueblo, y finalmente contra el pueblo, como es el caso emblemático de la dictadura de Ortega y Murillo.

¿Es la política económica un asunto técnico?

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La economía es un asunto técnico que nada tiene que ver con la política y la sociedad, ¿verdad? No se le vaya a ocurrir a alguien por ahí afirmar que el resultado del plebiscito de septiembre de 2022 tuvo algo que ver con un deterioro económico programado. Y que este se prolongará durante 2023, afectando por lo menos la mitad del período de Gobierno del Presidente Boric. Y que, a pesar de un cuarto trimestre de 2022 mucho mejor de lo previsto, volvió a subir la tasa de desempleo desestacionalizada, ya por quinto mes consecutivo.

La tasa de interés de política monetaria del Banco Central alcanzó entre un 1,5% en septiembre y un 2,75% en noviembre de 2021, en medio de la elección presidencial y parlamentaria reciente. Ese fue un nivel todavía razonable, luego que se aumentara las tasas poco a poco desde julio de ese año como una medida de enfriamiento de la demanda agregada frente al efecto de los retiros y de las transferencias a las familias, aunque fuera una medida algo temprana. Pero había argumentos de peso para hacerlo, pues en el segundo semestre había aumentado fuertemente el déficit fiscal y el Gobierno no había impedido los retiros de fondos de pensiones por cantidades muy altas y desestabilizadoras, mientras se deterioró la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Sin embargo, pasada la elección y producido el cambio de Presidente del país y del Banco Central, este organismo decidió radicalizar su política para combatir la inflación. La tasa de interés ya debía pasar a un 5,6% en marzo ante problemas de "anclaje de expectativas". ¿Y por qué no llevarla muy por encima de las tasas norteamericanas y europeas? Que la inflación fuera en esta etapa esencialmente importada y se acelerara con la invasión rusa a Ucrania y con el aumento de los precios de alimentos y combustibles no venía al caso. Había que abatir el exceso de demanda interna del año anterior a como diera lugar.

El aumento de tasas en 2022 nunca debió producirse. No bajó en nada la inflación importada porque simplemente no podía hacerlo, pero produjo severos efectos en el empleo. En el cuarto trimestre de 2021, había unos 672 mil cesantes, mientras en el tercer trimestre de 2022 estos habían aumentado a 773 mil. Algo más de cien mil personas adicionales quedaron sin trabajo, con el impacto en sus familias respectivas –57 mil corrigiendo las variaciones estacionales–, en pleno período de plebiscito constitucional.

Agreguemos que, si bien el año 2021 terminó con un déficit fiscal de un 7,7% del PIB, financiado sin dificultad con endeudamiento a tasas razonables, el año 2022, en cambio, terminó con un superávit fiscal de un 1,1% del PIB. Incluso se produjo un superávit estructural que ni siquiera debía alcanzarse a fines del Gobierno actual (el decreto de política fiscal de la actual administración gubernamental fija una meta de balance estructural de -0,3 del PIB para 2026). Se llevó a cabo un ajuste fiscal de 8% del PIB en un año, con una caída de 23% del gasto, una brutalidad, programado por el Gobierno anterior y no corregido por el actual.

Haber bajado el déficit efectivo a -2% del PIB, por ejemplo, no hubiera comprometido en absoluto una senda de convergencia fiscal hacia la meta de leve déficit estructural en 2026 y, en cambio, hubiera permitido disminuir con menos brusquedad las transferencias a las familias en 2022 y compensar una parte mayor de las pérdidas de ingreso por la aceleración de la inflación en los sectores más vulnerables. Este habría sido un buen uso de los mayores ingresos por el alto precio del cobre de inicio de año y la recaudación por la regalía del litio, en vez de atenerse a una suerte de religión de los superávits que nadie en el mundo practica, simplemente porque no tienen racionalidad económica.

Las presiones inflacionarias por el lado de la demanda, en tanto, ya habían decaído notoriamente en el primer trimestre de 2022. La demanda interna total disminuyó nada menos que en -9,5% (y el consumo de los hogares en -7,7%) respecto al trimestre previo, dado el agotamiento del efecto de los retiros, las mayores tasas de interés y el inicio de la caída de los salarios reales. Por ello, las tasas no debieron haber subido desde su nivel de fines de 2021, salvo que se quisiera provocar una recesión, lo que efectivamente ha intentado expresamente el Banco Central. Este enfoque extremo fue asumido erróneamente como la única manera de impedir un eventual anclaje de expectativas de inflación futura en los agentes económicos. Un enfoque gradual y cauteloso era, a todas luces, más recomendable, como el utilizado por los bancos centrales en las grandes economías.

No olvidemos que hay economistas para los cuales mantener desempleos altos y salarios e impuestos bajos es una supuesta condición de rentabilidad de las empresas que redundaría en estimular la inversión, la productividad y el crecimiento. Este enfoque no es de consenso en la profesión de los economistas, pues no considera la importancia de los factores de demanda y las oscilaciones distributivas en el manejo del ciclo, con efectos de corto plazo y en el crecimiento de más largo plazo (ver aquí, por ejemplo, y los trabajos  de orientación postkeynesiana de economistas como Lance Taylor, recientemente fallecido, y Stephen Marglin, o bien de economistas de la llamada corriente principal, como Paul Krugman). La orientación al pleno empleo es una meta de política económica singularmente inexistente para la ortodoxia prevaleciente en Chile, contrariamente a personalidades académicas como Janet Yellen, la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos.     

Pero no hablemos de estas cosas desagradables y menos del hecho de que los especialistas discuten entre sí porque no hay verdades reveladas en estas materias. La economía es un asunto técnico que nada tiene que ver con la política y la sociedad, ¿verdad? No se le vaya a ocurrir a alguien por ahí afirmar que el resultado del plebiscito de septiembre de 2022 tuvo algo que ver con un deterioro económico programado. Y que este se prolongará durante 2023, afectando por lo menos la mitad del período de Gobierno del Presidente Boric. Y que, a pesar de un cuarto trimestre de 2022 mucho mejor de lo previsto, volvió a subir la tasa de desempleo desestacionalizada, ya por quinto mes consecutivo. Y que el número de desempleados aumentó de 672 mil a 765 mil personas en un año, a una tasa creciente trimestre a trimestre, pues se siguen incorporando nuevos contingentes al mercado de trabajo con una población de más de 15 años que crece al 1% al año, mientras más personas inactivas desean trabajar a medida que se crea más empleo.

Por su parte, el número de personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente (“fuerza de trabajo potencial”) pasó en un año de 848 mil a 875 mil en el cuarto trimestre. La suma de los desempleados y de los trabajadores desalentados pasó en un año de 1,52 millones de personas a 1,64 millones, unas 120 mil personas adicionales. Las personas de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian (conocido como el grupo NiNi) pasaron de 360 mil hace un año a 397 mil en el cuarto trimestre de 2022, siempre según la encuesta de empleo del INE. Pero, de nuevo, ¿para qué hablar de estos temas? Para eso están los técnicos. Y, sobre todo, ¿para qué recordar la crisis profunda que ha vivido la sociedad chilena desde 2019, precisamente, por negarse a abordarlos?

Un Banco Central a la deriva

En El Mostrador

En la actualidad tenemos probablemente el Consejo del Banco Central más partisano y sesgado en sus análisis desde 1990. ¿Qué se puede pensar de una afirmación como la del comunicado de su Consejo del 26 de enero?: "La inflación mundial ha disminuido en el margen, principalmente asociado a los menores precios de la energía. No obstante, la inflación persiste en niveles elevados y las presiones inflacionarias continúan siendo importantes".

Resulta que en diciembre se completaron en Estados Unidos 6 meses de caída del ritmo anual de inflación y el índice de precios de diciembre cayó en términos absolutos por primera vez en dos años. En la zona Euro, la inflación anual bajó en diciembre por segundo mes consecutivo. En China, la inflación no varió en diciembre y permanece en 2% anual. Y los precios que han bajado no son solo los de los combustibles, pues el índice de precios de los alimentos de la FAO cayó en diciembre en -1,9%, el noveno descenso mensual consecutivo, y es un -1,0% inferior al de hace un año, antes de iniciarse la invasión a Ucrania.

Una apreciación más razonable de la situación norteamericana e internacional es la de Susan Collins, presidenta de la Federal Reserve Bank of Boston: "Sigo viendo resiliencia en la economía y eso me hace optimista sobre una senda de reducción de la inflación sin una desaceleración significativa”. Los datos de inflación reseñados y los de PIB de Estados Unidos y Europa así lo confirman. Para el Banco Central de Chile, en cambio, en materia externa "las perspectivas de crecimiento para 2023 se mantienen débiles, aun cuando muestran un acotado ajuste al alza". En todo caso, este sería un factor de disminución de las presiones inflacionarias y no lo contrario.

Pero lo más desconcertante es la apreciación sobre la situación interna: "La inflación sigue siendo muy elevada". Una disminución del ritmo anual desde 14,1% en agosto a 12,8% en diciembre y un índice que creció solo 0,3% en diciembre no es suficiente evidencia aún para una proyección estable. Pero esta inflación mensual es la más baja desde febrero de 2022, justo antes de los efectos de la invasión a Ucrania. De confirmarse como tendencia, más allá de oscilaciones puntuales al alza, situaría la inflación bastante cerca del rango meta de 3% a 24 meses.

La pregunta clave es: ¿tiene una tendencia de este tipo alguna probabilidad significativa de mantenerse? Así se deduce del propio comunicado del Consejo:

1) "El tipo de cambio se apreció en torno a 8%, algo más que monedas comparables. Las implicancias macroeconómicas de la reciente apreciación del peso deberán ser evaluadas en el próximo IPoM". Un alivio notorio de las presiones inflacionarias importadas (que constituyen el grueso del problema) ¡queda para posterior análisis! Vaya uno a entender. Por el momento, el precio del cobre sube y el tipo de cambio sigue devaluándose, aliviando todavía más la inflación importada.

2) "Las condiciones de oferta permanecen restrictivas y la demanda ha seguido debilitándose", mientras "en el mercado laboral se sigue observando una baja creación de empleo y descensos en la variación anual de los salarios reales. Todo lo anterior se da en un contexto en que las expectativas de consumidores y empresarios persisten en niveles pesimistas". Nada de eso constituye, como se podrá observar, presión inflacionaria alguna.

Pero la insólita conclusión es que "las expectativas de inflación a dos años plazo continúan por sobre 3%". Esta es una afirmación totalmente subjetiva, sin ninguna evidencia seria que la justifique. Lo que ha ocurrido es que la inflación se ha moderado desde agosto porque lo han hecho precios internacionales claves como los de los alimentos y el petróleo, mientras el dato de PIB desestacionalizado del tercer trimestre muestra una caída anualizada de la producción de -4,9%. Esto es grave, muy grave. La caída del sector de la construcción es totalmente atribuible al aumento excesivo de tasas de interés por el Banco Central, a pesar de las políticas paliativas del Gobierno.

Más preocupante es todavía la conclusión según la cual "la convergencia a la meta de 3% aún está sujeta a riesgos" y que por eso se mantendrá la TPM en 11,25%. Es evidente que toda economía, y especialmente una pequeña y abierta como la chilena, está sujeta a riesgos. El ejercicio a realizar es ponderarlos adecuadamente y proteger a la población de la inflación, pero sin provocar destrozos mayúsculos en la producción y el empleo. Frente a esta perspectiva, el Consejo del Banco Central parece permanecer en completa indiferencia. Nunca debió haber llevado la Tasa de Política Monetaria a ese nivel y debiera disminuirla a la brevedad.

Mientras, el Consejo del Banco Central sigue mostrando una inexplicable intención expresa de provocar una recesión en 2023. Pero esta política no puede sino ser calificada de inútil. Contrariamente a lo que señala su cuestionable modelización, el brote inflacionario de 2022 es esencialmente de origen importado y está en retirada. Y es una política muy peligrosa, pues es de aquellas que se sabe cómo provocan una crisis económica, pero bastante menos cómo se sale de ella, dejando una estela de destrucciones productivas y de pérdidas de empleo, respecto de las cuales, por lo demás, después nadie responde.

Los dilemas de las coaliciones

En La Mirada Semanal

Frente a la elección por voto obligatorio de los integrantes del Consejo Constitucional el 7 de mayo próximo, tiene razón el gobierno al afirmar su preferencia por una sola lista de los partidos que lo apoyan, y que incluso esa lista incorpore a la DC. Mientras, las coaliciones de gobierno deben adoptar definiciones que serán cruciales para su futuro.

La lista única tiene el fundamento político de ofrecer un arco amplio de unidad y también el fundamento electoral de elegir el máximo de consejeros constitucionales, dado que la cifra repartidora favorece a las listas más votadas. Pero el PPD ha decidido que ser parte de esa lista unitaria le implicaría costos (“la lista del indulto”). Esto ocurre a pesar que la jefa política del gabinete es desde septiembre de 2022 la ministra del Interior Carolina Tohá, figura de ese partido. El PPD ha decidido privilegiar una alianza ideológica con fuerzas de centro como la DC, que no forma parte del gobierno, y los radicales y liberales. Su diseño es diferenciarse del bloque Apruebo Dignidad.

A los que les gusta mirar por dónde sigue rondando el añoso fantasma del comunismo, cabe señalarles que Apruebo Dignidad no es una coalición alineada con el PC, como al parecer pretenden diagnosticar la DC y el PPD. El PC ha sido, más bien, el que está alineado con las políticas de gobierno, las buenas y las no tan buenas. No obstante, le haría bien a ese partido encaminar su postura internacional hacia el no alineamiento activo y consolidar la defensa común de la alianza de gobierno de las democracias y los derechos humanos en todas partes. Esto no impide mantener el rechazo que merece la política norteamericana de intervención y de bloqueos. Pero la democracia y los derechos humanos son instituciones y valores que son acervos de los humanismos del mundo y, por tanto, de la izquierda chilena. Considerar esto sería muy útil para una nueva síntesis que fundamente una alternativa progresista de gobierno de largo plazo en Chile, inserta en las luchas sociales, culturales, territoriales y ecológicas de amplio espectro que se libran en el país y con un proyecto democrático autónomo y de orientación latinoamericanista. Lo contrario haría muy difícil esa síntesis.

Mientras, de persistir la definición del PPD, el Partido Socialista tiene también que tomar una decisión clave. La lógica indica que debiera ser parte de una lista de partidos de gobierno, considerando su participación relevante en la actual administración que incluye un rol decisivo tanto en la coordinación política, las relaciones exteriores y la defensa como en la gestión de la economía. Y dejar de lado la alta beligerancia contra el Frente Amplio de algunos de sus senadores, probablemente motivada por una especie de diagnóstico de desplazamiento generacional en los territorios y administraciones que algunos en esa agrupación mantienen como su identidad básica y que provoca la irritación del resto por su inconsistencia.

Que el PS se sume a la lista de centro que promueve el PPD será invocado por los que defienden un supuesto “eje histórico DC-PS“. Esto tiene dos problemas. Primero, la DC no quiere formar parte del gobierno y rechaza toda alianza con la coalición del presidente Boric, mientras el PS se ha comprometido con ella y a darle sustento al presidente. Si se debilita al gobierno y su alianza, no es posible avanzar en transformaciones y cerrarle el paso a la ultraderecha en 2025. Segundo, el “eje histórico” de la DC con el PS no es tal. Desde luego no existió entre 1989 y 2008, pues después del apoyo desde la DC al PC a Patricio Aylwin en 1989, el PS siempre compitió con la DC en materia presidencial, en primarias o en primera vuelta, y lo hizo desde 1989 en materia parlamentaria y desde 1992 en materia de sub-pactos de concejales. El PS nunca dejó de ser alternativa a la DC en las elecciones presidenciales, de concejales y de parlamentarios, aunque se sumara fuerzas contra la derecha. Solo no compitió con la DC en las elecciones de alcalde por la ausencia de segunda vuelta. Eso es lo que explica que Ricardo Lagos y Michelle Bachelet llegaran a ser presidentes de Chile, pues tenían detrás una fuerza política de apoyo que luchó por hacer avanzar sus ideas en la sociedad. Lo que hubo, en cambio, fue una coalición de gobierno para una etapa entre fuerzas distintas. Esta lógica de “vías paralelas en competencia regulada” se mantuvo durante veinte años. De paso, este esquema preservó mayorías amplias y una coalición con capacidad de gobernar, pero sin que el PS renunciara a construir una fuerza transformadora capaz de correr progresivamente las fronteras de lo que se entiende como posible.

Ninguna de esas cosas fueron fáciles de hacer y requirieron de mucho trabajo y persistencia estratégica, pues la acción política es siempre lucha por determinados objetivos. Pero nada dura eternamente y esa fórmula de gobernabilidad con competencia regulada fue interrumpida por la política disruptiva del grupo de poder que condujo el PS desde 2005. Por razones de cálculo electoral menor y falta de convicción estratégica, las conducciones socialistas privilegiaron a partir de la elección municipal de 2008 alianzas electorales con la DC, las que hasta esa fecha se habían circunscrito estrictamente al PPD y el Partido Radical en el marco de la idea de un “bloque progresista”. Además, se terminó por poner al primer gobierno de Michelle Bachelet en minoría, cuando por primera vez la coalición de gobierno disponía de mayoría simple en el parlamento. Esto ocurrió por el apoyo a rupturas en el PPD, en la DC y el propio PS, con una gestión autoritaria del emergente fenómeno de los “díscolos” de distinto signo. En vez de asumir que se expresaba la fatiga de la coalición de centroizquierda frente a la evolución de la sociedad, el liderazgo burocrático del PS fue restringiendo su convocatoria política y hacia el mundo popular y de los jóvenes, lo que facilitó la primera victoria de la derecha después de veinte años en 2010.

Pero, a la postre, fue la propia DC, o su sector conservador predominante, la que terminó por boicotear la coalición de centro e izquierda por dentro –en alianza con el neoliberalismo PPD y de otros sectores- durante el gobierno de Bachelet II, que había ampliado su alianza hacia el PC y permitido desplazar a la derecha del gobierno. La imposibilidad de una mayor coherencia política para cumplir con las promesas de cambio culminó con el descrédito de la DC y de la izquierda tradicional y el retorno de la derecha a La Moneda por segunda vez en 2018.

En una mirada retrospectiva, una cosa fue la necesidad de juntar fuerzas para salir de la dictadura y luego dar un sustento amplio a gobiernos de figuras progresistas en las nuevas circunstancias de Chile del siglo XXI, y otra muy distinta fue dejar de construir una fuerza propia programáticamente autónoma. Se terminó renunciando al proyecto histórico del socialismo chileno en aras de administrar beneficios clientelares en los órganos del Estado. Dejó de ser central la lucha por terminar con el veto oligárquico en las instituciones (“fumar opio”) y con las desigualdades sociales inaceptables. El acomodo a las situaciones de poder llevó al PS -y mucho antes a buena parte del PDC, el PPD y el PR-  a dejar de lado la prioridad de luchar con persistencia por una democracia soberana y por más justicia social, acompañada ahora por la defensa de la sustentabilidad ambiental.

Este proyecto transformador no es compatible con la connivencia con el capitalismo oligárquico vigente, aunque sí requiere de mercados regulados en economías mixtas, es decir de un “Estado democrático y social de derecho“. Al virar al centro y al acomodo con el Estado mínimo neoliberal, simbolizado por el apoyo a un ministro de Hacienda opuesto a reformas tributarias y laborales como Andrés Velasco, el PS abrió el camino a la emergencia de una nueva fuerza política a su izquierda. Esta nació de las luchas de 2006 y 2011 por una educación inclusiva, una de las grandes demandas de la sociedad. La nueva fuerza generacional terminó meritoriamente por gobernar, al constituirse en una mejor alternativa frente a la derecha que la izquierda tradicional o un centro sin norte.

Hoy el PS tiene la oportunidad de dejar de lado sus pasadas derivas y ser parte de una coalición de izquierda amplia y plural en construcción. Esto supone pagar costos -como la derrota del proyecto constitucional de 2022- dada una conducción política que no posee aún una experiencia suficiente y poco sentido estratégico, lo que la lleva a ensayar divertimentos con poco sentido y cometer múltiples errores. Pero de la consolidación de esa nueva coalición depende nada menos que el avance en las transformaciones democráticas e igualitarias que siguen siendo indispensables en el país. Y también evitar un futuro dominado por la ultraderecha.

Si no hay una lista única de gobierno al Consejo Constitucional, debe haber al menos una lista de los partidos dispuestos a contribuir a que el relanzado proceso constituyente consagre que la soberanía reside en el pueblo en base al principio de mayoría y no en enclaves no representativos, que su límite es el respeto a los derechos humanos y demás derechos fundamentales, incluyendo el de las minorías a procurar transformarse en mayoría en elecciones periódicas, que el de Chile es un “Estado unitario descentralizado” que reconoce las autonomías territoriales y la de los pueblos originarios en su seno, y que es un “Estado democrático y social de derecho”.

La voluntad política así expresada debe también extenderse a mejorar la tarea gubernamental. Es posible que la derecha en el parlamento actual bloquee todas las reformas, en especial la del sistema previsional y la reforma tributaria. Pero la gestión de gobierno no pasa toda por el parlamento, por lo que en ese escenario será crucial centrarse en una mejor gestión de los servicios públicos, aumentando su profesionalización y haciendo retroceder el clientelismo. En ese evento se debería trabajar, con los instrumentos disponibles, por el fortalecimiento de la salud y la educación públicas y el incremento de la pensión garantizada (si la derecha vota en contra del fondo de capitalización colectiva, debiera rechazarse un aumento de la cotización que termine en unas AFP reforzadas). Y encaminar el mejoramiento de la productividad económica en una perspectiva de sostenibilidad –como ya se está haciendo con el rechazo a Dominga– y de diversificación y creación de empleo decente. Esto no obsta a que se siga trabajando, con el apoyo de la sociedad civil, para presentar una y otra vez legislaciones que hagan tributar más a las grandes compañías mineras y a las grandes fortunas, que incrementen la capacidad de negociación de las remuneraciones de los asalariados y que permitan el paso de la semana laboral de 45 a 40 horas.  

El bloqueo parlamentario de la derecha debiera estimular, además, una fuerte alianza con las administraciones territoriales y avanzar en un plan de tres años de aumento de la calidad de vida en las ciudades y espacios rurales en ámbitos como la seguridad, el transporte público, la vivienda social, el equipamiento urbano y el control de las contaminaciones, redireccionando el gasto público. Esto debe incluir, además, planes de creación de empleo donde sea necesario, dada la recesión provocada erróneamente por el Banco Central y una política fiscal ultra restrictiva en 2022.

Así, mantener en alto la lucha por el cambio constitucional y por transformaciones estructurales, junto a realizar un trabajo gubernamental eficaz y que produzca resultados visibles en el contexto existente, sea quizá el camino a seguir por las fuerzas que apoyan al actual gobierno.

Apoyos, retiros y autopréstamos

 Columna en La Tercera

Hay personas y familias que enfrentan carencias permanentes y graves. Para estas situaciones de pobreza y marginación existen apoyos estatales. Es el mundo de la priorización para tender puentes de integración. A su vez, existen las emergencias colectivas, que requieren respuestas y apoyos cuando se producen. Una situación distinta es la que enfrentan casi todas las familias a lo largo de sus vidas en caso de enfermedad, accidentes, pérdida del trabajo o disminución de fuentes previas de ingresos. Es el mundo de la universalidad de la cobertura de riesgos, que cuando no existe hace entrar a las sociedades en crisis, lo que el enfoque neoliberal nunca ha querido entender.

La respuesta de la responsabilidad individual frente a los riesgos es dotarse de reservas económicas mediante el ahorro y su capitalización. El problema es que la propensión al ahorro (o la posibilidad práctica de no consumir todos los ingresos) existe solo para una parte de la población y la contratación de seguros tiene muchos problemas de “asimetrías de información”.

Esto lleva a la intervención de los Estados, que organizan coberturas compulsivas de esos riesgos, interrumpiendo la “soberanía del consumidor” y obligando a las personas a ahorrar y/o a recurrir a sistemas de seguro con primas no voluntarias en los ámbitos de la enfermedad, los accidentes, el desempleo y los ingresos en la vejez. Estas primas socializan el riesgo y usualmente se componen de aportes del trabajador como proporción de su salario y del empleador. Es lo que inauguró la Alemania del muy conservador canciller Von Bismarck a fines del siglo XIX, que ya tuvo que habérselas con los primeros sindicatos.

En nuestro caso, las políticas de seguridad social se intensificaron desde los años 1920, con las primeras rupturas del orden oligárquico, hasta que desde los años 1980, en una situación de dictadura militar con fuerte influencia de economistas ultraliberales, se transitó en las pensiones al ahorro obligatorio administrado en cuentas individuales por entidades privadas con fines de lucro. Cuando la pandemia de Covid-19 paralizó buena parte del empleo y los aportes a las familias se restringieron a 65 mil pesos, la situación de desesperación de muchos llevó a que el Parlamento sobrepasara al gobierno y aprobara por dos tercios, bajo la ficción de una reforma constitucional, el uso de parte de los ahorros para la pensión. Se aplicó aquello de más vale un pájaro en la mano que cien volando y el consumo presente antes que futuro. Ya se vería qué pasaría con las pensiones, que de todas maneras son provistas mayoritariamente con complementos estatales.

Nuevos retiros de fondos de pensiones no tienen sentido, pues esos recursos no están para atender urgencias, sino complementar la jubilación garantizada. Solo tendría sentido autorizarlo para situaciones de enfermedad terminal, como aporte reembolsable de ahorro inicial para la vivienda o como “autopréstamo” de bajo monto y recuperación en plazos breves para enfrentar alguna crisis individual, como propone el proyecto del gobierno. Pero estos mecanismos no pueden sustituir, en medio del desorden y la improvisación como en 2020-21, tanto las políticas públicas permanentes de apoyo a las familias como las situaciones de emergencia. Estas tienen su propia lógica y financiamiento, las que podrán ser fortalecidas con la reforma tributaria.

Un balance del rebrote inflacionario de 2022

En La Mirada Semanal

La inflación parece haber entrado en una senda de desaceleración, con un 0,3% en diciembre, la más baja del año junto a la de febrero, antes de la invasión rusa a Ucrania. Pero permanece el debate sobre sus causas y las políticas para contenerla.

La inflación del año llegó a 12,8%, luego de cifras de 7,2% en 2021 y de 3% en 2020. El momento más álgido fue el de agosto, cuando la inflación anual alcanzó un 14,1%. 

El primer gráfico muestra el origen predominantemente importado del brote inflacionario (en rojo se muestran los precios de bienes transables internacionalmente) y su fuerte aceleración desde marzo de 2022. Estos llegaron a aumentar en 17,3% anual en agosto. 

El segundo gráfico reseña, entre los bienes importados, la variación de los precios volátiles de los alimentos, que llegó a 25,6% anual en diciembre (en rojo en el gráfico) y que llevó la inflación anual de alimentos y bebidas a 24,7%, así como la variación de los precios volátiles de la energía, con un récord de 24% anual en septiembre (en verde en el gráfico), que llevó la inflación anual en el transporte a 18,3%. 

Ambas categorías de bienes tuvieron un gran impacto en el presupuesto de la mayoría de las familias, que habría sido mayor sin la contención de alzas a los precios de los combustibles a través del mecanismo de subsidio y estabilización Mepco y el nuevo suplemento de la asignación y subsidio familiar para compensar las alzas en la canasta básica de alimentos. Sus precios de base (petróleo y gas, así como cereales, oleaginosas, carnes y lácteos) se fijan en el exterior, con diversas interferencias de poder de mercado que inciden en la remuneración relativa de los agentes presentes en las cadenas domésticas de suministro al consumidor.

También contribuyó a acelerar el aumento de precios el brusco aumento de la demanda interna en 2021 por los retiros inorgánicos de fondos de pensiones, es decir 18 mil millones en el curso de un año a partir de agosto de 2020 con el primer retiro y otros 15,5 mil millones a partir de diciembre de 2020 con el segundo retiro. Si se agregan los 14,7 mil millones sacados desde las cuentas de AFP a partir de mayo de 2021 en el tercer retiro, la suma es de más de 49 mil millones de dólares (del orden de 8% del PIB de dos años, lo que desestabiliza potencialmente cualquier economía), cifra mucho más amplia que la pérdida de ingresos de las familias por efectos de la pandemia. Esa mayor liquidez presionó la demanda de consumo, aunque una parte fue inicialmente ahorrada o mantenida en cuentas corrientes. Se sumó, por su parte, un inusitado déficit fiscal (-7,7% del PIB) en 2021 que financió transferencias a las familias y empresas. Pero la inflación de 2021 provino sobre todo de los desajustes de las cadenas globales de suministro y la de 2022 del fuerte aumento de los precios de los alimentos y la energía. Los combustibles, en especial, producen impactos en los costos en todas las cadenas productivas domésticas, junto a la vasta gama de insumos importados, fenómeno que se agravó con la devaluación del peso frente a un dólar fortalecido internacionalmente. Estos últimos elementos no tienen nada que ver con la expansión del consumo de 2021, que por lo demás cae en 2022 según se observa en el tercer gráfico, y han sido decisivos en el rebrote inflacionario. 

Por eso la política de aumentar las tasas de interés de manera desmedida ha sido tan nociva, pues equivoca el diagnóstico, no contribuye a disminuir la inflación importada de manera significativa y, de mantenerse, provocará una recesión prolongada y sin justificación. Lo propio puede decirse de la política fiscal, que al parecer terminó el año con un superávit presupuestario cercano a 2% del PIB. Un ajuste fiscal en un año de cerca de 10% del PIB no tiene parangón ¡en el mundo! Fue conseguido a costa de una caída de -24,5% del gasto público, un ajuste fiscal brutal sin justificación programado por el gobierno anterior y no revertido por el actual. 

Como se observa, la política macroeconómica ha oscilado entre impulsos erráticos y una gran sobrevaloración ideológica de la ortodoxia fiscal, que no es lo mismo que un saludable rigor fiscal contra-cíclico. Una lógica de gradualidad era evidentemente mucho más aconsejable para lograr un aterrizaje suave de la economía después de la sobre-expansión de 2021. Este aterrizaje era indispensable por la pérdida de gobernabilidad económica durante Piñera II y la expansión de la demanda de consumo, pero se transformó en una desaceleración brusca e innecesaria, con intencionalidad política desde marzo. 

En todo caso, el presupuesto de 2023 contempla retomar el incremento del gasto público en algo más de 4%, lo que permite financiar las medidas sociales recién anunciadas que ampliarán algunos subsidios a las familias de menos ingresos (mayor bono marzo, continuidad del suplemento a la asignación-subsidio familiar e incremento de la misma, aumento de cobertura de la pensión universal). Lo adecuado es seguir por esa línea y fortalecer las transferencias a las familias dadas las holguras fiscales creadas, aumentando rápidamente a 250 mil pesos la pensión universal y ampliando más el monto y la cobertura de la asignación y subsidio familiar. Se debe también pensar en crear una asignación para las personas que realizan trabajo de cuidado doméstico y no solo deducciones tributarias como las que se acaban de aprobar en la Cámara de Diputados y Diputadas. 

La inflación bajará primordialmente en la medida en que no sigan aumentando los precios externos de alimentos y combustibles y que no haya devaluaciones masivas del tipo de cambio peso-dólar, y no por el encarecimiento del crédito o la restricción del gasto público. Salvo que se quiera hacer colapsar el consumo de las familias y la inversión, lo que es de esperar nadie esté deseando, por ejemplo por motivaciones de orden político. Este será otro año con elecciones, una a consejeros constitucionales y otra de sanción plebiscitaria de la nueva propuesta de Constitución. La política macroeconómica debe ser puesta en práctica pensando en el bienestar sostenible de la población, sea quien sea quien gobierne, y no con cálculos con sesgo político de instituciones supuestamente autónomas.

En todo caso, nuevos retiros de fondos de pensiones son equivocar el camino, pues esos recursos están para la jubilación y no para atender urgencias, salvo situaciones muy justificadas de enfermedad o de complemento de ahorro para la vivienda. Atender las urgencias sociales tiene su propio camino, y ese no es el del desorden y la improvisación producidos en el gobierno anterior.

¿Qué está pasando con el empleo y las remuneraciones?

En La Mirada Semanal

La ocupación experimentó una impresionante caída de dos millones de personas en el segundo trimestre de 2020, en el peor momento de la crisis. Al final de 2020 se había recuperado un millón de esos puestos de trabajo y hacia el segundo semestre de 2021 el empleo presentaba un importante dinamismo, pero desde entonces aumentó a un ritmo decreciente. La tasa de desempleo desestacionalizada subió en noviembre de 2022 por sexto mes consecutivo y cayeron las remuneraciones reales por octavo mes consecutivo.

Analizar las tendencias del empleo y de las remuneraciones supone aludir una serie abigarrada de indicadores cuantitativos, por lo que habrán de perdonarnos quienes leen esta columna.  Partamos por señalar que en noviembre de 2022, último dato disponible, se registró un 3,8% de incremento anual de la ocupación. Esta es una buena tasa de expansión, pero menor que la de los trimestres previos. La ocupación total alcanzó a 8,88 millones de personas, a comparar con los 8,56 millones de hace un año. No obstante, este volumen es todavía inferior al nivel previo a la crisis de la pandemia. Había 9,05 millones de personas ocupadas en noviembre de 2019 y 9,06 millones en febrero de 2020. En cambio, la producción recuperó su nivel previo ya en el cuarto trimestre de 2020.

Para entender mejor la evolución en curso, hay que acercarse a la composición de la ocupación. El empleo asalariado formal es la principal categoría de empleo en Chile (un 65% del total) y sumó en septiembre (últimas cifras disponibles) unos 5,77 millones de personas registradas como cotizantes dependientes por la Superintendencia de Pensiones. Este volumen es superior al de 5,41 millones de tres años atrás y al de 5,52 millones de febrero de 2020. En agosto de 2021, este tipo de empleo ya había recuperado su nivel previo a la crisis pandémica, con un dinamismo que persistió hasta el último trimestre del año. Pero en 2022 se evidencia una tendencia al estancamiento. Este indicador sigue muy de cerca el de la producción, como se observa en el gráfico.

Los ocupados por cuenta propia, en cambio, disminuyeron su número como consecuencia de la crisis. En el trimestre terminado en noviembre de 2019, se desempeñaban en esa condición 1,85 millón de personas, mientras tres años después lo hacían solo 1,81 millón. Es la evolución de este segmento, en el que se encuentra buena parte del trabajo informal, la que explica el retraso en la recuperación de la ocupación total en la economía chilena previa a la crisis. La ocupación informal ha disminuido de 29,1% del total en noviembre de 2019 a 27,3% en el mismo trimestre de 2022 y sumó 2,42 millones de personas. Los subsidios a la contratación establecidos durante la crisis han ayudado a contener la informalidad en el segmento de trabajadores asalariados, que sumó unas 835 mil personas en esta condición a noviembre. Pero en esta situación también ha influido la disminución del empleo por cuenta propia.

Por otro lado, el aumento reciente de la ocupación total ha sido menor que el de la fuerza de trabajo (ocupados más personas cesantes que buscan trabajo) y alcanzó un 4,3% anual en noviembre. Se siguen incorporando nuevos contingentes al mercado de trabajo, pues la población de más de 15 años crece al 1% al año y, a medida que el empleo crece, más personas inactivas desean trabajar. Pero este mercado, en el que la demanda de trabajo la constituyen las empresas, las administraciones públicas y las familias, no está siendo capaz de incorporarlos en la actualidad, lo que obliga a pensar en más programas de empleo al margen del mercado, por ejemplo en tareas de cuidado y de mejoramiento urbano y ambiental. En efecto, la tasa de ocupación (la relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar) bajó de 58,4% hace tres años a solo 55,1% en noviembre de 2022. A su vez, la tasa de ocupación femenina pasó de 48,4% a 45,8% en el mismo período.

Otra consecuencia de esta evolución es que, a pesar de la recuperación del empleo, el número de desempleados aumentó de 697 mil a 767 mil en un año, dado que más personas buscan ahora trabajo. Por su parte, el número de ellas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente (“fuerza de trabajo potencial”), pasó de 844 mil a 854 mil. La suma de los desempleados y de los trabajadores desalentados pasó en un año de 1,54 millones de personas a 1,62 millones, unas 80 mil personas adicionales, dato que evidencia el problema estructural y coyuntural de desempleo que afecta a la economía chilena. Hace tres años, la suma alcanzaba a 1,36 millones de personas.

Un segundo gran problema es que las personas de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian (conocido como grupo NiNi) pasaron de 345 mil hace un año a 384 mil en el trimestre móvil terminado en noviembre de 2022, siempre según la encuesta de empleo del INE.

Como resultado de las tendencias descritas, la tasa de desempleo de la fuerza de trabajo (estacionalmente ajustada) aumentó de 7,6% en el trimestre final de 2021 a 8,2% en el trimestre terminado en noviembre. Se completó así un período de 6 meses de deterioros consecutivos de este indicador (desde el trimestre móvil terminado en junio). Entre los trimestres terminados en diciembre de 2021 y mayo de 2022, esta tasa se había mantenido estable en 7,6%, el nivel más bajo desde la salida de la crisis pandémica. Hace tres años, la tasa de desempleo desestacionalizada alcanzaba un 7,3% de la fuerza de trabajo.

Si se suma a los desocupados las mencionadas personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente, la “tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial” calculada por el INE alcanzó un 15,8% en el trimestre terminado en noviembre. Esta cifra es el doble de la tasa convencional de desempleo no desestacionalizada, que registró en el mismo período un 7,9% de la fuerza de trabajo. Hace tres años, antes de la crisis pandémica, esta tasa combinada alcanzaba un 14,2% de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, las remuneraciones reales, según la muestra del INE entre las empresas de más de cinco trabajadores, resistieron la etapa de marzo 2020 a enero 2022 sin grandes sobresaltos. Incluso al iniciarse 2022 estas eran un 1,1% superiores a las de dos años atrás, en la etapa previa al inicio de la crisis. Pero han experimentado un deterioro que ya suma -2,6% entre febrero y octubre de 2022 (última cifra disponible).

Si se suma a los desocupados las mencionadas personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente, la “tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial” calculada por el INE alcanzó un 15,8% en el trimestre terminado en noviembre. Esta cifra es el doble de la tasa convencional de desempleo no desestacionalizada, que registró en el mismo período un 7,9% de la fuerza de trabajo. Hace tres años, antes de la crisis pandémica, esta tasa combinada alcanzaba un 14,2% de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, las remuneraciones reales, según la muestra del INE entre las empresas de más de cinco trabajadores, resistieron la etapa de marzo 2020 a enero 2022 sin grandes sobresaltos. Incluso al iniciarse 2022 estas eran un 1,1% superiores a las de dos años atrás, en la etapa previa al inicio de la crisis. Pero han experimentado un deterioro que ya suma -30% entre febrero y noviembre de 2022 (última cifra disponible).

Esto se explica por el nuevo choque inflacionario en materia de alimentos y combustibles provocado por la guerra de Ucrania, que se sumó a la inflación de 2021 originada en los problemas de oferta en las cadenas globales de suministro y en la fuerte expansión de la demanda interna estimulada por los retiros de fondos de pensiones y el déficit fiscal. Así, la inflación anual pasó de 3,0% en 2020 a 7,2% en 2021, pero con una inflación de bienes transables internacionalmente de 8,6%, que revela la importancia decisiva de la inflación importada en todo el período. A la inflación se agrega una situación general de débiles mecanismos de indexación salarial y el reseñado aumento del desempleo que debilita la capacidad negociadora de los asalariados en las empresas.

Lo ocurrido con las remuneraciones reales ha contribuido a la desaceleración de la economía y de la creación de empleo en 2022, empujada por el encarecimiento del crédito desde junio de 2021 y la caída de -25% del gasto público en 2022. Este contexto general se ha traducido en la disminución de la actividad en -0,1% en el trimestre móvil terminado en noviembre. Un nuevo dato negativo del Imacec en diciembre implicará que la economía chilena habrá entrado en “recesión técnica” al completar caídas del PIB en los dos últimos trimestres del año.