Las confusiones discursivas y las salidas de la crisis

En La Mirada Semanal

Frente a incrementos de la complejidad y del ruido social en el mundo actual, agravados por la crisis sanitaria y económica, suelen multiplicarse en el espacio público y adquirir popularidad quienes aumentan los temores y contribuyen a la confusión sobre lo que está en juego, sin construir procesos de cambio efectivo. Existe, en cambio, la alternativa de avanzar después de la pandemia a un “Estado de bienestar democrático 3.0”.

El poder del lenguaje para describir fenómenos y darles sentido puede orientarse tanto a acrecentar la lógica de los mitos y la confusión sobre los asuntos colectivos como a hacerlos más comprensibles y eventualmente catalizar acciones colectivas efectivas. Vivimos hoy una etapa en que la confusión aumenta, con una gran fragmentación de los discursos, lo que incluye a quienes tienen visiones críticas de la sociedad. Estos suelen remitirse ad nauseam al reclamo contra el neoliberalismo, las élites, el patriarcado, el centralismo, la representación y así sucesivamente, antes que a las transformaciones secuenciales y sostenidas para superarlos. Estas requieren articular intereses diversos en tiempos cortos y largos, lo que es la tarea básica de la vilipendiada política. 

Se combinan al menos cinco tipos de efectos en la sociedad de hoy que aumentan la ansiedad colectiva: las secuelas de la crisis económica global de 2008-2009 y la persistencia de las desigualdades; los efectos iniciales del cambio climático de origen antropogénico; la pandemia de COVID-19 originada por nuevos saltos de virus peligrosos desde animales a humanos con la reducción de la frontera de la vida natural; el paso a una nueva etapa tecnológica y, finalmente, una crisis generalizada de la representación en las sociedades democráticas, con liderazgos desprestigiados y siempre detrás de los acontecimientos. El resultado es que los sistemas políticos son crecientemente impotentes para asegurar una gobernabilidad democrática inclusiva y capaz de dominar los parámetros básicos del futuro. Están frecuentemente dominados por las oligarquías económicas, mientras se asiste a cambios culturales y mediáticos acelerados que aumentan la fragmentación de las audiencias y de las interacciones individuales y sociales. 

Frente a incrementos de la complejidad y del ruido social de esta magnitud, suelen multiplicarse en el espacio público y adquirir popularidad quienes aumentan los temores y amplían en su beneficio el miedo al cambio, a la enfermedad, al desempleo, a la inmigración, a la pérdida de lugar en la sociedad, a la manipulación tecnológica, a la delincuencia. Ahí prosperan las demagogias de distinto tipo. 

Las respuestas ultraderechistas a lo Trump y Bolsonaro se focalizan en la oferta de orden represivo, en estimular los reflejos identitarios, en desdeñar el conocimiento científico y la cultura e identifican un enemigo: las élites. Con la excepción de las élites económicas, a las que se alían y defienden, cuando no provienen directamente de ellas, como Kast en Chile. Y llegan a conseguir adhesión social, aunque sea solo temporal. En algunas partes este populismo de derecha ha ido desplazando a la derecha tradicional y tiene su caldo de cultivo estructural en la concentración económica y en la precarización del empleo que son propios del capitalismo financiarizado actual. 

Estos fenómenos no encontraron por décadas respuestas en el progresismo o en la socialdemocracia tradicional. En Europa y Estados Unidos dejaron la primacía de la representación del mundo del trabajo y giraron a representar emancipaciones culturales necesarias y a clase medias integradas a los flujos dinámicos de la globalización económica. Algunos simplemente giraron al neoliberalismo. Esto se está hoy corrigiendo emblemáticamente por los socialistas portugueses y españoles, los laboristas neozelandeses y en parte Biden, cuya respuesta sanitaria y económica a la crisis ha sido hasta aquí contundente. 

En América Latina, las respuestas de las izquierdas han girado en torno a redistribuciones de las rentas de recursos naturales desde el Estado, sin realizar cambios estructurales en la economía que permitan sostener grados básicos de dinamismo persistente, cohesión social y preservación de la naturaleza. Esas respuestas basadas solo en las obligaciones de la  inmediatez, en ocasiones acompañadas de la clientelización de la acción política, es altamente dependiente de los mercados mundiales de materias primas y es, por tanto, inestable. Y puede derivar en el rentismo puro y simple que, combinado con el tradicional caudillismo,  termina por descomponer las capacidades sociales y productivas, como ha ocurrido dramáticamente en países como Venezuela, de larga tradición rentista. El intervencionismo de las derechas y los bloqueos norteamericanos no hacen, por otro lado, más que acentuar la miseria de los afectados y ayudar a la sobrevivencia de los regímenes burocráticos antes que a su necesaria evolución democrática.

Hacia el futuro, como he escrito en otra parte, es posible identificar tres trayectorias no deseables, siguiendo a Daron Acemoglu. La primera es la de la “continuidad trágica” del declive de las instituciones y de la mantención de las desigualdades y depredaciones de las últimas cuatro décadas neoliberales. La segunda es la de un vuelco hacia la verticalidad estatal de control social, bajo el supuesto de la ineficiencia de la gobernanza democrática frente a las “nuevas amenazas”, lo que refuerza los regímenes autoritarios existentes o bien los afanes de poder de caudillos que manipulan los miedos de la sociedad. La tercera es la de la “servidumbre digital”, con los gigantes tecnológicos y de capitalismo de plataforma sustituyendo a gobiernos en bancarrota en sus funciones sanitarias y sociales, configurando nuevas formas desreguladas de teletrabajo y determinando las conductas colectivas en medio de una enorme concentración privada de poder mediante el manejo de datos en democracias en descomposición.

Existe, en cambio, la alternativa de avanzar después de la pandemia a un “Estado de bienestar democrático 3.0”, que sea un avance efectivo respecto de aquel que emergió en el siglo XX después la depresión y de los fascismos y de aquel que resultó de las reducciones de la era neoliberal y de las crisis recientes. Su sustrato material es la cuarta revolución industrial en curso, que sucede a la tercera que generalizó los soportes digitales. Esta nueva etapa tecnológica tiene tanto enormes potencialidades como amenazas, como la citada concentración de la información en gigantescos monopolios privados (el  impacto en el empleo, en cambio,  suele exagerarse como parte de la difusión de los miedos: el tema central sigue siendo no “cuánto empleo habrá” sino “el tipo de empleo que hay hoy y que habrá en el futuro”). Está basada en un gran aumento de la capacidad de transmisión y procesamiento de datos usando inteligencia artificial, la robotización de la producción y el transporte, la manufactura aditiva, las energías renovables, las biotecnologías, la criptoeconomía, el internet de las cosas. Pero puede y debe dejar de ser un mero impulso adicional de acumulación y concentración privada y ponerse al servicio de un bienestar equitativo y sostenible de la sociedad. 

En efecto, la primera tarea pospandémica es asumir las debilidades institucionales demostradas en la crisis sanitaria y bregar por un cambio en las formas de gobierno hacia una democracia más eficaz, descentralizada, proba, basada en un Estado de derecho socialmente respetado y en capacidades de acción colectiva que combinen la tríada de un sentido estratégico de la política, un mayor rol de la ciencia y el conocimiento y formas extendidas de participación social. 

El Estado de bienestar democrático 3.0 deberá en el corto plazo robustecer la salud pública, aminorar las brechas digitales y enfrentar la ampliación de la economía informal junto a la pérdida de empleos y/o su precarización, además de la salida de muchas mujeres del empleo formal y su retraimiento hacia el trabajo doméstico. Esto debe traducirse en una reactivación impulsada por incrementos salariales, por la extensión de las redes de seguridad social y la remuneración del trabajo doméstico (una asignación propia y además por hijo o dependiente puede ser un buen mecanismo que aumente la autonomía económica de las mujeres). Se deberá establecer un sistema de ingresos básicos (diferenciados para la infancia, la vida activa y la edad avanzada) y de empleo social en servicios a las personas (empezando por el cuidado) y en servicios ambientales (empezando por mejorar el manejo del agua en las cuencas y amplios planes de forestación), financiado con un mayor aporte tributario del 10% de más ingresos.

Y mas allá de la salida de crisis, se requiere invertir fuertemente en urbanismo integrador y sostenible, avanzando a energías domésticas renovables y a una electro movilidad generalizada que atenúe sustancialmente los problemas de salud que provoca la contaminación del aire. Y también invertir en revitalizar los espacios rurales, que en parte podrán beneficiarse de formas ampliadas de teletrabajo. 

Los cambios en la política social y en el ordenamiento territorial y espacial suponen lograr una más inteligente regulación y coordinación de los actores económicos, así como de los sistemas educativos y de formación permanente para avanzar tanto a aumentos de productividad como a transformaciones del régimen de producción/consumo. El nuevo paradigma debe ser una economía circular con toda la tecnología verde disponible para mejorar la resiliencia ambiental y sanitaria de la producción, mediante una reconversión productiva financiada con la plena captación tributaria de las rentas de los recursos naturales. Esta reconversión debe fortalecer a la pequeña empresa y a la economía social y del cuidado, y también a los sectores de alta productividad articulados con cadenas globales de valor, pero con más servicios tecnológicos de origen nacional y un mayor valor agregado local. Como hemos señalado en artículos previos, esto supone un gran salto en la capacidad nacional de investigación y desarrollo y financiar y fomentar la producción de bienes sanitarios, medicamentos y vacunas, de alimentos saludables, de energías renovables y de soportes de la electromovilidad. El extractivismo depredador debe transitar a una minería, agricultura, actividad forestal y pesca sostenibles, y transformar a Chile en un modelo exportador de bienes que respeta la resiliencia de los ecosistemas y que está inserto en un mercado interno fortalecido por las redistribuciones y los servicios a las personas y a la producción. Este cambio significará un gran esfuerzo empresarial y del mundo del trabajo, pero se transformará en un factor de competitividad en mercados mundiales cada vez más exigentes. 

Deberá también terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas, que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Varios de esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin calidad de servicio.

En suma, una nueva fase en la vida del país requerirá un Estado más democrático y paritario con más capacidades sociales y productivas, pero también una sociedad que vigila y orienta la economía y las instituciones y una cultura de mayor responsabilidad colectiva con el cuidado recíproco y con  las nuevas generaciones. 

El desgobierno y el Ejército

En La Mirada Semanal 

El gobierno conduce de manera cada vez más errática su fin de mandato. Esto incluye el manejo de la pandemia y de los apoyos sociales, pero también las salidas de rol del Ejército y las otras ramas de la defensa nacional. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.

La administración de Sebastián Piñera ha seguido en la pendiente del desgobierno. Demoró increíblemente en poner en práctica lo que tiene que hacer en materia de transferencias a las familias frente al recrudecimiento de la epidemia de COVID-19 desde febrero, la que a su vez no logró controlar por su mala política de restricciones con ires y venires cada vez menos efectivos. Esto derivó en una sobre exigencia del sistema sanitario muy superior a la de junio pasado, el primer peor momento de la epidemia en Chile. En vez de actuar desde principios de marzo con un Ingreso Familiar de Emergencia ampliado a sectores medios que hubiera tal vez permitido a mucha gente sostener mejor el nuevo confinamiento y no seguir en actividades para ganarse el sustento diario, termina haciéndolo tardíamente. Las coberturas son más amplias que las iniciales, pero se llega a ellas después de reclamos múltiples y de confrontaciones con la oposición y con su propia coalición, en medio de una gran confusión. Pareciera que le resulta sicológicamente imposible gobernar usando los recursos públicos para proteger, aunque sea por un período breve, a las mayorías sociales en medio de una gran crisis. Es como si esos recursos disponibles no estuvieran precisamente para eso y usarlos fuera sinónimo de  “populismo”, esa anteojera mental que se han construido hasta el ridículo quienes nos gobiernan. 

Esta conducta irracional, incluso desde el punto de vista de sus propios intereses, llevó a que la propuesta de un tercer retiro de ahorros previsionales de las personas haya obtenido el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados, con muchos votos de la coalición de gobierno. En vez de acomodar un proyecto que cautele que los retiros de las personas de mayores ingresos paguen el correspondiente impuesto a la renta, o que no se autorice disminuir los retiros programados y las rentas vitalicias por sustracción de una parte del capital que las sustenta y reemplazarlos por apoyos directos suficientes, el gobierno vuelve a pedir otra vez al Tribunal Constitucional que inhabilite la soberanía que emana de nada menos que dos tercios del parlamento. Lo hace, además, con una falta de legitimidad agravada de ese Tribunal, que está envuelto en una insólita telenovela de reproches cruzados y odiosidades entre sus miembros de derecha, hoy sobre representados, incluyendo acusaciones de corrupción y maltrato. Nunca se había visto algo así, lo que no hace sino reflejar la descomposición de las instituciones de bloqueo de la voluntad popular de la constitución de 1980.

En este contexto, las Fuerzas Armadas se han permitido volver a deliberar con la pretensión de nada menos que pautear el ejercicio de la libertad de expresión en Chile.

El Ejército ha declarado que a raíz de sarcasmos sobre la carrera militar y sobre los casos judiciales que involucran a miembros de sus filas "no es aceptable pretender que ello sea motivo para denostar a oficiales, suboficiales y soldados que en su vocación se ven vejados por tal simulacro de realidad. El ejercicio de las libertades de expresión e información es esencial para el progreso de una sociedad cuando se ejerce con verdad y responsabilidad, lo que no ha ocurrido en este caso”. Ha obtenido el apoyo público de la Fuerza Aérea y la Armada, y nada menos que del propio ministro de Defensa, que no ha ejercido su rol.

Lo que es aceptable o no en materia de libertad de prensa no es algo que deban pautear las Fuerzas Armadas. Su carácter de instituciones disciplinadas y no deliberantes les impide, además, emitir cualquier juicio u opinión en la materia. El monopolio del uso legítimo de la fuerza armada para fines de defensa que la ciudadanía les otorga tiene esa contrapartida: la prescindencia en los asuntos públicos. Ese es el arreglo institucional básico y universal en los Estados de derecho para impedir la intervención o abuso de la fuerza militar en los asuntos de la sociedad.

Toda persona o institución que se desenvuelve en la esfera pública puede en democracia ser objeto de críticas, sarcasmos e ironías. En cambio, la injuria, la calumnia o la incitación al odio y la discriminación están penalizadas -bien o mal, pero esa es harina de otro costal-y corresponde a la autoridad civil, y no a los militares de manera autónoma, activar ante la opinión pública o ante los tribunales cualquier acción que afecte a las instituciones armadas. Estas deben, naturalmente, tener el derecho a defenderse frente a ellas, o de manifestar su dolor o incomodidad por algún reproche que se les haga, pero a través de las autoridades competentes y con la debida y formal autorización del poder civil, que en ese caso asume la responsabilidad pertinente. 

Las Fuerzas Armadas no pueden pretender pautear la conducta de ningún actor de la sociedad, y menos a los medios de comunicación, sobre cómo ejercer la libertad de expresión, o las formas que puede o no tomar el humor y el sarcasmo. Su misión constitucional es la defensa y seguridad nacional sujeta a la autoridad civil, y punto (artículo 101). Lo que han declarado es absurdo e inconstitucional. No están autorizadas a deliberar, en este caso a emitir juicios sobre la forma en que se ejerce o no un derecho, ya sea que se trate del derecho de opinión o de cualquier otro. No se entiende en qué mundo viven los que sostienen que esto no es deliberación sobre asuntos públicos que escapan a la función de defensa, sobre los que el mundo militar no tiene nada que opinar. Así de simple. El hecho que se hayan sumado declaraciones en el mismo sentido del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, evidentemente coordinadas, constituye, además, un pronunciamiento de órganos sujetos a disciplina que es completamente inaceptable.

Está más que claro que una pendiente de intervencionismo militar en el funcionamiento de la vida social no va a ser aceptado por la gran mayoría del país. No por casualidad está detenido en el parlamento el proyecto de reforma constitucional del gobierno que autoriza a las fuerzas armadas a realizar tareas policiales. Esta pendiente, que la extrema derecha alienta con la complicidad activa o pasiva de otros en el espectro político, puede llevar a otra grave confrontación histórica en Chile y a una masiva reacción contra el militarismo. No tiene sentido no tomar en cuenta que las instituciones armadas han demostrado en el último tiempo no ser capaces de controlar graves actos de corrupción que han involucrado a sus mandos, o bien que han incurrido en la desobediencia expresa a la ley en materia de vigilancia de personas, que son hoy objeto de persecución judicial y de un extendido reproche social. Por ello, el control civil sobre las instituciones armadas debe aumentar, no disminuirse (nótese que aquí no estamos siquiera aludiendo el descontrol de Carabineros en los últimos años, que es otra materia pues remite al orden público). El Ejército no puede pretender que no haya al menos sarcasmo frente al hecho que dos de sus ex comandantes en jefe y muchos de sus mandos estén procesados por malversación de caudales públicos para fines personales (robo, en castellano antiguo) que se cifran en millones de dólares. O que no se produzca una crítica frontal a sus mandos por haber incurrido en vigilancia secreta de periodistas que investigan la corrupción en su seno, aunque se haya hecho, al parecer, con la complicidad de un juez. 

Las Fuerzas Armadas se deben a la República, no a sí mismas, como todas las otras instituciones. No se puede seguir alentando el corporativismo en el Estado, con ciudadanos cada vez más escépticos sobre el buen uso de los impuestos que pagan todos los días. Por ello, la disciplina militar debe restablecerse con urgencia. El gobierno no puede escamotear ese deber constitucional con declaraciones vacuas apoyando la libertad de expresión, pero sin señalar que el Ejército y las otras ramas no pueden pretender orientar su modo de ejercicio. Lo que corresponde es una respuesta civil enérgica -ojalá de amplia transversalidad- que remita a las Fuerzas Armadas a su rol, para excluir de una vez y expresamente toda deliberación o intento de cercenar derechos de la ciudadanía garantizados por el orden jurídico vigente. El gobierno debió ponerse a la altura de la gravedad de lo ocurrido. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.

¿Un nuevo paradigma para una economía innovadora?

 En La Mirada Semanal 

Las experiencias desde marzo pasado de subsidio a la creación de nuevos productos sanitarios frente a la emergencia, acompañadas de posteriores compras públicas, serán tal vez el inicio de una política industrial que se generalice para lograr la transición a una economía circular diversificada, a la agregación sostenible de valor y a la inserción selectiva en cadenas globales de producción que asegure la resiliencia de los ecosistemas y la ampliación de los bienes comunes. 

En medio de las acciones urgentes que la pandemia de COVID-19 obligó a realizar en diversos ámbitos en Chile, hay que destacar algunas de política industrial. Si, como se lee, de política industrial, el vilipendiado concepto del que la ramplona ortodoxia del pensamiento único chileno no ha querido escuchar hablar durante décadas, siempre en nombre de la religión de las ventajas comparativas y de la especialización en la producción de materias primas que de ella deriva.

En efecto, el Ministerio de Ciencia y CORFO convocaron el 31 de marzo de 2020 a presentar iniciativas para ser financiadas a través del programa "Retos de Innovación Covid-19", que destinó $800 millones, es decir casi nada, a apoyar el resguardo al personal de salud expuesto al virus “frente a la escasez mundial de elementos de protección”. El objeto fue “desarrollar y producir estos elementos aquí en Chile en plazos muy acotados, frente a situaciones críticas o emergencias”, en palabras del ministro del área.  

Bastó este llamado, de muy pequeña escala, para que diversas iniciativas tomaran vuelo. Fueron seleccionados trece proyectos de diseño y fabricación de elementos de protección, como mascarillas quirúrgicas, escudos faciales y trajes de protección. Algunos fueron apoyados por compras públicas y a un año de la convocatoria gubernamental, se han entregado 172 mil de esos implementos de confección local en 150 recintos hospitalarios, entre los que se cuenta una máscara fabricada a través de impresión 3D e inyección plástica con vida útil de hasta 5 años y el potencial de inactivar el SARS-CoV-2; escudos faciales con resistencia a la humedad y a la grasa, de larga durabilidad y reutilizables; mascarillas lavables y reutilizables con acción antimicrobiana con partículas de cobre y zinc; batas reutilizables antimicrobianas con tecnología nano Cobre–Zinc en la tela. Es decir, nada menos que el esbozo de un nuevo paradigma en acción: la manufactura en Chile de productos reutilizables, con mayor vida útil, de diseño local, en circuitos cortos de producción-consumo.

Siete de los proyectos seguirán siendo apoyados para su escalamiento nacional e internacional, a través de un subsidio de... hasta $60 millones. Seguimos en Chile, nada de iniciativas de apoyo público importantes, no vaya a ser cosa que a alguien se le ocurra pensar que el subsidio a la producción de nuevos bienes y su desarrollo mediante compras púbicas pueda reemplazar al sacrosanto mercado. Y no vaya a ser cosa que nos acostumbremos a que los proyectos productivos consideren, además, la sustentabilidad, en este caso mediante la búsqueda de materiales inocuos y la extensión de la vida útil. Sobre todo, que no cunda la ocurrencia de empujar más diversificaciones productivas, porque son cosas muy caras y no corresponden a la idea de “optimizar la asignación de recursos” que los dilapidadores de siempre no entienden. 

Esta manera neoliberal de ver la dinámica económica no considera que obviamente las economías de escala nunca llegan el primer día, pero que políticas industriales bien concebidas y persistentes pueden transformar países desde el atraso agrícola y manufacturero a la industrialización en gran escala y la innovación productiva de frontera, con el ejemplo de Corea del Sur a la vista.  Pero, además, ocurre que el "ventilador mecánico invasivo de emergencia rápido y seguro", desarrollado por una universidad gracias al financiamiento de CORFO y de privados, se fabrica con un 10% del costo de producción de un ventilador mecánico de alta gama. Si, leyó bien, con un equipo importado se compran 10 fabricados en Chile. El costo es mucho menor “porque los equipos están diseñados con un concepto de fabricación por ensamble de piezas confiables y más fáciles de encontrar en el comercio", según uno de los conceptores. Ya ven, un nuevo paradigma. Es decir cambios en los modelos de producción, consumo y distribución. 

Se discute en esta etapa sobre los necesarios cambios tributarios (terminar exenciones, separar los impuestos al ingreso personal y corporativo, volver a mayores tasas marginales a la renta, eliminar el tope de la patente industrial y comercial, establecer impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras, así como una regalía a las ventas mineras) y laborales (negociación colectiva supra-empresa con titularidad sindical, aumento del salario mínimo, igualdad salarial de género, participación de 30% en las  utilidades e incidencia de los trabajadores en los directorios) que el país debe abordar de alguna u otra manera después de la crisis social. 

Pero también se debe avanzar en el paradigma productivo y de organización del tejido económico empresarial: ¿por qué no adoptar la propuesta de Jeannette von Wolfersdorff de transferir de 10 a 25% de las acciones de las empresas mayores a un fondo público cuya rentabilidad complemente los ingresos de los grupos más vulnerables y financie la elaboración de estrategias de diversificación económica? Si esto es resistido, ¿por qué no reformar, entonces, el impuesto a las herencias y transferir la mayor parte del capital heredado -la legitimidad de los herederos de grandes fortunas para retenerlas en su totalidad es simplemente nula- a ese fondo patrimonial público? Este debiera ser gestionado de manera autónoma y profesional y su giro único debiera ser obtener una rentabilidad con sustentabilidad social y ambiental que financie la diversificación económica mediante el apoyo a objetivos, como propone Mariana Mazzucato con su enfoque de las misiones tecnológicas (definir un problema que necesita ser solucionado con aportes de muchos sectores). Esto debe empezar en Chile por dar un fuerte impulso ya no solo a algunos productos sanitarios sino a la industria farmacéutica local, empezando por genéricos y vacunas (que en esta pandemia se han adquirido a un alto precio), a las energías renovables, a la electromovilidad, a la alimentación saludable, a la agregación de valor en una minería sustentable, a los servicios a la producción con tecnologías avanzadas.

Las regalías sobre recursos naturales y el esquema de transferencias de propiedad deberán impulsar el esfuerzo de reconversión y diversificación productiva en los diversos territorios. Esta transición debe acompañarse de la desconcentración de los mercados para dar espacios a nuevos actores empresariales, de fuertes mecanismos anticolusión y de defensa del consumidor, de una banca de fomento efectiva, de la promoción de la pequeña empresa innovadora y de la economía social, solidaria y sostenible con facilitación del acceso a mercados y más intensa transferencia tecnológica y de mejores prácticas. 

Se trata nada menos que de realizar como país una planificación estratégica y selectiva de largo plazo de la transición a una economía circular diversificada, basada en una especialización productiva que incorpore la agregación sostenible de valor, la dinamización de las economías locales y de los circuitos cortos de producción-consumo junto a la inserción inteligente y más provechosa en cadenas globales de producción. Esto supondrá un fortalecimiento sustancial de la investigación y desarrollo tecnológico endógenos, junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos, la resiliencia de los ecosistemas y la preservación y ampliación de los bienes comunes de los que el país dispone. 

Tal vez en el futuro la pandemia actual será recordada como el punto de partida de una transición que transformó el destino del país porque ayudó a cambiar nuestra manera de pensar.

Debates que avanzan

En La Mirada Semanal

Si siguen predominando los economistas neoliberales que postulan, como Milton Friedman, que el mejor impuesto es que el no existe, no se pondrá avanzar hacia pensiones básicas y transferencias de ingresos que son indispensables en las actuales condiciones chilenas.

Hace unos días, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, volvió a plantear en un seminario universitario su opinión favorable a la propuesta que algunos venimos haciendo desde hace muchos años: establecer una Pensión Básica Universal en Chile. Esto probablemente se explica por su idea de preservar a las AFP en el futuro, pero con una especie de reconocimiento implícito de que el sistema de capitalización individual no resuelve los dos problemas públicos que un sistema de pensiones está llamado a abordar: preservar a todos los mayores de la pobreza en la vejez (cobertura) y permitir un ingreso no demasiado divergente con el salario previo (tasa de reemplazo). Está más que argumentado que el sistema de AFP no resuelve ninguna de las dos cosas. La primera, porque existe del orden de 30% de trabajo informal en Chile, que en muchos casos se prolonga a lo largo de toda o buena parte de la vida activa (como las mujeres que realizan solo trabajo doméstico no remunerado). Esto da lugar a la ausencia o a una muy baja suma de aportes previsionales obligatorios. A su vez, la alta rotación en el empleo que se observa en Chile genera lagunas de ingresos y, por tanto, de cotizaciones, que repercuten en la tasa de reemplazo del salario por la pensión. Al parecer, las AFP ya no quieren insistir en esos temas y buscan que los resuelva una pensión básica que se universaliza de cargo del Estado. Las AFP, en realidad, debieran pasar a ser un instrumento voluntario de ahorro complementario. Pero es efectivo que una pensión universal significativa, como la que existe en Nueva Zelandia desde el siglo XIX y desde entonces en muchas otras partes del mundo, efectivamente funciona como un derecho de los mayores que resuelve la cobertura y disminuye la caída de ingresos al jubilarse. Este mecanismo se financia con impuestos generales, independientemente de la historia laboral de las personas.

Pero esto cuesta bastante dinero fiscal. En Nueva Zelandia se gasta un 5% del PIB en la pensión universal. En Chile, la pensión básica establecida en 2008 para el 45% de familias de menos ingresos y luego para el 60% ha costado menos del 1% del PIB, es decir menos que el subsidio a las pensiones militares. Los incrementos recientes y previstos en la reforma previsional del gobierno lo elevarían a del orden de 1,5% del PIB . Con el reciente anuncio gubernamental de extender la pensión básica solidaria al 80% (desde 1,7 a 2,3 millones de personas) y subir su monto hasta la línea de pobreza, se agregaría un costo de 0,4% del PIB. Llegar al 100% implicaría una cifra similar, según la Dirección de Presupuestos, incluyendo el pago del 7% de cotización de salud.

Los académicos Salvador Valdés y Rodrigo Valdés cuestionaron en el seminario comentado la propuesta de las AFP. Salvador Valdés tildó la idea de “imprudente”, argumentando que “es tremendamente caro” y el país está “al borde la inviabilidad fiscal”, mientras Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda, la calificó de “irresponsable” si no detalla los ingresos fiscales para financiarla, aunque cree deseable llegar a una pensión universal en el largo plazo.

Cabe considerar, además, que la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de transferir ingresos a las familias más vulnerables por carencia de ingresos. Si se transfiriera a la mitad de los 4,3 millones de menores de 16 años una asignación familiar equivalente a la línea de pobreza (177 mil pesos), se estaría haciendo realidad aquello de “los niños primero”, con un costo de 2% del PIB. Un vuelco de la política social en Chile, garantizando ingresos mínimos a estos dos universos de la vejez y los niños tendría un costo adicional de unos 4,5% del PIB. No veo que ningún gobierno futuro pueda plantearse hacer mucho menos que eso en materia de pensiones y de transferencia de ingresos a las familias, salvo que se quiera permanecer en la fractura social que hoy vivimos, con las consecuencias que conocemos.

Si se está "al borde de la inviabilidad fiscal" y para no ser "irresponsables", parece ser necesaria una reforma tributaria a la altura del desafío. Esta reforma debe llevar el déficit estructural a no mucho más de 1% del PIB hacia 2026, al finalizar el próximo gobierno (en 2020 se contuvo en 2,7% del PIB). Junto a una reducción drástica de la evasión tributaria, esa reforma tributaria debe partir por separar completamente la tributación de las utilidades de las empresas, salvo las pymes, y la de los ingresos personales. Debiera en materia de impuesto a la renta, además, restablecer las tasas del impuesto de 2012 y restablecer la tasa marginal más alta a 50% como en 1990, junto a eliminar buena parte de las exenciones a ese impuesto. Se debe también eliminar parte de las exenciones del IVA y de la renta presunta y reponer el impuesto a las ganancias de capital provenientes de la enajenación de acciones con presencia bursátil eliminado en 2001. Y se debe crear, como han propuesto Ramón López, Gino Sturla y Simón Accorsi, un nuevo impuesto a las transacciones bursátiles de 0,3%, un nuevo impuesto a los grandes patrimonios y una regalía ("royalty") que apunte a captar la renta minera por el equivalente a 20% del valor de las ventas. Esto podría realizarse con una escala progresiva (hasta 3% con menos de 2 US$ a 100% sobre US$ 5 la libra) según el precio a las ventas de la gran minería privada, como planteamos en nuestra anterior columna.

Si siguen predominando los economistas neoliberales que postulan, como Milton Friedman, que el mejor impuesto es que el no existe, no se pondrá avanzar hacia lo razonable en las actuales condiciones chilenas, es decir llegar a la tasa de tributación promedio de la OCDE . Esta fue de 33,8% del PIB 2019, contra 20,7% en Chile. El promedio OCDE no refleja que hay países con una tasa de 46,3%, como Dinamarca, que diversos indicadores ponen como el país con mayor bienestar de su población en el mundo. Estos economistas neoliberales creen (es efectivamente una afirmación del orden de las creencias) en el chorreo de ingresos que provendría del crecimiento, que erróneamente postulan se debilitaría con más impuestos, especialmente los progresivos. La experiencia de los países de la OCDE está ahí para demostrar lo contrario, especialmente los países nórdicos y diversos europeo-continentales, así como Nueva Zelandia, países con una carga tributaria mayor a la chilena actual cuando tenían el mismo PIB de Chile hoy. Este último país acaba de aumentar el salario mínimo y el impuesto a los más ricos. Estados Unidos también acaba de aumentar los impuestos a las utilidades de las empresas y prepara un aumento del salario mínimo. Es lo que tendrá que hacer Chile a partir de marzo de 2022.

La renta minera no debe seguir siendo regalada

En La Mirada Semanal

Hay quienes defienden en materia minera, como en casi todo lo demás, que la mejor política pública es la entrega de su desarrollo a la gran empresa privada. Aluden los efectos en cadena del sector en términos de producción, exportaciones y empleo y su supuesta mayor eficiencia para maximizar la inversión.

Otro argumento erróneo ha sido la idea de extraer al mayor ritmo posible el mineral de cobre, recurriendo al capital transnacional, por el riesgo eventual de aparición de algún sustituto de menor valor, como ocurrió con el salitre, que dejara sin valor el recurso. Dado que en Chile existe desde 1971 la propiedad pública del recurso minero (“el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”), los neoliberales han defendido con éxito otorgar concesiones permanentes para la explotación privada, como la establecida en la dictadura por Pinochet y José Piñera, y asimilar la explotación de recursos naturales a los otros sectores de la economía.

Ante el fuerte aumento del precio del cobre, en 2005 el parlamento dominado por la derecha aceptó, después de una ardua batalla y a cambio de una cuestionable invariabilidad tributaria -ampliada en 2011 hasta 2024- una tributación específica a la minería basada en los márgenes brutos de explotación obtenidos por las compañías privadas. Esto ocurrió luego que la derecha votara en 2004 en contra de una regalía minera sobre las ventas, que fue el proyecto original de Ricardo Lagos y de la coalición de partidos que lo apoyaba, incluyendo la DC de Adolfo Zaldívar.

Este proyecto buscaba avanzar hacia la maximización del retorno fiscal por el uso de un recurso no renovable de propiedad común, cuyos menores costos de producción en Chile otorgan un alto retorno a la inversión, especialmente cuando los precios suben por incrementos de la demanda por sobre la oferta. Se buscaba, asimismo, financiar una diversificación productiva de los territorios desde los que se extraen y compensar la extracción y agotamiento futuro del recurso. Lograr ambos objetivos sigue pendiente, dado el veto de la minoría de derecha sobre el sistema político que ha logrado mantener desde 1990.

La política apropiada para alcanzar esa maximización es capturar toda o la mayor parte la “renta económica”, que desde Adam Smith y David Ricardo y su tratamiento de la renta (“arrendamiento”) de la tierra se entiende como un ingreso distinto a la utilidad empresarial. Aunque en el lenguaje común se utilice la palabra renta como equivalente a ingreso (“el impuesto a la renta”, por ejemplo), la renta es entendida hoy en el análisis económico, incluso por el enfoque convencional neoclásico, como el excedente del rendimiento necesario para mantener en explotación un recurso escaso por parte de un agente económico que maximiza el retorno del capital invertido. Sin utilidad, no habrá inversión privada. Sin renta económica, pero con una utilidad normal que justifique la inversión de capital, habrá tanto inversión privada como remuneración a la colectividad por el uso de un recurso que le pertenece.

Para capturar la renta se puede establecer ya sea la propiedad y explotación pública de los recursos mineros o bien la propiedad pública del recurso combinada con la explotación privada y una tributación significativa sobre las utilidades obtenidas más allá del retorno normal del capital invertido. La opción de que una empresa pública se haga cargo de captar la totalidad de la renta, como fue la intención de la nacionalización de 1971, requiere minimizar los fenómenos de captura de la empresa pública por sus gestores y productores directos (en el caso de que busquen obtener remuneraciones por sobre las del resto de la actividad económica de similar productividad), y/o de captura por sus proveedores para abastecer a la empresa pública con insumos con sobreprecios.

En 1990 se cometió el grave error de que CODELCO se desprendiera de pertenencias valiosas para impulsar la minería privada, cuando la dictadura ya había entregado el principal y más productivo yacimiento, La Escondida. Antes no se había pugnado por una limitación temporal a las concesiones. Dejar las cosas como estaban fue una exigencia de la DC para cerrar el programa de gobierno de 1989, en nombre del desarrollo de la inversión privada en el sector después de los traumas de la nacionalización. Esto lo resistió sin éxito el PS, privilegiando la unidad de la nueva coalición. A su vez, la gestión posterior no siempre eficiente de CODELCO y la limitación de sus inversiones impuesta por el dominio neoliberal en el manejo de la política minera desde 1990 -que fue mayor que en otras áreas en donde se expresaron con más fuerza las opciones progresistas, las que terminaron por perder su influencia- provocaron la continua caída en la participación de la empresa pública en la producción de cobre y en los ingresos que genera.

Además, el otorgamiento de concesiones para explotar los recursos del subsuelo no se acompañó de la voluntad de establecer un cobro suficiente de derechos y regalías como medio para recuperar la mencionada renta económica, en ausencia, además, de algún mecanismo de asignación competitiva de las concesiones de explotación (como se discutió en su momento respecto a los derechos de pesca, otro recurso natural que genera renta económica más allá de las utilidades normales, o se hizo en la asociación de CODELCO con privados en El Abra). La mayor parte de esta renta queda en manos del que explota el recurso a través de una concesión y no del dueño del recurso. Ese es el fondo del problema aún no resuelto. El impuesto específico a la minería, de muy bajo monto desde 2005 y apenas ajustado en 2020, ha recaudado apenas del orden del 0,3% del PIB. Se ha provocado una pérdida para la colectividad de entre 5 mil y 10 mil millones de dólares anuales, según las estimaciones, entre cerca de 2 y 4% del PIB, es decir cifras que mucho hubieran necesitado los presupuestos anuales de investigación y desarrollo y de educación, salud y cultura.

Esto es lo que tiene que cambiar. En principio, para captar toda la renta minera, se debiera hacer tributar a una tasa de 100% toda diferencia entre los ingresos y los costos de explotación más alguna estimación de utilidad normal. En el caso de la más reciente modificación tributaria en Australia, por ejemplo, se fijó en el rendimiento de los bonos gubernamentales. Las múltiples variantes de cobro por el derecho de uso de recursos naturales existentes en diversos países se resumen en dos modalidades básicas: regalías brutas y regalías netas. Las primeras son un porcentaje de las ventas, proporcionales o bien progresivas, y tienen como característica no incluir el costo de explotación en la base de la tributación. Las regalías netas, por su parte, se asemejan a una forma de tributación de las utilidades al tomar en cuenta los costos de producción. También pueden ser proporcionales o progresivas. La regalía bruta tiene la ventaja considerable de ser de simple aplicación. Su cálculo es sencillo y no requiere de grandes gastos de administración fiscal para impedir elusiones y evasiones. Sin embargo, al no considerar los costos de explotación, tiene fuertes probabilidades de no lograr captar la renta económica potencial si los yacimientos tienen costos que varían mucho. El problema que se plantea entonces es que no deja un incentivo al empresario para controlar de manera eficaz sus costos de explotación, con el resultado de que la renta percibida por la regalía sería de nuevo inferior a la renta económica potencial. En ese caso, la regalía debe prever deducciones tributarias que inciten a bajar los costos. La combinación de regalías brutas y netas es la solución adecuada para captar la totalidad de la renta minera.

Ningún gobierno que cautele verdaderamente los intereses nacionales puede aceptar la persistencia de un trato como el actual, en el que las compañías mineras privadas reciben un muy alto retorno -especialmente algunas de ellas con menores costos de producción por la alta ley del mineral- que cuando sube el precio llega a 80% y más (solo comparable a los tráficos ilegales), mientras el país apenas capta el beneficio de los altos precios, aunque haya una cierta progresividad en el impuesto actual. En ella se ha refugiado el actual ministro de Hacienda para no innovar, en un gobierno que, una vez más, defiende los intereses del gran empresariado, en este caso transnacional.

Las compañías privadas deben poder tener utilidades por sus inversiones, pero no con tasas de retorno que no guardan relación alguna con el riesgo incurrido como las que logran en Chile cuando los precios suben. El precio del cobre se ha duplicado en un año, dada la escasez relativa actual de su oferta ante una demanda que aumenta empujada por China, generando enormes utilidades a las empresas del cobre sin que eso sea atribuible a su eficiencia o capacidad de innovación (sus costos no han bajado). Se debe a la apropiación de un bien con oferta limitada en el corto plazo y con pocos sustitutos, salvo el reciclaje que se hace rentable cuando los precios suben.

La Cámara de Diputados está tramitando una moción parlamentaria sobre el tema. Es cierto que el parlamento no tiene facultades para establecer impuestos, pero si puede marcar una voluntad del legislador ante el ejecutivo. La mayoría ha argumentado, además, que se trata de una contribución y no de un impuesto. Entre los que votaron en contra de establecer un modesto 3% de regalía sobre las ventas se cuenta a la derecha en bloque. Se han presentado indicaciones por parlamentarios regionalistas para perfeccionar el proyecto que defienden la idea del cobro a la gran minería de una regalía escalonada según el precio, lo que es lo técnicamente indicado para que el Estado capte la renta minera que le pertenece sin inhibir la inversión privada. El planteamiento (elaborado junto a Gino Sturla en el Instituto de Economía Política y Social) es que el cobro sea de 3% de las ventas hasta 2 dólares la libra, de 25% entre 2 y 3 dólares la libra, de 50% entre 3 y 4 dólares, de 75% entre 4 y 5 dólares y finalmente de 100% para aquella parte adicional del precio superior a 5 dólares la libra. Se ha agregado que aquella parte de las ventas de cobre bajo la forma de mineral refinado (cátodos de al menos 99,99% de pureza) pague un menor valor equivalente al 5% del monto anual de la regalía correspondiente. La idea es favorecer el procesamiento industrial de los concentrados de cobre en el país. Los porcentajes marginales de regalía por nivel de precio están calculados para mantener un retorno por ventas que permita una remuneración normal del capital, incorporándose la regalía bruta como gasto (no como crédito) para efectos de la tributación usual a las utilidades.

Si este año el precio del cobre se situara entre 3 y 4 dólares la libra, la regalía así concebida hubiera permitido recaudar 6.500 millones de dólares (tomando en cuenta el valor promedio de los años en que el cobre ha estado en ese rango de precios), con una tasa efectiva de 20% sobre las ventas. Si alcanzara entre 4 y 5 dólares, la cifra sería de 13 mil millones, siempre considerando el valor promedio pasado, muy superior a lo que recauda el actual impuesto, y la tasa efectiva sería de 35%. Estos recursos no están disponibles para todos los chilenos por el bloqueo del sistema político logrado sistemáticamente por los representantes de los intereses de los concesionarios privados de la explotación minera. Se trata, en su gran mayoría, de empresas transnacionales. O bien por la desidia irresponsable de los que no están en disposición de desafiar esos intereses.

Suelen ser los mismos que después exigen pronunciamientos perentorios contra las rebeliones sociales que en buena parte surgen de la inacción de las instituciones democráticas para allegar los recursos que se requieren con urgencia para disminuir la marginalidad (las familias que viven en campamentos precarios han pasado de 25 mil en 2005 a 82 mil en 2021) y la inaceptable desigualdad en Chile. Y también promover la diversificación económica, o bien enfrentar las recesiones y pandemias sin tener que recurrir masivamente a los ahorros personales. En este tema, como en tantos otros, la irresponsabilidad histórica de la derecha y de quienes se le subordinan fue acumulando los bloqueos a las reformas indispensables, lo que ya no puede seguir esperando.

¿Independencias?

En La Mirada Semanal

Está de moda en la sociedad chilena declararse independiente o por encima de la izquierda y la derecha. Cabe reiterar, no obstante, lo dicho en otras ocasiones (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../en-defensa-de-la...): está claro que la derecha existe. En Chile esta corriente política nos gobierna, sin ir más lejos, representando directamente los intereses de la oligarquía económica, y también existe en el mundo, con los Trump y Bolsonaro, para los que tengan dudas. Entonces, la categoría política de derecha parece estar muy vigente. 

Se puede estar o no interesado en política (local, nacional o internacional). Es legítimo que así sea. Si se está interesado, existe un espectro de posiciones sobre los problemas públicos a los que se puede adherir o no (militar en algún partido político es harina de otro costal), es decir en materia de legitimidad, organización y fines del poder. Tradicionalmente, este espectro va de la derecha a la izquierda pasando por el centro y sus respectivas variantes, aunque esa clasificación ha sido siempre objeto de controversias. Pero mantiene su pertinencia básica, mejor que la de conservadores, liberales y populistas y otras más. Desde luego es posible situarse en distintos temas en unas u otras ubicaciones en el espectro de ideas. Es legítimo, aunque pudiera no ser muy coherente. Todo esto es parte de la diversidad de cada sociedad y de las aproximaciones plurales a su interpretación. Más allá de las diversas clasificaciones posibles, la izquierda es indispensable en esa diversidad como contraposición necesaria a la derecha realmente existente.

El problema es que parte de la izquierda institucional, de larga tradición en Chile, dejó de cumplir su función: representar los intereses de la mayoría social y confrontarse -con los medios de la democracia, que es su espacio natural de desarrollo- con los de la oligarquía económica para evitar que el sistema político devenga en plutocracia, como en muchos sentidos es hoy el nuestro, es decir el gobierno de los ricos, concepto que se remonta al griego Jenofonte hace 25 siglos, lo que indica que el problema no es demasiado nuevo. 

Recordemos, además, que la política tiene algunas dimensiones de consenso -especialmente en las reglas del juego lo más civilizadas y justas que sea posible y que ojalá sean compartidas por todos- pero es en esencia lucha de ideas e intereses contradictorios. En efecto, la sociedad está cruzada por intereses sociales y económicos contrapuestos, no sumables (es lo que en la rama de las matemáticas llamada teoría de juegos se denomina "juegos de suma cero", situaciones en las que lo que unos ganan otros lo pierden, contrariamente a los juegos cooperativos de suma positiva, que también existen en la sociedad moderna pero son desgraciadamente bastante menos frecuentes). Hay quienes piensan que esas contraposiciones no existen o son cada vez menos intensas, sin adelantar la menor evidencia. En realidad, las más de la veces se acomodan a los intereses dominantes o se repliegan a una acción política dedicada a la ocupación de espacios burocráticos en las instituciones. 

Y otros, siguiendo esos pasos, se declaran independientes de toda ubicación en el espectro político (distintos son los no militantes de partidos pero que se reconocen en una posición política), probablemente porque prefieren mantener una identidad líquida que no los comprometa. El problema es que no se entiende bien qué acción política fecunda podría surgir de la indefinición o de la navegación día a día entre los problemas públicas, mientras su continuidad desaparece con el individuo independiente, que nunca será eterno, en circunstancias que las sociedades se construyen por largas acumulaciones institucionales y culturales que moldean ideas y canalizan intereses. 

Otros, legítimamente, se definen como de centro, y viven la tensión de oscilar entre los intereses de unos y otros de los componentes principales de la sociedad y, en ocasiones, pierden su credibilidad en el ejercicio. Por ejemplo, no se avizora mucho con qué credibilidad abordará una candidata presidencial de centro la reforma previsional y el rol de las AFP luego de haber sido entre 2006 y 2010 miembro del directorio de una de las principales AFP, inmediatamente después de haber ocupado el cargo de Superintendenta de Seguridad Social, o el tema de la indispensable separación de los intereses públicos y de los intereses privados. O como lo hará la candidata presidencial del principal partido de izquierda, que ha sostenido que no considera que esa sea ya una categoría pertinente y que lo importante es abordar los problemas concretos. 

Los problemas y reclamos de las mayorías económicamente subordinadas y de los grupos discriminados de diversa índole requieren de una representación política consistente, aunque siempre será plural dada la diversidad sociológica y cultural de esas mayorías y grupos. Esta representación solo será eficaz si se inserta en algún tipo de proyecto político de largo plazo que exprese una coalición de intereses sociales a ser defendidos contra los intereses de la oligarquía económica y su representación política, la derecha.

En este sentido, la valorización de la acción individual "independiente" por sobre la acción colectiva en la esfera pública a la que asistimos en estos tiempos es un signo preocupante frente al hecho que la derecha sí tiene un proyecto histórico colectivo: el que consiste en que la minoría de propietarios que representa conserve la apropiación de los recursos naturales y de la actividad económica rentable en nombre de la eficiencia y de la supuestamente necesaria remuneración sin límite del capital privado invertido. Olvida interesadamente que el origen de ese capital  es muchas veces poco legítimo (¿qué legitimidad tiene la herencia de grandes fortunas, por ejemplo? ¿qué eficiencia económica retribuye?) y que para reproducirse ha requerido de bienes públicos que hacen posible su acumulación privada, como las infraestructuras legales y productivas y la acción pública en educación y salud, así como del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres que hace posible la existencia de una fuerza de trabajo disponible para las empresas. 

Esta apropiación privada concentrada permite a una minoría con poder hacerse de la mayor parte del valor económico que proviene del uso solo parcialmente remunerado de bienes naturales y del trabajo asalariado y no asalariado, con frecuencia otorgando, además, una influencia indebida al capital transnacional. Para ello requiere controlar el Estado y el monopolio del uso legal de la coerción, con el fin de garantizar esa apropiación, mantener a raya a los trabajadores y sus organizaciones y contener los movimientos sociales. Y, de paso, obtener el menor cobro posible de impuestos sobre sus recursos. Además, pugna para que el gasto social sea lo más bajo y focalizado que se pueda. 

Y lo más grave: recurre, en caso de problemas, a la violencia y a la dictadura o en el mejor de los casos a una democracia tutelada para mantener su dominio sobre la sociedad. Esa es la esencia de la derecha en Chile, aunque se recubra de ideas liberales respecto a la no interferencia del Estado sobre los individuos y la limitación de la soberanía popular en nombre de esa no interferencia, con el frecuente límite de sus valores conservadores en materia de prohibición de libertades personales (laicidad, divorcio, aborto y un largo etcétera). Estos valores, por lo demás, junto a la aspiración individualista -frecuentemente ilusoria- de movilidad social, le proveen clientelas electorales más allá de sus filas y sus intereses minoritarios.

¿Como llamar, por su parte, a aquellas fuerzas políticas que se proponen construir una democracia social y económica que ponga los frutos de la naturaleza al servicio de todos, protegiéndola de la depredación y dándole un trato de bien común? ¿Como llamar a aquellas fuerzas políticas que pugnan por una retribución justa del trabajo y por el cobro de tributos -de preferencia a los sectores de más altos ingresos y riqueza y a las rentas de situación- para proveer bienes públicos, ingresos básicos y protección universal frente a los riesgos? ¿Y que postulan que es necesario transitar en el mediano y largo plazo del capitalismo hacia una economía mixta -el camino de la estatización y centralización generalizada demostró ser contrario a las libertades individuales y colectivas y al dinamismo económico- eliminando el rentismo y discutiendo periódicamente el reparto salario/ganancia/impuesto entre los interlocutores económicos en un marco democrático?

Llameseles como se quiera. Desde la revolución francesa, se acostumbra denominar izquierdas y derechas a las fuerzas políticas que representan los intereses polares en la sociedad post-feudal por su posición física en el hemiciclo parlamentario. Es una comodidad del lenguaje, es el “significante” como parte del “signo”, como diría el lingüista Ferdinand de Saussure. En Estados Unidos, a la izquierda suelen denominarla como “liberals”. Pero el “significado” es que en la sociedad existen intereses contrapuestos y que estos tienen representaciones que deben denominarse de alguna manera. En el caso de la derecha, su identidad está clara y expresa un poder constituido, el de la oligarquía económica (o élite económica, para lo que prefieren conceptos más anodinos). Lo problemático, siempre lo ha sido, pero no por eso es menos indispensable, es la representación de los intereses de la mayoría social, la de los trabajadores, los creadores y los excluidos y discriminados en la vida social. Pero esperemos que, al menos, no sea problemática su denominación, como izquierda, o progresismo para los que les acomode más, o como se quiera. Su tarea histórica es la construcción de una alternativa de cambio al orden oligárquico y plutocrático. Y esto requiere en primer lugar de una suficiente autoestima sobre lo bien fundado de su identidad y de sus valores igualitarios y libertarios, sobre lo honorable de la historia de su propio proyecto y, sobre todo, sobre sus virtualidades y ventajas para mejorar la vida de las mayorías. 

El gobierno a trastabillones con la República

En La Mirada Semanal

El episodio de Cristián Barra fue grave, por mucho que el gobierno de Sebastián Piñera nos haya ido acostumbrando a un desorden creciente de su gestión. El personaje es expresivo de esa categoría de actores políticos que se han dado en llamar “operadores”, es decir que hacen “carrera política” alrededor de alguna figura y se ocupan de asuntos menudos a la espera de oportunidades que los proyecten hacia una mayor visibilidad para después recalar en alguna candidatura. Luego de ser nombrado en el curioso cargo -sin existencia previa- de “delegado presidencial en la Macrozona Sur”, trató después de unos meses de "instalarse", en la expresión consagrada por los adeptos de la pedestre comunicación política al uso en el país, con unas declaraciones irresponsables contra las Fuerzas Armadas. Las acusó de "falta de voluntad" en el conflicto de La Araucanía: "Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera". 

Que una autoridad nombrada por el presidente haya hecho declaraciones contra fuerzas dotadas del monopolio del uso legal de la fuerza de manera tan irreflexiva y en un tema tan delicado, es simplemente insólito. Si las fuerzas de la Defensa Nacional no intervienen en materias de orden público, de no mediar determinados estados de excepción y no de cualquier manera cuando estos se declaran, es porque la propia constitución de 1980 se lo impide.

Pero el problema de fondo parece ser que en la derecha se está incubando una respuesta a su incapacidad de gobernar y al desquiciamiento policial creciente instando a recurrir a la represión al margen de la ley, como si la historia reciente del país no tuviera suficiente de ese criminal y a la postre inútil enfoque propio de los regímenes autoritarios y de las mentes obtusas y violentas. Un señor González, ex comandante en jefe de la Armada, de paso no muy brillante por el servicio, se ha permitido incluso decir que "si usted diera luz verde a las Fuerzas Armadas para que controláramos la erradicación de los actos terroristas, esa cuestión se hace en 72 horas", refiriéndose al conflicto en la zona de la Araucanía.

Esta fanfarronería también irresponsable debe ser contrastada con la actitud que ex altos mandos del Ejército han manifestado públicamente con cordura, al subrayar que la intervención de las FF.AA. en el conflicto con una parte del mundo mapuche terminaría agravando el problema. Se puede sostener que, entre otras cosas, le daría legitimidad a las minorías que actúan con violencia frente a un problema que se arrastra por 500 años y que requiere de una solución política, como la que han construido países como Canadá, Australia o Nueva Zelandia. 

Los problemas sociales y políticos no se resuelven a patadas en el mundo de hoy (como lo hicieron efectivamente sus antecesores civiles y militares de manera sangrienta en 1973, provocando una herida en la historia de Chile que no termina de cerrar), y menos una reivindicación histórica como la que nace del despojo de las tierras del pueblo mapuche, por mucho que volver cinco siglos atrás o tres siglo atrás o un siglo y medio atrás sea difícil. Pero para eso está la acción política, para resolver problemas. Y sobre todo cabe recordar como terminó el régimen dictatorial de las FF.AA.: con tres años de protestas populares entre 1983 y 1986 que los mandos militares no pudieron controlar, a pesar de los centenares de asesinados, de los quemados y de los encarcelados y torturados. Aunque el régimen disponía de todo el poder de fuego imaginable, dirigido por un dictador sin escrúpulos, tuvo que dar paso, así y todo, al fin pactado de una dictadura que ya no podía sostenerse en momentos en que se aproximaba el fin de la guerra fría.

El ministro de Defensa Baldo Prokurica cerró el episodio con una declaración sensata, seguida de la destitución presidencial de Cristián Barra, que indica el camino a seguir con lógica republicana: "nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI. En tanto, las FF.AA. tienen un rol definido durante el Estado de Excepción, al cual se han apegado estrictamente, y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías”.

Pero permanece el intento del gobierno de Sebastián Piñera de autorizar que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales al margen de todo estado de excepción. Esto contradice radicalmente el camino emprendido desde 1990 y que sitúa a las Fuerzas Armadas en tareas de defensa nacional y de eventual apoyo a otras tareas del Estado, pero solo en situaciones de excepción que requieran su concurso, debidamente autorizadas por el parlamento. La reforma constitucional presentada por el gobierno a fines de 2019, en nombre de un supuesto resguardo de la "infraestructura crítica", pero en realidad como respuesta a la rebelión social de octubre, fue aprobada meses después en el Senado por la derecha con el apoyo de los senadores DC (salvo Yasna Provoste, que no participó) y PPD (salvo Adriana Muñoz, que votó en contra). Esta grave regresión para la democracia no obtuvo más tarde, en buena hora, un quórum suficiente en la Cámara de Diputados. Pero parte del gobierno insiste en querer arrastrar a las Fuerzas Armadas a un conflicto civil de orden social y político del que definitivamente no deben participar, y menos en un momento de redefinición del orden constitucional y de elecciones de nuevas autoridades.

Nueva etapa en el debate de pensiones

En La Tercera

Avanza en la sociedad chilena la idea que una pensión básica decente debe ser provista por la colectividad y financiada mediante impuestos progresivos. De la pensión asistencial misérrima antes de 1990 para menos del 10% de los mayores, se pasó a aumentos sucesivos. Un salto fue la pensión básica solidaria en 2008 para los que, perteneciendo al 60% de la población de menos ingresos (inicialmente el 45%), no tienen cotizaciones. Se agregó un aporte previsional fiscal para las pensiones bajas, pues muchos cotizantes presentan discontinuidades de aportes. En ambos casos esto afecta especialmente a las mujeres. Las tasas de reemplazo del salario previo son deficientes y llevan a pensiones irrisorias que requieren de un complemento. El sistema abarca a 1,7 millones de personas de más de 65 años. Sebastián Piñera ahora anunció que el umbral de acceso pasará de 60% a 80% de las personas de menos ingresos (unas 490 mil adicionales) y que las pensiones no serán inferiores a la línea de pobreza, junto a crear un mayor subsidio y un seguro para la dependencia severa. Todo esto es una buena noticia.

El problema es que el financiamiento de estos beneficios es poco claro a mediano plazo, que se insiste en mantener el 10% de la cotización obligatoria en las AFP -lo que no tiene otra justificación que seguir haciendo prosperar sus utilidades sobrenormales- y que la mitad de la cotización adicional pactada iría a cuentas individuales de capitalización incierta. 

Si algo no funciona, hay que cambiarlo. En este caso, el sistema de AFP por uno en el que la cotización de los activos financie directamente los derechos previsionales adquiridos por cada cual en la vida laboral, complementados por una pensión universal de cargo fiscal y por los ingresos de un fondo colectivo de capitalización constituido por cotizaciones adicionales (6%) para sostener las pensiones de las mujeres y el cambio demográfico, como hemos propuesto con Fernando Carmona. Esto aumentaría de inmediato las pensiones y terminaría con el monopolio lucrativo de las AFP con las cotizaciones, empresas que deberían ser un mecanismo voluntario de ahorro, del cual se pueda disponer en situaciones de crisis como la actual. 

Más retiros sin una reforma bajarán las futuras pensiones, y las actuales si se incluyen la renta vitalicia o la programada. Las propuestas de nuevo retiro con bono de reconocimiento son injustas, dado que los tres millones ya sin fondos no recibirían reintegro y los de bajo ahorro muy poco. Ese dinero fiscal más vale gastarlo hoy en el Ingreso Familiar de Emergencia en la línea de pobreza, financiado con reservas y deuda y sin regalos a los de más ingresos. Y se debe desechar la propuesta de usar los recursos apozados en el seguro de cesantía para otros fines que los de apoyar a los trabajadores cesantes, los que debieran recibir no el 45% sino el 70% del salario previo. 

¿Por qué el feminismo?

 Versión ampliada desde La Mirada Semanal

Las mujeres tienen su propia voz y sus propias diversidades para construir su historia y promover sus derechos y la identidad feminista en el mundo de hoy. A ellas se les debe escuchar en primer lugar y ante todo en el tema de la opresión patriarcal y de las formas de superarla. No obstante, el tema involucra a la sociedad en su conjunto. 

Hasta hace unos 11 mil años, antes de la sedentarización de las sociedades humanas, las mujeres tuvieron un rol social, económico y simbólico al parecer integrado con el de los hombres,  incluso en la caza mayor practicada en grupos colaborativos o en el primer arte en las cavernas, según han establecido diversos estudios recientes, en una relación en la que se compartía entre sexos el trabajo (en una economía de extracción no depredadora), el alimento, los ritos y el arte. Los nacimientos solían espaciarse hasta por cuatro años por la lantancia prolongada, como subraya Claudine Cohen. Más tarde hicieron su aparición -con la sedentarización y luego que los grupos pequeños de familias extendidas se federaran en comunidades mayores y apareciera la capacidad de formar reservas- las jerarquías sociales, económicas y religiosas. Se tendió en las nacientes sociedades urbanas, con excepciones, a privatizar y oligarquizar el control de los medios de subsistencia, mientras el dominio masculino sobre las mujeres se generalizó. La división del trabajo por género se hizo parte de la mayoría de las culturas, mientras la evidencia arqueológica muestra el aumento de las violencias contra las mujeres.

La desigualdad de género, imbricada con la desigualdad social, es así una construcción social que ha sido combatida por mujeres y también por hombres con mayor o menor éxito a lo largo de la historia. Hitos modernos han sido los de Olympe de Gouges y su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791 que la revolución francesa no recogió, de las luchas de la peruana Flora Tristán, para quien en 1834 “el nivel de civilización a que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia de que gozan las mujeres”, de la nacida esclava Sojourner Truth que por primera vez reclamó la igualdad desde un tribunal en Estados Unidosen 1851, y en el siglo XX de las revolucionarias Clara Zetkin y Emma Goldman, de la escritora Virginia Woolf, de Teresa Flores, la primera mujer que dirigió la Federación Obrera de Chile, de Elena Caffarena, que bregó con éxito por el derecho a voto de la mujer en nuestro país, entre las precursoras. Lo fueron también los movimientos anarquistas y socialistas como sus impulsores políticos iniciales, (sobre la relación entre Marx y el feminismo, ver el brillante ensayo de Laura Fernández Cordero). 

Entre las figuras emblemáticas de esas luchas iniciales se cuenta a Rosa Luxemburgo que, manifestándose "orgullosa de llamarse feminista" y postulando (1904) que “quien es feminista y no es de izquierda, carece de estrategia" y "quien es de izquierda y no es feminista, carece de profundidad”, decidió sentarse en la mesa de los hombres con brillo intelectual y arrojo excepcionales, hasta su asesinato luego de impulsar una insurrección en Berlín (1919). Y también se cuenta al líder anarquista Buenaventura Durruti, cuyo testimonio de conducta fue recogido por Enzensberger del siguiente modo: “A principios de 1936 Durruti vivía justo al lado de mi casa, en un pequeño piso en el barrio de Sans. Los empresarios lo habían puesto en la lista negra. No encontraba trabajo en ninguna parte. Su compañera Émilienne trabajaba como acomodadora en un cine para mantener a la familia. Una tarde fuimos a visitarle y lo encontramos en la cocina. Llevaba un delantal, fregaba los platos y preparaba la cena para su hijita Colette y su mujer. El amigo con quien había ido trató de bromear: 'Pero oye, Durruti, ésos son trabajos femeninos'. Durruti le contestó rudamente: 'Toma este ejemplo: cuando mi mujer va a trabajar yo limpio la casa, hago las camas y preparo la comida. Además baño a la niña y la visto. Si crees que un anarquista tiene que estar metido en un bar o un café mientras su mujer trabaja, quiere decir que no has comprendido nada'. A él no le importaba; no conocía el machismo y no se sentía herido en su orgullo al hacer las labores domésticas. Al día siguiente tomaba la pistola y se echaba a la calle para enfrentarse a un mundo de represión social. Lo hacía con la misma naturalidad con que la noche anterior había cambiado los pañales a su hijita Colette”.

Aunque los hombres debemos mantener la conciencia de que pertenecemos a una cultura contemporánea que, al mantener aún la diferenciación de los roles de género en detrimento de las mujeres, nos da una posición de privilegio, los que abrazamos las causas igualitarias también podemos sostener con legitimidad que adherimos al feminismo. La adhesión al objetivo del igualitarismo político de crear "una sociedad libre de dominación”, en la expresión de Michael Walzer, y al principio de la libertad como no dominación, formulado por Philip Pettit, lleva directamente al feminismo. Este autor define la dominación como estar “a merced de otros, debiendo vivir de una manera que deja vulnerable a algún daño que el otro está en una posición arbitraria de imponer” y cuando “se está sujeto a la influencia arbitraria y sujeto a la voluntad potencialmente caprichosa o el potencial juicio idiosincrático de otro”.  Esta es enteramente aplicable a la relación patriarcal hombres-mujeres y al triángulo hegemónico específicamente latinoamericano entre el capital, el patriarcado y la herencia cultural colonial. 

Se puede entender por feminismo en lo principal, aunque existen variadas definiciones, como el conjunto de teorías y movimientos que buscan terminar con la subordinación histórica de las mujeres y lograr igualdad política, económica, social y cultural entre los géneros. Cabe recoger primordialmente la opción por terminar con la dominación del género masculino por sobre el femenino en todas las esferas de la vida de la sociedad. Esto supone que no debe existir, en primer lugar,  diferencia entre hombres y mujeres en su posición social respectiva y en el acceso a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y que deben existir derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la sociedad, pues las mujeres deben poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo y la maternidad con la máxima libertad, confianza y seguridad posibles, con una prevención y un castigo efectivos a la violencia de género, lo que requiere remover los obstáculos a su autonomía y capacidad de autodeterminación e impedir que sean relegadas a roles de cuidado o subalternos en la familia o la actividad política, social y económica o permanezcan en la indefensión en situaciones de violencia o asimetría de poder. 

Un nuevo orden político y social republicano, basado en la garantía de libertades fundamentales y la separación de poderes orientadas a la no dominación, requiere, además de proponerse terminar con los privilegios y asimetrías de poder de clase, raza y posición social, establecer el objetivo de la emancipación de la mujer del sistema patriarcal de subordinación e interdicciones sobre su vida y el fin de la separación entre producción (masculina) y reproducción (femenina). Debe afianzar la autonomía económica, la paridad de representación en los órganos públicos, en los directorios privados y en todas las organizaciones formales de la sociedad. Y supone tal vez lo más dificil: generalizar una cultura de la exigencia mutua entre géneros de igualdad de trato, respeto y consideración en todas las actividades de la vida, aunque esté inevitablemente cruzada por las pulsiones de vida -Eros- y también las de muerte -Tánatos- y dominación y destrucción, que se oponen y combinan en la condición humana, siguiendo las distinciones de Freud, pero que el esfuerzo civilizatorio en las instituciones y la cultura debe enmarcar hacia la no violencia y la no dominación, aunque parezca utópico. Las sociedades -y las personas- no pueden prosperar sin horizontes. 

Una agenda de autonomía económica de las mujeres debe incluir en Chile al menos: a) igualar las remuneraciones por el mismo trabajo y las oportunidades de acceso a él en todos los campos; b) socializar buena parte del cuidado infantil (mediante más guarderías de empresa y territoriales, escuelas con horarios extendidos y nuevos servicios públicos y comunitarios de cuidado a domicilio), extendiendo también los mecanismos de cuidado a las personas de mayor edad; c) remunerar al menos parte del trabajo doméstico y de cuidado al interior del hogar (ampliando, por ejemplo, sustancialmente el subsidio familiar hoy existente); d) extender la pensión básica como derecho incondicional y universal, habida cuenta de la menor participación de las mujeres en el trabajo formal y en las pensiones contributivas y e) establecer una red territorial de acogida a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos (de una magnitud por ejemplo comparable a las 173 residencias para 12,5 mil personas que se han habilitado para el COVID-19) y sostener su acompañamiento y protección.

El nuevo orden constitucional deberá garantizar los derechos de las mujeres y la paridad en todas las actividades, mientras las futuras políticas de autonomía económica deberán adquirir una clara urgencia para avanzar sin más dilaciones en la superación de la subordinación inaceptable de las mujeres en la sociedad chilena. 

Ideas de sociedad: lo que está juego

En La Mirada Semanal

Sostiene Carlos Ruiz Encina que “el proceso constituyente es también uno de reorganización de una política agotada”. Esta es una afirmación válida. La política progresista y de izquierda, en especial, está en crisis y fragmentada, reconstruyéndose poco a poco luego de un largo período en que fue protagonista de la reconquista de las libertades pero no logró disminuir suficientemente las desigualdades heredadas, que es su razón de ser en última instancia. Pero cabe agregar que es también una reconstrucción/construcción cultural más amplia la que está en juego. Vale la pena citar en este sentido al personaje Sibel en la novela El museo de la Inocencia de Orhan Pamuk: “lo que define la cultura y la civilización según mi, no es tanto la libertad y la igualdad de todos los individuos como la capacidad de cada cual de comportarse respecto a los otros como si fueran libres e iguales.”

Esa capacidad es la que debe hacerse general en la diversidad de una sociedad plural, lo que requiere moldear sus bases materiales de existencia, por supuesto (ver por ejemplo https://lamiradasemanal.cl/salidas-de-crisis-y-opciones-de-largo-plazo-por-gonzalo-martner/). Su anverso, el autoritarismo y el culto de las jerarquías, es la pesada herencia de la colonia y de la hacienda que se reencuentra en la reproducción cotidiana de la cultura del dominio oligárquico-conservador y sus conductas discriminatorias y de abuso de poder, con las que todavía nos toca convivir y que hacen con frecuencia tan conflictiva la vida social en el país.

El contexto actual es poco halagüeño, es decir uno en el que, siguiendo a Edgar Morin, “el egocentrismo individual ha provocado la destrucción de las solidaridades tradicionales, de la familia extendida, del pueblo, del barrio, del trabajo, en beneficio de solidaridades nuevas pero burocráticas” o en el que prevalece una nueva vecindad laxa o bien de grupos (en)cerrados mediados por las redes digitales. Incluso en parte de las nuevas generaciones militantes crecen formas de socialización basadas en el culto a la separación rígida de identidades, con sus respectivas victimizaciones y afanes autoritarios de castigo.

Los vientos progresistas tienen la tarea de seguir bregando por consolidar una cultura de la convivencia igualitaria y respetuosa de la diversidad, fundada en el cuidado recíproco de la dignidad humana, alejada de la vulgaridad e incultura del clasismo, del supremacismo de los barrios altos y del sexismo cotidianos. Para Morin, “una sociedad sólo puede avanzar en complejidad, es decir en libertad, en autonomía y en comunidad si progresa en solidaridad”. Esta cultura de la solidaridad y del respeto y cuidado igualitario también existe en parte ancestralmente en nuestra sociedad. George Orwell, en su observación admirativa de los usos y costumbres de la clase obrera británica, la llamó la “decencia común”. Michael Ignatieff, luego de una amplia indagación comparativa en el mundo actual, ha llamado virtudes cotidianas a aquellos valores que están presentes en medio de la diversidad, como la lealtad, la confianza y la contención, constatando que cierto orden moral siempre nace de la necesidad de creer que la vida tiene un sentido más allá de la lucha por la supervivencia.

Chile debe también hablar hoy de utopías, y no solo de su reconstrucción económica e institucional. Como la del horizonte de construir “una sociedad del buen convivir en la diversidad”, en la que se pueda vivir bien una vida buena (Ronald Dworkin) y en la que exista una esfera pública que acoja y procese, en marcos democráticos, las discrepancias de pareceres propias de la pluralidad social y cultural y de los intereses divergentes que emanan de estructuras productivas diferenciadas insertas en el mundo global y de proyectos de vida que siempre serán humanamente diversos (ver al respecto mi libro con otros autores Esto no da para más). Lograr vivir bien supone que la existencia humana se construya y desenvuelva con dignidad y autorrespeto. 

Una vida buena se entiende como aquella que persigue los propósitos éticos de cada cual y el respeto a la importancia de la vida digna de los otros y de la vida resiliente en el planeta, en condiciones de justicia. Una sociedad de la convivencia solidaria en la diversidad requiere de la responsabilidad respecto al destino común y a los derechos y las libertades de los otros, sin renunciar a la propia identidad y a la propia cultura y enraizamiento, apoyada en instituciones políticas, económicas y sociales que contribuyan a hacerlo posible. Se necesita pasar de una sociedad de la individuación negativa y globalmente mercantilizada a una sociedad de la solidaridad, la creatividad y la cultura. Esta utopía concreta, en la expresión de Ernst Bloch o Henri Lefebvre, o bien utopía real, en la expresión de Eric Olin Wright, supone resignificar la esfera de la economía como un medio para alcanzar dimensiones de bienestar en determinadas condiciones y no como un fin en sí misma. La sociedad y la política requerirán desacoplar los objetivos de bienestar que se propongan alcanzar en cada periodo histórico de la mera métrica del crecimiento ilimitado de la producción mercantil de bienes y servicios.

La eterna pugna por las invariabilidades

En La Tercera

Un ex presidente de la CPC propuso un estatuto que otorgue invariabilidad de las reglas tributarias, laborales y ambientales a las inversiones “hasta un plazo razonable”. Rondan sus temores a la discusión constitucional. Se apunta a la experiencia del DL 600 para la inversión extranjera establecido en 1974, en momentos de gran aislamiento de una dictadura que violaba los derechos humanos, estatuto que debió derogarse mucho antes de 2015. La prueba: desde entonces se han concretado muy significativas inversiones extranjeras. Ocurre que los inversores internacionales saben que el mundo funciona con reglas del juego que no son inamovibles, porque existe algo que se llama la sociedad, la que suele, con toda legitimidad, modificarlas en función de sus intereses y preferencias. 

Convengamos que quien tiene una posición de privilegio suele pugnar por su “invariabilidad”, lo que en Chile se verbaliza sin ruborizarse como “mantener las reglas del juego para que la economía prospere”. Y hay quienes buscan para eso el control del Estado, y no siempre por medios legítimos. Convengamos, también, que a un asalariado le encantaría un estatuto especial “hasta un plazo razonable” que lo mantenga inamovible en su trabajo, igual que a un funcionario le encantaría que su estatuto no contemplara calificación alguna que condujera a su salida (de eso algo sé: tuve que batallar en 1990 como encargado del tema en el gobierno contra todo el mundo para establecer las calificaciones, incluso contra los que defendían que hasta diciembre de 1989 bastara la firma del ministro del Interior para sacar a un funcionario). 

El resultado de la proliferación de estatutos especiales para defender una posición al margen del interés general sería una economía burocratizada, inflexible, sin dinamismo. Piénsese en la necesidad de adaptación de las empresas a una economía internacional cambiante, a la robotización y uso intensivo de inteligencia artificial, a una relación salario/ganancia sin sobreutilidades rentistas y a una mayor competencia, lo que va a requerir nuevas reglas. No sabemos exactamente cuales van a ser esas reglas. Tampoco sabemos cuál va a ser el precio del cobre o del petróleo o del dólar mañana en la mañana o en diez años. La gracia de los mercados es precisamente su capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes, con necesarias regulaciones laborales, territoriales, sanitarias y ambientales que hagan compatible la actividad de la empresa con la sociedad. Y con impuestos que permitan financiar los bienes públicos sin los cuales no habrá infraestructuras ni personas capacitadas y sanas para trabajar en las empresas. 

Si la función empresarial privada tiene alguna justificación, es porque los innovadores asumen riesgos, y son remunerados por ello. Si solo hay empresarios rentistas que plantean que para invertir el Estado debe garantizarles sus utilidades mediante la ausencia de modificación de normas, entonces la legitimidad de esa función se disipa. Y su lugar, dicho sea de paso, lo podrían tomar todavía más inversores extranjeros. 

Lo que ocurrirá es que surgirán nuevas reglas distributivas y regulatorias, como que los impuestos sean progresivos, las tarifas públicas no permitan sobreutilidades y existan sindicatos con poder, lo que no llevará a ningún colapso, como se observa en economías mixtas reguladas como las nórdicas o varias europeo-occidentales o bien Uruguay. A los que hoy gozan de privilegios no les va a gustar. Pero existen muchos emprendedores capaces de adaptarse a reglas que hagan viable una nueva convivencia social. Lo que no se observa es a nadie proponiendo colapsar a las empresas, por lo que estas no requieren de ningún estatuto especial. Lo que necesitan es un gobierno que genere horizontes de inversión, aumente la demanda agregada, amplíe la inversión pública y diversifique la economía.

Otro breve ministro de Hacienda

En La Mirada Semanal

En el gobierno de Bachelet II, la idea de un ministro de Hacienda inamovible, bastante absurda en democracia, se interrumpió por primera vez desde 1990 con la salida de Alberto Arenas y su reemplazo por Rodrigo Valdés. El exceso de ortodoxia proempresarial de este último, incluso en materias ambientales, llevó a que su gestión fuera breve y fuera sustituido. Bachelet II tuvo tres ministros de Hacienda, como será el caso de Piñera II.

Después de un crecimiento lento en el gobierno de Bachelet II (1,8% promedio de expansión del Producto Interior Bruto) y un crecimiento de 3,9% en 2018, la economía chilena ha sufrido dos impactos inéditos en muy poco tiempo: una revuelta social de gran envergadura en 2019 y los efectos de la pandemia de COVID-19 en 2020. En octubre de 2019 se produjo una caída de -5,8% de la actividad económica respecto al mes anterior, seguida de una rápida recuperación en los meses siguientes. El año 2019 cerró con crecimiento de un 1,1%. 

El proceso de rechazo social al modelo económico de Estado mínimo y de desregulación máxima, una vez que se terminara por colmar el vaso en la percepción colectiva de abusos y desigualdades, también implicó la caída del ministro de Hacienda de Piñera I, Felipe Larrain. Éste había repetido en el cargo en Piñera II luego de una gestión que se benefició de la política fiscal activa de finales del gobierno previo y de un muy buen precio del cobre. Pero su desgaste, que no se situó en los resultados sino en el estilo patricio y en frases como la de las flores, que sonaron despectivas frente a la realidad económica cotidiana de la mayoría, lo hizo caer en medio del tráfago de la rebelión social. 

Pasó a ocupar el cargo de ministro de Hacienda Ignacio Briones el 28 de octubre de 2019, que pareció inaugurar un estilo más dialogante, pero poco a poco emergió el peso de la noche y el método de siempre en la derecha: la falta de respeto por todo interlocutor que no sea de su grupo de pertenencia o que defienda  intereses distintos a los oligárquicos. Y no supo actuar frente a la irrupción de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, que provocó una recesión aguda en abril-mayo y una cierta recuperación posterior, con una caída promedio en el año del orden de -6,5%. Ante esta crisis, el propio ministro Briones reconoció que sus medidas habían llegado tarde. Agreguemos que tuvieron un sesgo derechamente proempresarial, con el grueso del gasto fiscal y tributario concentrado en medidas de alivio de las empresas más grandes.

Su gestión consagró, además, una peligrosa pérdida de gobernabilidad en materia económica. En el período de Briones se evitó una depresión de dos dígitos solo por la inyección en el consumo de las familias del orden de un 10% del PIB de ahorros previsionales, en contra de la opinión de un gobierno sobrepasado. Los dos retiros terminaron de destruir el sistema de AFP para los sectores de ingresos bajos y medios, pero constituyeron una inyección para la demanda de consumo de los hogares en el corto plazo que permitieron al gobierno salvar el año, pero que el enfoque ortodoxo de Briones le impidió conducir de mejor forma. Debió haber utilizado a tiempo y más activamente el instrumento fiscal y la política de ingresos antes que permitir el mero desborde del retiro de ahorros previsionales. 

Volver a alcanzar los niveles de actividad de marzo de 2020 tomará, en este contexto, probablemente hasta 2022. La recuperación ha recorrido solo poco más de la mitad del camino y requerirá de nuevos planes de sostenimiento de los ingresos de las familias y de creación de empleos. No olvidemos que la evolución de la epidemia de coronavirus en Chile mantiene una amenaza latente sobre la actividad económica, mientras la recuperación de las actividades de servicios, las más afectadas por la crisis, se mantiene como una incógnita.

Como hemos reiterado en columnas previas, si el gobierno hubiera ampliado el gasto público en un 5% adicional del PIB al iniciarse la crisis del coronavirus en marzo -financiando el mayor déficit con el uso más intenso de las reservas fiscales y de un endeudamiento al que hoy el gobierno puede acceder a bajo costo- la caída de la producción hubiera sido mucho menor que la experimentada en el segundo trimestre. El gobierno no actuó sobre la demanda de consumo de las familias de menos ingresos a través de transferencias más importantes por Ingreso Familiar de Emergencia, Seguro de Cesantía y Pensión Básica Solidaria. Prefirió concentrar los recursos en aliviar la situación tributaria de las empresas, otorgando más plazo para el cumplimiento de las obligaciones y eliminando temporalmente el impuesto al crédito. Sus programas en la materia han tenido un impacto preferente en las de mayor tamaño. 

Entre tanto, el gobierno entregó bonos por una vez y terminó con el Ingreso Familiar de Emergencia establecido entre mayo y octubre, que cubrió unos 8 millones de personas. Aunque este subsidio se situó por debajo de la línea de pobreza, mucho peor es ahora la situación para las personas que buscan trabajo y no lo encuentran (954 mil en septiembre-noviembre) o que desearían trabajar aunque no estén buscando activamente un empleo (1,33 millón), según los datos del INE, y para todos los que están percibiendo escasos ingresos por causa de la crisis. El rebote de la epidemia de COVID-19 tiene que ver con la necesidad para millones de personas de salir a buscar cotidianamente su sustento en actividades informales.

El principal déficit de la política de Ignacio Briones fue hacer que la caída de la actividad económica se haya acentuado con la ausencia de medidas de  suficiente envergadura de sostenimiento de la demanda de consumo de los hogares y de crédito y subsidio rápido a las pequeñas y medianas empresas, dañando la opción de mantener el vínculo laboral de los asalariados hasta un posterior rebote. Quienes realizan una actividad por cuenta propia en el sector formal y en el informal han sufrido con particular intensidad la combinación de las medidas sanitarias de confinamiento y la caída de la demanda, mientras la participación de la mujer en la vida profesional activa está experimentando un retroceso y no se está creando empleo formal.

El futuro inmediato de la crisis está estrechamente vinculado a la magnitud del impacto que tenga el segundo retiro de fondos de pensiones, a la mantención de una política monetaria expansiva y a la eventual persistencia del incremento del precio del cobre y de la recuperación de la demanda por exportaciones chilenas. Es decir poco que tenga relación con la gestión de Ignacio Briones, cuya principal preocupación fue la nada imaginativa idea de limitar el déficit fiscal en medio de una depresión e intentar amarrar un acuerdo de gasto fiscal que incluye el primer año del próximo gobierno, lo que es simplemente inexplicable desde el punto de vista de quien lo planteó y de quienes lo aceptaron, en procesos de acuerdo que ya han perdido todo sentido. 

En este contexto, no es de extrañar que la salida de Ignacio Briones se haya producido por la puerta pequeña, para asumir una candidatura presidencial sin destino, pero que seguramente le alimentará un ego que hoy parece situarse más que nunca por sobre cualquier otra consideración entre los que están a cargo de las tareas públicas.