El gobierno conduce de manera cada vez más errática su fin de mandato. Esto incluye el manejo de la pandemia y de los apoyos sociales, pero también las salidas de rol del Ejército y las otras ramas de la defensa nacional. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.
La administración de Sebastián Piñera ha seguido en la pendiente del desgobierno. Demoró increíblemente en poner en práctica lo que tiene que hacer en materia de transferencias a las familias frente al recrudecimiento de la epidemia de COVID-19 desde febrero, la que a su vez no logró controlar por su mala política de restricciones con ires y venires cada vez menos efectivos. Esto derivó en una sobre exigencia del sistema sanitario muy superior a la de junio pasado, el primer peor momento de la epidemia en Chile. En vez de actuar desde principios de marzo con un Ingreso Familiar de Emergencia ampliado a sectores medios que hubiera tal vez permitido a mucha gente sostener mejor el nuevo confinamiento y no seguir en actividades para ganarse el sustento diario, termina haciéndolo tardíamente. Las coberturas son más amplias que las iniciales, pero se llega a ellas después de reclamos múltiples y de confrontaciones con la oposición y con su propia coalición, en medio de una gran confusión. Pareciera que le resulta sicológicamente imposible gobernar usando los recursos públicos para proteger, aunque sea por un período breve, a las mayorías sociales en medio de una gran crisis. Es como si esos recursos disponibles no estuvieran precisamente para eso y usarlos fuera sinónimo de “populismo”, esa anteojera mental que se han construido hasta el ridículo quienes nos gobiernan.
Esta conducta irracional, incluso desde el punto de vista de sus propios intereses, llevó a que la propuesta de un tercer retiro de ahorros previsionales de las personas haya obtenido el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados, con muchos votos de la coalición de gobierno. En vez de acomodar un proyecto que cautele que los retiros de las personas de mayores ingresos paguen el correspondiente impuesto a la renta, o que no se autorice disminuir los retiros programados y las rentas vitalicias por sustracción de una parte del capital que las sustenta y reemplazarlos por apoyos directos suficientes, el gobierno vuelve a pedir otra vez al Tribunal Constitucional que inhabilite la soberanía que emana de nada menos que dos tercios del parlamento. Lo hace, además, con una falta de legitimidad agravada de ese Tribunal, que está envuelto en una insólita telenovela de reproches cruzados y odiosidades entre sus miembros de derecha, hoy sobre representados, incluyendo acusaciones de corrupción y maltrato. Nunca se había visto algo así, lo que no hace sino reflejar la descomposición de las instituciones de bloqueo de la voluntad popular de la constitución de 1980.
En este contexto, las Fuerzas Armadas se han permitido volver a deliberar con la pretensión de nada menos que pautear el ejercicio de la libertad de expresión en Chile.
El Ejército ha declarado que a raíz de sarcasmos sobre la carrera militar y sobre los casos judiciales que involucran a miembros de sus filas "no es aceptable pretender que ello sea motivo para denostar a oficiales, suboficiales y soldados que en su vocación se ven vejados por tal simulacro de realidad. El ejercicio de las libertades de expresión e información es esencial para el progreso de una sociedad cuando se ejerce con verdad y responsabilidad, lo que no ha ocurrido en este caso”. Ha obtenido el apoyo público de la Fuerza Aérea y la Armada, y nada menos que del propio ministro de Defensa, que no ha ejercido su rol.
Lo que es aceptable o no en materia de libertad de prensa no es algo que deban pautear las Fuerzas Armadas. Su carácter de instituciones disciplinadas y no deliberantes les impide, además, emitir cualquier juicio u opinión en la materia. El monopolio del uso legítimo de la fuerza armada para fines de defensa que la ciudadanía les otorga tiene esa contrapartida: la prescindencia en los asuntos públicos. Ese es el arreglo institucional básico y universal en los Estados de derecho para impedir la intervención o abuso de la fuerza militar en los asuntos de la sociedad.
Toda persona o institución que se desenvuelve en la esfera pública puede en democracia ser objeto de críticas, sarcasmos e ironías. En cambio, la injuria, la calumnia o la incitación al odio y la discriminación están penalizadas -bien o mal, pero esa es harina de otro costal-y corresponde a la autoridad civil, y no a los militares de manera autónoma, activar ante la opinión pública o ante los tribunales cualquier acción que afecte a las instituciones armadas. Estas deben, naturalmente, tener el derecho a defenderse frente a ellas, o de manifestar su dolor o incomodidad por algún reproche que se les haga, pero a través de las autoridades competentes y con la debida y formal autorización del poder civil, que en ese caso asume la responsabilidad pertinente.
Las Fuerzas Armadas no pueden pretender pautear la conducta de ningún actor de la sociedad, y menos a los medios de comunicación, sobre cómo ejercer la libertad de expresión, o las formas que puede o no tomar el humor y el sarcasmo. Su misión constitucional es la defensa y seguridad nacional sujeta a la autoridad civil, y punto (artículo 101). Lo que han declarado es absurdo e inconstitucional. No están autorizadas a deliberar, en este caso a emitir juicios sobre la forma en que se ejerce o no un derecho, ya sea que se trate del derecho de opinión o de cualquier otro. No se entiende en qué mundo viven los que sostienen que esto no es deliberación sobre asuntos públicos que escapan a la función de defensa, sobre los que el mundo militar no tiene nada que opinar. Así de simple. El hecho que se hayan sumado declaraciones en el mismo sentido del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, evidentemente coordinadas, constituye, además, un pronunciamiento de órganos sujetos a disciplina que es completamente inaceptable.
Está más que claro que una pendiente de intervencionismo militar en el funcionamiento de la vida social no va a ser aceptado por la gran mayoría del país. No por casualidad está detenido en el parlamento el proyecto de reforma constitucional del gobierno que autoriza a las fuerzas armadas a realizar tareas policiales. Esta pendiente, que la extrema derecha alienta con la complicidad activa o pasiva de otros en el espectro político, puede llevar a otra grave confrontación histórica en Chile y a una masiva reacción contra el militarismo. No tiene sentido no tomar en cuenta que las instituciones armadas han demostrado en el último tiempo no ser capaces de controlar graves actos de corrupción que han involucrado a sus mandos, o bien que han incurrido en la desobediencia expresa a la ley en materia de vigilancia de personas, que son hoy objeto de persecución judicial y de un extendido reproche social. Por ello, el control civil sobre las instituciones armadas debe aumentar, no disminuirse (nótese que aquí no estamos siquiera aludiendo el descontrol de Carabineros en los últimos años, que es otra materia pues remite al orden público). El Ejército no puede pretender que no haya al menos sarcasmo frente al hecho que dos de sus ex comandantes en jefe y muchos de sus mandos estén procesados por malversación de caudales públicos para fines personales (robo, en castellano antiguo) que se cifran en millones de dólares. O que no se produzca una crítica frontal a sus mandos por haber incurrido en vigilancia secreta de periodistas que investigan la corrupción en su seno, aunque se haya hecho, al parecer, con la complicidad de un juez.
Las Fuerzas Armadas se deben a la República, no a sí mismas, como todas las otras instituciones. No se puede seguir alentando el corporativismo en el Estado, con ciudadanos cada vez más escépticos sobre el buen uso de los impuestos que pagan todos los días. Por ello, la disciplina militar debe restablecerse con urgencia. El gobierno no puede escamotear ese deber constitucional con declaraciones vacuas apoyando la libertad de expresión, pero sin señalar que el Ejército y las otras ramas no pueden pretender orientar su modo de ejercicio. Lo que corresponde es una respuesta civil enérgica -ojalá de amplia transversalidad- que remita a las Fuerzas Armadas a su rol, para excluir de una vez y expresamente toda deliberación o intento de cercenar derechos de la ciudadanía garantizados por el orden jurídico vigente. El gobierno debió ponerse a la altura de la gravedad de lo ocurrido. Si no enmienda su conducta, acumulará otro hecho en el que ha cruzado la línea del cumplimiento cabal de su función constitucional.
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