Treinta años después

En Cooperativa.cl

Se cumplen treinta años del inicio del gobierno del presidente Aylwin y de la transición, en medio de un proceso político que tiene como unos de sus emblemas “no son treinta pesos, son treinta años”. Hacer un balance ecuánime no es hoy muy sencillo. 

Partamos por señalar que el intento de manipulación de la fecha por el gobierno de Sebastián Piñera es bastante inicuo, si se considera que el suyo es el gobierno de la UDI y RN, que apoyaron en 1988 la continuidad de una dictadura y luego por 30 años se negaron sistemáticamente a producir el levantamiento de los candados antidemocráticos de la Constitución del 80. Hasta el punto en que esa negativa culminó en la rebelión de octubre de 2019. El fin extremadamente tardío de los senadores designados (2005) y del sistema binominal (2015), pero manteniendo hasta hoy los altos quórum de aprobación de leyes (hasta 4/7) y reformas (hasta 2/3) y un Tribunal Constitucional partisano, no habilitan a la derecha chilena para reclamarse de la democracia y su consolidación. Peor aún, este sector político ha logrado mantener hasta ahora sus privilegios, pero al precio de desprestigiar la propia idea democrática, especialmente ante las nuevas generaciones. O al menos ha puesto en duda la capacidad de la democracia para resolver los problemas de las mayorías. 

Pero es absurdo afirmar que desde 1990 no se han producido avances democráticos y sociales. No vivimos en una dictadura como la de 1973-90 sino en una democracia “semi-soberana” (Huneeus), en la que existen libertades y un Estado de derecho (muy perfectible), en la que las autoridades se eligen periódicamente y son controladas por la prensa y los tribunales y en la que existen poderes municipales y regionales democráticos. Este proceso de democratización no debe quedar oscurecido por el grave retroceso a que ha llevado el actual gobierno al decretar el Estado de emergencia en octubre pasado y validar una represión de las Fuerzas Armadas en un período, y de Carabineros permanentemente, lo que es inaceptable y busca impedir el derecho a manifestarse y a oponerse al gobierno. Es la policía la que en muchas circunstancias provoca antes que controla a los grupos que producen destrucciones, mientras es sorprendentemente ineficaz para prevenir o llevar a los tribunales a la delincuencia organizada, tribunales que en muchos casos no están cautelando los derechos básicos de las personas. 

Pero no debemos olvidar que, a pesar de la lentitud de los tribunales e insuficiencias variadas en la aplicación de las penas, la justicia sigue persiguiendo y condenando a los criminales violadores de derechos humanos en la dictadura, cuyas penas se cumplen en la mayoría de los casos mediante privación de libertad. Y que entre los avances progresistas en materia de libertades se cuenta desde 1994 la despenalización del adulterio femenino; desde 1998, el fin de los hijos ilegítimos; desde 1999, la despenalización de la sodomía; desde 2004, la ley de divorcio; desde 2015, la ley de Acuerdo de Unión Civil; desde 2017, la ley de despenalización del aborto en tres causales, y desde 2018, la ley de Identidad de género. 

Los ingresos de las familias, el empleo y los mecanismos de protección social han aumentado desde 1990 más que en cualquier otra etapa de la historia de Chile y la producción ha crecido al doble que en dictadura. Pero hay insuficiencias múltiples y en algunos casos graves. La economía se ha concentrado enormemente, los derechos de los trabajadores y los consumidores son inexcusablemente limitados, la precariedad es el signo principal del mundo del trabajo, mientras no se ha producido una diversificación industrial y de innovación para salir de una especialización productiva limitada a la extracción y baja elaboración de materias primas, sin protección suficiente del medio ambiente, lo que se explica por la influencia del gran empresariado rentista en el parlamento y en los medios de comunicación. 

Esto no ha impedido que los avances sociales hayan sido significativos. La esperanza de vida al nacer, que refleja en buena medida las condiciones de vida de la mayoría de la población, pasó de 73,7 años en 1990 a 80,2 años en 2019, es decir un aumento de 6,5 años, una de las tasas más altas de América Latina (levemente por debajo de Costa Rica), cifra que supera a la de Estados Unidos, cuya esperanza de vida al nacer aumentó en solo 4 años en el mismo período y pasó de 75,3 años en 1990 a 78,9 en 2019, según la Organización Panamericana de la Salud. La tasa de mortalidad de los niños menores de un año (un indicador directo de pobreza) pasó de 16,0 en 1990 a 7,1 en 2017 por cada 100 mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad por homicidios (un indicador directo de criminalidad) pasó de 10,2 en 2000 a 7,5 en 2016 por cada 100 mil habitantes en el caso de los hombres y de 1,4 a 1,1 en el caso de las mujeres. 

Sin embargo, estos avances notorios no deben dejar de considerar la insuficiencia de las pensiones y de los servicios públicos de salud y educación, así como el lento avance en la desconcentración de la distribución del ingreso monetario. La desigualdad de ingresos sigue siendo una de las mayores de América Latina y del mundo, aunque bajó de un coeficiente de Gini de 57,2 en 1990 a uno de 46,6 en 2017. El de Argentina es de 41,2 y el Uruguay de 39,5 (datos del Banco Mundial), países con un PIB por habitante cercano al de Chile. Mantener esa situación de desigualdad ha reflejado la persistencia del poder político y mediático de la oligarquía económica. 

Estamos después de 30 años ante la evidencia de un sistema político en el que el peso de la derecha y del financiamiento ilegal de la política no han permitido que se hagan realidad las opciones mayoritarias en materia de impuestos, reglas laborales, control de recursos naturales, educación y salud públicas, entre otros temas cruciales. Debe producirse un proceso indispensable de regeneración democrática. Además del control oligárquico, la acción política en la post dictadura devino en prácticas generalizadas de “extractivismo”. Para muchos de sus actores, la política es hoy el espacio social en el que insertarse para obtener cargos públicos o bien intermediar lucrativamente con el capital privado. Otros no hicimos lo suficiente para impedir la creación de maquinarias burocráticas de extracción de recursos desde la política en detrimento del interés general. Por eso era y es indispensable romper con esas prácticas para proyectar los valores democráticos y crear una nueva institucionalidad que permita la expresión de los intereses de la mayoría social en el gobierno del país. 

El veto oligárquico sobre la democracia y su degradación clientelística, junto a la persistencia de desigualdades y de deterioros ambientales inaceptables, es lo que tiene que abordar ahora el proceso de cambios políticos y sociales. Treinta 30 años después, la historia sigue su curso.

Sobre las élites

En La Mirada Semanal

Vivimos una etapa de reconstrucción de los sentidos de la convivencia colectiva en Chile, en medio del conflicto político y social en el que se despliegan defensas de intereses y pasiones con dosis altas de irracionalidad. Se puede conjeturar que este ha sido el precio a pagar por la incapacidad de diversos grupos dirigentes de la sociedad para honrar la promesa de construir una democracia en forma en el sistema político, para dejar atrás la dictadura y lograr “crecimiento con equidad”.

Ambos procesos han estado condicionados desde 1990 por los intereses de una minoría económica que amplió su poder y que utilizó con inteligencia los enclaves institucionales y la cooptación del sistema de partidos. Esta minoría logró mantener en su beneficio un modelo de aceleración y a la vez extrema concentración del crecimiento en el 1% más rico, junto a una amplia precariedad del empleo, bajas remuneraciones y pensiones, discriminación de la mujer en la vida económica, mal funcionamiento de los servicios de transporte, de salud y de educación, segregación urbana y daño ambiental generalizado. Esto terminó en el paso de la lucha más o menos estructurada de intereses de grupos y sectores, pero en una institucionalidad que representó cada vez menos los intereses de la mayoría social, al desencadenamiento de las pasiones, siguiendo la distinción clásica de Albert O. Hirshman. Y ha puesto en cuestión el rol de los grupos dirigentes tradicionales, especialmente por los más jóvenes, y también favorecido un generalizado discurso anti-élite.

La noción de élite (minoría selecta o rectora, según la Real Academia Española) proviene en origen de Wilfredo Pareto (“individuos que ejercen funciones dirigentes”) y de autores próximos al fascismo como Gaetano Mosca. Junto al concepto cercano de “clase política” (Robert Michels), ha servido para alimentar el rechazo a la democracia, a los/las intelectuales y a los hombres y mujeres del mundo de la cultura. Su paradigma es hoy Trump, que se hizo elegir denunciando a la élite para luego gobernar con y para la oligarquía económica. Y se usa en Chile, en la actualidad, con una variante específicamente criolla, en la que se pone en el mismo saco a los ultra- ricos y a toda persona que destaque en algo, los “de arriba” contra los de “abajo”. Podemos y debemos hacer algo mejor que identificarnos con la ideología de las barras bravas.

A los que ejercen el poder económico, llamémoslos por lo que son: oligarquía económica. A los dirigentes políticos de la transición que se hicieron neoliberales, llamémosles reorientados, sin ánimo de ofender a nadie (por lo demás, todos tienen derecho a cambiar de ideas ….y otros a mantenerlas, lo que suele molestar a los primeros). Esta es una modesta proposición de uso del lenguaje para no mezclar a galgos y podencos. El uso chileno actual de la palabra élite es equivalente a atribuir todos los males posibles a quien ejerza o haya ejercido algún poder o provenga de sectores sociales que tradicionalmente lo ejercen, independientemente de lo que opinen o hagan, para bien o para mal, todos confundidos como en el tango Cambalache. No viene de la gente común, viene de medios de comunicación interesados en mezclarlo todo para que no se ponga en evidencia a los verdaderos dueños del poder: la oligarquía económica y sus representantes y aliados. Y que se esconden detrás de otros, con mucho éxito, para salir de cualquier debate e indagación que permita identificar su poder y el modo en que lo ejerce. Lo que no tiene sentido es ser parte de una descalificación general que mezcla todo con todo.

La afirmación de algunos es que cabe descalificar a la élite como aquellos que han ejercido el poder gubernamental de manera despótica en los últimos años. Otros ponen el acento en la proveniencia social homogénea del personal político. ¿Por qué no llamar déspotas y no élite a los que gobiernan de manera despótica? ¿Y constatar que los políticos de derecha, centro e izquierda no son lo mismo entre los que han ejercido el poder gubernamental desde 1990, aunque, como en toda sociedad desigual, hay una tendencia a una sobre-representación de quienes provienen de grupos sociales con mayor capital cultural y simbólico (en la terminología de Pierre Bourdieu)?

Cabe incluso destacar que los grandes de la cultura son la mejor élite de Chile, si aceptamos la definición de la RAE. ¿Qué mejor minoría selecta de la que podamos estar orgullosos que las figuras de Mistral y Neruda, sin ir más lejos? Ellos provenían de hogares comunes de territorios alejados y tuvieron que batallar contra los poderes conservadores existentes en su época y desarrollaron su arte como chilenos/as universales de un inmenso talento. Mistral fue maltratada por eso y Neruda lo fue en parte de su vida. Otros lo hicieron en ruptura con su origen oligárquico, como Huidobro. Lo que importa no es de dónde se viene, sino las opciones que se toman en la vida. Y así muchos ejemplos de “minorías selectas o rectoras” en los distintos dominios del saber, el arte, la cultura, la educación y las diversas expresiones de la condición humana que son fuente de inspiración y de construcción de las identidades colectivas, que la descalificación generalizada “a las élites” y su asimilación abusiva a las élites económicas se lleva en su fragor.

Hay otro problema en este debate: se estigmatiza el uso excluyente del poder. Por definición el poder tiene una dimensión excluyente para ser tal. El desafío es que también tenga dimensiones incluyentes y sea usado civilizadamente para algo que se aproxime a promover el interés general. Ejemplo: el entrenador de fútbol al hacer su equipo ejerce poder y excluye jugadores, que suelen quedar enojados. El tema es si ese ejercicio viene desde las capacidades y se usa con criterio para hacer ganar el equipo, o viene desde las influencias indebidas y del privilegio para hacer jugar a amigos, recomendados o parientes. En el ámbito político, lo esencial es saber distinguir de dónde proviene el poder, cuáles son sus fundamentos estructurales, cómo y para quien se ejerce. En particular, si se usa a favor o en contra del poder económico y su concentración, a favor o en contra del respeto a los derechos de las personas y los intereses de la mayoría social, a favor o en contra del interés general de corto y largo plazo o del interés particular y el de clientelas manipulables.

En suma, el ejercicio del poder, por legítimo que sea, siempre es problemático pues suele derivar, sobre todo si se personaliza o concentra prolongadamente en grupos restringidos, hacia su abuso. Por eso los procesos civilizatorios que limitan el poder de las clases históricamente dominantes son tan cruciales para erradicar las violencias en la vida colectiva. La democracia es una parte fundamental de los procesos civilizatorios modernos. En efecto, su rol es originar, aunque lo haga de manera imperfecta y siempre mejorable, el poder por el pueblo, orientar su uso de acuerdo a lo comprometido ante ese pueblo por los gobernantes de turno elegidos -esa es otra expresión que se usa peyorativamente, pero menos mal que son de turno porque si no serían dictadores- y, a la vez, ser controlado por el pueblo y sus representantes periódicamente.

Criticar a todo el que tenga un poder de cualquier índole o provenga de un medio con más poder relativo o a quien quiera tenerlo, y mezclarlo todo en una juguera sociológica indistinta, en vez de valorar o criticar, según sea el caso, a quienes efectivamente lo ejercen en los diversos ámbitos de la vida social, nos está llevando a lo que estamos viendo: la completa dispersión de los posibles contra-poderes frente al poder básicamente unificado de la oligarquía económica y sus representantes y aliados. Esto es precisamente lo que permite a esta oligarquía mantener sus inaceptables privilegios y la concentración desigual de la riqueza, pero que ha terminado dando origen al desencadenamiento de las pasiones y de la rebelión social en Chile por el abuso de privilegios institucionales indebidos.

Para salir de la crisis

En Cooperativa.cl

El gobierno y el ministro del Interior Blumel se querellan contra personas que emiten opiniones de extrema izquierda, pero no por la compra de AK 47 por gente de derecha.

¿Dónde quedó en este caso la condena de la violencia? Elocuente silencio de la derecha, que emplaza a medio mundo todo el día exigiendo esa condena cuando se trata de destrucciones urbanas y piedrazos a la policía por pequeños grupos, desgraciadamente a la deriva y sin proyecto, a los que se quiere asimilar la legítima protesta popular masiva, que es otra cosa muy distinta. 

En eso está Chile, avanzando día a día a un Estado policial con una jerarquía de Carabineros que no se concentra en controlar como corresponde a los que delinquen, trafican o saquean sino en reprimir manifestaciones de protesta, empujada por autoridades divididas e incompetentes que sólo se cohesionan en su temor al movimiento social.

Y con una mayoría en la derecha que no quiere una Constitución que exprese la soberanía popular y con una minoría de este sector dispuesta a discutir una nueva Constitución (para eso dispone, en todo caso, del candado de los dos tercios) que apenas se expresa por imposición de la derecha dura y unos ministros que insólitamente no pueden hablar del tema. 

El país tiene que volver a ser gobernado. En abril, es fundamental una gran movilización por el Apruebo. Luego, el gobierno debe asumir de una vez la voluntad popular y llamar a discutir con amplitud y de inmediato un nuevo pacto social de largo plazo como sustrato de la nueva Constitución.

Si no está dispuesto a hacerlo y su único proyecto de país sigue siendo mantener el dominio oligárquico del 1%, no le quedará sino adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para que el país salga de la crisis democráticamente con autoridades que gocen de una nueva legitimidad.

¿Qué hacer con el capitalismo de herederos?

En El Mostrador

Shin Kyuk-ho, el fundador de uno de los 5 más grandes chaebol –conglomerados empresariales familiares surcoreanos– falleció recientemente en Seúl. Sus hijos y sucesores deberán pagar un impuesto a la herencia de 50%, contra un 26,5% de promedio en la OCDE (dicho sea de paso, los promedios de la OCDE que en Chile se usan para todo tipo de comparaciones contienen grandes diferencias en casi todas las variables, reflejando sus distintos modelos económicos). Esta tasa pasa a 65% si el beneficiario de la herencia es el accionista más importante de la empresa familiar.

¿Qué dirían los conservadores en Chile si la tasa de herencia, cuyo valor máximo es hoy de 25%, pasara a 50% y 65%? Dirían que queremos transformar a Chile en Corea del Norte. Pero nótese que estamos hablando de Corea del Sur.

El fondo del asunto es que no tiene legitimidad ni racionalidad económica alguna que la riqueza creada por algún individuo sea materia de herencia sin condiciones. Esto se traduce en constituir un capitalismo de herederos en el que el mérito simplemente no existe. Se dirá que el creador de riqueza dejará de tener incentivos para producirla si no puede darla en herencia a sus hijos. En el caso que estamos mencionando, estos heredarán del orden de mil millones de dólares. No es exactamente quedar en la indigencia.

En el marco de una discusión más amplia sobre nuevas formas de democracia económica, una variante a explorar en Chile es que el pago de un impuesto a las grandes herencias de capital no sea en dinero –pues, entre otras cosas, plantea un cúmulo de problemas prácticos de valorización– sino que en un porcentaje equivalente de las empresas y activos involucrados que pase a propiedad de un Fondo de Desconcentración y Sustentabilidad. Fondos públicos comparables ya existen en Chile con otros orígenes y para otros fines, como el actual Fondo de Reserva de Pensiones. Este acumula unos 10 mil millones de dólares (más de 3% del PIB) en diversos instrumentos financieros, incluyendo un 27% de tipo accionarial. Sus dividendos –la rentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones ha sido de cerca de un 4% desde su creación en 2006– debieran ser utilizados para promover la desconcentración económica, otorgando a cada infante al nacer un aporte para financiar estudios superiores o el inicio de actividades económicas innovadoras al alcanzar la mayoría de edad. Y contribuyendo a financiar la diversificación económica mediante el apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para transitar a un nuevo modelo productivo no rentista basado en el conocimiento.

Esta transformación debe empezar por dar un fuerte impulso a las energías renovables, con más tecnologías adaptadas o propias. Y en especial a aquellas que permiten una continuidad de respaldo en la generación eléctrica solar y eólica, como la geotermia y las nuevas tecnologías que permitan el tránsito a la electromovilidad para transporte urbano y usos productivos, avanzando en especial en la producción de hidrógeno puro. Este gas es la mayor reserva de combustible no contaminante y se puede generar a partir de fuentes renovables de las que Chile posee en abundancia, almacenarse y ser usado mediante pilas de combustible para generar electricidad sin contaminar. Y también en transporte de carga en la minería y como soporte de las telecomunicaciones.

Los representantes del fondo público en los directorios de las empresas objeto de herencia debieran, por otro lado, tener un mandato de promover la rentabilidad, pero en un contexto de sustentabilidad social, territorial y ambiental de la actividad de la empresa. Lo mismo debiera ocurrir con los directores que representen eventuales fondos de capitalización colectiva para pensiones.

Esta es una manera de terminar con el capitalismo de los herederos, introducir formas de democracia económica más allá de los accionistas privados y fortalecer un tejido dinámico de empresas –junto a la promoción de la pequeña empresa y de la economía social y solidaria, así como de empresas públicas estratégicas en una economía de propiedad mixta– que no solo se orienten a aumentar el valor para sus accionistas, sino sobre todo a promover el valor de la actividad económica para la sociedad en el presente y, de manera sostenible, para las nuevas generaciones.

¿Recomposiciones en la izquierda?

En El Mostrador

En estos días se viven recomposiciones en diversas organizaciones que configuran el vasto mundo de la izquierda, disperso y fragmentado en medio de un escenario que cambió totalmente desde el 18 de octubre. Pero igual se puede afirmar que su rol en el presente y en el futuro próximo es indispensable para una salida constructiva de la crisis actual. También que la crítica de la izquierda al orden actual está bastante más reivindicada por los hechos históricos recientes: el modelo de democracia restringida y de mercado máximo/Estado mínimo colapsó en Chile.

Este es un colapso de su forma extrema nacida en dictadura y defendida hasta hoy por el mundo conservador, pero también en su forma morigerada, al ser defendida por la llamada "centroizquierda" que hizo de "necesidad virtud" al acomodarse a instituciones que no reflejan la voluntad social mayoritaria. Una que además perdió en el camino la voluntad de cambiarlas, en el caso de la parte de la dirigencia política del fin de la dictadura y la transición que logró derrotar, en medio de una intensa lucha política que hoy se da por inexistente, a quienes persistieron en el proyecto de terminar con el sistema de vetos minoritarios de la derecha. Una que terminó acomodándose a un modelo económico que mantuvo en niveles inaceptables la concentración de la riqueza y de los ingresos, más allá de avances significativos en materia de condiciones de vida, de empleo y de ingresos. Pero estos avances no desmienten lo principal: persistieron, a pesar de los esfuerzos del mundo político y social de orientación crítica, instituciones que no reflejan la soberanía popular y un funcionamiento económico altamente desigual, concentrador y ambientalmente depredador.

Cabe ahora en esta nueva etapa rediscutir –y reafirmar– lo específico de una opción de izquierda democrática: mantener vivas las ideas socialistas de emancipación de la sociedad de las estructuras de dominación de una minoría oligárquica sobre la mayoría, para dar paso a un orden democrático socialmente justo, paritario y ecológicamente resiliente. Esto debe traducirse en una acción política de construcción desde la ciudadanía y sus movilizaciones de nuevas estructuras políticas, sociales y económicas que consagren el fin del dominio oligárquico. El horizonte debe ser avanzar a un bienestar colectivo social, territorial y ambientalmente sostenible, en el que cada cual sea tratado con igual dignidad, consideración y respeto. Y siempre con las reglas de la democracia.

A partir de una reforzada identidad de la izquierda democrática, se podrá proponer respuestas a la demanda social por cambios a través de rediseños de instituciones y de políticas públicas, empezando por la reforma política urgente que Chile requiere. Ahí hay una secuencia de trabajo para:

a)  Lograr, a pesar de los innumerables obstáculos existentes, empezando por el quorum de 2/3 de aprobación, una nueva Constitución que garantice derechos, revitalice la representación y la deliberación combinada con democracia directa y establezca el principio de que gobierna la mayoría y no la minoría, aunque esta tenga el derecho pleno a existir y a procurar transformarse periódicamente en mayoría.

b) Construir una nueva alternativa coherente de gobierno para el período 2022-26, que nazca de las convergencias en el proceso constituyente, pero sin la presencia de actores que bocoiteen desde dentro el programa de transformaciones. Gobernar por gobernar no tiene sentido y termina llevando a crisis como la que estamos viviendo.

Una nueva coalición de gobierno alternativa a la derecha debe ser ahora coherente y proponerse de manera consistente y realista diseñar y poner en práctica una desconcentración, diversificación y reconversión sostenible de la economía y una fuerte descentralización y profesionalización del Estado, junto con reforzar la capacidad regulatoria gubernamental.

Debe contener las tarifas de servicios básicos y el precio de los medicamentos, impidiendo las utilidades indebidas que hoy prevalecen.

Lograr una nueva distribución de los ingresos en la empresa (con salarios mínimos más altos y una negociación colectiva efectiva más allá de la empresa), redistribuciones adicionales significativas a través de un sistema de impuestos y transferencias progresivas –empezando por financiar una pensión básica universal y una asignación familiar sustancial que saque a los adultos mayores y a los niños de la pobreza– y una reconstrucción efectiva de los servicios públicos.

Se deben lograr avances sistemáticos, lo que requerirá de importantes reformas institucionales y en su financiamiento, en la cobertura y calidad de la atención de la infancia, la educación, la salud, las pensiones y los servicios urbanos, articulados con los órganos descentralizados en cada territorio.

Una nueva institucionalidad legítima, la diversificación sostenible y una redistribución de ingresos y de activos no solo no dañarán la economía, sino que le darán nuevos impulsos. Es con la actual arbitrariedad y desigualdad que las empresas no tendrán ningún futuro.

¿Por qué no imaginar, para alcanzar estos fines, una coalición antioligárquica que vaya desde el Frente Amplio, el PC y los regionalistas y lo que quede de izquierda tradicional, invitando desde ahí al centro progresista y a todas las nuevas fuerzas autónomas e independientes emergentes que quieran avanzar a un país con grados básicos de decencia y de calidad de vida para todos?

Hay quienes insistirán en cursos alternativistas que rompan con la "vieja política" y cualquier cosa que se parezca al pasado. La crítica al pasado siempre es necesaria, pero negarlo mesiánicamente es un error y un imposible, aunque sea recurrrente y parte de los procesos políticos e intergeneracionales. Cabe recordar que eso es lo que postuló en Chile una parte de la generación de los años 60, que terminó articulándose con la izquierda histórica, aunque algunos que usaron tonos altos viraron finalmente a la derecha y a la defensa de los intereses de la gran empresa.

Vista la experiencia histórica, los tonos de la consistencia y de la coherencia en el tiempo son más recomendables.

La pulsión refundacional mueve, también hoy, a una parte de la generación salida de las movilizaciones del 2011, la que en una década ha logrado bastante menos que sus promesas, "porque no ha tenido la fuerza suficiente". Con eso su crítica destemplada a la izquierda que le antecedió, que evidentemente tampoco logró muchas de sus aspiraciones por "no tener la fuerza suficiente", va mostrando su falta de perspectiva. La tarea de transformación de la sociedad es larga y progresiva y no solo una de momentos de paroxismo. Ni de mera voluntad de algunos líderes, sino de procesos sociales amplios y persistentes. Requiere de articulaciones variadas. El mesianismo en política siempre termina por caer por el propio peso de su falta de capacidad para lograr los objetivos que se propone y/o su falta de capacidad para mantenerlos en el tiempo.

La política de izquierda y transformadora no es "vieja" o "nueva", es "buena" o "mala" para resolver los problemas de la mayoría social y, en esta coyuntura, para reconstruir democráticamente las bases de la República y terminar con el orden oligárquico renacido después de 1973 con la violencia que sabemos. Para abordar esa tarea democrática colectiva, será menester lograr nuevas síntesis y no cultivar divisiones nacidas de identidades y particularismos respetables pero inconducentes.

Alternativas democráticas a la concentración del capital

-->

En El Mostrador

Las 500 personas más ricas del mundo aumentaron su patrimonio en nada menos que 25% en el año 2019, según el índice de Bloomberg. Así va el mundo, dominado hoy más que nunca por la lógica de la acumulación ilimitada de capital. La consecuencia es llevar la desigualdad a niveles cada vez más inaceptables socialmente (como se demostró en Chile a partir del 18/0, en uno de los países en que el 1% más rico concentra una de las mayores proporciones de patrimonio e ingresos en el mundo) y de paso llevar la depredación del planeta a límites que hacen peligrar la propia sobrevivencia de la especie humana por un desorden climático generalizado.

Ya cada vez más voces urgen establecer, además de cambios en los modelos de producción y de consumo, un impuesto al patrimonio para disminuir la alta concentración de activos en pocas manos, como el propuesto por Zucman y Saez y promovido por varios candidatos demócratas en Estados Unidos, junto a terminar con los paraísos fiscales, siguiendo las propuestas de Stiglitz, Piketty y otros.

Poner límites a la concentración de capital debe ser también parte de la plataforma de una nueva izquierda en Chile, como lo propusieron economistas como Nicolás Grau y otros, junto a restablecer el impuesto a las ganancias de capital como existía en 2002 y terminar con la renta presunta. Se debe, además, establecer regalías mineras con una mayor progresividad de tasas según la rentabilidad de la extracción, pues se trata de recursos que pertenecen a todos los chilenos, junto a fortalecer CODELCO y crear una Empresa Nacional del Litio que lidere la reconversión a la electromovilidad en vez de los fallidos intentos de asociación con transnacionales promovidos por CORFO.

Los cambios tributarios por venir deben disminuir el peso de los impuestos al consumo y minimizar los mecanismos de evasión y de fuga al exterior. Y combinarse con un mecanismo como el propuesto por Jeannette von Wolfersdorff para transferir de 10 a 25% de las acciones de las empresas a un fondo público cuya rentabilidad complemente los ingresos de los grupos más vulnerables y financie la elaboración de estrategias de diversificación económica. 

Además, debe reformarse el impuesto a las herencias y transferirse el capital heredado a partir de, digamos, un millón de dólares (la legitimidad de los herederos de grandes fortunas para retenerlas es simplemente igual a cero) a ese fondo patrimonial público cuya rentabilidad financie la diversificación económica mediante el apoyo a objetivos, como propone Mariana Mazzucato, en la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para transitar a un nuevo modelo productivo social y ambientalmente sustentable. Esto puede empezar por dar un fuerte impulso -con más tecnologías adaptadas o propias- a las energías renovables. En este tema clave del futuro, Chile tiene un amplio potencial y puede llegar con menos dificultades que otros a la carbono neutralidad en 2050 y al 100% de generación eléctrica con fuentes renovables en 2030.

Asimismo, debe canalizarse la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas haciendo efectiva la modalidad de distribución del 30% de las utilidades después de impuestos a los trabajadores una vez al año, terminando con la incorporación al salario que hoy permite la ley y diversas elusiones. Se trata de algo bastante elemental: que las empresas compartan con los trabajadores una parte de sus utilidades cuando estas se producen, lo que de paso contribuye potencialmente a aumentos de la productividad del trabajo. En materia salarial, el nivel actual de madurez de la economía chilena permite proponerse como sociedad que el salario mínimo asegure en plazos breves a todo trabajador de jornada completa un ingreso que al menos cubra la línea de pobreza para el hogar promedio de 4 integrantes y alcance 500 mil pesos líquidos, con una transición mediante un subsidio mayor que el planteado por el gobierno para cubrir la diferencia con el mínimo legal hoy todavía en 301 mil pesos brutos para las empresas con ventas anuales inferiores a las UF 100.000. Para que los subsidios a la remuneración del trabajo no se transformen en subsidios a las utilidades, deben ser temporales y acompañar transiciones, sin perjuicio de mecanismos permanentes para jóvenes, mujeres y personas con capacidades diferentes.

El gobierno en ejercicio se ha mostrado incapaz de abordar un agenda de cambio como la señalada, y persiste en maniobras de corto aliento para intentar “dejar atrás” la rebelión social iniciada el 18/0. No ha querido dar pasos consistentes en temas que ya evidentemente no se sostienen, como un sistema privatizado que no provee pensiones con tasas de reemplazo mínimamente decentes, un sistema segmentado de salud (uno para los altos ingresos, otro para los militares y otro para el resto) con deficiencias múltiples, un sistema educacional privatizado y clasista como en ninguna parte del mundo y ciudades segregadas. El gobierno actúa como si la sociedad debiera aceptar sin más los salarios y pensiones bajas y la provisión deficiente de salud, educación y servicios urbanos. En definitiva, parece dispuesto a todo para evitar un nuevo pacto social en Chile que ponga en cuestión la dominación del 1% más rico sobre el resto de la sociedad.

En 2020, el gran hito será el plebiscito de abril y la probable elección en octubre de constituyentes, cuya misión será redactar en 2021 una nueva constitución. En ese proceso, una mayoría se pronunciará, según lo previsible, por garantizar derechos civiles y políticos y también económicos, sociales, culturales y ambientales en línea con los pactos internacionales suscritos por Chile a lo largo de los años. Salvo que algún tercio vete la garantía de esos derechos, lo que de manera absurda se incluyó en el acuerdo de habilitación de una nueva constitución. Recordemos que la constitución de 1980 establecía un quórum máximo de 3/5, probablemente porque a los que la redactaron un quórum mayor les debe haber parecido impresentable para cualquier canon democrático. Pero desde 1989 los rubores desaparecieron y se inició el camino de imponer los 2/3 para todo lo fundamental, lo que fue erróneamente aceptado por los que negociaron la transición y que desde entonces se prolonga.

Una nueva constitución no está llamada a definir políticas económico-sociales específicas o a imponer conductas propias de la libre decisión individual. Si deberá establecer los derechos fundamentales y los deberes hacia la comunidad y sobre todo habilitar la acción efectiva de gobiernos periódicamente electos que puedan actuar de acuerdo a las preferencias mayoritarias. Hoy la institucionalidad en buena medida no lo permite, aunque los espacios existentes no han sido utilizados por las coaliciones de gobierno como se podría haber hecho, por ejemplo en materia de impuestos, reglas laborales y previsionales. Esto no fue posible por la presencia de fuerzas conservadoras de bloqueo en las coaliciones desde 1990 y por directa defensa de los intereses oligárquicos en los dos gobiernos de derecha. 

Las opciones mayoritarias de la sociedad ya no pueden, salvo asumir un escenario de rebelión social permanente, seguir siendo frustradas ilegítimamente por candados y vetos constitucionales o por un tribunal constitucional de bloqueo de las mayorías. Chile puede tener una institucionalidad y un gobierno con nueva legitimidad a partir de 2022, nacido de la libre evolución democrática de mayorías y minorías en el común respeto de los derechos fundamentales, que le permita abordar los desafíos de una prosperidad compartida y sustentable, con un orden público democrático. Pero siempre está la alternativa de persistir en la mediocridad del empate forzado o en la reiteración del conflicto social permanente nacido de desigualdades inaceptables. Las opciones que se resuelvan en 2020 serán, entonces, fundamentales para el futuro y para tener un país en el que la concentración del poder y la riqueza no sea su signo principal.

Sobre la paridad y las listas cerradas

En Cooperativa.cl

El trabajoso proceso constitucional - decisivo para el futuro del país - tiene la tarea de completar los temas que fueron dejados de lado en el acuerdo del 15 de noviembre, en la comisión técnica posterior y en la reforma constitucional promulgada el 23 de diciembre de 2019. Uno de ellos es el de la paridad de género en la elección de miembros de la Convención Constitucional. Esto es importante para la Convención, pero también como esquema permanente, pues probablemente el acuerdo al que se llegue será el que prevalezca en el futuro sistema electoral.

La UDI ha planteado, y con ella más tarde todo el oficialismo, el rechazo a lo aprobado en la Cámara con corrección de género posterior a la elección.

Promueve ahora un sistema de lista cerrada con hombres y mujeres alternados. Es mejor que las dos papeletas, una de hombres y otra de mujeres, de la que también había hablado la UDI, pero que era una obvia vuelta al sistema binominal por la poca amplitud numérica de los escaños a elegir en la mayoría de los distritos.

Como la UDI es un partido esencialmente autoritario y vertical, busca que la jerarquía partidaria determine la prelación de nombres en las listas de candidaturas y, por tanto, defina a los que tienen más posibilidades de elegirse.

No obstante, no todo es rechazable en este esquema. Puede tener diversas virtudes, además de asegurar al menos un 40% de paridad de género.

Partamos por considerar la corrección de género después de la elección, aprobada en la Cámara de Diputados. Este mecanismo puede dejar a muchas mujeres que terminen electas con menos votos que los hombres que sustituyan sujetas a un pernicioso cuestionamiento de legitimidad. En la lista cerrada este no es el caso, pues se vota por un equipo paritario.

Respecto a los independientes que los partidos inviten a ser parte de sus filas, su presencia (o no) en la parte elegible de la lista expresaría la voluntad real de que sean parte (o no) del órgano representativo que se elige. Así se disminuye la invitación manipulada sin elegibilidad.

Por otra parte, lo que se pacte debe incluir la inscripción autónoma de independientes con firmas de un piso de solo 0,5% de los electores en cada distrito y la posibilidad de inscribir de listas de independientes asociados por algún fin común con el mismo número de firmas, con la opción de que se vote por individuos o por colectivos, para permitir la representación de la sociedad civil y evitar el monopolio de los partidos tradicionales.

Otra virtud del esquema comentado es que aunque la lista cerrada le resta a los ciudadanos la posibilidad de elegir personas directamente - aunque lo hacen al ver y sopesar los/as cabezas de lista que tendrán mayor posibilidad de elegirse - permite que se presenten equipos ante la ciudadanía y no solo individuos que se aglomeran en sociedades de intereses personales, lo que desgraciadamente son hoy algunos partidos políticos.

Creo que esta es una de las causas del deterioro radical del sistema político chileno, con demasiadas personas que están en política al margen de proyectos colectivos. Muchos están más bien en la promoción del interés propio, con el trasfondo de la ambición de llegar a transformarse en caudillos (figura que tiene una larga - y bastante nefasta - historia en nuestros países) y adhieren a partidos de manera esencialmente utilitaria. Su generalización es hoy el neoliberalismo en acción en la política.

Como observarán, de lo dicho se deduce que la oposición debiera tomar la propuesta de la derecha en materia de paridad y listas cerradas, pero complementándola con bajas barreras a la entrada tanto de independientes como de listas de independientes.

Esto es desde luego mejor que nada, pero es, además, un esquema con virtudes suficientes, partiendo de la base que también tiene defectos y que no hay sistema electoral perfecto.

¿Está obsoleta la izquierda en el siglo XXI?

En El Mostrador

Cada vez con mayor frecuencia es posible encontrar en el azar de las lecturas cotidianas la afirmación de que la izquierda estaría hoy obsoleta por haberse quedado pegada en el siglo XX y sus temáticas. Esto lo afirma la derecha pero también desde Guido Girardi a Oscar Landerretche (h) y Carlos Ruiz, los unos para justificar sus propias posiciones, los otros para enfatizar las insuficiencias de la izquierda histórica como si no tuviera ningún mérito rescatable y así afirmar un alternativismo generacional que está de moda. Otros llegan a escribir que la izquierda tiene pánico a perder su identidad si va logrando sus objetivos, y otras cosas creativas de esa índole. Pero sigo sin encontrar algo que se parezca a un argumento de peso para sostener semejantes afirmaciones, una vez que se despeja que no hay izquierda perfecta, ni agrupación humana alguna que lo sea, desde luego.

Y cabe vincular este tipo de afirmaciones con aquello de que "los demás no entienden lo que pasa y yo con mi sapiencia se los voy a explicar". Como si los demás no pensaran ni deliberaran y fueran unos necios porque tienen otras ideas y centros de interés que las propias. Lo cual no debe impedir defender con firmeza las opiniones que se tenga, pero reconociendo que son tales y no verdades reveladas o garantizadas por el manto de alguna seudociencia. O bien enunciar proposiciones -más allá de las simples opiniones y afirmaciones- pero con la disponibilidad de someterlas al rasero de algún razonamiento lógico y/o de contrastación empírica fundada en algún tipo de demostración. Solo así podremos pedir con legítimidad que nuestras afirmaciones sean consideradas por los demás, y eventualmente aceptadas aunque siempre temporalmente hasta demostración de lo contrario, como diría Karl Popper. Esta es una de las principales lecciones de la modernidad a la que no cabe renunciar en aras de los tiempos convulsos.

Vamos a lo nuestro: evidentemente el mundo ha cambiado aceleradamente desde la revolución industrial, así como lo han hecho la configuración del capitalismo global y las estructuras productivas locales y las internacionalmente integradas desde fines del siglo XX. Como resultado, el trabajo y la sociabilidad se han transformado considerablemente. Y el afán de lo cotidianamente nuevo, de la “página en blanco”, del eclecticismo post-moderno, han construido una representación un tanto particular del mundo actual. Tomemos como ejemplo las "fake news". ¿Alguien piensa seriamente que nacieron con las redes sociales o que estas las iban a evitar? La mentira, la tergiversación y su manipulación por esferas de poder son "más antiguas que el pan", que, como hoy sabemos, fue inventado hace al menos 14,4 mil años. Otro ejemplo:¿han cambiado las redes sociales y las nuevas tecnologías los fundamentos del funcionamiento del inconsciente en las conductas humanas? Tal vez muchos significantes, pero no en demasía los significados, como diría Lacan. Internet y las redes sociales han acelerado y multiplicado muchas cosas. Pero se llega a afirmar que la sociedad ya sería radicalmente otra, como Byung-Chul Han, que nos propone la idea de la autoexplotación generalizada a través de las redes y la consecuente “sociedad del cansancio”. Para no hablar de la bioingeniería que prepararía una sociedad de posthumanos, y otras especulaciones.

¿Ha cambiado la sociedad hasta ese punto?

Habemos quienes opinamos que las estructuras sociales, los elementos fundantes de la sociabilidad y la cultura y los sistemas de centro y periferia a escala mundial, mantienen muchos de sus rasgos y no han cambiado en lo esencial en los últimos 50 o 100 años, que son los que han modelado nuestra actual sociedad y sus conflictos, sin perjuicio de constantes de la condición humana que no parecen estar cerca de desaparecer.

La izquierda nace de la realidad post feudal y colonial para reivindicar derechos de los trabajadores asalariados y precarios, ya no sujetos a la explotación de la tierra como en los modos de producción anteriores sino a la producción industrial o extractiva mecanizada. Ha aumentado primero y disminuido después el peso de los trabajadores ligados a ese tipo de producción, en faenas repetitivas concentradas y sin calificación. Ha aumentado una división del trabajo parcelada y desterritorializada, así como el peso de los servicios a la producción y a las personas, con una fuerza de trabajo de mayor calificación. Los servicios son ya el principal componente de la actividad económica en casi todas partes. En Chile representaron en 2018 cerca del 70% del PIB,aunque de baja complejidad, contra un 58% hace 25 años. mientras la minería y la industria pasaron cada una del 15% al 10% del PIB respectivamente.

Todo esto ha cambiado, junto a la urbanización acelerada, el mundo de los que tienen que trabajar para (sobre)vivir y cuya emancipación la izquierda se propone contribuir a viabilizar. Pero la causa esencial que dio nacimiento a la izquierda permanece: la sociedad se divide entre, por una lado, una pequeña clase propietaria que concentra el grueso de los activos y del excedente económico -con el cual suele además controlar el poder político- y, por otro, todos los sectores de la sociedad que (sobre)viven de su trabajo subordinado, es decir los asalariados, los pequeños productores independientes y el "precariado", como diría Guy Standing, de inserción inestable.

En Chile, el trabajo asalariado representa el 70% del total, sin grandes modificaciones en el tiempo. El trabajo por cuenta propia representa hoy una proporción no muy distinta a la de 40 años atrás, es decir inferior al 20% del total del empleo. El trabajo informal, por su parte, llega a cerca de 30% del mismo.

No hay nada más actual que procurar la (auto)organización de los asalariados en defensa de sus intereses y la construcción de representaciones políticas con poder suficiente para obtener un control al menos parcial (con una socialdemocracia reformista y sus variantes) o sistémico (con un socialismo revolucionario o transformador y sus variantes) de ese excedente y de los activos y las rentas económicas apropiadas ilegítimamente por los dueños del capital en las finanzas, las tecnologías, la distribución, los servicios básicos monopólicos y en los recursos naturales privatizados. Esos clivajes, como dice una cierta ciencia política actual (cabe llamarlas más bien oposiciones sociales fundamentales), ¿han acaso desaparecido?

Nada sería una mejor noticia, pero ahí están la discusión sobre el salario, las pensiones contributivas (que no son otra cosa que salarios diferidos)  y los servicios básicos como una de  las causas principales de las movilizaciones de estos días en Chile, o en Francia y otros lugares del mundo. Los conflictos por el control del excedente y los activos económicos siguen más presentes que nunca. Los que consideran este tema como algo obsoleto no parecen haber visto las cifras de concentración económica en Chile y el mundo y suelen más bien haber tomado partido por los dueños del capital en la pugna distributiva, ya sea por convicción o por las necesidades emanadas de la prestación de servicios al propio capital, voluntaria o involuntariamente (la lectura de Capital e Ideología, el nuevo y grueso libro de Thomas Piketty, es muy ilustrativa al respecto).

Pero al menos los polemistas podrían ahorrarse sus ataques a la izquierda, que sigue en lo esencial definiéndose alrededor de algo que no ha desaparecido para nada: el conflicto de intereses entre trabajo y capital. A los utopistas del reemplazo del trabajo por máquinas y tecnologías, cabe oponerles las reflexiones de Paul Kugman: esto es muy antiguo y lo nuevo -automatización más inteligencia artificial- no hará desaparecer el trabajo sino que lo transformará. Y menos desaparecerá la lucha por el control del excedente económico y su destino privado o socializado, cualquiera sea la combinación futura entre trabajo humano directo y automatización.

Además ese conflicto, y por las mismas razones, se ha extendido a la relación capital-naturaleza, pues el afán de acumulación del primero se basa en depredar a la segunda. Pero en este caso, lo hace hasta el punto de poner en cuestión la propia sobrevivencia del planeta. Ese conflicto siempre incluyó, aunque no haya sido reivindicado en la esfera política y cultural con la fuerza suficiente hasta el presente, la subordinación de una parte sustancial de las mujeres en un rol de reproducción doméstica no remunerada para que los asalariados hombres estuvieran disponibles como fuerza de trabajo. La subordinación de la mujer en las diferentes sociedades patriarcales es prolongada en el capitalismo bajo nuevas formas (lo que muestra Nancy Fraser), dado el carácter eminentemente masculino del poder empresarial, como también estuvieron reprimidas la diversidad sexual y variadas identidades culturales. La causa ecológica y la causa feminista, la de la diversidad sexual y la de las identidades originarias y contemporáneas, agregan más razones para situarse en la izquierda, es decir para proponerse la emancipación de las sociedades del dominio del capital, del patriarcado y del conservadurismo cultural. (Un comentario: mucha gente prefiere llamarse progresista en vez de izquierdista, pero ¿quién podría oponerse a la idea de progreso? Algunos pocos lo hacen, pero no alcanza para “clivaje”).

Lo mismo puede decirse de la relación entre centros y periferias. La ruptura del monopolio de los centros de poder político y económico europeo occidental y estadounidense que dominaron los siglos XIX y XX es evidente. La emergencia de China e India en el escenario de hegemonía económica y tecnológica, aunque aún no política, ha puesto en cuestión este monopolio desde alrededor de los años ochenta del siglo pasado (recuperando su rol previo a 1800, dicho sea de paso). Pero en la escena mundial, como destacaba Immanuel Wallerstein, ¡siguen habiendo centros y periferias! Adivinen quienes tienen más poder en el mundo de hoy: ¿los centros o las periferias?.

Cabe preguntarse si existe, entonces, algo sustancialmente nuevo para América Latina y Chile en materia de búsqueda -hoy bajo otras formas- de una inserción más favorable en las cadenas internacionales de valor y en la distribución internacional de poder, en las que tiene un rol subordinado desde el siglo XVI. Si algunos piensan que la globalización actual es un destino inevitable, acepten que otros pensemos que lo inevitable son las pugnas por los roles de los distintos actores en los sistemas centro-periféricos y que defendamos políticas industriales autónomas, diversificaciones, protección y regalías para captar la renta de los recursos naturales, cooperaciones e intercambios no tradicionales y otras yerbas para hacer de los nuestros unos países que no estén meramente sujetos a los vaivenes del capitalismo financiero globalizado y sus crisis recurrentes y a modelos de producción y consumo depredadores. Y que nos sumemos a los esfuerzos de una economía sostenible para contener el cambio climático de origen humano que hoy amenaza el planeta.

Si la izquierda es aquella que en la pugna distributiva inherente al capitalismo se define no ya a favor de la acumulación concentrada de capital sino de los intereses del trabajo -por mucho que este sea hoy más heterogéneo y diverso que en el pasado-, de la producción social sostenible y de la regulación pública, entonces la izquierda no está obsoleta sino que más vigente que nunca. Si es aquella que se declara contraria a las discriminaciones y favorable a los intereses de las periferias dominadas y a un destino sostenible del planeta, entonces es una alternativa que no está aferrada al siglo XX, sino a las luchas actuales por la emancipación de las sociedades humanas, aún cruzadas como están por disparidades inaceptables de poder que no aseguran su continuidad civilizatoria o ecosistémica.

El problema de la izquierda es más bien directamente político: las derivas estalinistas, antidemocráticas y caudillistas en su nombre provocaron y provocan un daño a su tarea emancipadora. Y también la deriva social-liberal (que tiende a autodenominarse de "centro-izquierda") hacia compromisos y connivencias de largo plazo que desdibujan la identidad del proyecto democrático e igualitario al preservar lo esencial del dominio del capital sobre el sistema político, la economía y la sociedad. Los compromisos de corto plazo son, en cambio, siempre necesarios, pues ningún proceso emancipatorio es instantáneo y sin transiciones. Pero cuidando, y eso es lo propio de la política de izquierda bien concebida, que consoliden avances y no pongan en cuestión la credibilidad y la viabilidad de los objetivos de más largo plazo, y en especial establecer una democracia participativa y un modelo económico de bienestar que sea social y ambientalmente sostenible.

Los problemas que hoy afectan su identidad y su identificación por la sociedad no invalidan ni la vigencia de la izquierda como vector de ideas y valores y representación de intereses, ni menos las causas estructurales de su existencia histórica. Mientras haya desigualdad económica, depredación ambiental, discriminación de género, social, étnica y de preferencia sexual, habrá izquierda. Y parece que todavía por algún tiempo.