¿Recomposiciones en la izquierda?

En El Mostrador

En estos días se viven recomposiciones en diversas organizaciones que configuran el vasto mundo de la izquierda, disperso y fragmentado en medio de un escenario que cambió totalmente desde el 18 de octubre. Pero igual se puede afirmar que su rol en el presente y en el futuro próximo es indispensable para una salida constructiva de la crisis actual. También que la crítica de la izquierda al orden actual está bastante más reivindicada por los hechos históricos recientes: el modelo de democracia restringida y de mercado máximo/Estado mínimo colapsó en Chile.

Este es un colapso de su forma extrema nacida en dictadura y defendida hasta hoy por el mundo conservador, pero también en su forma morigerada, al ser defendida por la llamada "centroizquierda" que hizo de "necesidad virtud" al acomodarse a instituciones que no reflejan la voluntad social mayoritaria. Una que además perdió en el camino la voluntad de cambiarlas, en el caso de la parte de la dirigencia política del fin de la dictadura y la transición que logró derrotar, en medio de una intensa lucha política que hoy se da por inexistente, a quienes persistieron en el proyecto de terminar con el sistema de vetos minoritarios de la derecha. Una que terminó acomodándose a un modelo económico que mantuvo en niveles inaceptables la concentración de la riqueza y de los ingresos, más allá de avances significativos en materia de condiciones de vida, de empleo y de ingresos. Pero estos avances no desmienten lo principal: persistieron, a pesar de los esfuerzos del mundo político y social de orientación crítica, instituciones que no reflejan la soberanía popular y un funcionamiento económico altamente desigual, concentrador y ambientalmente depredador.

Cabe ahora en esta nueva etapa rediscutir –y reafirmar– lo específico de una opción de izquierda democrática: mantener vivas las ideas socialistas de emancipación de la sociedad de las estructuras de dominación de una minoría oligárquica sobre la mayoría, para dar paso a un orden democrático socialmente justo, paritario y ecológicamente resiliente. Esto debe traducirse en una acción política de construcción desde la ciudadanía y sus movilizaciones de nuevas estructuras políticas, sociales y económicas que consagren el fin del dominio oligárquico. El horizonte debe ser avanzar a un bienestar colectivo social, territorial y ambientalmente sostenible, en el que cada cual sea tratado con igual dignidad, consideración y respeto. Y siempre con las reglas de la democracia.

A partir de una reforzada identidad de la izquierda democrática, se podrá proponer respuestas a la demanda social por cambios a través de rediseños de instituciones y de políticas públicas, empezando por la reforma política urgente que Chile requiere. Ahí hay una secuencia de trabajo para:

a)  Lograr, a pesar de los innumerables obstáculos existentes, empezando por el quorum de 2/3 de aprobación, una nueva Constitución que garantice derechos, revitalice la representación y la deliberación combinada con democracia directa y establezca el principio de que gobierna la mayoría y no la minoría, aunque esta tenga el derecho pleno a existir y a procurar transformarse periódicamente en mayoría.

b) Construir una nueva alternativa coherente de gobierno para el período 2022-26, que nazca de las convergencias en el proceso constituyente, pero sin la presencia de actores que bocoiteen desde dentro el programa de transformaciones. Gobernar por gobernar no tiene sentido y termina llevando a crisis como la que estamos viviendo.

Una nueva coalición de gobierno alternativa a la derecha debe ser ahora coherente y proponerse de manera consistente y realista diseñar y poner en práctica una desconcentración, diversificación y reconversión sostenible de la economía y una fuerte descentralización y profesionalización del Estado, junto con reforzar la capacidad regulatoria gubernamental.

Debe contener las tarifas de servicios básicos y el precio de los medicamentos, impidiendo las utilidades indebidas que hoy prevalecen.

Lograr una nueva distribución de los ingresos en la empresa (con salarios mínimos más altos y una negociación colectiva efectiva más allá de la empresa), redistribuciones adicionales significativas a través de un sistema de impuestos y transferencias progresivas –empezando por financiar una pensión básica universal y una asignación familiar sustancial que saque a los adultos mayores y a los niños de la pobreza– y una reconstrucción efectiva de los servicios públicos.

Se deben lograr avances sistemáticos, lo que requerirá de importantes reformas institucionales y en su financiamiento, en la cobertura y calidad de la atención de la infancia, la educación, la salud, las pensiones y los servicios urbanos, articulados con los órganos descentralizados en cada territorio.

Una nueva institucionalidad legítima, la diversificación sostenible y una redistribución de ingresos y de activos no solo no dañarán la economía, sino que le darán nuevos impulsos. Es con la actual arbitrariedad y desigualdad que las empresas no tendrán ningún futuro.

¿Por qué no imaginar, para alcanzar estos fines, una coalición antioligárquica que vaya desde el Frente Amplio, el PC y los regionalistas y lo que quede de izquierda tradicional, invitando desde ahí al centro progresista y a todas las nuevas fuerzas autónomas e independientes emergentes que quieran avanzar a un país con grados básicos de decencia y de calidad de vida para todos?

Hay quienes insistirán en cursos alternativistas que rompan con la "vieja política" y cualquier cosa que se parezca al pasado. La crítica al pasado siempre es necesaria, pero negarlo mesiánicamente es un error y un imposible, aunque sea recurrrente y parte de los procesos políticos e intergeneracionales. Cabe recordar que eso es lo que postuló en Chile una parte de la generación de los años 60, que terminó articulándose con la izquierda histórica, aunque algunos que usaron tonos altos viraron finalmente a la derecha y a la defensa de los intereses de la gran empresa.

Vista la experiencia histórica, los tonos de la consistencia y de la coherencia en el tiempo son más recomendables.

La pulsión refundacional mueve, también hoy, a una parte de la generación salida de las movilizaciones del 2011, la que en una década ha logrado bastante menos que sus promesas, "porque no ha tenido la fuerza suficiente". Con eso su crítica destemplada a la izquierda que le antecedió, que evidentemente tampoco logró muchas de sus aspiraciones por "no tener la fuerza suficiente", va mostrando su falta de perspectiva. La tarea de transformación de la sociedad es larga y progresiva y no solo una de momentos de paroxismo. Ni de mera voluntad de algunos líderes, sino de procesos sociales amplios y persistentes. Requiere de articulaciones variadas. El mesianismo en política siempre termina por caer por el propio peso de su falta de capacidad para lograr los objetivos que se propone y/o su falta de capacidad para mantenerlos en el tiempo.

La política de izquierda y transformadora no es "vieja" o "nueva", es "buena" o "mala" para resolver los problemas de la mayoría social y, en esta coyuntura, para reconstruir democráticamente las bases de la República y terminar con el orden oligárquico renacido después de 1973 con la violencia que sabemos. Para abordar esa tarea democrática colectiva, será menester lograr nuevas síntesis y no cultivar divisiones nacidas de identidades y particularismos respetables pero inconducentes.

Alternativas democráticas a la concentración del capital

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En El Mostrador

Las 500 personas más ricas del mundo aumentaron su patrimonio en nada menos que 25% en el año 2019, según el índice de Bloomberg. Así va el mundo, dominado hoy más que nunca por la lógica de la acumulación ilimitada de capital. La consecuencia es llevar la desigualdad a niveles cada vez más inaceptables socialmente (como se demostró en Chile a partir del 18/0, en uno de los países en que el 1% más rico concentra una de las mayores proporciones de patrimonio e ingresos en el mundo) y de paso llevar la depredación del planeta a límites que hacen peligrar la propia sobrevivencia de la especie humana por un desorden climático generalizado.

Ya cada vez más voces urgen establecer, además de cambios en los modelos de producción y de consumo, un impuesto al patrimonio para disminuir la alta concentración de activos en pocas manos, como el propuesto por Zucman y Saez y promovido por varios candidatos demócratas en Estados Unidos, junto a terminar con los paraísos fiscales, siguiendo las propuestas de Stiglitz, Piketty y otros.

Poner límites a la concentración de capital debe ser también parte de la plataforma de una nueva izquierda en Chile, como lo propusieron economistas como Nicolás Grau y otros, junto a restablecer el impuesto a las ganancias de capital como existía en 2002 y terminar con la renta presunta. Se debe, además, establecer regalías mineras con una mayor progresividad de tasas según la rentabilidad de la extracción, pues se trata de recursos que pertenecen a todos los chilenos, junto a fortalecer CODELCO y crear una Empresa Nacional del Litio que lidere la reconversión a la electromovilidad en vez de los fallidos intentos de asociación con transnacionales promovidos por CORFO.

Los cambios tributarios por venir deben disminuir el peso de los impuestos al consumo y minimizar los mecanismos de evasión y de fuga al exterior. Y combinarse con un mecanismo como el propuesto por Jeannette von Wolfersdorff para transferir de 10 a 25% de las acciones de las empresas a un fondo público cuya rentabilidad complemente los ingresos de los grupos más vulnerables y financie la elaboración de estrategias de diversificación económica. 

Además, debe reformarse el impuesto a las herencias y transferirse el capital heredado a partir de, digamos, un millón de dólares (la legitimidad de los herederos de grandes fortunas para retenerlas es simplemente igual a cero) a ese fondo patrimonial público cuya rentabilidad financie la diversificación económica mediante el apoyo a objetivos, como propone Mariana Mazzucato, en la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para transitar a un nuevo modelo productivo social y ambientalmente sustentable. Esto puede empezar por dar un fuerte impulso -con más tecnologías adaptadas o propias- a las energías renovables. En este tema clave del futuro, Chile tiene un amplio potencial y puede llegar con menos dificultades que otros a la carbono neutralidad en 2050 y al 100% de generación eléctrica con fuentes renovables en 2030.

Asimismo, debe canalizarse la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas haciendo efectiva la modalidad de distribución del 30% de las utilidades después de impuestos a los trabajadores una vez al año, terminando con la incorporación al salario que hoy permite la ley y diversas elusiones. Se trata de algo bastante elemental: que las empresas compartan con los trabajadores una parte de sus utilidades cuando estas se producen, lo que de paso contribuye potencialmente a aumentos de la productividad del trabajo. En materia salarial, el nivel actual de madurez de la economía chilena permite proponerse como sociedad que el salario mínimo asegure en plazos breves a todo trabajador de jornada completa un ingreso que al menos cubra la línea de pobreza para el hogar promedio de 4 integrantes y alcance 500 mil pesos líquidos, con una transición mediante un subsidio mayor que el planteado por el gobierno para cubrir la diferencia con el mínimo legal hoy todavía en 301 mil pesos brutos para las empresas con ventas anuales inferiores a las UF 100.000. Para que los subsidios a la remuneración del trabajo no se transformen en subsidios a las utilidades, deben ser temporales y acompañar transiciones, sin perjuicio de mecanismos permanentes para jóvenes, mujeres y personas con capacidades diferentes.

El gobierno en ejercicio se ha mostrado incapaz de abordar un agenda de cambio como la señalada, y persiste en maniobras de corto aliento para intentar “dejar atrás” la rebelión social iniciada el 18/0. No ha querido dar pasos consistentes en temas que ya evidentemente no se sostienen, como un sistema privatizado que no provee pensiones con tasas de reemplazo mínimamente decentes, un sistema segmentado de salud (uno para los altos ingresos, otro para los militares y otro para el resto) con deficiencias múltiples, un sistema educacional privatizado y clasista como en ninguna parte del mundo y ciudades segregadas. El gobierno actúa como si la sociedad debiera aceptar sin más los salarios y pensiones bajas y la provisión deficiente de salud, educación y servicios urbanos. En definitiva, parece dispuesto a todo para evitar un nuevo pacto social en Chile que ponga en cuestión la dominación del 1% más rico sobre el resto de la sociedad.

En 2020, el gran hito será el plebiscito de abril y la probable elección en octubre de constituyentes, cuya misión será redactar en 2021 una nueva constitución. En ese proceso, una mayoría se pronunciará, según lo previsible, por garantizar derechos civiles y políticos y también económicos, sociales, culturales y ambientales en línea con los pactos internacionales suscritos por Chile a lo largo de los años. Salvo que algún tercio vete la garantía de esos derechos, lo que de manera absurda se incluyó en el acuerdo de habilitación de una nueva constitución. Recordemos que la constitución de 1980 establecía un quórum máximo de 3/5, probablemente porque a los que la redactaron un quórum mayor les debe haber parecido impresentable para cualquier canon democrático. Pero desde 1989 los rubores desaparecieron y se inició el camino de imponer los 2/3 para todo lo fundamental, lo que fue erróneamente aceptado por los que negociaron la transición y que desde entonces se prolonga.

Una nueva constitución no está llamada a definir políticas económico-sociales específicas o a imponer conductas propias de la libre decisión individual. Si deberá establecer los derechos fundamentales y los deberes hacia la comunidad y sobre todo habilitar la acción efectiva de gobiernos periódicamente electos que puedan actuar de acuerdo a las preferencias mayoritarias. Hoy la institucionalidad en buena medida no lo permite, aunque los espacios existentes no han sido utilizados por las coaliciones de gobierno como se podría haber hecho, por ejemplo en materia de impuestos, reglas laborales y previsionales. Esto no fue posible por la presencia de fuerzas conservadoras de bloqueo en las coaliciones desde 1990 y por directa defensa de los intereses oligárquicos en los dos gobiernos de derecha. 

Las opciones mayoritarias de la sociedad ya no pueden, salvo asumir un escenario de rebelión social permanente, seguir siendo frustradas ilegítimamente por candados y vetos constitucionales o por un tribunal constitucional de bloqueo de las mayorías. Chile puede tener una institucionalidad y un gobierno con nueva legitimidad a partir de 2022, nacido de la libre evolución democrática de mayorías y minorías en el común respeto de los derechos fundamentales, que le permita abordar los desafíos de una prosperidad compartida y sustentable, con un orden público democrático. Pero siempre está la alternativa de persistir en la mediocridad del empate forzado o en la reiteración del conflicto social permanente nacido de desigualdades inaceptables. Las opciones que se resuelvan en 2020 serán, entonces, fundamentales para el futuro y para tener un país en el que la concentración del poder y la riqueza no sea su signo principal.

Sobre la paridad y las listas cerradas

En Cooperativa.cl

El trabajoso proceso constitucional - decisivo para el futuro del país - tiene la tarea de completar los temas que fueron dejados de lado en el acuerdo del 15 de noviembre, en la comisión técnica posterior y en la reforma constitucional promulgada el 23 de diciembre de 2019. Uno de ellos es el de la paridad de género en la elección de miembros de la Convención Constitucional. Esto es importante para la Convención, pero también como esquema permanente, pues probablemente el acuerdo al que se llegue será el que prevalezca en el futuro sistema electoral.

La UDI ha planteado, y con ella más tarde todo el oficialismo, el rechazo a lo aprobado en la Cámara con corrección de género posterior a la elección.

Promueve ahora un sistema de lista cerrada con hombres y mujeres alternados. Es mejor que las dos papeletas, una de hombres y otra de mujeres, de la que también había hablado la UDI, pero que era una obvia vuelta al sistema binominal por la poca amplitud numérica de los escaños a elegir en la mayoría de los distritos.

Como la UDI es un partido esencialmente autoritario y vertical, busca que la jerarquía partidaria determine la prelación de nombres en las listas de candidaturas y, por tanto, defina a los que tienen más posibilidades de elegirse.

No obstante, no todo es rechazable en este esquema. Puede tener diversas virtudes, además de asegurar al menos un 40% de paridad de género.

Partamos por considerar la corrección de género después de la elección, aprobada en la Cámara de Diputados. Este mecanismo puede dejar a muchas mujeres que terminen electas con menos votos que los hombres que sustituyan sujetas a un pernicioso cuestionamiento de legitimidad. En la lista cerrada este no es el caso, pues se vota por un equipo paritario.

Respecto a los independientes que los partidos inviten a ser parte de sus filas, su presencia (o no) en la parte elegible de la lista expresaría la voluntad real de que sean parte (o no) del órgano representativo que se elige. Así se disminuye la invitación manipulada sin elegibilidad.

Por otra parte, lo que se pacte debe incluir la inscripción autónoma de independientes con firmas de un piso de solo 0,5% de los electores en cada distrito y la posibilidad de inscribir de listas de independientes asociados por algún fin común con el mismo número de firmas, con la opción de que se vote por individuos o por colectivos, para permitir la representación de la sociedad civil y evitar el monopolio de los partidos tradicionales.

Otra virtud del esquema comentado es que aunque la lista cerrada le resta a los ciudadanos la posibilidad de elegir personas directamente - aunque lo hacen al ver y sopesar los/as cabezas de lista que tendrán mayor posibilidad de elegirse - permite que se presenten equipos ante la ciudadanía y no solo individuos que se aglomeran en sociedades de intereses personales, lo que desgraciadamente son hoy algunos partidos políticos.

Creo que esta es una de las causas del deterioro radical del sistema político chileno, con demasiadas personas que están en política al margen de proyectos colectivos. Muchos están más bien en la promoción del interés propio, con el trasfondo de la ambición de llegar a transformarse en caudillos (figura que tiene una larga - y bastante nefasta - historia en nuestros países) y adhieren a partidos de manera esencialmente utilitaria. Su generalización es hoy el neoliberalismo en acción en la política.

Como observarán, de lo dicho se deduce que la oposición debiera tomar la propuesta de la derecha en materia de paridad y listas cerradas, pero complementándola con bajas barreras a la entrada tanto de independientes como de listas de independientes.

Esto es desde luego mejor que nada, pero es, además, un esquema con virtudes suficientes, partiendo de la base que también tiene defectos y que no hay sistema electoral perfecto.

¿Está obsoleta la izquierda en el siglo XXI?

En El Mostrador

Cada vez con mayor frecuencia es posible encontrar en el azar de las lecturas cotidianas la afirmación de que la izquierda estaría hoy obsoleta por haberse quedado pegada en el siglo XX y sus temáticas. Esto lo afirma la derecha pero también desde Guido Girardi a Oscar Landerretche (h) y Carlos Ruiz, los unos para justificar sus propias posiciones, los otros para enfatizar las insuficiencias de la izquierda histórica como si no tuviera ningún mérito rescatable y así afirmar un alternativismo generacional que está de moda. Otros llegan a escribir que la izquierda tiene pánico a perder su identidad si va logrando sus objetivos, y otras cosas creativas de esa índole. Pero sigo sin encontrar algo que se parezca a un argumento de peso para sostener semejantes afirmaciones, una vez que se despeja que no hay izquierda perfecta, ni agrupación humana alguna que lo sea, desde luego.

Y cabe vincular este tipo de afirmaciones con aquello de que "los demás no entienden lo que pasa y yo con mi sapiencia se los voy a explicar". Como si los demás no pensaran ni deliberaran y fueran unos necios porque tienen otras ideas y centros de interés que las propias. Lo cual no debe impedir defender con firmeza las opiniones que se tenga, pero reconociendo que son tales y no verdades reveladas o garantizadas por el manto de alguna seudociencia. O bien enunciar proposiciones -más allá de las simples opiniones y afirmaciones- pero con la disponibilidad de someterlas al rasero de algún razonamiento lógico y/o de contrastación empírica fundada en algún tipo de demostración. Solo así podremos pedir con legítimidad que nuestras afirmaciones sean consideradas por los demás, y eventualmente aceptadas aunque siempre temporalmente hasta demostración de lo contrario, como diría Karl Popper. Esta es una de las principales lecciones de la modernidad a la que no cabe renunciar en aras de los tiempos convulsos.

Vamos a lo nuestro: evidentemente el mundo ha cambiado aceleradamente desde la revolución industrial, así como lo han hecho la configuración del capitalismo global y las estructuras productivas locales y las internacionalmente integradas desde fines del siglo XX. Como resultado, el trabajo y la sociabilidad se han transformado considerablemente. Y el afán de lo cotidianamente nuevo, de la “página en blanco”, del eclecticismo post-moderno, han construido una representación un tanto particular del mundo actual. Tomemos como ejemplo las "fake news". ¿Alguien piensa seriamente que nacieron con las redes sociales o que estas las iban a evitar? La mentira, la tergiversación y su manipulación por esferas de poder son "más antiguas que el pan", que, como hoy sabemos, fue inventado hace al menos 14,4 mil años. Otro ejemplo:¿han cambiado las redes sociales y las nuevas tecnologías los fundamentos del funcionamiento del inconsciente en las conductas humanas? Tal vez muchos significantes, pero no en demasía los significados, como diría Lacan. Internet y las redes sociales han acelerado y multiplicado muchas cosas. Pero se llega a afirmar que la sociedad ya sería radicalmente otra, como Byung-Chul Han, que nos propone la idea de la autoexplotación generalizada a través de las redes y la consecuente “sociedad del cansancio”. Para no hablar de la bioingeniería que prepararía una sociedad de posthumanos, y otras especulaciones.

¿Ha cambiado la sociedad hasta ese punto?

Habemos quienes opinamos que las estructuras sociales, los elementos fundantes de la sociabilidad y la cultura y los sistemas de centro y periferia a escala mundial, mantienen muchos de sus rasgos y no han cambiado en lo esencial en los últimos 50 o 100 años, que son los que han modelado nuestra actual sociedad y sus conflictos, sin perjuicio de constantes de la condición humana que no parecen estar cerca de desaparecer.

La izquierda nace de la realidad post feudal y colonial para reivindicar derechos de los trabajadores asalariados y precarios, ya no sujetos a la explotación de la tierra como en los modos de producción anteriores sino a la producción industrial o extractiva mecanizada. Ha aumentado primero y disminuido después el peso de los trabajadores ligados a ese tipo de producción, en faenas repetitivas concentradas y sin calificación. Ha aumentado una división del trabajo parcelada y desterritorializada, así como el peso de los servicios a la producción y a las personas, con una fuerza de trabajo de mayor calificación. Los servicios son ya el principal componente de la actividad económica en casi todas partes. En Chile representaron en 2018 cerca del 70% del PIB,aunque de baja complejidad, contra un 58% hace 25 años. mientras la minería y la industria pasaron cada una del 15% al 10% del PIB respectivamente.

Todo esto ha cambiado, junto a la urbanización acelerada, el mundo de los que tienen que trabajar para (sobre)vivir y cuya emancipación la izquierda se propone contribuir a viabilizar. Pero la causa esencial que dio nacimiento a la izquierda permanece: la sociedad se divide entre, por una lado, una pequeña clase propietaria que concentra el grueso de los activos y del excedente económico -con el cual suele además controlar el poder político- y, por otro, todos los sectores de la sociedad que (sobre)viven de su trabajo subordinado, es decir los asalariados, los pequeños productores independientes y el "precariado", como diría Guy Standing, de inserción inestable.

En Chile, el trabajo asalariado representa el 70% del total, sin grandes modificaciones en el tiempo. El trabajo por cuenta propia representa hoy una proporción no muy distinta a la de 40 años atrás, es decir inferior al 20% del total del empleo. El trabajo informal, por su parte, llega a cerca de 30% del mismo.

No hay nada más actual que procurar la (auto)organización de los asalariados en defensa de sus intereses y la construcción de representaciones políticas con poder suficiente para obtener un control al menos parcial (con una socialdemocracia reformista y sus variantes) o sistémico (con un socialismo revolucionario o transformador y sus variantes) de ese excedente y de los activos y las rentas económicas apropiadas ilegítimamente por los dueños del capital en las finanzas, las tecnologías, la distribución, los servicios básicos monopólicos y en los recursos naturales privatizados. Esos clivajes, como dice una cierta ciencia política actual (cabe llamarlas más bien oposiciones sociales fundamentales), ¿han acaso desaparecido?

Nada sería una mejor noticia, pero ahí están la discusión sobre el salario, las pensiones contributivas (que no son otra cosa que salarios diferidos)  y los servicios básicos como una de  las causas principales de las movilizaciones de estos días en Chile, o en Francia y otros lugares del mundo. Los conflictos por el control del excedente y los activos económicos siguen más presentes que nunca. Los que consideran este tema como algo obsoleto no parecen haber visto las cifras de concentración económica en Chile y el mundo y suelen más bien haber tomado partido por los dueños del capital en la pugna distributiva, ya sea por convicción o por las necesidades emanadas de la prestación de servicios al propio capital, voluntaria o involuntariamente (la lectura de Capital e Ideología, el nuevo y grueso libro de Thomas Piketty, es muy ilustrativa al respecto).

Pero al menos los polemistas podrían ahorrarse sus ataques a la izquierda, que sigue en lo esencial definiéndose alrededor de algo que no ha desaparecido para nada: el conflicto de intereses entre trabajo y capital. A los utopistas del reemplazo del trabajo por máquinas y tecnologías, cabe oponerles las reflexiones de Paul Kugman: esto es muy antiguo y lo nuevo -automatización más inteligencia artificial- no hará desaparecer el trabajo sino que lo transformará. Y menos desaparecerá la lucha por el control del excedente económico y su destino privado o socializado, cualquiera sea la combinación futura entre trabajo humano directo y automatización.

Además ese conflicto, y por las mismas razones, se ha extendido a la relación capital-naturaleza, pues el afán de acumulación del primero se basa en depredar a la segunda. Pero en este caso, lo hace hasta el punto de poner en cuestión la propia sobrevivencia del planeta. Ese conflicto siempre incluyó, aunque no haya sido reivindicado en la esfera política y cultural con la fuerza suficiente hasta el presente, la subordinación de una parte sustancial de las mujeres en un rol de reproducción doméstica no remunerada para que los asalariados hombres estuvieran disponibles como fuerza de trabajo. La subordinación de la mujer en las diferentes sociedades patriarcales es prolongada en el capitalismo bajo nuevas formas (lo que muestra Nancy Fraser), dado el carácter eminentemente masculino del poder empresarial, como también estuvieron reprimidas la diversidad sexual y variadas identidades culturales. La causa ecológica y la causa feminista, la de la diversidad sexual y la de las identidades originarias y contemporáneas, agregan más razones para situarse en la izquierda, es decir para proponerse la emancipación de las sociedades del dominio del capital, del patriarcado y del conservadurismo cultural. (Un comentario: mucha gente prefiere llamarse progresista en vez de izquierdista, pero ¿quién podría oponerse a la idea de progreso? Algunos pocos lo hacen, pero no alcanza para “clivaje”).

Lo mismo puede decirse de la relación entre centros y periferias. La ruptura del monopolio de los centros de poder político y económico europeo occidental y estadounidense que dominaron los siglos XIX y XX es evidente. La emergencia de China e India en el escenario de hegemonía económica y tecnológica, aunque aún no política, ha puesto en cuestión este monopolio desde alrededor de los años ochenta del siglo pasado (recuperando su rol previo a 1800, dicho sea de paso). Pero en la escena mundial, como destacaba Immanuel Wallerstein, ¡siguen habiendo centros y periferias! Adivinen quienes tienen más poder en el mundo de hoy: ¿los centros o las periferias?.

Cabe preguntarse si existe, entonces, algo sustancialmente nuevo para América Latina y Chile en materia de búsqueda -hoy bajo otras formas- de una inserción más favorable en las cadenas internacionales de valor y en la distribución internacional de poder, en las que tiene un rol subordinado desde el siglo XVI. Si algunos piensan que la globalización actual es un destino inevitable, acepten que otros pensemos que lo inevitable son las pugnas por los roles de los distintos actores en los sistemas centro-periféricos y que defendamos políticas industriales autónomas, diversificaciones, protección y regalías para captar la renta de los recursos naturales, cooperaciones e intercambios no tradicionales y otras yerbas para hacer de los nuestros unos países que no estén meramente sujetos a los vaivenes del capitalismo financiero globalizado y sus crisis recurrentes y a modelos de producción y consumo depredadores. Y que nos sumemos a los esfuerzos de una economía sostenible para contener el cambio climático de origen humano que hoy amenaza el planeta.

Si la izquierda es aquella que en la pugna distributiva inherente al capitalismo se define no ya a favor de la acumulación concentrada de capital sino de los intereses del trabajo -por mucho que este sea hoy más heterogéneo y diverso que en el pasado-, de la producción social sostenible y de la regulación pública, entonces la izquierda no está obsoleta sino que más vigente que nunca. Si es aquella que se declara contraria a las discriminaciones y favorable a los intereses de las periferias dominadas y a un destino sostenible del planeta, entonces es una alternativa que no está aferrada al siglo XX, sino a las luchas actuales por la emancipación de las sociedades humanas, aún cruzadas como están por disparidades inaceptables de poder que no aseguran su continuidad civilizatoria o ecosistémica.

El problema de la izquierda es más bien directamente político: las derivas estalinistas, antidemocráticas y caudillistas en su nombre provocaron y provocan un daño a su tarea emancipadora. Y también la deriva social-liberal (que tiende a autodenominarse de "centro-izquierda") hacia compromisos y connivencias de largo plazo que desdibujan la identidad del proyecto democrático e igualitario al preservar lo esencial del dominio del capital sobre el sistema político, la economía y la sociedad. Los compromisos de corto plazo son, en cambio, siempre necesarios, pues ningún proceso emancipatorio es instantáneo y sin transiciones. Pero cuidando, y eso es lo propio de la política de izquierda bien concebida, que consoliden avances y no pongan en cuestión la credibilidad y la viabilidad de los objetivos de más largo plazo, y en especial establecer una democracia participativa y un modelo económico de bienestar que sea social y ambientalmente sostenible.

Los problemas que hoy afectan su identidad y su identificación por la sociedad no invalidan ni la vigencia de la izquierda como vector de ideas y valores y representación de intereses, ni menos las causas estructurales de su existencia histórica. Mientras haya desigualdad económica, depredación ambiental, discriminación de género, social, étnica y de preferencia sexual, habrá izquierda. Y parece que todavía por algún tiempo.

¿Qué nos depara el 2020?

En La Tercera.com

Partamos por la economía. El nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, prevé un crecimiento entre 1 y 1,5% en 2020, es decir un segundo año de cuasi estancamiento. El Banco Central, por su parte, proyecta una disminución de la inversión el próximo año y un crecimiento entre 0,5% y 1,5%. El Banco Central presenta un panorama sombrío sobre el empleo en su informe más reciente: “de mantenerse la relación histórica entre la demanda de trabajo y la actividad, y de no producirse cambios significativos por el lado de la oferta, la tasa de desempleo podría superar el 10% a inicios de 2020”. Pero el Banco Central no ha demostrado mucha capacidad de anticipar la coyuntura. Llegar tarde se ha hecho una costumbre para la política económica. Pero nadie podría hoy hacer previsiones con mucha exactitud, dada la volatilidad externa y ahora interna. Pero si construir escenarios. 

Un primer escenario para 2020 es una reacción minimalista al choque social que prolongue las debilidades de la economía. Entre estas se cuentan los efectos cada vez más notorios de la falta de diversificación que limita el crecimiento del PIB y del empleo. Y también de una concentración del patrimonio, los mercados y los ingresos que provoca una creciente falta de dinamismo de las remuneraciones para sostener el consumo y un aún mayor debilitamiento de la escasa movilidad social. Esto, a su vez, tensa las relaciones sociales y limita la innovación, la creatividad y el horizonte de inversión, y por tanto el crecimiento a largo plazo. La mantención de un escenario externo poco favorable a las exportaciones chilenas tradicionales podría acentuar la tendencia al estancamiento y consolidar una “trampa del ingreso medio”, con la consecuente incapacidad de insertarse en cadenas de valor de mayor productividad y la persistencia de una alta conflictividad social y política. Este escenario, que podría agravarse con mayores turbulencias externas y eventuales pérdidas del dinamismo del consumo, además del de la inversión, podrían afectar las expectativas y llevar a proyectar crecimientos del orden del 1% para 2020 y 2021. 

Otro escenario es el que se apoya en la resiliencia que han demostrado tener la sociedad y la economía chilenas frente a situaciones adversas, pero que requiere de un fuerte impulso keynesiano de reactivación de la demanda interna en el corto plazo. Su énfasis debiera estar en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, en más facilidades financieras para las Mipymes y en programas de empleo para los jóvenes. Y estar basado en un nuevo pacto social con una revalorización sustancial de los ingresos mínimos y medianos del trabajo y de las pensiones, junto a activas políticas de inserción de los que no trabajan ni estudian. No hay peligro inflacionario a la vista y las tasas de utilidades en muchas actividades podrían absorber, adaptación mediante, una nueva distribución del excedente entre capital y trabajo. En el mediano plazo, políticas más activas de formación continua podrían canalizar el esfuerzo educativo de los últimos quinquenios para producir incrementos de productividad, una mayor diversificación productiva y una expansión de las energías renovables y de la economía circular, de futuro promisorio en Chile, y acercarse a un crecimiento potencial que se puede estimar en un 3-4% anual. Esto, junto a una negociación colectiva efectiva, favorecería la creación de empleos con derechos. 

Sigamos ahora con la política. Para contener el acoso de la protesta social, y con la seguridad de contar con un veto si la derecha reune al menos 1/3 en el órgano que redacte una nueva constitución, Sebastián Piñera dio el aval a una reforma constitucional -que fue aprobada por amplia mayoría en el parlamento el 19 de diciembre- para realizar, con voto voluntario, un plebiscito en abril de 2020. En este se preguntará, como sabemos, sobre la aprobación o rechazo a la elaboración de una nueva constitución y, en caso de aprobación, sobre la opción de una convención constituyente con delegados especialmente electos o con una mezcla de parlamentarios en ejercicio y de delegados electos. 

Las encuestas indican que ganará con creces tanto la opción de una nueva constitución como la convención sin parlamentarios. Los delegados serán, entonces, elegidos en octubre de 2010 junto a la elección de las autoridades regionales y municipales. Está previsto que luego, durante 9 meses, extensibles a otros 3, se elabore la nueva constitución con un quorum de aprobación de 2/3, cuyo resultado será también plebiscitado. 

La pregunta que permanece sin respuesta es si las medidas sociales y políticas tomadas por el gobierno serán suficientes para canalizar la rebelión social de octubre-diciembre de 2019 por las vías institucionales previstas. Permanecerá un ambiente de rechazo al gobierno y en especial al presidente Piñera, lo que es clave en un régimen presidencial. La herida provocada por la represión policial masiva en un amplio segmento de jóvenes -recordemos que en Chile existe en la actualidad 1,2 millones de estudiantes en la educación superior y medio millón de jóvenes que no trabajan ni estudian- los inducirá a mantener formas activas de movilización callejera periódica y eventuales violencias urbanas. 

La clave del futuro político inmediato estará en si vuelve o no a producirse la confluencia de esas expresiones juveniles radicalizadas con el descontento de los sectores de trabajadores y segmentos medios que reciben bajos salarios y pensiones y acceden a servicios de salud y educativos de baja calidad, en un contexto de fuerte endeudamiento de los hogares. La amplia mayoría no verá su situación mejorada con las recientes medidas del gobierno. Estas se remiten a los salarios y pensiones más bajos, mientras la suma de la desaceleración económica previa y los efectos de la crisis social agravarán el descontento y los factores de inestabilidad en las condiciones de vida de los sectores populares y medios. 

El gobierno propondrá en los próximos meses, al parecer, más reformas en pensiones, salud y educación superior. Pero esto provocará una mayor división en su coalición, una parte de la cual sigue defendiendo el "modelo" y no quiere ampliar el rol del sector público ni redistribuir ingresos. Y ve con recelo el cambio constitucional, aunque en él esté asegurado su poder de veto por el mecanismo de decisión por 2/3 en la elaboración de la nueva constitución que le fue aceptado por la mayor parte de la oposición parlamentaria. Incluso, el 20 de diciembre, el partido UDI declaró que "congelaba" su pertenencia a la coalición de gobierno, dado que sus partidos socios prestaron apoyo a la integración paritaria de la Convención Constitucional y con cuota para los pueblos indígenas, en caso de aprobarse esa opción en el plebiscito de abril. Este partido considera que estarían haciéndose demasiadas concesiones a la oposición, en una actitud cada vez más ultraconservadora. 

En marzo y abril el escenario será, entonces, de polarización plebiscitaria alrededor de la aprobación o no del proceso constituyente, en el que el partido de origen del presidente, Renovación Nacional, estará dividido en la postura a tomar, mientras el partido UDI estará virulentamente en contra del mismo, junto a la extrema derecha emergente de José Antonio Kast. Solo el partido Evópoli prestará apoyo al cambio constitucional desde la coalición de gobierno. 

Este cuadro favorece los postulados comunes de la oposición en materia social y constitucional, aunque sigue dividida en casi todo y con una gran dificultad para ponerse de acuerdo. No se puede excluir que una parte del actual centro opositor preste aún más apoyo parlamentario al gobierno y reconfigure el escenario político, lo que podría darle algún oxígeno al piñerismo. 

El problema de la gestión política del gobierno, por su parte, es la falta de liderazgo presidencial. Sebastián Piñera se inclina por apoyar el cambio constitucional, dado que reúne una adhesión mayoritaria de la sociedad. Pero será al costo de una posible fractura de su coalición y de la mantención de una gestión gubernamental improvisada al ritmo de las encuestas y análisis de “big data”, como acostumbra el actual gobernante. 

Pasado el plebiscito de abril, se producirá una lucha electoral con el horizonte de la elección municipal y regional de octubre, junto a la probable elección de convencionales constituyentes. La incógnita es cuánto ese proceso será intervenido por las movilizaciones sociales y si se creará o no un ambiente de mayor inestabilidad política.

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La UDI al desnudo

En Cambio21

Ayer, Juan Antonio Coloma declaró en un homenaje a Andrés Chadwick, que reunió a la UDI:

"No nos doblegarán. Nacimos para cambiar Chile. Más que nunca necesitamos recuperar Chile, que no nos arrebaten el país de las libertades, de la familia. Necesitamos enfrentar a la izquierda, que se quiere apoderar del país."

¡Uf! El enemigo sigue siendo la izquierda, y los de la UDI siguen siendo los redentores que necesitan "recuperar Chile" para que no se los "arrebaten".

Coloma se mostró como lo que en definitiva es: el último de los coroneles UDI en ejercicio que acompañaron a Jaime Guzmán en su proyecto mesiánico ("salvar a Chile" de la izquierda y de paso de la democracia cristiana), conservador (defender "los valores de la familia", con mucha hipocresía de por medio, claro está), oligárquico (imponer en la institucionalidad el derecho de propiedad privada y la libertad empresarial por sobre cualquier otro derecho o libertad) y antidemocrático (apoyando primero una dictadura y sus crímenes, aunque digan con cinismo lo contrario, y luego una "democracia protegida" sin soberanía popular y siempre sujeta al veto de la minoría, la de ellos).

Coloma hace lo que en sicología se llama una proyección. Al atribuirle a la izquierda aquello de que "se quiere apoderar del país", está en realidad hablando de sí mismo: es él y lo que representa -la oligarquía dominante- la que se ha apoderado del país (y desde luego en lo económico) y teme que otros se lo "arrebaten". Ahí sigue estando el problema principal de la UDI, y del resto de la derecha: representa los intereses de la minoría oligárquica. Su declinación, aunque demore, ya muestra signos de ser irreversible. La rebelión social de fines de 2019 así parece demostrarlo.

Para la izquierda democrática chilena -me atrevo a tomar en esto la representación de muchos- la UDI no es un enemigo. Es un adversario a combatir y derrotar, por los medios de la democracia y la movilización social, para terminar con el veto y la dominación oligárquica en Chile y establecer un Estado social y democrático de derecho.

Nunca seremos como ellos. Nunca justificaremos respecto de ellos las violencias que ejercieron sobre nosotros. Y tienen un problema: mientras haya injusticia social (que incluye la injusticia de género) y ausencia de libertades reales en la sociedad chilena, siempre habrá izquierda.

Hasta la vista.

Posteo sobre Piñera y la conspiración

En Facebook

Dice Piñera: "nunca lo voy a olvidar, se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada con tecnología punta que buscaba destruirlo todo. Querían incendiar el país (...) Ha habido mucha información de países amigos que indican que aquí hubo algo no fue casual y que fue deliberado".

Ha pasado el tiempo y Piñera sigue sin poder armar su teoría de la conspiración con algún antecedente. Ha tenido que mencionar en su entrevista a la Cadena Ser que existía un descontento con el orden existente, pero agregando que lo principal es que alguien planificó todo como una acción en su contra.

¿Podremos ponernos de acuerdo en que aquí hubo una rebelión social, colectiva, detonada por el aumento del pasaje del metro y su cierre abrupto el 18 de octubre, dejando a la deriva a millones de personas en la capital e iniciando un ciclo de protestas masivas en las calles y de desbordes de violencia destructiva, junto a la acción oportunista de delincuentes y traficantes, sin conducción ni representación? ¿Y que el trasfondo, para los millones que se han movilizado, es el rechazo a la desigualdad y los abusos en la sociedad chilena, encarnados en Piñera?

La respuesta represiva virulenta expresó el pánico de Piñera y su círculo. Se defienden señalando que dieron instrucciones para que no se violaran los derechos humanos y que han dado orden de "instruir sumarios" y "enviar los antecedentes a la fiscalía" frente a los casos numerosos y gravísimos de violencia policial. Pero lo esencial de su conducta ha sido mantener los mandos ineptos y violentos de Carabineros y prestarle el apoyo gubernamental a la represión desatada. Esta se ha concentrado más en los manifestantes que en los saqueos (y se ha dado el caso que algunos de ellos fueron organizados por personal uniformado que delinque o por un concejal de RN...).

El gobierno considera los daños a las personas como una suerte de efectos colaterales inevitables y frente a los cuales no hay mucho que hacer, todo en nombre de "mantener el orden". Y no se ha immutado mayormente frente a los casos de muerte por golpes policiales, de heridos por bala, incluyendo por militares, de violaciones y vejaciones múltiples a mujeres y hombres, de daños oculares y de golpizas en las calles y comisarías. ¿Cuánto se demoraron en parar el uso de escopetas con perdigones que era obvio desde el principio que no eran de goma? ¿Qué han hecho Piñera y su gente para parar los disparos a la cara de bombas lacrimógenas? Sin ir más lejos, y para que no se diga que uno reproduce rumores, a mi en una ocasión me pasaron tres muy cerca a la altura del rostro, disparados a corta distancia. Y ahí están los innumerables heridos graves.

Esta es la verdad difícilmente refutable que se expresó ayer en la acusación constitucional votada en el Senado contra Andrés Chadwick. Los hechos, incluso para quienes prefieren la hipocresía y los arreglos entre honorables antes que la contrastación política, han sido demasiado evidentes, masivos e intolerables.

Así pasarán Piñera y su gente a la historia: como los autores de una respuesta violenta, inepta e inconducente a la mayor rebelión social que ha vivido Chile desde las protestas de 1983-1986 y que jamás se imaginaron que podía ocurrir.

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¿Qué contexto falta? ¿Guerrilleros cubanos y venezolanos?¿Los comunistas? ¿El Frente Amplio? ¿La izquierda que considera legítima la movilización social? Hubo un grupo inicial de algunas estaciones atacadas e incendiadas con coordinación operativa, al parecer. Pero las 70 estaciones de metro fueron destruidas por grupos masivos de personas enfurecidas por el cierre del Metro y enceguecidas irracionalmente, que se autorizaron a sí mismas a destruir bienes públicos como un modo de expresar un hartazgo y rechazar el orden existente, algunos de los cuales, pocos, con un algún trasfondo ideológico más estructurado. No lo fueron por alguna organización "que planificó-la-violencia" contra el pobre Sebastián Piñera. ¿Durante siete semanas? ¿Dónde está la evidencia que lo pruebe? Si esa evidencia aparece, entonces discutámosla. Y desde luego en esto la izquierda organizada, que siempre ha defendido cuidar los bienes públicos, especialmente los que son esenciales a la calidad de vida de las mayorías, no tiene nada que ver. Mientras, tratemos de entender lo que ha pasado en Chile con los instrumentos de la razón, no de la paranoia...