Entrevista en El Desconcierto

Gonzalo Martner: “El principal éxito de mi generación es que a la generación del Frente Amplio no le interese la transición”

El director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la U. de Santiago conversó con El Desconcierto para hacer un diagnóstico del momento actual de la política en Chile, reivindicando las batallas que dio en los años de la Concertación y criticando constructivamente al Frente Amplio. Además, habló de su rol como académico en la formación de funcionarios del Estado.

Por Sebastián Flores@mechtac

La hora de almuerzo se alarga un poco más de lo normal. Es un miércoles del primer semestre en la Usach y mientras los alumnos dejan el casino para iniciar el primer bloque de la tarde, hay una mesa que se transforma en sobremesa. En ella hay tres personas y se debate sobre la situación política en Ecuador tras el triunfo de Lenín Moreno. El postre hace rato se acabó, pero la conversación opera como un plato más.

Cuando Gonzalo Martner Fanta (60) habla de los temas que le interesan pierde un poco la noción del tiempo. O no la pierde, pero la disfruta. Mientras El Desconcierto lo espera en su oficina para iniciar una entrevista, el histórico ex militante del Partido Socialista analiza la contingencia a través de los ojos de un hombre de mil batallas, de alguien que fue militante del MIR en la Unidad Popular, que se fue al exilio y volvió en los ’80 para recuperar la democracia, que participó de la renovación socialista junto a Ricardo Lagos y que fue parte de la fundación del PPD.

Martner entra a su oficina y se excusa por la demora, pero no hay problema. Ahí comenta a la pasada que estaba con un amigo chileno que trabajó en el gobierno de Rafael Correa y que tenían harto que ponerse al día. Él también ha vivido cambios en los últimos años. Hace menos de un año renunció al Partido Socialista y fundó el partido País junto al ex MAS Alejandro Navarro. Quiso formar parte del Frente Amplio, pero diferencias con la forma en que actuaba lo llevaron a suspender su participación a comienzos del 2017.

Por eso, en lo que va de este año, su contribución ha sido desde el análisis político en columnas de opinión y en su trabajo en la academia. “Quienes no estamos ya para cumplir roles de primer plano, eventualmente podemos contribuir con la reflexión y con algo de la experiencia acumulada para formar gente”, asegura desde el despacho en el cual dirige el Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la U. de Santiago.

En media hora de conversación, Gonzalo Martner hizo un exhaustivo análisis del panorama político chileno: del Frente Amplio a Sebastián Piñera, de las reformas de Bachelet al legado de la Concertación. Además, reivindicó su rol desde la academia y habló de la necesidad de recuperar el aparato público de las lógicas empresariales en que funciona su gestión y administración.

El gobierno de Bachelet

“El gobierno de Bachelet en una serie de aspectos ha sido exitoso, pero políticamente ha sido un fracaso. No soy un crítico sistemático de Bachelet, pero convengamos que su proyecto de constatar la desigualdad como el principal problema de Chile es un fracaso. Para poder avanzar en el fortalecimiento democrático chileno se necesitaba reformas que ella misma llamó estructurales y que terminaron siendo reformas de muy bajo calado. Sin embargo, la idea es no transformar eso en un fracaso de las reformas, que es lo que la derecha intenta, porque si se produce este fracaso de la idea de reforma, o más grave aún de la idea de transformación de la sociedad para hacerla más democrática, mucho menos desigual y mucho mas sustentable. Esa triada, por el fracaso del gobierno, puede quedar en manos de una derecha que está extremadamente golpeada, y lo que es peor, deslegitimada”.

El éxito de Piñera

“A Piñera le va bien porque a Bachelet le ha ido mal. Piñera no hace más que presentarse ante los chilenos con eso de ‘mire, si todo el mundo sabe que soy una persona que anda un poquito a las patás con la ley, que soy un acumulador sin mayores escrúpulos, pero gestionó bien y todo el mundo sabe a que atenerse conmigo’. Si la sociedad chilena vuelve a comprar ese discurso quiere decir que estamos en una crisis no sólo de participación, sino también de disgregación de la política a través de la constatación de los actos de corrupción generalizada, los cuales a la derecha y a la población que vota por ella les da lo mismo, porque se entiende y naturaliza que la derecha es así, que el mundo del poder y del dinero es el mundo donde no hay escrúpulos a la hora no solo de contratar trabajadores y respetar sus derechos, sino que también a la hora de hacer negocios. Un triunfo de Piñera sería una derrota moral de toda la sociedad chilena”.

La medida de la Concertación

“La Concertación siempre fue una coalición con luchas en su interior, ya que fue -ni más ni menos- que la confluencia con el centro político que fue partidario del golpe de Estado. Porque dejémonos de tonteras, la Democracia Cristiana, con honrosas excepciones -nueve personas, exactamente- estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. Y sin embargo nosotros tomamos la decisión de pactar con ellos. A esa coalición se sumó, en la última etapa como Nueva Mayoría, el propio Partido Comunista. Entonces esta gran coalición fue evidentemente heterogénea, no sólo por intereses de corto plazo distintos o representaciones historicas distintas, sino que ademas porque son proyectos distintos”.

“A mí lo que me causa un poco de extrañeza es la falta de capacidad de análisis, porque la idea de que la Concertación es un conjunto de gente corrupta dirigida por Enrique Correa, y en su momento por Edgardo Boeninger, es una idea equivocada. La Concertación era una coalición muy amplia, con fuerzas políticas muy distintas y con luchas en su interior. Y como en toda dinámica política, hay quienes ganan y quienes pierden. Por eso yo trato de tomarlo con filosofía, fíjate que la revolución francesa, al cabo de muy poco tiempo, se revirtió fuertemente con figuras tan poco modernas como Napoleón, que citó al Papa y delante de él se puso una corona. Ese acto no era exactamente propio de los principios de la Revolución Francesa. Para que la revolución Francesa fructificara tuvieron que pasar muchas décadas”.

“Las luchas que mi generación dio terminaron en tragedia para muchos. Hay otros que nos tocó -porque las cosas tocan, no las escoge uno- reconstruir la democracia para que nuestros amigos no siguieran siendo masacrados. Y en ese proceso logramos reconstruir en Chile un clima de libertades públicas que no está en cuestión. Hoy, como nunca en la historia de Chile, y con todas las críticas que se quiera, hay una subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Desafío a cualquier historiador a que me diga lo contrario”.

La derrota de una generación

“Muchos de nosotros, por nuestra trayectoria, somos juzgados como ‘¿y ustedes que vienen ahora a querer plantear una tercera alternativa política si fueron parte de la segunda?’. Y está bien, me parece un argumento respetable, sólo que tiene una pequeña contradicción, y es que las cosas no salen de la nada. Pero como se sabe, la historia la escriben los vencedores. Los que dimos estas peleas en otros tiempos perdimos, en el contexto de la Concertación y la Nueva Mayoría, la pelea por la democratización integral del país, la disminución de las desigualdades y el cambio por un modelo de desarrollo sustentable y diversificado. Por tanto, es como que no existimos. O peor aún, como que siempre estuvimos de acuerdo con los otros cuando siempre estuvimos en desacuerdo y peleando con ellos. Yo esto me lo tomo con la mayor filosofía posible, aunque reconozco que de repente es irritante que personas que vienen recién llegando a las luchas sociales y políticas se pongan a dar lecciones a quienes hemos dado luchas un poquito más fuertes y que, en el caso de muchos de nuestros amigos, les significó dar la vida”.

La infancia del Frente Amplio

“De todas formas, yo creo necesaria la conformación de una tercera alternativa política. Yo creo que esta nueva generación tiene un rol gigantesco, porque reestableció las cosas en base cero a partir del 2006 y el 2011. A mí me parece estupendo y genial que se diga ‘mire, estos asuntos de la transición son cosas antiguas, no nos interesan’. Para mí eso es espectacular, para mí ese el principal éxito político de nuestra generación: que a esta generación no le interese la transición. ¡Pero si de eso se trataba! De volver a poner la sociedad chilena en condiciones de autoinstituirse y volver a recuperar su soberanía. Esa soberanía todavía no se expresa plenamente en las instituciones o en la economía, pero en la vida social, en el debate o en la cultura el avance social es muy grande. Entonces esta nueva generación tiene que tener el protagonismo, funcionar en base cero y generar una nueva oferta a la sociedad que no tenga que ver con estas cosas que se naturalizaron”.

“Yo encuentro fantástico que gente como Alberto Mayol o Beatriz Sánchez estén dispuestos a participar ahora en la construcción de una alternativa, porque esto no se trata solo de la figura del tribuno parlamentario. ¿Por qué dejarle a Piñera y a alguien de la Nueva Mayoría el debate sobre el futuro de Chile? Lo digo porque en el Frente Amplio, hasta hace un mes, había gente que sostenía que no había que tener candidaturas presidenciales. Absurdo. Una fuerza política está para disputar -y duramente- el poder en todas partes. Pero para construir una bancada se necesitan posiciones y proyectos. Y hasta ahora no hay ni lo uno ni lo otro”.

“El que gobierna tiene que decir, pero sobre todo hacer y ser creíble en el hacer. Y es evidente que todavía no es posible pedirle al Frente Amplio que lo haga, tiene que tener primero una serie de experiencias. Por eso yo valoré tanto el proceso y el resultado de la eleccion de Jorge Sharp en Valparaíso, porque esa gente que se juntó y determinó su liderazgo a través de una primaria con un proyecto sobre la ciudad. Y fíjate que ese proyecto no es que movilizara a los que no votaban nunca, sino que movilizó a los que votaban. ¿Por qué Sharp ganó? Porque utilizó un método democrático de selección de candidato a alcalde, porque debatió con la sociedad civil y porque a su alrededor construyó una credibilidad personal como líder joven. Y esto hay que hacerlo en todo el país. Yo creo que la fórmula del frente Amplio no tiene 50 discusiones, es más simple: hay que hacer lo mismo que en Valparaíso”.

La tarea del intelectual de izquierda

“El intelectual hoy tiene una primera tarea que es la de producir conocimiento, juicios de hecho de lo que pasa y al mismo tiempo juicios de valor. Es decir, la idea de que el mundo tiene que ser transformado, no solo observado. Para poder transformar el mundo hay que saber en qué consiste. En esa dialéctica, se mueve el trabajo intelectual y académico. En el Chile de hoy, con universidades públicas tremendamente reducidas y con un inmenso sector privado donde hay personas que se definen como intelectuales de mercado -es decir, que elaboran ideas de acuerdo a quien les pague-, hay una labor todavía de recuperación de los espacios institucionales, que significa que las universidades públicas cumplan su rol de ser el espacio natural de la reflexión o de la libertad de cátedra”.

“En Chile hay todavía una discusión que es del siglo XIX. Hay quienes tienen la pretensión de recibir dinero de todos los chilenos para excluir, justamente, a una parte de los chilenos. En la Universidad Católica no hay libertad de cátedra, de pensamiento ni de investigación, no se puede investigar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y en la Escuela de Derecho tienen prohibido llevar trámites de divorcio. La izquierda todavía tiene un debate decimonónico sobre el laicismo que realizar. Desgraciadamente, hay muy pocos que están dispuestos a hacerlo, entre otras cosas también porque muchas veces tienen intereses en unos y otros órganos de este tipo. Por eso, las únicas universidades que aseguran la libertad de pensamiento, incluyendo el pensamiento de derecha y conservador, son las públicas. Es ahí donde se permite que unas y otras expresiones, de manera pluralista, tengan cabida. Esa es una tarea del mundo intelectual de izquierda: defender el laicismo, defender la institución universitaria pública”.

Gerencia y Políticas Públicas

“Yo dirijo un magíster así llamado Gerencia y Políticas Públicas. Creo que tiene que haber suficientes personas que no vayan al Estado a ganar dinero. Al Estado se va a hacer un servicio público, se va a tener una vocación de desarrollar su personalidad, sus esfuerzos, su vida en común y parte de su vida personal en la construcción de una comunidad más vivible, de una sociedad en la cual se pueda vivir mejor. Esa vocación todavía existe en Chile y hay gente que prefiere abandonar la idea de tener dinero como fin en la vida y, por el contrario, les motiva mucho más esta dimensión de ser parte de una comunidad y de servir. pero esto no se improvisa, no solo hay que tener las ganas, hay que tener también las capacidades”.

Alumnos / Gente competente

“Quienes no estamos ya para cumplir roles de primer plano, eventualmente podemos contribuir con la reflexión y con algo de la experiencia acumulada para formar gente. Creo que esa es la tarea que a uno lo motiva para seguir en este esfuerzo que, como digo, es un poco como arar en el mar, es formar gente y decirle ‘estudie, debata, genere un espíritu crítico, amplíe sus fronteras de conocimiento’ cuando no podemos saber hasta donde va a poder llegar, porque si no tiene tal o cual nexo político, una persona mucho menos competente y que ha hecho menos esfuerzos que usted sea el que ocupe una función que usted debiera ocupar. Es un poco duro, pero bueno, uno nunca debe renunciar a lo que uno cree”.

“Yo converso mucho con los participantes de nuestros cursos y es bien dramático, porque la mayoría de las veces ellos tienen la percepción de que formarse, desarrollar capacidades y competencias no se traduce necesariamente en tener opciones de desarrollo profesional, porque eso está limitado por la hiperpolitización y el clientelismo del aparato estatal. Acá hay mucho que hacer para formar gente que pueda llevar a cabo esas ideas, debe haber un cambio institucional: abajo de quienes son responsables políticos tiene que haber gente profesional. Debe haber plantas públicas inamovibles. Por supuesto, con reglas de ingreso, de ascenso y de salida, por tanto dinámicas, pero que estén protegidas de la persecución política, porque eso es lo que asegura la continuidad técnica y profesional de los órganos públicos. No porque la política pública deba ser aséptica, porque no es así, pero hay esferas: está la esfera de la responsabilidad política y está la esfera de la ejecución. Y esta última tiene que hacerse con gente competente”.

La renuncia de Ricardo Lagos

En Voces La Tercera

Como una persona que no pertenece ya al Partido Socialista ni a la Nueva Mayoría, no me corresponde opinar sobre las decisiones a propósito de la frustrada candidatura a la presidencia de Ricardo Lagos, candidatura que en todo caso no apoyé porque me pareció que no correspondía a los tiempos.

Como ex compañero y colaborador suyo desde 1980, aunque nunca incondicional, me parece en cambio necesario resaltar elementos de su personalidad y de su trayectoria que algunos livianamente han puesto en tela de juicio. Contrariamente a una percepción difundida, Lagos construyó un liderazgo basado no en el autoritarismo sino en la energía de las convicciones y en el diálogo, y desde luego con personas que no piensan como él. Puedo testimoniar que durante su trayectoria en la lucha contra la dictadura, en la transición y en su gobierno, se podía discutir y discrepar abierta y claramente con él en un espíritu de libertad y de intercambio leal, lo que no es fácil con nadie en un país como el nuestro con un sustrato cultural autoritario y de sumisión tan extendido. Está claro que es una persona de opiniones constituidas y fuertes, pero siempre dispuesto a someterlas al intercambio y a la modificación racional.

En su gobierno, Lagos destinó una enorme cantidad de horas a discutir con sus colaboradores de todos los niveles, buscando expresamente la diversidad de opiniones para sopesarlas y evaluarlas, lo que como coordinador interministerial y subsecretario de la presidencia y luego como presidente de un partido de gobierno me tocó apreciar cercanamente. Ninguna reforma de política pública y ningún proyecto de presupuesto dejó de tener su impronta área por área, convenciendo y dejándose convencer. Pero, además, Lagos siempre tuvo una ventaja sobre sus colaboradores, además de su capacidad e inteligencia: se autoimpuso la disciplina de salir todos los días de La Moneda a actividades variadas en las que pudiera apreciar la realidad de la percepción de la gestión de gobierno y el pulso de la opinión en la calle.

Hay además una apreciación muy injusta sobre el sello de su gobierno. Que un adulador de los que nunca faltan haya dicho al terminar su período que los empresarios lo amaban, no quita la actitud de desconfianza y controversia que el empresariado predominantemente mantuvo durante su gobierno. Basta recordar su duro intercambio epistolar con Agustín Edwards y leer la prensa pro empresarial de la época para constatarlo, empezando por su primera ley, la del seguro de cesantía, siguiendo con los cambios tributarios, de salud, educacionales y laborales que impulsó, incluyendo la política fiscal contracíclica que hoy nadie discute. Por si alguien no lo recuerda, le recomiendo revisar las declaraciones de los gremios empresariales a propósito del royalty minero, o de las Isapres cuando su reforma a la Salud y el Plan Auge. No debe olvidarse por un segundo que Lagos no disponía de mayoría parlamentaria y que casi todas sus iniciativas económico-sociales progresistas fueron cercenadas por el veto parlamentario de la derecha. Hoy es muy fácil pontificar, pero gobernar con sentido progresista, después de una dictadura militar y de dos gobiernos democratacristianos, en medio de una crisis económica, con alto desempleo y sin mayoría parlamentaria, no es un asunto de niños.

En materia política, bajo su gobierno se suprimió la pena de muerte, los tribunales pudieron someter a juicio y condenar a muchos violadores a los derechos humanos, y a Pinochet hasta que los jueces lo declararon demente, mientras se mantuvo independencia de Estados Unidos en el tema de la invasión a Irak, y así un largo etcétera. Pero, sobre todo, se crearon las condiciones para la plena subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, consagrada en las reformas de 2005. Desde entonces, Chile ha vivido uno de los más prolongados períodos de su historia independiente sin intervención militar en política y con altos oficiales de las fuerzas armadas condenados por los tribunales a largas penas por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos. Son muy pocos los que pueden mostrar un récord semejante en esta materia. Se trata de un “intangible” que la historia le debe a Ricardo Lagos.

Lagos cometió errores, desde luego. Como darle a las importantes transformaciones de la constitución en 2005 una trascendencia que no tienen, como concebir y firmar contratos para una transformación del transporte público mal preparada, buscar el acceso de más jóvenes de bajos ingresos a la educación superior mediante un caro endeudamiento y, recientemente, mantener un lenguaje de prudencia centrista y diagnosticar una gran crisis que no existe, y otro largo etcétera.

Así son los hechos en tiempos difíciles y los personajes que los simbolizan no pueden desprenderse de las circunstancias complejas y contradictorias que tuvieron que enfrentar. Y sobre todo hay tiempos para personalidades fuertes, como Lagos, cuando son muy grandes las dificultades para avanzar en cambios de estructura e incluso para no retroceder en materia de conquistas sociales, dado el inmenso poder que recuperaron las oligarquías tradicionales en Chile. Por ello no era tan fácil que quien fuera protagonista de tiempos duros y se expresa con cierta distancia pudiera ser igualmente valorado hoy, en tiempos de empatía y de demanda de horizontalidad, al menos en el espacio del progresismo y en los jóvenes.

Aunque suene a frase consagrada, el balance, sin perjuicio del aporte que Lagos está llamado a seguir haciendo al país desde distintos ángulos, debe entregarse al juicio de la historia.

El aumento de las cotizaciones obligatorias: ¿más de lo mismo?

El debate sobre la reforma al sistema de pensiones ha seguido avanzando, luego de los innegables éxitos de las movilizaciones pacíficas convocadas por el movimiento “No + AFP”. La discusión, que el gobierno no quiso abordar al iniciar su período, se ha focalizado, por el momento, en qué hacer con la propuesta gubernamental de un incremento de 5% en las cotizaciones obligatorias. Este tema requiere ser puesto en perspectiva.

Al implantarse el actual sistema de capitalización individual en 1981, se estableció una rebaja a menos de la mitad de la cotización obligatoria sobre salarios de todo trabajador dependiente prevaleciente en las principales Cajas de Previsión. La cotización quedó en solo un 10% en las nuevas AFP (más comisiones y seguro de invalidez y sobrevivencia), lo que  constituyó un fuerte incentivo –además de las presiones en un contexto de dictadura- para promover un traslado masivo al nuevo sistema. No obstante, era bastante evidente para cualquier especialista mínimamente serio que la promesa de obtener una pensión que representara al menos un 70% del salario anterior a la jubilación no iba a poder cumplirse sino en condiciones de desempeño laboral sin lagunas al menos durante 30 años. O bien, claro está, con una cotización obligatoria más alta en el futuro.

Más de tres décadas después, ha quedado en evidencia que el 52% de los pensionados de AFP cotizó durante menos de 15 años y que el costo de administración aseguró rentabilidades de 25% y más a las AFP, mientras las pensiones otorgadas son dramáticamente bajas (260 mil pesos en promedio para los 76 mil jubilados en 2015). Algunos lo predijimos entonces, de manera bastante confidencial pues se trataba de una dictadura la que impuso el nuevo sistema, y señalamos que la capitalización individual, especialmente en mercados laborales heterogéneos y con contratos volátiles, garantizaría bajas coberturas y escasas tasas de reemplazo respecto a la remuneración en la vida activa. De todos modos fuimos descalificados por los fundamentalistas de mercado con su habitual carencia de argumentos.

Y ahora llegó el momento para la “industria” de AFP –que opera de manera fuertemente concentrada y con sobreutilidades inusitadas- de promover un aumento de las cotizaciones obligatorias.

El ministro de Hacienda Valdés no está en condiciones políticas de simplemente aumentar las cotizaciones para que vayan a las AFP, y al parecer propondrá que un organismo público administre en régimen de capitalización individual un nuevo fondo con este 5% de cotizaciones adicionales. En suma, algo así como una AFP estatal para un tercio de las cotizaciones obligatorias y mantener sin modificaciones las cotizaciones obligatorias actuales para las AFP. Del “No + AFP” al “Que sigan tal cual las AFP”.

No parece ser ésta una reforma razonable ni demasiado útil. No es razonable proponer una reforma de este tipo a meses del término del tiempo legislativo del gobierno y sin un consenso previsible por la complejidad del tema, la magnitud de los intereses envueltos y el contexto de elecciones. En cualquier escenario, el actual parlamento no va a lograr aprobar esta reforma, que no sabemos tampoco cuando se enviará, por un mero problema de tiempo de tramitación, en circunstancias que se acumula un considerable atraso en temas centrales de la agenda legislativa comprometida desde su inicio  por el actual gobierno, como la reforma de la educación pública escolar, la reforma de la educación superior o el aborto por tres causales.

Y tampoco es demasiado útil subir en un 50% una cotización obligatoria que incrementa el costo de la contratación, con un efecto de disminución del consumo presente de las personas de menos ingresos, lo  que no contribuiría mucho a dinamizar la economía ni tampoco a conseguir más justicia distributiva. Su contrapartida sería que el grueso de los trabajadores y las trabajadoras vería aumentada en algo su pensión por capitalización (algo así como un máximo de un tercio adicional en régimen en unas cuatro décadas más), sin que se solucionen los problemas estructurales del sistema.

Estos incluyen, en una larga lista, la baja cobertura del trabajo precario, especialmente el de las mujeres, con el consiguiente costo fiscal para remediarlo financiado por impuestos predominantemente regresivos; las menores pensiones futuras asociadas a la baja de las tasas de interés reales de largo plazo; la mantención de la incertidumbre sobre el valor futuro de las pensiones por la volatilidad creciente de los mercados financieros; el alto subsidio fiscal a las pensiones más altas (mediante los APV); el estímulo a la concentración de los mercados internos con dineros de los trabajadores chilenos; el desvío parcial de ahorro a inversiones en el exterior para buscar diversificación y rentabilidad mientras escasea el ahorro interno de largo plazo para financiar infraestructuras adicionales, para lo que se recurre a concesiones a privados asegurándoles altas tarifas y rentabilidades que no consiguen los fondos de AFP.

Poco se discute, además, sobre la grave incertidumbre asociada a la modalidad de retiro programado, una verdadera bomba de tiempo que la OCDE recomendó suprimir; o bien sobre el sistema de rentas vitalicias que, a partir de los fondos acumulados, se construye con tablas de esperanza de vida por sexo, las más de las veces ampliamente excedidas. Esto perjudica, por un lado, las pensiones de todos y especialmente las de la mujer, lo que llevó a la Unión Europea a prohibir todo cálculo actuarial que no promedie los datos de esperanza de vida de ambos sexos. Por otro, perjudica a los más pobres que fallecen en promedio mucho antes que las personas de más altos ingresos (para medir lo cual no existen estadísticas en Chile y no se diferencia la esperanza de vida por niveles de ingreso, como en Estados Unidos, mediciones que revelan que las distancias están aumentando). Esta grave inequidad solo puede evitarse en un sistema de reparto con financiamiento progresivo.

Toda la problemática de la seguridad social para los adultos mayores debe ser entonces objeto de una deliberación más amplia e incluir más opciones que la de meramente subir la cotización obligatoria.

¿Por qué no establecer, como en Nueva Zelandia (que lo instauró en el siglo XIX) y otros países, un esquema de pensión universal uniforme que garantice a todos una dignidad básica en la vejez? De paso, se eliminaría el estigma de la pensión básica solidaria como una especie de jubilación dadivosa para los pobres. En las condiciones de Chile, su financiamiento podría obtenerse en condiciones de razonable eficiencia y equidad mediante una contribución obligatoria sobre el conjunto de los ingresos, sin subir la actual cotización de 10% de los trabajadores dependientes pero extendiéndola al resto de los ingresos, incluidos los del capital.

Este esquema permitiría avanzar hacia un ingreso garantizado para los adultos mayores del orden del 40% del salario promedio, el que sería 2,6 veces superior a la actual pensión básica y costaría cerca de un 3% del PIB. En Nueva Zelandia, un esquema de este tipo tiene un costo de 5% del PIB, financiado por impuestos generales. Considérese que las pensiones militares cuestan hoy en Chile cerca de 1% del PIB y la pensión básica un 0,7% del mismo, mientras por décadas las finanzas públicas debieron absorber hasta un 6% del PIB de gasto fiscal anual en la transición del sistema antiguo al nuevo, por lo que la actual generación ha debido financiar mediante impuestos la pensión de sus padres y al mismo tiempo cotizar para la propia.

La presión de la evolución demográfica, cuyos efectos se hacen sentir en cualquier sistema de pensiones, incluyendo en la capitalización individual a través de la disminución progresiva de las mensualidades de las nuevas rentas vitalicias, se enfrenta en esquemas de este tipo mediante ajustes al incremento nominal de los beneficios y, sobre todo, mediante la inversión en capacidades productivas, lo que permite que al menos una parte de la menor relación entre activos y pasivos se compense con una mayor productividad de los activos. Se dice por el vulgo liberal que los sistemas basados en el pago de las pensiones de los jubilados por los activos estarían todos quebrados. Esta afirmación ciertamente no tiene fundamento (¿sabía usted que en Estados Unidos, el paraíso del liberalismo, existe un sistema de pensiones por reparto, además de esquemas privados, que está razonablemente equilibrado para las próximas décadas?), pero los que sí están bastante cerca de la quiebra son muchos de los jubilados chilenos por capitalización individual, y esto antes que nos afecte fuertemente el cambio demográfico.

Junto a una garantía básica universal, un nuevo sistema mixto debiera estimular el ahorro para obtener pensiones complementarias basadas en cuentas individuales que registren cotizaciones voluntarias (con aportes del empleador adicionales). Las AFP debieran asimilarse a las entidades que operen en el mercado privado de capitales para obtener los favores de los ahorrantes, pero sin mantener el estatista privilegio de recibir cotizaciones obligatorias (bajo el conocido lema de “ganancias privadas, pérdidas públicas”). Debiera además permitirse el retiro anticipado de fondos de esas cuentas –a partir de lo hasta ahora capitalizado y de, en adelante, cotizaciones voluntarias– para fines como la adquisición de una primera vivienda o bien enfrentar dificultades financieras o enfermedades graves, aumentando de ese modo la seguridad económica de las personas que realicen un esfuerzo de  ahorro.

Como se observa, hay razones más que valederas para no mantener el sistema de AFP, que demostró que, en las condiciones del mercado de trabajo chileno, simplemente no sirve para proveer pensiones razonables. Sobre esto, el ministro de Hacienda no se pronuncia. Solo se nos pide que discutamos sobre un hipotético 5% adicional de cotización, siempre basada en capitalización individual. Se trata una vez más de una reforma que no apunta al problema estructural existente.

En todo caso, lo que no debiera hacerse es evitar un debate que prepare decisiones de fondo del próximo gobierno y parlamento sobre el nivel de los ingresos básicos que la sociedad chilena está en condiciones, dado su actual nivel de ingreso promedio (24 mil dólares por habitante ajustado a paridad de poder de compra en 2016), de garantizar sin privilegios a todos sus adultos mayores. Y romper así el cerrojo logrado por los intereses particulares protegidos por el actual sistema previsional.  Para lo cual, claro está, habrá que fijarse en qué candidatos han recibido aportes o sido parte de los directorios de AFP en el pasado reciente. Para no encontrarse con sorpresas o quejarse después de que las cosas no cambian.

Comentario político del viernes 7 de abril

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El panorama político se complica día a día. La derecha empieza a sufrir el desgaste de su candidato recién proclamado, que no logra sortear la estela de escándalos en materia de relación indebida entre dinero y política. Las encuestas publicadas no muestran el dato principal: en segunda vuelta Piñera perdería hoy la elección. Los candidatos de la Nueva Mayoría se desgastan unos a otros, el PS decide no tener candidato propio, y probablemente apoyará a Guillier buscando mantenerse en el gobierno pero sin programa y a costa de una fractura interna. El Frente Amplio no se resuelve a realizar una convocatoria amplia, avanza en la nominación confidencial por redes sociales de una candidata sin experiencia política y se refugia en un rincón del escenario con un rechazo reactivo a todo, sin propuestas muy claras sobre como gobernar el país y hacia donde encaminarlo.

El gobierno, en este estado de confusión en el escenario político, no está colaborando mucho en aclararlo. Envía a completo destiempo una reforma legal para llegar a una nueva constitución mediante una convención, sin precisar su naturaleza, lo que en todo caso necesita dos tercios de los votos del parlamento. La derecha se apresuró a reaccionar con virulencia y anunciar su voto en contra, cautelando su arma principal: el poder de veto que le da la constitución de 1980, al margen de lo que decida la mayoría en elecciones. En un tema crucial para todos, el gobierno parece estar actuando solo para cumplir, consagrando que no se avanzará en nada en materia de nueva constitución.

Algo parecido ocurre con el tema de las pensiones. La demanda social por un cambio que saque a las AFP del horizonte y por establecer un sistema solidario, se traduce por parte del gobierno en disputas entre ministros y una discusión centrada en subir en 5% las cotizaciones, pero sin cambiar en nada la capitalización individual que entrega pensiones promedio de 260 mil pesos. No se propone lo que es necesario: avanzar hacia una pensión garantizada universal financiada por el 10% de todos los ingresos, incluyendo los del capital y no solo los del trabajo, y promover el ahorro para pensiones complementarias sin el monopolio de las AFP.

Aumentar en 5% la cotización de los trabajadores en medio de una situación económica cada vez más difícil (la economía cayó en el cuarto trimestre de 2016 y lo hará también en el primer trimestre de 2017, es decir se encuentra avanzando hacia una recesión) no parece ser la mejor de las ideas.

Cabe pedirle al gobierno que se preocupe primordialmente de reactivar la economía y la creación de empleo, y que no persista en buscar amarrar cosas para el futuro para lo que ya no cuenta con tiempo, como en el tema de las pensiones o la constitución. A los que estamos intentando armar una tercera alternativa política más allá de la derecha y la Nueva Mayoría nos cabe seguir en el esfuerzo, proponer nuevas alternativas para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, no seguir en más de lo mismo y ofrecer opciones a los electores para tener un mejor gobierno desde marzo de 2018.

Intentaré seguir comentando todos estos temas una vez a la semana por esta vía.

Bajo crecimiento: ¿Causas internas o externas?

La Tercera

En 2016 se consolidó la tendencia a un bajo crecimiento, con un 1,6% de aumento del PIB, muy por debajo del promedio mundial (3,1%) y de los países emergentes y en desarrollo (4,1%). El aumento del PIB en Chile pasó desde un 5,3% anual en 2010-13 a un 1,9% en 2014- 2016.

¿A qué se debe esta desaceleración? Hay quienes -los ultraliberales de siempre, que nunca hacen mucho caso de los hechos sino que mantienen su juicio ideológico contra toda intervención del Estado llueve o truene- la atribuyen a las reformas del actual gobierno, que habrían desincentivado la inversión.

El deterioro desde fines de 2011 de los términos del intercambio ha sido un factor desfavorable determinante para la economía chilena, y en especial para la inversión. De acuerdo a las cuentas nacionales, la caída de la inversión empezó en 2013 (en el tercer y cuarto trimestres), es decir antes del inicio del nuevo gobierno. El entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lo atribuyó a las expectativas de victoria de la actual presidenta, procurando desligarse de los resultados de su propia gestión frente al cambio externo.

En nuestra interpretación, la desaceleración tuvo un origen en el fin del ciclo expansivo del cobre iniciado en 2004, empujado por China. Pero su prolongación se explica por decisiones equivocadas de política monetaria y fiscal.

El precio del cobre, la principal exportación del país, completó nada menos que cinco años consecutivos de caída y promedió en 2016 unos 2,2 dólares la libra, valor 44,7% menor que el de 4,0 dólares de 2011. Las exportaciones mineras pasaron de 49.083 millones dólares en 2011 a 30.343 en 2016. ¿Puede alguien pensar seriamente que esto no constituye un impacto de proporciones?

La inversión minera se desplomó a partir de 2014, cuando cayó en -14,4%, arrastrando a la baja la inversión agregada, que ya venía lenta. En efecto, la formación bruta de capital fijo se expandió en 12,7% anual en 2010-12, empujada por la minería, y solo en 2,2% en 2013.

Cayó en 4,2% en 2014, ahora arrastrada en sentido inverso por el desplome minero, y todavía en 1,5% y 0,8% en los dos años siguientes.¿Qué tiene esto que ver con las reformas? Bastante poco. Y hubiera afectado a cualquier gobierno, cualquiera fuese su signo y su política tributaria y laboral.

Frente al impacto externo, una política económica contracíclica a la altura del desafío era la respuesta correcta, en condiciones en que el país había acumulado sustanciales reservas fiscales. El desplome de la inversión minera debió abordarse con un aumento persistente de la inversión pública y en I+D. Pero el actual ministro de Hacienda se ha encargado de disminuirla en 4,8% en 2016 y programó una nueva caída en 2017. El Banco Central debió haber programado bajas en la tasa de interés para estimular la inversión privada. Recién en 2017 ha realizado dos tímidos recortes al borde de la recesión. Entienda el que pueda.

El consumo, que empezó a crecer poco desde 2014 por una más lenta creación de empleo y un menor crecimiento de las remuneraciones reales, impactadas por la devaluación de 39,9% entre 2011 y 2016 y la consiguiente mayor inflación de corto plazo, debió reactivarse con reajustes reales importantes en el sector público como señal para el sector privado. A esto el ministro de Hacienda se negó con arrogancia, basado en la convicción más que opinable de que el gobierno tendrá menos ingresos tributarios permanentes, ocupado además en mostrar menores índices de déficit fiscal ante la banca internacional, que en realidad empeoran con el bajo crecimiento. 

Resultado: una languidez productiva prolongada que podría haberse evitado.

Nuevos escenarios de la primera y segunda vuelta presidencial

Columna en Voces La Tercera

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Las elecciones presidenciales de este año se realizarán con dos novedades procedimentales importantes: las primarias simultáneas del 2 de julio y el sistema proporcional de elección de parlamentarios. Este segundo tema incide en el primero en tanto la mayor diversidad potencial de listas parlamentarias, especialmente en la actual Nueva Mayoría, alimentará, paradojalmente, la tendencia a que se use menos el sistema de primarias (ciertamente en el tema parlamentario) y más la primera vuelta presidencial. Este será el caso si prevalece la opción de que diversas fuerzas políticas decidan fortalecer su identidad particular y concurran en noviembre con un candidato/a presidencial de sus filas, con el efecto adicional de potenciar a su lista parlamentaria.

Es probable que la derecha, en tanto tiene muchas animadversiones personales y grupales en su seno pero poca diversidad política de fondo -defiende pocas ideas, la mayoría poco creíbles, y muchos intereses de las minorías privilegiadas- haga competir a todos sus candidatos presidenciales en las primarias de julio y se presente con un solo candidato en la primera vuelta. Salvo que Sebastián Piñera profundice sus diversos flancos judiciales al punto de inviabilizar su candidatura, lo que podría terminar abriendo la competencia en primera vuelta en la derecha.

En la actual coalición de gobierno, la nueva mecánica electoral estimulará, como se ha venido observando, que las corrientes democratacristianas más conservadoras o más proclives a la diferenciación con el progresismo y la izquierda gubernamental hagan una fuerte presión para que su partido se presente en el escenario presidencial de primera vuelta con candidata/o y una lista parlamentaria propia. Esto tendría para la DC un cierto costo electoral, salvo que logre perfilar una opción de centro que compita con éxito por el electorado moderado de la derecha, si es que éste existe, en una lista parlamentaria con aliados ideológicamente cercanos, que tampoco sobran. El resto de la Nueva Mayoría, en ese evento, concurriría a la primaria de agosto con Guillier, Lagos y el candidato que emerja de la definición socialista, y conformaría una o más listas parlamentarias.

En ese escenario, y con mayor razón si se mantiene unida, la actual Nueva Mayoría debería, a pesar de una dispersión inicial en primera vuelta, lograr con cierta probabilidad de éxito una victoria en la segunda vuelta presidencial frente a la derecha y conformar un segundo gobierno. El tema es si quien parece tener mayores probabilidades de encabezar esa opción en segunda vuelta, Alejandro Guillier, está dispuesto a dirigir un nuevo gobierno con una nueva coalición incoherente. De la actual administración han formado y forman parte ministros claves que han boicoteado la acción presidencial y sus compromisos programáticos ante la opinión pública. Sin ir más lejos, el actual ministro de Hacienda en muchos temas ha estado a la derecha del ministro de Hacienda de Piñera.

Así, Chile se encaminaría a una regresión conservadora con la vuelta de la derecha al gobierno, o bien a un nuevo gobierno seudo-progresista incoherente y con agenda variable al son de las presiones de los diversos poderes fácticos, que en Chile, como sabemos, son muy poderosos. Y con un resultado ya de sobra conocido: no avanzar ni en crecimiento sustentable ni en equidad, con la persistencia del deterioro del sistema político y de la legitimidad de las instituciones democráticas por carecer de capacidades de representar y de hacer realidad -al menos en una razonable proporción- las aspiraciones mayoritarias. Esperemos que ese poder oligárquico disminuya en el futuro cercano en beneficio de la mayoría social y que al menos en esta elección se haga efectiva la prohibición del financiamiento empresarial, de modo que el próximo parlamento no esté capturado por el poder económico corporativo como lo está hoy.

Un escenario distinto podría crearse con un parlamento en el que esté presente una corriente de izquierda y progresista seria, articulada y autónoma, sin compromisos con la derecha, el centro conservador y el poder empresarial. Si esa corriente hace el esfuerzo de dejar su tendencia al ensimismamiento y se lanza a la acción política de verdad –aquella que busca incidir en el curso de los acontecimientos- entonces podría disputar el próximo gobierno. O al menos lograr que el próximo gobierno eventualmente encabezado por Sebastián Piñera tenga una oposición consistente con anclas en la sociedad. O que un eventual gobierno de Alejandro Guillier tenga un interlocutor necesario y exigente en el parlamento. Incluso, por qué no,  para conformar mayorías parlamentarias que empujen los cambios institucionales (asamblea constituyente y descentralización), económicos (control público y tributación efectiva de las rentas de los recursos naturales, acción antimonopólica, política contracíclica y redistributiva, expansión de la inversión en infraestructura y compromiso con un modelo de desarrollo sustentable e innovador) y sociales (renacimiento de la educación estatal, pilar de reparto en las pensiones, ingresos básicos para los excluidos, fortalecimiento de la salud pública, transporte público y urbanismo integrador, negociación colectiva supraempresa) que la mayoría social necesita y reclama.

El desafío es simple pero exigente: que la democracia chilena sea gobernada por una mayoría parlamentaria y gubernamental representativa de la mayoría social. ¿No es precisamente aquello en lo que consiste la democracia? No faltarán quienes califiquen esta posición como “populista”, pues para ellos la democracia consiste en gobernar haciendo lo contrario de las preferencias mayoritarias de los electores, en lo que hasta aquí han tenido en Chile un resonante éxito. Al precio, claro, de un inmenso desgaste de la legitimidad de las instituciones democráticas, desgaste que abre las puertas al populismo de verdad, el que se construye con promesas fáciles e irrealistas de progreso social y halaga sentimientos antiélite, racistas y xenófobos. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.

El refichaje y la vida de los partidos

Columna en Voces La Tercera

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En estos días se discute sobre los plazos para el refichaje de los partidos políticos constituidos y la desigualdad de trato con los partidos en formación. Tal vez vale la pena poner este tema en perspectiva.

Al producirse la transición a fines de los años ochenta del siglo pasado, se autorizó con ocasión del plebiscito de 1988 –que la dictadura intentó fuera una suerte de legitimación luego de tres lustros en el poder y abordó con el exceso de confianza que le fue fatal en la etapa final del régimen autocrático, sin medir el inmenso desgaste que le había significado la represión de las protestas populares de 1983-86 – el funcionamiento de nuevos partidos políticos, dotados de ciertos derechos de control electoral y expresión pública. Pero, claro, siempre que no estuvieran fueran de la ley en virtud del ignominioso artículo octavo de la constitución de 1980, que establecía una discriminación ideológica en contra de los partidos políticos de izquierda, como fue el caso del Partido Socialista, impedido por entonces de organizarse legalmente.

En esa ocasión la dictadura estableció la afiliación de un cierto porcentaje de los electores por región como condición para la legalización de los partidos políticos. En la oposición de entonces, fue pionero el Partido Humanista, que tomó con éxito el desafío, y luego le siguieron el PPD, constituido a la sazón por diversas fuerzas -entre ellas una parte del socialismo- como paraguas instrumental para el control plebiscitario y el acceso a la televisión, y la Democracia Cristiana, que no quiso sumarse a la iniciativa común.

Los afiliados de entonces -¡hace treinta años!- y que no han fallecido o renunciado permanecen como tales en los partidos que no fueron objeto de disolución por haber obtenido un mínimo de representación parlamentaria en las sucesivas elecciones. Pero lo que es peor, diversos partidos –y entre ellos el PS reunificado y el PPD- fueron constituyendo mecanismos de elección interna de autoridades en base a afiliados a los cuales solo se les pedía el voto de vez en cuando, incentivando una afiliación clientelar, con poco o nulo trabajo de formación ideológica y cultural ni militancia en función de algún proyecto colectivo en alianza con las diversas expresiones organizadas de la sociedad. En algunos casos, grupos internos de poder, parlamentarios o representantes municipales, con el poder institucional respectivo, logran afiliar masivamente a personas que en realidad no son militantes, sino votantes de tal o cual caudillo.

Poco tiene todo esto que ver con un régimen moderno y democrático de constitución y desarrollo de partidos políticos, capaces de generar ideas y proyectos sobre el destino del país y de representar de manera genuina y transparente intereses colectivos y voluntades de cambio.

En la mayoría de los partidos políticos europeos, por ejemplo, se produce una reafiliación anual, en tanto acto de adhesión activa periódica, junto a algún tipo de actividad militante como condición para ejercer derechos de ciudadanía partidaria. En el caso del partido socialdemócrata de Suecia, caso que conocí personalmente, se trabaja contra la tendencia a la estatización del partido político –ha gobernado durante más de siete décadas- bajo el lema de “partido de gobierno, pero en oposición ante todas las injusticias”, mientras un año antes de cada elección general se instruye a dirigentes y militantes a volver a la sociedad y ponerse a la escucha de las aspiraciones y quejas de los ciudadanas, junto a un nexo orgánico tradicional con el movimiento sindical y diversas expresiones de la sociedad civil.

En Chile, y a pesar de los esfuerzos de unos pocos, las encuestas y algún “focus group” ocasional han reemplazado la realimentación periódica del nexo orgánico con la sociedad, mientras vivimos una personalización creciente de la política alrededor de caudillos. En el caso de varios de los partidos tradicionales de izquierda, su estatización progresiva llevó al fin de toda idea de militancia activa y a la consolidación de la organización interna, con honrosas pero minoritarias excepciones, como mera masa de maniobra electoral interna y externa, que requiere de bastante dinero para funcionar, el que hasta ahora era provisto por el mundo empresarial.

Ya no se trata de partidos “de vanguardia”, con alguna ideología, o siquiera programáticos, que elaboran con mayor o menor suerte alternativas de acción en la esfera pública. Ya no se ve partidos que alimenten la deliberación colectiva, formen masivamente sus militantes para ampliar y difundir sus ideas, promueven proyectos políticos más o menos definidos, y al hacerlo ilustren a los ciudadanos sobre las opciones políticas alternativas presentes en la sociedad. Se trata de la consolidación de lo que la literatura especializada llama “catching all parties”, partidos “atrápalo todo”, usualmente vinculados a algún líder con arrastre electoral y mediático de tipo emocional en la sociedad líquida en la que vivimos, en palabras del recientemente fallecido Zigmunt Bauman.

La Comisión Engel hizo una reflexión importante en la materia y recogió opiniones, que se tradujeron en parte en nuevas normas legales más bien frustrantes para el propósito de una reforma de raíz del régimen de partidos. Lo del refichaje, cuyo plazo vence el 14 de abril y tiene en dificultades a muchos de los partidos tradicionales, quedó como apenas una actualización ante lo evidente de la inadecuación de la definición de la legislación pinochetista respecto a quien y como se transforma en miembro de un partido y los deberes cuyo ejercicio dan eventualmente derecho a elegir autoridades internas y definir políticas y candidatos que las defiendan. Y, de paso, se reforzaron diversas barreras a la entrada para nuevas organizaciones políticas, varias de ellas absurdas, como que la persona que desea afiliarse a un partido deba concurrir personalmente ante un notario –con un costo pecuniario a veces elevado- o ante oficiales civiles, incluso para hacer el trámite por Internet, proceso para el cual la persona deberá ir, según una reciente normativa, al Registro Civil a obtener una clave. Simplemente digno de Kafka. En la inscripción de 1986-87, en plena dictadura, la presencia personal no se exigía, pues parecía un exceso evidente. Hoy a nuestros legisladores ya no les parece tal cosa con tal de dificultarle la vida a nuevas expresiones políticas.

Varias organizaciones políticas emergentes no van a poder concursar en las próximas elecciones. Esto va a ser especialmente el caso en la izquierda, sector político en el que desde 2011 han proliferado nuevas expresiones ante el agotamiento de sus expresiones tradicionales.

Una legislación democrática moderna simplemente no debiera poner mayores obstáculos para que se forme y se mantenga vigente un partido político y este pueda presentar candidatos a cargos de elección popular, pues al final es el pueblo en elecciones el único soberano para elegir a los/las gobernantes y los cuerpos de representación. Si es que creemos en la democracia, claro.

Guillier supera a Piñera

Columna en Voces La Tercera

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La más reciente encuesta Gfk-Adimark (con datos recogidos en enero) registra que frente a la pregunta de quién le gustaría que fuera presidente, los que la responden espontáneamente -sin una lista de nombres que les haya sido presentada previamente- indican, a razón de 28%, que prefieren al senador independiente de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, antes que al ex presidente de derecha Sebastián Piñera, que reúne un 27% de las  preferencias de los encuestados. El tercero en liza, el ex presidente Ricardo Lagos, reúne un 5% de las preferencias expresadas, y los que siguen marcan magnitudes marginales. Esto se viene reflejando, con pocas variaciones sustanciales, en las diversas encuestas publicadas.

Parece ser que la condición de ex presidente ya no resulta ser necesariamente un activo, sino antes bien un lastre.

El ex presidente Piñera cae poco a poco en las encuestas -el sondeo mensual Gfk-Adimark no es una excepción- en circunstancias que en algún momento parecía tener la reelección asegurada. Esto ocurre porque, tal vez, a pesar de su irrefrenable y hasta simpático dinamismo, su pertenencia a la clase de los privilegiados y todo lo que ello significa ancestralmente para la mayoría social –y electoral- se ha hecho demasiado presente, incluyendo la compañía de la señora Van Rysselberghe y su impresionante, por lo desembozada, sumisión a los intereses del gran capital pesquero, entre otros de esa índole. Y sobre todo por los personales impulsos incontenibles y éticamente reprochables con el dinero del ex presidente, a pesar de su gran fortuna, a estas alturas demasiado visibles.

Por su parte, el expresidente Lagos nunca despegó en esta campaña presidencial, tal vez porque cada época tiene sus liderazgos y buscar repetirlos no parece tener mucho sentido hoy para los ciudadanos y ciudadanas que en su momento lo apoyaron con entusiasmo, más allá de los incuestionables méritos de la persona del ex presidente.

Todo esto augura al senador Guillier un recorrido relativamente despejado hacia la presidencia, salvo error, omisión o bien algún accidente de esos que nunca en la actividad política pueden descartarse.

Alejandro Guillier tendrá que decidir si su liderazgo sigue el derrotero de la actual presidenta, un gran fenómeno político contemporáneo en materia de liderazgo empático. Pero la empatía tiene sus luces y sus sombras, especialmente si se pone al servicio de la realpolitik malentendida y no de la representación de los intereses de la mayoría social. Guillier tendrá que ver si reproduce una coalición de gobierno incoherente, una parte de la cual se dedicó permanentemente a boicotear a la presidenta Bachelet, sin que ésta actuara en consecuencia. Guillier tendrá que asumir que los representantes de los grandes intereses económicos en la Nueva Mayoría no dudarán en hacer lo mismo con él si llega a ser presidente, pues son ya parte orgánica del maridaje entre intereses económicos y representación política en esa coalición.  

Las señalizaciones hacia un lado –en favor de promover los intereses de la mayoría social- y luego los virajes prácticos en el sentido contrario –en favor de preservar los intereses del 1% que controla un tercio de los flujos económicos del país, según el Banco Mundial- configuran inevitablemente un recorrido inconsistente pero con un resultado inequívoco: terminar con una amplia decepción popular y con un apoyo minoritario, que refuerza el reflejo de la élite partidaria de someterse, con más o menos elegancia (usualmente con bastante poca), a los intereses del capital corporativo y sus redes de influencia en el sistema político. El senador -o quien termine siendo en definitiva el contendor de la derecha en la segunda vuelta presidencial-  tendrá también a mano, claro está,  la opción de inscribirse en un proyecto de cambio progresista consistente, capaz de sobreponerse al escepticismo y la desesperanza aprendida, y que finalmente represente a la mayoría social en materia educativa, de relaciones laborales, de salud, de pensiones – y de nueva Constitución que haga posibles los cambios en los dominios mencionados- dejando atrás el lastre neoliberal que mantiene una economía estancada y desigual, incapaz de innovar.

Y también quien termine contendiendo en segunda vuelta con el representante de la derecha tendrá que asumir sin demagogia el decrecimiento de la depredación ambiental y de las actividades contaminantes y lesivas para las nuevas generaciones, acelerando con decisión una reconfiguración del uso del territorio –como ha demostrado con creces la terrible ola de incendios del actual verano- y una transición energética en base a la impresionante dotación de la que Chile dispone en materia de energías renovables no convencionales, impulsando una economía basada en la innovación y no en la mera extracción de recursos naturales en beneficio de unos muy pocos.

Recordemos que estamos a nueve meses de la elección presidencial de noviembre de 2017, el tiempo de una gestación humana, y que lo único claro es que nada parece estar predeterminado, salvo, en principio, los nombres de los dos principales competidores, es decir los que tienen más chances de disputar una segunda vuelta presidencial en diciembre. Además, nada menos que un 75% de los encuestados aparece expresando preferencias presidenciales en la encuesta Gfk-Adimark, contrastando con el 65% de abstención en las elecciones municipales. Esto resulta bastante sorprendente, dado el clima de profunda animadversión hacia toda forma de representación política tradicional. Esto puede deberse a un error, que no sería de extrañar, de la metodología de la propia encuesta –que tiene muchas deficiencias en la composición de su muestra y en la capacidad de determinar quienes irán a votar- o bien al hecho de que una gran mayoría de chilenos y chilenas quiere en definitiva pronunciarse respecto a su futuro gobierno.

A los que les corresponde un liderazgo político natural para hacer emerger nuevas alternativas, la generación de 2011, les debiera llamar la atención el hecho de que están, por propia voluntad o por un atraso inexcusable, fuera de las opciones que se presentan a la opinión pública en el actual escenario político. Tal vez prefieren interactuar entre sí al margen de la sociedad tal como está constituida, que incluye a jóvenes y pero además a muchos y muchas que no lo son y que muy mayoritariamente viven de su trabajo como asalariados (a razón de 70%, con mujeres que participan menos del llamado mercado de trabajo y que reciben entre 20 y 30% menos remuneraciones) o en trabajos por cuenta propia precarios e informales, y muchos y muchas que viven con pensiones miserables, de nuevo especialmente las mujeres jubiladas en el sistema de AFP.

Tal vez prefieren incluso disputar liderazgos presentes y futuros entre sí, en familia generacional, con sus propios códigos poco comprensibles para la sociedad, más allá de la simpatía que les manifiesta, pues es diversa y plural. ¿No tendrá más sentido mirar la sociedad tal cual es, insertarse en ella con todas sus contradicciones y matices  y proponerse representar a sus mayorías favorables al cambio? Esto incluye reconocer el hecho que el cuerpo electoral se compone básicamente aún por personas cuyo clivaje esencial es el de dictadura-democracia, dados los profundos traumas históricos que todavía marcan a la sociedad chilena, y en algún sentido, como trasfondo político y cultural, el clivaje izquierda-derecha del siglo XX. Esto por supuesto no excluye los nuevos clivajes del siglo XXI, como los de modernidad-conservadurismo cultural, productivismo-ambientalismo, y así sucesivamente, pero los sobre-determina aún. Nadie viene de la nada, incluyendo las sociedades, que están siempre históricamente constituidas, con sus continuidades y rupturas, y no como algún grupo hiper-ideologizado quisiera.

Esto lo entendió bien Jorge Sharp en Valparaíso en la reciente elección municipal, y un poco menos su colega de generación Gabriel Boric, secundado al parecer  por Giorgio Jackson, que se ha visto más dedicado a vetar y ponerle ultimátums a quienes desean apoyar su esfuerzo disruptivo y potencialmente creativo y ser sus eventuales aliados antes que a sumar democráticamente –aceptando el juicio de los ciudadanos movilizados para dirimir los dilemas políticos y de liderazgo en todos los planos de una futura fuerza alternativa- a todos los que desean trabajar por hacer emerger una nueva opción política.

Sin embargo, esta nueva opción sigue siendo indispensable si no se quiere mantener a la sociedad chilena prisionera del pasado reciente y del empate catastrófico –especialmente porque preserva desigualdades y privilegios moral y políticamente inaceptables, permite la compra del sistema político por el poder económico y produce el alejamiento radical de los ciudadanos más jóvenes del sistema político- entre la derecha y la llamada “centroizquierda”.

Esta última fue en realidad en origen, en los años ochenta, una necesaria alianza entre el centro tradicional y la izquierda democrática para salir de la dictadura, pero devino con el tiempo en una cómoda combinación –para sus miembros- de acceso al poder estatal a cambio de preservar el status quo económico con reformas menores. A esta combinación de “centroizquierda” puramente pragmática hay que reemplazarla, pues no le queda casi nada de los valores y políticas de izquierda, y le queda además bastante poco de los de centro (especialmente los que inspiraron el espíritu reformador de tipo social-cristiano). En esencia, la coalición de gobierno que busca proyectarse tal cual es hoy conglomera a los aspirantes a mantener o acceder a privilegios burocráticos, aunque sea al precio de aceptar sin chistar el dominio de las oligarquías económicas en lo que verdaderamente importa: la distribución del ingreso y la riqueza y la preservación de la naturaleza para las nuevas generaciones.

Pero no hay que desesperarse, pues la inexperiencia e intolerancia juvenil, que todos hemos vivido, tienen un remedio inexorable: el paso del tiempo. Y frente al mal tiempo, o a tiempos de incertidumbre, siempre buena cara.

“No creemos en la igualdad”

Columna en El Mostrador

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La nueva presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe –imputada por la justicia, pero así y todo elegida en una votación del partido de derecha en que participaron unos siete mil miembros- se va constituyendo en emblema, junto a Sebastián Piñera, de la representación directa del poder económico en el sistema político y del uso de dinero ilegal en campañas. Pero además nos acaba de notificar con toda claridad el 16 de diciembre que entre los valores que inspiran su acción política no está la igualdad y que, más aún, “no creemos en la igualdad”.

No obstante, la igualdad es un valor esencial en la vida social y democrática moderna, empezando por la igualdad ante la ley, que es el fundamento de la acción contra toda discriminación arbitraria. También lo es la promoción de la igualdad justa de oportunidades en determinadas esferas (como en el acceso a la educación que no debe depender del dinero ni de las desventajas iniciales sino del mérito) y la de la igualdad de resultados en otras esferas (como las atenciones de salud, cuyo acceso no debe limitarse por nada que no sea pertenecer al género humano). El mundo de las discriminaciones arbitrarias, que se alimenta de múltiples factores pero sobre todo del predominio del poder económico, es el de las actitudes y de los intereses que representa la derecha. Ahora parece querer defenderlas ideológicamente de manera abierta, empezando por su condena de la idea de igualdad, aunque para ser justos esta condena se extiende mucho más allá de la derecha dura. Es compartida por el sentido común neoliberal que se ha extendido en la sociedad chilena.

La idea de igualdad ante la ley y de oportunidades y de resultados merece ser defendida en la sociedad chilena.

Un proyecto progresista transformador no incluye naturalmente sólo el valor de la igualdad. Pero es uno de sus componentes principales. Este proyecto y sus lineamientos programáticos para el próximo período político (que requerirán de amplios desarrollos participativos para su definición –todos ellos necesitan de discusiones en profundidad- y para la elaboración de la secuencia de puesta en aplicación, incluidos cronogramas y costos presupuestarios) se inspiran en una visión que es a la vez democrática, igualitaria y ecologista y sin duda se planteará terminar con el Estado subsidiario y establecer en plazos breves un Estado inversor, activo frente a los riesgos y solidario para disminuir las brechas sociales y territoriales que fracturan a Chile.

Frente a la expansión histórica de la desigualdad en las sociedades dominadas por el capitalismo global,  la agenda igualitaria  consiste en crear las condiciones para extender normas de igualdad de oportunidades justas y de comunidad, con reducción de la brecha de ingresos y de condiciones de vida entre las posiciones sociales, en que todos gozan de derechos fundamentales y de las mismas oportunidades de prosperar,  con la condición de que contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen reduciendo el principio del mercado basado en la codicia y el temor- acrecienta su vigencia, junto a la agenda de sustentabilidad ambiental. Para ello debe establecer límites y deberes colectivos contrarios al mero libre mercado que ha defendido la UDI con tanto éxito en Chile, consagrando por el contrario derechos civiles y políticos extendidos y el mandato al sistema político para hacer realidad derechos  económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los ciudadanos.

“No creer en la igualdad” no es sino la defensa de la prolongación y reproducción de la concentración de la riqueza y del poder. Esto es lo que se propone la nueva presidenta de la UDI. Y en especial el que las políticas públicas no persigan un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana.  Ya lo decía Rousseau en un pasaje de su Contrato Social: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.

Siguiendo a Gerald A. Cohen (2009), uno de los principales pensadores igualitarios modernos, ya fallecido, todo mercado, aunque sea necesario para asignar recursos descentralizadamente en diversas esferas,  es un sistema depredador en tanto está basado en la codicia de los participantes y en el temor (los demás son una amenaza al propio éxito). La genialidad del mercado según Cohen “reside en que 1) recluta motivaciones bajas para 2) fines deseables; pero 3) también produce efectos no deseados, incluida una significativa e injusta desigualdad”.  Para superar estos efectos, este pensador igualitario moderno propone  concebir a la sociedad como una red de provisión mutua y la aspiración igualitaria como la extensión de lo que llama el  principio de comunidad, es decir el de la reciprocidad comunitaria en tanto “principio antimercado según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”.

Propone Cohen que este principio prevalezca sobre la simple igualdad de oportunidades. Distingue tres tipos de igualdad de oportunidades: la burguesa, que procura eliminar las restricciones de estatus socialmente construidas, como las del feudalismo o el racismo, causadas por asignaciones de derechos y/o prejuicios sociales intolerantes; la liberal de izquierda, que apunta a remover las restricciones provenientes de la cuna y de la educación, que implican desventajas de condiciones de trabajo y de vida, de modo que solo el talento natural y las opciones personales determinen la suerte de cada cual;  finalmente, la igualdad de oportunidades socialista, busca corregir todas las desventajas no elegidas, de las que razonablemente no se puede responsabilizar al agente mismo, ya sea de tipo social o natural: las diferencias en el resultado solo deben reflejar diferencias de elección (por ejemplo en los gustos de consumo o entre trabajo y ocio), es decir las preferencias individuales, y de elecciones entre estilos de vida cuando su satisfacción lleva a un comparable disfrute agregado de la vida. Estas diferencias no constituyen desigualdades condenables desde el punto de vista de la justicia.

Pero para Cohen debe prevalecer el principio de comunidad en una organización social justa. Este incluye que a las personas les importen los demás y que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos, y que además se preocupen de que a los unos les importen los otros. Así, ciertas desigualdades que no pueden restringirse o prohibirse en nombre de la igualdad socialista de oportunidades si debieran serlo en nombre del principio de comunidad, como la acumulación de unos en presencia de la deprivación de otros, aunque la primera no sea necesariamente injusta en tanto haya respetado la igualdad socialista de oportunidades. Para Cohen, hacer realidad estos principios choca con el poder capitalista establecido y con la propensión egoísta (postula que en casi todos la hay junto a la propensión a la generosidad) y requiere de la acción política, aunque según Cohen “ahora no sabemos cómo hacerlo”.

Pero afirma, lo que compartimos, que es necesario mantener el horizonte de estos principios como un ideal a alcanzar, mientras “en un sistema económico en el que la elección motivada por el propio interés de todas maneras sigue en vigor -aunque ahora con un alcance restringido- hay formas de introducir elementos fuertes de los conceptos de comunidad e igualdad. Una manera posible de hacerlo que nos resulta conocida es mediante la institución de un Estado de bienestar, que saca del sistema de mercado muchos bienes para satisfacer necesidades.”

Michael Walzer (2001), otro de los principales pensadores igualitarios modernos, sostiene con pertinencia que existen diversas “esferas de justicia”. Defiende una concepción de igualdad compleja que supone se preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de esas esferas. Así, el peso igual de cada ciudadano en el proceso de decisión política, el derecho igual de cada trabajador a participar en las decisiones de su empresa, el acceso al éxito escolar según el solo criterio del mérito o el acceso a las atenciones de salud en función solo de las necesidades y no del ingreso de cada cual, son diversos criterios de igualdad relevantes en su esfera pero irreductibles el uno al otro. Siguiendo el criterio de Walzer, en la configuración global de una situación de igualdad compleja el criterio de igualdad de resultados y de reducción de la brecha de posiciones puede ser pertinente si se aplica a determinados dominios específicos, como la seguridad  humana, la atención de salud o el derecho a ingresos básicos, y el de igualdad de oportunidades a otros dominios, como el de la actividad económica lucrativa. Este enfoque de diversas esferas permite discutir sobre los criterios igualitarios pertinentes para unas y otras políticas públicas susceptibles de ser aplicadas por los organismos internacionales, los gobiernos y las entidades administrativas sub-nacionales.

De estas argumentaciones podemos retener en términos de acción política que avanzar a una sociedad justa “implica tanto una condena de la explotación capitalista -por basarse en una injusta desigualdad en la distribución de los medios de producción-, como un apoyo al Estado de bienestar” (Roemer, 1995) para redistribuir recursos al margen del mercado y disminuir las brechas en los activos, los ingresos y las posiciones sociales.

Nada que pueda gustarle a la presidenta de la UDI. Pero tal vez iniciar un debate político en profundidad en la materia pudiera cambiar la actual mediocridad de la deliberación pública, hoy inmersa sólo en discusiones sobre medios parciales para resolver problemas inmediatos, abandonando la indispensable discusión sobre los fines de la acción política y los proyectos de sociedad posibles y sus méritos respectivos.