Cambio de gabinete: una espera decisiva

Publicado en Voces La Tercera

Después de la petición de renuncia de la Presidenta Bachelet a su gabinete, y el plazo de 72 horas que estableció para conformar uno nuevo, no tiene mucho sentido especular. Salvo -tal vez- constatar que es probable que el ministro del Interior y jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, será reemplazado o enrocado, y que el de Relaciones Exteriores ha sido confirmado  para que pueda seguir con tranquilidad su gestión en La Haya.

La tarea del ministro Peñailillo hasta el 30 de enero se presentaba bien, con dos grandes activos: haber logrado el cambio del sistema electoral binominal y haber mantenido básicamente en funcionamiento una coalición cuyos polos son los dos grandes actores de la guerra fría en Chile (la DC y el PC), cuya confrontación hasta 1973 fue homérica. Esto es del  orden de la proeza política y debe consignarse a favor de Rodrigo Peñailillo. Pero la pérdida de legitimidad global del sistema político por la evidencia de la gran influencia del poder económico en la política, llegó muy cerca del jefe de gabinete, víctima de un sistema que había naturalizado mecanismos de financiamiento de la política y de campañas por grandes empresas, al margen de la ley, y por insuficiencia manifiesta de la normativa.

Lo que viene para el nuevo equipo de gobierno supondrá abordar la continuidad de las reformas en curso -la de educación y la laboral en particular- y avanzar rápido en un nuevo sistema de financiamiento de la política, que establezca una muralla china entre el poder del dinero y las representaciones ciudadanas. Y que dé curso a las recomendaciones de las comisiones para reformar los seguros de salud, de crecimiento urbano y la que vendrá de previsión. Y, por supuesto, el nuevo equipo deberá dar curso al proceso constituyente convocado por la Presidenta a partir de septiembre.

En este contexto de cambio de gabinete, la tarea de la Presidenta Bachelet se debe colocar en perspectiva. No es una tarea perfecta, pero representa un inmenso cambio cultural en Chile  el solo hecho de que una mujer haya sido elegida, no una, sino dos veces para ejercer la primera magistratura. Además ha conformado la más amplia coalición política de la historia de Chile. También ha encaminado esa coalición a un compromiso con transformaciones sustanciales que Chile necesita. No es poca cosa. Y tampoco lo es, en medio de dificultades más importantes que las que nadie hubiera podido prever, que haya logrado mantener y proyectar, como se ha evidenciado en estas horas, los resortes de poder necesarios para llevar a buen puerto su compromiso reformador. Mientras tanto hay que esperar y ver.

El socialismo chileno y su década perdida

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El PS chileno ha sido dirigido desde hace una década por la corriente de Escalona y Andrade. El primero desde 2006 hasta 2010, cuando debió renunciar luego de contribuir a la división, derrota y fin de la Concertación, y luego Andrade desde 2010. Los resultados de esta gestión han sido un retroceso para el proyecto socialista en Chile, han dispersado su base de apoyo y diluido su influencia cultural. Se requiere un drástico cambio de orientación, que esperamos se concrete a partir de la elección del 26 de abril. Muchos pensamos que ese giro necesario debe reunir muchas voluntades, como ha logrado hacerlo Isabel Allende a la cabeza de una amplia coalición interna. Y que desde luego ayude a llevar a buen puerto la gestión de gobierno de la presidenta Bachelet.

El balance, efectivamente, no es bueno. El PS contribuyó poco o nada al programa del actual gobierno, no ha ayudado en su gestión, ni tampoco en la resolución de la actual crisis de legitimidad del sistema político. Más aún, se ha debilitado sustancialmente como fuerza articuladora y portadora de un proyecto de cambio social. La idea de la “casa común de la izquierda”, que presidió la reunificación de 1989, está destruida. Atrás quedó el intento de una construcción política plural inspirada en una nueva síntesis ideológica que reivindicara la democracia en lo político, el dinamismo y la sustentabilidad en lo económico, la igualdad en lo social, el progresismo en lo cultural y el latinoamericanismo en lo internacional. Unificado, el socialismo chileno pudo transformarse en un actor clave en la transición.

Con el tiempo, se apartó de su tarea primordial de romper las trampas constitucionales y el veto minoritario de la derecha en las instituciones, con la consecuencia de no construir pilares de equidad en la sociedad y evitar la inédita concentración del poder económico. Terminó prevaleciendo el acomodo y la resignación ante los poderes fácticos. La construcción de un proyecto de cambios estructurales fue abandonada en beneficio de reconversiones neoliberales o bien, más frecuentemente, en favor de la mera lucha burocrática por ocupar cargos en el Estado. Para ese tipo de práctica política no se requiere la búsqueda de adhesiones mayoritarias y la construcción de hegemonía en el campo de las ideas. Para la política burocrática basta con construir clientelas, lograr alianzas para acceder al Estado, aunque sea en condiciones de subordinación, y ser parte del partido del orden para llegar o mantenerse en los puestos públicos.

La corriente que ha dirigido el PS en la última década terminó encarnando la opción acomodaticia. Su pulsión autoritaria contribuyó decisivamente a poner en minoría en la Cámara y el Senado a la presidenta Bachelet en su primer gobierno, al reemplazar la lógica de la articulación por una lucha obsesiva contra los “díscolos” de distinto signo,  y al mismo tiempo dando soporte político a las opciones neoliberales en la coalición. Esa dirección barrió con la diversidad interna y no quiso o supo evitar la salida del PS del senador  Navarro en 2008, que creó el MAS; del Senador Carlos Ominami y del diputado Marcos Enríquez-Ominami en 2009, que crearon el PRO; del diputado Sergio Aguiló, en 2011, que creó la Izquierda Ciudadana; y, finalmente, la de jóvenes que, como Miguel Crispi, crearon Revolución Democrática ante la ausencia de sintonía del PS con las movilizaciones estudiantiles. Y logró que dos ex militantes socialistas (Jorge Arrate y Marcos Enríquez-Ominami) fueran candidatos a la presidencia en 2009, marginándose de un  partido que les negó el derecho a competir democráticamente, y que terminaron sumando nada menos que el 26% de los votos. Se trató de una gestión política que resucitó la lógica de la división y la dispersión que tanto había costado revertir.  

Durante el gobierno de Piñera, la Nueva Izquierda y Escalona terminaron de consagrar su pertenencia al partido del orden. Votaron a favor del royalty del gobierno, que sustrajo de la soberanía popular hasta 2023 cualquier cambio a la tributación minera, en un acto inaceptable de renuncia a sus potestades por el parlamento chileno. Y luego no dijo nada, como unos pocos hicimos, entre ellos la senadora Isabel Allende, contra la licitación a SQM de nuevos yacimientos de litio. Luego, vino la descalificación de mala manera de la idea de Asamblea Constituyente, aprobada formalmente por el Congreso del PS en 2011, y ahora especula con adelantar elecciones, debilitando a la presidenta.  No es éste un enfoque y un balance que merezcan ser reivindicados.

Los dirigentes del PDC que celebran a Escalona, y que en 2014 le ofrecieron, para dividir a la izquierda, un cupo senatorial luego de que declinara participar en primarias en su propio partido -en un acto de muy poca prestancia política- debieran evaluar que a la larga estas alianzas miopes no son capaces de conformar una coalición con reglas y prácticas  basadas en la lealtad mutua y la competencia democrática.

Es tiempo que el PS haga un giro y vuelva a su proyecto de ser un eje de la izquierda democrática chilena, promotor de la igualdad de derechos y oportunidades y de transformaciones democráticas, progresivas pero estructurales. Debe volver a ser la fuerza organizadora de un bloque social y político por los cambios, que reunifique en vez de dividir a la izquierda para lograr entendimientos constructivos con el centro y, en definitiva, proveer solidez a la democracia.

En el corto plazo, es indispensable que el PS no sea un factor de tensión que ataca a ministros de la presidenta Bachelet y se desentiende de las reformas estructurales. Antes bien, lo congruente es que el PS elija un nuevo liderazgo, mediante la confluencia de gente experimentada con nuevas figuras, que apoye a la presidenta Bachelet y su programa de reformas. La tarea es reconstruir un socialismo moderno legitimado ante su base social y el conjunto del pueblo chileno, con vocación mayoritaria y reformadora.

Vale la pena, para concluir, citar un texto de Maquiavelo: “No existe nada de trato más difícil, de éxito más dudoso y de manejo más arriesgado que la introducción desde el poder de nuevos ordenamientos, porque el que introduce innovaciones tiene como enemigos a todos los que se benefician del ordenamiento antiguo, y como tímidos defensores a todos los que se beneficiarán del nuevo”. A pesar de la dificultad provocada por el poder oligárquico, los países deben ser capaces de reformarse si no quieren instalarse en la decadencia, la polarización y la emergencia de caudillos y demagogos en un mundo que exige cambios. No es tiempo de retrocesos conservadores sino de nuevas perspectivas y nuevas esperanzas democráticas, igualitarias y libertarias.

La crisis de legitimidad democrática

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No es aventurado afirmar que a estas alturas estamos en presencia de una verdadera crisis de legitimidad del sistema político. Los que deben gobernar y legislar aparecen para la mayoría de los ciudadanos -mezclándose el antiguo sustrato autoritario pinochetista contra los “políticos” con el contemporáneo rechazo al clientelismo y el oportunismo, que incluye la subordinación a intereses privados de muchos representantes políticos- como sólo sirviéndose a sí mismos.

Los hechos son contundentes para extender este tipo de interpretación: se constatan mecanismos naturalizados de especulación, abuso de usuarios y corrupción, junto al ahora visibilizado financiamiento ilegal generalizado de campañas por grandes empresas, lo que permite presumir un fuerte control del sistema político por intereses económicos y corporativos. Es doloroso hacerlo, pero se debe constatar que muchos de los que gobiernan y legislan están representando -en mayor o menor medida- a poderes empresariales o sectoriales y no a quienes los eligieron para defenderlos en el tratamiento en la esfera pública de los temas que les preocupan cotidianamente: sus condiciones de empleo, salarios y sus pensiones, atención de salud, condiciones del transporte, de la vivienda y del entorno urbano, así como el presente y futuro de sus hijos a través de la educación y la expansión de oportunidades económicas, como también el legado ambiental a las nuevas generaciones.

La representación política se encuentra hoy enturbiada en su sentido básico de canalización racional de las aspiraciones y opciones mayoritarias. Se acentúa la reacción colectiva, que se viene constatando -desde el punto de vista de la participación electoral- al menos a partir de 1997, mediante un alejamiento generalizado de los ciudadanos de la esfera pública. Probablemente no pasará en el corto plazo nada catastrófico en la sociedad chilena –aunque la naturaleza está siempre poniéndonos a prueba-, pero los síntomas de una descomposición de la vida en común están a la vista: anomia y percepción generalizada de injusticia de la situación personal y familiar, no respeto de la ley, repliegue en el interés privado y en el individualismo negativo (cuando no en las adicciones), violencia cotidiana, avance del narcotráfico y del gran delito. Sus consecuencias serán severas en el mediano y largo plazo, y llevan hoy a confusiones inaceptables, como cuando un subsecretario del Interior -supuestamente de izquierda- plantea la receta del estado de sitio frente a la violencia (lo que revela un carácter autoritario y su falta de idoneidad para ejercer el cargo en un régimen de libertades democráticas, en mi opinión).

Frente a esta perspectiva peligrosa de descomposición social, es tarea de la esfera política reaccionar para relegitimar y fortalecer la democracia como forma de gobierno, aunque sea a estas alturas sumamente tardía, dada la rigidez y miopía mostrada por la derecha en la defensa de las oligarquías que representa y el oportunismo de parte del centro y de la izquierda, que renunció a defender los intereses de las mayorías y se acomoda a un sistema de privilegios. Lo que está en juego es ampliar las bases de un régimen de libertades y de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en el que todos los sectores y grupos sociales sean parte legítima y reconocida, y no sólo pequeñas oligarquías. Régimen a partir del cual -en tanto alternativa a los autoritarismos de diverso signo- se aborden las tareas del fortalecimiento de la productividad y de la eficiencia económica, sin desligarlas de la sustentabilidad social y ambiental del desarrollo, y que son las que permiten dar respuestas de largo plazo a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos antes mencionadas.

Atacar una crisis de legitimidad de esta envergadura no tiene muchas variantes. Sólo cabe recurrir a la fuente primaria de la legitimidad democrática, que no es el sistema de partidos, no son los parlamentarios ni representantes regionales y locales, menos aún es el poder económico o el poder religioso; es el pueblo.

El problema del sistema político actual tiene su origen en una dictadura que lo entendió como concesión inevitable, pero sólo bajo la forma de una “democracia protegida” que permitiera mantener el dominio del poder económico oligárquico reconstruido entre 1973 y 1989. Las enmiendas parciales y sucesivas desde entonces, valiosas, no han estado en condiciones de superar esa falta de legitimidad de origen, y simplemente ya no lo harán. El gobierno debiera reaccionar, tomar la iniciativa y someter al Congreso una reforma constitucional que permita la realización -en 2015- de un plebiscito en el que los ciudadanos se pronuncien por mantener la actual Constitución y sus mecanismos de reforma, o bien por la elección de una asamblea constituyente, que en caso de ser aprobada por el pueblo y elegidos nuevos representantes, redacte de manera pacífica y civilizada una Constitución legítima que sea luego plebiscitada hacia fines de 2016.

Mientras, el gobierno y el Congreso debieran avanzar en las reformas a la educación y a la negociación colectiva que ha propuesto la Presidenta Bachelet, y preparar junto a diversos otros temas del programa de gobierno, las reformas a los seguros privados de salud y a las pensiones, que han sido o están siendo trabajadas por comisiones asesoras. Y además debieran abordar los temas que están en juego para separar la política del dinero y terminar con la clientelización del Estado, que son los componentes inmediatos de la crisis del sistema político.

En materia de financiamiento de la política, se debe legislar para, entre otras cosas, disminuir sustancialmente los límites del gasto electoral; restringir la publicidad en la vía pública; prohibir el aporte de personas jurídicas; limitar el aporte privado y mantener el carácter anónimo sólo hasta 20 UF por demanda del donante y publicidad a las de monto mayor a 20 UF, con límite; invalidación de la eventual elección a cualquier cargo de elección popular si se infringen los límites de gasto y llamado inmediato a una elección complementaria; ampliación de la titularidad de los denunciantes y de la prescripción por transgresión a la legislación electoral.

En materia de tráfico de influencias, se debe reforzar la ley de lobby, publicitando detalladamente la identidad y representación de intereses de los que concurren a audiencias o se comunican por cualquier vía con autoridades, y su eventual aporte previo a campañas electorales o partidos, e impedir de ese modo que la ley de lobby sea eludible vía llamado telefónico y correo electrónico. Se debe prohibir la militancia en partidos políticos de los lobistas. Se debe ampliar los sujetos obligados de la ley de transparencia a todos aquellos que puedan incidir en las decisiones públicas. Se debe realizar una ampliación sustancial del plazo de prohibición (cinco años) para que ex funcionarios opten a un empleo en empresas reguladas.

En materia de profesionalización de la función pública, el legislador debe disminuir drásticamente los cargos de exclusiva confianza, y distinguir los que requieren requisitos técnicos y profesionales, y los que no los requieren, pues deben expresar por sobre todo un compromiso con la realización de un programa comprometido ante los ciudadanos (como ministros, subsecretarios y jefes de determinados servicios, junto a restringidos equipos de asesores de confianza). Se debe fortalecer las normas objetivas de acceso a la administración pública, privilegiando los concursos anónimos de oposición, y llevar la carrera profesional hasta el nivel de jefes de división y departamentos y equivalentes, mediante calificaciones objetivas y concursos anónimos de oposición, creando un sistema de movilidad horizontal entre las plantas de los diversos servicios públicos.

El actual Sistema de Alta Dirección Pública debe remitirse a ser un procedimiento de certificación de cumplimiento de requisitos y habilitación para el nombramiento de determinados cargos. Se debe, además, establecer un procedimiento de justificación detallada en la ley de presupuestos de los cargos a contrata que superen el 20% de la planta funcionaria, junto con eliminar los honorarios como modalidad de contratación de personal en la administración, que se presta tanto para el pago de remuneraciones desmedidas a cercanos, es decir, el clientelismo puro para algunos, y para la mayoría la precarización de sus derechos como trabajadores.

Como se observa, la agenda pública está especialmente recargada. Razón adicional para no seguir retardándola y rindiéndose frente al peso del conservadurismo.

Aclaración contra infundio

El señor Juan Miranda declaró ayer en la inscripción de candidaturas del PS que "el compañero Martner aparece mencionado en el caso Soquimich y eso nos parece inaceptable". A mi también me parece inaceptable, pues no tengo nada que ver con SQM. En una comunicación privada el señor Miranda alude para hacer su afirmación a lo mencionado en la prensa respecto a Chile 21 y la consultora Aserta. 

Primero, participo en actividades de Chile 21 desde su fundación hace 20 años, y actualmente me ocupo de sus análisis económicos. Chile 21 se financia con aportes de fundaciones internacionales y la venta de informes a múltiples organismos y empresas, diversificación que asegura su independencia de criterio. No participo en temas administrativos o de financiamiento. Segundo, realicé en 2011 un trabajo de consultoría contratado por Aserta Consultores, sobre tributación de recursos naturales. Nunca he tenido vínculo contractual ni de ningún tipo con SQM, no conozco a sus dueños o ejecutivos.  

Anexo una presentación en un seminario con los sindicatos de trabajadores del cobre en la que me opuse a la política del litio de Piñera y a la licitación de la que se benefició SQM (http://www.gonzalomartner.blogspot.com/2012/10/sobre-el-litio-y-la-tributacion-minera.html) y defendí la idea de "derivar el negocio a Codelco" y no a SQM (.http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=54725).

Ahí están mis dichos y mis actos contra las mineras y contra SQM y mis planteamientos sobre el royalty (http://www.gonzalomartner.blogspot.com/2010/10/dejando-constancia.html ).  Nunca he estado condicionado por interés privado alguno y me gano la vida en una universidad pública como académico, en condiciones de absoluta independencia, con la que he defendido y seguiré haciendo el carácter público que en mi opinión debe tener la explotación de recursos naturales en Chile.

Pero claro, hay quienes nunca pierden la ocasión para descalificar y honrar la cultura de la maledicencia.

Decisión sobre candidatura

El lunes 6 de abril se inscriben las candidaturas al Comité Central y otros cargos de dirección del Partido Socialista para la elección del 26 de abril.

Se conformó para esta elección la lista llamada Tercera Vía-Socialistas por la Asamblea Constituyente, que se inscribirá este lunes. Sin perjuicio de prestarle todo mi apoyo a la lista, he decidido no ser candidato. Declino postular a ocupar cargos de dirección en el PS y seguiré aportando desde el campo programático y de las ideas y desde mi condición de académico.

En estos tiempos de confusión y malestar, creo que es necesario mantener posiciones claras y de principios y también saber converger para impedir que los conservadores mantengan el control sobre el PS y lo transformen definitivamente en un pilar del partido del orden. Está en juego el legado transformador del socialismo y darle un nuevo rumbo para que sea parte decisiva de las  tareas de acción contra las desigualdades y la refundación institucional que Chile requiere urgentemente.  El PS se ha transformado en una organización que sólo busca el poder en el Estado, sin contenidos ni proyectos ni otro programa que no sea la ocupación de cargos burocráticos o de representación, mientras la mayoría de los chilenos observa con estupor como se reproduce un sistema político capturado por el poder económico oligárquico, que no actúa sobre los privilegios ilegítimos y no representa sus intereses y aspiraciones.

Me parece claro que alrededor de Isabel Allende se ha conformado una coalición interna por el cambio que está llamada a ser mayoritaria en el Partido Socialista, de modo de impedir que sea tomado por los partidarios del orden, opción autoritaria y oportunista que representa la Nueva Izquierda. Espero y confío que la lista de la Tercera Vía-Socialistas por una Asamblea Constituyente obtenga un gran resultado y sea parte de una nueva dirección que encabece Isabel Allende, que seguramente sabrá recoger la plataforma de lucha por una Asamblea Constituyente y por un gobierno que realice reformas estructurales en beneficio del mundo del trabajo y de la cultura, es decir de la mayoría de Chile.

Entrevista en Revista Cosas

De todos los actores políticos que salieron a fustigar el negocio de la empresa Caval, de propiedad de Natalia Compagnon, señora de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet, uno de los que llegó más lejos fue Gonzalo Martner. Este economista socialista, ex subsecretario general de la Presidencia y ex timonel del PS, no se quedó en la crítica frente al escándalo que sacudió a La Moneda, sino que presentó una petición para que, como militantes que son, Dávalos y Compagnon fueran pasados al Tribunal Supremo de su partido. Y, tras renunciar ambos, insiste en el pronunciamiento de esa entidad.

Recién llegado de sus vacaciones en el sur, lo primero que hizo Martner fue materializar ese trámite. Para él, no hay tiempo que perder y es vital dar una señal contundente de que el PS no avala ese tipo de conductas.

¿Le pareció adecuada la declaración de la Presidenta sobre el caso de su hijo?

Como le tengo mucho afecto, vi que era una situación muy complicada en lo personal, pero ella dijo que iba a cumplir con su deber, más allá de lo difícil de la situación y del dolor que le había provocado, así es que me pareció una buena declaración.

¿No habría esperado que ahondara más en el tema y que aceptara más preguntas?

Ella sí aceptó preguntas, cosa que no había venido ocurriendo con otros personeros. Dijo lo principal, y lo principal es que ella no tenía noticias de esto y que se enteró por la prensa, lo cual evidentemente es un problema en sí mismo, si se quiere, pero creo que ésa es la realidad.

¿Sí? ¿Cree que ella dijo la verdad?

Absolutamente.

¿Y es razonable que una mamá no sepa que un hijo y su señora están pidiendo un crédito por 6 mil 500 millones de pesos, teniendo una pyme de sólo 6 millones?

–Dada la moderna relación entre madres e hijos, uno no puede pronunciarse en estas cosas (se ríe). Yo le creo a ella, sí.

¿La Presidenta estará consciente del nivel del daño que este episodio le ha causado?

Por lo que vi en su actitud gestual, sí. Estaba muy afectada.

¿Y qué le pareció la explicación de AndrónicoLuksic, controlador del Banco de Chile?

Un tanto curiosa porque se hace a los empleados del banco. Debiera hacerse a la opinión pública. Estamos hablando de la persona más rica de Chile. Con esa responsabilidad debiera haberse dirigido a los ciudadanos también, mediante mecanismos de transparencia, respondiendo apreguntas de la prensa. Por lo demás, él es dueño de un medio de comunicación, que es otro tema enorme… Según versiones de prensa, la persona más rica de Chile solicita la presencia del hijo de la Presidenta. Eso ya es una tremenda incorrección, y una grave equivocación de parte de Dávalos haber aceptado asistir a esa reunión.

SEGÚN EL DIRIGENTE DEL PS, ANTE LO OCURRIDO CON DÁVALOS Y EL FINANCIAMIENTO ILEGAL DE CAMPAÑAS, SE DEBIERA CONVOCAR A UN PLEBISCITO CON MIRAS A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE QUE RESTITUYA LA LEGITIMIDAD DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO.

Dice Luksic que él no se percató de las repercusiones que podía tener ese trámite.

Los dueños de Chile, como decía Vicente Huidobro, suelen no darse cuenta de sus actos, porque se creen dueños de Chile. Y, desgraciadamente, en algún sentido lo son.

Pero, ¿cree que él dijo la verdad?

Creo que dijo la verdad, pero una verdad grave.

Dadas las explicaciones de Bachelet y Luksic, ¿“caso cerrado”, como dice la Doctora Polo?

O sea, manifiestamente no. Hay fiscales actuando en este tema que al parecer van a interrogar a estas personas.

Pero respecto de las responsabilidades políticas…

Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, Dávalos renunció al cargo que ostentaba. Y yo, junto a otras personas, solicitamos al Tribunal Supremo del PS que analice la situación. Aunque ahora ellos renunciaron a su militancia, el TS debe pronunciarse.

¿Qué lo animó a hacer esa petición?

Mi ánimo no es perseguir a nadie. Esto es muy incómodo y enojoso. Pero la declaración de Dávalos y de sus abogados a mi entender reivindica la especulación inmobiliaria, mediando acciones de órganos públicos. No es correcto para nadie, y desde luego tampoco para un militante socialista, hacer operaciones de este tipo, donde no hay creación de riqueza ni agregación de valor; lo que hay es simplemente especulación inmobiliaria y enriquecimiento personal mediante acciones sobre el sistema público. La justicia verá si eso, además de incorrecto, es ilegal.

“UN PARLAMENTARIO FINANCIADO CON RECURSOS ILEGÍTIMOS SIMPLEMENTE NO TIENE LA LEGITIMIDAD PARA EJERCER EL CARGO Y DEBE PERDERLO, DANDO PASO A UNA ELECCIÓN COMPLEMENTARIA. NADIE PUEDE REPRESENTAR A OTRO CHILENO EN BASE A UNA ILEGALIDAD”, DICE GONZALO MARTNER.

¿Habrá voluntad en el PS de seguir adelante hasta el final con este tema? Acabo de escuchar unas declaraciones bastante vehementes –como suele hacerlas por lo demás– del presidente del partido, Osvaldo Andrade. Espero y confío que así sea, aunque he confiado muchas veces en él y no he tenido reciprocidad. Pero espero una actitud partidaria consistente con algo muy simple: la probidad pública es un valor esencial a mantener en la república y desde luego para los socialistas. Ningún socialista puede hacer como que es normal usar el aparato público para enriquecerse personalmente. Ni tampoco es normal financiar actividad política mediante actividades ilícitas, como es el caso de Christian Urízar. El PS no ha dicho una sola palabra respecto a un parlamentario que en principio va a ser subjefe de su bancada de diputados, y que está imputado por fraude al Fisco. Eso a mí me genera un rechazo muy profundo.

Su postura, ¿está influida por el hecho de estar aspirando a la presidencia del PS?

Yo no estoy planteando esto hoy por algún oportunismo o porque haya una elección interna en el PS. Hace 10 años generó escándalo una declaración mía cuestionando el tipo de prácticas que el sistema político chileno, incluyendo a socialistas, estaba tomando como algo normal. Para mí, esto no tiene que ver siquiera con el proyecto político que el socialismo encarna – nuestros ideales de justicia, igualdad y libertad–, sino que como simple ciudadano no quisiera ver a nuestro país envuelto en la corrupción, como ya ha pasado en otros países.

¿En el PS se relajaron los estándares éticos?

Totalmente.

¿Es el poder lo que produce eso?

Según el antiguo dicho, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Eso es verdad. Yo pertenecí al ala del PS que en su época era denominada de manera peyorativa como moderada o socialdemócrata, porque creía que debíamos transformarnos en un partido de gobierno, que representase a esa parte de la sociedad que aspiraba a transformaciones igualitarias, en un contexto democrático y con capacidad de gobierno, es decir, formando cuadros para incidir en la realidad cotidiana de las personas, no manteniéndose sólo en una retórica genérica de un eventual paraíso sobre la tierra que nunca llega. Para mi generación es muy doloroso ver que eso se transformó desgraciadamente en un pragmatismo absoluto, consistente en llegar al gobierno para obtener granjerías. Y a eso se ha sumado últimamente el financiamiento irregular de campañas.

¿Cómo debiera actuar a partir de ahora el gobierno ante el caso Dávalos?

En cuanto a un eventual tráfico de influencias y negociación incompatible, es la justicia la que debe actuar. En el terreno político hay que abordar el tema del financiamiento. La ley autoriza a las empresas a otorgar recursos a los candidatos de su preferencia –algo en lo que estoy en total desacuerdo–, pero ahora la fiscalía ha encontrado a decenas de dirigentes políticos que recurrieron en 2010 a financiamiento ilegal de las empresas para sus campañas. Entiendo que eso estaría prescrito porque ha pasado más de un año sin alegaciones ante el Servicio Electoral. Sin embargo, cabe una pregunta sobre la legitimidad del actual Parlamento.

¿Es qué sentido está en duda la legitimidad del Parlamento?

En el sentido de que –si se hace la lista con lo que ya se sabe– hay una cantidad considerable de parlamentarios cuestionados, y a ellos podrían sumarse otros, porque es el sistema el que está establecido así. Hay un conjunto de empresas que financia la política y –como vimos en el caso Penta y de la UDI– para su beneficio. El presidente de la UDI actúa a favor de la Isapre de Penta, grupo del cual es socio. Ahí hay un primer problema que debiera solucionarse con una ley de corto plazo que establezca sanciones muy duras. Esto debe traducirse en que quien sea financiado con recursos ilegítimos, simplemente no tiene la legitimidad para ejercer el cargo y debe perderlo, dando paso a una elección complementaria. Nadie puede representar a otro chileno en base a una ilegalidad. Ese es el principio.

¿Esa es la situación que se da hoy?

Absolutamente.

Y qué se puede hacer frente a eso. ¿Disolver el Parlamento?

La Presidenta debiera mandar al Parlamento un proyecto más completo que el ya enviado, que establezca la total incompatibilidad entre la política y los negocios y la consiguiente pérdida del escaño. Personalmente creo que un proyecto así no va a avanzar mucho con el actual Poder Legislativo, porque es evidentede corrupción entre política y negocios. Que el presidente de la UDI –socio directo de personas que han estafado al Fisco– no haya dado un paso al costado, es inconcebible. Es evidente que esa gente, y se agregarán a lo mejor otros, no está dispuesta a legislar.

“EN LAS REPÚBLICAS EN FORMA NADIE EJERCE UN CARGO PORQUE ES PARIENTE DE ALGUIEN. ESO ES CLIENTELISMO PURO Y SIMPLE”, DICE MARTNER.

¿Por lo tanto?

El tema de la Asamblea Constituyente aquí emerge con claridad. Se nos ha dicho a muchos, incluso en el Partido Socialista, que eso es fumar opio, que es una irresponsabilidad, porque no habría crisis que lo justificara... Pero la crisis está. El tema del financiamiento de las campañas y de las acciones incorrectas desde el Estado y con privados pone en cuestión la legitimidad de la democracia. Los que luchamos para que Chile volviera a tener un régimen de libertades, no podemos quedarnos impasibles ante una pérdida de legitimidad brutal frente del régimen democrático. Si la democracia va a ser así, le encuentro toda la razón a que los jóvenes no quieran participar de esto, lo que augura un futuro negro para Chile.

“La Presidenta debiera llamar a consultas al sistema político y proponer que, mediante un plebiscito –autorizado por el Parlamento, porque yo creo en las cosas institucionales–,, pregunte a los chilenos si quieren un proceso de Asamblea Constituyente, que no es el caos, como algunos dicen, sino el proceso más ordenado que haya concebido la democracia para volver a refundar… Se dice ¡pero cómo quieren refundar Chile! ¡Sí, yo quiero refundar Chile! Empezando por su democracia”.

¿Cree que quienes antes no estaban convencidos de una Asamblea Constituyente, ahora sí lo van a estar?

Muchos deben seguir convencidos de que no hay que hacerla. Yo estoy convencido de que sí es necesaria. La idea es que este procedimiento tenga una lógica que sea representativa y de búsqueda de máximos acuerdos. Pero cuando una minoría no quiere aceptar las reglas del juego democrático –que implica que las mayorías son las que mandan, respetando a las minorías–, bueno, se llegará hasta donde se pueda en esa búsqueda de consensos, y el espacio para eso es una Asamblea Constituyente, con representantes distintos de los que hoy ejercen el poder, porque está en cuestión su legitimidad. Han sido elegidos haciendo trampa. Muchos, no todos…

Para usted es inconcebible que el presidente de la UDI no haya renunciado. ¿No corresponde exigir lo mismo al presidente del PS por el caso Caval, en que hay socialistas involucrados?

La diferencia es que el presidente de la UDI tiene una sociedad con Pablo Wagner, a nombre de la cual se emitieron boletas para que una empresa del sector minero financiase al subsecretario de Minería. Osvaldo Andrade no tiene nada que ver en lo personal con algo semejante.

Muchos se preguntan si Sebastián Dávalos debió ser nombrado en ese cargo.

Yo personalmente lo he dicho y mucha gente me critica porque parece una crítica a la Presidenta… Yo voté por ella, apoyo a su gobierno y apoyo sus reformas, pero ésa me pareció una mala decisión simplemente. Es un resabio del Cema Chile y de algo que se originó en el gobierno de González Videla. En las repúblicas en forma nadie ejerce un cargo porque es pariente de alguien. Eso es clientelismo puro y simple.

¿Es la oportunidad de terminar con esa institución de la Primera Dama?

Por supuesto.

“NO ES UN TEMA DE EMPATE”

Para que se restablezca la confianza pública, ¿en qué debiera terminar el caso Dávalos?

La prensa correctamente lo ha llamado caso Caval. Creo que no es un asunto respecto a personas. Esto debiera terminar en que, por un lado, se produzca este cambio drástico en la situación de las fundaciones y de la dirección sociocultural de la Presidencia. En el caso específico de los terrenos de Machalí, la justicia dirá si hubo o no información privilegiada o negociación incompatible.

Muchos homologan el caso Dávalos con el caso Penta. ¿Es ése un enfoque justo?

No es justa la homologación ni es justo negar que hay un problema en el caso Dávalos. Este no es un problema de empates más o empates menos. Lo que tenemos es un sistema político cooptado en buena medida por el dinero y por la influencia de las grandes empresas, y a su vez una cultura de búsqueda de la ganancia monetaria sin escrúpulos, mediante todos los medios. Por tanto, lo que corresponde es que haya la capacidad de actuar para eliminar las oportunidades de corrupción y, a la vez, en cada ocasión en que haya una acción incorrecta, establecer máximas sanciones. Otros países lo han logrado. Para usted, ¿lo ocurrido con Dávalos se inscribe en el ámbito de la corrupción?

La corrupción se define técnicamente como el desvío de bienes públicos para fines particulares. En ese sentido, técnicamente no es un acto de corrupción, sí es un acto que está investigando la fiscalía por eventual tráfico de influencias, uso de información privilegiada y negociación incompatible. Por lo tanto, específicamente no es que alguien se esté metiendo plata pública en el bolsillo, sino que se está usando entidades públicas y la influencia eventual sobre entidades públicas para enriquecerse personalmente. No es exactamente lo mismo, pero en castellano… se parecen.

Entrevista en TVN 24 horas

Entrevista con Juan José Lavín

Entrevista en Hora 20 La Red

Noticiero Hora 20 Desde minuto 13 del archivo.

Entrevista en CNN Chile sobre probidad y asamblea constituyente

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La democracia, la pentapolítica y Piketty

Columna en El Mostrador

La prensa nos ha informado en estos días que el ex gerente general del grupo económico Penta ganaba 36 millones de pesos al mes. Recordemos que el salario mínimo es de 225 mil pesos, que perciben entre 600 y 900 mil trabajadores según las estimaciones. Estos son remunerados por su trabajo 160 veces menos que un gerente general de un grupo económico. ¿Puede alguien sostener que esta diferencia de remuneraciones se explica y justifica por una productividad 160 veces mayor del uno respecto a los otros? La diferencia de remuneración en el trabajo refleja básicamente la diferencia de poder en la empresa, mucho más en todo caso que aquella de la productividad del trabajo. En segmentos laborales esta es  efectivamente muy baja en Chile y requiere que se avance en innovación productiva, educación y gestión cooperativa en los lugares de trabajo que favorezca la formación profesional continua.

          Pero disminuir la diferencia de ingresos basada en el control del poder en la empresa requiere además de un cambio fundamental: hacer posible la negociación colectiva efectiva y cautelar los intereses de los accionistas minoritarios, impidiendo el uso malicioso de información privilegiada. Y requiere de redistribuciones a través de impuestos progresivos, para lo que debe perseguirse el fraude, la evasión y la elusión tributaria. Vasto programa de reformas del capitalismo salvaje chileno hacia el que el país se va más o menos encaminando, aunque se requiere todavía mucho para conformar una estrategia sólida y colaborativa de avance a una economía mixta social y económicamente regulada. Están a la vista las grandes resistencias sistémicas, y desde luego las de quienes representan directamente al poder económico, lo que es diáfano, pero también las que provienen de la subordinación de una parte del centro y la izquierda cooptada por el poder económico por múltiples vías, la que llama a no “fumar opio”, renuncia al cambio y utiliza el poder del dinero, de proveniencia desconocida, en las elecciones internas de los partidos. Pero al menos se va conociendo cómo las cosas funcionan.

         La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior  influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.

      Para nuestra ilustración, el mentado gerente general, en el contexto de delitos tributarios y fraudes hoy perseguidos por la justicia, declaró que “se pagaba una parte por boleta, otra por factura, otra por dieta”, con el fin de “disminuir la base imponible” de las empresas y ejecutivos, mientras los principales dueños hacían aparecer como gasto de la empresa servicios a honorarios supuestamente realizados por sus esposas o la compra de vehículos para su uso personal, pasando por encima de los intereses fiscales y además de los de los accionistas minoritarios. ¿Es eso productividad y creación de valor? En realidad es un fenómeno bien poco edificante: la alta concentración del ingreso que proviene del poder económico en mercados oligarquizados se refuerza derechamente mediante mecanismos de fraude, de abuso de accionistas no controladores y también de elusión tributaria que nuestra legislación permite, revelando la profundidad de la captura del poder político por el poder económico en Chile.

          No parece ser por casualidad que el economista Thomas Piketty haya subrayado en su visita a nuestro país que en Chile, sobre la base de estudios que consideran las declaraciones del impuesto a la renta, “gran parte de los que ganan más ingresos no necesariamente lo reciben como ingreso personal sino que lo pueden colocar en empresas y si se incluyen utilidades retenidas y se atribuyen al ingreso personal, entonces la participación del 1% más rico sería cercana al 35% (de la riqueza nacional), que sería el nivel más alto del mundo”.

         Si, leyó bien: el 1% más rico (y no el 10% como puso un periódico de la plaza en boca del economista francés) se lleva cerca del 35% del ingreso nacional. Más que en Sudáfrica, que arrastra las secuelas de un brutal régimen de apartheid racial.

          Pero esto no es todo. Se nos revela que candidatos (básicamente de la UDI) solicitan al grupo Penta y obtienen de él dineros para sus campañas transferidos al margen de la ley. Lo que en todo caso los chilenos sabemos o sospechamos hace tiempo, más allá de este caso, sobre la base del gigantesco despliegue de recursos que observamos en las campañas electorales, que de alguna parte tienen que provenir.

      Y también se evidencian signos inequívocos de tráfico de influencia. Primero, se conocen peticiones sobre cambios a la legislación de un dueño del grupo Penta (con intereses en los seguros privados de salud) a propósito de la ley de Isapres, realizadas directamente ante el propio líder del partido UDI, precedidas y seguidas por una férrea defensa de esta forma abusiva de aseguramiento frente a la enfermedad que concibieron e impusieron en un contexto de dictadura varios de sus connotados militantes, y que es rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos. Segundo, se conoce que un ex subsecretario de Minería, militante del mismo partido –y socio además en una empresa con el propio presidente del partido UDI, que no se entiende cómo sigue aún en el cargo–, recibía una remuneración mensual de Penta mientras seguía los avances de un proyecto minero del grupo, del que además provenía en su desempeño profesional previo. Es justo señalar que aparecen mencionados también en el caso el ex candidato presidencial Andrés Velasco, por la prestación de servicios durante un almuerzo por un valor de 20 millones de pesos, y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por la elaboración de un estudio sobre comunas a través de una fundación creada por él y que los ejecutivos del grupo Penta señalan haber adquirido pero no utilizado.

         Pero la evidencia del compromiso entre este grupo económico y el partido fundado por Jaime Guzmán es especialmente abrumadora, sin que hasta ahora pase nada en materia de asumir responsabilidades políticas. Una declaración solemne de la UDI sobre el tema es de antología. Pide excusas públicas, pero acto seguido rechaza “la pretensión de algunos de querer relacionar nuestras fuentes de financiamiento con nuestro actuar en política”, no sin agregar que “la ciudadanía sabe que cuando hablamos de la existencia de dobles estándares o hipocresía, estamos diciendo la verdad”. Es insólito que una directiva política pueda sostener por escrito que quien la financia no incide en su actividad, como si se tratara de la Cruz Roja, y que afirmarlo nada tiene de hipócrita. Poco sorprenden a estas alturas declaraciones de esta índole de un grupo que defendió a una dictadura prolongada y sus crímenes en nombre de la libertad y luego ideó la pretensión de establecer una “democracia protegida” de… la propia democracia, es decir, de la voluntad popular. Y que en estas horas rechaza el cambio al sistema binominal en nombre de la afectación del principio de igualdad del voto, como si el mencionado sistema no fuera la expresión más extrema de desigualdad del voto que haya creado la imaginación política en cualquier latitud, con 1/3 que iguala a 2/3, para preservar los intereses de la UDI y del poder económico que representa y la condiciona…

        Todo esto proviene de una cultura: la de la hacienda, la del patrón de fundo, la del poder sin límites, que no se ruboriza frente a la inconsistencia manifiesta de los argumentos. Es el lenguaje del poder y del orden oligárquico, que la UDI hizo evolucionar mezclando influencias del pensamiento ultraconservador y del neoliberal, con amplia eficacia política. Y que nada tiene que ver con la democracia.

        La democracia es el ideal del autogobierno. Como señala Adam Przeworsky (2010), “para que una comunidad se gobierne a sí misma, es necesario que todos sus miembros puedan ejercer idéntica influencia en sus decisiones. Ningún individuo o grupo puede ser favorecido en razón de sus características particulares”. Ya lo decía Rousseau en un pasaje de El Contrato Social de 1762: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.

      La democracia y el capitalismo, cuando éste se ha visto obligado a hacerlo, han organizado variadas formas de coexistencia en la historia, especialmente a través de formas de compromiso como los Estados de bienestar, en que impuestos altamente progresivos e instituciones fuertes permiten proveer diversos servicios a los ciudadanos al margen del mercado y de la acumulación de capital, con sus versiones “avanzadas” y “periféricas” y con su retroceso en la etapa actual de “capitalismo financiarizado”. En palabras de Pierre Rosanvallon (2012): “Antes de que estallase la Primera Guerra Mundial se inició una transformación silenciosa inspirada por imperativos morales pero también por el miedo a la revolución. Los gobiernos estaban convencidos de que, para evitarla, era preciso emprender reformas sociales que redujeran la desigualdad. A partir de los años 70 del siglo pasado empiezan a cambiar las cosas. Coincide, además, con que el miedo a la revolución desaparece tras la caída del muro de Berlín (…). Al desaparecer el horizonte del igualitarismo tras el fracaso del socialismo de la colectivización, solo sobrevivió la idea de la igualdad de oportunidades. Blair y la tercera vía la colocaron en el primer plano de la reflexión y de la acción de gobierno, pero no definieron una visión social alternativa. Las desigualdades crecieron y, como dijo Rousseau, la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común”.

       La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras  la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.

        Así, si pesa en forma desigual la influencia política de individuos desiguales, se está violando la condición de igualdad política propia de la democracia. La concentración de la propiedad genera una influencia desigual, y en el límite –como en el caso del Chile de hoy– la captura del sistema político por el poder del dinero. Esto se evidencia con casos como el del royalty minero en 2012, cuando el Parlamento insólitamente sustrajo de la decisión democrática la tributación minera hasta 2023, en una decisión que lo empequeñece. O cuando nadie hace nada –porque no quiere o no puede– con una banca que ostenta sistemáticamente utilidades sobre capital de más del 20%, mientras cunden los lamentos sobre los problemas de las pymes y la falta de estímulo al emprendimiento. De nuevo en palabras de Przeworski, “la influencia corruptora del dinero es la plaga de la democracia”, mientras Castoriadis subrayó polémicamente antes de su muerte que “la corrupción de los políticos, en las sociedades contemporáneas, se ha convertido en un rasgo sistémico, un rasgo estructural”.

         Pero suprimir la propiedad no estatal para terminar con los peligros de la corrupción de la democracia por el poder privado termina por establecer una desigualdad radical entre el ciudadano y las burocracias que centralizan la economía. La estatización generalizada acaba por suprimir toda democracia, según mostró la experiencia del socialismo soviético en el siglo XX y ya advirtió en Chile Eugenio González en 1947. En este sentido, Castoriadis sostiene que en “un régimen verdaderamente democrático se puede intentar establecer una articulación correcta entre tres esferas, preservando al máximo la libertad privada, preservando al máximo también la libertad del ágora, es decir, las actividades públicas comunes de los individuos, y que haga participar a todo el mundo en el poder público. Cuando ese poder público pertenece a una oligarquía, su actividad es de hecho clandestina, puesto que las decisiones esenciales se toman siempre entre bastidores”.

        Las instituciones democráticas parecen enfrentarse a un dilema cada vez más intenso: remitirse solo al juego periódico de distribución del poder mediante elecciones, pero deslegitimándose por una baja capacidad de producir resultados significativos en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, o avanzar –lo que sólo puede hacerse mediante nuevos procesos constituyentes que separen radicalmente la incidencia del poder económico en las instituciones– hacia el gobierno eficaz del mercado por las instituciones democráticas, mediante una representación no controlada por oligarquías. Esto requiere especialmente de límites a la reelección y el financiamiento público de las campañas con pérdida del escaño en caso de sobrepasar límites austeros de gasto, y generar formas complementarias de democracia directa y referendaria para resolver materias en las que las instituciones representativas no son pertinentes para la decisión o  no gocen de legitimidad suficiente. La definición de la magnitud y forma de provisión de los bienes públicos que –considerando los límites racionales que emanan de la esfera económica– estén a disposición de la sociedad bajo la forma de derechos universales no puede sustraerse de la voluntad popular en una sociedad abierta, moderna y democrática.

        La dimensión opaca de las instituciones democráticas chilenas y la incapacidad de las mismas para producir respuestas prácticas a demandas sociales legítimas bloqueadas por poderes económicos rentistas, se hace crecientemente insostenible frente al desafío de avanzar a la producción de resultados en la provisión universal de bienes públicos y de corrección sustancial de los resultados distributivos de las transacciones de mercado, como precisamente propone Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. De otro modo tendremos una sociedad crecientemente anómica, violenta e inviable, en tanto no se sustente en pilares básicos de equidad y oportunidades de participación en las decisiones fundamentales que conforman la vida en común.

La reforma laboral, sus fundamentos y sus detractores

Publicado en El Mostrador

Se ha terminado por anunciar la reforma laboral. Y de inmediato se levanta el coro de que las regulaciones laborales serían “antiempleo”. Pero, ¿cuál es el punto de partida? La OCDE emitió tiempo atrás un juicio bastante lapidario sobre el tema: “Las relaciones laborales en Chile suelen ser de enfrentamiento y estar viciadas por falta de confianza, factor cada vez más problemático para el desarrollo de una versión chilena de ‘flexiguridad’. Esto se debe en parte a la limitada afiliación a sindicatos y asociaciones comerciales”. Y agrega sobre el cumplimiento de las normas: “El principal organismo de aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo, tiene recursos limitados y sólo participa en disputas reportadas y quejas específicas. Por la limitada cobertura de los sindicatos, muchos trabajadores permanecen vulnerables a las violaciones a las leyes laborales y recae en ellos la carga de verificar que la ley se aplique de manera correcta y si se pagan las contribuciones al seguro social”.

     Es importante abundar en la idea de “flexiguridad”: no se trata solo de permitir a las empresas ajustar el volumen y modalidades de empleo de la fuerza de trabajo, es decir, el componente de flexibilidad indispensable para que las unidades productivas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas, sociales y tecnológicas en que se desenvuelven. También se trata de otorgar a los asalariados una capacidad de mantener sus ingresos básicos más allá de las circunstancias que viven las empresas que les proveen un contrato de trabajo, o sea, el componente de seguridad en la relación laboral y en la percepción de ingresos. También la podemos denominar “estabilidad dinámica del empleo”.

     El caso es que si la sociedad no desea que los asalariados estén a merced del poder privado en el trabajo y puedan encontrarse abrupta y arbitrariamente sin ingresos al perder el empleo, deben intervenir políticas públicas concretas para evitarlo. En particular, los dueños de las empresas no deben poder hacer lo que quieran si esto se traduce en un poder de explotación y dominación sobre los trabajadores y en perjuicios a terceros por daños ambientales y urbanos o engaños a los consumidores. Se puede entender que el empresario aspire a tener todas las cartas en la mano para desarrollar su actividad económica, con irrestricta “flexibilidad laboral”, dado que tiene como motivación la maximización de utilidades, pero ésta no es ni podría ser el único valor fundante de la regulación moderna de la empresa: la política laboral tiene universalmente el propósito de disminuir las asimetrías de poder económico de mercado entre empleadores y asalariados y es siempre, inevitablemente, un conjunto de restricciones a las empresas, a las que éstas deben adaptarse. También debe regularse el radio de acción de los sindicatos, procurando que su actividad legítima no ponga en peligro la supervivencia de la empresa ni afecte ilegítimamente a terceros. Y la empresa debe asumir el costo económico razonable que resulte de reconocer los intereses de contrapartes sociales, como debe asumir diversos costos de producción así como la existencia de competencia y restricciones sanitarias, ambientales y de uso del espacio.

   La reforma laboral propuesta por el gobierno camina hacia un mayor equilibrio negociador, pero probablemente quedará mucho camino para alcanzar lo esencial: la negociación generalizada más allá de la empresa, que es la única manera de proteger al trabajador más precario, especialmente en la pyme. Estas son prácticas, por lo demás, existentes en Chile, como en el sector de panaderías, para satisfacción de las partes. Y han sido introducidas en Uruguay por el Frente Amplio, incluso con un mecanismo de arbitraje final del gobierno, lo que no ha impedido a ese país ser de los más dinámicos de América Latina.
       El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro– de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir, el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa; recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y, por tanto, no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política, étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana, atentar contra los ecosistemas, no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.

   En muchos países, los ámbitos de la seguridad social (enfermedad, jubilación, incapacidad laboral, desempleo) se regulan mediante leyes, así como los estándares básicos de las relaciones laborales descritos, mientras las condiciones laborales y salariales más inmediatas, así como también aspectos de la formación profesional, las regula exclusivamente la negociación colectiva… para lo cual es necesario que exista, lo que apenas es el caso en Chile. Consignemos que en Alemania, país que a veces le gusta citar a la derecha como ejemplo, pero nunca en los temas laborales, existe lo que un autor denomina “un denso entramado de contactos, conversaciones y colaboración formal e informal entre los agentes sociales en numerosos campos”. Eso es lo que debe construirse en Chile.

     Los economistas de derecha consideran que este tipo de reglas y prácticas son antieconómicas. Pero incluso si este argumento se diera por bueno, debe prevalecer otra dimensión, aunque tenga un costo económico: el establecimiento de bases civilizadas de convivencia social. La abolición de la esclavitud, en su momento, también fue considerada antieconómica y que “atentaba contra el empleo”.

    En todo caso, las experiencias con los resultados económicos y sociales de la negociación colectiva en el mundo son casi tan diversas como las características de sus reglas e instituciones. Según recalca la OIT, es un hallazgo reiterado de los estudios internacionales la asociación entre negociación colectiva y desigualdad de ingresos. Mientras mayor la cobertura y el grado de coordinación de la negociación, menor tiende a ser la desigualdad de ingresos en una sociedad. Asimismo, estudios del Banco Mundial y de la OCDE llegan a la conclusión de que una mayor cobertura de la negociación colectiva está asociada con una menor dispersión de los salarios, una menor brecha entre salarios de trabajadores calificados y no calificados, así como una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres.

        Existen buenos  y documentados argumentos para afirmar que la creación de un clima laboral cooperativo, la formación y retención del capital humano en la empresa con normas que inhiban la alta rotación y una relación constructiva con el entorno, son en el largo plazo un gran factor de aumento de la productividad, de creación de valor, de reputación corporativa frente a los consumidores y de… maximización de utilidades. La negociación bien concebida también contribuye a la gobernabilidad, a través de acuerdos entre los actores sociales, especialmente en situaciones de crisis, y a mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional a través de diagnósticos y soluciones compartidos. La negación de la negociación colectiva por el mundo empresarial chileno, y sus expresiones irrisorias como el uso generalizado de “multirut” para segmentar al máximo las relaciones laborales, son entonces un grueso error con consecuencias de largo plazo para el desarrollo del país. Explican en medida importante los niveles de desigualdad, la baja formación de capital humano en la empresa y las tensas relaciones laborales existentes en las que nadie gana.

     El proyecto avanza en este sentido al reconocer el derecho del sindicato interempresa a negociar en la firma en que tenga un número de afiliados equivalentes al que se exige al sindicato de empresa para negociar en ella. Se prohíbe además la existencia de grupos negociadores en aquellas empresas con sindicato, que será el titular de la negociación colectiva, en todo caso con libre afiliación. Los beneficios adquiridos en la negociación colectiva se otorgarán a los trabajadores sindicalizados y se extenderán a los trabajadores que se afilien con posterioridad. Los no sindicalizados podrán acceder al nuevo contrato, de manera parcial o total, sólo previo acuerdo del sindicato y del empleador. Para acceder a los beneficios, el trabajador sin afiliación sindical deberá aceptar y pagar la proporción o totalidad de la cuota sindical. Todo esto redundará en un rol de representación que hoy el sindicato no puede cumplir, con frecuencia sujeto a prácticas de minimización de la afiliación por parte del empleador.

     Para que el sindicato conozca la viabilidad y contexto económico de sus peticiones, el empleador deberá proporcionar a sus sindicatos información sobre balances de la empresa y estados financieros y precisar los beneficios que forman parte del contrato colectivo vigente, así como transparentar y actualizar la planilla innominada de remuneraciones de los trabajadores afectos a la negociación y costos globales de la mano de obra (número de trabajadores totales de la empresa) y las políticas de inversión futura. También deberá proveer datos sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. El incumplimiento de la obligación constituirá una práctica antisindical, así como los despidos que invoquen la cláusula por “necesidades de la empresa”, pero que sean represalias por participar en un proceso de negociación colectiva. Como contrapartida, también se sancionará a los trabajadores que bloqueen el ingreso a los lugares de producción. La respuesta del empleador a la propuesta de los trabajadores no podrá contener estipulaciones menores a un piso de la negociación constituido por el contrato colectivo vigente, aunque con bastantes morigeraciones: se excluyen de este piso la reajustabilidad, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y el bono de término de negociación, mientras después de presentada la respuesta del empleador las partes podrán negociar modificaciones al piso de la negociación. Se elimina la actual prohibición de negociar a trabajadores aprendices –en grandes empresas–, por obra o faena transitoria y cargos de confianza.

     Las partes podrán negociar pactos de condiciones especiales de trabajo (jornada de trabajo y descansos, horas extraordinarias y jornada pasiva, regulación y retribución de tiempos no trabajados) en las empresas en que exista una afiliación sindical de al menos 30%, con cifras más altas en etapas iniciales. Cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos de adaptabilidad. Los pactos sólo podrán aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el acuerdo. Para aplicarlo a los demás, se requerirá del acuerdo individual, con aprobación de la Dirección del Trabajo. Aunque si es aceptado por el 50% más uno de los trabajadores sin afiliación sindical, podrá regir a todos los que no concurrieron al acuerdo, sin necesidad de aprobación de la autoridad. Veremos si la negociación colectiva sobre estas materias, que se sustraen de la ley, son objeto de auténticos acuerdos equilibrados negociados con sindicatos representativos, o bien se constituirán en una brecha de disminución de derechos…

     La iniciativa elimina, por otro lado, la facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la empresa. Propone un procedimiento bilateral para la calificación de las empresas en las que se puede prohibir la huelga, estableciendo el derecho de las partes a un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones. También incorpora un procedimiento de arbitraje obligatorio para los trabajadores de empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga y las de menor tamaño. Se consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir los servicios mínimos que permitan atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la empresa o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud. La prestación de los servicios mínimos se realizará a través de uno o más “equipos de emergencia” dispuestos por los trabajadores. A falta de consenso, resolverá la Inspección del Trabajo.

      Es también importante el fortalecimiento previsto de la mediación, estableciendo que las partes tendrán el derecho a solicitar mediación voluntaria de común acuerdo o bien obligatoria una vez votada una huelga y a petición de cualquiera de las partes o forzada en los casos de incumplimiento del principio de buena fe. Habrá arbitraje voluntario, obligatorio y forzado. Los acuerdos deberán ser registrados por el empleador en la Inspección del Trabajo, que fiscalizará su ejecución y cumplimiento.

     Como se observa, se trata de un cambio de gran magnitud, que aspira a transformar positivamente la cultura de las relaciones laborales en Chile. Para eso deberá evolucionar la disposición de los interlocutores sociales para obtener acuerdos que protejan los intereses de las partes o al menos una resolución más civilizada de los conflictos y, con el tiempo, prácticas más extendidas de cooperación no subordinada en la empresa que favorecerá la innovación y la prosperidad compartida. Y también importará un gran desafío para la Dirección del Trabajo, con los nuevos roles que el proyecto de ley plantea otorgarle, lo que también supondrá una gran transformación de ese organismo para llegar a ser un regulador de las relaciones laborales y no sólo un fiscalizador de normas, en el contexto de organizaciones vivas y dinámicas como son, o deben ser, las empresas en la economía moderna.

El 2014, las reformas y el gabinete

Publicado en Voces de La Tercera

En materia de conducción gubernamental tiene poco sentido hacer juicios sobre las personas –aunque sea parte de la fruición colectiva sobre los pormenores de la política y sea un componente del folclore nacional (¿cuántos no hacen y deshacen gabinetes periódicamente?)- sino más bien sobre los resultados de sus acciones y omisiones. Las personas con responsabilidades gubernamentales, además, van pasando, como fruto de errores discursivos o en sus decisiones que aconsejan su reemplazo, como le ocurrió a Helia Molina, o bien por los naturales ajustes que todo equipo va requiriendo, lo que no tiene nada de dramático. En la esfera pública, lo importante son los hechos y el sentido en que se inscriben esos hechos. Pasemos revista a algunos de los temas públicos principales del último año.

En materia de seguridad, la “victimización” viene subiendo desde 2012. También lo hizo en 2014, con un 44% de familias que declara que algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo. Las instituciones de seguridad tienen un problema pendiente con la percepción ciudadana, frente a un tema complejo y en todo caso multifactorial, como tuvo ocasión de constatar el gobierno de Piñera: proclamó que se podía resolver con rapidez en base a la “mano dura” y terminó chocando a poco andar con los límites de las políticas puramente represivas. Finalmente indultó de manera masiva a condenados por delitos menores, contradiciendo todo su discurso anterior.

La tentación represiva, que termina limitando los derechos civiles y siendo ineficaz, junto a la inflación de las penas, tan propia de nuestras reacciones frente a cada problema de seguridad que se presenta, debe ser siempre contenida, aunque se vea bien ante las cámaras. Y ser sustituida por la persistencia paciente en políticas que reduzcan las causas de la violencia y de la delincuencia con mayor cohesión social y ataquen prioritariamente el delito organizado (narcotráfico, trata de personas, corrupción)  y sus ramificaciones. En particular, la violencia en las zonas mapuche no va a poder ser resuelta con las penas del infierno sino con un acuerdo histórico de reparación y oportunidades de desarrollo autónomo, en la línea del intendente Huenchumilla.

Las relaciones exteriores han visto mejorías en los vínculos con América Latina, miopemente deteriorados por el gobierno anterior, que apostó a una mera alianza ideológica con países del Pacífico. Se debilitó la ineludible integración sud y latinoamericana, frente a la cual tiene tantas reticencias una élite tradicional que aspira de manera risible a no ser parte del continente. Pero se mantiene una sistemática reprobación de la política chilena respecto a Bolivia, nos guste o no, y no se terminan de resolver las tensiones vecinales con Perú, a pesar del fallo de La Haya sobre delimitación marítima.

Tal vez llegó la hora de constatar que el eclecticismo de nuestra política exterior, que impulsa a Chile a estar en todos los espacios de pertenencia posibles e imaginables para un país pequeño, al final lo lleva a no estar sólidamente anclado en ninguno. Chile se beneficia de cordiales relaciones con todo el mundo, de todo tipo de acuerdos de libre comercio (a veces de dudoso interés para el país), pero finalmente de muy pocos socios estratégicos a los que acudir frente a los problemas globales (económicos, ambientales) y vecinales que nos afectan, lo que obliga entre otras cosas a mantener un elevado gasto militar disuasivo. Y desde luego frente al gran desafío de la proyección al Asia, que no podemos abordar de manera aislada y debemos coordinar especialmente con Argentina y Brasil para hacer posibles las conexiones bioceánicas con sus respectivas infraestructuras. Esta perspectiva es indispensable para hacer de nuestro país un nodo productivo selectivo de alta tecnología inserto y apoyado en el continente, basado en energías renovables y en servicios modernos, y no un mero productor de minerales y alimentos, lo que hasta aquí ha bastado para un crecimiento razonable a cuenta de los recursos naturales y de la mantención de bajos salarios, pero no para asegurar una prosperidad social y ecológicamente sustentable en el futuro.

En materia de política económica, hemos visto una muy rápida acción de las autoridades –contrariamente a lo ocurrido en 1999 y 2008, cuando se reaccionó tarde y poco- para sintonizar la política monetaria, cambiaria y fiscal en una lógica contracíclica y enfrentar el fin del gran boom de la inversión minera y del consumo de bienes durables. Dicho sea de paso, el fin de ciclo iba a venir con o sin cambio de gobierno y cualquiera fuese su orientación. Pero las tasas de interés deben bajar todavía más. Y la ejecución del gasto público superar los problemas de eficiencia que presenta: ¿no habrá llegado la hora de poner un drástico fin a la clientelización de buena parte de la administración pública?

Por lo demás, si el “sector privado” –en realidad el poder económico- se autoconvence de que todo es incertidumbre y amenazas, nada mejor que tasas de interés bajas y un buen programa de inversiones públicas como el anunciado por Codelco y un crecimiento de cerca de 30% para 2015 de la inversión pública previsto en la ley de presupuestos. Y un buen esquema de diálogo constructivo y de largo plazo sobre los desafíos productivos y la necesaria evolución de la empresa y de sus entornos.

Las incertidumbres construidas que llevan a profecías autocumplidas irán decayendo con mucha paciencia y diálogo, antes que haciendo alabanzas indebidas al gran empresariado, siempre politizado hacia la derecha y con frecuencia enfrascado en la búsqueda de ventajas corporativas, demasiado lejos aún de adherir a un régimen de libertades y de derechos fundamentales efectivos para todos, incluyendo el debido respeto a las autoridades democráticamente constituidas por el simple hecho de que emanan de la voluntad del pueblo: vox populi-vox dei, decía ya el arzobispo de Canterbury en 1327.

Las políticas de largo plazo en materia de innovación tampoco parecen tomar un gran impulso, sin que se perciba una visión sobre el desarrollo de distritos industriales (los llamados “clusters”, porque en inglés suena mejor para algunos que en castellano) y sobre la articulación entre universidades, territorios y empresas, siguiendo los ejemplos coreano, danés, finés y de diversos otros países de menor tamaño que han basado su éxito económico en la innovación promovida por la acción pública. Aunque esto es difícil con responsables de estas áreas “market friendly”, como les gusta también autodenominarse, y que no creen que Chile deba tener una estrategia de desarrollo con prioridades ni hacer un tránsito rápido a las energías renovables no convencionales, sino que debe resignarse a vivir al vaivén de los  mercados y de sus agentes (que con frecuencia inusitada -e inaceptable para los criterios éticos de otras latitudes- los contratan rápidamente después de su paso por el gobierno o pasan a engrosar las filas de los lobistas) porque esa sería la única opción posible. La evidencia muestra que otros países han sido bastante más inteligentes, audaces y exitosos que el nuestro y producido aceleraciones productivas considerables mediante políticas industriales activas y selectivas.

Las políticas sociales quedarán lastradas por la excesiva gradualidad y omisiones de la reforma tributaria, que es un avance y hará pagar más a los sectores de más altos ingresos, que hoy aportan proporcionalmente menos impuestos que el resto de la sociedad (ver “How redistributive is fiscal policy in Latin America? The case of Chile and Mexico”, OECD Development Centre, 2013), pero que no tendrá una magnitud suficiente ni entrará en vigor plenamente antes de 2018. Lo que sí entró en vigencia de inmediato es el aumento del impuesto al tabaco y al alcohol, plenamente justificado, pero que pagarán sin dilación todos lo que los consumen, y no son pocos. Ahí no hay “gradualidad”. El sentido político de las autoridades económicas admite mejorías.

Por otro lado, ¿cuánta inversión social y productiva adicional pudo haberse realizado haciendo tributar las sobreutilidades de las en este caso sí pocas grandes empresas de la minería privada (unos US$ 8 mil millones promedio anual entre 2005 y 2011)? ¿Y con las actuales y futuras utilidades ilegítimas de un sector que hace poco aporte empresarial y en cambio demuestra una gran capacidad de apropiación indebida, aunque legalizada por un parlamento que le aseguró que el tema no se discutirá hasta el 2023, sino que extrae una renta cuantiosa que pertenece a todos los chilenos?

La reforma a la educación, en su necesaria dimensión de fortalecimiento de la escuela y de las universidades estatales, quedó para más tarde, con además evitables e injustificadas percepciones de amenaza para diversas comunidades educativas que se justifica sean parte del sistema escolar obligatorio e integrador del futuro. No es casual que las reformas del sistema de pensiones y de salud quedaran, también, para las calendas griegas, en nombre de una “gradualidad” que se va transformando en sinónimo de gatopardismo, probablemente por ausencia de aquellos recursos que no se fue a buscar de manera suficiente. Sólo a título de ejemplo: Felipe González gobernó España por doce años y la carga tributaria subió en doce puntos del PIB en ese período, uno por año. Desde 1990 la nuestra ha subido sólo tres puntos, básicamente en el gobierno de Aylwin, y es menor a la de 1987. Este es uno de los grandes fracasos de la transición, en donde los que postulamos un enfoque a la González fuimos derrotados, lo que nos tiene como uno de los países más desiguales del mundo.

Y se anunció finalmente, después de ires y venires, el proyecto de ley que aborda temas laborales que van en la buena dirección: la de disminuir la asimetría entre empleadores y asalariados. Las reacciones no se dejaron esperar. Para los voceros de la gran empresa, se trataría de una reforma “sindical” y no “laboral”: como si ambas cosas pudieran separarse. Tal vez prevalece en esos medios la fantasía de un “mercado” laboral sin sindicatos, con una mera relación individual y atomizada entre empleador y asalariado, a lo José Piñera.

Pues bien, en las sociedades modernas los sindicatos existen y su misión es defender eficazmente los intereses y los derechos de los asalariados, con muy variadas experiencias exitosas en que el sindicalismo contribuye a hacer más fluido el diálogo social y las adaptaciones económicas. Para muchas empresas, desde el punto de vista microeconómico, la mejor relación laboral es probablemente la esclavitud, pero convengamos que en las sociedades civilizadas los trabajadores…tienen unos derechos que las empresas simplemente deben respetar.

Macroeconómicamente, las condiciones de la producción deben, al menos en parte importante, articularse con las del consumo doméstico, muy mayoritariamente alimentado por los ingresos de los asalariados. Los salarios no son sólo costo de producción, son también demanda efectiva, y no todo lo que se produce se exporta.

Una segunda reacción curiosa ha sido la de autoridades que se han ido especializando en ser defensivas frente a las reformas, casi como pidiendo perdón por ellas, y que ahora insisten en que se trataría de una reforma “proempleo” y que “favorece la productividad”. La verdad es que puede que sea efectivo (personalmente creo que la evidencia comparativa disponible muestra efectos en el largo plazo que van en ese sentido), o bien que no lo sea, especialmente en el corto plazo. Pero simplemente no es el punto y no se debiera llamar a nadie a engaño. Las reformas son en esencia para equilibrar la relación laboral entre empleadores y asalariados: sabemos que menos del 10% de estos últimos se encuentran afiliados a sindicatos y que una proporción muy pequeña negocia colectivamente. Esta reforma debe ser para fortalecer la capacidad de negociación de los asalariados y aumentar su participación en la distribución primaria del ingreso, para que al menos sus salarios aumenten con la productividad, así de simple.

Y la empresa debe adaptarse, como se adapta al valor del dólar o a la tasa de interés. Y si en determinados momentos se necesita contención salarial, qué mejor que negociarla con sindicatos fuertes, como demuestra la experiencia histórica. Las cuentas claras finalmente conservan mejor la amistad, necesaria por lo demás en una economía mixta.

Esta reforma laboral está llamada a otorgar derechos a los trabajadores y a aumentar la cultura de la negociación entre las partes en la empresa y entre sindicatos y representantes empresariales más allá de la empresa, ojalá en el futuro por sectores y ramas, que tanta falta le hace a esta economía, que entre cosas no forma bien a su gente por la altísima rotación en los puestos de trabajo que resulta de la sacrosanta flexibilidad laboral con frecuencia mal utilizada como mero mecanismo de disciplinamiento y castigo. A la economía chilena no le va a hacer mal caminar hacia una estabilidad dinámica del empleo, estimulada por la negociación colectiva y sindicatos fuertes. Y va a ganar en equidad. “Esos son lujos de países desarrollados”, reza el coro: a Uruguay, cerca nuestro, le ha ido muy bien con la negociación tripartita por rama establecida por el Frente Amplio, y a sus empresarios otro tanto.

Cuando se tiene un mandato popular claro, es al inicio de la gestión gubernamental cuando parece sensato realizar o encaminar los cambios principales, especialmente si son de largo plazo, que se ha comprometido ante los ciudadanos, para señalar el rumbo y… despejar las tan mentadas incertidumbres. Y para que en plazos prudentes se vean los efectos de las reformas, aunque las decisiones que siempre tendrán detractores eventualmente compliquen la popularidad de corto plazo del gobierno.