jueves, 26 de febrero de 2015
miércoles, 25 de febrero de 2015
martes, 24 de febrero de 2015
lunes, 23 de febrero de 2015
martes, 17 de febrero de 2015
jueves, 22 de enero de 2015
La democracia, la pentapolítica y Piketty
Columna en El Mostrador
La prensa nos ha informado en estos días que el ex gerente general del grupo económico Penta ganaba 36 millones de pesos al mes. Recordemos que el salario mínimo es de 225 mil pesos, que perciben entre 600 y 900 mil trabajadores según las estimaciones. Estos son remunerados por su trabajo 160 veces menos que un gerente general de un grupo económico. ¿Puede alguien sostener que esta diferencia de remuneraciones se explica y justifica por una productividad 160 veces mayor del uno respecto a los otros? La diferencia de remuneración en el trabajo refleja básicamente la diferencia de poder en la empresa, mucho más en todo caso que aquella de la productividad del trabajo. En segmentos laborales esta es efectivamente muy baja en Chile y requiere que se avance en innovación productiva, educación y gestión cooperativa en los lugares de trabajo que favorezca la formación profesional continua.
Pero disminuir la diferencia de ingresos basada en el control del poder en la empresa requiere además de un cambio fundamental: hacer posible la negociación colectiva efectiva y cautelar los intereses de los accionistas minoritarios, impidiendo el uso malicioso de información privilegiada. Y requiere de redistribuciones a través de impuestos progresivos, para lo que debe perseguirse el fraude, la evasión y la elusión tributaria. Vasto programa de reformas del capitalismo salvaje chileno hacia el que el país se va más o menos encaminando, aunque se requiere todavía mucho para conformar una estrategia sólida y colaborativa de avance a una economía mixta social y económicamente regulada. Están a la vista las grandes resistencias sistémicas, y desde luego las de quienes representan directamente al poder económico, lo que es diáfano, pero también las que provienen de la subordinación de una parte del centro y la izquierda cooptada por el poder económico por múltiples vías, la que llama a no “fumar opio”, renuncia al cambio y utiliza el poder del dinero, de proveniencia desconocida, en las elecciones internas de los partidos. Pero al menos se va conociendo cómo las cosas funcionan.
La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.
Para nuestra ilustración, el mentado gerente general, en el contexto de delitos tributarios y fraudes hoy perseguidos por la justicia, declaró que “se pagaba una parte por boleta, otra por factura, otra por dieta”, con el fin de “disminuir la base imponible” de las empresas y ejecutivos, mientras los principales dueños hacían aparecer como gasto de la empresa servicios a honorarios supuestamente realizados por sus esposas o la compra de vehículos para su uso personal, pasando por encima de los intereses fiscales y además de los de los accionistas minoritarios. ¿Es eso productividad y creación de valor? En realidad es un fenómeno bien poco edificante: la alta concentración del ingreso que proviene del poder económico en mercados oligarquizados se refuerza derechamente mediante mecanismos de fraude, de abuso de accionistas no controladores y también de elusión tributaria que nuestra legislación permite, revelando la profundidad de la captura del poder político por el poder económico en Chile.
No parece ser por casualidad que el economista Thomas Piketty haya subrayado en su visita a nuestro país que en Chile, sobre la base de estudios que consideran las declaraciones del impuesto a la renta, “gran parte de los que ganan más ingresos no necesariamente lo reciben como ingreso personal sino que lo pueden colocar en empresas y si se incluyen utilidades retenidas y se atribuyen al ingreso personal, entonces la participación del 1% más rico sería cercana al 35% (de la riqueza nacional), que sería el nivel más alto del mundo”.
Si, leyó bien: el 1% más rico (y no el 10% como puso un periódico de la plaza en boca del economista francés) se lleva cerca del 35% del ingreso nacional. Más que en Sudáfrica, que arrastra las secuelas de un brutal régimen de apartheid racial.
Pero esto no es todo. Se nos revela que candidatos (básicamente de la UDI) solicitan al grupo Penta y obtienen de él dineros para sus campañas transferidos al margen de la ley. Lo que en todo caso los chilenos sabemos o sospechamos hace tiempo, más allá de este caso, sobre la base del gigantesco despliegue de recursos que observamos en las campañas electorales, que de alguna parte tienen que provenir.
Y también se evidencian signos inequívocos de tráfico de influencia. Primero, se conocen peticiones sobre cambios a la legislación de un dueño del grupo Penta (con intereses en los seguros privados de salud) a propósito de la ley de Isapres, realizadas directamente ante el propio líder del partido UDI, precedidas y seguidas por una férrea defensa de esta forma abusiva de aseguramiento frente a la enfermedad que concibieron e impusieron en un contexto de dictadura varios de sus connotados militantes, y que es rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos. Segundo, se conoce que un ex subsecretario de Minería, militante del mismo partido –y socio además en una empresa con el propio presidente del partido UDI, que no se entiende cómo sigue aún en el cargo–, recibía una remuneración mensual de Penta mientras seguía los avances de un proyecto minero del grupo, del que además provenía en su desempeño profesional previo. Es justo señalar que aparecen mencionados también en el caso el ex candidato presidencial Andrés Velasco, por la prestación de servicios durante un almuerzo por un valor de 20 millones de pesos, y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por la elaboración de un estudio sobre comunas a través de una fundación creada por él y que los ejecutivos del grupo Penta señalan haber adquirido pero no utilizado.
Pero la evidencia del compromiso entre este grupo económico y el partido fundado por Jaime Guzmán es especialmente abrumadora, sin que hasta ahora pase nada en materia de asumir responsabilidades políticas. Una declaración solemne de la UDI sobre el tema es de antología. Pide excusas públicas, pero acto seguido rechaza “la pretensión de algunos de querer relacionar nuestras fuentes de financiamiento con nuestro actuar en política”, no sin agregar que “la ciudadanía sabe que cuando hablamos de la existencia de dobles estándares o hipocresía, estamos diciendo la verdad”. Es insólito que una directiva política pueda sostener por escrito que quien la financia no incide en su actividad, como si se tratara de la Cruz Roja, y que afirmarlo nada tiene de hipócrita. Poco sorprenden a estas alturas declaraciones de esta índole de un grupo que defendió a una dictadura prolongada y sus crímenes en nombre de la libertad y luego ideó la pretensión de establecer una “democracia protegida” de… la propia democracia, es decir, de la voluntad popular. Y que en estas horas rechaza el cambio al sistema binominal en nombre de la afectación del principio de igualdad del voto, como si el mencionado sistema no fuera la expresión más extrema de desigualdad del voto que haya creado la imaginación política en cualquier latitud, con 1/3 que iguala a 2/3, para preservar los intereses de la UDI y del poder económico que representa y la condiciona…
Todo esto proviene de una cultura: la de la hacienda, la del patrón de fundo, la del poder sin límites, que no se ruboriza frente a la inconsistencia manifiesta de los argumentos. Es el lenguaje del poder y del orden oligárquico, que la UDI hizo evolucionar mezclando influencias del pensamiento ultraconservador y del neoliberal, con amplia eficacia política. Y que nada tiene que ver con la democracia.
La democracia es el ideal del autogobierno. Como señala Adam Przeworsky (2010), “para que una comunidad se gobierne a sí misma, es necesario que todos sus miembros puedan ejercer idéntica influencia en sus decisiones. Ningún individuo o grupo puede ser favorecido en razón de sus características particulares”. Ya lo decía Rousseau en un pasaje de El Contrato Social de 1762: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.
La democracia y el capitalismo, cuando éste se ha visto obligado a hacerlo, han organizado variadas formas de coexistencia en la historia, especialmente a través de formas de compromiso como los Estados de bienestar, en que impuestos altamente progresivos e instituciones fuertes permiten proveer diversos servicios a los ciudadanos al margen del mercado y de la acumulación de capital, con sus versiones “avanzadas” y “periféricas” y con su retroceso en la etapa actual de “capitalismo financiarizado”. En palabras de Pierre Rosanvallon (2012): “Antes de que estallase la Primera Guerra Mundial se inició una transformación silenciosa inspirada por imperativos morales pero también por el miedo a la revolución. Los gobiernos estaban convencidos de que, para evitarla, era preciso emprender reformas sociales que redujeran la desigualdad. A partir de los años 70 del siglo pasado empiezan a cambiar las cosas. Coincide, además, con que el miedo a la revolución desaparece tras la caída del muro de Berlín (…). Al desaparecer el horizonte del igualitarismo tras el fracaso del socialismo de la colectivización, solo sobrevivió la idea de la igualdad de oportunidades. Blair y la tercera vía la colocaron en el primer plano de la reflexión y de la acción de gobierno, pero no definieron una visión social alternativa. Las desigualdades crecieron y, como dijo Rousseau, la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común”.
La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.
Así, si pesa en forma desigual la influencia política de individuos desiguales, se está violando la condición de igualdad política propia de la democracia. La concentración de la propiedad genera una influencia desigual, y en el límite –como en el caso del Chile de hoy– la captura del sistema político por el poder del dinero. Esto se evidencia con casos como el del royalty minero en 2012, cuando el Parlamento insólitamente sustrajo de la decisión democrática la tributación minera hasta 2023, en una decisión que lo empequeñece. O cuando nadie hace nada –porque no quiere o no puede– con una banca que ostenta sistemáticamente utilidades sobre capital de más del 20%, mientras cunden los lamentos sobre los problemas de las pymes y la falta de estímulo al emprendimiento. De nuevo en palabras de Przeworski, “la influencia corruptora del dinero es la plaga de la democracia”, mientras Castoriadis subrayó polémicamente antes de su muerte que “la corrupción de los políticos, en las sociedades contemporáneas, se ha convertido en un rasgo sistémico, un rasgo estructural”.
Pero suprimir la propiedad no estatal para terminar con los peligros de la corrupción de la democracia por el poder privado termina por establecer una desigualdad radical entre el ciudadano y las burocracias que centralizan la economía. La estatización generalizada acaba por suprimir toda democracia, según mostró la experiencia del socialismo soviético en el siglo XX y ya advirtió en Chile Eugenio González en 1947. En este sentido, Castoriadis sostiene que en “un régimen verdaderamente democrático se puede intentar establecer una articulación correcta entre tres esferas, preservando al máximo la libertad privada, preservando al máximo también la libertad del ágora, es decir, las actividades públicas comunes de los individuos, y que haga participar a todo el mundo en el poder público. Cuando ese poder público pertenece a una oligarquía, su actividad es de hecho clandestina, puesto que las decisiones esenciales se toman siempre entre bastidores”.
Las instituciones democráticas parecen enfrentarse a un dilema cada vez más intenso: remitirse solo al juego periódico de distribución del poder mediante elecciones, pero deslegitimándose por una baja capacidad de producir resultados significativos en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, o avanzar –lo que sólo puede hacerse mediante nuevos procesos constituyentes que separen radicalmente la incidencia del poder económico en las instituciones– hacia el gobierno eficaz del mercado por las instituciones democráticas, mediante una representación no controlada por oligarquías. Esto requiere especialmente de límites a la reelección y el financiamiento público de las campañas con pérdida del escaño en caso de sobrepasar límites austeros de gasto, y generar formas complementarias de democracia directa y referendaria para resolver materias en las que las instituciones representativas no son pertinentes para la decisión o no gocen de legitimidad suficiente. La definición de la magnitud y forma de provisión de los bienes públicos que –considerando los límites racionales que emanan de la esfera económica– estén a disposición de la sociedad bajo la forma de derechos universales no puede sustraerse de la voluntad popular en una sociedad abierta, moderna y democrática.
La dimensión opaca de las instituciones democráticas chilenas y la incapacidad de las mismas para producir respuestas prácticas a demandas sociales legítimas bloqueadas por poderes económicos rentistas, se hace crecientemente insostenible frente al desafío de avanzar a la producción de resultados en la provisión universal de bienes públicos y de corrección sustancial de los resultados distributivos de las transacciones de mercado, como precisamente propone Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. De otro modo tendremos una sociedad crecientemente anómica, violenta e inviable, en tanto no se sustente en pilares básicos de equidad y oportunidades de participación en las decisiones fundamentales que conforman la vida en común.
lunes, 5 de enero de 2015
La reforma laboral, sus fundamentos y sus detractores
Publicado en El Mostrador
Se ha terminado por anunciar la reforma laboral. Y de inmediato se levanta el coro de que las regulaciones laborales serían “antiempleo”. Pero, ¿cuál es el punto de partida? La OCDE emitió tiempo atrás un juicio bastante lapidario sobre el tema: “Las relaciones laborales en Chile suelen ser de enfrentamiento y estar viciadas por falta de confianza, factor cada vez más problemático para el desarrollo de una versión chilena de ‘flexiguridad’. Esto se debe en parte a la limitada afiliación a sindicatos y asociaciones comerciales”. Y agrega sobre el cumplimiento de las normas: “El principal organismo de aplicación de las leyes laborales, la Dirección del Trabajo, tiene recursos limitados y sólo participa en disputas reportadas y quejas específicas. Por la limitada cobertura de los sindicatos, muchos trabajadores permanecen vulnerables a las violaciones a las leyes laborales y recae en ellos la carga de verificar que la ley se aplique de manera correcta y si se pagan las contribuciones al seguro social”.
Es importante abundar en la idea de “flexiguridad”: no se trata solo de permitir a las empresas ajustar el volumen y modalidades de empleo de la fuerza de trabajo, es decir, el componente de flexibilidad indispensable para que las unidades productivas puedan adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas, sociales y tecnológicas en que se desenvuelven. También se trata de otorgar a los asalariados una capacidad de mantener sus ingresos básicos más allá de las circunstancias que viven las empresas que les proveen un contrato de trabajo, o sea, el componente de seguridad en la relación laboral y en la percepción de ingresos. También la podemos denominar “estabilidad dinámica del empleo”.
El caso es que si la sociedad no desea que los asalariados estén a merced del poder privado en el trabajo y puedan encontrarse abrupta y arbitrariamente sin ingresos al perder el empleo, deben intervenir políticas públicas concretas para evitarlo. En particular, los dueños de las empresas no deben poder hacer lo que quieran si esto se traduce en un poder de explotación y dominación sobre los trabajadores y en perjuicios a terceros por daños ambientales y urbanos o engaños a los consumidores. Se puede entender que el empresario aspire a tener todas las cartas en la mano para desarrollar su actividad económica, con irrestricta “flexibilidad laboral”, dado que tiene como motivación la maximización de utilidades, pero ésta no es ni podría ser el único valor fundante de la regulación moderna de la empresa: la política laboral tiene universalmente el propósito de disminuir las asimetrías de poder económico de mercado entre empleadores y asalariados y es siempre, inevitablemente, un conjunto de restricciones a las empresas, a las que éstas deben adaptarse. También debe regularse el radio de acción de los sindicatos, procurando que su actividad legítima no ponga en peligro la supervivencia de la empresa ni afecte ilegítimamente a terceros. Y la empresa debe asumir el costo económico razonable que resulte de reconocer los intereses de contrapartes sociales, como debe asumir diversos costos de producción así como la existencia de competencia y restricciones sanitarias, ambientales y de uso del espacio.
La reforma laboral propuesta por el gobierno camina hacia un mayor equilibrio negociador, pero probablemente quedará mucho camino para alcanzar lo esencial: la negociación generalizada más allá de la empresa, que es la única manera de proteger al trabajador más precario, especialmente en la pyme. Estas son prácticas, por lo demás, existentes en Chile, como en el sector de panaderías, para satisfacción de las partes. Y han sido introducidas en Uruguay por el Frente Amplio, incluso con un mecanismo de arbitraje final del gobierno, lo que no ha impedido a ese país ser de los más dinámicos de América Latina.
El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro– de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir, el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa; recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y, por tanto, no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política, étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana, atentar contra los ecosistemas, no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.
El sistema político debe, por ello, establecer que la relación laboral incluya la obligación para el empleador –privado o público, con o sin fines de lucro– de contratar a su personal con normas que aseguren un núcleo básico de derechos en el trabajo, es decir, el derecho a formar sindicatos, incluso en empresas pequeñas, para negociar colectivamente las condiciones de trabajo, en y más allá de la empresa; recurrir eventualmente en la negociación colectiva a la huelga, sin reemplazantes que la hagan inefectiva; disponer de un salario base no inferior a un mínimo legal y participar de las utilidades (gratificaciones); no sobrepasar horarios máximos diarios; cobrar con prima las horas extraordinarias autorizadas; contar con higiene y seguridad en el lugar de trabajo; imposibilitar la renuncia al descanso dominical, vacaciones y feriados; capacitarse y acceder a mecanismos de formación permanente; ser respetado en sus derechos cívicos en el lugar de trabajo y, por tanto, no ser sometido a trato arbitrario mediante prohibición de toda discriminación política, étnica, de género o de orientación sexual en la contratación y el empleo; no ser despedido sin expresión de causa y sin ser debidamente indemnizado. Además, las empresas y administraciones deben ser impedidas de dañar la salud humana, atentar contra los ecosistemas, no respetar el entorno urbano y sustraerse de obligaciones con los consumidores.
En muchos países, los ámbitos de la seguridad social (enfermedad, jubilación, incapacidad laboral, desempleo) se regulan mediante leyes, así como los estándares básicos de las relaciones laborales descritos, mientras las condiciones laborales y salariales más inmediatas, así como también aspectos de la formación profesional, las regula exclusivamente la negociación colectiva… para lo cual es necesario que exista, lo que apenas es el caso en Chile. Consignemos que en Alemania, país que a veces le gusta citar a la derecha como ejemplo, pero nunca en los temas laborales, existe lo que un autor denomina “un denso entramado de contactos, conversaciones y colaboración formal e informal entre los agentes sociales en numerosos campos”. Eso es lo que debe construirse en Chile.
Los economistas de derecha consideran que este tipo de reglas y prácticas son antieconómicas. Pero incluso si este argumento se diera por bueno, debe prevalecer otra dimensión, aunque tenga un costo económico: el establecimiento de bases civilizadas de convivencia social. La abolición de la esclavitud, en su momento, también fue considerada antieconómica y que “atentaba contra el empleo”.
En todo caso, las experiencias con los resultados económicos y sociales de la negociación colectiva en el mundo son casi tan diversas como las características de sus reglas e instituciones. Según recalca la OIT, es un hallazgo reiterado de los estudios internacionales la asociación entre negociación colectiva y desigualdad de ingresos. Mientras mayor la cobertura y el grado de coordinación de la negociación, menor tiende a ser la desigualdad de ingresos en una sociedad. Asimismo, estudios del Banco Mundial y de la OCDE llegan a la conclusión de que una mayor cobertura de la negociación colectiva está asociada con una menor dispersión de los salarios, una menor brecha entre salarios de trabajadores calificados y no calificados, así como una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres.
Existen buenos y documentados argumentos para afirmar que la creación de un clima laboral cooperativo, la formación y retención del capital humano en la empresa con normas que inhiban la alta rotación y una relación constructiva con el entorno, son en el largo plazo un gran factor de aumento de la productividad, de creación de valor, de reputación corporativa frente a los consumidores y de… maximización de utilidades. La negociación bien concebida también contribuye a la gobernabilidad, a través de acuerdos entre los actores sociales, especialmente en situaciones de crisis, y a mejores condiciones de trabajo y de salud ocupacional a través de diagnósticos y soluciones compartidos. La negación de la negociación colectiva por el mundo empresarial chileno, y sus expresiones irrisorias como el uso generalizado de “multirut” para segmentar al máximo las relaciones laborales, son entonces un grueso error con consecuencias de largo plazo para el desarrollo del país. Explican en medida importante los niveles de desigualdad, la baja formación de capital humano en la empresa y las tensas relaciones laborales existentes en las que nadie gana.
El proyecto avanza en este sentido al reconocer el derecho del sindicato interempresa a negociar en la firma en que tenga un número de afiliados equivalentes al que se exige al sindicato de empresa para negociar en ella. Se prohíbe además la existencia de grupos negociadores en aquellas empresas con sindicato, que será el titular de la negociación colectiva, en todo caso con libre afiliación. Los beneficios adquiridos en la negociación colectiva se otorgarán a los trabajadores sindicalizados y se extenderán a los trabajadores que se afilien con posterioridad. Los no sindicalizados podrán acceder al nuevo contrato, de manera parcial o total, sólo previo acuerdo del sindicato y del empleador. Para acceder a los beneficios, el trabajador sin afiliación sindical deberá aceptar y pagar la proporción o totalidad de la cuota sindical. Todo esto redundará en un rol de representación que hoy el sindicato no puede cumplir, con frecuencia sujeto a prácticas de minimización de la afiliación por parte del empleador.
Para que el sindicato conozca la viabilidad y contexto económico de sus peticiones, el empleador deberá proporcionar a sus sindicatos información sobre balances de la empresa y estados financieros y precisar los beneficios que forman parte del contrato colectivo vigente, así como transparentar y actualizar la planilla innominada de remuneraciones de los trabajadores afectos a la negociación y costos globales de la mano de obra (número de trabajadores totales de la empresa) y las políticas de inversión futura. También deberá proveer datos sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. El incumplimiento de la obligación constituirá una práctica antisindical, así como los despidos que invoquen la cláusula por “necesidades de la empresa”, pero que sean represalias por participar en un proceso de negociación colectiva. Como contrapartida, también se sancionará a los trabajadores que bloqueen el ingreso a los lugares de producción. La respuesta del empleador a la propuesta de los trabajadores no podrá contener estipulaciones menores a un piso de la negociación constituido por el contrato colectivo vigente, aunque con bastantes morigeraciones: se excluyen de este piso la reajustabilidad, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y el bono de término de negociación, mientras después de presentada la respuesta del empleador las partes podrán negociar modificaciones al piso de la negociación. Se elimina la actual prohibición de negociar a trabajadores aprendices –en grandes empresas–, por obra o faena transitoria y cargos de confianza.
Las partes podrán negociar pactos de condiciones especiales de trabajo (jornada de trabajo y descansos, horas extraordinarias y jornada pasiva, regulación y retribución de tiempos no trabajados) en las empresas en que exista una afiliación sindical de al menos 30%, con cifras más altas en etapas iniciales. Cada sindicato representará a sus afiliados en la negociación de pactos de adaptabilidad. Los pactos sólo podrán aplicarse a los trabajadores de la empresa que formen parte de los sindicatos que negociaron el acuerdo. Para aplicarlo a los demás, se requerirá del acuerdo individual, con aprobación de la Dirección del Trabajo. Aunque si es aceptado por el 50% más uno de los trabajadores sin afiliación sindical, podrá regir a todos los que no concurrieron al acuerdo, sin necesidad de aprobación de la autoridad. Veremos si la negociación colectiva sobre estas materias, que se sustraen de la ley, son objeto de auténticos acuerdos equilibrados negociados con sindicatos representativos, o bien se constituirán en una brecha de disminución de derechos…
La iniciativa elimina, por otro lado, la facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la empresa. Propone un procedimiento bilateral para la calificación de las empresas en las que se puede prohibir la huelga, estableciendo el derecho de las partes a un procedimiento de reclamación ante la Corte de Apelaciones. También incorpora un procedimiento de arbitraje obligatorio para los trabajadores de empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga y las de menor tamaño. Se consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para cumplir los servicios mínimos que permitan atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la empresa o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud. La prestación de los servicios mínimos se realizará a través de uno o más “equipos de emergencia” dispuestos por los trabajadores. A falta de consenso, resolverá la Inspección del Trabajo.
Es también importante el fortalecimiento previsto de la mediación, estableciendo que las partes tendrán el derecho a solicitar mediación voluntaria de común acuerdo o bien obligatoria una vez votada una huelga y a petición de cualquiera de las partes o forzada en los casos de incumplimiento del principio de buena fe. Habrá arbitraje voluntario, obligatorio y forzado. Los acuerdos deberán ser registrados por el empleador en la Inspección del Trabajo, que fiscalizará su ejecución y cumplimiento.
Como se observa, se trata de un cambio de gran magnitud, que aspira a transformar positivamente la cultura de las relaciones laborales en Chile. Para eso deberá evolucionar la disposición de los interlocutores sociales para obtener acuerdos que protejan los intereses de las partes o al menos una resolución más civilizada de los conflictos y, con el tiempo, prácticas más extendidas de cooperación no subordinada en la empresa que favorecerá la innovación y la prosperidad compartida. Y también importará un gran desafío para la Dirección del Trabajo, con los nuevos roles que el proyecto de ley plantea otorgarle, lo que también supondrá una gran transformación de ese organismo para llegar a ser un regulador de las relaciones laborales y no sólo un fiscalizador de normas, en el contexto de organizaciones vivas y dinámicas como son, o deben ser, las empresas en la economía moderna.
viernes, 2 de enero de 2015
El 2014, las reformas y el gabinete
Publicado en Voces de La Tercera
En materia de conducción gubernamental tiene poco sentido hacer juicios sobre las personas –aunque sea parte de la fruición colectiva sobre los pormenores de la política y sea un componente del folclore nacional (¿cuántos no hacen y deshacen gabinetes periódicamente?)- sino más bien sobre los resultados de sus acciones y omisiones. Las personas con responsabilidades gubernamentales, además, van pasando, como fruto de errores discursivos o en sus decisiones que aconsejan su reemplazo, como le ocurrió a Helia Molina, o bien por los naturales ajustes que todo equipo va requiriendo, lo que no tiene nada de dramático. En la esfera pública, lo importante son los hechos y el sentido en que se inscriben esos hechos. Pasemos revista a algunos de los temas públicos principales del último año.
En materia de conducción gubernamental tiene poco sentido hacer juicios sobre las personas –aunque sea parte de la fruición colectiva sobre los pormenores de la política y sea un componente del folclore nacional (¿cuántos no hacen y deshacen gabinetes periódicamente?)- sino más bien sobre los resultados de sus acciones y omisiones. Las personas con responsabilidades gubernamentales, además, van pasando, como fruto de errores discursivos o en sus decisiones que aconsejan su reemplazo, como le ocurrió a Helia Molina, o bien por los naturales ajustes que todo equipo va requiriendo, lo que no tiene nada de dramático. En la esfera pública, lo importante son los hechos y el sentido en que se inscriben esos hechos. Pasemos revista a algunos de los temas públicos principales del último año.
En materia de seguridad, la “victimización” viene subiendo desde 2012. También lo hizo en 2014, con un 44% de familias que declara que algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo. Las instituciones de seguridad tienen un problema pendiente con la percepción ciudadana, frente a un tema complejo y en todo caso multifactorial, como tuvo ocasión de constatar el gobierno de Piñera: proclamó que se podía resolver con rapidez en base a la “mano dura” y terminó chocando a poco andar con los límites de las políticas puramente represivas. Finalmente indultó de manera masiva a condenados por delitos menores, contradiciendo todo su discurso anterior.
La tentación represiva, que termina limitando los derechos civiles y siendo ineficaz, junto a la inflación de las penas, tan propia de nuestras reacciones frente a cada problema de seguridad que se presenta, debe ser siempre contenida, aunque se vea bien ante las cámaras. Y ser sustituida por la persistencia paciente en políticas que reduzcan las causas de la violencia y de la delincuencia con mayor cohesión social y ataquen prioritariamente el delito organizado (narcotráfico, trata de personas, corrupción) y sus ramificaciones. En particular, la violencia en las zonas mapuche no va a poder ser resuelta con las penas del infierno sino con un acuerdo histórico de reparación y oportunidades de desarrollo autónomo, en la línea del intendente Huenchumilla.
Las relaciones exteriores han visto mejorías en los vínculos con América Latina, miopemente deteriorados por el gobierno anterior, que apostó a una mera alianza ideológica con países del Pacífico. Se debilitó la ineludible integración sud y latinoamericana, frente a la cual tiene tantas reticencias una élite tradicional que aspira de manera risible a no ser parte del continente. Pero se mantiene una sistemática reprobación de la política chilena respecto a Bolivia, nos guste o no, y no se terminan de resolver las tensiones vecinales con Perú, a pesar del fallo de La Haya sobre delimitación marítima.
Tal vez llegó la hora de constatar que el eclecticismo de nuestra política exterior, que impulsa a Chile a estar en todos los espacios de pertenencia posibles e imaginables para un país pequeño, al final lo lleva a no estar sólidamente anclado en ninguno. Chile se beneficia de cordiales relaciones con todo el mundo, de todo tipo de acuerdos de libre comercio (a veces de dudoso interés para el país), pero finalmente de muy pocos socios estratégicos a los que acudir frente a los problemas globales (económicos, ambientales) y vecinales que nos afectan, lo que obliga entre otras cosas a mantener un elevado gasto militar disuasivo. Y desde luego frente al gran desafío de la proyección al Asia, que no podemos abordar de manera aislada y debemos coordinar especialmente con Argentina y Brasil para hacer posibles las conexiones bioceánicas con sus respectivas infraestructuras. Esta perspectiva es indispensable para hacer de nuestro país un nodo productivo selectivo de alta tecnología inserto y apoyado en el continente, basado en energías renovables y en servicios modernos, y no un mero productor de minerales y alimentos, lo que hasta aquí ha bastado para un crecimiento razonable a cuenta de los recursos naturales y de la mantención de bajos salarios, pero no para asegurar una prosperidad social y ecológicamente sustentable en el futuro.
En materia de política económica, hemos visto una muy rápida acción de las autoridades –contrariamente a lo ocurrido en 1999 y 2008, cuando se reaccionó tarde y poco- para sintonizar la política monetaria, cambiaria y fiscal en una lógica contracíclica y enfrentar el fin del gran boom de la inversión minera y del consumo de bienes durables. Dicho sea de paso, el fin de ciclo iba a venir con o sin cambio de gobierno y cualquiera fuese su orientación. Pero las tasas de interés deben bajar todavía más. Y la ejecución del gasto público superar los problemas de eficiencia que presenta: ¿no habrá llegado la hora de poner un drástico fin a la clientelización de buena parte de la administración pública?
Por lo demás, si el “sector privado” –en realidad el poder económico- se autoconvence de que todo es incertidumbre y amenazas, nada mejor que tasas de interés bajas y un buen programa de inversiones públicas como el anunciado por Codelco y un crecimiento de cerca de 30% para 2015 de la inversión pública previsto en la ley de presupuestos. Y un buen esquema de diálogo constructivo y de largo plazo sobre los desafíos productivos y la necesaria evolución de la empresa y de sus entornos.
Las incertidumbres construidas que llevan a profecías autocumplidas irán decayendo con mucha paciencia y diálogo, antes que haciendo alabanzas indebidas al gran empresariado, siempre politizado hacia la derecha y con frecuencia enfrascado en la búsqueda de ventajas corporativas, demasiado lejos aún de adherir a un régimen de libertades y de derechos fundamentales efectivos para todos, incluyendo el debido respeto a las autoridades democráticamente constituidas por el simple hecho de que emanan de la voluntad del pueblo: vox populi-vox dei, decía ya el arzobispo de Canterbury en 1327.
Las políticas de largo plazo en materia de innovación tampoco parecen tomar un gran impulso, sin que se perciba una visión sobre el desarrollo de distritos industriales (los llamados “clusters”, porque en inglés suena mejor para algunos que en castellano) y sobre la articulación entre universidades, territorios y empresas, siguiendo los ejemplos coreano, danés, finés y de diversos otros países de menor tamaño que han basado su éxito económico en la innovación promovida por la acción pública. Aunque esto es difícil con responsables de estas áreas “market friendly”, como les gusta también autodenominarse, y que no creen que Chile deba tener una estrategia de desarrollo con prioridades ni hacer un tránsito rápido a las energías renovables no convencionales, sino que debe resignarse a vivir al vaivén de los mercados y de sus agentes (que con frecuencia inusitada -e inaceptable para los criterios éticos de otras latitudes- los contratan rápidamente después de su paso por el gobierno o pasan a engrosar las filas de los lobistas) porque esa sería la única opción posible. La evidencia muestra que otros países han sido bastante más inteligentes, audaces y exitosos que el nuestro y producido aceleraciones productivas considerables mediante políticas industriales activas y selectivas.
Las políticas sociales quedarán lastradas por la excesiva gradualidad y omisiones de la reforma tributaria, que es un avance y hará pagar más a los sectores de más altos ingresos, que hoy aportan proporcionalmente menos impuestos que el resto de la sociedad (ver “How redistributive is fiscal policy in Latin America? The case of Chile and Mexico”, OECD Development Centre, 2013), pero que no tendrá una magnitud suficiente ni entrará en vigor plenamente antes de 2018. Lo que sí entró en vigencia de inmediato es el aumento del impuesto al tabaco y al alcohol, plenamente justificado, pero que pagarán sin dilación todos lo que los consumen, y no son pocos. Ahí no hay “gradualidad”. El sentido político de las autoridades económicas admite mejorías.
Por otro lado, ¿cuánta inversión social y productiva adicional pudo haberse realizado haciendo tributar las sobreutilidades de las en este caso sí pocas grandes empresas de la minería privada (unos US$ 8 mil millones promedio anual entre 2005 y 2011)? ¿Y con las actuales y futuras utilidades ilegítimas de un sector que hace poco aporte empresarial y en cambio demuestra una gran capacidad de apropiación indebida, aunque legalizada por un parlamento que le aseguró que el tema no se discutirá hasta el 2023, sino que extrae una renta cuantiosa que pertenece a todos los chilenos?
La reforma a la educación, en su necesaria dimensión de fortalecimiento de la escuela y de las universidades estatales, quedó para más tarde, con además evitables e injustificadas percepciones de amenaza para diversas comunidades educativas que se justifica sean parte del sistema escolar obligatorio e integrador del futuro. No es casual que las reformas del sistema de pensiones y de salud quedaran, también, para las calendas griegas, en nombre de una “gradualidad” que se va transformando en sinónimo de gatopardismo, probablemente por ausencia de aquellos recursos que no se fue a buscar de manera suficiente. Sólo a título de ejemplo: Felipe González gobernó España por doce años y la carga tributaria subió en doce puntos del PIB en ese período, uno por año. Desde 1990 la nuestra ha subido sólo tres puntos, básicamente en el gobierno de Aylwin, y es menor a la de 1987. Este es uno de los grandes fracasos de la transición, en donde los que postulamos un enfoque a la González fuimos derrotados, lo que nos tiene como uno de los países más desiguales del mundo.
Y se anunció finalmente, después de ires y venires, el proyecto de ley que aborda temas laborales que van en la buena dirección: la de disminuir la asimetría entre empleadores y asalariados. Las reacciones no se dejaron esperar. Para los voceros de la gran empresa, se trataría de una reforma “sindical” y no “laboral”: como si ambas cosas pudieran separarse. Tal vez prevalece en esos medios la fantasía de un “mercado” laboral sin sindicatos, con una mera relación individual y atomizada entre empleador y asalariado, a lo José Piñera.
Pues bien, en las sociedades modernas los sindicatos existen y su misión es defender eficazmente los intereses y los derechos de los asalariados, con muy variadas experiencias exitosas en que el sindicalismo contribuye a hacer más fluido el diálogo social y las adaptaciones económicas. Para muchas empresas, desde el punto de vista microeconómico, la mejor relación laboral es probablemente la esclavitud, pero convengamos que en las sociedades civilizadas los trabajadores…tienen unos derechos que las empresas simplemente deben respetar.
Macroeconómicamente, las condiciones de la producción deben, al menos en parte importante, articularse con las del consumo doméstico, muy mayoritariamente alimentado por los ingresos de los asalariados. Los salarios no son sólo costo de producción, son también demanda efectiva, y no todo lo que se produce se exporta.
Una segunda reacción curiosa ha sido la de autoridades que se han ido especializando en ser defensivas frente a las reformas, casi como pidiendo perdón por ellas, y que ahora insisten en que se trataría de una reforma “proempleo” y que “favorece la productividad”. La verdad es que puede que sea efectivo (personalmente creo que la evidencia comparativa disponible muestra efectos en el largo plazo que van en ese sentido), o bien que no lo sea, especialmente en el corto plazo. Pero simplemente no es el punto y no se debiera llamar a nadie a engaño. Las reformas son en esencia para equilibrar la relación laboral entre empleadores y asalariados: sabemos que menos del 10% de estos últimos se encuentran afiliados a sindicatos y que una proporción muy pequeña negocia colectivamente. Esta reforma debe ser para fortalecer la capacidad de negociación de los asalariados y aumentar su participación en la distribución primaria del ingreso, para que al menos sus salarios aumenten con la productividad, así de simple.
Y la empresa debe adaptarse, como se adapta al valor del dólar o a la tasa de interés. Y si en determinados momentos se necesita contención salarial, qué mejor que negociarla con sindicatos fuertes, como demuestra la experiencia histórica. Las cuentas claras finalmente conservan mejor la amistad, necesaria por lo demás en una economía mixta.
Esta reforma laboral está llamada a otorgar derechos a los trabajadores y a aumentar la cultura de la negociación entre las partes en la empresa y entre sindicatos y representantes empresariales más allá de la empresa, ojalá en el futuro por sectores y ramas, que tanta falta le hace a esta economía, que entre cosas no forma bien a su gente por la altísima rotación en los puestos de trabajo que resulta de la sacrosanta flexibilidad laboral con frecuencia mal utilizada como mero mecanismo de disciplinamiento y castigo. A la economía chilena no le va a hacer mal caminar hacia una estabilidad dinámica del empleo, estimulada por la negociación colectiva y sindicatos fuertes. Y va a ganar en equidad. “Esos son lujos de países desarrollados”, reza el coro: a Uruguay, cerca nuestro, le ha ido muy bien con la negociación tripartita por rama establecida por el Frente Amplio, y a sus empresarios otro tanto.
Cuando se tiene un mandato popular claro, es al inicio de la gestión gubernamental cuando parece sensato realizar o encaminar los cambios principales, especialmente si son de largo plazo, que se ha comprometido ante los ciudadanos, para señalar el rumbo y… despejar las tan mentadas incertidumbres. Y para que en plazos prudentes se vean los efectos de las reformas, aunque las decisiones que siempre tendrán detractores eventualmente compliquen la popularidad de corto plazo del gobierno.
miércoles, 24 de diciembre de 2014
Un inicio consistente
Publicado en Voces La Tercera
La presidenta Bachelet ha actuado con consistencia en sus primeros meses de gobierno. Dos de las tres reformas principales comprometidas por ella, y se suponía que por toda su coalición, en estos tiempos de cambios necesarios e impostergables para el futuro de la sociedad chilena han marcado la agenda política desde el 11 marzo de 2014.
La reforma tributaria concluyó su tramitación parlamentaria en septiembre, aunque por ausencia de apoyo de los conservadores de la Nueva Mayoría terminó complejizando al extremo la tributación de las utilidades de las empresas, abrió interrogantes sobre su capacidad recaudatoria y, sobre todo, incomprensiblemente no abordó la tributación minera, lo que permanecerá pendiente para una próxima etapa.
La reforma educacional avanza, a su vez, con un primer proyecto de ley que aspira a disminuir la inaceptable segregación escolar y regular la educación privada subsidiada que está próximo a aprobarse en el Senado, y cuyos otros aspectos tomarán legislativamente al menos los dos primeros años de gobierno. Existe un cierto atraso en la desmunicipalización y la creación de un nuevo servicio público educativo moderno e integrador, financiado desde una lógica de planificación territorial de su oferta y no en base al subsidio a la demanda como ahora, que vendrá hacia el segundo semestre 2015, junto a la modificación del sistema universitario que dé un rol vinculado al desarrollo nacional a las universidades estatales, que no se entiende para qué existen en el actual ordenamiento de mercado.
Y se echa de menos la discusión sobre el fondo del tema, más allá de los instrumentos: la misión de la educación, y en especial de la escuela. Como en el siglo XX, su misión no ha cambiado, sólo que fue arrasada en Chile por la dictadura y puesta bajo inspiración estrechamente privatista y hasta ahora no ha sido restablecida: ayudar a nuestras niñas y niños a caminar hacia la condición de adultos capaces de mejorar el mundo. Aprender no es un fin en sí mismo, es tan sólo un medio para crear sociedades mejores, para lo cual debe enseñárseles a los niños/as a vivir y actuar en sociedad con igual dignidad y respeto por el otro y a pensar eficazmente recurriendo a las ciencias y a las humanidades.
Se trata de proveer de manera universal y gratuita una base común de valores de convivencia, conocimientos, competencias y cultura a los niños/as y jóvenes que les permita construir su autonomía, su futuro personal y profesional y el ejercicio libre de la ciudadanía.
Los fines de la escuela deben ser discutidos en los próximos meses y consagrados solemnemente fruto de un proceso de amplia participación. ¿No habrá llegado el momento de discutir en toda y con toda la sociedad si acaso la recurrida libertad de enseñanza no debe estar por definición puesta en el contexto de los fines públicos de la escuela, que no nos olvidemos es, precisamente por tenerlos, de carácter obligatorio y no voluntario? Salvo que se sostenga que no debe cumplir ninguno, extremando la autonomía de los establecimientos, lo que haría superfluo ese carácter obligatorio, y simplemente situaría la provisión educativa en el contexto de la más amplia libertad de iniciativa económica en un contexto de mercado, a lo Hayek.
Pero no olvidemos que las instituciones cuyo fin exclusivo es proveer educación obligatoria tienden a ser las que mejor resultado obtienen en la materia en la experiencia de los países OCDE. Otras instituciones, pero sin fines de lucro y disposición a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los niños/as, deben poder recibir el encargo de cumplir de la manera que mejor les parezca (“libertad de enseñanza”) el fin público de la escuela. Pero más como excepción que como regla, pues no se debe olvidar que al menos existe un potencial conflicto de interés (el público versus el privado de distinta índole, que tiende a desviar recursos públicos para otros propósitos, lucrativos, religiosos o de cualquier otra naturaleza) que puede terminar por inviabilizar la misión que la sociedad le encomienda a la escuela obligatoria, como de hecho ocurre hoy en Chile, con un sistema escolar que es un fracaso integral.
Además de la reforma tributaria y la educacional, diversos otros hechos han influido en el escenario político, como la seguridad pública y el estancamiento económico, aunque se sigue creando empleos (105 mil en doce meses, especialmente femeninos y por cuenta propia) y el desempleo apenas ha aumentado. A lo anterior se une la discusión sobre el financiamiento de la política y las revelaciones sobre aportes ilegales a campañas, con la puesta en evidencia definitiva de la “Pentapolítica” que corroe nuestro sistema de representación y que alcanza desde la UDI hasta el candidato Velasco y el ministro Undurraga. Hacia fin de año, en el mundo político y social se ha agudizado un clima de tensión y puesto en evidencia la falta de defensa eficaz de las reformas, con caídas de la popularidad de la presidenta y sobre todo del gobierno… y también de las coaliciones políticas, incluyendo una oposición que no crece y se atrinchera en su lógica ultramontana y defensora sin matices de los intereses de los privilegiados.
La agresividad de la derecha política y empresarial ha aumentado artificialmente la conflictividad. Diversos empresarios y sus gremios agitan la idea de la incertidumbre. El tono crecientemente confrontacional ha estado marcado por el rechazo a las reformas, destacando la ex candidata Matthei y sus excesos bastante poco elegantes: “la principal falencia de Chile hoy día es la Presidenta Bachelet”, “su incapacidad” y su agenda que va a “reventar el país”. Este lenguaje no es digno de nuestra democracia y recuerda muy malos momentos de la historia de Chile, en los que los que se creen dueños del país se exasperan frente al resto de la sociedad y actúan de manera violenta e irracional.
En el oficialismo, las críticas cruzadas desde los partidos de la coalición, especialmente desde sectores de la Democracia Cristiana por los contenidos y el manejo de algunas reformas, especialmente la de la educación, han contribuido a su modo a generar una cierta confusión en el debate público.
El clima social también se ha visto crispado, en parte por diversas movilizaciones de un sector de los colegios privados subsidiados contra la reforma educacional y en parte por sectores del gremio de profesores por reivindicaciones salariales que decidieron, contra la opinión de la directiva nacional y de manera inédita, ir a movilización hacia fin de año, lo que ha implicado que más de 1200 colegios hayan realizado un paro, con las dificultades que ello implica en momentos en que se cierra el ciclo escolar 2014. El acuerdo sobre el reajuste salarial del sector público se hizo con la CUT y no con la ANEF, que terminó realizando movilizaciones contra un acuerdo que apenas recupera el poder adquisitivo perdido en el año. El déficit del gobierno en la relación respetuosa con el mundo social parece requerir de enmiendas.
A esto se ha agregado la acumulación de fallas sucesivas del metro de Santiago, lo que ha generado molestias en los miles de usuarios del transporte público en la capital de seis millones de habitantes revelando la subinversión en la empresa –como suele ocurrir en las empresas públicas de las que desconfían los tecnócratas “antiestatistas”-, así como el aumento de la inflación fruto de una devaluación que por otro lado va a favorecer el empleo, con un encarecimiento importante en bienes de consumo básico y alimentos.
El gobierno ha enfrentado así un fin de año poco favorable y dificultades en el apoyo político y social a sus reformas, mientras la oposición no logra encontrar el tono para capitalizar la menor popularidad de la presidenta a través de sus críticas ni obtener adhesión a partir de un cierto malestar ciudadano.
Lo importante es que la presidenta Bachelet ha decidido mantener el rumbo y reafirmó el 5 de diciembre ante una asamblea de empresarios- en las que éstos se expresan no siempre de manera muy educada- que “hacer las reformas necesarias hoy es la única forma de hacernos cargo de los desafíos que no pueden seguir esperando”, que las reformas son ambiciosas “porque alteran grandes inercias, por lo que es natural que generen incertidumbre” y que “el enfriamiento en la realidad económica es una realidad, pero no es argumento para detener reformas. Debemos emprender reformas con urgencia”. Nunca mejor dicho.
sábado, 13 de diciembre de 2014
jueves, 4 de diciembre de 2014
Día de encuestas
Publicado en Voces La Tercera
El miércoles 3 de diciembre fue día de encuestas. Como se ha subrayado en todos los medios de comunicación, la noticia principal es la baja de la popularidad de la presidenta Bachelet y de su gobierno.
En el caso de la encuesta CEP -que reconoce una tasa de no respuesta de 28%, lo que es muy alto y quita representatividad del universo de mayores de 18 años que pretende representar la muestra aleatoria de hogares y personas con la que se realiza la estimación de las tendencias de la opinión pública por este centro empresarial- la caída de aprobación de 50% en julio a 38% en noviembre es brusca. Además, la sitúa un punto porcentual más abajo que su peor evaluación, alcanzada en diciembre de 2007, en su primer gobierno, cuando llegó a 39%.
La encuesta Gfk-Adimark -que desde que los datos sobre la popularidad del Presidente Piñera empezaron a ser recurrentemente negativos, ya no se basa en una, sino en dos muestras distintas que se mezclan no se indica cómo (una de teléfonos de hogares y otra de celulares de individuos), lo que no resiste ningún test de consistencia de construcción de una muestra aleatoria representativa del universo de mayores de 18 años- también registra una caída sistemática de la aprobación de la labor de la Presidenta, desde un 58% en junio hasta el 42% de noviembre de 2014.
Por tanto, sin perjuicio de que se puede considerar urgente regular en Chile la publicación de unas encuestas que hoy se realizan sobre la base de muestras, métodos de recolección de datos y formulación de las preguntas a los encuestados que no permiten considerarlas suficientemente rigurosas ni alcanzan los estándares internacionales, los sondeos muestran una incuestionable tendencia a la baja de la popularidad de la jefa de Estado y de su gobierno. La encuesta CEP muestra, además, una importante caída en atributos como los de firmeza, destreza y cercanía de la presidenta.
Ambas encuestas registran una espiral interconectada a la baja en los distintos componentes de la apreciación de la gestión de gobierno y de la situación del país.
Se puede conjeturar razonablemente que esta espiral de mal humor y desencanto con el gobierno, que se extiende a todas las instituciones políticas, está fuertemente correlacionada –en proporciones difíciles de estimar con precisión- con dos factores principales.
En primer lugar, con la lenta actividad económica que empezó a manifestarse en el segundo semestre de 2013 y que aún no han revertido (y no lo harán hasta por lo menos un semestre más a partir de la política monetaria y fiscal reactivadora en aplicación, aunque las cifras del INE no revelan hasta octubre un alza importante del desempleo). Esta pérdida de dinamismo, con causas coyunturales y otras estructurales, ha permitido a los empresarios de derecha y a los partidos de oposición difundir todo tipo de fantasías sobre un derrumbe económico y un clima antiempresarial que sólo existe en su imaginación.
En segundo lugar, con la falta de horizonte tangible de una política gubernamental bien inspirada y con unas reformas que los ciudadanos valoran positivamente en sus rasgos principales, pero cuya presentación y puesta en marcha ha abierto flancos de fondo y forma para levantar inquietudes infundadas y generar percepciones de amenaza inexistentes.
Y el problema parece ser muy práctico: contrariamente a la reforma previsional de 2008, por ejemplo, las reformas en curso no rendirán frutos observables en la vida cotidiana ni mejorarán la condición de casi nadie en los próximos años sino en un horizonte mucho más largo, mientras permanecen -y en algunos casos se agravan- las carencias de algunos servicios públicos cruciales, como el transporte y la salud.
Estas carencias se arrastran por años y el gobierno de derecha no las mejoró. Junto a esta dificultad de mostrar resultados y un curioso diseño de temporalidad de las reformas, con una administración pública que además ha ido perdiendo profesionalismo y eficiencia, no se ha querido tampoco introducir la dimensión épica que la puesta en marcha de un proceso constituyente en materia institucional hubiera permitido, sin que hasta hoy existan definiciones, sino más bien la percepción de dilaciones.
Todo esto genera en las encuestas la impresión de un país estancado y de expectativas frustradas, pero nada de esto parece cambiar hasta ahora los datos básicos del escenario político.
En efecto, en la encuesta CEP la identificación con la Alianza alcanza sólo un 10% y con la derecha y centroderecha sólo un 12%. La encuesta Gfk-Adimark viene mostrando mes a mes, por su parte, ante la pregunta más dura sobre identificación con el gobierno o con la oposición, que más allá del enojo y la molestia actual con la acción gubernamental, la distribución de esa identificación es casi igual al resultado de la elección presidencial de hace un año: en noviembre un 64% se identificó con el gobierno y un 36% con la oposición, descontando a los que no se identifican ni con el uno ni con la otra (un 48% y un 27% del total, con el 25% restante que no se pronuncia).
La sistemática y creciente mala fe del discurso de la UDI, y la sorprendente violencia verbal y afán descalificador de la presidenta por parte de la señora Matthei sólo parecen producir un único resultado: mantener a la oposición de derecha muy lejos de la mayoría ciudadana.
Y al gobierno se le plantea el desafío de explicar mejor su tarea y los alcances positivos para los chilenos de las reformas comprometidas y sostenidas coherentemente por una presidenta que ha demostrado saber resistir a las presiones y mantener el rumbo principal, lo que a la larga será apreciado y valorado por la mayoría. Sobre todo si ese rumbo principal se define como el de la lucha consistente contra las desigualdades, al menos en el largo plazo, en momentos en que la encuesta CEP de noviembre registra un alza a 57% de la identificación con la afirmación de que “en ninguna circunstancia se pueden aceptar altas desigualdades en los ingresos” y que es el centro del programa y de la promesa de la Presidenta en ejercicio.
miércoles, 12 de noviembre de 2014
Debate enrarecido, reformas y revolución
El gran empresariado ideologizado sigue en su ofensiva contra las reformas del gobierno. La nueva frase del día en la Sofofa es la denuncia de un “clima antiempresarial”, que en verdad no se observa por ningún lado, en todo caso no en algún actor político o social relevante. Que se ponga coto a la deriva ultraprivatista en educación (como propone el movimiento estudiantil) o que se busque fortalecer la negociación colectiva (como propone la CUT), y que el gobierno de la Nueva Mayoría se plantee reformar la legislación en estas materias, no son más que debates y acciones propios de una sociedad abierta y democrática. Como también lo es que se discuta cómo dotar al país –para que a todos nos incluya– de un nuevo marco institucional legítimo por primera vez en su historia, que entre otras cosas otorgue un rol a la empresa para que contribuya a la prosperidad colectiva, pero también, muy primordialmente, consagre los derechos que se merecen los ciudadanos por el solo hecho de serlo.
Desde el ángulo opositor se han escuchado además afirmaciones de trazo bastante grueso, como las de un ex presidente de la UDI el 21 de octubre, para quien el proyecto inicial de reforma educacional consagra “la reforma de las cuatro E: estatiza la educación particular subvencionada, estanca la educación pública, elimina la libertad educacional y engaña a padres y apoderados”. El primer proyecto de la reforma educacional aprobado por la Cámara de Diputados no elimina la libertad de enseñanza en la educación escolar, se siguen financiando establecimientos privados sin fines de lucro y no se les exige otros objetivos que los que la actual Ley General de Educación establece. No elimina la libertad de elegir de los padres, termina con las discriminaciones de diverso tipo y establece opciones equitativas de ingreso a los establecimientos con demanda superior a la matrícula existente. El proyecto termina con el lucro en la educación escolar subvencionada, objetivo claramente incluido en su campaña por la Presidenta en ejercicio por voluntad más que mayoritaria de los ciudadanos, pero establece una remuneración razonable de los administradores de los establecimientos privados que reciben aportes públicos. Es decir, francamente nada que ver con lo afirmado por los voceros de la UDI.
Una versión opositora a las reformas con afanes más sofisticados la provee también la Sofofa: “Las vacilaciones en momentos previos a cruzar el umbral del desarrollo han causado, en muchos casos, una profunda crisis de confianza. Y algunos, estando al borde del desarrollo, han dejado que la incertidumbre los abrume y han renunciado, consciente o inconscientemente, a seguir avanzando y han vuelto por años a las garras del subdesarrollo”. Desarrollar esta narrativa está en el borde del ridículo: ¿cuáles son esos muchos casos en que se vuelve a las garras del subdesarrollo por no se sabe qué incertidumbres? La “trampa de los ingresos medios“, como se conoce en la literatura económica el tema, en realidad apunta a que los países que avanzan desde etapas iniciales de pobreza, con competitividad basada en salarios bajos y recursos naturales abundantes, a una mejor situación de ingresos promedio deben luego avanzar en reformas que les permitan fortalecer la productividad, mejorar la infraestructura y avanzar en innovación y complejización de las cadenas de valor, tareas todas en las que la misma literatura les reconoce un rol importante al gobierno y a las políticas públicas. Esto es lo que la segunda Presidencia de Michelle Bachelet está precisamente abordando…
Un viaje de estudio a Corea del Sur o haberse sumado al que se hizo a Finlandia le haría bien a la Sofofa. Podría así ampliar su confianza en que a los países innovadores menos desiguales y menos sometidos al poder económico concentrado les va mucho mejor y que la democracia –que incluye que mucha gente opine distinto de los grandes empresarios sin que por eso sean antiempresa– es una buena cosa para el desarrollo.
El gobierno no debe dejarse amedrentar por lo dicho en las comidas de gremios de empresarios politizados (¿es necesario que las autoridades asistan a estos eventos no siempre signados por la buena educación?). Ni retroceder en su voluntad de reforma, porque está en juego un mejor futuro para el país. Ni pedir perdón, como a veces queda la sensación por parte de algunos ministros, por abordar los nudos de la desigualdad y del deterioro ambiental que son inaceptables en Chile.
También está en juego la supervivencia política de la coalición gobernante. Véase Obama: su actitud de búsqueda de consensos con opositores irredentos termina siendo interpretada como debilidad, y castigada por los electores, que no rechazan los acuerdos que avanzan, pero sobre todo quieren gobiernos efectivos, con ideas claras en sus luchas y mensajes políticos y que provean seguridad en sus propósitos y realizaciones y en la identificación de los responsables que impiden avanzar.
En este dominio también se observa un clima enrarecido. Un ex presidente del PDC incluso teoriza la cuestión del siguiente modo: en la actual coalición estaría en juego un dilema entre “reformistas” y revolucionarios”. De nuevo afirmaciones extemporáneas. No se conoce en la Nueva Mayoría defensores de una opción revolucionaria, sino de políticas que apuntan a disminuir las desigualdades vía nuevos derechos sociales a lo OCDE, política industrial activa, cambios regulatorios, tributarios y de prioridades de gasto público. Este enfoque de raigambre socialcristiana y socialdemócrata enfrenta una tenaz oposición interna de tipo neoliberal, que se acomoda sin demasiados problemas con el Estado mínimo y el mercado máximo y que prefiere una economía apenas regulada y con bajos impuestos a las altas rentas, un derecho laboral laxo y sistemas con predominio privado en infraestructura, educación, salud y pensiones. Y que naturalmente encuentra detractores reformistas o transformadores, que no tiene sentido descalificar como revolucionarios, porque en rigor no lo son, en tanto encaminan su acción en las reglas de la democracia institucional.
Revolucionarios fueron los que desde los años sesenta enarbolaron banderas de cambio radical, que consideraban que no podían ser contenidas por una democracia liberal de índole excluyente y oligárquica. Recientemente se conmemoraron precisamente 40 años de la muerte en combate de quien mejor expresó esa opción en Chile: Miguel Enríquez. En efecto, un 5 de octubre hace cuatro décadas moría con las armas en la mano el médico Enríquez, a los treinta de edad, luego de haber dirigido por seis al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y de mantenerse clandestino por uno como el hombre más buscado por la dictadura entronizada a sangre y fuego en septiembre de 1973. En mi opinión, esa fecha simboliza la caída del sueño revolucionario voluntarista que una generación, en la que me incluí siendo joven, abrazó en Chile.
Sobre Enríquez existen dos caricaturas: la del radical irresponsable que, para aquella parte irremediablemente tanática y criminalmente fanática de la sociedad chilena, fue simplemente bien asesinado por las balas de la DINA, o bien la del valiente y consecuente que murió en su ley, sin consideración de sus opciones políticas y su necesario balance.
Miguel Enríquez encarnó una parte de las dinámicas de una época y, con la perspectiva histórica, no la peor. Fue uno de los que hizo suyo un sueño de cambio revolucionario inmerso en los impulsos de los años sesenta y sus rupturas libertarias, de la revolución cubana y la gesta latinoamericana guevarista, del mayo del 68 francés, de la reacción antiautoritaria luego de la invasión soviética a Checoslovaquia, del rock y su nueva estética. Y también de la dinámica de cambios que recorrió a una sociedad chilena inmersa gravemente en la desigualdad y la pobreza, dominada por oligarquías agrarias retrógradas y burguesías urbanas rentistas. Jorge Ahumada en los años cincuenta resumió muy bien el diagnóstico y el desafío: había que construir un nuevo Chile “en vez de la miseria”.
Enríquez tuvo razón histórica al señalar que los intentos de desplazar del poder a la oligarquía tradicional y nacionalizar los recursos naturales, si se llevaban hasta sus últimas consecuencias, provocarían reacciones internas, las de los afectados, y externas, las de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, que culminarían en el fin de la democracia y una dictadura militar, como ya había ocurrido en Brasil. Es decir, en un trágico callejón sin salida. Menos razón tuvo en desarrollar una estrategia autónoma de acumulación de fuerzas rupturistas conducida por un nueva vanguardia de cuadros revolucionarios, aunque había buenos fundamentos para el rechazo a lo que entendía era una DC comprometida con Estados Unidos en la Guerra Fría y a una dirigencia de la izquierda que pensaba, en su rama socialista, que no tenía real voluntad de impulsar cambios, aunque siempre respetó a Allende, o bien, en su rama comunista, se subordinaba a la URSS. La nueva fuerza revolucionaria debía convocar bajo su férrea conducción no sólo a la clase obrera tradicional sino también a los que llamaba “los pobres del campo y la ciudad”. El gobierno de Frei cometió el error de empujar al MIR a la clandestinidad y éste el error de realizar acciones armadas propagandístiscas y de financiamiento, aunque nunca atentados a personas, en un país que por el contrario necesitaba fortalecer una democracia cada vez menos oligárquica y más amenazada por la oligarquía.
Un visionario, que por entonces se retiraba de la política, Eugenio González Rojas, había planteado en 1947 que el socialismo debía ser revolucionario por sus fines y democrático por sus métodos, y que los métodos debían escogerse para nunca desnaturalizar los fines emancipatorios perseguidos. Y había propuesto en 1958 no someterse a la Guerra Fría y convocar a las fuerzas que pusieron a la derecha en franca minoría y representaron Frei, Allende y Bossay en la, en ese entonces, reciente elección presidencial, que estuvo muy cerca de dar el triunfo a Allende. Planteó la necesidad de la convergencia de las que denominó “fuerzas de avanzada social”, aquellas que se dividieron, fracturaron y compitieron entre sí en medio de la ley de hierro de la Guerra Fría global, y no supieron acometer su tarea histórica de darle continuidad y coherencia democrática a la demanda de reformas de la sociedad chilena ni mantener a raya el poder de la derecha y los intereses oligárquicos que representaba.
Miguel Enríquez, Luciano Cruz y su equipo de jóvenes revolucionarios no se dieron cuenta de que la demanda por cambio social se encaminaba en realidad al triunfo en las urnas de Salvador Allende y su coalición y no a la expansión de la lucha social con componentes armados que desbordaría y desmontaría las instituciones obsoletas y construiría una democracia de base.
La democracia representativa era la que debía, por el contrario, ser definida como el continente necesario e irrenunciable del cambio socialista, complementada, eso sí, por formas de democracia directa. Enríquez se adaptó en 1970, se puso al servicio de la seguridad personal de Allende y mantuvo un diálogo permanente con él, insistiéndole en que debía acumular fuerza social –el “poder popular”– y en el mundo de los soldados de las Fuerzas Armadas mediante un programa radical y la neutralización del golpismo militar en el generalato. Entendía que se lograría así resolver favorablemente un quiebre de la democracia que la alianza Nixon-DC freista-derecha provocaría ineluctablemente. Allende prefirió avanzar en su programa sin hacerlo más radical, que de suyo lo era ampliamente, y buscó entenderse con la jerarquía militar, sin intervenirla, siguiendo invariablemente las tradiciones republicanas, a riesgo de dejar crecer la conspiración y privilegiando por sobre todo evitar una guerra civil. Trabajó incansablemente para construir una salida política y obtener un acuerdo con la DC, sin lograrlo, especialmente por la intransigencia e incredulidad de Frei. En todo caso, Enríquez se negó, en las ocasiones en que pudo hacerlo –según los testimonios directos existentes– a sustraer armas desde regimientos y no boicoteó el diseño de Allende de buscar una salida democrática a la crisis mediante un plebiscito que sería anunciado el 11 de septiembre de 1973. Estaba informado de su anuncio por el Presidente, por lo cual había desactivado la alerta antigolpista del MIR. Combatió como pudo el 11 de septiembre, con muy poco, y de nuevo se puso a disposición de Allende. Pero ya la tragedia se había desencadenado.
Luego del golpe, Enríquez jugó –a pesar de la opinión de sus compañeros de la dirección del MIR– lo que entendía debía ser su rol: quien había empujado la opción revolucionaria debía permanecer personalmente resistiendo en Chile, poniéndose al frente de su gente en la tradición de la FAI de Buenaventura Durruti y de la guerrilla de Ernesto Guevara. Este fue un error respetable en su inspiración de consecuencia ejemplar, pero políticamente inconducente y que no contribuyó a sortear la masacre de centenares de sus compañeros en las peores condiciones que había decidido realizar, sin tasa ni medida, la dictadura de Pinochet, y se expuso con arrojo a su propia digna muerte.
A la generación a la que le tocó retomar las diezmadas banderas de la izquierda, nos influyó este trágico desenlace. El balance temprano de unos cuantos, entre los que me cuento, fue el de retomar el enfoque de Eugenio González. Nos propusimos, con éxito, reunificar a las “fuerzas de avanzada social”, afianzar una lucha social y política contra la dictadura y no una lucha militar legítima pero inconducente y que prefiguraría, en el caso de remota probabilidad de triunfar, lógicas militaristas y autoritarias que nada bueno augurarían para la construcción de un socialismo democrático y libertario, como nos enseñaba la experiencia histórica de varias revoluciones radicales y, en la época, la de los Khmers Rojos en Camboya. Se llegó así, después de un largo, doloroso y complejo proceso, a otro 5 de octubre, el de 1988, y a las luces y sombras de la nueva etapa que se abrió en la historia de Chile y que sigue en curso con retrocesos y avances y recientemente con renovadas potencialidades para el cambio social.
Las fuerzas representadas en la Nueva Mayoría que no le gustan al mencionado ex presidente del PDC son parte de ese enfoque y no del enfoque revolucionario voluntarista, que ya no tiene expresión política sustantiva en Chile y, en todo caso, no forman parte de la coalición de gobierno. Pero las diversas fuerzas progresistas sí se proponen, con mayor o menor consistencia e insistencia, lograr un nuevo proceso constituyente para lograr cambios en la estructura social e institucional, es decir, una democracia social, participativa y libertaria, objetivos transformadores que son los que en realidad suscitan las resistencias de allá y acá que han sido objeto de este comentario.
Se puede conjeturar que el mencionado ex presidente del PDC se propone con sus distinciones volver a la idea de “coalición chica”, que agrupe a un PDC sin progresismo y aliada a algo de izquierda, pero subordinada. Para esa tarea en la izquierda, desgraciadamente, no faltan candidatos, aunque sea explicable, dado que representa al mundo de los subordinados en todas sus variantes. Incluyendo algunos que quedan bien reflejados en la descripción, que acabo de leer, de Mitch McConnell, nuevo jefe de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, realizada por el demócrata de Kentucky en The Atlantic: “Es como un molino de viento. Va en el sentido del viento. No tiene ningún valor. Busca el reconocimiento, no hacer nada en particular”.
Pero también existe la izquierda con proyecto (libertario culturalmente, emancipatorio socialmente y sustentable ambientalmente), hoy cada vez más dispersa pero potencialmente dotada de razón estratégica, abierta a las alianzas pero no subordinada a los poderes constituidos, que ha podido hacer no pocas cosas con el PDC cuando ambas fuerzas han podido compartir proyectos de cambio progresista para Chile. Ojalá sigan haciéndolo, dando cuenta de las demandas de cambio presentes en la sociedad. Que para eso están. O debieran estar.
jueves, 6 de noviembre de 2014
Después del 4 de noviembre: ¿Washington paralizado?
El 4 de noviembre de 2014 se ha consagrado en Estados Unidos la mantención de la mayoría republicana en la renovación completa de la Cámara de Representantes y la pérdida de la mayoría demócrata en el Senado al renovarse un tercio de sus miembros. El parlamento quedará totalmente en manos republicanas en los dos años finales de la presidencia de Obama, culminando el camino iniciado en 2010 y la llegada el 5 de enero de 2011 de John Boehner al liderazgo de la Cámara de Representantes.
La mayor parte de los candidatos demócratas hizo campaña distanciándose del presidente, cuya popularidad cayó a 43%, cifra considerada baja en Estados Unidos. El rechazo a Obama se vincula al descrédito general de la política tradicional en el país del norte, con ciudadanos cansados de debates estériles y de los bloqueos sistemáticos en el Congreso de las decisiones presidenciales, sin que Obama haya logrado hacer avanzar muchas de sus propuestas, quedando en definitiva en una posición de debilidad antes que como víctima de la intransigencia de la extrema derecha republicana.
El presidencialismo a la norteamericana, que en América Latina hemos heredado desde nuestras independencias, muestra hoy flagrantemente sus límites, y especialmente su tendencia creciente a provocar parálisis en la decisión pública y frustración en los ciudadanos. En un sistema en que casi todo debe negociarse cuando el presidente no dispone de mayoría parlamentaria, el bloqueo se ha acentuado con el predominio del radicalismo de la extrema derecha republicana (el famoso Tea Party, que en realidad son varios Tea Parties según se trate de los temas de equilibrio presupuestario y gobierno mínimo o de temas como el aborto, la inmigración y el control de armas), cuya definición básica es su rechazo a toda negociación.
La paradoja es que la economía, que tradicionalmente domina las opciones de los electores, se ha ido más bien recuperando, luego de que enfrentara la peor crisis en los últimos 80 años, logrando el presidente Obama evitar, primero, el naufragio bancario y de grandes empresas como General Motors (que pasó a manos del gobierno), reglamentando luego de manera más amplia el sistema financiero y además logrando aprobar un sistema de seguros obligatorios de salud que incluye a decenas de millones de personas adicionales protegidas frente a la enfermedad, proceso combatido tenazmente por los republicanos más radicales en nombre de la libertad personal (aquella que permite dormir bajo los puentes, parafraseando a Anatole France). El crecimiento ha vuelto, con un 1,7% en 2014 y 3% previsto para 2015, el desempleo ha bajado significativamente (5,9% en septiembre de 2014) y Estados Unidos ha recuperado buena parte de su autonomía energética, mientras encabeza elementos cruciales de la “nueva economía” (redes de economía de reparto, expansión de Internet a todo tipo de intercambios, transición a las energías renovables).
No obstante, crece la inquietud de los ciudadanos, con muchos de ellos con trabajos de tiempo parcial no voluntario, salarios estancados o en disminución, aumentos espectaculares de las desigualdades de ingreso -reseñadas con gran impacto por el economista francés Thomas Piketty en su libro de 800 páginas “El capital del siglo XXI” de gran éxito editorial- y el enorme endeudamiento de los estudiantes, que no encuentran luego los empleos que les permitan pagar la deuda adquirida para lograr sus títulos universitarios.
En materia internacional, el retiro de Irak y parcial de Afganistán y la guerra tecnológica y las “kill lists” de sus servicios secretos no han impedido la radicalización islamista en Medio Oriente y parte de África, ni llevado a Israel a la mesa de negociación, ni inhibido a Rusia en sus anexiones de parte de los territorios de Ucrania, manteniéndose una inestabilidad amenazante en zonas cruciales del mundo. Estados Unidos está lejos de ser un gendarme global eficaz en el actual mundo multipolar y los ciudadanos norteamericanos lo resienten, incrementado su percepción de inseguridad.
Frente a esta situación, los estadounidenses no han encontrado en Obama a un líder capaz de sacarlos de la crisis como lo hizo Franklin Roosevelt o de cerrar Guantánamo, símbolo de la ausencia flagrante de Estado de derecho, y además viven cada vez más la tentación del repliegue, con la eventual consecuencia de no avanzar en materia de acuerdo comercial Transpacífico (TPP) y Transatlántico (TTIP), de acción eficaz contra el grupo integrista del Estado Islámico que se expande como mancha de aceite, de acuerdo nuclear con Irán, de llevar a Israel a hacer concesiones indispensables para la creación del Estado palestino, de desbloqueo de la relación con China, en base a un desencantado “no, we can’t”.
La reconquista por la ultraderecha republicana del poder gubernamental en Estados Unidos probablemente tendrá, antes que el centrismo ecléctico que domina a los demócratas, un solo gran obstáculo en la elección presidencial de 2016, probablemente decisivo: su propio dogmatismo y maximalismo a ultranza. La “guerra cultural” en supuesta defensa de lo que consideran son los valores tradicionales estadounidenses terminará por enemistarlos otra vez, entre otros, con el voto afro-descendiente y el cada vez más decisivo voto latino, y abrir la puerta a una nueva presidencia demócrata liderada por Hillary Clinton.
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