¿Es necesario que Chile siga regalando su riqueza minera?

El Mostrador

Chile es un país que prácticamente regala a terceros su riqueza minera. Y para los que nos gobiernan la idea parece ser que esto siga ocurriendo. El jueves 12 de agosto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín ha declarado: “Lo importante es cerrar una discusión en un tema importante para un sector que tiene cerca de US$ 50 mil millones de inversión proyectada”. He aquí develado, y se agradece la franqueza, el fondo del tema: cerrar la discusión.

Chile tiene la más competitiva industria del cobre del mundo gracias a sus minerales de alta calidad. Y al mismo tiempo tiene una de las menores tributaciones mineras. Y si el país ha estado anestesiado en este tema, es probable que no lo siga eternamente: de ahí, probablemente, la premura del Ministro Larraín.

En los años 1950-1970, es decir antes de la nacionalización, la tributación representó del orden de 60% de las utilidades brutas de la gran minería del cobre, según Patricio Meller en su texto Un siglo de economía política chilena (1890-1990). En 2008-2009, los impuestos (a la renta y especial) de las 15 mayores compañías mineras privadas promediaron apenas un 13% de las ventas. El costo medio de la minería del cobre es del orden de 1,3 centavos de dólar la libra. La principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años. Con ese precio, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Si se considera una utilidad más que razonable de 30% sobre las ventas, que justifica desde luego cualquier decisión de inversión, entonces con el cobre a tres centavos de dólar la utilidad de la gran minería privada no explicada por capacidades empresariales sino por el valor del recurso minero que pertenece a todos los chilenos, sería de nada menos que 4.700 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica, que bien utilizada permitiría sacar a Chile del subdesarrollo en plazos breves. Como se observa, no es poco lo que está en juego.

Frente a semejante perspectiva, el gobierno de Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento temporal del impuesto especial a la minería vigente desde 2005 con una nueva tasa para dos años sobre las utilidades operacionales de entre 4%y 9%.

Como las empresas mineras están acogidas a una invariabilidad del tributo de 4% de las utilidades operacionales hasta 2017, la moneda de cambio era ampliar esa invariabilidad hasta 2025, de modo que las empresas acepten pagos voluntarios por unos 600 millones de dólares durante 2011 y 2012. Claro, a partir de ahí el gobierno actual y los próximos tres gobiernos democráticamente elegidos nada tendrían ya que decir en la materia.

La invariabilidad tributaria no existe en ningún país maduro. En Chile no hemos logrado (¿no hemos querido? ¿tan capturado está nuestro sistema político por la gran minería privada?¿tan graves siguen siendo las secuelas del golpe de 1973?) evitar sustraer del gobierno y del parlamento, depositarios de la soberanía popular, la potestad de cambiar normas en la materia, lo que es una anomalía democrática manifiesta. La Concertación se opuso a su ampliación y la votó en contra en julio, pero en su seno hoy se la discute de nuevo. ¿Qué pasó entre medio? Recordemos que se prevé una década de altos precios del cobre, que podría llevar a una monumental transferencia de utilidades al exterior.

En algunos países desarrollados se grava el valor de las ventas mineras, lo que lleva con el resto de mecanismos normales la tributación a las utilidades a niveles de 40-60% en el sector. ¿Por qué no pensar para la minería chilena de gran escala un régimen como el noruego, que grava la explotación privada del petróleo con una regalía (“royalty”) de entre 8 y 16% de las ventas, además de un impuesto a las ganancias de hasta 78%?

Adicionalmente, no existen razones valederas para mantener el carácter indefinido de las concesiones mineras, que al ser tales no son sino una transferencia gratuita ilegítima de derechos de propiedad que pertenecen a la Nación.

Si se plantea un problema jurídico con la invariabilidad tributaria otorgada, ello no impide que se establezcan desde ya reglas más exigentes para las nuevas inversiones y para las actuales a partir de 2018, con un premio en tasas menores para las compañías que se acojan desde ya a ellas. Lo que no cabe desde el punto de vista del interés nacional es ampliar la invariabilidad a cambio de una recaudación temporal de poca monta.

Cualquier combinación de mecanismos que llegara a gravar, por ejemplo, solo un 45% de las utilidades extraordinarias (llevando del 13% al 30% la tributación total sobre ventas) permitiría recaudar más de dos mil millones de dólares al año. Esa sería una batalla digna de grandes chilenos como Radomiro Tomic y Salvador Allende. En contraste con los poco dignos arreglos menores a los que estamos asistiendo.

El toro por las astas en la minería

http://blog.latercera.com/blog/gmartner/entry/el_toro_por_las_astas

Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento del impuesto especial a la minería vigente desde 2005. Eso sí, a cambio de una todavía mayor invariabilidad tributaria que la que existe, de modo que las empresas mineras acepten nuevos pagos voluntarios durante 2011 y 2012. Esta invariabilidad se proponía fuera ampliada hasta 2025, ocho años más que la que la derecha le había arrancado al gobierno de Ricardo Lagos, es decir hasta el 2017, cuando éste propuso modificar la ley de concesiones y establecer una regalía de hasta 3 % de las ventas, dependiendo la tasa del margen operacional, que podría haber llevado la tributación efectiva hasta  cerca de un 50% de las utilidades. Recordemos de paso que “regalía” es la expresión castellana equivalente de “royalty“, la que en propiedad lingüística debiéramos utilizar. Regalía o royalty, el hecho es que fue rechazada la propuesta en el parlamento en  julio y agosto de 2004. Devino en junio de 2005 en un pequeño avance respecto a la cuasi ausencia de tributación minera previa mediante una  nueva ley pero ahora de impuesto especial en base a las utilidades imponibles operacionales del explotador minero. Por encima de 50 mil toneladas y con un margen operacional de al menos un 8%, la tasa es de 5%. Para montos inferiores la tasa es de 0,5% a 4%. Este pago es adicional al impuesto normal aplicable a todas las empresas (primera categoría) e incluyó una rebaja del llamado impuesto adicional, que se aplica a la repatriación de utilidades, de 42% a 35% para que las empresas acogidas a inavariabilidad tributaria aceptaran la nueva fórmula. Su recaudación entre 2006 y 2009 ha sido del orden de 3 mil millones de dólares, incluyendo Codelco. En 2009 fue de 315 millones de dólares en la minería privada.
Lo grave de la imposición de la derecha, sin la cual no hubiera habido legislación ni recurso adicional alguno por el alto precio del cobre en la etapa de bonanza que hemos vivido, fue consagrar una invariabilidad tributaria, figura existente desde los años setenta para la inversión extranjera, que supone sustraer del parlamento, depositario de la soberanía popular, la posibilidad de cambiar normas en la materia. Y esto precisamentge cuando se producían cambios tan relevantes en la industria del cobre que  podrían cambiar el destino de Chile, si empre que el país actúe con inteligencia. La invariabilidad congela una situación en extremo favorable para la minería privada y representa un privilegio exorbitante para las empresas que explotan un recurso no renovable que pertenece a todos y una anomalía democrática manifiesta. La Concertación y el MAS votaron en contra de la propuesta de incrementar la tasa de tributación a cambio de aumentar la invariabilidad hasta cuatro gobiernos más por considerarla lesiva al interés nacional. Hicieron bien,. Pero hoy se reactiva la posibilidad de un acuerdo Concertación-gobierno. ¿Qué cambió en pocos días entre los actuales directivos de la Concertación? Aparentemente un diagnóstico de encuestología primaria: la mala valoración actual de la Concertación debería poder corregirse con una actitud más colaborativa con el gobierno... Es como para no creer la levedad del argumento frente al peso de lo que está en juego.
El país viene cometiendo error tras error en este tema.  Primero José Piñera en la dictadura de Pinochet vació de contenido la nacionalización lograda por Salvador Allende en 1971, al establecer las concesiones indefinidas de las pertenencias mineras que incluso la constitución de 1980 señala como de exclusiva propiedad pública. Luego, en democracia, pese a las advertencias de Radomiro Tomic, mantuvimos el abuso del carácter indefinido de las concesiones y no controvertimos suficientemente la equivocada idea de los neoliberales de que se debía favorecer con urgencia la explotación privada de cobre porque este recurso perdería valor en breves plazos por la emergencia de sustitutos como la fibra óptica. Sabemos hoy que el consumo ha seguido en expansión y que las economías emergentes son grandes demandantes de cobre hoy y en el futuro, con su respectivo impacto en los precios. ¿Bien para Chile entonces? Si, en el caso de las mayores utilidades para la proporción menor al 30% de la producción de CODELCO, y para la recaudación del impuesto minero que logró Ricardo Lagos. Y espectacularmente bien para los accionistas de las compañías del sector, que están beneficiándose de una renta no originada en la actividad empresarial sino en la apropiación de un recurso del subsuelo no renovable, es decir de un bien natural escaso que pertenece a otros, en este caso a la Nación chilena.
Hagamos un paréntesis. La primera ministra de Australia, Julia Gillard, anunció a principios de julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata sobre un nuevo impuesto a los recursos naturales, poniendo fin así a una agria disputa que duró dos meses después que su antecesor, Kevin Rudd, antes de ser desestabilizado, había propuesto un cambio audaz a la legislación tributaria con un nuevo impuesto a las ganancias mineras extraordinarias de 40%. El acuerdo logrado establece una tasa para la extracción de petróleo y gas del mencionado 40%, y para el mineral de hierro y el carbón una tasa de 30% a partir de julio de 2012. El impuesto se aplicará a las utilidades que excedan a un equivalente a un retorno de 12% sobre las inversiones, en lugar de 6%. Con los cambios, el gobierno recaudará unos US$ 1.360 millones menos que los US $ 10.900 millones del plan original.  No obstante, no parece del todo un mal acuerdo para el gobierno, mientras las mineras lo aceptaron pues hace tributar solo las ganancias extraordinarias. Una regalía propiamente tal, es decir un tributo basado en el pago por el valor del volumen físico extraído, es una primera opción válida y recomendada por los libros de texto. En algunos países se grava con hasta un 18% de las ventas. Pero este mecanismo pudiera seguir menos de cerca las realidades de la inversión privada, especialmente en los períodos de precios bajos, inversión que eventualmente podría verse afectada, lo que es discutible, pero argumentable. La tributación a las sobreganancias, en cambio, nunca va a afectar a inversión minera alguna, salvo que compita con las tasas de retorno del narcotráfico o la venta clandestina de armas.
¿Porqué no aplicar un esquema semejante en Chile, donde están presentes las mismas compañías mineras? Sería una primera opción. Australia posee los mejores yacimientos de hierro, Chile los de cobre. El que puede allá podrá acá, indica el sentido común. Incluso compartimos pertenencia a la OCDE, el club de los países pudientes. Pero no: como se sabe en Chile es el menos común de los sentidos.  Acordemos mejor modificaciones no sustantivas a la propuesta piñerista. Grave error, que esperamos no se concrete.
En efecto, la principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años.  Con ese precio del cobre, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Estas son cifras astronómicas.
De esos datos se infiere que una propuesta rigurosa y justificada es la de un impuesto como el que prevaleció durante un tiempo en Zambia para las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios del cobre, que en su momento recibió el apoyo del Banco Mundial: una tasa sobre utilidades de 25% para un precio entre 2,5 y 3 dólares la libra; de 50% para un precio de más de 3 y hasta 3,5 dólares la libra y de 75% para un precio superior a 3,5 dólares la libra.
Pero la opción australiana, que debe ser refrendada aún por un nuevo parlamento,  y la  de Zambia, que no logró perdurar, chocan en Chile con la oposición empresarial, a la que sabemos es bastante sensible el actual gobierno, y con el problema jurídico de la invariabilidad tributaria, que puede ser invocada en tribunales internacionales.
Por ello es una opción válida la propuesta que ha planteado Juan Villarzú. Si se trata de recaudar en el corto plazo, entonces obviemos el tema de la invariabilidad del impuesto especial a la minería ya vigente. Simplemente deroguémoslo  y establezcamos un impuesto a las utilidades extraordinarias de todas las empresas no pymes (a las utilidades operacionales que  excedan el 30% de los ingresos por venta), fijando una tasa marginal del 30% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre más del 30%  y el 40% de las ventas; una tasa del 40% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre más del 40% y el 50% de las ventas y una tasa de 50% con utilidades por encima del 50% de los ingresos por ventas.  Con un precio del cobre de tres dólares la libra las mineras privadas quedarían con este esquema afectas a sobretasas de 50% en Escondida, y de 30% y 40% en el resto de las compañías. Tributarían unos dos mil millones de dólares anuales que no le vendrían mal a Chile para financiar la reconstrucción y mucho más, frente a los 600 millones por dos años de la propuesta de Piñera, con una tasa sobre utilidades operacionales entre 4%y 9%, sin paralizar la inversión privada dada la naturaleza de lo gravado: las utilidades extraordinarias.  ¿No habrá llegado la hora de tomar el toro por las astas en vez de concordar con el gobierno de Piñera condiciones inaceptables para el bien de Chile y su futuro?

La necesidad de debatir

Con Girardi, Ominami, Silber y Vidal hemos planteado en días recientes que el gobierno de Sebastián Piñera y su coalición de derecha han utilizado el aumento de 1,1 puntos porcentuales registrado por el índice de pobreza monetaria medido por Mideplan para darle una connotación de fracaso global a las políticas sociales durante los últimos 20 años,. Esto resulta clamorosamente incongruente con el 45,1 por ciento de pobreza y el 17,4 por ciento de extrema pobreza registrado hacia 1987, que fue el legado que la dictadura le dejó a la democracia, con cerca de la mitad del país viviendo en condiciones pauperizadas y uno de cada seis chilenos sumido en la miseria.


Los causantes de esa gigantesca regresión social fueron los neoliberales y Chicago Boys que desmontaron las políticas sociales construidas con mucho esfuerzo durante sucesivos gobiernos democráticos desde 1920 hasta 1973. No tienen hoy demasiada autoridad moral para juzgar una baja sistemática de la población que vive con ingresos inferiores al doble del costo de una canasta alimentaria básica desde un 45,1 por ciento en 1987 a un 13,7 por ciento hacia 2006,  aunque en medio de la crisis se haya ahora experimentado lamentablemente un incremento al 15,1 por ciento de la población. No tiene presentación que se descalifique el esfuerzo social de los último años, que se saludaba durante la campaña electoral, y menos que se insista en que “falta focalización”, como si hubiera un exceso de prestaciones sociales en Chile cuando lo que existe es aún una clara insuficiencia de las mismas.


No cabe tampoco reaccionar con una actitud defensiva del tipo “siempre supimos que la lucha contra la pobreza es larga” o que “esto se debe a que en 2009 subió el desempleo y el precio internacional de los alimentos”, lo que traduce la idea de que este incremento de la pobreza era inevitable. Y manifiestamente no era inevitable, máxime cuando el país, con nuestro decidido apoyo, había acumulado reservas fiscales y holguras macroeconómicas considerables.


Se debió actuar con mayor prontitud en materia de política monetaria, cambiaria y fiscal y con mayor profundidad frente a la grave crisis de 2008-2009, como lo sostuvimos en su momento  (ver en este blog). Las autoridades económicas, está a la vista, se equivocaron y llevaron al país a tener uno de los comportamientos menos exitosos en Sudamérica frente a la crisis, solo acompañados en la recesión por Venezuela y Paraguay, lo que no fue el caso de Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil, que crecieron en medio de la crisis global. El propio Banco Central proyectaba a inicios de 2009 que Chile no tendría una recesión, en circunstancias en que finalmente el PIB cayó en un -1,5 por ciento. Muy tarde y muy poco, esa es la lección a aprender en materia de política económica reciente. Este error de los economistas neoliberales que han conducido la política económica desde el Ministerio de Hacienda y el Banco Central en el pasado reciente, que ya se había cometido de manera similar en 1999 frente a la crisis asiática, no debe volver a repetirse: Chile debe ampliar y no restringir el carácter anticíclico de su política económica. No haber utilizado los instrumentos que hemos construído provocó el incremento de la pobreza que hoy lamentamos.


Quien reconoce errores no se humilla sino que se enaltece. Y especialmente porque al hacerlo está en mejores condiciones de sacar lecciones positivas para el futuro. Lo contrario ocurre con quienes se niegan a asumir responsabilidades y transforman su gestión en un dogma de fe, empobreciéndose moral e intelectualmente. Toda obra humana es imperfecta, y si la realizada desde 1990 está llena de realizaciones positivas, también tiene zonas grises y oscuras que deben ser corregidas por una nueva mayoría que se constituya como alternativa a la derecha en los próximos eventos democráticos en el país y a la que nos proponemos contribuir activamente.


Entre las lecciones a sacar está que el programa Chile Solidario creado por el Presidente Lagos y que apoya a los 200 mil familias de menores ingresos, parece haber estado en condiciones de contener el nivel de indigencia, medido como el porcentaje de familias cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta de alimentación básica: aunque aumentó levemente, es cinco veces menor que el existente en 1987. Por su parte, la reforma a las pensiones impulsada personalmente por la Presidenta Bachelet –el anterior Ministro de Hacienda fue reacio a que esta medida estuviera siquiera incluida en su programa, así como cualquier reforma tributaria progresiva- , contribuyó a que la pobreza medida por Mideplan afecte solo al 8,9 por ciento de los mayores de 60 años, la mitad menos que al resto de la población. Se debe perseverar por ese camino y seguir extendiendo y aumentando la Pensión Básica Solidaria.


Muy preocupante resulta por su parte que la pobreza monetaria alcance aún al 24,5 por ciento de los jóvenes menores de 3 años o al 21,5 por ciento de los niños entre 4 y 17 años. Esto es moralmente inadmisible. Si bien es cierto que el Subsidio Único Familiar se extendió durante 2009 de 1,3 a 1,7 millones de causantes, su monto, al igual que el de la Asignación Familiar, es manifiestamente insuficiente. Debe ser aumentado con prontitud. Lo propio puede decirse del seguro de cesantía, que solo cubrió a menos de uno de cada cinco cesantes en la crisis reciente. No es de extrañar que entre los cesantes la pobreza haya alcanzado un 51%. El dispositivo creado en 2002 debe fortalecerse sustancialmente, así como los programas de creación directa de empleo, que mostraron su fortaleza en  evitar aumentos de la pobreza en la crisis de 1999-2000.


El país debe además revisar la metodología de medición de la pobreza. Ninguna metodología cubre todas sus facetas, según muestra la experiencia comparada y especialmente la de los países de la OCDE. La medición vigente de la pobreza monetaria absoluta con la canasta de alimentos de 1988 no debe suprimirse sino complementarse con mediciones adicionales utilizando una canasta de consumo básico actualizada. También debe utilizarse líneas de pobreza relativas (como las que calcula la Unión Europea, con líneas de 40%, 50% y 60% del valor de la mediana de los ingresos por unidad de consumo o la que calcula la CEPAL con 50% de la mediana) y así enriquecer la percepción de esta realidad compleja y multifacética. Especial relevancia tiene la medición por tramos de edad y por estructura familiar, pues la experiencia comparada indica que los niños, las familias uniparentales y las personas solas son las que más sufren de pobreza y requieren de programas especializados en su apoyo. Asimismo, la experiencia comparada –y las pocas investigaciones de panel existentes en Chile- demuestran que la rotación de personas que entran y salen de situaciones de pobreza es muy alta, por lo que fortalecer la protección social frente a los ciclos económicos y del empleo sigue siendo una tarea crucial y nuestra seña de identidad en materia de políticas económicas y sociales frente al dogmatismo neoliberal que se opone a las intervenciones públicas necesarias sobre la economía en aras del bienestar de las mayorías.

Buena y mala política económica

Tribuna publicada en El Mercurio el 15 de junio de 2010

Las discusiones sobre política económica están en la plaza pública, como por lo demás otros temas controvertidos en nuestra sociedad. En buena hora nuestra democracia va madurando. En el tema que nos ocupa, una determinada visión económica, la liberal, intentó hacer creer que la política económica debía remitirse a unos bancos centrales autónomos y a unas autoridades económicas gubernamentales a las que se les otorga el monopolio del manejo de temas considerados demasiado complejos y delicados. Pero detrás de las políticas económicas suelen estar opciones de sociedad, las que en democracia se dirimen en la esfera pública si se quiere evitar, precisamente, los populismos de uno u otro signo.

Véase lo que ocurre en el mundo de la OCDE: arrecia la controversia sobre apretarse el cinturón para reducir los grandes déficits públicos o perseverar en las políticas de estímulo hasta que el crecimiento económico vuelva a ser lo suficientemente robusto, y contribuya al equilibrio de las cuentas fiscales. Alemania ha optado por lo primero, arrastrando a los europeos más débiles bajo la férula de Merkel-Trichet y su culto calvinista por la austeridad, que sumirá a Europa en un bajo crecimiento prolongado. En Estados Unidos se ha optado por mantener los estímulos, monetizando incluso masivamente los bonos gubernamentales, con la inspiración más o menos lejana de la dupla de premios nobeles neokeynesianos Stiglitz-Krugman. Se sigue apostando por reanimar el crecimiento, hasta aquí con cierto éxito.

En Chile se ha abierto una controversia entre ex ministros en donde las buenas formas, que siempre se deben agradecer, no parecen estar a la orden del día. Sin embargo, el tema de fondo es relevante, y ojalá no termine en caricaturas. ¿Será que por un lado están los que no entienden de economía y en general de no muchas cosas y por el otro los que sí entienden y han hecho una adecuada política económica basada en la disciplina fiscal y son hoy injustamente atacados?

Pongamos las cosas en perspectiva. No olvidemos que el razonamiento durante el gobierno de Lagos fue que la crisis asiática puso una vez más a Chile frente a una restricción de liquidez externa que llevó a subir drásticamente las tasas de interés internas y a la recesión. Debía construirse paso a paso una mayor autonomía financiera con una especie de “autoseguro” frente a los ciclos externos. El Presidente Lagos aprobó una política fiscal de desendeudamiento y contracíclica —que poco tiene que ver con la “disciplina fiscal” ortodoxa marcadamente procíclica— para poder reaccionar ante las crisis. Tuvo razón la Presidenta Bachelet en reafirmar esa política.
Parece haber en esto un consenso generalizado en los que apoyaron a la anterior administración, aunque es debatible la tardanza de los encargados de la macroeconomía en bajar las tasas de interés, en aplicar el plan de estímulo y en pasar de un superávit estructural, ya obsoleto, a un balance estructural del presupuesto. Esta tardanza del Banco Central y de Hacienda se tradujo en una recesión evitable. ¿Por qué, según el FMI, en Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Colombia la economía creció en 2009 y en Brasil prácticamente no hubo recesión? Chile compartió números negativos solo con Paraguay y Venezuela, entre sus vecinos. Un buen enfoque puede ser mal y tardíamente aplicado, y este parece ser el caso.

Una discusión distinta es el nivel de gasto fiscal que se estima necesario para proveer bienes públicos a la población, y especialmente a los más pobres y vulnerables, y promover la innovación productiva. Eso no tiene que ver con la política fiscal contracíclica, que puede funcionar con impuestos y gastos estructurales altos o bajos. Y sí tiene que ver con una conducción económica que redujo impuestos en diversos proyectos de ley (¿no es eso populismo?). Y que fue la primera desde 1990 en negarse a toda reforma tributaria, recomendación que hizo extensiva al candidato Frei, en circunstancias en que se hacía crecientemente evidente que el país ha perdido enormes recursos por no realizar una tributación inteligente a sus recursos naturales, como la que hace, por ejemplo, Noruega. La equivocada opción por rebajar impuestos y por transferir casi gratis la renta minera nada tiene que ver con la política de bajo endeudamiento fiscal y de protección frente a los vaivenes financieros. Esa fue una política adecuada.

Lo equivocado fue apostar a una política liberal de reducción de impuestos (en 2009 la recaudación tributaria disminuyó a uno de sus niveles más precarios, y no solo por la caída del precio del cobre) que se tradujo en no incrementar como se debía el gasto para hacer una reforma educacional consistente, insuflar dinamismo a la investigación y desarrollo, y hacer una reforma previsional con un pilar solidario más amplio que rebajara claramente la pobreza en las personas de edad avanzada (en el actual se gastará menos que en pensiones militares; es decir, 1% versus 1,4% del PIB), para no hablar de la oposición liberal a toda reforma laboral que permita un nivel decente de negociación colectiva en Chile.

Las políticas de empleo privilegiaron subsidiar contrataciones, lo que está demostrado en todo el mundo que sustituye empleo y no lo crea, mientras se sobredimensionó fondos de ahorro como el de becas en el exterior, improvisado, mal gestionado y que complica el desarrollo de los posgrados nacionales. Macroeconomía, pensiones, empleo, educación, entre otros temas: el verdadero debate, ojalá con altura de miras, entre liberales y progresistas debe seguir, por lealtad con los ciudadanos y para la buena salud de nuestra democracia.

¿Tiene Piñera un componente DC en su ADN?

"Los nuevos fichajes de militantes decé en el Gobierno, y el discurso del 21 de mayo reabren el debate sobre los lazos del Presidente con el partido."

En El Mercurio del domingo 30 de mayo, Rocío Montes pregunta: ¿Tiene Piñera un componente DC en su ADN?



R.  Los hechos: Piñera era un DC que partió a la derecha. Su programa y estilo son de centroderecha pragmática. No gusta a muchos UDI. Más hechos: hay una centroderecha en la Concertación. Algunos han ido al Gobierno y a la empresa, no sólo desde la DC. El futuro: Piñera debe tener al frente a un fuerte centro democrático aliado a una amplia izquierda progresista".

Las cartas sobre la mesa

Llama la atención en el discurso del 21 de mayo de Sebastián Piñera la promesa de que “antes que esta década concluya, Chile habrá alcanzado el desarrollo y superado la pobreza”.  Agrega Cristián Larroulet que Chile será “el primer país de América Latina en haber alcanzado el desarrollo”. Excelente idea, como por lo demás el tono no confrontacional y de apertura al diálogo del actual Presidente, así como la promoción de valores como el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, lo que siempre se agradece viniendo desde la derecha. Hay en el mensaje, ya visto en el tema del financiamiento de la reconstrucción, un tono centrista. ¿Estaremos en presencia de una nueva derecha civilizada, tan ausente en el Chile contemporáneo? ¿Pero cómo se pasa de los deseos y la retórica a concretar realidades?
Destaca que las primeras prioridades sean la tríada crecimiento-empleo-delincuencia, más típicamente conservadora. Son las mismas de Lavín en su momento. Y mientas un presidente como Sarkozy encargó a una comisión dirigida por los nóbeles Stiglitz y Sen enriquecer la medición del desarrollo, reiterativamente nuestros tecnócratas solo miran un indicador, el PIB por habitante. Según el FMI, el PIB por habitante en 2010 a paridad de poder de compra será de 39 700 dólares en los siete países más avanzados del mundo, de 30 800 en España, de  24 800 en Chequia, de 22 030  en Portugal. Y de 14 900 en Chile, el segundo más alto en América Latina, después de Argentina (que es ahora levemente superior al nuestro, gracias a su alto crecimiento de los últimos años). Efectivamente, para alcanzar en 2020 un nivel de vida situado entre el de Portugal y Chequia del 2010, Chile debiera crecer al menos al 4,8% anual por habitante (6%, considerando un 1,2% de crecimiento de la población).  Si se tiene en cuenta las turbulencias de la economía mundial, y la evolución de las últimas dos décadas con un crecimiento por habitante de cerca de 4% anual, lo más probable es que se llegue a ese nivel de vida en más que una década. No obstante, si se completasen treinta años de crecimiento al doble de la tasa de 2% por habitante al año prevaleciente hasta 1990, Chile estará en otra realidad en su nivel de vida material promedio. Lo que plantea  varios desafíos, pues el desarrollo no es solo el PIB por habitante,  es también el desarrollo social y el desarrollo sustentable.  
Viejos desafíos como el de la desigualdad, que está en la base de la pobreza. Piñera plantea que Chile “habrá superado la pobreza”  en una década. El que ni los países grandes más desarrollados hayan logrado hacerlo, pues mantienen bolsones de pobreza importantes y se confrontan a las inmigraciones masivas desde los países pobres, debiera llamar a más prudencia. Con su enfoque, Piñera y la derecha no nos llevarán a la superación de la pobreza.   Un valor de PIB por habitante y unas pocas políticas de subsidio compensatorio pueden no querer decir nada para los perdedores del juego del mercado y para los que no poseen capital material ni humano y por tanto sobreviven como pueden, en precarias condiciones apenas mejores que las de generaciones anteriores. Se requiere algo más que unos subsidios adicionales, aunque siempre sean bienvenidos,  para paliar la situación de los excluidos de la economía y de la sociedad, y se requiere para abordar la marginalidad y la droga algo más que policías, cárceles y mano dura, que ya nos tienen entre los países con más presos por habitante en el mundo.
Se requiere en cambio una estrategia de innovación y desarrollo en vez de dependencia, clientelismo y represión. Será una economía del conocimiento -que sustituya progresivamente la especialización en la explotación de recursos naturales cada vez más depredados- la que permitirá crear empleos con derechos sociales (incluyendo la negociación colectiva generalizada y la cobertura de los principales riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos), y empleos en una reinventada economía social cuando los anteriores falten. Se requiere penalizar las desigualdades que provienen del mercado no regulado y de la hiperconcentración del capital y promover las conductas cooperativas en la sociedad. Para crear una economía del conocimiento que sustente una sociedad del bienestar, el país tiene recursos variados, pero especialmente los de su riqueza minera, pero no los quiere usar y prefiere regalárselos a inversionistas extranjeros que han demostrado ser más inteligentes que nosotros.
El segundo desafío de siempre es el de la educación. Recordemos que Piñera negoció como senador en 1993 el financiamiento compartido como condición para prolongar la reforma tributaria del gobierno de Aylwin. Cometimos un grueso error al aceptarlo, aunque fuese como mal menor, pues se terminó de hundir ahí la educación pública. Se culminó la visión neoliberal de fragmentar la educación, bajo el pretexto de la competencia, y se consiguió una para ricos, otra para clases medias emergentes, otra para clases medias modestas y otra para pobres, concentrando a los marginados en la educación municipal más precaria. Se permitió la emergencia de cientos de establecimientos educacionales a cargo de mediocres que buscan lucrar, impidiendo que la educación cumpla su rol integrador y de cohesión social. Esto no tiene nada de moderno y si tiene mucho de clasista y de mercantilista. El descuido de la Universidad pública y de la formación de docentes, junto a la masificación de la educación universitaria en universidades privadas de dudosa calidad, han llevado a una cohorte de profesionales cesantes y a la catástrofe de una educación básica y media en la que los docentes no saben lo que enseñan, por tanto los alumnos no aprenden a leer, escribir y contar correctamente, rebajando los niveles de exigencia a profesores y alumnos  hasta niveles insospechados. No se trata solo de que los que tienen menos capital cultural quedan a la deriva y sin opciones. La última noticia es que tampoco un 8% de los que llegan a la Universidad de Chile  entiende lo que lee…  
Mientras se mantenga el libre mercado en educación, normas laxas, un ministerio mediocre, no habrá educación de calidad ni el valor del mérito tendrá ninguna presencia en nuestra sociedad de clientelas, arreglos precarios y parches. Mayores exigencias a las entidades públicas y a las privadas con subsidio público solo pueden hacerse rehabilitando la función pública en educación: se debe recurrir a los mejores especialistas, sin cuoteos ni clientelismo, en un Ministerio de Educación digno de ese nombre y en corporaciones regionales que se hagan cargo de las escuelas municipales y tutelen con profesionalidad las privadas sin fines de lucro (las con fines de lucro simplemente deben desaparecer, del mismo modo que el financiamiento compartido) y no confundan descentralización con desorden y lenidad. El mensaje en todos estos temas es básicamente más de lo mismo. Se puede predecir que nada nuevo pasará en educación, y con ello se mantendrá un factor de decadencia del país. Lo mismo puede decirse en materia de salud, con el sistema dual de medicina privada para personas de altos ingresos y no mucha edad, y hospitales y consultorios públicos para el resto, con listas de espera y bajos presupuestos para atender al grueso de la población, aunque deba saludarse el aumento del subsidio maternal y la eliminación gradual del pago de 7% para salud de los jubilados, que los neoliberales y obtusos ministros de hacienda de la Concertación se negaron a abordar, del mismo modo que la refoma tributaria, por razones ideológicas. Soy de los que espera que sea esta una razón más para que de una vez por todas disminuyan su lesiva e indebida influencia en el pasado reciente de Chile y que los que les prestaron apoyo político lo piensen dos veces en el futuro.   
Debe, por otro lado, saludarse la promoción de la inscripción automática, del voto parcial de los chilenos en el exterior, de primarias vinculantes para elegir candidatos a elección popular en los partidos, la iniciativa popular de ley, facilitar los plebiscitos comunales. Son todas reformas institucionales bienvenidas, que esperamos permitan dejar atrás el discurso de que estos “no son problemas reales de la gente”, como si la calidad de la democracia no fuera un problema colectivo. No obstante, no se aborda la cuestión medular, que sigue poniendo a nuestra derecha debajo de los estándares democráticos básicos: la mantención del sistema binominal y de las leyes orgánicas con quórum calificado, que permiten a las minorías ser más que las mayorías y bloquear las legislaciones progresistas a su antojo. Y desde luego las uniones homosexuales (que la UDI logró hacer desaparecer del discurso) y la regulación del aborto, que evite los 200 mil abortos clandestinos al año en las peores condiciones sanitarias. Esta falta de ethos democrático es una de las razones por las cuales menos de uno de cada cuatro jóvenes hasta aquí participa en la elección de sus gobernantes. Ese es nuestro principal fracaso democrático como país.

¿Sabía usted?

¿Sabía usted que en abril de 2008 el presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, promulgó una nueva ley de impuestos a la minería, considerando que su país no estaba recibiendo ingresos adecuados por su principal producto de exportación, el cobre? El nuevo régimen tributario aumentó el royalty de 0.6% a 3% del valor bruto de los minerales exportados. El impuesto a la renta para las empresas mineras aumentó del 25% al 30%. También se estableció un impuesto a la renta de 15% (adicional a la tasa del 30%), cuando las utilidades superasen el 8% de sus ingresos totales, y un Impuesto a las Ganancias Extraordinarias para aprovechar para su país los altos precios del cobre: el impuesto es de 25% cuando el precio del cobre se sitúa entre 2.50 y 3.00 dólares la libra; de 50% cuando el precio sube al rango de más de 3.00 y hasta 3.50 dólares la libra. Llega al 75% cuando el precio del cobre es superior a 3.50 dólares la libra.

Usted dirá que eso es típico tercermundismo, de aquel que no sabe estimular la inversión extranjera para salir del subdesarrollo. El FMI no objetó la fórmula, pero no se preocupe, el Presidente Mwanawasa falleció en agosto de 2008, y el nuevo gobierno derogó, por presión de las empresas mineras, el impuesto a las ganancias extraordinarias.

Pero, ¿sabía usted que Kevin Rudd, el Primer Ministro de Australia, uno de los países más prósperos del primer mundo, también propuso este 2 de mayo aumentar los impuestos a las ganancias de la minería? Ha declarado nada menos que “a lo largo de una década, las mineras han tenido ganancias extraordinarias de 74.000 millones de dólares: mientras tanto, los gobiernos, en representación del pueblo australiano, han recibido solo 9.000 millones de dólares en ingresos adicionales en el mismo período” y que “las compañías mineras merecen obtener una rentabilidad justa sobre sus inversiones, eso es importante. Sin embargo, creemos que también es importante que el pueblo australiano reciba una retribución justa por los recursos que les pertenecen.” Casi habla como Allende este Kevin Rudd: claro, es socialdemócrata, le ganó no hace mucho las elecciones a la derecha, qué lástima. Y ha agregado este señor que BHP Billiton, la empresa más grande de Australia, es actualmente de propiedad extranjera en un 40 por ciento, porcentaje que en el caso de Río Tinto alcanza a un 70 por ciento: “eso significa que este masivo incremento de utilidades, construido en base a recursos australianos, se está yendo mayoritariamente al extranjero”. Y fíjense que para evitar semejante situación propone un impuesto a las utilidades mineras de 40%.

Usted dirá: hasta a Australia están llegando las malas influencias del estatismo y de esta gente que considera, horror, que los recursos naturales les pertenecen a sus países, y que las empresas privadas deben pagar por ellos.

Pero eso en Chile, claro, no pasa. Aquí a Allende, que nacionalizó el cobre, como se le ocurre, le hicimos un golpe de Estado. Ahora tenemos buenos economistas que convencen a casi todos los presidentes, o ellos mismos están convencidos, como el actual, que no se debe, horror, “discriminar” a la inversión extranjera, no vaya a ser que se nos enoje. A lo más les pedimos unos poquitos aportes voluntarios, pero a cambio de “más invariabilidad tributaria” para que no crean que nos comportamos mal: deben tener bien claro que nos encanta regalarles los recursos de los que dotó la naturaleza a los chilenos, porque lo que nos importa en realidad es la empresa privada, sea de donde sea, y el libre mercado, no se nos olvide. Sin estatismos. Y naturalmente votamos en contra del royalty que propuso Lagos, vaya mala idea. Al final le aceptamos solo un poquito de impuesto especial a la minería y con mucha invariabilidad para que no se les fuera a ocurrir entusiasmarse a los estatistas de siempre, estos que, no hay caso, no entienden que es la propiedad privada bien privada la que conduce al desarrollo, o en todo caso a nuestro desarrollo, pues.

¿Y qué hay de los déficits del país en hospitales, escuelas, guarderías infantiles, pensiones, infraestructura productiva local y regional, universidades, medio ambiente, sin los cuales ninguna empresa privada innovadora, social y ecológicamente responsable, puede en definitiva prosperar? ¿Y qué hay del terremoto? Bueno, hay un plan, que incluye unos poquitos impuestos (temporalmente, por supuesto, no nos confundamos) y bastante endeudamiento (que paguen otros y después) y naturalmente ventas de activos estatales: ¿qué hacen todavía en manos del gobierno, que todo lo administra mal, si deben estar en manos nuestras? Para eso somos los dueños del país, los de la empresa privada (la grande, claro, no nos confundamos de nuevo). Y si este no es un buen momento para vender activos –esta molestosa crisis mantiene muchas incertidumbres que deprimen sus precios- si lo es para comprar baratos los recursos del Estado, que es lo que hemos hecho siempre, para qué vamos a perder la costumbre.

Mientras tanto, ¿sabía usted que hasta 2002, mientras el precio del cobre estuvo más bien bajo, las remesas anuales de ganancias de las empresas al exterior no alcanzaron a 4.500 millones de dólares? ¿y que desde entonces, cuando China, India y otros emergentes han terminado de irrumpir en la economía mundial con su fuerte demanda por materias primas –perdón, ahora se dice “commodities”, no nos desubiquemos- las ganancias remesadas han superado en algunos años recientes del nuevo ciclo los 25 mil millones de dólares? ¿y que este año podrían alcanzar unos 20 mil millones de dólares, que van a ir a parar a manos de prósperos accionistas extranjeros de las empresas mineras en vez de a las de los chilenos y sus hijos?

Es de esperar, vea usted, que no haya quienes propongan que nos pongamos como los de Zambia y Australia, que planteen que dejemos en Chile, con un impuesto a las ganancias extraordinarias de 40% o más si los precios alcanzan niveles muy altos, los recursos que nos permitirían reconstruir mejor lo que la naturaleza destruyó. Y además abordar las tareas del desarrollo en plazos mucho más breves de los que los bloqueos de los últimos dos decenios han permitido. Usted dirá: no vengan con malas ideas otra vez, pues. Igual no lo hicieron cuando gobernaban. En realidad, seamos justos, no los dejamos mucho, con esto de los senadores designados y la genial idea del quórum calificado que permite que sea la minoría la que legisla y no la mayoría, qué buena ocurrencia que nos aceptaron en 1989. Esto de que las mayorías gobiernen hay que ponerle límites, ¿no es verdad? Se les pueden ocurrir cosas raras. Y más bien se resignaron o se fueron acostumbrando a la idea de que para qué hacer estas cosas estatistas, ya no es propio de la época, vea usted. Les dijimos: dejen que el mercado cumpla su tarea y les fue gustando porque estaban demasiado ocupados en repartirse cargos en el Estado, salvo unos recalcitrantes que nunca faltan que insisten en que el mercado tiene demasiadas fallas y miopías como para no actuar con estrategias públicas de desarrollo para formar capital humano, hacer redistribuciones importantes de los ingresos y protecciones de los recursos naturales. A varios hasta les encantó recibir estipendios para defender los intereses de las empresas mineras que antes querían chilenizar y nacionalizar. Por lo demás, cuando se pusieron a chilenizar y nacionalizar con Frei y Allende, les votamos sus reformas, pero claro, terminamos llamando a los militares, ¿se fijan?

¿Y no ven que ahora ganamos las elecciones los partidarios de la propiedad privada? Así es que organicemos peleítas menores, veamos el mundial y que los que siempre han esperado, que sigan esperando. Total, a eso los tenemos acostumbrados. ¿O no?

Sobre impuestos

Ver video sobre impuestos con Guido Girardi.

Impresiones y Reflexiones

Permanecer un poco más de un año fuera de Chile, como ha sido mi caso, permite observar algunas cosas que de otro modo no se  ven con tanta nitidez. Lo que salta a la vista es  una cierta falta de veracidad como sello de nuestra cultura, y también de la vida política. Ejemplo: Sebastián Piñera promete crear un millón de empleos en su gobierno, a razón de doscientos mil por año, lo que suma, a ojos vista, ochocientos mil. Pero un millón suena mejor que ochocientos mil. Para que la incongruencia no se note tanto, se lleva la meta a cinco años, solo que es uno más de lo que dura su gobierno... Y está la promesa de Sebastián Piñera de vender las acciones de LAN antes de asumir el gobierno, venta que se dilata con un alto costo de imagen para, parece ser, aprovechar ventajas tributarias legales pero cuantiosas.

Este aire de falta de veracidad que nos acompaña incluye una cierta falta de pudor en materia de un tema central de la vida pública: el eventual uso del aparato de Estado para fines privados. Esto va desde un canal de televisión hasta un club de fútbol que permanecen en manos de la persona del Presidente de la República y sigue con los bienes e intereses de sus ministros e intendentes, obligados, de acuerdo a la legislación vigente,  a abstenerse de tratar numerosos temas de sus carteras en los que tienen un interés personal involucrado. Mientras, se nos dice que esta situación no empañará la objetividad de sus decisiones y que serán muy eficientes. Veremos. Lo que está claro es que la imagen de Chile en el exterior como país serio y probo no gana con este tipo de configuración de equipos gubernamentales. ¿Qué opinarán de la capacidad de preservación del interés público en Chile las opiniones públicas de los países de origen de las empresas concesionarias extranjeras, que ven,  sin más, que empleados de sus asociaciones gremiales pasan al otro lado del mostrador a dirigir la entidad pública que las regula? Esto no se da en ninguna parte del mundo.

Se anuncian por fin las medidas económicas para financiar la reconstrucción. Sebastián Piñera se permite, de nuevo sin veracidad, criticar el estado de las finanzas públicas. Este incluye un déficit fiscal limitado, perfectamente justificado para reanimar una economía que viene saliendo de una recesión, en medio de una de las más graves crisis que haya conocido la economía mundial. Nunca un gobierno había entregado a otro un país con las cuantiosas reservas fiscales que están a disposición de Sebastián Piñera. Al menos las actuales autoridades debieran reconocerle al anterior gobierno su gran seriedad fiscal. Sorprendentemente, esto se transforma en crítica a la Presidenta Bachelet, a cuyo gobierno se le atribuye un falso deterioro de las finanzas públicas con el fin de socavar su imagen: no se está actuando así con honestidad intelectual, ni ciertamente espíritu de unidad nacional.

Los que hemos pugnado por décadas por cambiar el sistema tributario  en un sentido progresivo, proponiendo sin mucho éxito,  reconozcámolo,  incrementar el impuesto a las utilidades de las grandes empresas, ampliar la tributación especial a la minería, subir la contribución de las propiedades de más alto valor,  penalizar con mayor energía tributariamente males sociales como los que atentan contra la salud, no podríamos sino saludar diversas medidas anunciadas el viernes por Sebastián Piñera. Supuestamente no era posible diferenciar impuestos por sectores y tamaño de las actividades económicas y no se podía  gravar más el patrimonio so pena de gravísimas catástrofes. El hecho es que si se podía y si se puede en beneficio, por lo demás, de la eficiencia y la equidad, como se hace  en buena parte de las economías modernas. Sebastián Piñera anuncia que está dispuesto a hacerlo. Seguramente hay allí un cierto cálculo político, del tipo tomar temas de la agenda del adversario que este nunca se atrevió a enfrentar. Pero es buena lid. No cabe sino valorarlo si mantenemos un apego, aunque sea poco frecuente en nuestros adversarios, por una básica honestidad intelectual en el debate político (y, ¿porqué no? también un apego a las formas civilizadas: lo cortés nunca ha quitado lo valiente). El hecho es que terminan de caer en Chile -fuera de Chile esto ya ocurrió hace mucho tiempo-  los dogmas de los discípulos de Milton Friedman y otros neoliberales presentes en buena parte del espectro político chileno. Estos han recibido en los últimos veinte años, dicho sea de paso,  un apoyo injustificado de quienes no tuvieron el coraje de oponérseles en nombre de un realismo mal entendido, transformado en resignación o en reconversión interesada.

En todo caso somos muchos -o al menos algunos, no exageremos, pues Chile ha sufrido una fuerte derechización intelectual-  los que seguimos afirmando que, detrás del terremoto, la principal catástrofe de Chile son sus desigualdades.  El sistema tributario debe ayudar a enfrentar ese terremoto permanente y no agravar las desigualdades, como ocurre hoy. Ya decía Platón hace muchos siglos que no se puede tratar del  mismo modo a los desiguales, y la exitosa  experiencia histórica de muchos Estados de bienestar está allí para demostrar la viabilidad de sistemas tributarios progresivos en los que los que tienen más pagan más para financiar las tareas públicas.

Quisiéramos, claro, en nombre de la veracidad que reclamamos, que las anunciadas desgravaciones tributarias a las donaciones y un nuevo mecanismo de depreciación para supuestamente acelerar la inversión no terminen perforando en grado significativo el incremento del impuesto a la renta de las grandes empresas  que se le plantea al país. Quisiéramos que el leve incremento del impuesto especial a la minería no termine de nuevo costándonos más caro a los chilenos por aumento de la “invariabilidad tributaria” que garantiza utilidades más que sobrenormales a unas pocas empresas  mineras. Pareciera que Chile no tuviera necesidades urgentes, antes y después del terremoto, como para seguir regalando a unos pocos accionistas de mineras extranjeras los recursos con que la naturaleza nos ha dotado. Quisiéramos que personas que no inscriben las casas en que viven a su nombre sino de sociedades inmobilliarias de su propiedad y que descuentan el pago del impuesto territorial, pagaran como los demás chilenos ese impuesto. En estos días hemos sabido que el Presidente de la República es de los que descuenta el impuesto territorial de su casa, pues no está a su nombre.

Y quisiéramos que los modestos incrementos  de tributos a los que más tienen fueran permanentes, para así  financiar la eliminación de la cotización de  7% para salud de los jubilados o para aumentar las becas para estudiantes sin recursos, por ejemplo. Tal vez sea esta la ocasión, después de grandes avances en materia de democracia y derechos humanos,  para un debate en serio sobre el país que queremos en materia económica y social, aunque lo hayamos escamoteado durante tanto tiempo o nos hayamos incluso rendido en más de una ocasión -lo digo autocríticamente por no haber enfrentado más a la tecnocracia y apoyado más las demandas de equidad de la sociedad civil- ante el poder económico y su capacidad de influir por diversas vías sobre el sistema político.

Renuncia

Gonzalo Martner deja la embajada en España y regresa a Chile

Madrid, 12 mar (EFE).- Gonzalo Martner deja la embajada de Chile en España tras encabezar la legación diplomática durante más de un año, que concluye con la satisfacción de haber cumplido un "período constructivo" en las relaciones entre los dos países.

"Las relaciones entre España y Chile se pueden catalogar de óptimas desde el punto de vista de político, en materia de intercambios comerciales y económicos, y en el ámbito cultural", declaró hoy a EFE Martner, quien entregó su cargo de embajador este jueves coincidiendo con la toma de posesión de Sebastián Piñera.

Al hacer balance de su gestión, Gonzalo Martner destacó, además de las consolidación de las relaciones bilaterales definidas por un "estilo de cordialidad mutua", el avance que han logrado varios proyectos de cooperación universitarios y científicos.

Desde que llegó a Madrid a fines de 2008, Martner recordó que ha impulsado un acuerdo entre universidades de Chile y España denominado "Programa Becas Chile", así como varios acuerdos científicos firmados con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CESIC).

También destacó el impulso que han tomado las relaciones con varias autonomías españolas, entre las que citó Cataluña, La Rioja, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Castilla león y Castilla y La Mancha.

Gonzalo Martner agradeció el apoyo mostrado por España tras el seísmo que sacudió a Chile del pasado día 27.

Este país, dijo, "abrió sus puertas" para enviar ayuda a Chile tras el terremoto que ha causado dos centenares de víctimas mortales.

"Ha habido una respuesta muy significativa por parte de los ciudadanos y del Gobierno de España, que agradecemos", subrayó Martner.

Gonzalo Martner Fanta, economista de formación, regresará el próximo martes a Chile, donde volverá a ocupar su cargo de profesor titular en la Universidad de Santiago, mientras no se ha desvelado el nombre del nuevo embajador que ocupará la legación diplomática de Chile en Madrid. EFE

Entrevista en El Mercurio

"Se debe entender que ser DC no es lo mismo que ser de izquierda"

Actual embajador en España llama a fundar una Federación Progresista, que incluya al PS, PPD, PRSD y a los seguidores de ME-O, y desde ahí relacionarse con la DC.
Andrea Sierra

A exactos 21 días de dejar su cargo como Embajador en España, Gonzalo Martner ya llegó a Chile. Y aunque está aquí por vacaciones, desde Villarica prepara su retorno: en lo profesional a la Usach como profesor titular y en lo político a su partido, el PS, del que fue presidente, con varias propuestas bajo el brazo.

"A mi generación le va tocar una experiencia nueva: nunca hemos sido oposición en democracia", dice.

-¿Y que rol deberá jugar en este nuevo escenario?

"Lo que esencialmente cabe hacer es reunificar todo aquello que estaba resquebrajado. Desgraciadamente aquí se resquebrajó el partido socialista, el mundo progresista y la Concertación. Desde hace unos años las directivas socialistas dejaron de representar lo que los socialistas somos. Cuando el PS renunció a toda reforma tributaria en el gobierno de Bachelet y a su vez levantara la postulación del Presidente Frei yo dije 'acá tenemos un grave problema: hemos dejado de ser lo que somos'".

-¿A qué se refiere?

"He visto a la actual directiva del PS que ha reaccionado al nuevo gabinete señalando que expresa a un conjunto de personajes que vienen de la actividad privada. A mí me parece que mezclar la política y los negocios es muy negativo, pero si uno tiene un poco de honestidad no se puede menos que constatar que connotados personeros del gobierno de los últimos años también provenían de directorios de grandes empresas. Entonces yo me pregunto: si nosotros criticamos a Sebastián Piñera porque pone a gente del directorio en su gabinete. ¿Esa no es una queja válida para nosotros?"

"Hay que hacer una oposición que se haga cargo también de lo que nosotros hicimos mal"

-¿Es posible seguir con la Concertación?

"Yo creo firmemente en la continuidad de la Concertación, pero de otra manera".

-¿Con los mismos integrantes?

"La agenda progresista en la Concertación, tal como ha existido en los últimos años, ha sido vetada en aspectos valóricos o culturales. Un ejemplo: la entonces diputada PS Fanny Pollarolo a mediado de los 90 trató de buscar un acuerdo para plantear el derecho a abortar en Chile. Yo le dije que eso significaba que se rompía la coalición de inmediato y que no era el momento. 15 años después yo creo que las mujeres en Chile tienen ciertos derechos que les son propios y no tenemos porqué, los que somos progresistas, negárselos porque estamos en una determinada coalición política".

-¿Qué plantea entonces?

"Chile tiene que seguir modernizándose e incluir el derecho al aborto, a un estado de bienestar sustentado por la reforma tributaria y negociación colectiva de manera generalizada. El mundo progresista tiene que luchar por ellos y por lo tanto, tiene que reconstituirse programáticamente. Entre socialistas, PPD y PRSD no hay ninguna diferencia esencial en estos aspectos. Hay que federarse y llevar adelante una agenda política".

-¿A qué se refiere?

"Tiene que armarse una federación progresista al más breve plazo que invite también a quienes han seguido a ME-O y que de ese modo tengamos en Chile una expresión progresista clara, nítida, con oferta al país. Esto no supone romper con la DC ni mucho menos, sino pedirle a la DC que siga con su camino, con sus propios temas, sus propias preocupaciones, que los ciudadanos entiendan que la Concertación no es un partido único de centro, sino que es la reunión de un centro cristiano con una izquierda democrática, y nosotros desde el ámbito de las fuerzas progresistas tenemos que reconstituir nuestra agenda".

-¿Qué significa que la DC siga su camino?

"Se debe entender que ser DC no es lo mismo que ser de izquierda. Ser DC significa tener un vínculo con las normas que la iglesia pretende establecer en la sociedad que para la izquierda no son tolerables. Por tanto, reconozcamos y en ese sentido cada uno debe ser claro en lo suyo. Lo cual no impide colaborar en otras cosas".

-¿Cómo?

"Por ejemplo, que tengamos candidato a presidente común en primera vuelta, que para elegirlo tengamos primarias entre nosotros, entre el PPD, el PS y el PRSD ; y que con la DC tengamos un apoyo mutuo en segunda vuelta. Que en materia programática busquemos tener un programa común en la federación, que tengamos lista común de concejales".

-¿Qué hará el PS para llevar a cabo la Federación Progresista?

"Al interior del PS hay quienes no creen mucho en estas cosas. Hay quienes creen que hay que mantener dispersa a la izquierda, para así buscar una alianza privilegiada con la DC y de esa manera dar vida a la Concertación como una especie de conjunto de acuerdos para la conquista del poder burocrático del Estado. A aquellos es a quienes los chilenos dijeron "no más", dándole el 20% de apoyo en primera vuelta a ME-O y en segunda dándole el triunfo a Piñera. Entonces, hay que hacer un giro, una rectificación, y no a costa de decir que el progresismo no exista en Chile".

La Crisis y el Estado Activo

Intervención en la presentación de mi nuevo libro La crisis y el Estado activo, que trata sobre la intervención del Estado en la economía a la luz de la crisis actual, junto a Enrique Iglesias y José Luis Gurría, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid, el 1 de febrero de 2010.

El siglo XX fue testigo de la Gran Depresión que entre 1929 y 1933 arrojó al desempleo a millones de personas. Los inicios del siglo XXI han conocido, por su parte, la Gran Recesión de 2008-2009, la que ha sido enfrentada con bastante éxito por planes de estímulo de gran envergadura, recogiéndose en parte las enseñanzas de la Gran Crisis. Pero diversos gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, cometieron graves errores que originaron la actual situación, especialmente al desregular el sistema financiero, en un contexto en el que durante más de treinta años prevaleció la idea del “retiro del Estado”. Frente a la magnitud de la crisis que se ha vivido, resuena irónica la afirmación de Robert Lucas, de la Universidad de Chicago en 2003, según la cual “el problema central de la prevención de depresiones ha sido resuelto”, afirmación sustentada en la sempiternamente errónea fe -porque se trata de una creencia y no de una hipótesis teórica más o menos sustentada en la evidencia- en la capacidad inherentemente autoregulatoria de los mercados, incluyendo los financieros.

La paradoja es que mientras el enfoque dominante fue generando las condiciones para la crisis financiera más importante que haya conocido la historia de la humanidad y para una crisis económica solo comparable con la de 1929, en la práctica en muchas áreas, y por la fuerza de la realidad de las sociedades modernas, los órganos de gobierno continuaron realizando un importante número de tareas y empleando un volumen considerable de recursos al iniciarse el siglo XXI, en la mayoría de los casos muy superior al de la etapa de construcción inicial de los Estados de bienestar. Así, la crisis actual ha permitido mirar mejor la historia reciente y reforzado la idea de que los gobiernos tienen roles estabilizadores, redistribuidores y de provisión de bienes públicos que son insustituibles, temas que son tratados en detalle en el libro.

En América Latina, el impacto de la crisis de los años treinta y de la segunda guerra mundial fue devastador. Pero dio lugar a una posterior recuperación en base a dejar de lado la ortodoxia y establecer esbozos de política industrial (incluyendo la política de sustitución de importaciones, que en muchos casos no fue una opción sino una obligación frente a la ausencia de alternativas en un mundo fragmentado por la crisis y la guerra) y de política social cuyos resultados no fueron del todo negativos, contrariamente a la narrativa neoliberal tan repetida en las últimos tres décadas. Los años del desarrollismo latinoamericano permitieron sostener tasas de crecimiento relativamente elevadas (de 3,9% al año del PIB por habitante entre 1960 y 1980 para el conjunto de América Latina y el Caribe), inferiores a las del sudeste asiático pero bastante superiores a las de la “década perdida” de 1980-1990 (-0,4%) y las de los años 1990-2004 (1,1%), según los datos del Banco Mundial. El quinquenio de oro 2004-2008, que vio emerger un conjunto variado de políticas no ortodoxas y se benefició de un ciclo al alza en los precios de las materias primas, permitió tasas de crecimiento muy superiores a las período neoliberal y avances en la disminución de la pobreza que se vieron interrumpidos por la crisis en curso.

A su vez, el desempeño de América Latina en la actual crisis ha sido bastante positivo, gracias a una visión más activa del rol gubernamental en la regulación macroecónomica, con políticas fiscales contracíclicas

Con la crisis actual entramos en una nueva fase, imprevista y para muchos imprevisible, la del retorno del Estado. Se ha creado ya un nuevo clima intelectual, que busca dilucidar cuales serán las proporciones, modalidades y profundidad de este retorno del Estado de difícil predicción, pero que en todo caso incluye hechos tan inéditos como que General Motors, símbolo del capitalismo norteamericano de posguerra, está hoy en manos del gobierno. En esta perspectiva, el libro propone revisitar los fundamentos de la intervención del Estado en diversas áreas, y estimular al lector a reabrir pistas de reflexión por largo tiempo relegadas a un segundo plano en el análisis de los avatares de la economía. Se puede inferir de su lectura cinco tesis.

Tesis 1: En economía, cabe mantener el espíritu crítico y el respeto por la evidencia. La crisis actual mostró una vez más que la teoría económica no es una ciencia exacta, que la actual corriente dominante es frágil y se constituyó en una moda –el efecto manada también existe entre los intelectuales- marcada por prejuicios ideológicos. El “main stream” económico terminó por actuar no solo con su tradicional arrogancia sino con franca ceguera frente a los trastornos y burbujas financieras que se desplegaban ante sus ojos, mucho mejor explicadas por las corrientes económicas heteredoxas que constatan que los mercados son inherentemente inestables y que requieren de regulaciones públicas para funcionar y para producir resultados sociales y ecológicos medianamente aceptables.

Tesis 2: Ni el Estado ni los mercados son siempre malos ni siempre buenos. Los gobiernos deben ser el soporte institucional de los intercambios, y ser una factor de coordinación y control de los efectos positivos y negativos de las transacciones privadas sobre terceros (las llamadas externalidades), y a la vez asegurar la provisión de bienes públicos, la estabilización y redistribución de ingresos y activos, la regulación macroeconómica fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos. Existen sólidos argumentos racionales para la intervención del Estado frente a mercados inestables e incompletos que contradicen la tesis del Estado inevitablemente depredador.

Tesis 3: El mejor Estado no es el más pequeño ni el más grande, es el mejor diseñado para cumplir los fines de disminuir la inestabilidad e inequidad de los mercados, y en general las tareas antes descritas y los fines que la sociedad determine –de preferencia con uso intensivo del conocimiento y la investigación especializada en políticas públicas- en base al control de los gobiernos por los ciudadanos y una democracia fuerte y efectiva,. El mejor Estado es el que democráticamente es capaz de gobernar al poder económico y someter los intereses particulares al interés general, especialmente en materia de estabilidad, seguridad y equidad y le preservación de los intereses de las futuras generaciones, evitando la descarga sobre ellas de deudas que financian un exceso de consumo presente y modelos productivos que penalizan y destruyen el ambiente y la biosfera.

Tesis 4: En América Latina, los gobiernos progresistas que han emergido más o menos con el nuevo siglo tuvieron razón en abandonar el consenso de Washington (desregular, privatizar, disminuir el gasto público, liberalizar indiscriminadamente). Se constató una mejoría de las políticas macroeconómicas desde el inicio del siglo XXI y se logró más que en otras etapas mantener niveles consistentes de inversión pública y de gasto social, financiados por impuestos y no mediante un déficit estructural e inflación, y mantener políticas fiscales anticíclicas y cambiarias flexibles. El estudio Panorama Social de América Latina 2009 de la CEPAL "muestra que hemos avanzado en el combate a la desigualdad en la distribución del ingreso en la región, tanto que entre 2002 y 2008 en siete de los 18 países estudiados disminuyó la desigualdad, mientras que aumentó en sólo tres" en contraste con la regresión social generalizada sufrida durante la ola neoliberal.

Tesis 5: Las estrategias de salida de la crisis deberán contemplar un doble desafío: en el corto plazo, mantener el estímulo de la demanda mediante políticas fiscales expansivas y déficits públicos que compensen la caída del consumo y la inversión; en el largo plazo, velar por la sostenibilidad de la deuda pública. Se trata de crear empleo en el corto plazo mediante estímulo fiscal y realizar acciones hoy que reduzcan el déficit más tarde, en particular fortaleciendo los sistemas tributarios y creando condiciones sustentables para los sistemas de pensiones y de salud, y en general para el gasto público. En ese doble desafío se juega el progreso, la estabilidad y el futuro democrático de América Latina, tan duramente conquistado.

Proposiciones para el futuro

Después de la derrota del 17 de enero de 2010, el peor camino es de la espiral de recriminaciones. Atender lo ocurrido es necesario, habrá largo tiempo para hacerlo, y lo es también asumir las responsabilidades que corresponden a una derrota de proporciones. Pero la acción política siempre debe proyectarse hacia los nuevos desafíos. Discutir sobre esos desafíos es por lo demás una manera de dar cuenta de los errores cometidos. En nuestro caso, se trata de reencaminar la situación de serio retroceso actual hacia un nuevo proyecto político. La Concertación debe redefinirse y entenderse como una expresión de alianza entre el centro político democrático y el arco de la izquierda moderna, progresista y popular, es decir una entidad con vocación mayoritaria que incluye dos grandes identidades diferentes que se unen para fines específicos. La izquierda concertacionista, luego de años de renuncia a su propia agenda transformadora en nombre de un pragmatismo de vuelo rasante y de una absorción unívoca en la función gubernamental, con buenos resultados de consolidación democrática pero finalmente un balance bastante estéril desde el punto de vista de su proyecto histórico de expansión de las libertades, de la igualdad social y del bienestar colectivo, debe reagruparse de una vez, incluyendo si es posible las nuevas expresiones polìticas que surjan a su izquierda, y abrirse a la sociedad para representar a los trabajadores y postergados de Chile que compartan los valores e ideas igualitarias y libertarias, propias del acervo histórico de la izquierda, y a las ideas ecológistas, propias de los nuevos desafíos de la condición humana. Debe revincularse a variadas formas de acción social y ciudadana y dejar de situar al Estado como su único espacio de actividad. El PS debe contribuir, una vez renovadas sus autoridades a la brevedad, a ese propósito central de desestatización y resocialización, aunque siempre estará abierta la opción de la autodestrucción o la esterilidad de las querellas y ambiciones de personas y la defensa de intereses burocráticos particulares. Las nuevas bases de un renovado proyecto político deben ser programáticas y organizativas y dar amplia cuenta del alejamiento producido respecto a las aspiraciones de la sociedad que nos ha llevado a la derrota.

1. Las nuevas bases programáticas progresistas deben ser congruentes con los valores y principios permanentes de la izquierda democrática. En primer lugar, deben reiterar que la democracia es el espacio y límite de su acción en favor de la justicia social, de los derechos de los que viven de su trabajo y de los derechos de las nuevas generaciones a que no se destruya el medio ambiente. Somos partidarios de una sociedad pluralista en la que se cultiva la tolerancia de las ideas ajenas y se respeta las reglas del juego democrático, en el gobierno y en la oposición. Los sistemas políticos son más democráticos y fuertes en su capacidad de proveer una forma de gobierno que respete los derechos individuales y colectivos cuando las opciones existentes y los intereses que representan se ponen en juego frente a los ciudadanos, llamados a dirimirlas periódicamente. Las izquierdas autoritarias no merecen ser calificadas como fuerzas de izquierda: toda izquierda auténtica defiende el ejercicio de las libertades como condición para conquistar derechos igualitarios y un orden social justo.

2. La visión de izquierda y progresista debe afirmar con energía que considera obsoletas las instituciones de la transición y que luchará por una nueva Constitución con una visión de desconcentración del poder, buscando su difusión territorial y el control por la sociedad de los órganos del Estado y del poder económico. En Chile existe un déficit de interacción de los poderes públicos, un déficit de representación y un déficit de concertación social. El parlamento debe poder jugar un rol mayor en la orientación de las políticas públicas y en su fiscalización y al mismo tiempo componerse de un modo congruente con la orientación del ejecutivo mediante un sistema electoral que refleje a las mayorías y represente a las minorías políticas significativas. La tarea es cambiar las instituciones parlamentarias para dejar atrás el sistema de empate y negación de la soberanía popular y sus opciones mayoritarias, fuente de parálisis y alejamiento de la opinión pública de su principal institución representativa. El espacio institucional regional y local debe robustecerse para tener más autonomía en los asuntos que le competen, elegirse democráticamente y establecer el mecanismo de primera y segunda vuelta para elegir alcaldes y presidentes de gobiernos regionales. A la vez, debe confiarse en el diálogo social y establecerse mecanismos periódicos y amplios de debate y acuerdo entre gobierno, trabajadores, usuarios y empresarios para deliberar sobre las opciones de política pública en materia económico-social.

3. La visión progresista no puede seguir resignándose al veto conservador que se niega a reconocer que las mujeres tienen derechos igualitarios y además derechos que les son específicos. Entre estos debe ser establecido el derecho a la interrupción del embarazo cuando así lo aconseje su salud física y mental, y desde luego en caso de violación e incesto. Los conservadores tampoco aceptan la libertad de preferencia sexual y el respeto que todo ser humano merece. El derecho a no ser arbitrariamente discriminado en materia sexual, étnica, de género o social es parte de la reivindicación histórica del progresismo que debe adquirir de aquí en adelante toda su fuerza, y no aceptar ser subordinada al juego de las alianzas políticas con el centro y sus vetos arbitrarios.

4. La izquierda moderna debe promover una economía social y ecológica con mercados, siguiendo las experiencias socialistas democráticas de economía mixta, pero no ser meros defensores de la economía de mercado, a lo que hemos sido asimilados en la práctica, por sentido de la oportunidad, omisión o convicción, lo que ya es más grave. La derecha es la que defiende la economía de mercado en la que prevalecen los intereses oligárquicos establecidos, la concentración económica, los salarios injustos, la desigualdad de ingresos, la falta de competencia, los subsidios a los grandes empresarios, los impuestos regresivos, la no regulación ecológica, la indefensión del consumidor. Este sistema económico tiene por nombre capitalismo y los que lo defienden promueven políticas neoliberales de minimización del Estado y de negación del interés general. Y a ese sistema y a esas políticas es contraria la izquierda moderna y democrática, que defiende la distribución equitativa de la riqueza, el derecho de los trabajadores a luchar organizadamente por ella, la protección social frente a los riesgos y la defensa de la naturaleza. La visión progresista no aceptará de aquí en adelante mantener la colonización por el neoliberalismo de sus propuestas económicas y sociales por falta de convicción en su propio proyecto histórico igualitario y ambientalista. La izquierda moderna considera que los mercados no deben suprimirse, pero deben funcionar en beneficio del interés general y en el de las futuras generaciones. Cuando no es el caso, deben ser regulados y controlados por las autoridades públicas democráticas y por la sociedad organizada. Los mercados sirven para asignar recursos de manera descentralizada en el corto plazo, y no deben ser ahogados por burocracias incompetentes, pero no deben ser idolatrados y menos desconocidos sus límites en materia de eficiencia y de equidad, que requieren de un Estado sólido y capaz de servir a los ciudadanos con transparencia y diligencia. Porque esto es consustancial a su proyecto, la izquierda moderna cree que el peor error que se puede cometer frente a los ciudadanos que confían en ella es descuidar el carácter profesional del Estado y someterlo al clientelismo y la incompetencia, prácticas que se compromete a desterrar de sus filas.

5. El crecimiento es un medio para salir del subdesarrollo, pero debe fomentarse en el marco del ejercicio de las libertades políticas y sociales. Nuestro horizonte es construir, junto a los ciudadanos, un nuevo Estado democrático y social de derecho que garantice seguridades básicas, igualdad de derechos y oportunidades, acceso de todos a los bienes públicos, al goce de la naturaleza y a incidir en las decisiones administrativas y políticas. Esto requiere más gasto en educación y salud pública, bienes urbanos y protección de la naturaleza, y no menos como proponen los liberales y sus soluciones de mercado o de Estado subsidiario y marginal. Requiere una fuerte protección social frente a los riesgos cíclicos de desempleo y exclusión, y no menos protección para los más vulnerables. Requiere más y no menos Estado en infraestructura, formación, innovación tecnológica. Requiere incluso de un importante rol empresarial público y en todo caso de fuertes regulaciones para cautelar la explotación racional de recursos naturales, promover nuevas tecnologías, diversificar las fuentes de generación de energía, mantener el buen funcionamiento de los servicios básicos y asegurar el financiamiento de la empresa innovadora. Esto tiene un costo para la sociedad, expresado en una mayor carga tributaria, que debe ser suficiente y justa en su distribución. Pero mucho mayor es, entre otras lacras, el costo de la ruptura de la cohesión social y su secuela de menor seguridad y alto gasto en policías y prisiones. La sociedad de mercado debe ser reemplazada por una sociedad plural, con un espacio público fuerte, con ciudadanos con derechos, en el que la economía y el mercado se subordinen al interés general y a la sustentabilidad democrática, social y ambiental del desarrollo.

6. Volver a conectarse con las aspiraciones de la sociedad a través de un proyecto político que les otorgue orientación y sentido de futuro requerirá un cambio en la configuración organizativa del progresismo. Llegó la hora de desechar la dispersión que se ha mantenido en nombre de “cautelar la Concertación”, al precio de renunciar a la agenda progresista y de distanciarse de los ciudadanos. La mejor fórmula es la de una federación de fuerzas que incluya a las existentes y a nuevas expresiones políticas que se reconocen en el proyecto político progresista y están dispuestas a ser parte de su desarrollo, sin exclusiones. Esta federación debe sustentarse mediante procedimientos democráticos de representación proporcional en un consejo nacional, que delibere sobre sus bases programáticas y las orientaciones políticas en cada coyuntura, y en una dirección política conjunta que combine representatividad y pluralidad de los componentes de la federación. El procedimiento federativo supondrá escoger en primarias abiertas una candidatura presidencial de primera vuelta cada cuatro años, con un pacto de apoyo mutuo previo con el centro y el PC para segunda vuelta. Las candidaturas parlamentarias y candidaturas a alcaldes deberán ser pactadas por el mismo espectro mientras permanezca el sistema electoral actual, pero mediante un estricto procedimiento de primarias internas en el caso de la federación progresista. Las candidaturas a concejales deben permitir representar la pluralidad en una lista progresista.

7. La existencia de la federación progresista no supondrá terminar con las alianzas de gobierno con fuerzas del centro político y especialmente con la Democracia Cristiana, sino redefinirlas en los términos mencionados. Supondrá su autonomía en materia de candidaturas presidenciales, en las que promoverá sus bases programáticas propias, con disposición a realizar pactos de gobierno de coalición sustentados en un programa destinado a cumplirse en cada período presidencial de modo exigible por los ciudadanos. La Concertación no puede seguir siendo el espacio de la dispersión del progresismo y de su competencia interna descarnada en beneficio de la agenda conservadora y de la subordinación del sistema democrático a los poderes económicos oligárquicos, que por nuestros errores y falta de voluntad política han conquistado ahora el gobierno, único espacio del que aún no disponían en propiedad en Chile. La Concertación debe en cambio ser en el futuro próximo el espacio de encuentro para tareas comunes delimitadas en cada período político entre el centro político y el progresismo unificado y estructurado como fuerza política federada.