lunes, 14 de julio de 2003

Inicio de una presidencia

Discurso de investidura a la presidencia del Partido Socialista
Edificio Diego Portales, 14 de julio de 2003


Mis primeras palabras, en este acto de investidura de la nueva dirección partidaria, quiero dirigirlas a los más de 28 mil militantes, a las mujeres y hombres socialistas que han concurrido a honrar la vocación democrática de nuestro Partido en la elección del pasado 18 de mayo. Son palabras de agradecimiento a su lealtad y de admiración por la manera como han expresado a través del voto sus legítimas convicciones. De esta forma han dotado a este Comité Central de una sólida condición de organismo soberano para dirigir al Partido Socialista por la senda de la reafirmación histórica de su lucha por la democracia y la igualdad social en Chile.
En esta reunión nos encontramos quienes somos los depositarios de esta soberanía partidaria. Y es en esa condición que deseo pedirles el apoyo firme y razonado a la nueva dirección que elegiremos en esta jornada.
Asumo con plena conciencia la responsabilidad que implica el mandato que me ha sido conferido. Encabezar al partido en esta etapa no será necesariamente una tarea fácil, pero aquí estamos los que nunca hemos rehuido los desafíos. Agradezco la confianza manifestada por este Comité Central, por este grupo de compañeras y compañeros que quieren brindar lo mejor de sus convicciones y sentimientos socialistas a nuestra causa común. Quiero agradecer a los que han votado por mí para conducir el partido en los próximos dos años y también a quienes no lo han hecho en el legítimo derecho que les asiste de pronunciarse según sus preferencias.

Compañeras y compañeros:

Tenemos una ya larga y noble historia, tenemos valores y principios por los que tantos han dado su vida y tenemos un proyecto de futuro para el que queremos convocar a la mayoría de los chilenos. Sólo depende de nosotros lograrlo.
Somos herederos de los primeros republicanos, de O’Higgins, Carrera y Rodríguez, somos herederos de los libertarios Arcos y Bilbao, somos herederos de Valentín Letelier y de Recabarren. Hemos aportado al desarrollo de la Nación chilena con nuestros mejores esfuerzos, desde la creación de la CORFO encabezada por Oscar Schnake en el Frente Popular, la creación del sistema nacional de salud bajo la inspiración de Salvador Allende, la consolidación de nuestro sistema de seguridad social, la conquista sucesiva de derechos para la clase trabajadora, la expansión de la participación democrática, incluyendo el voto femenino y el voto de los analfabetos, la culminación de la reforma agraria y la nacionalización del cobre y la huella imborrable de la dignificación de la clase trabajadora y de los desposeídos y discriminados de Chile en el gobierno del Presidente Allende. Estamos orgullosos de nuestro rol en la resistencia a la dictadura, que tan alto costo humano significó, en la recuperación de la democracia, que reafirmamos como el espacio y límite de nuestra acción política, en la lucha por obtener verdad, justicia y reparación en materia de violaciones a los derechos humanos y de nuestro rol en la reconquista de derechos sociales y avances en la prosperidad colectiva en la última década.
Nuestra fortaleza es lo que siempre hemos sido. Proyectamos el futuro a partir de esa fortaleza. No le damos lecciones a nadie ni tampoco aceptamos lecciones de nadie. Nuestros errores y nuestros aciertos los hemos asumido a cabalidad y estamos siempre abiertos a la crítica constructiva. Pero que quede claro que nuestra trayectoria no incluye los horrores que cometieron los que nos cuestionan.
Tenemos historia y también tenemos memoria. Memoria para rendir una vez más el homenaje que merecen nuestros mártires Llanos, Bastías y Barreto, Elmo Catalán, Claudio Pavez, Eduardo Paredes, Exequiel Ponce, Carlos Lorca, Carolina Wiff, Michelle Peña, Ariel Mancilla, Ricardo Lagos Salinas, Víctor Zerega, Eduardo Charme, Orlando Letelier y tantos otros socialistas que ofrendaron su consecuencia y su vida por la noble causa de una sociedad justa. Como casa común de la izquierda que somos, rendimos también nuestro homenaje a Victor Díaz y Mario Zamorano, a Miguel Enríquez y Bautista Van Schouwen, a Juan Maino y Eugenio Ruiz Tagle y a todos y cada uno de los mártires de la lucha social centenaria y de la resistencia a la dictadura, que sentimos como propios en nuestros corazones.
Aquí estamos los herederos de Salvador Allende a casi 30 años de su sacrificio por la dignidad republicana de nuestra patria. Su gesto enaltecedor de optar por terminar con su vida en la casa de los presidentes de la Chile antes que someterse a los que por la fuerza de las armas terminaban a sangre y fuego con el gobierno constitucional elegido por el pueblo, ha quedado inscrito en nuestra historia como una condena moral indeleble para quienes mancillaron en 1973 nuestras tradiciones y conquistas democráticas.
Nuestro principal desafío no es otro que estar a la altura de nuestros antecesores y de quienes entregaron su vida por el socialismo. No existe para mi un más alto honor que dirigir el Partido que encabezaron Oscar Schnake, Salvador Allende, Eugenio Gonzalez, Raúl Ampuero, Salomón Corbalán, Aniceto Rodríguez, Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda, Jorge Arrate, Germán Correa, Ricardo Núnez, y Camilo Escalona.
Permitáseme una breve referencia más personal. Provengo de una familia allendista. No puede acompañarme ya mi padre. Pero sí me acompaña íntimamente lo que de él aprendí desde niño: la consecuencia y lealtad con las convicciones y valores igualitarios y libertarios de la izquierda; el respeto por los demás, incluyendo el que siempre tuvo con la radical rebeldía juvenil mía y de parte de mi generación; y también, y no menos importante, el rigor y el apego a las cosas bien hechas. Tampoco están con nosotros mis primeros y cercanos compañeros de lucha Sergio Riffo, Luis Valenzuela y Mauricio Jorquera, porque desaparecieron en manos de la DINA. Mi esfuerzo de militante se debe en medida decisiva al imperativo moral de darle sentido a su sacrificio, que llegó cuando no tenían mucho más de veinte años, y seguir bregando sin descanso por nuestros sueños compartidos de un país libre y justo.
Tenemos historia, tenemos memoria y tenemos un proyecto de transformación social que inspira nuestros pasos día a día.
Queremos para Chile una sociedad democrática, igualitaria y justa y queremos ser eficaces en avanzar hacia ese objetivo. Para ello requerimos representar con decisión los intereses populares y las aspiraciones del mundo del trabajo y de la cultura, trabajar por el éxito del gobierno del Presidente Lagos y convocar a la lucha política contra la derecha.
Rechazar la sociedad de mercado y construir paso a paso una sociedad igualitaria y solidaria es nuestra razón de ser. Esta debe expresarse con más fuerza en la acción política cotidiana del socialismo contra una derecha cuyo verdadero programa pretende que el autoritarismo político, el conservadurismo cultural y el libre mercado ‑ la dominación de los económicamente poderosos‑ se impongan implacablemente por sobre los derechos ciudadanos y sociales. Nuestro partido es un partido democrático y de izquierda con convicciones claras y fuertes. Luchamos sin ambigüedades por una sociedad justa, de igualdad en dignidad, oportunidades y derechos, que pone los valores humanistas por sobre las reglas del mercado.
El gobierno de Patricio Aylwin tuvo por misión la recuperación de las libertades, democratizar el poder local, reinsertar a Chile en el mundo y darle impulso a las políticas sociales con la reforma tributaria, probando que se podía mantener la estabilidad y el crecimiento económico en democracia. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz‑Tagle concentró sus esfuerzos en el crecimiento, la infraestructura, la reforma de la educación y de la justicia. La misión del gobierno de Ricardo Lagos ha sido la plena normalización democrática, permitiendo avances en los juicios a los crímenes de la dictadura y la subordinación de las FF.AA. al poder civil; avanzar en la protección social de los trabajadores y los desposeídos y realizar grandes acuerdos internacionales para impulsar el crecimiento y el empleo.
Estas acciones de los gobiernos en los que hemos participado han cambiado en profundidad a Chile en la última década, como lo demuestran las cifras del censo. Hoy un 70% de los chilenos tiene vivienda propia y la gran mayoría accede a los servicios básicos en buenas condiciones y ese es un avance histórico irrefutable. Se vive en un clima de libertad, en donde las diversas instituciones cumplen sus roles, incluyendo los casos de irregularidades y episodios de corrupción que nos han conmovido en los últimos meses, mientras avanza el proceso de hacer verdad y justicia en las violaciones de derechos humanos. Hemos avanzado, y hay que congratularnos de ello, pues es fruto en gran medida del esfuerzo tenaz de los socialistas.
Al mismo tiempo, estamos lejos de haber alcanzado nuestros objetivos. Ello no debe desanimarnos sino hacernos redoblar los esfuerzos. El tipo de funcionamiento económico sigue sin capacidad de redistribuir los ingresos. Por mucho tiempo viene permaneciendo alto el desempleo. La inestabilidad mundial que nos afecta no ha podido aún ser enfrentada con un sistema de compensación social sólido, aunque está en vías de fortalecimiento. La seguridad económica de los más de poseídos y de muy amplios sectores de la población es aún insuficiente y es posible obtener mucho más, con más amplias y mejores políticas públicas. Queda pendiente que las instituciones se democraticen plenamente, que la pluralidad cultural se despliegue en todas sus formas, que el medio ambiente sea suficientemente protegido, que la vida en los barrios disponga de más bienes y servicios colectivos, que las discriminaciones de género y étnicas disminuyan en profundidad. En suma, falta mucho para lograr la sociedad democrática, participativa, igualitaria y libertaria con la que soñamos. Debemos seguir luchando por ella sin descanso, y seguir construyendo paso a paso un Estado Democrático y Social de Derecho como instrumento para hace la posible. Para ello debemos lograr el éxito del gobierno y luchar para que la derecha retroceda en el poder municipal en el 2004 e impedir que tome el poder político gubernamental el 2005. De lograrlo, agregaría el control del gobierno al del poder económico y mediático, generando un gigantesco retroceso para nuestro proyecto político.
Avanzar en la tarea de democratización y descentralización participativa, hacer retroceder el desempleo, mejorar la seguridad urbana, dar un gran salto en el acceso garantizado a la salud, seguir mejorando la educación preescolar, básica y media, terminar con la discriminación económica en el acceso a la educación superior, establecer un sólido sistema de apoyo monetario y de reinserción para las familias más pobres, incrementar su acceso a la vivienda, reformar solidariamente el sistema de pensiones, fortalecer el seguro de desempleo y los derechos sindicales y laborales, aumentar la infraestructura cultural, recreativa y deportiva en los barrios, consolidar la reforma a la justicia, regular las prácticas monopólicas y los servicios básicos para ponerlo a disposición de todos con tarifas equitativas, fortalecer la ética, eficacia y profesionalismo de los servicios públicos, defender los principios del multilateralismo y del derecho internacional, junto a la aplicación de una política fiscal que atenúa las fluctuaciones del crecimiento, son los elementos centrales que creemos consagrarán el éxito del gobierno del Presidente Lagos.
Reafirmamos que el Partido Socialista de Chile es un partido autónomo que es un serio y exigente soporte político de la tarea del Presidente Lagos. El Presidente no está sólo. Cuenta con nuestro compromiso. No se trata de un partido que todo lo aplauda, pero si que no se deja seducir por la fácil tentación de instalarse en la vereda del frente a descalificar sin más el esfuerzo gubernamental. Compartimos la suerte de la gestión del Presidente Lagos.
La Concertación de Partidos por la Democracia es la única coalición que puede sustentar al gobierno, hacer retroceder a la derecha y mantener la gobernabilidad democrática del país. Pero ella debe corregir su imagen de disputa permanente y definir una colaboración positiva, en la que los socialistas seguiremos empeñando nuestros mejores esfuerzos. Aspiramos a darle a la Concertación un más claro carácter progresista y transformador para convocar con credibilidad a los ciudadanos a derrotar a la derecha. Nuestra alianza política es la Concertación de Partidos por la Democracia y queremos su proyección. Tal propósito debe ser complementario con el ensanchamiento del entendimiento y la articulación de las fuerzas de inspiración socialista democrática que forman parte de la coalición y que confluye con nosotros en la Internacional Socialista como lo son el PPD y el PRSD. Orientarse en la perspectiva de una fuerza común con tales interlocutores ‑y con los sectores independientes que no se sienten debidamente interpretados por la actual configuración de la fuerzas progresistas y con las fuerzas sociales y culturales que se encaminan a la misma perspectiva‑ es un factor coadyuvante al logro de una gestión gubernamental que signifique cambios democratizadores y mayor justicia social. Este camino no presume fusiones orgánicas contraproducentes al propósito esencial de una acción común eficaz, potente y decisiva, sino una fuerte proyección de la izquierda democrática como opción de liderazgo y de gobierno. Debemos reivindicar el carácter participativo que deben tener los mecanismos de resolución de la futura candidatura presidencial de la Concertación, hacer valer con fuerza nuestros liderazgos en el país y actuar con energía frente a la tentación del camino propio hacia la que otros a veces pare en encaminarse, preservando el carácter de largo plazo del proyecto de la Concertación.
Somos un partido con historia, con memoria y con proyecto, al que le toca enfrentar en la coyuntura importantes debates en el plano político y económico-social.

El sentido de futuro del debate sobre reformas y derechos humanos
Cuando escogimos el camino de la salida política a la situación de dictadura a través de la movilización popular y ganar el plebiscito que Pinochet necesitaba para legitimarse, sabíamos que corríamos el riesgo de permanecer por mucho tiempo con enclaves autoritarios en la Constitución. Pero también sabíamos que al tomar la decisión histórica de establecer de una vez y para siempre que la democracia y los métodos de lucha democrática –incluyendo la desobediencia civil frente a la tiranía- son el espacio y límite de nuestra acción política, ahorraríamos mucha sangre y sufrimientos adicionales a nuestro pueblo. Y así ocurrió.
Pero aquí estamos aún, más de una década después, con instituciones inaceptables. La primera preocupación de un partido político democrático es plantearse qué reglas del juego aseguran mejor la convivencia colectiva. Para que las instituciones sean legítimas y sean respetadas, deben originarse en el pronunciamiento del pueblo y las autoridades deben ser electas periódicamente para que sean representativas de la voluntad del pueblo. Cuando estas reglas no se cumplen, entonces se incuban las crisis políticas y los quiebres institucionales. Un dirigente de la derecha preguntaba por estos días cual era nuestra posición sobre la composición del parlamento. Una y muy simple: enteramente electo y con representación proporcional, tal como lo señala el gobierno en su proyecto de reforma constitucional. Dice la UDI: senado sin designados, porque ya sirvieron lo suficiente sus intereses, y con sistema binominal, para que todo esté siempre empatado. Una vez más para que no puedan gobernar las mayorías, sino que mantengan el poder de veto las minorías privilegiadas de Chile. ¡Esa es la derecha que posa de democrática y que luego contesta a quienes los cuestionamos que esos no son problemas concretos de la gente! ¡Como si a la gente no le importara la democracia y sólo se interesaran por sus necesidades primarias! ¡Como si la gente no se diera cuenta que a la derecha le interesa mantener ese poder de veto para defender los privilegios de los más ricos y que la sociedad no pueda decidir democráticamente de qué manera quiere vivir y solucionar sus problemas cotidianos! Por eso el candidato de la UDI no va a gobernar a Chile.
Los socialistas vamos a apoyar todo cambio que emerja de las divisiones de la derecha y que incline el sistema hacia la proporcionalidad, dados los altos quórum de reforma que nos impusieron que no nos permiten cambiar el sistema por nuestra voluntad, aunque seamos mayoría. Ahí queremos ver a Lavín y a la UDI. Pero no los vamos a ver. Por lo demás, ¿qué indican estos cálculos de la UDI según los cuales un sistema de tres senadores a elegir por circunscripción nos da como Concertación siempre dos a nosotros y uno a ellos sino que saben que no tienen los votos para gobernar a Chile, por que no son ni serán mayoría?
En estos días ha emergido desde la derecha una gran inmoralidad: pretender privatizar el tema de los derechos humanos. Algo así como: a cambio de dinero adicional, termínense los juicios por violaciones a los derechos humanos según la decisión de cada familiar. Una cosa así sería someter a personas que ya han sufrido demasiado a una gran violencia moral: el legítimo derecho a reparación a cambio de la aspiración a la verdad y a la justicia. En su momento fue también una violencia moral intentar plantear el dilema entre verdad y justicia. Le decimos a la UDI: cesen de jugar con el sufrimiento de los familiares de nuestros caídos y de todos los caídos por la violencia bestial que aplicaron aquellos que ustedes incitaron a reprimir.
Pero ocurre que este no es un tema de los tribunales con los familiares de víctimas. Este es un tema de la sociedad consigo misma. ¿Pueden crímenes atroces ser aceptados o justificados éticamente? Nosotros decimos no, y agregamos que son crímenes contra todos los hombres, no solo contra las víctimas, sus familias, ni siquiera contra la sociedad chilena, sino contra la humanidad entera. Por eso consideramos legítimo que frente a la inoperancia de nuestros tribunales para hacer justicia lo hicieran tribunales españoles y británicos en el caso Pinochet. Y decimos que esos son crímenes inamnistiables e imprescriptibles, y que deben ser perseguidos internacionalmente, según lo establece el moderno derecho internacional desde los crímenes nazis y también específicamente los tratados internacionales que Chile ha suscrito, y que quisiéramos ver aplicados por nuestros tribunales en virtud del artículo 5 de la Constitución.
¿No será esta una vez más una expresión de dureza de los socialistas que no quieren reconciliarse y están anclados en los odios del pasado, como se nos caricaturiza? Las actitudes de nobleza de los nuestros son muchas y reiteradas como para detenernos en ello. No se habría pacificado este país de no mediar nuestra actitud responsable y generosa. Pero ocurre que debe haber una reparación frente al daño causado, el que no es por demás y desgraciadamente reversible. Llegó el momento de abordar con claridad la necesidad de otorgar indemnizaciones adicionales a las establecidas durante el gobierno del Presidente Aylwin, y también establecer una reparación moral y material a los que fueron encarcelados y torturados, que han sido los grandes olvidados de este proceso y que merecen el reconocimiento de la sociedad chilena por su entrega y su sufrimiento. La dignidad silenciosa de nuestros presos y torturados queremos reconocerla con voz fuerte, porque se lo merecen.
Pero el tema de la verdad y la justicia es muy simple y no tiene que ver sólo con el pasado o el presente sino con el futuro. Una sociedad que tolera, o justifica o es condescendiente con torturadores, violadores, asesinos y con quienes les ordenaron cometer esos crímenes no está más que preparando la repetición de torturas, violaciones y asesinatos en algún momento del tiempo. Y evitar eso se lo debemos los socialistas de esta generación a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Y se los debemos todos los chilenos a nuestros hijos. Por eso sancionar a los que violaron los derechos humanos, mediante el debido proceso y penas justas y proporcionales a la gravedad de los delitos, es un deber con el futuro. La impunidad prolonga el odio, a veces tal vez de la víctima, pero siempre el del victimario, incluso consigo mismo. Ejercer justicia es lo contrario del odio. Es amor a la condición humana, que queremos preservar en su dignidad hoy y en el futuro.
Esto quisiéramos en particular que pudieran entenderlo bien los miembros de las FF.AA, muchos de los cuales en estos días estarán eventualmente conmocionados por el avance en los juicios a la Caravana de la muerte, a la DINA y a los servicios represivos de la Armada. No somos enemigos de las FF.AA. Nos fundó un militar, Marmaduke Grove. Muchos socialistas tienen familiares militares. Somos parte con ustedes de la Nación chilena en lo que esta tiene de más esencial. Nos separó la historia y nos quebró la convivencia: fuimos declarados enemigos por unos mandos enceguecidos por la pasión ideológica, fuimos encarnizadamente perseguidos, pero nosotros nunca hemos sido sus enemigos. Somos enemigos de la injusticia social, de la ausencia de libertad, pero no de las instituciones de la defensa nacional. Se equivocaron. Les reprochamos también a esos mandos haberse prestado para la defensa de los intereses de las oligarquías poderosas del dinero, que se sintieron amenazadas y los instaron a exterminarnos. Y estamos tan disponibles como siempre a seguir construyendo juntos un mejor destino para Chile, en el marco del carácter obediente y no deliberante que cabe a las FF:AA. en toda sociedad civilizada.
¿Y en este tema en qué encontramos a la derecha? En la manipulación pequeña de muy grandes dolores. Si verdaderamente están interesados en las violaciones a los derechos humanos, lo que saludaríamos con alegría, porque ojalá ningún chileno justifique jamás los crímenes que cometió el régimen de Pinochet, desafiamos a los derechistas a aprobar en el Congreso el Tribunal Penal Internacional. Pero no lo van a hacer. Por eso la UDI y su candidato no van a gobernar a Chile.
He querido reflexionar hoy sobre aspectos fundamentales que inciden en nuestra convivencia como comunidad nacional. Pero también es necesario referirse a los desafíos económico-sociales de nuestro país.

El significado de los acuerdos internacionales
Somos un país pequeño y alejado de los centros de poder internacional, que representa menos del 0,5% de la población, de la producción y del comercio en el mundo. No estamos en condiciones de sustraernos de la economía global. Nuestra prosperidad colectiva depende de la capacidad de lograr una inserción externa beneficiosa para el interés nacional. Esto es menos que nunca fácil en el mundo de hoy, en que la globalización capitalista hace de la economía internacional un espacio cada vez más inestable y asimétrico, donde se ejerce de manera implacable el poder de unos Estados Unidos cuyo intervencionismo brutal bien conocimos los chilenos en los años 70, hoy además sin contrapesos. Pero la opción del aislamiento es mucho peor, pues nos condenaría a la pobreza. No le tememos a la globalización, queremos sujetarla a la ley y a la política y es el nuevo territorio histórico en el cual nos toca actuar.
Nuestro destino natural es la integración latinoamericana y especialmente con el MERCOSUR. Pero mientras esta integración se construye, y la última década no ha sido propicia en la materia, tenemos el deber de poner a Chile en situación de potenciar su economía. Lograr acuerdos comerciales permite ampliar y estabilizar el acceso a mercados para nuestros productos, cuya elaboración es la fuente de empleo e ingresos para los trabajadores a los que representamos y para la actividad económica en muchas de las regiones de Chile. Avanzar hacia la exportación de productos con mayor valor agregado y por tanto más intensivos en empleos mejor remunerados y más productivos, requiere saltar las barreras que las poderosas economías del norte establecen para proteger sus producciones. Esto no se logra sin costos. También requiere abrir nuestra economía y dar garantías a la inversión extranjera. Pero ocurre que nuestra economía se encuentra en un grado alto de apertura que le permite absorber, a veces con dolor, una mayor competencia de bienes importados Nuestra política económica nos ha permitido no depender en absoluto de los condicionamientos que el FMI impone a los países con desequilibrios en sus cuentas internas y externas y nos permite un grado de autonomía en las decisiones que ya se quisiera cualquiera de nuestros vecinos o países de similar nivel de desarrollo, así como acceder a los flujos financieros necesarios para financiar el crecimiento.
En los últimos catorce meses Chile ha concluido negociaciones de libre comercio con Corea, la Unión Europea y ahora con Estados Unidos, el que debe ser ratificado por los congresos de ambas naciones.
Los acuerdos han permitido abrir mercados para exportaciones de mayor valor agregado, que son las que tradicionalmente han confrontado importantes barreras arancelarias o para-arancelarias. Cabe destacar el caso de las exportaciones de vestuario hacia EEUU, que ahora confrontan aranceles de hasta el 38% y que en el primer año de aplicación de ese Tratado la verán reducida a 0%, permitiendo la redinamización de la industria textil en la VIII Región.
Los acuerdos también han abierto las puertas para que Chile se constituya en una potente plataforma de inversiones para capitales provenientes de todos los rincones de la tierra, hacia nuevas industrias intensivas en alta tecnología, más allá de los sectores primario exportadores.
Como socialistas valoramos la realización de estos acuerdos, dado que abren oportunidades inéditas para nuestro desarrollo económico y social. Cuando la economía mundial entre en un ciclo ascendente, no cabe duda de que Chile estará mejor preparado para recuperar un elevado ritmo de crecimiento que se traducirá también en más y mejores empleos. Los tratados nos comprometen además a cumplir nuestra propia legislación laboral y ambiental, esa misma que tan poco se respeta en Chile, siguiendo el viejo adagio de la administración colonial: se acata pero no se cumple. Se ha creado un muy positivo mecanismo que sancionará a Chile en caso de incumplimiento de los derechos de los trabajadores mediante el incremento del gasto publico en fiscalización como multa frente a la falta constatada.
Pero no escondemos también los costos de estos acuerdos. A los socialistas nos gusta actuar con la verdad.
Los acuerdos comerciales han profundizado la apertura comercial y financiera de nuestra economía, lo que nos plantea un problema frente a los recurrentes ciclos de inestabilidad externa. Durante la década de los noventa Chile exhibió una importante capacidad para frenar la entrada de capitales especulativos. El acuerdo con EE:UU limita el uso de la restricción a la entrada y salida de los capitales golondrina a un año. ¿Nos permitirá esa norma, que Estados Unidos quería en todo caso eliminar totalmente, enfrentar las crisis financieras? Es de esperar que la gran rapidez de los movimientos de capitales en el mundo de hoy nos permitan actuar con la suficiente autonomía y que el plazo del año sea suficiente.
Al mismo tiempo, el acuerdo con la Unión Europea y en particular, el acuerdo con Estados Unidos, han significado que Chile deberá elevar la protección de la propiedad intelectual. Esto favorece a nuestros innovadores y creadores, pero ciertamente no pueden imponer una espiral de alzas en los precios de los medicamentos, ni tampoco pueden significar imponer precios excesivos de acceso al conocimiento y la información. Por ello es que los socialistas valoramos el equilibrio que se está logrando en el Congreso Nacional en cuanto a la ley de Propiedad Industrial que viabiliza la industria farmacéutica nacional productora de medicamentos genéricos más baratos. También consideramos indispensable que la nueva Ley de Propiedad Intelectual establezca un nuevo equilibrio entre incentivos a los creadores –poetas, escritores, cantautores-, derechos de acceso al conocimiento y al acervo cultural de la humanidad e impulso de nuestra industria cultural que representa nuestra identidad y que debe convertirse en una actividad económica cada vez más relevante para Chile.
Los acuerdos comerciales obligan en todo caso a replantearse el modelo de desarrollo actualmente vigente en Chile. En efecto, nuestro país está bien ubicado en los ranking internacionales de competitividad, estabilidad institucional, calidad de gobierno, infraestructura de telecomunicaciones y probidad. Sin embargo, está muy atrasado en cuanto a inversión en ciencia, tecnología e innovación, en calidad de la educación y capacitación, así como en desarrollo de la economía digital y la sociedad de la información.
Si Chile quiere ser un país desarrollado para la segunda década de este siglo, no cabe duda que deberá dar un salto gigantesco para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. La Derecha y su credo libremercadista es incapaz de ofrecer una acción pública decidida de promoción del desarrollo. Nadie más que un bloque progresista como la Concertación Democrática será capaz de ofrecer un camino de futuro para la nación chilena.
Los acuerdos comerciales no implican que el país haya renunciado a impulsar políticas de fomento productivo e innovación. Por el contrario, la materialización de estos acuerdos, implican que Chile debe profundizar el impulso de políticas de planificación sectorial del crecimiento, privilegiando una decena de líneas de producción altamente competitivas alrededor de las cuales se organicen distritos industriales y de servicios fuertemente intensivas en empleo, con pequeñas y medianas empresas innovadoras articuladas a estos sectores dinámicos. Ahí está nuestro futuro como Nación y también la posibilidad de ofrecer una base material sólida a nuestra lucha por ampliar sustancialmente los derechos sociales en Chile y la suerte de las familias del pueblo que sufren miseria y marginación.
Los socialistas consideramos que las experiencias de economías pequeñas y abiertas, pero con poderosas redes de protección social, constituyen experiencias históricas que demuestran que el sendero de crecer con igualdad en el mundo globalizado de hoy es posible.

El debate tributario
Y queremos ser claros. Más allá de que es posible introducir mucha eficiencia en el desempeño del sector público, no cabe duda que deberá aumentar el gasto público en la próxima década hasta no menos de un tercio de la economía si no queremos sufrir brutalmente las consecuencias de la inestabilidad del mundo y mantener la impresionante desigualdad que permanece entre nosotros. Este gasto debe necesariamente ser financiado.
La derecha ha eludido estas cuestiones básicas proponiendo fórmulas insostenibles. Por un lado, hace notar con escarnio la insuficiencia que tanto nos duele de los servicios públicos en su tarea de atender las necesidades del pueblo y la clase trabajadora, cuyo mejoramiento exige inevitablemente más gasto. Pero por otro lado exige reducir los impuestos y se opone a cualquier forma de financiamiento de ese gasto. Esta política produce réditos temporales de adhesión electoral pero a larga sólo puede conducir al descalabro de la Nación. Los chilenos no son tontos. Conocen bien nuestros errores. Pero saben también de nuestra responsabilidad con el destino de Chile. Responsable es la política del gobierno que busca alternativas tributarias para financiar los costos de la protección social y de la disminución de la pobreza. Y este es un debate eminentemente político y no técnico.
La nuestra jamás podrá ser considerada una nación desarrollada si mantiene los grados de desigualdad que hoy exhibe. No es posible aspirar a tasas elevadas de crecimiento sin que al mismo tiempo progrese la equidad, el bienestar y la seguridad de todas las familias chilenas. Por eso hemos dicho: se debe gastar más en políticas sociales, en salud, en educación, en vivienda, en pensiones. Para eso se necesita una base económica sólida a cuyo fortalecimiento ayudan los acuerdos suscritos con las grandes economías. Pero la contraparte es una menor recaudación tributaria por importaciones que se agrega a las necesidades de financiamiento de las tareas sociales que el progreso exige.
No nos gusta incrementar impuestos al consumo como el IVA, porque en proporción a su ingreso los pobres pagan más que los más ricos. Pero no vamos a entrar en el juego de la derecha y dejar de considerar que los más ricos pagan en total más IVA, pues consumen más bienes, y que esos ingresos se gastan más en los más pobres. Si se considera lo que se paga y también lo que se recibe en la fórmula recientemente planteada por el gobierno debemos afirmar con claridad: se favorece a los más pobres y debemos apoyarla, con la proposición adicional de no incrementar el IVA a bienes básicos como el pan, la leche y los libros. Pero eso sí con una consideración: esto no es así para el sistema hoy vigente en su conjunto.
Me explico: en Chile la desigualdad de ingresos antes de impuestos es muy grande. Luego de aplicar los impuestos, la desigualdad crece! Y los gastos totales del Estado, necesarios por lo demás, no se concentran en los más pobres sino en algunas áreas, por lo que hasta hoy no corrigen suficientemente las desigualdades. Por eso le decimos a la sociedad chilena: no es un capricho plantear con urgencia, subrayo, con urgencia, la aplicación de un impuesto al uso de nuestros recursos naturales y la eliminación de franquicias tributarias en el impuesto a la renta, que si es un impuesto progresivo, franquicias que no tienen justificación, o muy poca. A los socialistas nos duele en el alma que el histórico avance que significó la nacionalización del Cobre realizada por el Presidente Allende se haya revertido en parte por un sistema heredado de la dictadura que le ha permitido, hasta hace poco, a las nuevas inversiones privadas prácticamente no pagar impuestos en la minería. Y también nos duele en el alma que mientras las Universidades Públicas se debaten en carencias variadas, el fisco subsidia a través de ventajas tributarias inaceptables a Universidades Privadas que muchas veces ofrecen una mediocre educación y son en cambio grandes negocios para mercaderes de la educación. Sabemos de la disposición de nuestro gobierno a analizar ambos temas. Y nuestro gobierno sabe que nuestra insistencia y persistencia en la materia va a estar a la altura del desafío.
Para que la carga tributaria se reparta mejor y no paguen más impuestos en proporción a su ingresos los más pobres que los más ricos, desafiamos a la derecha que dice que no le gusta el IVA a que diga entonces si está o no dispuesta a terminar con el escándalo de la falta de tributación de las empresas mineras en Chile y de las exenciones y franquicias a los impuestos de los más ricos que benefician a las Universidades Privadas. Ahí queremos verlos. Y no los veremos. Por eso el candidato de la UDI no va gobernar Chile.

Los derechos de los trabajadores
También queremos ver a la derecha en el terreno de los derechos de los trabajadores. El trabajo es el nexo social por excelencia y no poder encontrar un empleo no sólo plantea el acuciante problema de la carencia de ingresos sino también el de falta de integración y de reconocimiento social. Impedir la exclusión para una parte de los trabajadores del acceso al trabajo, especialmente cuando se prolonga, es -junto a disponer de un Estado de derecho democrático- el principal desafío colectivo que un país puede enfrentar. En el nuestro estamos lejos del pleno empleo. Hacia 1997 el país había logrado tasas moderadas de cesantía, gracias a la creación en una década de un millón de puestos de trabajo. Desde entonces la situación se deterioró considerablemente. Tenemos hoy unas 500 mil personas desempleadas y otras desalentadas que ya no buscan trabajo y eso es algo que nuestra sociedad no puede aceptar.
Para la visión de derecha, se crearían más empleos disminuyendo los costos del trabajo, por lo que su receta es restringir la capacidad de los asalariados de organizarse y negociar colectivamente y eliminar el salario mínimo, para que pueda operar “flexiblemente” el ajuste de cantidades y precios en el mercado de trabajo. Sólo que en este caso las “cantidades” son los seres humanos que trabajan y los “precios” el salario que les permite subsistir. Con esta lógica el salario de equilibrio debiera en tal o cual momento situarse bajo los mínimos de subsistencia y considerarse esto “normal” y “eficiente”. Esta visión de las cosas no es aceptable por ese sólo hecho. Pero ocurre que, además, no son pocos los expertos que sostienen que en la creación y destrucción de empleos los fenómenos cruciales son más bien los que tienen que ver con la demanda agregada por bienes y servicios y sus fluctuaciones y en el más largo plazo la oferta productiva y el cambio tecnológico. Fue la coyuntura macroeconómica la que deterioró en Chile la situación del empleo y no el precio relativo del trabajo o el nivel del salario mínimo, como sugieren algunas interpretaciones. Disminuir el desempleo requiere persistir con una política de intereses bajos, tipo de cambio alto y gasto público expansivo y no restringir el salario mínimo o la negociación colectiva.
Sin embargo, la reactivación, aunque bien encaminada pues la economía está creando más de 150 mil empleos al año, no es una respuesta suficiente frente a la angustia de las familias desempleadas y se requiere de programas de empleo de emergencia. El gobierno del Presidente Lagos ha venido consistentemente trabajando en esta dirección, con amplios programas públicos generadores de empleo. Muchos de ellos deben dejar de ser de emergencia y transformarse en un dispositivo permanente. Nuestro país puede, si se lo propone, ofrecer a todo desempleado, junto al seguro de desempleo que exitosamente ya involucra a un millón de asalariados, ya sea el acceso a un programa de formación en empresas o bien el acceso a un “empleo ciudadano” de utilidad pública, de tiempo completo o parcial, de carácter temporal o incluso permanente para los casos de marginalidad social más grave. Uno de los desarrollos del Programa Chile Solidario será sin duda establecer este mecanismo permanente de inserción social de los desempleados a través de la formación y del empleo ciudadano.
Junto al grave problema del acceso al empleo, los derechos de los trabajadores en su lugar de actividad son el segundo aspecto crucial que enfrenta el mundo del trabajo en nuestra sociedad. En un país de 15 millones de personas, unos 5 millones trabajan y una alta proporción de ellos lo hace como asalariado. Sujetarse a la jerarquía del dueño o de los gerentes a cambio de un salario es una relación compleja que requiere de equilibrios. Muchos de ellos no existen en Chile y más bien suele prevalecer la “cultura de la hacienda”, en donde el abuso del empleador en materia de trato, de jornadas, de salarios, de pago de las cotizaciones sociales es pan de cada día. Lo que es más grave, en muchas partes se persigue a los sindicatos o se impide su creación. La negociación colectiva apenas abarca a un 10% de los trabajadores. La contraparte de este tipo de relaciones laborales asimétricas, suele ser, claro está, la ausencia de compromiso de los asalariados con su trabajo, lo que a su vez requiere de costosos sistemas de reclutamiento y supervisión. En este tipo de sistema de relaciones laborales todos pierden.
De ahí la importancia de la creación de una sólida judicatura laboral que haga realidad el Estado de derecho en la empresa. Por su parte, plantear la capacidad de adaptación de la jornada de trabajo a las situaciones de cada empresa es vista con razón por el sindicalismo como un peligro de incremento de la asimetría en la relación laboral que se prestaría para múltiples abusos. Otra cosa muy distinta es cuando los trabajadores representados en sindicatos respetados negocian modulaciones de los horarios de trabajo en el marco del respeto de las jornadas semanales máximas para mutua conveniencia, lo que en particular puede ser atractivo para las mujeres asalariadas.
No tiene explicación, sino la cultura autoritaria de la empresa, lo prolongado de las jornadas de trabajo en Chile, que no tienen justificación y representan una pérdida notoria de calidad de vida. De allí lo importante de la rebaja de la jornada semanal prevista para el año 2005, que debe iniciar un camino en el que los aumentos de productividad se reviertan hacia un aumento del bienestar de las familias chilenas.
La conducta empresarial premoderna y arbitraria debe cambiar en Chile y la sociedad en su conjunto, porque está en su propio interés, debe esforzarse por favorecer la cooperación en la empresa. De otro modo perderemos capacidad de aumentar la competitividad, que responde a múltiples factores, y que es indispensable para aumentar la prosperidad colectiva, especialmente frente al desafío de la inserción económica externa abierto por los tratados recientemente firmados. Chile no podrá pensarse a sí mismo como país que se encamina al desarrollo si en la empresa el ajuste mecánico y único frente a los cambios y fluctuaciones en el mercado es la disminución –con procedimientos las más de las veces autoritarios y deshumanizados- de los costos del trabajo y del empleo y si no se cultiva las competencias de los recursos humanos como centro de la actividad productiva. Ahí queremos ver a la derecha. Pero no la veremos sino en contra de los derechos de los trabajadores. Por eso el candidato de la UDI no va a gobernar a Chile.
Compañeras y compañeros

El principal esfuerzo de este partido que tiene historia y memoria, proyecto y sueños, estará orientado a actuar y CRECER. Tenemos que aprender a crecer para ser más influyentes y más capaces de transformar la realidad. Tenemos que cultivar nuestros valores de siempre y profundizar en los medios para saber interpretar los cambios que están en curso en la sociedad. Nos corresponde ocupar un lugar en la representación de los intereses de los trabajadores y del mundo popular, de los creadores culturales y de los jóvenes y las mujeres. Pero nuestra sociedad es cada vez menos homogénea y vive un intenso cambio cultural. La expansión educacional y el cambio demográfico, la urbanización, los cambios tecnológicos acelerados nos obligan a complejizar nuestra mirada. Como dice Carlos Fuentes, “la revolución del siglo 21 consiste en darle valor a la diferencia” y “la izquierda añorante de lo que ya no fue no puede ser una izquierda constructiva de lo que debe ser”.
Queremos escuchar y estar abiertos al cambio. No desdeñamos la relación con quienes aspiramos a representar a través de los mecanismos mediáticos, pero nuestro énfasis será el contacto directo con los actores de los diversos mundos sociales que luchan por una sociedad libre y justa. No creemos en la gesticulación mediática, creemos en la consistencia y la persistencia de los mensajes y de las construcciones colectivas
Los socialistas nos empeñaremos a fondo con el objetivo de triunfar contra LA DERECHA. La derecha es nuestro adversario. Una clave fundamental para el triunfo electoral del 2004 y del 2005, es afirmar el éxito del Gobierno del Presidente Lagos. Seguiremos comprometiendo todo nuestro esfuerzo para lograr ese éxito. Cuando eventualmente disintamos de alguna decisión del Gobierno, es precisamente porque queremos que le vaya bien, que tenga éxito. En tal sentido, exigiré que siempre nuestra opinión como Partido esté siempre sólidamente fundada. No hablaremos de forma improvisada y espontánea. De esa manera entiendo la responsabilidad de un dirigente del Partido Socialista. Así será mi conducta como Presidente del Partido.
Haré un conjunto de proposiciones para organizar el trabajo de dirección partidaria, coherentes con los contenidos que la militancia ha votado mayoritariamente y que también son similares a las aspiraciones de los otros compañeros que concursaron democráticamente en la elección del 18 de mayo.
Necesitamos un Partido Socialista de Chile que se defina como partido de militantes en acción, que ponga a la comuna como el centro de desarrollo partidario, que de autonomía a la orgánica del partido en regiones para producir las coordinaciones más eficaces, que gestione profesionalmente sus recursos, que posea una política de comunicaciones internas moderna y ágil, que comunique temáticamente a con la sociedad a través de portavoces autorizados y de medios de comunicación propias, que cree un Instituto Socialista para el debate de ideas y la formación de militantes y dirigentes sociales y territoriales, que establezca a la brevedad un Código de Conducta Militante que a todos nos obligue sin excepción a respetar rigurosamente los más altos estándares éticos, es decir un partido abierto, participativo, democrático y disciplinado tras direcciones cohesionadas, representativas y legítimas. Bien comunicados, incorporando métodos participativos de interacción entre las estructuras dirigentes, intermedias y de base, llevaremos adelante nuestras tareas y pondremos en evidencia que los derechos y el progreso de las mayorías los cautela el Partido Socialista y la Concertación y que la derecha, por el contrario, los amenaza por su innegable carácter socialmente regresivo y políticamente y culturalmente autoritario.
Sólo con organizaciones sociales activas, en las que debemos desplegarnos a la par que en las instituciones democráticas, nuestro proyecto de transformación radical de la sociedad podrá tener perdurabilidad en el tiempo. El PS se ha nutrido a lo largo de su existencia de sus fuertes vínculos con el sindicalismo y con las organizaciones territoriales en los barrios y comunas. Estos vínculos deben fortalecerse. El Partido debe ampliar su diálogo con las múltiples expresiones de la sociedad y transformarse en un vehículo privilegiado de educación y participación política, especialmente de las jóvenes generaciones. Debe hacer un uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información como potenciales instrumentos de multiplicación de la deliberación cívica y de valorización de la esfera pública y comunitaria, como condiciones indispensables para una vida social democrática.
Los llamo pues a recorrer con entusiasmo y dedicación el camino para crecer, triunfar y engrandecer al socialismo.

¡Viva el Partido Socialista de Chile!

sábado, 26 de mayo de 2001

La medicina económica liberal y los hechos


La medicina económica liberal y los hechos


Al cabo de un año de gobierno del Presidente Lagos la oposición cuestiona el fundamento de sus principales políticas. Desde luego, su postura de que las violaciones a los derechos humanos deben ser tratadas en los tribunales es permanentemente impugnada con la tesis de la "solución política", que procura generar las condiciones para la impunidad generalizada frente a crímenes contra la humanidad, que el moderno derecho internacional considera por lo demás, y con razón, inamnistiables e imprescriptibles. En el terreno económico y social, se insiste en que no existe reactivación económica, se hace abstracción de los hechos internacionales, y se postula que esta se encuentra frenada por un problema de expectativas vinculadas a las legislaciones que el Presidente envió al Parlamento en el año 2000: la lucha contra la evasión tributaria, el seguro de desempleo y la ampliación de la negociación colectiva. Se sostiene que cobrar los impuestos (que no es más que hacer cumplir la ley) y encarecer la contratación (de modo marginal en el caso del seguro de desempleo y como posibilidad virtual si se fortalecen los sindicatos) serían factores de detención de muchas decisiones de inversión, de disminución de la creación de empleos y de contención del consumo frente a la incertidumbre.
Este es un discurso repetitivo, que sólo se adapta a las coyunturas pero que no cambia con ellas. La receta es siempre la misma: liberalizar mercados, vender activos estatales y bajar el gasto público, ajena a toda circunstancia de tiempo y lugar, en expansión o en contracción.
Esta visión, contrastada con los hechos, hace emerger la distancia, por no decir el abismo, que separa la certeza de las afirmaciones y la fragilidad de la base empírica que las funda, tanto en el caso de Chile como de otras experiencias en el mundo.
En Chile, la década de los 90 fue la de mayor crecimiento en su historia contemporánea: entre 1990 y 1998, hasta la crisis asiática, el crecimiento fue superior a un 7% al año. Los impuestos no sólo no bajaron sino que subieron y crecieron más que la producción, pasando de un 14,4% a un 17,8% del PIB. El peso del impuesto a la renta, el más impugnado por la derecha, aumentó su proporción de un 2,6% en 1990 a un 4,3% del PIB en 1998. A la vez, se encareció el despido, aumentándose el tope de pago de indemnizaciones, y se aumentó sustancialmente el salario mínimo y los salarios medios, sin que ello impidiera la creación de 970 mil empleos. Por un lado la ideología liberal, por el otro los hechos.
La comparación internacional, a su vez, demuestra que no existe un modelo único ganador, pues la experiencia de cada país es singular. En materia de nivel de tributos y gasto público, los estudios más recientes revelan que los países con mayor crecimiento son los que tienen tributos menos desincentivadores y gastos públicos que contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y capital humano (Kneller, Bleaney y Gemmel, Journal of Public Economics, 1999), y no los de Estados más pequeños. Incluso la aplicación de tributos en teoría desincentivadores tiene un impacto no significativo. En Suecia, con un gasto público superior al 50% del PIB, el más alto del mundo, y muy amplias transferencias de seguridad social, financiadas con una tasa marginal de impuesto a la renta de 60%, es no sólo una de las economías más ricas del mundo en términos de PIB por habitante, sino que creció en los últimos tres años más que el promedio de los países industrializados y que muchos países de gobiernos más pequeños que cobran menos impuestos. Por un lado la ideología liberal, por el otro los hechos.
Diversas mediciones econométricas recientes revelan, a su vez, que las variables institucionales (protecciones laborales, salario mínimo, centralización de negociaciones) no tienen el rol esencial que les atribuye la derecha respecto al nivel de desempleo. Según un reciente informe del Consejo de Asesores del Primer Ministro de Francia (que ha conducido, dicho sea de paso, una de las gestiones económicas más exitosas de los países desarrollados y al mismo tiempo ha reducido a 35 horas la semana laboral):
"Los caminos hacia el pleno empleo aparecen como múltiples y algunos son mucho más solidarios que otros. En los países muy centralizados, los choques pueden no afectar el empleo si las negociaciones imponen una moderación salarial. Es lo que podría llamarse la 'flexibilidad solidaria' o negociada. En los países en que, al contrario, las negociaciones son muy descentralizadas, la adaptación es secuencial: empieza por una fuerte reactividad del empleo seguida de una flexibilidad 'externa' de los salarios de los que terminan cesantes. Es lo que podría llamarse la flexibilidad individualista. Ciertas adaptaciones necesarias, como por ejemplo la moderación salarial, tienen más posibilidades de ser comprendidas y aceptadas si son objeto de discusiones centralizadas entre los interlocutores sociales. Dejadas al mercado, su costo en términos de empleo es generalmente muy elevado".
La propia OCDE, organismo técnico de los países industrializados, afirma en un estudio de 1997 que "los países en donde los sistemas de negociación colectiva son más centralizados/mejor coordinados tienen una cierta tendencia, aunque no es siempre estadísticamente significativa, a registrar tasas de cesantía más débiles y tasas de empleo más elevados que los sistemas menos centralizados/menos coordinados". Esta es la razón por la cual economías con mercados de trabajo aparentemente rígidos han atravesado las turbulencias de los últimos treinta años sin conocer el desempleo masivo.
Ha surgido en los estudios recientes un cierto consenso en el sentido que la regulación que protege el empleo tiene poco impacto en el nivel de desempleo, aunque si incide en una menor velocidad de rotación de la mano de obra y una mayor duración promedio del desempleo. A su vez, la mayoría de los estudios revela que una disminución de las prestaciones de los seguros de desempleo es estadísticamente significativa pero tiene un impacto débil sobre el nivel de desempleo. La experiencia muestra que sistemas generosos incluso han podido cohabitar con niveles de desempleo débiles, particularmente en Europa del Norte. Los resultados empíricos tampoco establecen relación directa entre sindicalización y desempleo. Los sindicatos juegan en cambio un rol nivelador en materia de dispersión de salarios. En cuanto al salario mínimo, la evidencia tampoco arroja conclusiones definitivas, en particular en un sector como es el de los jóvenes (los informes que reseñan los estudios en estas materias de Fitoussi, Passet y Fressynet se pueden obtener en www.premier-ministre.gov.fr). En suma, si bien las instituciones pueden jugar un rol en la explicación del nivel y evolución del desempleo, éste parece tan débil que no llega verdaderamente a explicar las diferencias entre países ni las razones de éxito de algunos. Nuevamente, por una lado la ideología liberal, por el otro los hechos.
Una parte importante de las diferencias en materia de empleo surgen de lo que se podría calificar como "reparto social del trabajo". Numerosos países han puesto en marcha medidas de reparto, algunas vinculadas a una concepción solidaria (apoyo a las personas de baja empleabilidad) y otras más explícitamente vinculadas a los mecanismos de mercado (desregulación para autorizar formas de empleo menos protegidas). El reparto del trabajo puede cobrar distintas formas: generalizada y uniforme, a través de disminución en la duración de la jornada laboral (Francia); dual (Holanda, Dinamarca, Suiza, Inglaterra, Noruega, Irlanda) autorizando el fraccionamiento del empleo en ciertas categorías (tiempo parcial de mujeres o jóvenes); intergeneracional (Holanda, Austria), actuando sobre la edad legal para jubilar; focalizada (Noruega, Suiza, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Portugal), por ejemplo abriendo espacios a los discapacitados.
Finalmente, los estudios recientes demuestran que en materia de desempleo son en definitiva los shocks macroeconómicos los que explican en mayor grado su evolución. Las instituciones juegan más bien un papel en el tipo de reacción de las economías a los shocks, en vez de explicar un determinado nivel de desempleo, lo que es una buena noticia para las instituciones. Después de todo estas últimas mejoran el bienestar remediando las fallas de mercado, especialmente en la seguridad social y la formación de capital humano y social. Son además el reflejo de un contrato social de largo plazo que fortalece los procesos democráticos.
Tiene por tanto razón el Presidente Lagos cuando sostiene que el cumplimiento de las normas tributarias, una mayor protección a los cesantes y un mayor equilibrio en las relaciones laborales no atentan contra el crecimiento. Al revés, el cumplimiento de la ley y una mayor cohesión y cooperación social serán un factor de disminución de las incertidumbres y de incremento de la confianza, con consecuencias positivas para el crecimiento.

sábado, 26 de agosto de 2000

Liberales y progresistas en la Coalición. Entrevista 2001


GONZALO MARTNER: NO HEMOS GOBERNADO PARA PRESERVAR EL MODELO CHICAGOPor Mónica González, asuntospublicos.cl

Fue el subsecretario (de Desarrollo Regional) más joven del Gobierno de Patricio Aylwin. Y a los 44 años sigue siendo el dirigente más joven entre sus pares en muchas de las carreras o desafíos que emprende. Una marca tan fuerte como la vocación política que heredó de su familia. Su padre fue ministro de Planificación (Odeplan) de Salvador Allende, y su abuelo, Daniel Martner, ministro de Hacienda de Arturo Alessandri. Desde que a los 16 años se fue al exilio y se instaló en París, ha caminado un gran trecho junto a otros protagonistas de la renovación socialista y allí ha instalado su centro de pertenencia, identidad política y afectos motores. Doctor en Economía en la Universidad de París, el actual coordinador interministerial del Gobierno de Ricardo Lagos y potencial candidato a la presidencia del Partido Socialista, responde a la propuesta liberal-progresista con un brío en que se percibe una ira mal sofocada y una gran apuesta por la proyección de la Concertación, a la que sin duda se aferra como pocos.


- José Joaquín Brunner afirma que el socialismo ha muerto, que triunfó el capitalismo y que de éste surgen todas las posibilidades de cambio y progreso. ¿Qué opina usted?
- Que está en un equívoco profundo. ¿De qué socialismo habla? Si se refiere al tipo de sociedad que nace de la revolución rusa de 1917, especialmente después que se consagra el dominio de Stalin, si entiende por socialismo un tipo de sociedad donde hay un dominio estatal sobre todos los medios de producción, un sistema de asignación de los recursos económicos de planificación centralizada, una dictadura de partido único de doctrina marxista leninista y de denominación comunista, la versión de Brunner se acota a la del llamado socialismo real, que no tiene nada que ver con el tipo de sociedad que nosotros queremos construir. Aún así, ese tipo de sociedad sigue existiendo. Allí están Cuba y Corea del Norte, porque la situación de China y Viet Nam es diferente por cuanto tienen algunos rasgos de economía de mercado. De manera que, si se refiere a ese socialismo, éste no ha muerto.

-¿Cuál es el socialismo que sigue vigente y no sólo sobrevive?
- Los de tipo social demócrata, que han gozado de muy buena salud en el Siglo XX y siguen gozando de buena salud en el Siglo XXI, lo que molesta a gente como José Joaquín Brunner, que se niegan a conversar acerca de una vertiente que sigue vigente. Desconocer esa realidad es no entender nada de nada de la historia de los movimientos socialistas en el mundo, especialmente en Europa y América Latina. Sostener que esas vertientes del socialismo democrático han muerto, es falso.

- Este debate en Chile se hace gravitante porque en la Concertación surgen opiniones diversas acerca de qué sociedad se quiere construir. ¿La polémica está acotada a las fuerzas de la Concertación o ya instaló vasos comunicantes con la derecha económica y política?
- Nunca me he podido imaginar ni siquiera por un segundo una Concertación que, precisamente por su diversidad, no esté permanentemente debatiendo acerca de las tareas que tiene por delante, los objetivos que persigue y cómo llevarlos a cabo. Es la coalición más amplia en la historia de Chile, con orígenes históricos, ideológicos, culturales muy distintos y en ella es evidente que el debate debe ser permanente.

- Un debate que enriquece la oferta que su coalición hace al país pero que se transforma en parálisis cuando su intensidad, descalificación o ausencia de diálogo real la entrampa al punto que sus principales actores anuncian que se está ante un vacío de proyecto nacional.

- Entre la constatación de una coalición cuyos miembros son distintos y que para trabajar juntos tienen que ponerse de acuerdo, y la parálisis política, hay un paso que no comparto. La Concertación no está paralizada. El tema es otro. Su tarea fue la reconstrucción de la institucionalidad democrática y está en vías de concluir. La propia derecha ha constatado que no puede aspirar a llegar al poder si no se acoge a las cláusulas democráticas. De allí que es muy posible que esa tarea concluya este año o el próximo y la agenda que viene tiene un fuerte acento económico y cultural.


El Fin de Una Etapa Cambia la Naturaleza de la Coalición

- La aprobación de un proyecto de reformas constitucionales marcaría el fin de la transición política y además, el fin de una etapa de la Concertación. Sin batalla épica ni peligro de regresión autoritaria pareciera que a la coalición se le hace difícil ponerse de acuerdo en un proyecto para la democracia cotidiana. ¿Es así?- El fin de una etapa cambia la naturaleza de la coalición que se construyó esencialmente para terminar con la dictadura y determinar las reglas del juego democrático. Los unos y los otros hicimos siempre concesiones en virtud del objetivo mayor.

- ¿Quiénes son los unos y los otros?
- Está el gran partido cristiano de centro y las fuerzas de izquierda encabezadas por el PS. Está también esta articulación del PS con el PPD y el Partido Radical, que no ha sido siempre fácil. Recordemos que el PR ha tenido alianzas políticas por muchos años con el PDC, salvo en el último tiempo. No creo, francamente, que aquí haya un polo de izquierda. Son relaciones que han ido evolucionando y no sobre la base de códigos tradicionales. Básicamente la Concertación representa la alianza entre la izquierda histórica, encarnada por el PS; y el centro DC, más la articulación que desde allí surge con otras fuerzas.

- Ese es un tipo de concesiones,pero hay otras: las que hizo la coalición a la derecha política y económica y también a las FF.AA para poder dar inicio a la transición. ¿Cómo gravitan en el actual debate de la Concertación?
- Ese es otro gran tema porque determinó ni más ni menos que el camino político por el cual hemos transitado estos últimos 11 años. Lo que ocurrió el '88 y el '89 marcó para bien y para mal estos 11 años. Y eso también es otro debate: lo que se hizo bien y mal, lo que prolongó los enclaves... Pero lo importante hoy es asumir que se termina un ciclo, la tarea de reconstrucción de reglas del juego democrático va terminando y la Concertación debe redefinir su capacidad de actuar, junta o no, en el futuro en función de otras tareas: económicas, sociales y culturales. Eso es lo que subyace en el trasfondo del debate: estamos en otro escenario, otro ciclo político y con tareas distintas. Mi opinión es que la coalición va a proyectarse, a perdurar y sobre la base de redefinirse frente a estos otros grandes temas.

- La misión épica de ayer obligó a los miembros de la coalición a deponer todo interés mezquino en función de la gran tarea: terminar con la dictadura. La tarea cotidiana de hoy carece de heroísmo, obliga a sacar identidades, las que aparecen debilitadas. Un flanco que no permite anunciar tan fácilmente que la coalición perdurará.
- Correcto. Hemos entrado a la democracia cotidiana, sin épica. ¡Menos mal! Ni los países ni los seres humanos pueden vivir al borde del abismo por tiempo prolongado. Y precisamente el objetivo de la Concertación fue pacificar a Chile, sacarlo del abismo, ¡y se logró! En los últimos años se han hecho avances notables en la relación cívico-militar. La discusión y las tareas ahora son otras, y el debate no se da en abstracto. Estamos en el inicio de un nuevo Gobierno de la coalición y ése ha sido un factor adicional de suma importancia y que no se puede pasar por alto. Que la coalición haya resistido el paso del liderazgo del gran partido de centro de cultura social cristiana a otro, encarnado por una persona que proviene de la otra gran vertiente que compone la coalición, y que esto haya ocurrido sin que la Concertación se quiebre, es un hecho político de la mayor importancia y, sin embargo, ¡se da por hecho simplemente! Para el PDC no ha sido fácil adaptarse a una nueva situación en la que no tiene liderazgo presidencial en un sistema en que éste es crucial. En consecuencia, es lógico, creo, que la Concertación atraviese por un período de turbulencias.

- Turbulencias que están en su apogeo y se anuncian aún más álgidas.
- Sí, especialmente porque se ha producido en el campo del debate de ideas un tensionamiento excesivo por la irrupción mediática masiva y sistemática de lo que se ha llamado la visión liberal, que busca imponer en la coalición un determinado modo de proceder en el área económica y social. Imponerlo de un modo que rompe la cultura pactista que habíamos construido. Cuando se dice si no se adoptan estas medidas de la agenda económica liberal -que por lo demás es la misma de Alvaro Bardón- es decir, privatizar, bajar impuestos, desregular, no vamos a llegar al desarrollo en el 2010, se está descalificando en forma total las otras visiones que dicen que justamente para llegar al desarrollo se necesita un Estado más activo, más protección social y una adaptación de la sociedad chilena a las nuevas circunstancias de la economía mundial en un nuevo tipo de combinación entre Estado y Mercado.

- La irrupción de la visión liberal podría obedecer a la percepción de que el Presidente Ricardo Lagos no ha adoptado una decisión y lo que se busca es forzarlo a optar. Un segundo elemento de interés es que esta nueva corriente liberal aparece reemplazando al antiguo partido transversal de la Concertación que diseñó la cultura pactista y aseguró la cohesión interna.- Preservar la coalición - la que tiene fuerza y proyecto para hacerlo y además es la única alternativa frente a la derecha-, supone la renovación o reestructuración de la cultura del compromiso. Y cuando una parte alega que, o se hace lo que ellos proponen o se va a la hecatombe, eso atenta en contra de la cultura pactista y la capacidad de ponerse de acuerdo. Más aún cuando parte importante de la vocería de esta visión liberal son quienes en su momento jugaron un rol muy significativo de articulación transversal y de funcionamiento dentro de la coalición y hoy están en posturas extremadamente cerradas y polarizantes.


"La Transversalidad Entendida Como Búsqueda de Acuerdos Reservados se Acabó"

- ¿A quiénes se refiere?
- Me sorprende, por ejemplo, que Edgardo Boeninger, una persona decisiva en este proceso de articulación, sin perjuicio de haber mantenido siempre su identidad y su visión particular, juegue hoy un rol en el Senado sobre la base de no de haber sido electo sino de haber sido nombrado por el Presidente de la República y muchas veces uno se encuentra con un Boeninger trabajando en contra de los proyectos del Presidente. Me parece bastante delicado. Considero muy importante mantener las formas, los respetos y las lealtades que la historia de esta coalición y la fuerza de los lazos que hemos logrado construir en estos años merece. Lo que corresponde es que se expliciten las posiciones de cada cual porque es la única manera de ponerse de acuerdo. La transversalidad entendida como la búsqueda de acuerdos más o menos reservados, se acabó y ya no tiene sentido. Sí lo tiene abrir el debate pero no como una imposición. Eso lleva a la coalición a la ruptura, en circunstancias que en el terreno económico, social y cultural hay mínimos comunes suficientemente importantes como para proyectarse con nueva fuerza.

- Habla de la existencia de mínimos comunes importantes y, sin embargo, el debate se ha vuelto ácido y descalificador a propósito del proyecto de ley sobre la reforma laboral, la evasión tributaria, la ley de divorcio, por citar los últimos. Tienen mayoría en el Senado y hay leyes que no salen de allí por carencia de acuerdo en la coalición oficialista.
- Pero hubo una votación en general sobre la evasión tributaria y la reforma laboral que no se veía evidente. El Seguro del Desempleo también en su momento dio origen a un debate intenso y allí está la ley. El Gobierno tiene una agenda con un fuerte componente económico-social, orientado a señalar que Chile es una economía abierta pero que eso implica deberes para proteger a los más débiles, y avanza paso a paso con la reforma laboral y de evasión tributaria. Ha habido turbulencias, pero nada dramático, ¡se llega a puerto! Estoy convencido que la coalición va a mostrar logros importantes en temas de gran controversia. Esta discusión ha evidenciado que existen temas de la agenda económico-social en donde no ha habido discusión suficiente y se está realizando sin paralizar ni hacer fracasar los proyectos de ley del Presidente Lagos. Sí creo que hay que hacer un reordenamiento...

- Y éste pasa, según algunos, por forzar al Presidente Lagos a que decida con qué visión económica y social de las que están en el centro del debate va a gobernar.
- El Presidente ha sido elegido por la coalición y quiere gobernar con ella hasta el final, por lo que esta petición de que el Presidente opte y se decida es completamente absurda. Y esa es la crítica que le hago a este grupo liberal: un Presidente tiene que arbitrar sobre la base de mantener la coalición.

- Cuando dice que las propuestas de los liberales en lo económico son las mismas de Alvaro Bardón, ¿está dando por hecho de que hay espacio para arbitrar?, ¿o la propuesta de la corriente liberal ya está traspasado la línea de la Concertación y se ha puesto fuera de la coalición?
- Es que son exactamente las mismas posturas que Bardón... Ahora, ningún miembro de la coalición, si es responsable, tiene derecho a pedirle al Presidente, como jefe natural de la coalición, que arbitre en su favor. Sería romper la coalición y con ello le hacen el juego a la derecha y buscan generar un cuadro con una Concertación debilitada, dividida para imponer sus posiciones. El Presidente tiene que arbitrar pero para mantener la cohesión de la coalición. Intentar que el Presidente imponga una visión es propio de alguien que no quiere que siga la coalición y eso hay que decirlo claramente. Pero hay otro tema de fondo, la visión económica liberal al interior de la coalición es sumamente minoritaria. Es cosa de constatar la opinión al respecto en los cuadros representativos de los cuatro partidos que la integran.

- Los militantes de los partidos son cada vez menos, lo que indica que ese termómetro no es muy decidor. Pero, pareciera, que la coalición se encamina a la necesidad de formular un nuevo pacto en el terreno económico-social, un nuevo diseño de metas y tareas y nuevas reglas de cohabitación interna. De lo contrario, se rompe.
- Un pacto de gobierno y no de gobernabilidad. Y el pacto de gobierno se hizo ya con los representantes legítimos de las fuerzas políticas que componen la coalición. Eso se tradujo en un programa de Gobierno y en una acción de Gobierno. Por eso le insisto: este no es un tema de gobernabilidad, esta es una coalición que gobierna.

- Pero existe discrepancia acerca de cómo gobernar. ¿No es paralizante esa disyuntiva?
- Quienes tienen posturas económicas ultraliberales son muy minoritarios en la coalición. A su vez, no cuentan con el apoyo de las estructuras representativas y legítimas de los cuatro partidos de la coalición con representantes en el Parlamento. En consecuencia, esta visión opera sobre la base de las posiciones de algunos parlamentarios. Desde el momento en que la Concertación cuenta -y veremos qué ocurre en marzo próximo- con una mayoría simple en el Senado, dada por el voto de un senador, cualquier senador de la coalición está en condición de condicionar esa mayoría. En consecuencia, el poder de un senador es muy grande. Y si cada senador entiende que es decisivo para todo y va a condicionar la política del Gobierno, entonces ya entramos en otro cuadro que algunos favorecen y estimulan y que otros claramente quisieran establecer.

- ¿Cómo va a enfrentar su partido esta ofensiva liberal?
- En el plano de las ideas, explicitando lo que se quiere hacer y por qué es bueno para Chile. Y en el plano político este debate debe hacerse en el marco de la mantención de los compromisos de la coalición, de sustento del Gobierno, un debate abierto y franco pero con espíritu de pacto. Y si esas condiciones no se cumplen - y me temo que es lo que está detrás de la acción que hemos visto de estos liberales- el debate se va a transformar en una crisis. Del debate de ideas vamos a pasar a una crisis política. Pero como creo que son demasiado minoritarias esas posiciones, eso no debiera ocurrir. Cuando se hacen afirmaciones tan absurdas como que todos los modelos de tipo social demócrata - y de tipo social cristiano- que implican una combinación entre economía de mercado con fuerte protección social, son un fracaso, uno concluye que es gente que tiene una arrogancia extrema y una completa ignorancia respecto de cómo funciona el mundo progresista hoy y el mundo en general. Cuando se dice que debe haber total y completa flexibilidad en los mercados de trabajo, se está afirmando una postura legítima; pero cuando se agrega que si no se hace aquello la economía se va a derrumbar, ¡estamos frente a un debate clausurado desde el inicio!

- Pero intentémoslo. ¿Qué responde usted?
- Lo competitivo no está dado por quién tiene en el corto plazo los costos más bajos, sino por quién tiene la capacidad de agregar valor más significativo. Y eso significa que la relación de comando y obediencia, relación que por mucho tiempo sustentó el tipo de empresa que opera en el mercado, está enteramente cuestionado. Esta visión ultra liberal sólo transmite la necesaria flexibilidad que interviene en la economía del mundo moderno olvidando completamente que las estructuras rígidas, jerárquicas, carentes de toda colaboración entre quienes son dueños de una empresa y quienes trabajan en ella, son cuestiones decisivas para lograr la competitividad. Lo que se busca, finalmente, es imponer normas duras que se traducen en ausencia de toda negociación colectiva, de toda organización sindical y de pleno predominio de quienes son dueños de esas empresas respecto de quienes trabajan en ellas. Una visión arcaica y no moderna.

- La Concertación desde que inició la reconstrucción democrática en 1990 prometió modificar la legislación laboral creada por la dictadura. El proyecto del Gobierno de reforma laboral persigue avanzar en ese camino pero ha sido cuestionado no sólo por la derecha sino por un sector importante de la Concertación. ¿Se puede seguir diciendo que es una posición minoritaria si paraliza los puntos medulares del programa de Gobierno?
- No tienen razón quienes sostienen que encarecer el costo del despido, aumentar los salarios mínimos, favorecer la negociación colectiva para aumentar los salarios implique menos empleos. ¡No es así! Tampoco ha sido la promesa de la Concertación de que volveríamos a la red de protección social del '70, pero sí mayores equilibrios entre empleadores y trabajadores. Y para ello es básico generar condiciones legislativas que favorezcan su organización y su capacidad de negociar en el contexto de la empresa, lo que incluye temas como la adaptación de los horarios de trabajo. El proyecto de ley que se envió tiende a provocar que disminuya el tiempo de trabajo. Es muy importante que Santiago deje de ser la ciudad en la que más se trabaja y con una productividad por hora trabajada de las más bajas del mundo. Los simplismos liberales como "que no haya sindicatos, que no haya protección social, que se trabaje hasta donde sea necesario para que la empresa produzca, un medio ambiente sin regulación porque eso también atenta contra el empleo", ese discurso a la Bardón, es ignorante y contrario a lo que la coalición ha planteado siempre sobre el tema.

- Bueno, ese es el problema, los acuerdos y consensos de ayer ya no rigen. ¿Cómo se resuelve el problema? Si no existen códigos básicos sobre compromisos adquiridos cualquier miembro de la coalición puede sostener lo que quiera sin que se le atribuya falta de lealtad con una mínima identidad "concertacionista".
- A veces las apariencias engañan. Nosotros tenemos varios pactos que nos atan los unos a los otros en el sentido más positivo. Tenemos un compromiso de sostener un gobierno para realizar un conjunto de reformas lo que no impide que los contenidos de esas reformas a veces sean sujeto de controversias. En el cónclave "Santiago I " acordamos una serie de reglas del juego que están firmadas, lo que se traduce en que el Gobierno plantea sus puntos de vistas y si hay una amplia mayoría en torno a ellos, especialmente de los parlamentarios de la Concertación, se entiende que autoriza a todos a invocar una disciplina de coalición que implica que deben deponerse las opiniones distintas. Esas reglas del juego indican que si uno o dos senadores entienden que ellos se van a imponer por sobre los otros, eso no es correcto ni legítimo. Y hasta aquí no ha ocurrido. No se ha bloqueado ni un solo proyecto de ley del Presidente por obra de uno o dos senadores de la Concertación. Lo que sí cabe advertir es que si llegara a ocurrir, eso significaría una crisis importante, pero en el terreno de la democracia, de una gobernabilidad asegurada. ¡Nada dramático!

- Por lo tanto si nada es dramático, esperemos que ocurra...
- Lo digo porque el mensaje mediático de estos liberales es dramático: si no se hace lo que ellos plantean, el país va a la hecatombe y al subdesarrollo. Un discurso imperativo y descalificador.


"No hemos Gobernado Para Preservar el Modelo de los Chicago"
- Entonces, se abre el espacio para el debate abierto y luego vendrá el terreno de las definiciones y acuerdos. ¿Cómo definiría su visión?
- En esta etapa se harán reformas importantes en el terreno económico, social y cultural que aumentarán los grados de cohesión social del país. He sido toda la vida un antiestalinista convencido, pero si el dilema fuera entre ese modelo versus el capitalismo salvaje, entonces no nos estamos entendiendo. Ellos dicen "hemos adoptado el modelo neoliberal, así es la vida, porque el capitalismo triunfó". Eso lo puede decir alguien que en su momento fue partidario de la planificación centralizada. Doctrinarios ultraortodoxos, marxistas leninistas, hoy día son doctrinarios ultras liberales. Así es la vida. Si por mantener el modelo se entiende no ir a la planificación central y a la estatización de los medios de producción, así es muy fácil decir no hay que cambiar el modelo. Lo que digo es otra cosa: hay modelos múltiples que no son los del capitalismo salvaje ni el modelo stalinista de la economía. Bueno, eso es precisamente lo que ha hecho la coalición en los diez años que ha gobernado. El entonces ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, fue al Parlamento a subir los impuestos. No hemos gobernado para preservar el modelo de los Chicago, Sergio de Castro y Bûchi. ¡Hemos gobernado para modificarlo y lo hemos hecho! El costo de despedir es más alto y el salario mínimo todos sabemos que es diametralmente más alto. ¡No entiendo lo que dicen!

- La polémica real es por lo que viene y no por lo que se ha hecho, no confundamos más la discusión. Y lo que viene es muy relevante, hace a la esencia del modelo y tiene que ver con qué modificaciones se pueden llevar a cabo en el sistema de AFP, el sistema de Isapres, a la estructura de propiedad de Codelco, Enami y otras empresas estatales. Eso es lo realmente en juego.
- Si bien lo que hemos hecho ha sido relevante, lo que viene efectivamente es más sustantivo, eso no impide constatar que lo que hicimos fue en acuerdo total. Son otros lo que han cambiado de opinión, no nosotros. Y cuando uno conversa estos temas con la mesa directiva del PDC, constata que tampoco ellos han cambiado de opinión y a veces son más radicales que nosotros en defender estas posturas.

- Cuando afirma "son otros los que han cambiado", ¿se refiere a una fuerza que sigue siendo concertacionista?
- No son parte de la derecha porque siguen siendo democráticos. Y eso es muy importante y crucial. Son de derecha en el plano económico-social, y no lo son en el plano cultural. En materia económico-social hay un debate que ha sido polarizado al interior de la Concertación por quienes han adoptado una agenda liberal. Estamos frente a un grupo muy pequeño y minoritario pero que se ve importante porque cuenta con todos los espacios de comunicación para expresarse. No operan a través de un partido, que no lo tienen, sino a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que uno considera ilegítimo.

- Muchos de ellos, así como distintos cientistas políticos, coinciden en que este debate en los partidos políticos es casi imposible por su debilitamiento y decadencia.
- Entonces el cuadro es distinto, porque plantear que los partidos políticos son inconducentes no es democrático. La democracia requiere de partidos políticos. Lo otro es el gobierno del Estado a través de caudillos. En la democracia funciona el respeto a las minorías y el derecho de éstas a transformarse en mayorías y para que haya mayorías y minorías se requiere de expresiones organizadas que son los partidos políticos. ¿O va a mandar "El Mercurio" o "La Tercera"? Si hay una corriente liberal en la coalición sería conveniente que se organizara y se expresara como tal.

- En la última elección presidencial la Concertación estuvo a punto de perder. La gente, pareciera, no querer "más de lo mismo". ¿Cuál es la alternativa?
- El programa está ahí y no es más de lo mismo. Es producto de una lectura que tomó en cuenta el creciente malestar en la población y que gatilló un debate en la coalición. Tironi, gran amigo mío, decía el otro día algo así como que son las elites conservadoras - que seríamos nosotros- las que provocamos el malestar de los sectores populares. ¡Y es al revés! Como tenemos sensibilidad social y política y queremos representar a los sectores populares, nos damos cuenta que ese descontento nos exige no sólo una oferta de tasas de crecimiento.

- ¿Cuál es su oferta?
- Una sociedad más igualitaria y más libertaria. Para eso es indispensable una buena tasa de crecimiento, pero esa tasa es un instrumento y no un medio. Asistimos a una enorme confusión entre fines y medios. Existe un fetichismo de los instrumentos, pero son medios para conseguir determinados fines.

- El malestar no amaina, sigue creciendo. ¿Qué se hace?
- El malestar lo percibíamos el '97 y significó que la Concertación perdiera cerca de un millón de votos, lo que algunos consideraron normal porque era propio de las democracias modernas. ¡Y estuvimos a punto de perder la elección presidencial tres años después! De allí mi enorme desconfianza política en los liberales porque nos pueden llevar a grandes fracasos. Ese malestar que se expresa en un millón de jóvenes que no se inscribe en los Registros Electorales es profundo y se ha agravado con la crisis económica. Nuestra principal tarea es salir de esa situación volcándonos con toda nuestra energía y capacidad en atacar el empleo para obtener niveles de desempleo mucho más bajos. En eso está el Presidente Lagos. Luego la tarea se complementa con mayor protección social, para seguir acompañando el proceso de apertura que haga posible que la prosperidad económica se siga expandiendo y se avance hacia una vida cotidiana de los chilenos infinitamente más grata y satisfactoria. Eso es lo que nos parece importante y no esta exigencia por privatizar, cero protección social, desregular y no proteger el patrimonio, por ejemplo de las aguas, donde el Presidente Lagos decidió concesionar las sanitarias en vez de privatizarlas. Una opción por cautelar el interés público hacia el futuro.

- La Concertación termina una etapa, un ciclo y hay redefiniciones importantes pendientes. ¿Cuándo?
- Una redefinición ya se hizo y el programa reformista del Presidente Lagos lo ilustra. Tenemos cinco años por delante para llevarlo a cabo. Quiero ver lo que sucederá cuando una persona pierda su empleo ahora y tenga un sustento mínimo para salir adelante; cuando la reforma laboral permita que haya una mayor fuerza sindical que proteja salarios y otros beneficios...

- ¿Son ustedes los que piden más de lo mismo ahora?
- El Presidente Lagos acaba de ser elegido con un programa de Gobierno que está además expresado en una agenda legislativa clara y precisa. Si a algunos no les gusta el Presidente o la agenda legislativa, ¡es problema de ellos! Aquí hay un Presidente que tiene el mandato del pueblo y de la Concertación que lo apoyó, si por eso se entiende "más de lo mismo" y no les gusta, ¡mala suerte!

miércoles, 1 de diciembre de 1993

La transición inconclusa y las tareas del socialismo


Diciembre 1993

A pocos meses de finalizar el período constitucional del actual gobierno, puede afirmarse que, a pesar de los éxitos en la normalización del clima democrático, en la vigencia de un estado de  derecho, en el crecimiento económico, en la expansión del gasto social, en algunas reformas laborales, en la democratización y descentralización de la administración territorial, en la reinserción internacional, no ha terminado la transición: no vivimos aún en un régimen plenamente democrático.
Los episodios de resistencia del ejército a subordinarse a la autoridad civil, el bloqueo parlamentario en el senado para terminar con los enclaves autoritarios, las dificultades para ejercer justicia en materia de violaciones a los derechos humanos, la persistencia de episodios de censura cultural, así lo demuestran.
Estos factores hacen indispensable una reflexión sobre los desafíos para el próximo período de la concertación y su futuro como coalición del centro y la izquierda democrática, y para el socialismo,  en particular, como fuerza del cambio y la justicia social.

1. EL PROBLEMA DE LA AMNISTIA
No es posible aceptar la idea de una amnistía general. No ha existido expresión alguna de reconocimiento -siquiera política o moral- de los personeros del régimen de Pinochet de su responsabilidad en el rompimiento de la legalidad democrática, en la mantención de una dictadura de 17 años y en la violación múltiple y grave de derechos de las personas. Por ese sólo hecho resulta impensable apoyar una expresión legal de extinción de responsabilidad.
Aunque muchas de las víctimas sobrevivientes experimenten eventualmente sentimientos individuales de perdón, legítimos, lo que la sociedad no puede perder de vista es que las víctimas lo fueron en su condición de militantes de la izquierda o de la oposición y en manos de una represión organizada, calculada, institucional y estatal. Es esta la gravedad histórica del problema.
La tesis de la guerra es insostenible, pues los agentes del Estado actuaron frente a personas con frecuencia simplemente inermes o con medios de resistencia irrisorios, sin respetar por lo demás las leyes de la guerra en materia de tratamiento de los prisioneros. Lo que existió fue un operativo de exterminio de seres humanos por razones ideológicas, con una amplia gama de métodos crueles, lo que el derecho internacional de la postguerra caracteriza como "crímenes contra la humanidad". Que una sociedad admita para sí misma que esos hechos no deben tener una sanción social, en nombre de una reconciliación que muchos conciben como la política del avestruz, puede tener a la larga los peores efectos para la convivencia y la paz civil, incluyendo la prolongación de una acción terrorista de ultra izquierda que quisiera ver en una renuncia moral semejante una fuente de legitimidad. Paz o justicia es en este sentido un falso dilema.
Otra cosa es enfrentar situaciones de hecho del mejor modo posible. No existen las mayorías institucionales que permitan derogar la amnistía de 1978 y por tanto el objetivo a lograr es avanzar todo lo que se pueda en las investigaciones y obtener la responsabilización de quien corresponda en el caso de los desaparecidos. Mientras tanto, debemos seguir sosteniendo la existencia de un delito que permanece. A su vez, el caso Letelier, excluido de la mencionada amnistía, puede ser aquel que haga efectiva la responsabilidad criminal del aparato de la DINA y tener un valor más allá de su mérito específico, al poner en evidencia todo un sistema de represión. En relación a lo posterior a 1978, los juicios deben culminar en las sanciones  correspondientes previstas por las leyes.
El desnudo lenguaje de la fuerza –ilegítimo ciertamente- puede obtener tales o cuales resultados. Lo que no debe poder obtener jamás es la anuencia de los socialistas para toda operación de reivindicación de un golpe de estado y una obsesión represiva de 17 años que sólo pueden ser calificados de régimen inútil y como el más violento de la historia nacional por las .actuales y las futuras generaciones. Del mismo modo los socialistas, a 20 años de septiembre de 1973, con serenidad reiteraremos el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad en la situación que permitió la crisis de la democracia. La historia recogerá los errores de quienes no defendimos suficientemente la convivencia democrática, no creímos a priori en que ésta iba a sobrevivir a la tentación golpista de la derecha frente a nuestro proyecto de cambio e incluso enunciamos la tesis de la inevitabilidad de la lucha armada en ese contexto, errores que pagamos duramente y que somos los primeros en reconocer, pues la defensa de la democracia debe hacerse siempre con los medios de la democracia. Pero la historia recogerá sobre todo los horrores de quienes sepultaron nuestras tradiciones constitucionales y que sólo dejaron el poder una vez que pudieron ser derrotados.

2. LAS REFORMAS POLITICAS
La próxima etapa política de la concertación deberá mantener su voluntad de terminar con los senadores designados, con la actual composición del consejo de seguridad nacional, con la actual forma de generación de la corte suprema, con el rol de la justicia militar, con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con la legislación que expresa la no sujeción de las FFAA al poder civil. Se deberá mantener la tesis de disminuir los quorum de reforma de la constitución y de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales.
También deberá mantenerse como compromiso programático y político concreto con nuestros socios de coalición avanzar en la creación de condiciones de reforma del sistema electoral para establecer uno de carácter proporcional y en el establecimiento de un régimen semipresidencial.  En efecto, a medida que ha ido pasando el tiempo se hace más obvio el interés para todo partido mayoritario de mantener el sistema actual, al sobrerepresentarlo en el parlamento y al permitirle ponerse en situación inmejorable para obtener el apoyo de la coalición a su propio candidato presidencial, el que, a su vez, más allá de la buena voluntad de las partes, refuerza mecánicamente a los candidatos del partido mayoritario. La mantención del compromiso de cambio del sistema electoral debe ser una condición sine qua non de la proyección de la coalición o en su defecto debe concordarse preparar un sistema de varios candidatos presidenciales y una lista parlamentaria en los eventos electorales posteriores a 1993.
Con fuerza semejante debe plantearse el establecimiento de la responsabilidad de un jefe de gobierno distinto del presidente frente al parlamento, encargado de llevar a cabo un programa que cuente con mayoría en la cámara. Debe el presidente en un esquema semipresidencial ejercer el mando en el carácter de jefe del estado, que tenga potestades compartidas con el jefe de gobierno en materia de reformas institucionales, de defensa nacional y de relaciones exteriores y que tenga la facultad de disolver el parlamento. De este modo será posible lograr un sistema más flexible y con más equilibrios institucionales que faciliten la tarea gubernamental y la proyección de la actual coalición.

3. LOS CONTENIDOS DE LA POLITICA ECONOMICA y SOCIAL
Junto a la tarea de culminar la redemocratización, no es posible soslayar que los socialistas aspiramos a establecer una sociedad en la que prevalezcan niveles de justicia social ampliamente superiores a los ya logrados. Chile debe consolidar una economía solidaria, que combine un rol para el mercado y un rol para el Estado. El mercado, con las debidas regulaciones antimonopólicas y protectoras del medioambiente y de los derechos del consumidor, debe tener un rol activo en la producción de bienes y servicios y ayudar a obtener una asignación eficiente y descentralizada de los recursos con adecuadas señales a los productores y los consumidores.
Es universalmente aceptado que el mercado, sin embargo. no puede producir bienes públicos ni corregir las desigualdades sociales, ni proteger el ambiente y que el Estado debe proveer infraestructuras y servicios y asegurarle ingresos mínimos a la población más pobre, interviniendo en los mercados de trabajo y de capital para redistribuir los ingresos y orientar el crecimiento.
Chile debe seguir avanzando hacia una economía solidaria, en la que el mercado opere donde sea posible asignar descentralizada y eficientemente los recursos y el Estado donde sea necesario actuar solidariamente en beneficio del interés general.
Hechas estas definiciones, es necesario clarificar con nuestros socios de coalición dos afirmaciones cuestionables: "el gasto público no debe crecer como proporción del PIB" y "se debe privatizar todo lo privatizable". Respecto al tema de las privatizaciones, las 26 empresas públicas existentes son de las menos numerosas del mundo, con lo cual insistir en su privatización es rayano en la majadería, máxime cuando se ha seguido en diversos casos políticas de asociación con los privados que les dan flexiblidad y capacidades de adaptación. El gran tema en el fondo es Codelco, empresa que debe modernizarse aceleradamente so pena de transformarse en un lastre pero que debe seguir siendo pública por ubicarse en una actividad en la que no sólo existen utilidades empresariales sino también rentas de un recurso natural que pertenecen a la colectividad y se expresan en un sustancial aporte al presupuesto fiscal, sin considerar que por su tamaño es una empresa que produce efectos externos de tal magnitud en la economía que su control público es recomendable.
Por su parte, el gasto público en Chile representa un 24% del PIB, cifra inferior a la de 1984 y muy inferior a la de los países con políticas de protección social. Cabe considerar que el gasto promedio de la CEE sólo en protección social es de 23% del PIB (15% en EEUU y 12% en Japón), por lo demás con un ingreso por habitante 5 a 8 veces superior al chileno. Parece más sensato proponerse metas realistas de crecimiento de la asistencia social y de la ayuda a la inserción (solventadas por el presupuesto) y del gasto en seguridad social (solventado por cotizaciones obligatorias) según cada coyuntura, antes que normas abstractas que en cualquier caso condenarían al país a no alcanzar jamás criterios mínimos de equidad. Volveríamos así al "crecimiento con chorreo" de triste recuerdo y nos apartaríamos de la política de crecimiento con equidad.
Se ha logrado un crecimiento del gasto social de 30% en 4 años, en un contexto de crecimiento de la inversión pública de 38% y del PIB de 27%: ¿la vocación social de la concertación debe quedar en esos límites? La distribución del ingreso ha permanecido con pocas alteraciones. Una cosa es que seamos definidos partidarios de la disciplina fiscal y que la renegociación de la reforma tributaria haya tenido que hacerse mediante concesiones que establecen un límite a los ingresos tributarios del próximo período, y otra muy distinta es no proponerse aprovechar ninguna holgura futura y plantearse una norma de política fiscal perfectamente cuestionable en sí y particularmente desde la perspectiva de la justicia social de largo aliento.
Ello es tanto más relevante si se piensa que es necesario mantener grados importantes de flexibilidad laboral para hacer posible la mantención y aumento de la competitividad de nuestras empresas. Proteger artificialmente a las empresas puede permitir algunos alivios de corto plazo en algún sector productivo pero no garantizar la prosperidad de nuestra economía como requisito esencial para alcanzar mayor justicia social. Lo que no puede existir es un esquema en el cual no haya mayor grado de protección a los trabajadores ni en el mercado laboral ni en los mecanismos de seguridad social. Debemos afirmar que no renunciamos a construir una estrategia económica orientada a establecer la superioridad social del modelo de crecimiento con equidad respecto del modelo neoliberal en tres aspectos claves:
- el grado de seguridad que se ofrece a los ciudadanos contra los riesgos mayores como la enfermedad y la cesantía;
-la reducción de las desigualdades de ingreso y patrimonio y el modo como se corrigen las exclusiones estructurales de los postergados;
- la existencia de mayor movilidad social, es decir de más igualdad de oportunidades de mejoría de las condiciones de vida personal y familiar y de acceso a los bienes materiales y culturales que ofrece la modernidad.

4. LAS ORIENTACIONES DE LA POLITICA INTERNACIONAL
La normalización global de las relaciones exteriores. los logros históricos en los acuerdos con Argentina y Perú han dejado pendiente una definición más clara del tipo de inserción política y económica internacional a la cual debe encaminarse el país.
Cuando se exporta el 35% del PIB y se tiene por herencia histórica una situación estratégica relativamente incómoda, estos temas no son secundarios.
En el mundo de hoy se requiere estabilizar el acceso a los mercados más relevantes y buscar acuerdos con EEUU puede ser beneficioso. Otra cosa es subordinar a ese objetivo -a todas luces difícil de obtener a corto plazo-toda otra iniciativa comercial y de integración. En este sentido, acentuar la búsqueda de acuerdos bilaterales y multilaterales con los países más importantes de la cuenca del Pacífico, con la CE y sobre todo con América Latina debe seguir siendo un propósito de la política exterior chilena. Lograr crecientes esquemas de integración comercial y política con Argentina y Brasil corresponde además plenamente a los intereses nacionales: una nueva fase exportadora de mayor contenido industrial inevitablemente va a sustentarse en la penetración de esos mercados con nuevos productos de mayor valor agregado (como ya viene ocurriendo), a la vez que la relación con los grandes bloques comerciales va a ser políticamente viable sólo si se refuerza una coordinación latinoamericana, global y/o parcial, de mucho mayor envergadura que la actualmente existente. Chile puede y debe jugar allí un rol de gran relevancia.

5. EL CONSERVADURISMO CULTURAL
Un país logra desarrollarse en la medida que dispone de representaciones colectivas que posibilitan dinámicas internas y externas integradoras. De ello se deriva la necesidad de una cultura asentada en la diversidad y complementariedad de los modos de vida en los cuales se sustenta su sociedad, su economía y sus instituciones. Evitar la fragmentación y el conflicto corporativo permanente supone afirmar una cultura de la libertad, de la pluralidad, de la tolerancia. Esta sólo puede a su vez obtenerse a través de la laicidad del Estado, esto es su neutralidad ideológica y religiosa.
La neutralidad ideológica debe entenderse en el sentido de que su acción esté sometida a las reglas del juego democrático, en el que las mayorías gobiernan con respeto de las minorías y de los derechos humanos universalmente consagrados, de modo tal que todas las representaciones que buscan legitimarse ante la sociedad dispongan de igualdad de oportunidades, incluyendo en los medios de comunicación. La neutralidad religiosa implica que ninguna visión del hombre prevalezca por sobre otra en la acción del Estado democrático. La censura a acciones de política de salud pública o de expresiones artísticas en función de convicciones particulares o la negación de la diversidad que subyace en la existencia de diversas formas de racismo hacia los pueblos indígenas e incluso hacia diversos pueblos latinoamericanos, requieren ser rechazados con una fuerza mayor a la que hoy prevalece. Actuar en contra del conservadurismo cultural es una tarea que no puede dejarse para consideraciones de menor alcance o como prioridad adjetiva.

6. LAS OPCIONES POLITICAS DEL FUTURO
El reivindicar la especificidad de las respuestas socialistas frente a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad es tal vez la principal tarea que enfrentamos.

No es dramatizar sostener que transformar al PS en un partido más del poder, crecientemente vergonzante de su historia y sus tradiciones, es precipitar su marginalización política y dejar sin expresión política al mundo de los trabajadores y los sectores sociales postergados que aspiran a una sociedad en la que sus intereses estén mejor representados y mejor defendidos. Ello no implica en absoluto no perseverar en nuestra política de inserción en una coalición democrática y progresista amplia: sólo supone hacerlo desde lo que somos, reivindicando lo que somos y defendiendo lo que somos. Nuestro compromiso con un nuevo gobierno de la concertación debe ser sin ambigüedades, pero sobre la base de la suscripción de un contrato de gobierno con contenidos claros y convenidos, en el que nuestras principales reivindicaciones programáticas estén consideradas. Eso es lo que debemos asegurar en las semanas que vienen y no la negociación de meras cuotas de poder.

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